El Gobierno debe reconocer el creciente clamor social

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ El País13 A

Transcurrida la tercera parte del año, el Gobierno dominicano sigue empeñado en desconocer el clamor y la indignación nacional contra la corrupción, tratando de descalificar la Marcha Verde y apelando a recursos como la intimidación y el espionaje, evadiendo claras señales políticas y judiciales de que se acabará la impunidad.

El creciente riesgo social, con potencialidad de traducirse en político, que comienza a afectar el interés de la nación, recomienda aprovechar la convocatoria para el 15 de mayo del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar a despolitizar los órganos judiciales, y buscar real consenso sobre los proyectos de reformas electorales en el Congreso.

El cuarto mes perdido. Abril completa hoy el primer cuatrimestre del 2017, perdido en el desconcierto generado por la crisis política-institucional estallada en diciembre cuando la justicia de Estados Unidos develó el inmenso entramado de corrupción montado por la constructora Odebrecht y agentes políticos en una docena de naciones, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos, el tamaño de la economía, del territorio y la población. Agravado por haberse operado desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana y su esposa, hasta sus encarcelamientos y posterior condena.

A diferencia de lo ocurrido en casi todos los demás países involucrados en los sobornos por 788 millones de dólares, en RD la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño, aunque desde el 12 de enero, cuando interrogó al agente de Odebrecht Angel Rondón, el procurador general Jean Alain Rodríguez lo identificó como el repartidor de los sobornos locales.

El presidente Danilo Medina, como el secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared, han dicho que no prevalecerá la impunidad, ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país. Los órganos superiores del PLD desaprovecharon sus recientes reuniones sin emitir un documento anticorrupción, como los que acostumbró al país antes de alcanzar el Gobierno, cuando llegaron a organizar grandes marchas contra la corrupción, que ahora estigmatizan.

Desconcierto generalizado. Tanto el Gobierno como su partido y su Ministerio Público han aparecido desconcertados a lo largo del cuatrimestre, buscando ganar tiempo, mientras la indignación social en vez de mermar da muestras de crecimiento. Han centrado la atención en los nombres de los sobornados que daría Odebrecht y la justicia brasileña, relegando el apoyo a las campañas electorales, sin el menor esfuerzo por esclarecer el financiamiento de Joao Santana y el uso del país como plataforma internacional de corrupción política.

Más allá de interrogatorios a una veintena de personas, sin la menor coerción ni imputación, el empeño del Gobierno y su justicia se ha centrado en un cuestionado acuerdo que garantiza impunidad a la Odebrecht y su ilegal mantenimiento como contratista del Estado, ejecutando aún cuatro obras, incluyendo las discutidas plantas de carbón.

Fue el domingo pasado cuando el procurador Rodríguez pidió a la Cámara de Cuentas que auditara las obras ejecutadas por Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluación, diez días después de haber dicho que a su despacho no le correspondía investigarlo.

Para colmo, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció al día siguiente que ya había contactado para esa tarea al experto Augusto Nardes, del órgano federal de auditorías de Brasil, sin previa licitación. De inmediato la Marcha Verde denunció que este aparece entre los sobornados de la Petrolera brasileña que originó la operación Lava Jato, según publicó el acreditado diario Folha de Sao Paulo, lo que revocó la contratación.

Palos de invidentes. Tras la cuarta exitosa marcha del Movimiento Verde, el domingo 23 en San Francisco de Macorís, funcionarios y voceros del PLD aparecieron dando palos de invidentes. Primero acusaron a los propulsores de albergar propósitos de desestabilizar al Gobierno y luego el ministro de Interior y Policía dijo por televisión que escuchan las llamadas telefónicas y leen los whatsaps de los promotores de las marchas, dislate que trató de enmendar el mismo día, alegando que respetan las jurisdicciones privadas.

Al principio de las marchas los gobiernistas trataron de atribuir su patrocinio al Partido Revolucionario Moderno, luego a la oposición en general, después a los empresarios, particularmente a los generadores eléctricos, y esta semana a grupos de vocación subversiva que la habrían infiltrado. Ahora dicen que la desnaturalizaron.

La mejor respuesta se la dio el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, quien defendió la Marcha Verde, cuestionó la lentitud en la investigación del escándalo Odebrecht, y proclamó que “lo que puede poner en riesgo la estabilidad son los actos de corrupción”.
Aumenta el riesgo social. En los más diversos sectores sociales se incrementa la preocupación por los riesgos a que expone el país el alto nivel de corrupción y la percepción generalizada de que se evade esclarecer por completo y sancionar aún un caso transnacional y confesado como el de Odebrecht. Hay preocupación por la deslegitimación de las autoridades y hasta líderes empresariales, como Franklin Báez Brugal, apoyan públicamente la Marcha Verde.

Báez Brugal, expresidente del CONEP, escribió en HOY ayer sábado que “Pretender vender la idea de que las marchas tienen una agenda oculta y que quieren desestabilizar al Gobierno, es desconocer los hechos y tratar de tapar el sol con un dedo, los que apoyan públicamente el movimiento y los que desde sus casas se sienten complacidos con lo que ocurre, lo único que quieren es castigo para los corruptos, que terminen las componendas y que los políticos actúen de manera diferente, y dejen de creer que todos somos retardados mentales que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor”.

El obispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa reiteró su condena de la corrupción como “basura moral que hace daño y contamina”. Y en rueda de prensa, la orden religiosa de los Capuchinos Franciscanos apoyó la Marcha Verde planteando que “la corrupción y la impunidad empobrecen la sociedad dominicana”.

Circula en las redes sociales un estudio de la institución internacional Enodo Global con el título de “República Dominicana: Corrupción, Riesgo Social y Seguridad”, que concluye en que las confesiones de Odebrecht “generaron riesgo social” en la nación. “Transformó las tensiones sociales y las quejas subyacentes contra el Gobierno en hostiles discusiones en línea y protestas. Movilizó a individuos, redes sociales, grupos de activistas y grandes segmentos de la población a la acción como nunca antes. Más aún logró que los ciudadanos cambiaran su percepción de la corrupción y la impunidad.

Sostiene que “El riesgo social representa una amenaza real para las estructuras sociales formales e informales, el Gobierno y las instituciones políticas, la seguridad y la economía”, por lo que recomienda desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo social, diseñar estrategias para evitar que se transforme en agitación civil, y “fortalecer la agenda anti corrupción y el sistema de partidos políticos”.

La oportunidad de comenzar se la brinda la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Superior Electoral y cuatro (4) miembros de la Suprema Corte de Justicia, iniciando la despolitización de las altas cortes, y buscando consenso para aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.

2016: crecimiento económico con precariedad institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La reelección presidencial, que esta vez se extendió a la mayoría del Congreso y los municipios, volvió este año a poner en jaque la institucionalidad democrática, con un resultado que afianza la extrema concentración del poder en un solo partido, subordinando la justicia y afianzando el reinado de la impunidad y el reparto del Estado.

            Sin embargo, el país tuvo otro año de estabilidad y crecimiento económico, el mayor del continente, aunque mal distribuido como diagnostican los organismos internacionales, y dependiente de un galopante endeudamiento que trilla la ruta de la insostenibilidad por la persistencia de casi una década de déficits fiscales.

El más alto crecimiento

            Lo proclamó esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la República Dominicana tendrá este año el más alto crecimiento de América Latina y el Caribe, (mayor también que el de Estados Unidos y Canadá), estimándolo en 6.4% del producto interno bruto (PBI), con el beneficio adicional de que tanto la inflación como la devaluación de la tasa cambiaria terminarán por debajo del 3%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también han reconocido el crecimiento dominicano.

            El crecimiento se fundamenta en factores externos como alza del precio de los minerales y reducción del de los hidrocarburos, incremento del turismo y las remesas, con aumento de la construcción,  agropecuaria y las actividades financieras. El crédito para el país es mayor por cuanto toda la región latinoamericana y caribeña registra una contracción económica del 1.1%, finalizando una década de crecimiento, incluso cuando se benefició de la crisis internacional desde el 2008.

            El crecimiento económico sigue siendo reivindicado por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha tenido éxito en reorientar un mayor gasto a la educación, acatando el mandato legal del 4 por ciento del PIB para ese sector, con mayor incidencia sobre la pequeña y mediana empresa. La baja inflación y limitada devaluación, junto a la acentuada cooptación del liderazgo sindical, social y comunitario y subsidios clientelistas a través de más de un millón 200 mil tarjetas, han logrado reducir las protestas sociales.

Críticas a ese crecimiento

            Esta semana el Banco Mundial ponderó el crecimiento económico dominicano de los últimos 25 años, como antes lo ha hecho el PNUD en más de cincuenta, con la excepción del 2004 por la crisis bancaria, pero mantuvo el cuestionamiento por no traducirse  en una real reducción de la pobreza y mayor desarrollo humano, con informalidad del 56 por ciento y los salarios en bajo poder adquisitivo, a niveles de 1991, según las cuentas del Banco Central.

            En un informe entregado esta semana, el Banco Mundial cuestiona la calidad del gasto público con limitada generación de empleos, ponderando que mientras en países de menor crecimiento del PIB, logran mayores reducción de la pobreza, con hasta 41% de la población en movilidad ascendente,  aquí es sólo el 7%, pero con un 8% descendiente y el resto estático. Que seis reformas fiscales entre 2004 y 2012, no arrojan incremento real del ingreso, con reducción al impuesto directo, entre ellos al ingreso personal y corporativo.

            La otra crítica al crecimiento nacional es que se basa excesivamente en un  financiamiento muy elevado que se aproxima al 50 por ciento del PIB, y que elevó en más del 100% la deuda estatal consolidada en los 9 años que transcurrieron entre 2008 y  2016, los cuales marcan un déficit fiscal ascendente. Los analistas económicos estiman que el déficit de este año superará los 100 mil millones de pesos, y que el financiamiento pasará de 3,800 millones de dólares sólo en el período gubernamental iniciado en agosto.

            El gobierno concluye el año realizando malabares para enderezar lo más posible las finanzas, con tardíos proyectos de ajustes fiscales en el Congreso y con una situación agravada por los daños a las infraestructuras, la producción agrícola y a las viviendas arrojados por las inundaciones de noviembre.

La reelección lo arrasa todo

            Como indicó esta semana el movimiento Participación Ciudadana, en su balance del 2016, como ha sido constante histórica nacional, la reelección presidencial barrió con la institucionalidad democrática, manipulando los organismos estatales y el presupuesto del Estado,  abusando de los recursos públicos, con un gasto aplastante de propaganda.

            Tal como consigna el movimiento cívico, el año “fue marcado por una campaña electoral y unas elecciones generales caracterizadas por la absoluta desigualdad entre los partidos y candidaturas concurrentes, por la prevalencia del desorden normativo que reduce la democracia y esta vez con un claro retroceso en el arbitraje y la gestión organizativa que, con una imposición de nueva tecnología sin suficientes pruebas previas, derivó en un inmenso tollo en el procesamiento de los resultados de la votación, tomando dos semanas el cómputo del voto presidencial y casi un mes de los niveles congresual y municipal”.

            Esta vez la reelección abarcó también a más del 80 por ciento de los senadores y de la mitad de diputados y alcaldes con un incontrolado derroche de recursos en su mayoría proveniente de la cosa pública. El abuso del poder generó tanta inconformidad que la  oposición no ha reconocido la reelección de Medina, aunque obtuvo el 62% del sufragio.

            Los arreglos continuistas incluyeron el rechazo al procesamiento judicial dictaminados por tribunales bajo control político frente a los graves y documentados expedientes de corrupción elaborados por el Ministerio Público contra el secretario de organización y el tesorero del partido gubernamental, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Muy escasa concertación

            A lo largo del año fue notoria la incapacidad del liderazgo nacional para concertar el mejoramiento institucional, político, social y fiscal. Se celebraron unas segundas elecciones nacionales sin adaptar la ley electoral al marco constitucional del 2010 y sin ley de partidos, y la negativa fue la respuesta a los reclamos de concertar una elección diáfana y sin reparto político de la Junta Central Electoral, Tribunal Electoral y Cámara de Cuentas, no sólo de la oposición política, sino también de una amplia conjunción de fuerzas sociales.

            Pasó un segundo año consecutivo de intentos de acordar los términos del Pacto Eléctrico que demanda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, por la escasa transparencia de la gestión gubernamental del sector, lo que incluyó la construcción de las polémicas plantas de carbón de Punta Catalina. Del otro mandato de pacto, el Fiscal, el gobierno no quiere ni hablar para no enfrentar las demandas de mejoramiento del gasto, reducción de la malversación, del rentismo y del clientelismo políticos.

            El gobierno hizo algunos cambios, bien acogidos, en varios órganos, como los ministerios de Educación y Medio Ambiente, y en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero sin que se haya sancionado la corrupción mafiosa detectada allí al final del 2015 por el suicidio de un arquitecto contratista extorsionado. Mientras se documentan repartos políticos como los 36 subdirectores en un organismo inoperante como Inespre y 38 en Bienes Nacionales.

Etapa final muy negativa

            Cuando se revisan los acontecimientos de las últimas semanas, se advierte un panorama de deterioro institucional, marcado por las dificultades del imperio de la ley, como todo el regateo para que miles de funcionarios cumplan la declaración del Patrimonio, o en la aprobación de un código penal que al sancionar toda interrupción del embarazo, aún si peligra la vida de la madre o si ha sido impuesto a la fuerza, retrotrae el país a la edad media, como advirtió el viernes el representante de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez.

            Ahí están los informes de Educa sobre el abuso clientelista del presupuesto de educación, el informe de PISA que deja el país en el último escalón de 72 naciones evaluadas y el del Banco Mundial sobre el crecimiento sin inclusión social. Mientras INDOTEL  anuncia que cerrará 50 radioemisoras que operaban sin licencia y la Comisión de Derechos Humanos estima en 200 los muertos este año a manos de agentes policiales.

            El escándalo de los aviones Tucano se complica por la confesión de la empresa contratista de que sobornó a funcionarios dominicanos, en tanto cuatro nacionales fueron identificados como parte del escándalo de corrupción política “Lava Jato”, de Brasil, donde quedaron suspendidos los financiamientos a una 7 grandes obras en el país adjudicadas a empresas brasileñas. Se pelea por el control político de la Liga Municipal con 800 millones de pesos de presupuesto anual y más de 400 empleos, y el presidencialismo llega al extremo que el presidente Medina preside la graduación de 15 cadetes.-

PISA y muchas evaluaciones evidencian un pobre desarrollo

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

Nadie debería sorprenderse de que el país quedara en el último escalón en la evaluación PISA auspiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque ya eso estaba diagnosticado en otros índices como fruto de décadas en que los gobernantes no entendieron que la educación es el fundamento del desarrollo.

Pero no es solo en educación que la RD queda malparada en casi todas las evaluaciones internacionales, también en inversión en salud, desarrollo institucional, en corrupción, muertes por accidentes de tránsito, confianza en la Policía, los políticos, en ética empresarial, servicios de energía y otros indicadores de pobreza.

Ultimo entre 72 países. De cualquier forma causa impresión que se otorgue a RD el último escalón entre 72 países, en la primera ocasión que se ha sometido al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), de la importante Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, que agrupa a las naciones más desarrolladas del mundo.

Aunque ya hace años que el país queda en los últimos lugares en la calidad educativa en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ocupando la posición 131 de 138 en matemáticas y ciencias. También en las dos últimas evaluaciones del Estudio Regional de la Calidad Educativa (SERCE), a nivel latinoamericano, la RD había quedado en el último lugar

Tanto en matemáticas como en ciencias los casi cinco mil estudiantes dominicanos que participaron quedaron en promedio en el último escalón. Solo en lectura mejoraron algo, quedando en la posición 68.

Las pruebas se aplican a los estudiantes de 15 años que están finalizando la educación secundaria, centrándose en las materias básicas de ciencias, matemáticas y comprensión de la lectura. El objetivo fundamental es que los resultados sirvan para aplicar correctas políticas y reformas educativas. Es relevante que participan alumnos tanto de las escuelas públicas como de colegios privados, muchos de los cuales hace tiempo cobran colegiaturas suficientes para invertir en la calidad de los docentes, en equipos e infraestructuras, lo que a su vez remite a problemas socio-culturales complejos, que incluyen la responsabilidad de la educación familiar, los medios de comunicación y las iglesias.

Calidad de la educación. Las notas de la PISA conocidas esta semana deberían tener como resultado positivo que se acabe de entender que no solo hay que seguir aumentando la inversión en educación, como prevé la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, sino también que es imprescindible poner énfasis en los renglones que arrojan calidad, como la formación de maestros, reformas curriculares, investigación y educación preescolar que todavía alcanza a una fracción minoritaria, básicamente de los que pueden pagar colegios privados.

La evaluación del gasto en educación publicada en septiembre por la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) demostró que la inversión del 4% del PIB en el sector está adoleciendo de la cultura del clientelismo, con un desmesurado aumento del 78% del personal administrativo, y solo 27% del magisterial, con elevación total de 148% del personal no docente en apenas 4 años, advirtiendo que esa tendencia lleva a la insostenibilidad financiera en tres o cuatro años.

Tanto el ministro de Educación, Andrés Navarro, como la Coalición por la Educación Digna, que encabezó la lucha por el cumplimiento de la cuota legal del 4% del PIB, reaccionaron correctamente apreciando que todavía no hay tiempo para que esa inversión haya transformado la calidad. Pero la coalición social advirtió que se ha concentrado excesivamente en la construcción, descuidando los factores que más inciden como la formación docente.

El experto fiscal José Rijo resalta que en formación docente apenas se invirtió el 1.9% del presupuesto del Ministerio de Educación en el período 2013-17, y el 1.3% en servicios técnicos pedagógicos, y también 1.3 % en educación inicial. En cambio en construcciones se fue el 16.4%, en transferencias al INABIE (alimentación escolar) 8.8%, con muy elevadas cuotas del 9.9% para gasto del despacho ministerial, y 7.2% para “administración de contribuciones especiales”.

El ejemplo de Costa Rica. De visita en el país esta semana, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla explicó en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio las razones por las que su país lidera, junto a Chile y Uruguay, los indicadores de desarrollo humano y social de la región, constituyéndose en una de las sociedades menos desiguales, que genera ya toda su energía en base al agua, sol, viento y biomasa.

Comenzó marcando que Costa Rica no tuvo petróleo, oro ni muchos indios que explotar, que contrario a la generalidad de los latinoamericanos donde hasta el siglo pasado muchos presidentes fueron generales, ellos se estrenaron poniendo un maestro de primer presidente, que no han tenido golpes de Estado ni guerras civiles, que suprimieron el ejército en 1948, ahorrándose un dinero en relación a otros, que no han construido palacios ni los presidentes pueden hacer lo que quieran. Y que cuando salió de la presidencia hace dos años tuvo que buscar un préstamo bancario para financiar la educación superior de su hijo.

Para no dejar dudas, la doctora Chinchilla dice que no se repostulará porque ser presidente de su país implica un gran sacrificio. Y resalta que hace 40 años ya dedicaban el 6% del PIB a la educación, y que ella lo llevó al 8%, en su gestión 2010-14, porcentaje que se mantiene firme. Y todavía cree que hay que educar mucho más para alcanzar el desarrollo.

El PLD y su gobierno evaden la concertación político-social

  Por Juan Bolívar Díaz

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Desperdiciaron la oportunidad de iniciar una concertación político-social que mejoraría las perspectivas de los pendientes pactos fiscal y eléctrico, y de las reformas político-electorales aunque tuvieron que mediatizar su absoluto control de la JCE

           

Como para no dejar dudas, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió la integración de la Junta Central Electoral (JCE), evadiendo el diálogo político social reclamado intensamente durante cuatro meses por los doce partidos de oposición y un amplio movimiento de la sociedad civil.

            Los que lucharon por ejecutivos con perfil ético y sin ataduras partidarias lograron mediatizar el control peledeísta sobre el organismo rector de elecciones y del registro civil,  pendientes ahora de la renovación de la Cámara de Cuentas (CC), por el Congreso Nacional, y del Tribunal Superior Electoral por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La transacción Castaños

            Tal como se advirtió en esta página el 6 de noviembre, el doctor Julio César Castaños Guzmán terminó electo presidente de la JCE como fórmula de transacción, que habría partido del gobierno del presidente Danilo Medina y terminó acogiendo el Comité Político del PLD, por los intensos reclamos del bloque de partidos de la oposición y de los sectores más activos de la sociedad civil organizada.

            Si bien tres de los cinco titulares del organismo no tienen vínculos con el partido de gobierno, la totalidad de sus suplentes son peledeístas, dos de ellos miembros del Comité Central del partido gobernante. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, que agrupa más de treinta organizaciones de la sociedad civil, acogió la designación de Castaños, además de Roberto Saladín y Carmen Imbert, por considerar que llenan el perfil adecuado de reputación profesional, ética e independencia. El bloque de 12 partidos de oposición sólo acogió a los dos primeros, y aunque a la doctora Imbert le reconoció integridad y profesionalidad, la descartaba por haber apoyado públicamente la reelección del presidente Danilo Medina.

            Castaños llegó con aval general por sus ocho años en la JCE, cuatro como presidente, y por su reconocido ejercicio profesional, público y privado, Roberto Saladín, quien demostró independencia siendo gobernador del Banco Central bajo el último gobierno de Joaquín Balaguer, y embajador de los gobiernos del PLD, también fue considerado apto, aunque algunos mantuvieron reservas por pasar de 80 años, ya que los jueces de las altas cortes se retiran a los 75. Carmen Imbert, se ha distinguido en cargos judiciales, como escritora, articulista y comentarista de radio y televisión.

Los vinculados políticos

            Rosario Graciano y Henry Mejía, quienes completan la dirección de la JCE, recibieron objeciones políticas y sociales por sus vínculos partidarios y él, además, por  haber sido de los integrantes de la Cámara de Cuentas que tuvieron que renunciar en el 2008 en vísperas de un juicio en el Senado, tras ser acusados por la Cámara de Diputados de violación de la Constitución y varias leyes, de nepotismo y otros cargos, y por su vinculación al Partido Revolucionario Dominicano, aliado al gobierno.

            Las mismas objeciones que a Mejía, se hacían a Freddy Bolívar Almonte, un promotor político del presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, quien apareció en la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD la semana anterior, y en esta fue sustituido por Rosario Graciano, única de los anteriores titulares del organismo que permanecerá en el cargo, al que llegó tras desempeñarse como subsecretaria de prensa del PLD y luego como vicecanciller.

            Los cinco suplentes electos tienen vínculos con el PLD, y varios se han desempeñado en diversos cargos administrativos. Luis García y Juan Bautista Cuevas aparecen en la matrícula de su Comité Central. El primero, que suple a Carmen Imbert, es periodista y asesor de prensa del presidente Medina; y el segundo, suplente de Henry Mejía, es un cercano colaborador de Reinaldo Pared. Al suplente de Castaños, Luis Minier Almonte, abogado de Santiago, se le relaciona con el expresidente Leonel Fernández y Monchy Fadul.  José Lino Martínez, suplente de Saladín, es un colaborador del senador por Monseñor Nouel Félix Nova; a Rafael Evangelista, suplente de Graciano, se le asocia al senador por Samaná, Prim Pujols.

Tuvieron que conceder

            Es obvio que la JCE mantiene un fuerte sello partidista, total en los suplentes, aunque distante del absoluto que los senadores peledeistas pretendían. En los titulares se operó una renovación  de cuatro quintas partes, dejando fuera al polémico presidente Roberto Rosario, quien había convertido el organismo en un feudo personal y lo arrastró al  sectarismo y al “tollo tecnológico”  del escrutinio en el proceso electoral de mayo pasado.

            La unidad de la oposición y el activismo de la sociedad civil, que movilizó a las jerarquías religiosas y empresariales, forzaron la transacción en la composición de la JCE, y mostraron que se requiere sumar muchas energías para contener los ímpetus absolutistas de un partido que controla todos los poderes públicos, y gran parte del aparato comunicativo y de las ausentes academias universitarias y organizaciones sindicales y profesionales.

            El proceso evidenció la manipulación partidista y el desprecio a las metodologías y búsqueda de consenso. Más de 200 candidatos a integrar la JCE resultaron conejillos de indias pues, más allá de formulárseles algunas preguntas en entrevistas de 15-20 minutos, no fueron objeto de una evaluación, previa metodología científica, que incluye capacidades, actitudes sicológicas y currículo, como ocurre en el mundo contemporáneo para cualquier cargo de mediana jerarquía y que demandaran las entidades sociales.

            En siete de los diez elegidos prevaleció el vínculo partidista y con los propios senadores electores. Aunque proclamaron muchas veces que la elección era patrimonio exclusivo del Senado, al final intervino el Comité Político peledeísta, que creó una comisión para cerrar acuerdos y se decidió sustituir a uno de los objetados por el escándalo de la CC en el 2008, otra concesión a la oposición y la sociedad civil.

Una oportunidad perdida

            Aunque transaron parcialmente frente a los reclamos políticos y sociales, el gobierno y el PLD desperdiciaron la oportunidad de mostrar interés en la búsqueda de los  consensos demandados por la sociedad para aprobar los grandes pactos pendientes, dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que en enero cumplirá cinco años, como el eléctrico y el fiscal, y para las leyes del sistema electoral y de partidos.

            El gobierno no ha logrado conseguir consenso para el pacto eléctrico, cuya concertación cumplirá dos años en enero. El pacto fiscal fue intentado al inicio del gobierno de Medina en el 2012, pero fue abandonado pocas semanas después, y no ha vuelto a estar en la agenda gubernamental, a pesar de las demandas públicas y las limitaciones  fiscales con que se maneja el Estado, con grandes deudas sociales en materia de pobreza, salubridad, agua potable, electricidad, salarios de servidores públicos,  transporte y otros.

            El problema radica en la escasa vocación concertadora que prevalece en el sistema político, acentuado entre los peledeístas. Después que la oposición política y la sociedad civil acogieron dos y tres de los cinco candidatos a la JCE que propuso el PLD, bien pudo escogerse los otros entre personalidades de consenso, y ser menos sectarios en la elección de los suplentes, Pudieron crear un mejor ambiente para las concertaciones necesarias.

La Cámara de Cuentas

            La atención pública se desplaza ahora hacia la CC, el máximo organismo de control y auditoría de los recursos públicos, cuyos cinco titulares también concluyeron su período constitucional el 16 de agosto pasado. De acuerdo al artículo 248 de la Constitución son elegidos por el Senado de ternas que presenta la Cámara de Diputados.

            Tanto la oposición política como la sociedad civil a través de su Iniciativa  por la Institucionalidad Democrática, y líderes de diversos ámbitos han extendido a la CC su demanda  de profesionales independientes de todos los poderes. La preocupación es generalizada por los altos niveles de corrupción y la impunidad prevalecientes en el país.

            Entre los actuales titulares de la CC también prevalecen los vinculados al partido de gobierno, aunque en general han guardado un perfil profesional y su presidenta Liselotte Marte de Barrios, proveniente del Partido Reformista Social Cristiano, es una profesional con perfil de independencia y de ejercicio público decoroso.

            El martes 15 la Cámara de Diputados publicó un listado de 259 aspirantes a integrar la CC, 5 más que la vez anterior,  y llamó a vistas públicas a partir de mañana lunes y hasta el 5 de diciembre, donde participarán los candidatos y cualquier ciudadano podrá presentar observaciones. Empero no se ha precisado la metodología de evaluación y elección.

            Otros con período vencido en agosto son los jueces del Tribunal Superior Electoral,  por  igual objetos de conflictos  políticos, pero aún no se convoca a su órgano elector, el Consejo Nacional de la Magistratura, también con mayoría del PLD.-     

Avanza el aterrizaje suave en la elección de la JCE

El gobierno parece inclinado al reclamo cada día más amplio de árbitros electorales independientes de los poderes  y trasciende que podría darse un consenso por lo menos en la figura de Julio César Castaños Guzmán para presidir la JCE

Por Juan Bolívar Díaz

            Las declaraciones de los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta marcaron esta semana la opción del gobierno por el “aterrizaje suave” en la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), frenando los ímpetus de senadores y dirigentes partidistas que pregonan la  simple imposición del poder político.

            Al caer la semana se daba por hecho en múltiples ámbitos políticos que el gobierno impulsaría un consenso para llevar al doctor Julio César Castaños Guzmán a la presidencia del organismo, acogiendo el reclamo de árbitros electorales independientes enarbolado por toda la oposición política y cada vez más amplios segmentos de la sociedad civil.

Lanzamiento de Montalvo

            Para el miércoles 2 estaba anunciada la decisión sobre la elección de los cinco nuevos titulares de la JCE en la Comisión Especial del Senado que en los últimos tres meses recibió y procesó los expedientes de 222 aspirantes a esos cargos, los cuales ya habrían sido reducidos a 60, y predominaba el discurso de que sólo los senadores tienen facultad para deliberar al respecto.

            Pero el martes 1 HOY desplegó la opinión del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien expresó: “confío que la nueva JCE se conforme con personas idóneas, que tengan el perfil adecuado, que sean personas que no estén atadas a ningún compromiso de ninguna naturaleza, ni que respondan a partidos políticos o a grupos de presión”.

            La opinión cayó como bomba entre los más pugnaces del Senado y del partido de gobierno y en su inmensa legión de comunicadores, algunos con tantos ímpetus que dieron por hecho que la comisión propondría las ternas y se procedería de inmediato a la elección en la sesión previamente convocada para el miércoles, lo que no ocurrió, a lo que también contribuyó otra declaración, esta vez del ministro Administrativo de la Presidencia.

            José Ramón Peralta, quien hace semanas era parte de la línea dura de la imposición y llegó a descalificar hasta los reclamos de la sociedad civil, avaló de inmediato a Montalvo, indicando que “La ley dice que lo mejor es que sean jueces sin vinculación política, independientes, y que si no hubiese independientes, que sea una junta equilibrada. Es lo que dice la ley y yo me acojo a lo que diga la Constitución”.

Una decisión del gobierno

            Sólo los fanáticos intentaron desconocer las señales del gobierno. Gustavo Montalvo y  Peralta son los dos funcionarios principales del presidente Danilo Medina, y  el primero ha sido catalogado como un  primer ministro, quien por demás es el más renuente a dar opiniones a la prensa, pero que junto a su equipo técnico-jurídico y político ha asumido decisiones importantes en cuestiones conflictivas, como fue el caso de la ley para amortiguar la sentencia de la  desnacionalización, la observación al código penal en el asunto del aborto terapéutico o la rectificación sobre los terrenos de Bahía de las Aguilas.

            La realidad es que el presidente Medina no ha sido indiferente en ningún caso, sino que ha dejado que “el equipo de Montalvo” cargue el peso de las cuestiones más conflictivas, sobre todo cuando hay choque de intereses al interior de su partido. Por su parte, Peralta encabezó la pelea por reducir el poder del expresidente Leonel Fernández para lograr la reforma de la Constitución que permitió la reelección del actual mandatario.

            Sería un error creer que el presidente ha capitulado o asumido por completo los reclamos de la oposición política y de la sociedad civil organizada. Más bien estaría tratando de neutralizarlos, haciendo concesiones. Aunque desde el inicio del debate sobre la JCE tras el anárquico resultado en que devino el resultado de las elecciones de mayo, empañando su amplia victoria, Danilo Medina habría comenzado a buscar distancia de la línea que proclamaba la ratificación de los actuales titulares, y se le atribuyó apoyar personas con mayor legitimidad y menos conflictividad. Roberto Rosario estaba descalificado antes que Estados Unidos le quitara las visas.

Reclamo que gana terreno

            El gobierno no puede ignorar el terreno que ha ganado la demanda de una JCE consensuada, con profesionales de experiencia, eficiencia, integridad e independencia de cualquier otro poder, logrando el apoyo de la Conferencia del Episcopado, (incluyendo el escepticismo expresado por el arzobispo Ozoria), de altos empresarios y medios de comunicación, y del mediador Agripino Núñez.  A ello ha contribuido la integración en un bloque de toda la oposición política y la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) que agrupa a unas 40 instituciones sociales y consorcios de organizaciones, desde las empresariales, y religiosas hasta las sociales y comunitarias.

            Ha ayudado también la coherencia con que los demandantes han sostenido su planteamiento de árbitros imparciales, y tanto los 12 partidos de oposición como las organizaciones sociales han sostenido un firme rechazo al reparto de puestos en la JCE, fomentando la institucionalidad democrática, libre de conflictos de  intereses. La declinación del doctor Eddy Olivares a ser reelecto en la JCE, por estar vinculado al principal partido de oposición, el PRM,  y la decisión de éste partido de someter a juicio  disciplinario a dos dirigentes que presentaron candidaturas, fueron elementos impactantes.

            Varios documentos de esos partidos, incluyendo una carta esta semana al mediador Agripino Núñez Collado, constituyeron planteamientos de firme oposición y advertencias de dificultades de gobernabilidad en caso de que el PLD ratifique su control de los órganos arbitrales. Aunque desperdiciaron el escenario de mediación de Núñez Collado y no atendieron el llamado de la sociedad civil para mantenerlo.

La fórmula Castaños Guzmán   

            Desde  mediados de la semana en diversos ámbitos políticos se barajaba la transacción gubernamental que promueve para la presidencia de la JCE al doctor Julio César Castaños Guzmán, portador de honorabilidad familiar, de espíritu conciliador y casi imposible de ser objetado por ningún sector político o social significativo. Actualmente primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y presidente de su Sala Civil y Comercial, fue miembro de la JCE del  2002 al 2010, y la presidió en el período 2006-10, sin generar antagonismos con ningún sector.

            Castaños no pasó por la evaluación de la comisión senatorial, pero con su récord  no la necesita y el pleno del Senado tiene facultad para escogerlo. Esta semana disertó sobre los desafíos de la democracia Ha sonado también para presidente, con auspicios del sector que lidera Leonel Fernández, el exfiscal y actual juez José M. Hernández Peguero, considerado parcial por haber sido precandidato del PLD. Se mencionó también a Jorge Subero, quien presidió brevemente la JCE, antes de ser electo presidente de la Suprema Corte, pero habría sido objetado por el sector leonelista.

            El “aterrizaje suave” del gobierno incluiría al doctor Santiago Sosa, quien fuera dirigente de Participación Ciudadana, y en los últimos años preside la Junta Electoral del Distrito Nacional. Suenan también Henry Mejía, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, el actual director del departamento de partidos políticos de la JCE, Guarino Cruz, la abogada y comunicadora Carmen Imbert Brugal, y los exmiembros de la JCE Luis Mora, Salvador Ramos y Rafaelina Peralta.

            De los actuales miembros, descartado Rosario y autoexcluido Eddy Olivares, se baraja a Rosario Graciano, quien llegó como dirigente del PLD, y al politólogo y abogado José Angel Aquino, el mejor técnico para dar continuidad, pero objetado por Roberto Rosario, quien lo llevó a la JCE pero no pudo doblegarlo. Rosario estaría promoviendo ante sus amigos del Senado a Mejía y a Ramos. Objeta a Graciano, quien en la evaluación lo habría acusado de personalizar la JCE, la que deja con déficit de mil millones de pesos.    

Urge concertación política

            Aunque no haya repartición en la JCE como plantea la oposición política y la sociedad civil, tendrá que mediar algún nivel de concertación, no sólo para la presidencia, sino también para los otros 4 titulares del organismo. La oposición señala el caso del Tribunal Superior Electoral donde llevaron de presidente a un honorable académico de la Universidad Madre y Maestra, Mariano Rodríguez, pero lo rodearon de jueces comprometidos políticamente que lo dejaron sin poder de decisión.

            La concertación político-social, planteada por la IDEM, tendría el beneficio adicional de abrir acuerdos para integrar el Tribunal Electoral y la Cámara de Cuentas, lo que también es inminente, y crearía un nuevo escenario donde podrían replantearse los pendientes pactos eléctrico y fiscal.

            Las perspectivas fiscales del gobierno, con un presupuesto altamente deficitario para el próximo año, y acabándosele la pista del endeudamiento, recomiendan transar en busca de gobernabilidad. Se cree que por lo menos un sector del gobierno lo entiende así, pero no  en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana.-

 

El Presupuesto sigue el rumbo de la insostenibilidad financiera

Por Juan Bolívar Díaz
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El Presupuesto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros del Gobierno ratifica el rumbo del país a la insostenibilidad financiera, con otro déficit fiscal que rondaría los 100 mil millones de pesos, y endeudamiento público de por lo menos 2,700 millones de dólares, ya sobre el 50 por ciento del producto bruto interno.

El Gobierno incrementa el Presupuesto apenas en 7 por ciento, aún sobrevaluando las posibilidades de recaudación, evadiendo la Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el Pacto Fiscal, y asignando a los ayuntamientos la tercera parte de lo atribuido por ley, y al Poder Judicial menos del 50 por ciento, sin revaluar los bajos salarios.

Aplazado el Pacto Fiscal. Como se había advertido, con su proyecto de Presupuesto para el 2017, el presidente Danilo Medina mantuvo su decisión de evadir nuevamente el Pacto Fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para no enfrentar los reclamos sociales de que ajuste el gasto gubernamental constriñendo el dispendio y las políticas clientelares que sustentan el poder político de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Se ha dicho que el Pacto Fiscal sería abordado el próximo año, aunque es el quinto presupuesto del actual mandatario, después que en 2012 renunció a proseguir la concertación del pacto fiscal con sectores empresariales y sociales que persisten en reclamar la eliminación de múltiples organismos estatales inoperantes o redundantes, reducción de los repartos clientelistas, del dispendio y la corrupción, así como de la inequidad de salarios de cientos de miles de pesos, aunque el 20% de los empleados y el 90% de los pensionados del Estado reciben 5,117 pesos.

Con una nómina pública que se ha duplicado en los 12 años seguidos de gestión peledeísta, sobrepasando los 700 mil empleados, y un gasto corriente del 85 por ciento del presupuesto, el Gobierno apela cada año al déficit fiscal, con un endeudamiento que desde el 2000 se multiplicó más de ocho veces en el sector público no financiero y por cinco en el financiero cuyos intereses y amortización consumirían un tercio del Presupuesto del 2017.

En sus últimos 8 años de Gobierno, Leonel Fernández obtuvo financiamiento por 640 mil millones de pesos, y Medina 751 mil millones de pesos en sus primeros 4 años.

Presupuesto muy deficitario. El Consejo de Ministros aprobó el miércoles 28 otro proyecto de Presupuesto muy deficitario para el próximo año, por un monto de RD$711,399 millones, aunque los ingresos fiscales se proyectan en solo RD$ 537,886 millones, lo que implica un déficit de RD$ 173,513 millones, a ser cubierto parcialmente con un financiamiento en bonos de 2,700 millones de dólares, para un déficit fiscal de 84,894 millones de pesos.

El monto presupuestal se incrementa en el 7 por ciento que crecería el PBI este año, pero con un estimado de ingresos mayor en 13 por ciento al presupuestado para este año, que los expertos fiscales Eduardo Selman, Germania Montás y José Rijo estiman sobrevaluado. Los tres coinciden en que la meta recaudatoria de este año, que era de 486 mil millones de pesos, se quedará corta entre 15 y 20 mil millones de pesos, por lo que las recaudaciones adicionales de 50,901 millones de pesos proyectados para el año próximo, superarían lo realmente captado este año en unos 65-70 mil millones de pesos.

El 2016 sería el segundo año consecutivo en que las recaudaciones se quedan por debajo de lo presupuestado. En 2015 llegaron a 438 mil millones de pesos, aunque se proyectaron 450 mil millones, con un déficit de 12 mil millones. Sería al final de este año cuando se sobrepasaría la meta recaudatoria de 2015, según la proyección de José Rijo. En esa perspectiva sería difícil alcanzar el crecimiento recaudatorio proyectado para el 2017.

No satisface a nadie. El proyecto de Presupuesto, con ingresos que apenas cubren el gasto corriente, mantiene congeladas por quinto año consecutivo las asignaciones a casi todos los organismos del Estado, y a algunos de los que se les incrementa manifiestan insatisfacción, como el Poder Judicial, al que se le asignan RD$800 millones adicionales para totalizar RD$6,400 millones, equivalentes al 1.31% de los ingresos proyectados para el 2017.

Es menos de la mitad del 2.66 por ciento que le asigna la Ley 194-04 sobre “Autonomía Presupuestaria y Administrativa del Poder Judicial”. Hasta el apacible presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, ha salido a protestar.

A los municipios solo se está destinando el 3.2 por ciento de los ingresos fiscales, aunque la Ley 166-03 le otorga el 10 por ciento. El presidente de la Federación de Distritos Municipales, Pedro Richardson, muestra su inconformidad, precisando que la proporción disminuye 0.52 por ciento. 500 millones de pesos más para la Universidad Autónoma es apenas una aspirina para sus dolencias financieras. Aparte de educación y salud, el mayor incremento, 5,100 millones de pesos, es para la Presidencia de la República.

Tampoco se puede remediar la desproporción salarial del Estado. Tres mil millones de pesos más solo permitirán “aumentos puntuales” a una parte de los 37 mil 606 policías, de los cuales 24,459, el 65 por ciento, ganan menos de 12,978 pesos que, según el Banco Central, era en agosto el costo de la canasta familiar del quintil más pobre. El “jefe” gana 81,785 pesos, un tercio del sueldo de regidores municipales. Pocos discuten que con esos salarios es imposible que la PN cumpla su rol en la seguridad ciudadana y sus miembros dejen de asociarse a la delincuencia para buscarse la vida.

En un círculo vicioso. Desde que en agosto fue removido el director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, sustituido por Magín Díaz, se dijo que el Gobierno centraría esfuerzos en reducir la evasión fiscal, consciente de las dificultades de elevar impuestos y disminuir exenciones. El propósito es válido, y hasta justo, pero de lenta rentabilidad y alto costo, pues perjudica a vinculados al régimen que han jugado al rentismo político y “enrarecería” las buenas relaciones del

Gobierno con los más beneficiarios del crecimiento económico.
Se ha informado que el nuevo presupuesto conlleva un “plan de fortalecimiento tecnológico institucional y de intercambio de información orientado a combatir la elusión y la evasión fiscal”. Pero expertos fiscales advierten que con mucha eficiencia, tomaría más de un año para ver resultados apreciables.

Los renglones impositivos de consumo masivo y de fácil incremento ya están saturados: 16% del Itbis, 30% a las telecomunicaciones, los de los combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco. El Gobierno tendría que incrementar la imposición directa al patrimonio y la renta, pero tropieza con fuertes intereses, incluyendo exenciones bajo leyes y contrataciones, inmodificables sin aceptación de los afectados.

Un cuadro atribuido al Ministerio de Hacienda cuantifica en 212 mil millones de pesos el “gasto fiscal” del Estado, que es la suma de las exenciones impositivas. Pero casi la mitad, 103 mil millones de pesos, sería el monto del Itbis que no se cobra a alimentos, medicinas, energía eléctrica, agua potable y servicios de educación y salud. A los primeros 33 mil pesos mensuales de salario se le exceptúan 66 mil millones de pesos, 37 mil a las zonas francas, 20 mil a los generadores eléctricos, 6.7 mil a minería, 5.8 mil al turismo.

La salida es el Pacto Fiscal. Solo los mezquinos niegan que el desarrollo nacional y la pobreza requieren mucho más contribuciones fiscales, pero también mucho mejor calidad del gasto, lo que es incompatible con el alto nivel que ha alcanzado el irritante clientelismo político. Esta semana, al inaugurar la feria Expo-Cibao, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Juan Manuel Ureña, renovó el reclamo general del Pacto Fiscal, aunque condicionándolo a que el Gobierno dé claras señales de eficiencia en el gasto. Se ha generalizado el criterio de que no se puede alimentar más el clientelismo y el dispendio.

Tal como dijo esta semana el nuevo ministro de Economía, Isidoro Santana, la presión fiscal dominicana sigue por debajo del promedio regional, en 14 por ciento del PIB, con la cual es imposible resolver importantes carencias sociales, pero reconoció las dificultades de elevarla sin convencer a la población de que se corrigen “asuntos como el de la corrupción y algunas irregularidades en el manejo de recursos”.

El reciente informe de Educa sobre la calidad del gasto en Educación demostró que el 4 por ciento del PIB al sector también ha sido instrumentado para el clientelismo y el derroche, en niveles escandalosos de incremento de 33,307 cargos administrativos, que elevaron esa nómina en 148% en tres años. Mientras Tania Molina recordó el miércoles 28 en Diario Libre que hay miles de obras inconclusas que datan de varios gobiernos, indicadoras de la pésima inversión pública.

En la oposición, el PLD buscaba la sociedad civil

Por Juan Bolívar Díaz

Las dos veces que el PLD alcanzó el poder se buscó el amparo de la sociedad civil que ahora rechaza y desprecia, con la que modificó, también dos veces, la composición de la Junta Central Electoral y creó comisiones de seguimiento a sus labores.                                                

            La oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que la sociedad civil participe en los consensos para las leyes de partido y electoral y la elección de los árbitros electorales, contradice su actuación cuando no controlaba el poder, al que accedió con amparo social, llegando a modificar la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).

            El liderazgo social ha sido coherente, participando desde los años 90 en múltiples consultas, reclamando reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática y específicamente  independencia de los árbitros electorales y de las cortes judiciales, sin haber pretendido controlarlas.

Doble rechazo del PLD

            Esta semana el PLD ratificó su rechazo a la participación de cualquier estamento de la sociedad civil en la búsqueda de consenso para las pendientes leyes de partido y del régimen electoral y para la conformación de los órganos electorales, en contradicción con lo que fue su accionar cuando no controlaba el poder del Estado.

            Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión Especial del Senado que inició el procedimiento para la elección de los integrantes de la JCE, dejó claro su rechazo a la intervención de las organizaciones sociales que han pedido un pacto político-social para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

            En la reunión el martes de la comisión de mediación para discutir una vez más las leyes de partido y electoral, que como tantas veces desde los años noventa encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, los delegados del PLD también rechazaron la participación allí de representantes sociales, como han solicitado instituciones como Participación Ciudadana (PC) y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.

            En todos los escenarios, el presidente del Senado y secretario general peledeista, Reinaldo Pared, y sus voceros en las cámaras legislativas, han rechazado cualquier participación social, invocando que es a ellos a quienes la Constitución faculta para legislar y conformar la JCE y la Cámara de Cuentas.

            Las organizaciones sociales no pretenden sustituir a los legisladores, pero reclaman el derecho a promover consensos sobre el perfil que deben reunir los árbitros, especialmente “que no sean representantes de los partidos”, como se estableció en el Pacto por la Democracia que el PLD propuso en 1994, junto a organizaciones sociales, antes de llegar al poder. Entonces apoyó la observación electoral y el conteo rápido de PC.

Proponen foro tripartito

            El rechazo del PLD a la participación de la sociedad civil ha sido tan tenaz que a ningún líder social se le ha ocurrido ahora reclamar derecho a señalar candidaturas como en 1997 cuando ese partido y el presidente Leonel Fernández lo acogieron y auspiciaron para elegir la Suprema Corte de Justicia en 1997, cuando el PLD era minoría en el Congreso, o para elegir la JCE que encabezó el doctor César Estrella Sahdalá en 1994.

            El martes  el Partido Revolucionario Moderno (PRM) representado por su presidente y su secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, solicitó la conformación de un foro tripartito, con delegados de los partidos en el gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Sólo lograron la conformación de dos bloques de 8 miembros, gobierno y oposición. El PLD estuvo representado por Reinaldo Pared y el exvicepresidente de la nación Rafael Alburquerque.

            Andrés Bautista adelantó que van a insistir en la participación de la sociedad civil, en un diálogo tripartito “como se hizo en los años noventa”, comenzando mañana lunes con una rueda de prensa. Aseguró que establecerán un mecanismo rotativo para que todos los partidos de oposición que concurrieron a las últimas elecciones, y actúan en coordinación desde entonces, puedan participar en la búsqueda de un consenso político-social.

            El PRM ha coincidido con la sociedad civil en que se deben elegir personalidades con independencia de los partidos para integrar tanto la JCE como la Cámara de Cuentas y posteriormente los titulares de las altas cortes, comenzando por los del Tribunal Superior Electoral cuyo período venció el 16 de agosto pasado. Y ha sostenido, junto al PRSC y el resto de la oposición, que no aceptará cuota partidaria en esos organismos.

 Leonel acorraló la JCE

            En septiembre de1998, cuando el Senado controlado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) eligió una JCE sin consenso con los demás partidos, tanto el PLD como el Partido Reformista procuraron la mediación de Agripino Núñez, de empresarios y directores de medios de comunicación, con respaldo de PC, la Finjus y otras entidades sociales para revocar la entonces también “soberana decisión” de los facultados por la Constitución para elegir.

            La crisis política, que ya había comenzado cuando el gobierno del PLD se impuso, hasta con vuelos rasantes de helicópteros militares, en la elección del secretario general de la Liga Municipal, donde los perredeístas eran mayoría, llegó al grado de que los reformistas y Vincho Castillo elevaron una petición de embargo a las cuentas de la JCE.

            Aunque esa instancia carecía de valor jurídico ya que la Ley Electoral definía a la JCE como “una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable”, el presidente Leonel Fernández dispuso la retención de los fondos presupuestarios del organismo, hasta que un tribunal dictaminara sobre la instancia.

            La confrontación duró hasta mayo de 1999. La sociedad civil apoyó el reclamo de consenso del PLD y el PRSC, aunque ninguno de los cinco jueces elegidos, encabezados por Manuel Ramón Morel Cerda, eran dirigentes del PRD, y la crisis se saldó con la mediación social, ampliando a siete los integrantes de la JCE para incorporar a Roberto Rodríguez Estrella y Julio César Castaños Guzmán, propuestos por el PLD y el PRSC. Los otros cuatro eran Ana Teresa Pérez, Luis Ramón Cordero, Luis Arias y Salvador Ramos.

Comisión de Seguimiento

            Con el PRD controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo, y más aún cuando el presidente Hipólito Mejía (2000-04) impuso una reforma constitucional para poder buscar la reelección, la mediación de la sociedad civil fue una constante en la JCE. Para los comicios del 2000, Participación Ciudadana, con apoyo de otras entidades, demandó una auditoría al nuevo padrón electoral que conformó el tribunal. El PLD y los demás de la oposición apoyaron, y la organización cívica, con respaldo técnico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, realizó la auditoría en medio de tensiones, pero el padrón resultó inobjetable.

            Con el PRD en el poder,  a instancias del PLD y el PRSC se creó una Comisión de Seguimiento a las labores de la JCE, integrada, además de Agripino Núñez, por los dirigentes empresariales Elena Viyella de Paliza, entonces presidenta del CONEP, Celso Marranzini y Rafael Perelló, así como los profesionales Radhamés Mejía, José J. Puello y Marisol Vicens y el reverendo Reinaldo Franco Aquino.

            Con todos esos mediadores y el empuje del PLD-PRSC, se propició una reforma electoral, con la Ley 02-03 aprobada por el Congreso con mayoría perredeísta, y promulgada en enero del 2003, dividiendo las funciones de la JCE en dos cámaras, administrativa y contenciosa, y se elevó a 9 los integrantes del pleno. Morel Cerda, un abogado honorable de toda la vida, se cansó de las objeciones y renunció, por lo que se eligió a tres nuevos titulares: Ramón Hernández, José Luis Tavares, y Roberto Rosario. Este sería el primer titular de la JCE llegado desde el organismo ejecutivo de un partido, pues era miembro del Comité Central del PLD.

Extremos en la JCE

            A pesar de las ampliaciones de la JCE, la desconfianza por el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía llegó a extremos, cuando la Comisión de Seguimiento impuso directores de Informática y del Registro Civil de la JCE, bajo amenaza de retirarse. Y para colmo en vísperas de las elecciones, adicionaron a la misma al embajador de Estados Unidos, Hans Hertel, y al de la Unión Europea Miguel Amado.

            Todos ellos fueron llevados precipitadamente a la JCE la noche de la elección, el 16 de mayo del 2004, bajo la falsa información difundida por los voceros del PLD de que el coronel Pepe Goico, de la seguridad del presidente Mejía, había comenzado a robarse las urnas electorales en Los Alcarrizos y que no dejaban salir  las de arroyo Hondo. Por el PLD eran miembros de la Comisión de Seguimiento Reinaldo Pared, Franklin Almeida y Radhamés Jiménez.  Todo el país vio por televisión el enérgico discurso de Monseñor Agripino Núñez, demandando un respeto a la voluntad popular que nunca estuvo en juego. A las 11 de la noche Hipólito Mejía admitió el triunfo de Leonel Fernández y se convirtió en el único presidente dominicano derrotado, hasta ahora, en un intento reeleccionista. Luis Arias,  quien presidió esa JCE y luego sería designado embajador por el presidente Leonel Fernández, fue un aliado eficiente  de PC en la observación electoral.

            El PLD agradeció la observación electoral de Participación Ciudadana y decenas de organizaciones aliadas, que por segunda vez habían registrado su ascenso al poder, en su conteo electoral rápido por muestreo, antes que la JCE llegara al tercio del escrutinio.-

 

 

 

El doble estándar del PLD frente a la Sociedad Civil

Son desproporcionadas, contradictorias y regresivas las reacciones que niegan el derecho a la participación de las organizaciones sociales que esta semana anunciaron una Iniciativa por la Institucionalidad Democrática  

Por Juan Bolívar Díaz

            Las reacciones de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática por parte de una docena de organizaciones sociales, son contradictorias con una extensa cadena de concertaciones con la sociedad propiciadas por los gobiernos de las últimas tres décadas.

            El liderazgo social se compromete a impulsar las reformas políticas contenidas en los proyectos de leyes de partido y del régimen electoral y de transparencia y responsabilidad fiscal, así como dar seguimiento a las próximas elecciones de nuevos titulares de las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Un acuerdo político-social

            El martes 9 fue publicada la “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, suscrita por 5 de las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y otras 7 entidades sociales, comprometiéndose a “trabajar por un gran acuerdo político y social que tenga por meta alcanzar la institucionalidad democrática indispensable para lograr un verdadero Estado social y democrático de  derecho como lo manda nuestra Constitución”.

            La iniciativa nace “con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones que demanda la institucionalidad democrática” de la nación, especificando una ley de partidos que garantice que estos asuman sus mandatos constitucionales, de procesos democráticos, de transparencia en su financiamiento y de rendición de cuentas.

            Propugnan por una ley del régimen electoral que garantice elecciones con transparencia organizativa, equitativas e inclusivas, y con regulaciones de las campañas electorales que eviten el uso de los recursos del Estado. También por la aprobación de las leyes de Transparencia y Responsabilidad Fiscal y de Fiscalización y Control del Congreso Nacional “que establezcan un mayor rigor en el uso del presupuesto público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, de los déficits y de la deuda pública”.

            Se proponen dar seguimiento al proceso de selección de los nuevos titulares de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, ya que el período de los actuales  vence el 16 de agosto, y posteriormente, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, y apoyar otras iniciativas sociales, incluyendo los servicios que corresponden a la población.

Descalificaciones y chantaje

            Llamó la atención la virulencia con que voceros oficiales y oficiosos del PLD reaccionaron ante la propuesta. El vocero de los senadores oficialistas marcó la pauta cuando llegó al extremo de plantear que los propulsores pretenden un “golpe de estado constitucional”, intentando sustituir a los legisladores. El senador por Azua, Rafael Calderón, sociólogo que  antes promovía la concertación, recomendó a los empresarios ocuparse, como el gobierno, y el Congreso, de resolver “poco a poco los problemas existentes”, mientras el de Pedernales, Dionis Sánchez, los  instó a “contribuir con la paz y por ende con la democracia apoyando un incremento de salarios para los trabajadores”.

            El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, quien vuelve el martes a la presidencia del Senado, fue más moderado, diciendo que  están abiertos a escuchar, y hasta reconoció que la iniciativa está dirigida al fortalecimiento institucional. Pero al mismo tiempo advirtió que es al Congreso y el Consejo de la Magistratura que la Constitución faculta para elegir los titulares de la JCE y las altas Cortes, como si estuviera en discusión..

            De inmediato comentaristas peledeístas se dedicaron, por medios de comunicación a intrigar y chantajear a los líderes empresariales, especialmente al presidente del CONEP, atribuyéndole hasta animadversión política, olvidando los numerosos precedentes de participación del empresariado en las concertaciones político-sociales de las últimas décadas, incluyendo su  Grupo de Acción por la Democracia en los años 90.

Larga cadena de consensos

            Son innumerables los eslabones de la cadena de consensos para reformas políticas, económicas y sociales, en los que han participado el empresariado, las academias, las iglesias, los sindicalistas y otras organizaciones sociales, desde los años 90, por iniciativa propia, de los partidos y de los gobiernos. Han incluido consultas y pactos para las reformas constitucionales de 1994 y 2010, para el Código de Trabajo, el Sistema de Seguridad Social, Estrategia Nacional de Desarrollo, y planes decenales de educación y salud.

            Es extensa la nómina de legislaciones que han pasado por la concertación con las organizaciones sociales, y que incluyen su representación,  como la que crea los consejos nacional de desarrollo, y múltiples leyes,  de organizaciones sin fines de lucro, de participación social (regateada todavía), así como las de libre acceso a la información, de controles presupuestario, defensor del pueblo, de salarios públicos y la misma ley de partidos, con múltiples consensos durante 18 años.

            La Sociedad Civil organizada participó también activamente en varias concertaciones para elegir los integrantes de la Junta Central Electoral, y los de la Suprema Corte de Justicia en 1997, y los principales partidos, incluso el PLD, llegaron a solicitar que instituciones sociales como Participación Ciudadana observaran sus elecciones primarias y les formularan observaciones, para los comicios del 2002, 2004 y 2006. Con PC,  FINJUS, y Centro Bonó, que firman la iniciativa ahora objetada, han realizado múltiples seminarios y eventos de consultas.

Desprecio contradictorio

            El desprecio por la participación social en el curso institucional democrático es tan contradictorio que deja mal parada el actual intento de concertación para el Pacto Eléctrico y el pendiente para el pacto fiscal, así como el realizado pacto por la educación, los tres mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. También va contra el programa de gobierno del PLD 2016-20, que entre sus metas plantea la ley de partidos y  promete que “Promoveremos la aprobación de leyes que permitan mayor participación de la ciudadanía en la elección de funcionarios y que éstos sean cada vez más cercanos a la gente”.

            También contradicen los artículos 22,75 y 77 de la Constitución peleedeísta, que se refieren a los derechos de la ciudadanía, sus deberes y al mandato de los legisladores, lo mismo que al artículo 6 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteó reformar el sistema político y electoral en tres años, vencidos en el 20015.

            El PLD se abrió paso al poder en 1994, valiéndose de la sociedad civil, a la que puso a firmar el “Pacto por la Democracia”, que pactó una reforma constitucional con la cual se impuso el 50 por ciento del voto para la elección presidencial, lo que cerraría el paso a Francisco Peña Gómez en la elección presidencial del 2006.

            El punto 2 de ese pacto establece “Conformar una nueva Junta Central Electoral cuyos miembros no sean representantes de los partidos políticos”, que fue lo que se hizo ese mismo año y por consenso político-social, con la presidencia de César Estrella Sadhalá, quien no era dirigente ni militante de partido, como sigue reclamando la Sociedad Civil. Tampoco eran dirigentes políticos sus sucesores presidentes Juan Sully Bonelly, Jorge Subero Isa, Manuel Morel Cerda y Luis Arias. Aunque en la elección de Morel el PRD rompió el consenso, en conflictos con el primer gobierno del PLD, compensado con otro acuerdo político-social, ampliando los integrantes de la JCE para que peledeístas y reformistas propusieran sendos titulares.

Propósitos muy difíciles

            Los propulsores de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática saben que sus metas son difíciles de alcanzar y que requerirán intensa y prolongada movilización social, por lo que trabajan por ampliar las organizaciones participantes. Tienen en la memoria concertaciones político-sociales tan importantes como la que produjeron la Suprema Corte de 1997 y la que obligó a cumplir la ley del 4 por ciento del PIB para la educación.

            Están conscientes del poder que ha logrado concentrar el PLD en base al control y manipulación de la justicia y los órganos electorales, de la promoción de la desintegración de los partidos y organizaciones sociales, corrompiendo o absorbiendo dirigentes y militantes con los recursos estatales, y sin regulaciones como las que se pretenden en la ley electoral y la ley de partidos. Los oficialistas entienden que toda inconformidad o propuesta de reformas conspira contra sus intereses partidistas.

            En la sociedad todavía se espera más receptividad de un partido que promovió jornadas participativas como la del Diálogo Nacional en 1997 y la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Económica Mundial en el 2009, ambos eventos con cientos de resoluciones y propuestas de reformas, por igual las consultas para la reforma constitucional del 2010.-

– * –

Grandes conciertos del PLD con la Sociedad Civil

1994: Pacto por la Democracia

1997: Elección de la Suprema Corte de Justicia

1998: Diálogo Nacional

2004: Seguimiento a la JCE

2008: Consultas para la reforma constitucional

2009: Cumbre por la Unidad Nacional por la Crisis Mundial

2010: Consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Intento de pacto fiscal

2914: Concertación y firma del pacto Educativo

2016:  Concertación para el Pacto Eléctrico

Persistente fiasco del metro e ineficiencia del transporte

Por Juan Bolívar Díaz
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A siete años y medio del inicio de las operaciones del metro de Santo Domingo y a más de tres años de su segunda línea, los resultados siguen siendo un fiasco, en relación a la inversión, ya que apenas mueve el 6 por ciento de los pasajeros de la gran urbe en beneficio de unas 92 mil personas, menos del 3 por ciento de su población.

Con una inversión superior a los dos mil millones de dólares, el metro no ha impactado sobre el costoso transporte en una ciudad agobiada por el caos vehicular, mientras se espera la aprobación de un proyecto de ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial que lleva más de cinco años de manoseo en comisiones de la Cámara de Diputados.

Escaso brillo del metro. El hermoso metro de Santo Domingo transportó 66 millones 236 mil 092 pasajeros durante el año 2015, con un incremento del 8 por ciento respecto al año anterior, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística, publicado hace dos semanas, lo que implica un promedio diario de 183 mil 989, apenas el 6 por ciento del estimado de 3 millones de pasajeros por día en la gran urbe de Santo Domingo, según el diagnóstico en que se basa el proyecto de Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial que cursa en la Cámara de Diputados desde hace cinco años.

El informe de la ONE supera en más cinco millones los 60 millones 737 mil 690 pasajeros que reportó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPREP), que administra el metro, en sus memorias del 2015. Este con la ventaja de que los desglosa en 235 mil 953 pasajes los días laborables, 165 mil 890 los sábados y 77 mil 509 los domingos, como promedio.
Aceptando la cifra mayor de la ONE, el promedio diario de los pasajeros del metro dividido entre dos, por ida y vuelta, implica que apenas 91 mil 995 personas se benefician cada día de esa inversión, 118 mil los días laborables, según los datos de la OPRET, para un 2.63 por ciento y 3.37 por ciento, respectivamente, de la población estimada del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, sobre los 3 millones 500 mil personas.
Si se proyecta a nivel nacional, sobre una población que ya supera los 10 millones, no llegan al uno por ciento quienes reciben beneficio de las dos primeras líneas del metro, presentado como símbolo de la modernidad del país, con una inversión que supera los 100 mil millones de pesos, en sus dos primeras líneas, la mayor en una solo obra.

Errática planificación. Desde que se anunció la construcción del metro a comienzos del 2005, contra la generalidad de las opiniones técnicas que recomendaban soluciones de transporte más económicas, hubo múltiples cuestionamientos a su improvisación y falta de estudios técnicos y de eficiencia económica. Los resultados indican una errática planificación, pues la primera línea se trazó en dirección norte sur, cuando la ciudad se extiende mucho más de este a oeste. En las mañana el flujo es hacia el sur y viceversa en la tarde, determinando baja ocupación de los vagones.

Aunque la segunda línea fue en la dirección correcta, no empezó ni terminó en los barrios más poblados del Este y Oeste de la urbe, quedándose entre el kilómetro 9 de la carretera Duarte y el puente de la 17. Es su extensión 2-B o tercera línea, la que llevará el metro al mayor municipio del país, el Santo Domingo Este, cuando sea finalmente abierta, aunque ya fue inaugurada en la reciente campaña electoral. Se espera que, entroncando con la línea norte sur, pueda incrementar significativamente los usuarios del metro.

Pero el bajo rendimiento de esa obra está determinado también porque 7 años después del inicio de sus operaciones, aún no se ha establecido un eficiente servicio de autobuses para alimentar las líneas del metro, y la mayor parte de los pasajeros siguen utilizando los minibuses, “carros del concho” y el “moto-concho”.

El costo del transporte. La escasa transparencia que ha rodeado la construcción del metro hace imposible establecer con certeza cuál ha sido la inversión. Oficialmente se informó que la primera línea costó 750 millones de dólares, pero en uno de los wikileaks de la embajada de Estados Unidos, fechado en el 2007, se le estimaba en 1,290 millones de dólares. Hamlet Hermann la valuó en 1,584 millones de dólares, incluyendo financiamiento. El costo oficial de la segunda línea fue de 830 millones de dólares.

Es alarmante la alta proporción de su salario que los capitalinos sin vehículo tienen que gastar para transportarse, que en los niveles medios y bajos promedia del 20 al 25 por ciento de su ingreso, aún en el caso del más alto de los salarios mínimos, sobre 12 mil pesos mensuales. Con cuatro pasajes por día el costo oscila en 100 pesos y 2 mil 500 al mes.

El riesgo es incalculable para los que utilizan el moto-concho, ya que más de dos tercios de los muertos y heridos en accidentes de tránsito son motoristas y sus pasajeros. Y el país ocupa el segundo lugar en más alta proporción de víctimas de accidentes a nivel mundial, con seis fallecidos por día en lo que va del año, y 162 por mes en el 2015.

El proyecto de ley. El proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial trata de crear una autoridad única para todo el sector, refundiendo la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) del Ministerio de Obras Públicas, instituida por la ley de Tránsito 241, de 1967, con otras seis entidades creadas por decretos en las últimas cuatro décadas, que se conocen por sus siglas: ONATRATE-OMSA, OTTT, FONDET, AMET, CART, OPREP, aparte las funciones que la Ley del Distrito Nacional y los Municipios reserva a los ayuntamientos.

Esa proliferación de organismos que se sobreponen tiene más de ocho mil empleados, sin incluir los municipales, que cada año cuesta varios miles de millones de pesos, suficientes para financiar el Instituto Nacional de Transporte y Seguridad Vial contemplado en el proyecto.

Es un código de 331 artículos, con normativas para todos los aspectos implicados, con el objetivo de modernizar y colectivizar el transporte, eliminar chatarras para mayor eficiencia y reducción de la contaminación ambiental, promover la educación vial en todos los niveles escolares, y penalizar eficientemente las violaciones a las normativas del tránsito, entre otros aspectos.

El proyecto fue aprobado por los diputados en primera lectura en diciembre pasado. y se espera que lo ratifiquen en segunda lectura la semana próxima, antes que concluya la legislatura el lunes 25, después de múltiples introducciones en los últimos 5 años. Pero ya no habría tiempo para que pueda ser sancionado por el Senado, y nadie garantiza que sea convertido en ley en la próxima legislatura que comienza el 16 de agosto.-

Oportunidades de Danilo; lo que nunca se ha hecho

Por Juan Bolívar Díaz
10_07_2016 HOY_DOMINGO_100716_ El País12 A

Con el certificado que le autoriza gobernar hasta el 2020, el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho” y demostrar desde ya que no pretenderá seguir el nefasto curso histórico dominicano del continuismo aceptando, sin dejar dudas, el desafío a una concertación por la institucionalidad democrática.
El concierto social permitiría concluir el Pacto Eléctrico y materializar el Pacto Fiscal, lo que a su vez generaría mayores recursos para enfrentar las grandes demandas nacionales de sostenibilidad económico-social, mayor equidad en la distribución de la riqueza, combate a la corrupción, la delincuencia y la impunidad, con el imperio de la ley.

¿Será su último período? Cuando Danilo Medina recibió el jueves el certificado de elección, que sin duda ratificará el Congreso Nacional, la pregunta que muchos se formulaban es si será su último período constitucional y nunca más, como manda la Constitución que él impuso en el 2015 para poder reelegirse. Las apuestas en los círculos políticos andan como dos a uno, predominando los que creen que intentará seguir, fundados en el continuismo dominicano, por el que solo siete mandatarios han agotado dos tercios de la historia republicana.

No hay que remontarse al siglo 19, con analizar a Horacio Vásquez, Trujillo, Balaguer, Hipólito, Leonel y el mismo Danilo, se concluye que las palabras no bastan para generar confianza. Todos comienzan condenando el continuismo, pero trabajan para perpetuarse. El caso más trágico fue el de Horacio Vásquez, que creó las condiciones para la tiranía de Trujillo. El más atípico, el de Hipólito, que lo intentó en medio de una grave crisis financiera, después de decenas de juramentos de rechazo, para terminar en el único fracaso.

No solo las palabras, a veces ni los hechos son suficientes para contener el amor al poder sin límites. Leonel Fernández hizo aprobar en 2010 la Constitución del Estado democrático de derecho, que autorizaba la repostulación presidencial eternamente, con un período alterno, pero meses después, pese a haber tenido tres períodos de gobierno, se aferraba a una “interpretación constitucional” que, según discurseó, le permitía seguir, lo que no hizo por una férrea oposición nacional y en su propio partido.

Danilo Medina lo sucedió jurando que no se tragaría ni una vez “el tiburón podrido de la reelección”, reconociéndolo nefasto para la institucionalidad democrática, y terminó comprando medio Congreso para ingerírselo, justificándolo y sin eructar.

Reconocer la desconfianza. Lo primero que necesitan Medina y los suyos es asumir las graves insatisfacciones dejadas por el proceso que le permitió reelegirse con el 62 por ciento de los votos. Pudo haber sido menos aplastante en el abuso del poder y los recursos del Estado, conformarse con el 51 por ciento del sufragio y permitir mayor equilibrio en los demás poderes del Estado, pero él reclamó y buscó a cualquier precio “sus” senadores, diputados y alcaldes.

Hay quienes interpretan esa desmesura en la necesidad de crear condiciones para justificar la continuación del aplastamiento de su competencia interna, bajo la consigna ya reconocida por cercanos, de que “no vamos a permitir la vuelta de un Leonel vengativo”; segundo, para afianzar el dominio, que viene construyendo, de los demás poderes del Estado, y tercero, para erigirse en un nuevo mesías al que “no podemos desaprovechar”, argumento histórico que fundamentaría otra reforma constitucional. “Ya hicimos una, cuando no controlábamos el Congreso, y no tuvo ningún costo político”, argumentó certeramente un beneficiario.

Como en los dos primeros años del Gobierno, abundan los que creen en la palabra de Medina, pero son muchos más los que mantienen reservas y los que apuestan al intento continuista. Eso y el reconocimiento del colapso de la institucionalidad democrática en que concluyó el proceso electoral, es lo que fundamenta la generalizada demanda de un Pacto Político Social para reformas que en lo inmediato garanticen gobernabilidad y posibilidad de enfrentar los graves problemas nacionales, y que también eviten la desestabilización económica y social y graves confrontaciones en el próximo proceso electoral.

Conveniencia del pacto. Es obvio que para dejar atrás la política de desarticulación de los partidos de oposición y cooptación del liderazgo político-social mediante el reparto del Estado, y para cesar la impunidad y combatir la corrupción y delincuencia, así como para promover la independencia de los poderes del Estado, incluyendo los de control, ningún Gobierno necesita pacto alguno, pues bastaría con comenzar a hacer cumplir los principios constitucionales y las normativas.
Pero la coyuntura obligaría al Pacto Socio-Político por la necesidad de legitimar mayores contribuciones impositivas, que permitan adecuada inversión social, disminuir la delincuencia y crear seguridad, conteniendo el peligroso sendero de los déficits y el endeudamiento.

El problema es que los estrategas gubernamentales saben que cada vez es mayor la convicción de que el “Pacto Fiscal” tiene que con- llevar reestructuración del gasto y limitar la estructura de dominación en base al reparto y la corrupción sobre la que se ha sostenido el dominio total del régimen peledeísta.

Eso puede tener un costo de comodidad política, pero permitiría a Danilo Medina ocupar una buena curul en la historia nacional, y a su partido recuperar el crédito de sectores sociales muy insatisfechos, que reivindican los principios fundacionales del profesor Juan Bosch. Pero se requiere pasar del discurso a la concertación, o a los hechos concretos. No se inscribe en esa dirección la decisión de esta semana de llevar a una hermana del primer mandatario a la presidencia de la Cámara de Diputados, reduciendo la diversidad interna y ampliando garantías de control sobre los organismos que habrán de renovar los organismos estatales este año y en los sucesivos.

El pacto más prioritario. Tras el discurso del presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, el 29 de junio y el amplio respaldo que ha recibido de todo el sector empresarial y de instituciones sociales, ha crecido la convicción de que el primero de todos los pactos, fundamental para lograr los otros, es el de la sociedad civil, ya que los partidos políticos siempre buscan neutralizar y proseguir caminos que les han dado alta rentabilidad.

Para esta semana se convocan varios encuentros destinados a ampliar la concertación social, incluyendo un “Foro por un pacto nacional por la justicia y la seguridad”, convocado por una veintena de organizaciones sociales y empresariales que incluyen a algunas de las que en el pasado protagonizaron exitosas jornadas de presión como las de los años noventa para elegir una JCE y Suprema Corte de Justicia relativamente independientes, o la que luego forzó el cumplimiento de la ley que dispone la inversión del 4 por ciento del PIB en educación.

Que nadie se deje engañar, del nivel de compromiso de los sectores sociales, especialmente de los empresariales, dependerá que el Gobierno emprenda el camino de la concertación real para el rescate de la institucionalidad democrática y de la Estrategia Nacional de Desarrollo.