El Gobierno debe reconocer el creciente clamor social

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ El País13 A

Transcurrida la tercera parte del año, el Gobierno dominicano sigue empeñado en desconocer el clamor y la indignación nacional contra la corrupción, tratando de descalificar la Marcha Verde y apelando a recursos como la intimidación y el espionaje, evadiendo claras señales políticas y judiciales de que se acabará la impunidad.

El creciente riesgo social, con potencialidad de traducirse en político, que comienza a afectar el interés de la nación, recomienda aprovechar la convocatoria para el 15 de mayo del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar a despolitizar los órganos judiciales, y buscar real consenso sobre los proyectos de reformas electorales en el Congreso.

El cuarto mes perdido. Abril completa hoy el primer cuatrimestre del 2017, perdido en el desconcierto generado por la crisis política-institucional estallada en diciembre cuando la justicia de Estados Unidos develó el inmenso entramado de corrupción montado por la constructora Odebrecht y agentes políticos en una docena de naciones, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos, el tamaño de la economía, del territorio y la población. Agravado por haberse operado desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana y su esposa, hasta sus encarcelamientos y posterior condena.

A diferencia de lo ocurrido en casi todos los demás países involucrados en los sobornos por 788 millones de dólares, en RD la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño, aunque desde el 12 de enero, cuando interrogó al agente de Odebrecht Angel Rondón, el procurador general Jean Alain Rodríguez lo identificó como el repartidor de los sobornos locales.

El presidente Danilo Medina, como el secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared, han dicho que no prevalecerá la impunidad, ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país. Los órganos superiores del PLD desaprovecharon sus recientes reuniones sin emitir un documento anticorrupción, como los que acostumbró al país antes de alcanzar el Gobierno, cuando llegaron a organizar grandes marchas contra la corrupción, que ahora estigmatizan.

Desconcierto generalizado. Tanto el Gobierno como su partido y su Ministerio Público han aparecido desconcertados a lo largo del cuatrimestre, buscando ganar tiempo, mientras la indignación social en vez de mermar da muestras de crecimiento. Han centrado la atención en los nombres de los sobornados que daría Odebrecht y la justicia brasileña, relegando el apoyo a las campañas electorales, sin el menor esfuerzo por esclarecer el financiamiento de Joao Santana y el uso del país como plataforma internacional de corrupción política.

Más allá de interrogatorios a una veintena de personas, sin la menor coerción ni imputación, el empeño del Gobierno y su justicia se ha centrado en un cuestionado acuerdo que garantiza impunidad a la Odebrecht y su ilegal mantenimiento como contratista del Estado, ejecutando aún cuatro obras, incluyendo las discutidas plantas de carbón.

Fue el domingo pasado cuando el procurador Rodríguez pidió a la Cámara de Cuentas que auditara las obras ejecutadas por Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluación, diez días después de haber dicho que a su despacho no le correspondía investigarlo.

Para colmo, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció al día siguiente que ya había contactado para esa tarea al experto Augusto Nardes, del órgano federal de auditorías de Brasil, sin previa licitación. De inmediato la Marcha Verde denunció que este aparece entre los sobornados de la Petrolera brasileña que originó la operación Lava Jato, según publicó el acreditado diario Folha de Sao Paulo, lo que revocó la contratación.

Palos de invidentes. Tras la cuarta exitosa marcha del Movimiento Verde, el domingo 23 en San Francisco de Macorís, funcionarios y voceros del PLD aparecieron dando palos de invidentes. Primero acusaron a los propulsores de albergar propósitos de desestabilizar al Gobierno y luego el ministro de Interior y Policía dijo por televisión que escuchan las llamadas telefónicas y leen los whatsaps de los promotores de las marchas, dislate que trató de enmendar el mismo día, alegando que respetan las jurisdicciones privadas.

Al principio de las marchas los gobiernistas trataron de atribuir su patrocinio al Partido Revolucionario Moderno, luego a la oposición en general, después a los empresarios, particularmente a los generadores eléctricos, y esta semana a grupos de vocación subversiva que la habrían infiltrado. Ahora dicen que la desnaturalizaron.

La mejor respuesta se la dio el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, quien defendió la Marcha Verde, cuestionó la lentitud en la investigación del escándalo Odebrecht, y proclamó que “lo que puede poner en riesgo la estabilidad son los actos de corrupción”.
Aumenta el riesgo social. En los más diversos sectores sociales se incrementa la preocupación por los riesgos a que expone el país el alto nivel de corrupción y la percepción generalizada de que se evade esclarecer por completo y sancionar aún un caso transnacional y confesado como el de Odebrecht. Hay preocupación por la deslegitimación de las autoridades y hasta líderes empresariales, como Franklin Báez Brugal, apoyan públicamente la Marcha Verde.

Báez Brugal, expresidente del CONEP, escribió en HOY ayer sábado que “Pretender vender la idea de que las marchas tienen una agenda oculta y que quieren desestabilizar al Gobierno, es desconocer los hechos y tratar de tapar el sol con un dedo, los que apoyan públicamente el movimiento y los que desde sus casas se sienten complacidos con lo que ocurre, lo único que quieren es castigo para los corruptos, que terminen las componendas y que los políticos actúen de manera diferente, y dejen de creer que todos somos retardados mentales que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor”.

El obispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa reiteró su condena de la corrupción como “basura moral que hace daño y contamina”. Y en rueda de prensa, la orden religiosa de los Capuchinos Franciscanos apoyó la Marcha Verde planteando que “la corrupción y la impunidad empobrecen la sociedad dominicana”.

Circula en las redes sociales un estudio de la institución internacional Enodo Global con el título de “República Dominicana: Corrupción, Riesgo Social y Seguridad”, que concluye en que las confesiones de Odebrecht “generaron riesgo social” en la nación. “Transformó las tensiones sociales y las quejas subyacentes contra el Gobierno en hostiles discusiones en línea y protestas. Movilizó a individuos, redes sociales, grupos de activistas y grandes segmentos de la población a la acción como nunca antes. Más aún logró que los ciudadanos cambiaran su percepción de la corrupción y la impunidad.

Sostiene que “El riesgo social representa una amenaza real para las estructuras sociales formales e informales, el Gobierno y las instituciones políticas, la seguridad y la economía”, por lo que recomienda desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo social, diseñar estrategias para evitar que se transforme en agitación civil, y “fortalecer la agenda anti corrupción y el sistema de partidos políticos”.

La oportunidad de comenzar se la brinda la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Superior Electoral y cuatro (4) miembros de la Suprema Corte de Justicia, iniciando la despolitización de las altas cortes, y buscando consenso para aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.

RD quemada en competitividad por debilidades institucionales

Por Juan Bolívar Díaz

Una vez más la República Dominicana ha quedado quemada en el Índice de Competencia Global (ICG) del Foro Económico Mundial (FEM) publicado esta semana, ocupando el escalón 92 entre 138 países evaluados, aunque con ligera mejoría de su puntuación, de 3.8 a 3.9 en relación al año pasado, cuando ocupaba la posición 98.

Las peores notas las recibe el país en el pilar “Instituciones”, donde ocupa el escalón 123, y la mejor en el entorno macroeconómico, donde está en el 26, primero en baja inflación, pero ratificado como el octavo más corrupto del mundo, y el quinto de América Latina y entre los peores en confianza en la policía, la justicia, la política y la educación.

Otra ligera mejoría. En el escalón 92 del ICG de este año del FEM, la RD ha mejorado ligeramente desde el 2013 cuando ocupaba el 105, aunque entonces con 148 países evaluados, ahora 138, razón por la cual es más objetivo atender a la puntuación, que desde entonces solo mejoró de 3.8 a 3.9 en una escala de 1 a 7.

El índice se compone de 12 pilares, y en la mitad de ellos el país está sobre el escalón 100. En los asuntos institucionales ocupa la posición 123, lo que implica que solo hay 15 países peor situados en esa materia fundamental entre los 138 evaluados y que registra una caída de 5 escalones en relación al 2015, cuando estaba en el 118. En “Innovación” ocupa el 114, en “Eficiencia del mercado laboral” el 109, en “Salud y educación primaria” 108, en “Eficiencia del mercado de bienes” 106, y 101 en “Infraestructura”.

En el pilar correspondiente al entorno macroeconómico RD tiene muy buena posición, la número 26, y en tamaño del mercado (67). Aceptable en sofisticación en negocios (77), apresto tecnológico (79) y en desarrollo del mercado financiero (87), En educación superior y capacitación está en el escalón 95.

Líder en baja inflación. Si algo se debe celebrar es que el país aparece en la posición 1 en “Inflación”, es decir el que registra menos elevación de precios en el último año. Muy buena es también la evaluación en balance del presupuesto gubernamental y deuda pública, en los escalones 16 y 31, pese a que en la opinión pública nacional persisten cuestionamientos al respecto.

En buena posición mundial aparece en baja incidencia de la malaria y su impacto en los negocios (posiciones 19 y 27), en la intensidad de la competencia local y la cantidad de proveedores locales (21 y 27), la extensión del mercado (37) y en el predominio de la inversión extranjera (41) y en solidez de los bancos (42). Si se le suma el bajo costo del terrorismo, escalón 36, se explica la muy buena evaluación en el pilar “Entorno macroeconómico”.

Otros renglones en los que RD queda bien parada son: “Transferencia tecnológica, calidad de la infraestructura portuaria, del transporte aéreo, de la disponibilidad de asientos en aviones, seguridad de las bolsas de valores, calidad de las carreteras, procedimientos aduanales y tasa de matrícula en la educación terciaria”, donde queda en las posiciones 41, 46, 50, 51, 53 57, 58 y 59. También en tasa de ahorro nacional, en la calificación del crédito del país y en disponibilidad telefónica, posiciones 68, 73 y 76.

Excepto en predominio de inversión extranjera, que baja de la posición 35 a la 41, en los demás 9 mejores renglones de la evaluación el país registra notables avances, varios de los cuales ya se les acreditan hace por lo menos 6 años.

Las instituciones y corrupción. Aparte de fortaleza de los reportes de auditoría y de la protección de las inversiones, posiciones 67 y 73, y en eficacia administrativa de las corporaciones (74), el país queda muy mal parado en casi todos los 21 renglones del ICG referentes al funcionamiento de las instituciones, ratificando una de las mayores preocupaciones de la sociedad civil dominicana, incluyendo al empresariado, y por lo cual se reclama un pacto político-social por la institucionalidad democrática.

En 13 de los renglones de la institucionalidad, la RD queda situada por encima del escalón 100 entre los 138 evaluados de este año, especialmente en los referentes a la corrupción, que persistentemente se señala como uno de los más graves problemas nacionales. En desvío de fondos públicos, al igual que en confiabilidad de los de servicios policiales, el país queda en la posición 133, entre los ocho peores del mundo.

En otros renglones de corrupción como comportamiento ético empresarial y en extensión del dominio del mercado, el país está en escalón 130, lo que configura una cultura que no solo afecta las instituciones estatales como algunos creen. En favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos es el escalón 128, entre los diez peores del mundo evaluado. El 112 en pagos irregulares y sobornos, y 111 en despilfarro en el gasto gubernamental.

La independencia de la justicia dominicana queda también entre las peores del mundo, en el escalón 127 de los 138. En la misma posición está la eficiencia de la estructura legal para responder demandas. El costo del crimen y la violencia en las empresas (122), crimen organizado (111) y la consistencia de la regulación gubernamental está en el escalón 110.

Electricidad y educación. Otras pésimas evaluaciones de RD se encuentran en los renglones “Efectividad de las políticas anti-monopólicas” (132) “Confianza en los políticos” (130), “Calidad de las instituciones de investigación científica” (124), “Calidad de la electricidad” (123) y en “Disponibilidad de científicos e ingenieros” (108).

La calidad del sistema educativo sigue entre las peores del mundo con la posición 124, que alcanza al 131 en calidad de la enseñanza en ciencias y matemáticas. En tasa de matriculación en la educación primaria queda en el escalón 126, en entrenamiento de personal 106 y 101 en acceso al Internet en las escuelas. En los dos primeros renglones se registra una ligera mejoría de 2 y 7 escalones en relación al ICG del 2015, lo que significa que apenas comienza a surtir efecto la mayor inversión en educación que reclamó durante década la sociedad civil dominicana.

En prevalencia del VIH sida el país ocupa el escalón 104 y el 99 en mortalidad infantil, El impacto del VIH y de la tuberculosis en los negocios, quedan en las posiciones 94 y 92.

El informe del FEM registra los mayores problemas para hacer negocios en el país: las tasas impositivas con puntuación de 16, la corrupción 13.5, inadecuada educación laboral 12.4, ineficiente burocracia gubernamental 9.2 , acceso al crédito 8.4 y crimen y robo 7.3 puntos, entre otros factores.
Llamada de atención general

El ICG es un informe anual, que data de 1979 y goza de la credibilidad del Foro Económico Mundial, con sede en Davos, Suiza. Hasta allá se desplazó dos veces el presidente Leonel Fernández para asistir a sus foros anuales, y otra vez en el latinoamericano, celebrado en Brasil.

Las evaluaciones se realizan en 70 por ciento mediante encuestas a líderes empresariales mundiales y el 30 por ciento en base a las estadísticas de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o las agencias de las Naciones Unidas.

Los resultados de este año, disponibles en Internet, deberían reforzar la preocupación nacional por el mejoramiento de las instituciones, la independencia de la justicia, el imperio de la ley, el combate a la corrupción, y el rescate de la política como actividad llamada a generar bienestar común, no al simple enriquecimiento.

Deberían ser una guía para la acción gubernamental, y una llamada de atención a quienes no acaban de entender que la República Dominicana, a pesar de su crecimiento económico, favorecido por su inserción geográfica, tiene recursos para posicionarse mucho mejor en la escala del desarrollo humano y en la fundamental competitividad internacional, que todavía el país está entre el último tercio del conjunto de las naciones del continente.

Informe crítico de la OEA incentiva reformas electorales

Fue oportuna la presentación ante el Consejo Permanente de la OEA de un informe crítico de las elecciones nacionales de mayo, que urge una “reforma estructural profunda” del marco electoral para promover la equidad y la transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

            El crítico informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) sobre las últimas elecciones nacionales, presentado esta semana a su Consejo Permanente, llegó en un momento oportuno para incentivar las reclamadas  reformas electorales y políticas que apuntalen la institucionalidad democrática.

            El contenido del informe documenta las serias deficiencias del arbitraje de la Junta Central Electoral (JCE), el autoritarismo con que actuó frente a los partidos de oposición, el fracaso por la atropellada imposición de nuevas tecnologías y “altos niveles” de inequidad en el financiamiento y en el acceso a los medios de comunicación.

Fuertes críticas a la JCE

            El informe final de la MOE/OEA mantiene la línea crítica que ya adelantó en un balance preliminar dos días después de la votación del 15 de mayo, pero la novedad es que fue conocido y comentado por varios embajadores ante el Consejo Permanente de esa institución en Washington. Para observadores calificados es fuertemente crítico dentro del lenguaje diplomático que se estila cuando se trata de un Estado miembro.

            La misión que encabezó el expresidente colombiano Andrés Pastrana fue particularmente crítica de la gestión de la JCE, que “asumió atribuciones que son tradicionalmente legislativas”, que impuso un proceso de escrutinio “no estipulado” en el artículo 127 de la ley electoral, que la llevó a “desacuerdos graves con los partidos de oposición”. Lamenta que en ningún momento la JCE se reunió a dialogar con los partidos, aunque “la comunicación fluida, permanente y formal entre autoridad, partidos y ciudadanía es fundamental para el desarrollo exitoso de todo proceso eleccionario”.

            Sostuvo que cuatro resoluciones e instructivos diferentes en los días previos a la votación derivaron “en una clara falta de certeza en una etapa clave del proceso” y que la principal fragilidad estuvo en el uso de una nueva tecnología, al punto que “la modalidad manual, contemplada en la ley, pero interpretada inicialmente como contingente por la JCE. terminó siendo indispensable” para el escrutinio. “La consecuencia más visible” fue el retraso en la emisión de los resultados, hasta 13 días después de la votación.

            El informe señala el fracaso en el uso de la automatización que debe ser paulatina y “tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”, y quejas por la pérdida de confianza en las autoridades electorales.

Diseño para la inequidad

            La MOE/OEA fue también crítica de un sistema “que genera muchos vacíos legales y falta de claridad para la nueva realidad Dominicana”, que el modelo de financiamiento público de partidos y campañas “no está diseñado para generar condiciones de equidad”, que pudo observar “altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación”.

            Coincide con las críticas nacionales a un régimen que “no regula el acceso a los medios de comunicación privados ni establece límites de contratación en las campañas partidistas. Y plantea que “es deseable una coordinación interinstitucional entre las dependencias gubernamentales involucradas en el manejo y fiscalización de los recursos, incluyendo la Cámara de Cuentas, JCE, los bancos y el Ministerio de Hacienda.

            El informe consigna vicios del sistema político dominicano como la realización de proselitismo hasta en el interior de los colegios de votación, aglomeraciones en los recintos y denuncias de compras de votos y cédulas, y deploró la muerte de seis personas en los incidentes que siguieron al cierre de la votación y durante el lento cómputo.

            En lo que la MOE/OEA se queda corta es en la  consignación de los abusos de los recursos estatales, de la publicidad gubernamental, de la participación de casi todos los altos funcionarios en la  campaña electoral, que no pudo verificar porque llegó al final, lo mismo que se fue sin que concluyera el cómputo, por los pocos recursos financieros con que contó, por donaciones de Estados Unidos, Bolivia, Perú, España, Israel y Luxemburgo.

Las recomendaciones

            Las recomendaciones con que concluye el informe se pueden resumir en “la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral. Que se defina con mayor claridad el proceso de escrutinio, que las nuevas tecnologías se implementen paulatinamente. También “que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público y un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas, como de la ciudadanía a estar bien informada.

            Propugna porque se establezcan límites al financiamiento político proveniente del sector privado, y se fortalezca la  capacidad de fiscalización, control y sanciones para las violaciones de las normativas vigentes, mediante la coordinación interinstitucional de los organismos estatales relacionados con la rendición de cuentas.

            Así  mismo, sugiere un sistema de medios de impugnación integral que contemple mecanismos de justicia electoral que oportunos para garantizar los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, “para avanzar en el respeto al estado de derecho que debe primar en el proceso electoral”, desvincular la elección del senador y los diputados y efectivas  garantías para la participación electoral y política de las mujeres. Reformas fundamentales            

            Las recomendaciones de la misión de la OEA hace tiempo que aparecen en los múltiples consensos alcanzados por los partidos y organizaciones sociales, a partir de los promovidos en 1993-94 por la Fundación Siglo 21, luego por el Diálogo Nacional, la Comisión para Reforma del Estado y en el Consejo Nacional de Reforma del Estado y otros que consigna una cronología de la Iniciativa por la institucionalidad Democrática.

            Diversos proyectos de ley de partidos han sido introducidos al Congreso en unas ocho legislaturas, uno de ellos elaborado por una misión técnica de la OEA, que también consensuó otro para adaptar el régimen electoral a la Constitución del 2010, ambos  sometidos a las cámaras legislativas por la JCE en tres ocasiones. Pero ha faltado voluntad política para adecuar la legislación electoral a los avances de la democracia contemporánea. Estudios internacionales indican que la República Dominicana  Haití y Honduras son los más atrasados en regulaciones para garantizar elecciones democráticas.

            Dirigentes del PLD, como el expresidente Leonel Fernández, privilegian la ley de partidos, centrando las diferencias que han impedido su aprobación en si las elecciones primarias serían por voto universal abierto o de los miembros, si simultáneas en  todos los partidos, o si por convenciones. Cualquiera de esas modalidades podría ser válida si se adoptan garantías de que operen los principios democráticos.

            Las trabas reales son las regulaciones para transparentar el financiamiento privado, la equidad y rendición de cuentas sobre la contribución pública, los límites del gasto y la extensión de las campañas primarias y nacionales, la equidad en los medios de comunicación, el control de los abusos del Estado, del presidencialismo, el clientelismo, el rentismo y el transfuguismo, y las sanciones eficientes de los delitos electorales.

La nueva concertación

            Se debería esperar que el informe de la MOE/OEA tenga repercusión en el nuevo intento de concertación que modera monseñor Agripino Núñez Collado, por encargo del presidente Danilo Medina, que esta semana abrió las puertas a la participación de la sociedad civil interesada, la cual ha planteado la necesidad de un amplio pacto político, que implique no sólo las leyes de partido y del régimen electoral, sino también otra de responsabilidad fiscal. Y también la elección por consenso de profesionales sin militancia partidista para integrar los organismos electorales, las altas cortes y la Cámara de Cuentas.

            La oposición política, con una decena de partidos, mantiene posición coincidente con la de la sociedad civil, y específicamente el Partido Reformista Social Cristiano propuso una “ruta crítica” para la búsqueda de consenso sobre esas leyes y la elección de los integrantes de los organismos de control, incluyendo el perfil que deben tener. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática también entregó un perfil de competencias.

            Aunque el partido de gobierno, que al principio se oponía a la participación de la sociedad civil en el concertó, se abrió a escucharla, habrá que definir en qué dimensión. La demanda es de participar en los consensos, como ocurrió en cuestiones tan diversas y trascendentes, como la Constitución, la ley de seguridad social, la Estrategia Nacional de Desarrollo, o los pactos educativo, eléctrico y fiscal. Y en  las reformas políticas y electorales y elección de la Suprema Corte y de la JCE en los años noventa.-

Oportunidades de Danilo; lo que nunca se ha hecho

Por Juan Bolívar Díaz
10_07_2016 HOY_DOMINGO_100716_ El País12 A

Con el certificado que le autoriza gobernar hasta el 2020, el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho” y demostrar desde ya que no pretenderá seguir el nefasto curso histórico dominicano del continuismo aceptando, sin dejar dudas, el desafío a una concertación por la institucionalidad democrática.
El concierto social permitiría concluir el Pacto Eléctrico y materializar el Pacto Fiscal, lo que a su vez generaría mayores recursos para enfrentar las grandes demandas nacionales de sostenibilidad económico-social, mayor equidad en la distribución de la riqueza, combate a la corrupción, la delincuencia y la impunidad, con el imperio de la ley.

¿Será su último período? Cuando Danilo Medina recibió el jueves el certificado de elección, que sin duda ratificará el Congreso Nacional, la pregunta que muchos se formulaban es si será su último período constitucional y nunca más, como manda la Constitución que él impuso en el 2015 para poder reelegirse. Las apuestas en los círculos políticos andan como dos a uno, predominando los que creen que intentará seguir, fundados en el continuismo dominicano, por el que solo siete mandatarios han agotado dos tercios de la historia republicana.

No hay que remontarse al siglo 19, con analizar a Horacio Vásquez, Trujillo, Balaguer, Hipólito, Leonel y el mismo Danilo, se concluye que las palabras no bastan para generar confianza. Todos comienzan condenando el continuismo, pero trabajan para perpetuarse. El caso más trágico fue el de Horacio Vásquez, que creó las condiciones para la tiranía de Trujillo. El más atípico, el de Hipólito, que lo intentó en medio de una grave crisis financiera, después de decenas de juramentos de rechazo, para terminar en el único fracaso.

No solo las palabras, a veces ni los hechos son suficientes para contener el amor al poder sin límites. Leonel Fernández hizo aprobar en 2010 la Constitución del Estado democrático de derecho, que autorizaba la repostulación presidencial eternamente, con un período alterno, pero meses después, pese a haber tenido tres períodos de gobierno, se aferraba a una “interpretación constitucional” que, según discurseó, le permitía seguir, lo que no hizo por una férrea oposición nacional y en su propio partido.

Danilo Medina lo sucedió jurando que no se tragaría ni una vez “el tiburón podrido de la reelección”, reconociéndolo nefasto para la institucionalidad democrática, y terminó comprando medio Congreso para ingerírselo, justificándolo y sin eructar.

Reconocer la desconfianza. Lo primero que necesitan Medina y los suyos es asumir las graves insatisfacciones dejadas por el proceso que le permitió reelegirse con el 62 por ciento de los votos. Pudo haber sido menos aplastante en el abuso del poder y los recursos del Estado, conformarse con el 51 por ciento del sufragio y permitir mayor equilibrio en los demás poderes del Estado, pero él reclamó y buscó a cualquier precio “sus” senadores, diputados y alcaldes.

Hay quienes interpretan esa desmesura en la necesidad de crear condiciones para justificar la continuación del aplastamiento de su competencia interna, bajo la consigna ya reconocida por cercanos, de que “no vamos a permitir la vuelta de un Leonel vengativo”; segundo, para afianzar el dominio, que viene construyendo, de los demás poderes del Estado, y tercero, para erigirse en un nuevo mesías al que “no podemos desaprovechar”, argumento histórico que fundamentaría otra reforma constitucional. “Ya hicimos una, cuando no controlábamos el Congreso, y no tuvo ningún costo político”, argumentó certeramente un beneficiario.

Como en los dos primeros años del Gobierno, abundan los que creen en la palabra de Medina, pero son muchos más los que mantienen reservas y los que apuestan al intento continuista. Eso y el reconocimiento del colapso de la institucionalidad democrática en que concluyó el proceso electoral, es lo que fundamenta la generalizada demanda de un Pacto Político Social para reformas que en lo inmediato garanticen gobernabilidad y posibilidad de enfrentar los graves problemas nacionales, y que también eviten la desestabilización económica y social y graves confrontaciones en el próximo proceso electoral.

Conveniencia del pacto. Es obvio que para dejar atrás la política de desarticulación de los partidos de oposición y cooptación del liderazgo político-social mediante el reparto del Estado, y para cesar la impunidad y combatir la corrupción y delincuencia, así como para promover la independencia de los poderes del Estado, incluyendo los de control, ningún Gobierno necesita pacto alguno, pues bastaría con comenzar a hacer cumplir los principios constitucionales y las normativas.
Pero la coyuntura obligaría al Pacto Socio-Político por la necesidad de legitimar mayores contribuciones impositivas, que permitan adecuada inversión social, disminuir la delincuencia y crear seguridad, conteniendo el peligroso sendero de los déficits y el endeudamiento.

El problema es que los estrategas gubernamentales saben que cada vez es mayor la convicción de que el “Pacto Fiscal” tiene que con- llevar reestructuración del gasto y limitar la estructura de dominación en base al reparto y la corrupción sobre la que se ha sostenido el dominio total del régimen peledeísta.

Eso puede tener un costo de comodidad política, pero permitiría a Danilo Medina ocupar una buena curul en la historia nacional, y a su partido recuperar el crédito de sectores sociales muy insatisfechos, que reivindican los principios fundacionales del profesor Juan Bosch. Pero se requiere pasar del discurso a la concertación, o a los hechos concretos. No se inscribe en esa dirección la decisión de esta semana de llevar a una hermana del primer mandatario a la presidencia de la Cámara de Diputados, reduciendo la diversidad interna y ampliando garantías de control sobre los organismos que habrán de renovar los organismos estatales este año y en los sucesivos.

El pacto más prioritario. Tras el discurso del presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, el 29 de junio y el amplio respaldo que ha recibido de todo el sector empresarial y de instituciones sociales, ha crecido la convicción de que el primero de todos los pactos, fundamental para lograr los otros, es el de la sociedad civil, ya que los partidos políticos siempre buscan neutralizar y proseguir caminos que les han dado alta rentabilidad.

Para esta semana se convocan varios encuentros destinados a ampliar la concertación social, incluyendo un “Foro por un pacto nacional por la justicia y la seguridad”, convocado por una veintena de organizaciones sociales y empresariales que incluyen a algunas de las que en el pasado protagonizaron exitosas jornadas de presión como las de los años noventa para elegir una JCE y Suprema Corte de Justicia relativamente independientes, o la que luego forzó el cumplimiento de la ley que dispone la inversión del 4 por ciento del PIB en educación.

Que nadie se deje engañar, del nivel de compromiso de los sectores sociales, especialmente de los empresariales, dependerá que el Gobierno emprenda el camino de la concertación real para el rescate de la institucionalidad democrática y de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

La oposición no puede contra el PLD-Estado

Por Juan Bolívar Díaz

20_03_2016 HOY_DOMINGO_200316_ El País16 A

El desbordamiento de la publicidad política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Gobierno y su financiamiento de una red nacional de medios y comunicadores, es una de las explicaciones de las altas preferencias electorales que le arrojan las encuestas, en contraste con graves insatisfacciones en ellas mismas expresadas.

Todas las encuestas han dado a Danilo Medina en camino a reelegirse en primera vuelta, pero él y su grupo partidario quieren ratificar el control total de los tres poderes del Estado. Por eso no se conforman con menos del 60 por ciento del voto, para liquidar definitivamente a Leonel Fernández y prolongar el nuevo liderazgo mesiánico.

Felices con la Gallup-HOY. Esta vez cuatro ministros del Gobierno no salieron en rueda de prensa para impugnar los resultados de la encuesta Gallup-HOY, y pedir explicaciones, como hicieron con la anterior, publicada en la primera semana de febrero.

El 51.8 a 35.7 por ciento, diferencia de 16 puntos, de Danilo Medina-Luis Abinader que marcó aquella no era suficiente. Querían a su candidato sobre el 60 por ciento, y lo consiguieron con tres décimos adicionales, frente a un opositor que retrocedía 5 puntos.

La única explicación visible es que esta encuesta se hizo en la misma semana en que Medina pronunció su triunfal discurso reeleccionista que pretendió ser de rendición de las cuentas gubernamentales del año pasado. Y disfrutó del enorme privilegio de monopolizar todas las frecuencias de radio y televisión a nivel nacional y medios digitales de la Internet.

El nivel de propaganda que mantienen el PLD y su Gobierno, con tantas otras ventajas adicionales, ya no se explica solo en querer ratificar todo el control del Estado, sino en hacerlo de forma apabullante, para reducir más la oposición y aplastar definitivamente al expresidente Leonel Fernández, a quien le están diciendo que no lo necesitan en la campaña, y lograr así un predominio de largo plazo del presidente Medina.

Ya estrategas del danilismo dicen abiertamente que no correrán el riesgo de que un “Leonel vengativo”, pueda volver al poder, y que el único que garantizaría que no ocurra es Medina, y que ya saben modificar la Constitución sin costo político.

Monopolio de la publicidad. Que Abinader cayera en cinco puntos y Guillermo Moreno bajara del 4.3 al 3.5, y que Minou Tavárez apenas marque el 1.3 por ciento, con otros cinco candidatos sin registro, no debería sorprender a la luz del monitoreo a la publicidad política de febrero en prensa, radio y televisión, que acaba de publicar el movimiento Participación Ciudadana (PC), según el cual el PLD gastó el 79.3 por ciento del total, y con sus aliados el 81.5 por ciento, seguido del Partido Revolucionario Moderno y aliados con el 17.8 por ciento. Si es extrema la diferencia

entre los dos primeros, es terriblemente antidemocrático que los otros siete partidos con candidaturas presidenciales, apenas dispusieran del 0.7 por ciento de la publicidad. Con esas cifras no se puede hablar de competencia electoral.

Es relevante que del total de la publicidad de febrero en los medios masivos, ascendente a 453 millones 339 mil pesos, el PLD invirtiera 369 millones, equivalente al 86 por ciento de los 429 millones 356 mil pesos que recibirá del Presupuesto General del Estado para todo el año. Con razón se oponen a una legislación que transparente el origen del dinero que gastan los partidos, como ocurre en casi todo el mundo democrático.

Explica las inconsistencias. Esa inmensa maquinaria publicitaria y propagandística, capaz de convertir al exalcalde de Nueva York Rudolph Guilliani en un impostor y delincuente, porque lo contrató Abinader como asesor en seguridad ciudadana, y que reduce a “una pendejaita” la prisión en Brasil del asesor de la campaña electoral del presidente Medina, Joao Santana, y que oculta las revelaciones sobre soborno de millones de dólares en la compra de los aviones Tucano, podría ser una de las explicaciones de las inconsistencias que siguen arrojando las encuestas.

Por ejemplo, la misma Gallup-HOY que otorga un 60 por ciento de preferencias electorales a la reelección, establece que el 61 por ciento de los propios encuestados cree que su situación económica es mala o muy mala, con solo 16 por ciento que la percibe buena o muy buena.

Hay todavía mayores inconsistencias: el 81 por ciento cree que la nación precisa de un cambio político en los próximos años, para el 35 por ciento de ellos muy grande o revolucionario. El 85 por ciento cree que la corrupción es un problema nacional grave o muy grave, y el 75 por ciento señala la delincuencia e inseguridad ciudadana como principal problema nacional, seguido del costo de la vida, escasez de fuentes de trabajo, apagones y corrupción.

Si el poder de la propagada es reconocido universalmente, nadie debería sorprenderse del nivel de aprobación de un presidente con ese nivel de inversión publicitaria y que enuncia logros y manipula cifras durante hora y media monopolizando todo el sistema nacional de radio y televisión.

Es contra todo el Estado. Tal como proclamó Danilo Medina cuando lo derrotó Leonel Fernández en las primarias para la candidatura presidencial del 2008, es todo el Estado que está venciendo.

Todavía en la campaña del 2012 que lo llevó al poder, al proclamar “sus convicciones democráticas”, Medina sostuvo que la institucionalidad nacional necesitaría 20 años para soportar un proceso reeleccionista, “porque los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios”.

La abultada nómina pública y las nominillas suman más de 700 mil personas, y más de 2 millones 200 mil tienen tarjetas para acceder a subsidios que solo mitigan la pobreza, constituyéndose en una inmensa base clientelar. Cada senador, además de los barrilitos, suspendidos por dos meses, tiene veinte empleados a su servicio, una inmensa ventaja frente a sus retadores de la oposición.

Pero además, las candidaturas del PLD cuentan con el beneficio de los órganos judiciales: El Tribunal Superior Electoral llegó al extremo de tratar de imponerle un candidato a la alcaldía capitalina al principal partido opositor, y la Procuraduría General inició acciones judiciales contra su candidato a senador por San Cristóbal el mismo día en que fue inscrito, desenterrando una investigación del 2013 sobre acusaciones de manejo irregular de fondos en la Federación de Fútbol.

Es contra todo el Estado que lucha lo que el PLD dejó de oposición, después de tragarse golosamente a gran parte del Partido Reformista Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano. Y se los tragó con los recursos públicos, los mismos con los que ha comprado todo lo que ha podido mercantilizar de la sociedad dominicana.

Grave deterioro democrático en los pactos y candidaturas

Por Juan Bolívar Díaz
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El proceso de alianzas y elección de candidaturas para las elecciones generales de mayo ha dejado al descubierto el deterioro de los mecanismos y la institucionalidad democrática de los partidos predominantes, con un balance de tres muertos y varios heridos en un festival de arrebatos y de enorme inversión económica hasta por las regidurías.

La negativa de los partidos dominantes a actualizar la legislación electoral y las normativas para garantizar mecanismos democráticos ha generado un mercado donde las ambiciones y el poder del dinero han ridiculizado los organismos internos, por lo que se espera una lluvia de impugnaciones al cierre del registro de candidaturas el miércoles 16.

La tragedia del viernes. El asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Mateo Aquino Febrillet, candidato a senador de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ocurrida el viernes tras mediar en una confrontación entre dos aspirantes a diputados, es una trágica muestra del retroceso de los mecanismos democráticos y del pandillerismo político que se ha impuesto en los partidos.

Por las circunstancias que rodean el caso, por la personalidad de la víctima, un académico apacible que apenas subía la voz, y por el involucramiento del principal dirigente de la poderosa Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), el acontecimiento tiene gran relevancia y sacude el partidarismo político. Es significativo que involucra a dos aliados electorales del PRM que se disputaban, para seguidores suyos, una candidatura a regidor por el municipio de Cambita, según ha trascendido.

Aquino Febrillet es la tercera persona que muere en las luchas por las candidaturas, ya que a mediados de diciembre dos militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron muertos en Santiago y Barahona por compañeros de partido durante una jornada de votación para candidatos a regidores y directores municipales, y de algunos para diputados y alcaldías.

Esa violencia retrotrae las luchas políticas a décadas, con el agravante de que ahora ocurre entre los propios compañeros de partido y aliados desaforados por la falta de mecanismos internos para arbitrar las ambiciones, por la debilidad de las normativas, la parcialidad de los órganos judiciales y electorales, así como por la impunidad que rige los delitos electorales.

Lloverán impugnaciones. Los partidos llegan al límite, el miércoles 16 para inscribir a más de 4 mil 100 candidatos para presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, alcaldes y regidores municipales y directores de distritos municipales. Los mayoritarios con múltiples disensiones internas y los alternativos sin haber podido completar sus listas por falta de recursos y escasa militancia.

Las comisiones electorales del PRM y el PLD fueron sobrepasadas por las ambiciones desaforadas de los precandidatos, y tanto la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, como el exsecretario general del PLD Lidio Cadet, que las presidían, terminaron casi declarándose impotentes para resolver muchos conflictos. Las mercantiles negociaciones de alianzas agravó la situación, relegando los mecanismos democráticos de elección en el mejor de los casos a encuestas, lo que pone en jaque las estructuras orgánicas de los partidos. En múltiples casos las decisiones finales han ido a parar a las comisiones políticas y hasta a los mismos candidatos presidenciales.

En privado, el candidato presidencial del PRM Luis Abinader ha deplorado una situación que le causa agobio y le distrae la atención de su campaña por la presidencia de la República. Los conflictos por candidaturas se han concentrado en los mayores municipios, como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte, Santiago, San Cristóbal y La Vega y en algunos casos han generado instancias judiciales. La comisión electoral del PLD habría recibido cientos de impugnaciones, muchas de las cuales no pudo dilucidar, remitiendo las decisiones al Comité Político. En ambos partidos se teme una lluvia de impugnaciones tras el registro de candidaturas. En el PRM puede ser peor, porque no cuenta con los recursos del poder estatal para dar “compensaciones a los perdedores”.

Degeneración desde 2010. El proceso degenerativo de la democracia interna en los partidos se inició en las anteriores elecciones congresuales y municipales, en el 2010, incentivado porque la reforma constitucional de ese año le extendió el período de cuatro a seis años. En los comicios del 2002 y 2006 casi todas las candidaturas legislativas y municipales fueron escogidas por elección primaria observadas por Participación Ciudadana.

Para el 2010, ya instaurados los “barrilitos y cofrecitos” que fortalecen el clientelismo político, fueron repostulados y reelectos casi todos, el 84 por ciento de los senadores (27 de los 32), el 74 por ciento de los diputados (131 de 178) y el 58 por ciento de los alcaldes (90 de 155. Trece partidos se aliaron al PLD y 7 con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Otros cuatro partidos llevaron candidaturas. En el PRD y el PLD hubo convenciones para elegir, pero una gran proporción fueron señalados de dedo por las cúpulas dirigenciales. En el tercer partido, el Reformista Social Cristiano, todos los candidatos fueron fruto de “acuerdos de aposento”.

La quiebra de la democracia interna de los partidos incrementó el transfuguismo, creó una casta de candidatos y multiplicó las impugnaciones. Al cierre de las inscripciones de candidaturas se produjeron decenas de recursos ante la entonces Cámara Contenciosa de la JCE, que no daba abasto. Conoció 24 recursos de amparo antes del cierre y más de 50 posteriormente. El PRD terminó postulando a 13 peledeístas y reformistas para diputados y a dos para senadores. El PLD postuló a 3 perredeístas, incluyendo a figuras relevantes como Rafael Calderón que ganaría por Azua, mientras el PRD se quedaba con la alcaldía de Santiago con el peledeísta Gilberto Serulle.

Ahora repostulación total. Para las próximas elecciones se impuso la repostulación total en casi todos los casos al margen de los procedimientos democráticos. Todo comenzó en mayo pasado con la perversión del Congreso Nacional, cuando más de la mitad de los legisladores del PLD y los bloques completos del PRD y el PRSC fueron “persuadidos” para votar una reforma constitucional que permitiera la repostulación del presidente Danilo Medina.

Entre otras compensaciones se acordó la “reelección total” de senadores y diputados y se produjo la insólita alianza que llevó al partido más votado en las presidenciales del 2012, el PRD, a la cola del de gobierno, sin que se haya precisado a cambio de qué, ya que no tienen ni un senador y el voto preferencial no permite garantizar curules de diputados a los aliados. Para colmo, en los grandes municipios controlados por el PRD, como Santo Domingo Norte y Santiago, no hay repostulación. En principio se incluyó al PRSC en un triple e histórico pacto, pero cuando no les dieron suficientes cargos, se aliaron al PRM y ahora van contra la reelección presidencial que facilitaron.

En el PLD miles de dirigentes y militantes que durante años invirtieron millones de pesos promoviéndose para senadores, diputados y alcaldes se vieron frustrados, lo que ha generado crisis en provincias y municipios, agravada por la exacerbación de la lucha entre los seguidores del presidente Medina y el expresidente Leonel Fernández, que debilita las estructuras partidarias. A muchos de ellos ha habido que compensarles devolviéndole lo invertido, en efectivo y a través de compras y contrataciones gubernamentales.

El Gobierno buscaría desviar la atención del escándalo Joao Santana-Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
06_03_2016 HOY_DOMINGO_060316_ El País13 A

La agresión policial a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la acusación del ministro de Interior y Policía al candidato presidencial Luis Abinader de que patrocina intranquilidad carecen de sustento y buscarían desviar la atención nacional del escándalo de corrupción que envuelve a Joao Santana, el principal asesor de campaña del presidente Danilo Medina.

Lo que ha tenido características de montaje ocurrió mientras el partido de Abinader demandaba esclarecer los vínculos de Santana con el Estado dominicano y en Brasil se dictaba prisión preventiva contra el mercadólogo mientras la persecución de la corrupción incluía el allanamiento de la vivienda y la detención del expresidente Lula da Silva.

El montaje en la UASD. Desde las 6:30 de la mañana del miércoles 2 empezó a tenderse un cerco policial sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que según el profesor de filosofía y miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Tomás Olivero, quien reside en la vecindad, implicó más de una veintena de vehículos policiales y más de 200 agentes, que no impidieron el ingreso de profesores, empleados y estudiantes.

Para las 10:00 de la mañana estaba anunciada una caravana vehicular hacia el Palacio Nacional para entregar un documento al presidente Medina reclamando recursos para paliar el grave déficit financiero de la institución. Lo había acordado el Consejo Universitario y el rector Iván Grullón llegó para presidir la manifestación. Estaba en el Aula Magna hablando ante una asamblea de la asociación de empleados cuando estallaron allí tres bombas lacrimógenas, una en la primera planta y dos lanzadas desde los balcones.

Serían las 11:00 cuando el Rector y los empleados salieron y se unieron al profesorado y estudiantado que ya esperaban para iniciar la caravana hacia la Casa de Gobierno. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores, Santiago Guillermo, relató que junto a los decanos de Economía y de Ciencias Jurídicas se adelantó a conversar con el coronel que comandaba las tropas policiales en una salida hacia la José Contreras, pero este los detuvo a distancia y sin mediar incidentes ordenó disparar una lluvia de perdigones y bombas lacrimógenas que dejarían unos siete heridos y disturbios en la zona.

No hubo desórdenes ni confrontación previa con las fuerzas policiales.

El rector Grullón diría el viernes en un comunicado que “se disponían a iniciar la caravana en un ambiente de alegría y franca camaradería”.

El ministro y el Jefe de PN. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el jefe de la PN, Nelson Peguero Paredes, asistían a las 10:00 a una misa en la Catedral por el 80 aniversario de la institución del orden, cuando recibieron una llamada telefónica y se ausentaron apresurados. A las 10:20 el vocero policial dijo a los asombrados reporteros que darían una rueda de prensa, la cual ocurrió antes de las 11:00, previa a la violencia en la UASD.

Como en la época de Balaguer, Fadul arrastró al jefe de la PN a un montaje político, responsabilizando al candidato presidencial opositor Luis Abinader y a sus asociados el diputado Juan Hubieres y Fidel Santana de patrocinar “de manera directa” actos de violencia “contra la Policía, la propiedad y contra la sociedad y la ciudadanía”.

Abundó en que “tratan de crear en el país un clima de intranquilidad que va a afectar directamente a la familia dominicana, sobre todo el orden, la tranquilidad y la protección de la ciudadanía”.

Adelantándose a lo que estaba por ocurrir, Fadul dijo tener informaciones fidedignas de los organismos de seguridad de que “ese hecho, que quiere producirse hoy, y que está siendo programado en la Universidad Autónoma, que quieren salir a las calles a producir este tipo de actos”. Con prudencia, el jefe policial se limitó a decir que la institución garantizaba el respeto al orden público.

Fadul no aportó el menor indicio que vinculara a Abinader con lo que ocurriría en la UASD, y estaba cargando contra una caravana que él mismo había autorizado, por petición del Rector Grullón, quien llegó al cargo siendo dirigente del PLD. Su asistente personal Carlos Tamayo es del comité Central del mismo, y el secretario general de la UASD, Héctor Luis Martínez, integra la Alianza Cultural que apoya la reelección presidencial.

Una denuncia en la Fiscalía. La misma mañana del miércoles, una batería de 7 abogados del PRM depositaba una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional para que se investigue a Joao Santana sobre posible lavado de activos y sobornos y sobre sus vínculos con el Estado dominicano y el origen de los pagos por su asesoría política al presidente Medina.

Pidieron que la Fiscalía procure información con la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia y la Dirección de Análisis Estratégico de la misma para establecer si Santana y su empresa Polis Caribe SRL mantienen algún vínculo contractual con el Estado dominicano, y en caso de ser así el concepto por el cual se le ha pagado, y si guardaron las previsiones legales de contratación.

La denuncia se refiere a los informes de las autoridades judiciales brasileñas que vinculan a Santana y sus empresas con transferencias de la constructora Odebrecht, beneficiaria en el país de más de una docena de contratos de obras por varios miles de millones de dólares, incluyendo las plantas de carbón que se construyen en Punta Catalina, Baní. Citan 9 transferencias por 4.5 millones de dólares de Odebrecht a nombre de Santana y su esposa, que “fueron depositados en cuentas de la República Dominicana”.

La instancia del PRM señala que las relaciones de Santana no serían solo con el PLD, sino también con el Gobierno dominicano, “dado que el mismo cuenta con un registro de Proveedor del Estado No. 29659 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas”.

Ya antes habían denunciado que la Polis Caribe recibió el 16 de diciembre de 2014 un pago de RD$16 millones 720,754.97 con cargo a la cuenta gubernamental 22101 por el concepto de “saldo de pago de servicios de realización y producción de comerciales publicitarios para el Gobierno de República Dominicana”.

RD en la prensa de Brasil. La asesoría de Santana a las campañas electorales del presidente Medina siguió esta semana en los medios de comunicación de Brasil. Los periódicos Folha de Sao Paulo, O Globo, con ediciones en varios estados, y Estadao han enviado reporteros a investigar sobre las plantas de carbón que el Gobierno dominicano asignó a la Odebrecht en Punta Catalina, Baní.

La periodista Claudia Trevisan, enviada a Santo Domingo por el periódico Estadao, en un reportaje titulado “Odebrecht y Santana, Todos a ver El Caribe” relata las relaciones de Medina con el expresidente Lula y la presidenta Rouseff desde su primera visita a Brasil en el 2011 (en campaña electoral) y otra en julio del 2012, antes de iniciar su Gobierno, para vincularlas a contratos con la Odebrecht.

La situación se complicó el jueves cuando una jueza le dictó prisión preventiva a Santana y su esposa “por sospechas de que recibieron dinero de compañías salpicadas por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras”, según la agencia española EFE, que consigna que ambos fueron “responsables de las campañas electorales de los presidentes de Brasil, Dilma Rouseff, y la República Dominicana, Danilo Medina”.

Solo una real reforma política generará competencia electoral

   Por Juan Bolívar Díaz

21_02_2016 HOY_DOMINGO_210216_ El País13 A

El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.

Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y solo saldrá de un sacudimiento social y político.

Desigualdad a la vista. La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por ciento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23 recibirán los 322 millones del 20 por ciento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.

Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.

En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.

De barrilitos y cofrecitos. Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se autoasignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.

El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.

El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y Semana Santa.

Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.

Los mayores anunciantes. Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el Gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el Gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3,677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.

El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorizan la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeístas. Ese gasto público no es solo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.

Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero solo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el Gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.

Reforma política integral. Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.

El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la Ley de Partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 1987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el Gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.

Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por ciento del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.

Casi $11 mil millones para un sistema político corrompido

Por Juan Bolívar Díaz
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La inequidad del sistema electoral dominicano quedó de manifiesto esta semana con el reparto muy desigual de otros $1,600 millones de pesos de los contribuyentes dominicanos para unos partidos que han desertado de los mecanismos democráticos y persisten en subordinar la Constitución y las leyes a su conveniencia coyuntural.

Presidentes de las altas cortes cazando fantasmas y evadiendo afrontar el colapso de las instituciones judiciales, que aplazan la aplicación de un mandato constitucional, otro reparto impúdico, ahora en la Liga Municipal, una nueva quemazón del país en transparencia y corrupción preocupan a una sociedad que reclama prioridades.

$10,941 millones en 18 años.

Con la entrega de $1,610,086,923 anunciada esta semana por la Junta Central Electoral (JCE), asciende a $10,941,913,714 el financiamiento que han recibido de los contribuyentes, en forma desproporcionada, básicamente los tres partidos políticos que han dominado el escenario de los últimos 18 años. El miembro de la JCE José Ángel Aquino lo había cuantificado en $9,331,826,791 desde que la ley Electoral 275-97 lo instituyera.

En reciente seminario INTEC-Participación Ciudadana, Aquino proclamó el fracaso de esa inversión pública porque “no se logró una mayor equidad en la competencia electoral, ni se evitó la influencia excesiva de grupos económicos ni del crimen organizado”. Que benefició “a un número limitado de partidos y candidatos contrariando un principio fundamental público, que es lograr un proceso electoral más equitativo y justo”.

Entre las reformas que se han venido demandando a la Ley Electoral está la de conciliar el financiamiento a los partidos con los mandatos de los artículos 211-212 de la Constitución del 2010 que responsabilizan a la JCE de garantizar “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, indicando que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad”, además señalan una transparencia y rendición de cuentas que nunca han mostrado la generalidad de los partidos.

Tremenda desigualdad.

Los tres “partidos mayoritarios” que dominan el Congreso han evadido adecuar la Ley Electoral, entre otras razones para mantener el monopolio del financiamiento público que ellos instituyeron, atribuyéndose de entrada el 80% para los que obtengan más del 5% de los votos, ésta proporción en partes iguales lo que privilegia al PRSC que en el 2012 sólo obtuvo 5.87% y que recibirá lo mismo que el PLD a quien se le computó el 37.73% y que el PRD, el cual consiguió el 42.13% de los votos.

Pero la inequidad es tremenda cuando se ve el detalle del reparto, en el que los tres tradicionales recibirán $1,288,969,538, dejando apenas $322,917,384 a los restantes 23 partidos más los 8 movimientos provinciales y municipales reconocidos. Los tres recibirán cada uno $429,356,512, aunque dos de ellos, el PRSC y el PRD han devenido en minoritarios, ya que todas las encuestas sitúan sus preferencias en menos del 5%, mientras el PRM, resultado de la división de uno de ellos, y que aparece como segunda fuerza electoral, apenas recibirá $12,563,600. Alianza País, que en algunas encuestas es tercero en preferencias, sólo obtendrá $8,372,805. Un diseño perfecto para mantener un monopolio.

Burlan Constitución y leyes.

Después de la proclama de repostulación total, los partidos dominantes siguen avasallando el ordenamiento constitucional y legal, atendiendo al reparto del Estado y la conveniencia política. Esta semana el PLD logró que el Tribunal Superior Administrativo suspendiera la ejecución del mandato del artículo 81 de la Constitución que dispone la distribución de los 178 diputados en proporción a la población provincial. La JCE sólo reubicó 8 diputados el 5 de julio pasado, igual para todos los partidos, pero afectaba al reparto oficialista de las candidaturas.

Lo grave es que el TSA tomara casi cuatro meses para dictar una medida cautelar cuya ponderación era cuestión de días, y que se plegó al advertir que no tendrá tiempo para conocer el fondo antes de las elecciones.
El otro atropello fue a la Ley 176-07 sobre los Municipios y el DN que dispone la elección por cuatro años del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. La disputa entre aliados del PLD por ese pastel estatal que no cumple ninguna función alcanzó tales dimensiones que se resolvió limitando a un año la reelección del reformista Johnny Jones, dejando a los demás con la ilusión de que se sacarán el premio en un año.

Entre tanto, titulares del Tribunal Superior Electoral daban otro paso inconcebible, tras su reciente sentencia que reconoce a Fello Suberví como candidato a alcalde sin haberse cumplido el mandato del artículo 68 de la Ley Electoral que pone esa responsabilidad en una asamblea electora que aún no se ha producido.

Llegaron al extremo de adelantar que podrían imponer al PRM un pago por cada día que pase sin reconocer esa decisión, para lo cual tendría que producirse una nueva instancia del interesado. No se concebía que los jueces adelantaran juicio. Eso los descalifica. Y todavía una de sus integrantes, la doctora Mabel Feliz, alega que hay una campaña para desacreditarlos como si no se conociera la militancia política de cuatro de sus cinco miembros.

Desguañangue institucional. Esta semana cinco destacados juristas, incluyendo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, diagnosticaron con abundantes indicadores el colapso del sistema judicial y proclamaron la urgente necesidad de despolitizar las cortes, cuyos gestores se dedican a cazar fantasmas y quieren reducir al enjuiciamiento de dos jueces, la denuncia de una amplia red que traficaba sentencias en los altos niveles del Poder Judicial hasta para casos graves de narcotráfico y sicariato para asesinatos.

Una jueza declaró complejo el caso del regidor de Pedro Brand que junto a un sargento policial y un exmayor integraba una banda de sicarios a los que se procesa por tres asesinatos. Fue el caso que llevó a la justicia a la jueza Awilda Reyes, tras recibir y devolver un soborno de 350 mil pesos. Resuena el grito de “viva la patria” que soltó el regidor Ericson de los Santos en el tribunal. Un acusado que ha tenido pública solidaridad de dirigentes políticos, legisladores y alcaldes.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselotte Marte, volvía a denunciar que más de 1,200 funcionarios siguen sin cumplir impunemente la ley sobre declaración jurada de bienes. Mientras los presidentes de la JCE y del Tribunal Constitucional denunciaban supuestas tramas contra la patria y la memoria de su fundador.

Con el país recibiendo una nueva quemazón en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con calificación de 30 sobre 100, en la posición 103 de 167 naciones evaluadas, dirigentes de una veintena de organizaciones sociales fueron a la Cámara de Diputados a presentar una agenda de prioridades para este año, incluyendo los proyectos de código penal, del régimen electoral y de ley de partidos y muchos otros de los que la partidocracia corrompida está divorciada.-

2015: retrocesos institucionales con estabilidad macroeconómica

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2015 quedó marcado por la imposición de un nuevo proyecto presidencial reeleccionista que atropelló al Congreso, subordinó la justicia y determinó un grave retroceso en la democracia e integridad de los partidos, con el país hastiado por la corrupción, la impunidad y la descomposición social.

El Gobierno logra otro año de alto crecimiento económico con estabilidad de precios y baja inflación, ayudado por una impactante caída del costo del petróleo, y por fuerte incremento del turismo y las remesas, pero nueva vez con un alto déficit fiscal y su consiguiente endeudamiento que hace temer insostenibilidad.

Llegó el rayo Quirino. Desde que alboreó el 2015 el objetivo fundamental del grupo político del presidente Medina era abrir las compuertas para la prolongación en el poder, contradiciendo los planteamientos del propio mandatario sobre lo devastadora que ha sido la reelección presidencial en la historia de un país cuyas instituciones nunca han fraguado plenamente.

El obstáculo principal era la ambición de retornar al poder del expresidente Leonel Fernández, con un liderazgo fuerte no sólo en su partido, sino también en el país y en ámbitos internacionales. Había que frenar a cualquier costo al “León” apoyado por más de la mitad de los legisladores. Parecía casi imposible, a no ser que un rayo cayera sobre él y lo partiera políticamente, como se pudo leer en el Tema de Hoy del 11 de enero: JBD, “Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”.

El rayo fue Quirino Ernesto Castillo, recién salido de 10 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, quien al comenzar febrero empezó a pregonar desde Nueva York que había financiado la campaña electoral de Leonel en el 2004 con cientos de millones de pesos y ofreció detalles y nombres de supuestos vinculados, mientras en el país cundió la percepción de que hablaba por cuenta de autoridades estadounidenses. Y desafiando a poderosos civiles y militares, se apersonó sorpresivamente al país el 28 de febrero para reclamar el dinero que decía haberle prestado a Leonel.

Otra vez venció el poder. Pocos dudan que sin el apoyo del poder gubernamental, Quirino no hubiese vuelto al país con esa pelea, y Leonel Fernández subestimó el caso bajo el alegato de no rebajarse a responderle a un convicto de narcotráfico que él había entregado a Estados Unidos, pero los relatos y detalles de Quirino por radio y televisión se impusieron al silencio de los periódicos y causó efectos devastadores sobre la imagen de Fernández, ya afectado por los sometimientos judiciales de sus muy cercanos: Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

En cuestión de semanas, el líder peledeísta, que desde los finales de su Gobierno en el 2012 venía acosado por grupos de la sociedad civil denunciantes de la corrupción, vio declinar su estrella, y aparecieron encuestas que dejaban al PLD en riesgo de perder las próximas elecciones si él volvía a postularse. Una de Penn /Shoen lo dio perdedor en segunda vuelta frente a un Luis Abinader que en abril dejaría atrás al expresidente Hipólito Mejía, con 70 a 29 por ciento en la elección primaria de su partido.

El pragmatismo y el amor al poder pudieron más que el liderazgo de Leonel y el 19 de abril, una semana antes del éxito de Abinader y su PRM, una gran mayoría del Comité Político del PLD, integrado por 35 miembros, tomó la decisión de disponer que sus legisladores modificaran la Constitución de la República para hacer posible la repostulación del presidente Medina.

La resolución puso al borde de la división al partido gobernante cuando la mayoría de sus legisladores en ambas cámaras resistieron públicamente la decisión, y sobre todo cuando el 25 de mayo Leonel dirigió por televisión un dramático discurso de confrontación, llamando a evitar otra dictadura. Cuarenta y ocho horas después había vencido el Estado, como dijo Danilo cuando lo aplastaron para imponer la repostulación de Leonel en el 2008.

Desata crisis institucional. Una vez más en la historia nacional, el afán constitucionalista corrompió a dirigentes políticos y doblegó al Congreso Nacional y al poder judicial, comenzando por el propio PLD, donde la cúpula dirigente se auto prolongó su mandato hasta el 2020 e impuso un pacto para salvar la unidad decretando una repostulación total no sólo del Presidente, sino también de los senadores, diputados y la mayoría de los alcaldes. Los estatutos del partido, la ley electoral y los principios Constitucionales quedaron relegados.

Para reformar la Constitución hubo que “conquistar” los bloques enteros de los diputados de los otros dos partidos que han dominado el sistema político en el último medio siglo, bajo alegados pactos políticos cuyos términos aún se desconocen, y tras seis meses de negociaciones, el Partido Reformista Social Cristiano, que dispuso posibilitar la repostulación de Medina, termina pactando con el PRM para enfrentarla en las urnas.

Lo del PRD fue patético. El partido de mayor vigencia en la historia nacional, con 76 años, que en la última cita electoral alcanzó 47 por ciento de la votación luchando contra todo el Estado, se subordinó a su principal contrincante para un indefinido “gobierno de unidad”, cuyo avance ha sido una embajada en Roma y la dirección del insignificante Instituto de Cooperativas.

El procurador general Francisco Domínguez Brito se negó a escuchar testimonios de un grupo de legisladores que voceaban nombres de funcionarios que convirtieron el Congreso en un mercado, y ya más tarde renunciaría a proseguir con el expediente que sustentaba el procesamiento del senador Félix Bautista, secretario de Organización del PLD, para honrar el pacto de repostulación total que éste había contribuido a armar, por encima de Leonel. La causa reeleccionista doblegaba no sólo a la mayoría de la Cámara Penal de la Suprema Corte, sino también al jefe del Ministerio Público.

Crecimiento con deuda. Como ha sido habitual en las últimas décadas, el país vuelve a tener un año de vigoroso crecimiento de su producto interno bruto, estimado por el Banco Central alrededor del 7 por ciento, muy por encima del regional, con relativa estabilidad de precios y cambiaria, así como reducción del déficit de la balanza de pagos por la impactante caída del precio del petróleo. La estabilidad económica es lo que salva al gobierno este año.

El crecimiento económico descansó en incremento del gasto público en construcciones, auge del turismo y las remesas en un período o que marcó dificultades en el comercio con Haití y un virtual estancamiento de las exportaciones.

Los analistas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, siguen reconociendo el crecimiento del PIB y estabilidad macroeconómica, aunque un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnostica un incremento de la desigualdad salarial, prevaleciendo la preocupación por los fuertes déficits fiscales y el galopante endeudamiento.

El balance del año de PC establece en 348 mil 761 millones de pesos (unos 7.7 mil millones de dólares) el financiamiento que precisó el Gobierno en los años 2014 y 15 para cubrir sus gastos y estima que para el 2016 necesitará otros 230 mil millones de pesos, que serían más de 5 mil millones de dólares a la tasa de cambio actual para concluir en que con un gasto tan excesivo se conduce el país aceleradamente hacia la insostenibilidad fiscal.