Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

Por Juan Bolívar Díaz

13_12_2015 HOY_DOMINGO_131215_ El País12 A

Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

TC: Otra ratificación del relajo institucional

Por Juan Bolívar Díaz

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La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anunciada esta semana que anula el Código Penal promulgado hace un año es una nueva certificación del relajo institucional que se ha impuesto en el país y que mantiene en capilla ardiente al sistema judicial, subordinado a los intereses coyunturales y las luchas grupales del poder político.

No han podido encontrar una brecha para salir del escándalo en que está sumida la justicia y el Ministerio Público, cuando se certifica que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo promulgaron el Código Penal sin la aprobación definitiva del Senado, violando flagrantemente la Constitución de la República, a pesar de oportunas advertencias.

Anulado el Código Penal. La mayoría de los medios y comentaristas se han quedado en la superficialidad ante el Comunicado del 2 de diciembre de que el TC acogió las acciones de inconstitucionalidad de tres entidades sociales contra la ley 550-14 de diciembre del 2014 que instituyó un nuevo Código Penal, discutido durante dos décadas y objeto de incontables sesiones y consensos dentro y fuera del Congreso Nacional.

La anulación del nuevo Código Penal y el restablecimiento del de 1884, no pudo ser por los cuatro artículos objetados, del 107 al 110, sobre casos de despenalización del aborto, que podían haber dejado sin efecto salvando los otros 391 de los 395 artículos de una de las piezas legislativas más complejas, que deroga 47 leyes, un decreto-ley, una orden ejecutiva y una resolución emitidas a lo largo de 130 años, entre el 1884 y el 2014.

El comunicado 61/15 del TC es muy parco en la información referente al Código Penal, dejando pendiente la publicación del texto de la sentencia, pero es obvio que se han acogido los argumentos de los recurrentes que también fundamentaban su pedido de nulidad por la forma en que fue aprobada la ley, sin la ratificación del Senado, tras unas observaciones presidenciales al proyecto original, solo conocidas por la Cámara de Diputados, y que instituciones, juristas y analistas, calificaron de absurdo inexplicable.

Al respecto búsquese el “Tema de Hoy” del 21 de diciembre del 2014, titulado “Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD”, cuyo resumen advertía: “El procedimiento para aprobar las observaciones presidenciales que establecen excepciones en la penalización del aborto y su promulgación sin conocerlas el Senado, exponen la legislación a una declaratoria de inconstitucionalidad”.

Insólita maroma ejecutiva. El 28 de noviembre del 2014 el presidente Danilo Medina observó la ley del Código Penal que había aprobado el Congreso penalizando por completo el aborto, y la devolvió a la Cámara de Diputados, acogiendo un clamor nacional acorde con la legislación de casi todos los países del mundo, para despenalizarlo en tres casos: cuando peligre la vida de la madre, por malformación del feto incompatible con la vida, y si hay violación o incesto.

Cadena de violaciones a los procedimientos: El presidente de la Cámara, Abel Martínez no somete a votación el texto del Ejecutivo, sino una reformulación propia, la que solo acoge la primera causal y remite las otras dos a una “futura legislación especial”. Violenta el reglamento interno, pasando por encima de la Comisión de Justicia que debía conocerlo, ignora otras propuestas y no permite debate. La aprueban por mayoría simple, cuando la ley original había sido sancionada como Orgánica, con dos tercios de los votos.

Lo más absurdo es que Martínez remite el proyecto al Poder Ejecutivo, proclamando que no necesita pasar por el Senado, a pesar de que contenía reformas a lo que esta cámara había aprobado originalmente, en clara violación de los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo lo integran dos cámaras y que a ambas corresponde “Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”.

Lo peor de todo es que pese a numerosas advertencias de legisladores, expertos constitucionalistas e instituciones, el Poder Ejecutivo se apresuró a promulgar la ley sin la aprobación senatorial, el 19 de diciembre. El viernes 4, HOY, (página 4-A) informa que el Consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que la anulación del código “era una situación que se podía esperar”, informando que disintió de la decisión de los diputados, pero que el presidente lo dejó al Tribunal Constitucional.

La lucha interna en el PLD. El presidente Medina tenía una solución institucional fácil ante el conflicto, que era remitir el proyecto al Senado para que este decidiera si tenía que refrendarlo o no. Con el control total de esa cámara legislativa el trámite era un “flay al cátcher”, cuestión de par de días. El Tema de HOY citado indicó que Abel Martínez “no reveló el origen de su proyecto ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana”.

Por lo que se supo, los seguidores del presidente del PLD, Leonel Fernández, entre los cuales resaltaba Martínez, maniobraron contra las observaciones de Danilo Medina para dejarlo como “auspiciador del aborto” ante los sectores eclesiásticos más retardatarios. Y transaron con estos para violar los procedimientos, garantizándoles de esa forma que su Tribunal Constitucional se encargaría liquidar la ley. Asesores políticos habrían recomendado al Presidente salirse del conflicto dejando correr la bola.

De esa forma, todo un Código Penal fruto de 20 años de discusiones y que actualizaría otro que data de 130 años, queda sin efecto, víctima de la lucha interna y las maniobras politiqueras en contubernio con poderes tradicionales que frenan la actualización de la sociedad dominicana. Por eso hay sectores que solo resaltan la anulación de los cuatro artículos que racionalizan y humanizan la penalización del aborto. Será bien difícil que la ley sea conocida antes de las elecciones, pues reeditaría la polémica sobre el aborto.

Temen salida política. La lucha de poderes en el PLD se advierte también en la crisis judicial, que envuelve a figuras como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y el exprocurador General Radhamés Jiménez, vinculados al doctor Leonel Fernández, a quienes casi se les ha responsabilizado de las operaciones de la banda denunciada por Francisco Domínguez Brito, también dirigente del partido oficial.

Las diligencias para ventilar el escándalo se centraban esta semana en la jueza Awilda Reyes, por las escandalosas sentencias relacionadas con el narcotraficante Arturo del Tiempo, con la quiebra del Banco Peravia, y la libertad del regidor Ericcson de los Santos, acusado de crímenes mediante sicariato. Los dos últimos vinculados al presidente del PRD, que pactó para apoyar la reelección del presidente Medina.

Se allanó la residencia de la jueza Reyes, pero el viernes se desmintió que se hubiese hecho lo mismo con la del renunciante juez Francisco Arias Valera, aunque este fue señalado como cabecilla de la banda judicial en su calidad de miembro del Consejo del Poder Judicial y ella denuncia como quien “le transmitía órdenes superiores”. No faltan quienes expresan temor de que todo quede en otra reducción del poder del expresidente Fernández, ahora en los partidarizados órganos judiciales, en beneficio del nuevo líder peledeísta Danilo Medina. Se confía que el bullicio navideño relegue la crisis al olvido.

La JCE está en el deber de garantizar la equidad

Por Juan Bolívar Díaz
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La propuesta del miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares de adelantar la proclama del período electoral tiene fundamento legal y precedentes tan recientes como el 2008, justo cuando ese organismo presentó un reglamento para regular las campañas electorales y tras su rechazo por la generalidad de los partidos.

El objetivo es abrir un espacio para que el organismo arbitral pueda cautelar la equidad en una campaña electoral, hace tiempo iniciada, en base a las facultades que le otorgan la Constitución y varias leyes, pero no sorprende el apresurado rechazo de un sistema político negado a renovar la Ley Electoral y a aprobar una Ley de Partidos.

Pueden emitir la proclama. Eddy Olivares Ortega tiene legítimo derecho a proponer un adelanto de la proclama que da inicio a la campaña electoral, sobre todo si está animado por el principio de equidad en la competencia electoral. Hasta delegados políticos ante el organismo electoral, dirigentes políticos que deberían conocer la ley electoral, lo mismo que articulistas erraron en sus argumentos de rechazo. La ley no instituye una campaña electoral de sólo 90 días.

El artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 establece que toda elección será precedida de una proclama de la JCE que “deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. Eso implica que como las próximas elecciones son el 15 de mayo, la proclama tiene como límite el 15 de febrero.

Pero en buen castellano la frase “a más tardar” significa que puede hacerse antes, como en efecto ocurrió en tres de las últimas cuatro elecciones nacionales, en 2008, 2006 y 2004, cuando se produjo en enero, dos veces bajo presidencia de Luis Arias y una tercera vez por el doctor Julio César Castaños Guzmán. Este la dejó abierta el 16 de enero del 2008, cuando faltaban cuatro meses para las elecciones presidenciales. En las dos elecciones anteriores el período de campaña fue abierto el 26 y el 20 de enero.

Es significativo que en el 2008 se adelantara a cuatro meses antes de los comicios, porque ocurrió después que los partidos dominantes rechazaron dos proyectos de la JCE para reglamentar las campañas electorales y establecer límites a la propaganda. La apertura de la campaña electoral fue adoptada a unanimidad y contó con los votos de cuatro de los cinco que ahora integran la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino, César Féliz y Eddy Olivares.

Lo que plantea Olivares. El licenciado Olivares fundamentó su planteamiento en que el 20 de octubre pasado por mayoría simple de tres a dos el Pleno de la JCE evadió tomar medidas ante vídeos que mostraban repartos de “facilidades” a militantes del partido de gobierno para la compra de vehículos, fundamentándose en que “la facultad de la JCE de tomar medidas cautelares está limitada al período electoral”.

En esa ocasión la propuesta aprobada indicaba que “independientemente de la profusión de publicidad, propaganda y activismo proselitista de los partidos no se ha iniciado el período electoral ni mucho menos la campaña electoral”. Es decir, que a pesar de reconocer que los partidos estaba en plena campaña, el pleno planteaba que hasta no producirse la proclama de inicio, no se podían adoptar medidas cautelares ni sanciones.

En consecuencia lógica Olivares ha pedido adelantar la proclama, dado que “muchos de los candidatos son escogidos en base al uso de los recursos del Estado y los ayuntamientos, y que la ausencia de fiscalización por parte de nuestro órgano, contribuye con la contaminación del proceso, en perjuicio de su libertad, de su transparencia, su equidad y su integridad”.

Plantea que como el pleno de la JCE reconoció que tiene facultades regulatoria en los periodos de campaña, deberá prohibir todo uso de recursos públicos en la campaña electoral, que los funcionarios se abstengan de utilizar transporte, combustibles y dietas estatales en las actividades proselitistas, que no puedan pagar propaganda, ni promover candidaturas en los actos oficiales, y que los candidatos no puedan participar en inauguraciones oficiales.

También congelar la nómina de los programas sociales de órganos estatales, control y equidad en los medios de comunicación en manos del Estado.

Oposición sin fundamento. El licenciado Olivares fue valiente al formular su propuesta conociendo la resistencia de los partidos que usufructúan el poder a las regulaciones de las campañas. Pero podía haber esperando argumentos en contra más sostenibles. Lo primero que se adujo es que la proclama sólo podía hacerse 90 días antes.

Otros alegan que la JCE no debe precipitar la campaña electoral, ignorando que hace tiempo que los partidos y sus candidatos realizan actividades de promoción, especialmente el presidente Danilo Medina y el licenciado Luis Abinader, quienes encabezan las encuestas.

Otro argumento banal es que proclamar la campaña en diciembre afectaría las celebraciones navideñas, como si se fuera a obligar a los partidos a realizar actividades y propaganda el día de navidad o del año nuevo. Y como si la no apertura implicara limitación.

Otros han argumentado que Olivares procura amarrar los brazos del presidente candidato, lo que implica el reconocimiento de que el mismo tiene unas ventajas que en el país llevan a elevados déficits fiscales en los años de elecciones.

Los mandatos legales. En su primer informe de observación electoral del proceso del 2016, emitido esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana sostiene que a falta de la nueva Ley del Régimen Electoral y de la Ley de Partidos, la JCE “tiene el deber moral de utilizar las facultades que le confiere el artículo 212 de la Constitución para “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, así como de “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

El mandato constitucional agrega que “En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Recuerdan también el artículo 146 que instituye sanción a todo el que derive fondos públicos en beneficio personal o de particulares o asociados.

El movimiento cívico cita también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral vigente que “establecen una serie de límites a los partidos y a los funcionarios en el uso y abuso de fondos y bienes públicos, sobre las contribuciones y financiamientos de candidatos y partidos, así como la obligación de rendir cuentas”.

 Recuerda que las violaciones son sancionadas en el artículo 174 de la misma ley y que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece normativas de transparencias y obligación de rendir cuentas a todas las entidades que, como los partidos políticos, reciben fondos del Estado. –

La oposición sigue desafiada a algún grado de concertación

Por Juan Bolívar Díaz

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A seis meses de las elecciones generales para muchos observadores sigue siendo imperativo algún grado de concertación en una oposición política dispersa y con pocos recursos, si en realidad quieren enfrentar la inmensa maquinaria electoral que se monta para empujar, con todos los poderes del Estado, la reelección del presidente Danilo Medina.

Ya los opositores han proclamado cuatro candidaturas presidenciales, pero todavía podrían alcanzar algún grado de concertación para garantizarse por lo menos una mejor representación congresual y municipal y apoyo en una eventual segunda vuelta a la que alcance mayor votación en la primera.

Cuatro candidatos opositores. A medio año ya de las elecciones presidenciales, la oposición política al Gobierno del presidente Danilo Medina aparece dividida con cuatro candidaturas presidenciales y las expectativas de unificación lanzadas hace año y medio cuando se propuso la “Convergencia por un Mejor País”, se van diluyendo.

El primero en ser postulado fue Luis Abinader, cuando en abril ganó la elección primaria del Partido Revolucionario Moderno (PRD). Ya antes lo había proclamado el Partido Humanista Dominicano y luego el Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio. En septiembre Alianza País proclamó al doctor Guillermo Moreno, y en octubre Alianza por la Democracia y el Partido Revolucionario Social Demócrata escogieron a Minou Tavárez Mirabal y a Hatuey de Camps, respectivamente.

Hasta ahora los demás candidatos a la presidencia son el presidente Medina, proclamado por su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), y desde fines de mayo trata de asegurarse también el apoyo del Reformista Social Cristiano (PRSC) en un regateo público que no acaba de concluir, por lo que Federico Antún fue proclamado candidato presidencial. Un séptimo aspirante es el discreto Juan Cohén, escogido por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana.

Si finalmente Medina logra ser candidato de los tres partidos tradicionales, tendrían el 80 por ciento del financiamiento estatal que para el 2016 ascendería a unos 1,700 millones de pesos. Con 15 pequeños partidos que se proyectan en el frente reeleccionista acapararían el 90 por ciento, unos 1,530 millones, dejando a la oposición RD$170 millones y la cara de Medina, aparecería 18 veces en una boleta que tendrá 26 cuadros de elección.

Una competencia desigual. La oposición se ha alentado en los últimos meses por la división que sigue afectando al partido de Gobierno y las dificultades para curar las heridas de la imposición casi total de candidatos y cerrar acuerdo con el PRSC, más los escándalos y agravamiento de problemas que le afectan. La percepción y algunas encuestas muestra declive, lógico en las actuales circunstancias, de las preferencias por Medina, pero las ventajas del usufructo del poder y el abuso que en el país le acompaña, le permitirán superar las adversidades.

Hasta los más optimistas de la oposición aceptan que será muy difícil desplazar la maquinaria de poder del PLD y aliados con su candidato presidente promoviéndose con todo el poder del Estado y monopolizando el financiamiento público. Más de seis meses después de ser candidato, Luis Abinader todavía no despliega campaña publicitaria y su proyección ha estado en sus propuestas y en un vigoroso equipo técnico-profesional.

Los cuatro partidos que lo postulan suman apenas 2.2 millones de pesos del financiamiento estatal de este año, que se duplicarían en el 2016. En cambio el PRD recibe 18 millones mensuales este año, y el doble desde enero, al igual que el PLD y el PRSC.

El financiamiento es mucho peor para las demás candidaturas de oposición. sustentadas cada una por un solo partido reconocido. Como su partido acaba de ser reconocido, será a partir de enero que Guillermo Moreno recibirá financiamiento público, y le tocaría por mes alrededor de 1.2 millones de pesos, lo mismo que Hatuey de Camps y Minou Tavárez, cuyos partidos han estado recibiendo este año 540 mil pesos mensuales.

Solo el PRM ha logrado hasta ahora una estructura nacional, en un esfuerzo de año y medio, porque se llevó la mayor parte en la división del PRD. Las otras tres opciones opositoras tendrán dificultades hasta para completar y registrar en marzo sus candidatos congresuales y municipales, y mucho más para colocar delegados en cada uno de los 15,986 colegios electorales.

Todos hablan de unidad. Un observador extranjero preguntaba por qué la oposición no logra unificarse, cuando todos hablan de la necesidad de hacerlo, para enfrentar el acorazado de poder que representa la candidatura reeleccionista. Desde antes de constituirse, el PRM ha promovido la “Convergencia por un Mejor País”, a la que ha concurrido un decena de grupos, incluyendo los cuatro partidos que sustentan a Abinader, pero no ha podido concertar con los otros tres que llevan candidatos.

Moreno y Tavárez Mirabal han coincidido en la conveniencia de la unidad, ambos enfatizando que tiene que darse sobre la base de un programa, no una simple repartición de cargos, pero aunque tienen un origen y posiciones políticas similares enla centroizquierda, no han logrado unificarse ni ellos mismos.

En agosto el PRM les invitó a considerar sus lineamientos básicos para un programa de gobierno, y no ha recibido respuesta.

Moreno insiste en una mesa de diálogo, más como discurso que como esfuerzo concreto, quedando en pequeños núcleos de izquierda que le apoyan.

Hatuey de Camps luce el más abierto a concertar y mantiene conversaciones con Abinader. En el 2012 apoyó su candidatura vicepresidencial con Hipólito Mejía para presidente, entonces por el PRD. Su fuerza política se ha estancado en la medida en que él ha concentrado esfuerzo en sobrevivir a las adversidades de salud. Esta vez tras ser proclamado candidato se definió diciendo que “no soy puente roto, soy facilitador de las unidad, por lo que mi candidatura no es un obstáculo a la misma”.

Para una segunda vuelta. La generalidad de los candidatos dejan abierta la posibilidad de concertar en una eventual segunda vuelta, pero aún manteniendo las candidaturas presidenciales, podrían comenzar a hacerlo ahora en los niveles congresual y municipal, donde se elige en una sola votación. Podrían así todos cosechar un mejor resultado y muchos electores les agradecerían darle una oportunidad de por lo menos garantizarle mayor equilibrio a la democracia dominicana.

En un escenario de bipolarización, los partidos alternativos tendrían graves dificultades para alcanzar representación congresual y ganar en municipios significativos.

La concertación desde ahora podría incluir la adopción de un programa mínimo que aborde los problemas fundamentales, progresista pero realista, de amplitud para convocar no solo a las clases medias, sino también a los sectores populares, para una coyuntura nacional donde domina el conservadurismo con franjas de frustración, indiferencia y desesperanza. Sobre base programática podría conllevar el compromiso de apoyar en segunda vuelta al candidato presidencial de oposición que quede en competencia.

Es obvio que son muchos los factores que dificultan la unidad de la oposición, que para la generalidad de los analistas y observadores y para muchos electores sigue siendo fundamental para afrontar las desventajas competitivas. La concertación, aún limitada, desataría ilusiones competitivas, aumentaría los aportes financieros a la oposición y generaría una nueva perspectiva electoral.

El gobierno atraviesa por su peor turbulencia

Por Juan Bolívar Díaz

DANILO EN BARAHONA

El camino de la reelección del presidente Danilo Medina luce empedrado de escollos, desde las persistentes confrontaciones internas, a las dificultades de concretar los pactos con los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), mientras el Revolucionario Moderno (PRM) aparece a la ofensiva.

Los episodios escandalosos y las protestas sociales y denuncias políticas permean la sociedad y se reflejan en todos los ámbitos, incluyendo los empresariales y religiosos, alarmados por la descomposición generada por la corrupción y la impunidad, sin que asomen soluciones a los grandes problemas nacionales.

Otra desafortunada semana

Esta semana, como en los últimos meses, los infortunios gubernamentales se multiplicaron tras una doble jornada en la que hasta el canciller apareció tratando de cazar los mosquitos después que cobraran un centenar de vidas en una epidemia de dengue por falta de políticas preventivas y deficiente cobertura.

El domingo dos altos oficiales policiales causaron escándalo cuando en actitud intimidatoria penetraron al local del Centro Bonó de los sacerdotes jesuitas para inspeccionar la asistencia a una asamblea de los grupos sociales que han puesto a la defensiva al gobierno reclamando sanción a la corrupción tras la dramática inmolación de un arquitecto que reveló un entramado mafioso de extorsión y corrupción. La respuesta fue la extensión de las protestas a varias ciudades del interior y a Nueva York.

Mientras “Poder Ciudadano” levantaba demandas judiciales contra los titulares del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional por desconocer un amparo del Tribunal Contencioso Administrativo a su derecho a la protesta pública, numerosos informes periodísticos daban cuenta de que unos 28 altos oficiales militares estaban bajo investigación y suspensión por tráfico de drogas y armas. Un general, un coronel y otros cuatro oficiales ya fueron cancelados mediante orden 52-2015, pero ninguno enjuiciado.

La prolongada reunión del embajador de Estados Unidos con el Procurador General de la República, el discurso del dirigente empresarial Franklin Báez Brugal denunciando la corrupción y el envilecimiento de la sociedad dominicana, el reclamo del presidente de la Sociedad de Diarios de que el presidente Medina responda los cuestionamientos de la prensa, un informe sobre deficiencias en la construcción de escuelas, otro revelando que el 69 por ciento de los maestros graduados no pasaron un examen de aptitud, y la renuncia al partido oficial del artista Manuel Jiménez completan el rosario de infortunios de la semana.

El grito Franklin Báez Brugal    

El discurso de Franklin Báez Brugal en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias no debió sorprender, pues repitió lo que hace tiempo sostiene en foros y en artículos de prensa, la descomposición social y política, la corrupción y la impunidad y la ineficiencia en enfrentar los graves problemas nacionales, como la pobreza y la desigualdad, la crisis de los servicios básicos, y las precariedades competitivas nacionales.

Lo novedoso fue que en el auditorio estaba el presidente Danilo Medina, quien hizo esfuerzo por disimular su disgusto ante las críticas, que no estaban dirigidas personalmente a él, pero le tocaban en su condición de líder político de un partido con 15 de los últimos 19 años en el poder, alto funcionario por muchos años y más de tres años de gobierno.

 Fue también significativa la decena de aplausos con los que la selecta concurrencia avaló las denuncias de la degradación del sistema político, la manipulación de la justicia y planteamientos como el de que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”, o los reclamos para materializar los pactos eléctrico y fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Báez Brugal ponderó el esfuerzo “de grandes dimensiones” del presidente Medina al colocar la educación como la más importante prioridad, reconoció que el país tiene una economía abierta y diversificada con alto crecimiento económico, y proclamó que “en términos materiales hemos progresado mucho”. Pero también que “moralmente nos hemos envilecido”, que “hemos perdido el respeto por la vida ajena y la capacidad de asombro,” abordando entonces la corrupción de los políticos, sin dejar de reconocer que hay empresarios que se enriquecen evadiendo impuestos y narcotraficantes que han hecho fortuna y se pasean en todos los ambientes”.

Qué reclama Estados Unidos

El principal titular del Listín Diario del jueves no pudo ser más expresivo: “Procurador despacha por tres horas con el Embajador de Estados Unidos”, la tercera visita de James Brewster a Francisco Domínguez Brito en un año, pero nunca tan prolongada, dando razón para que en medios de comunicación se preguntara de qué hablaron.

 Al día siguiente Domínguez Brito sostuvo una reunión con el presidente Medina y luego informó que habló con el diplomático sobre proyectos de apoyo y de asuntos ligados al crimen organizado, del que dijo “hay que ser duros”, proclamando que “el sistema no puede darse el lujo de vivir estas situaciones que indudablemente estimulan la impunidad”.

Tal pronunciamiento llevó a algunos a pensar que el Procurador recurrirá en casación ante el pleno de la Suprema Corte el dictamen de no ha lugar a su expediente de corrupción contra el senador y dirigente peledeista Félix Bautista por manejos irregulares de 26 mil millones de pesos, como le han pedido instituciones y juristas después que dijera que no lo hará porque no cree en la máxima instancia judicial.

Como en visitas anteriores el embajador Brewster había dado público apoyo al Procurador en su enfrentamiento con Bautista, muchos relacionaron la del miércoles con esa decisión. También con la información, no desmentida por nadie, de que Estados Unidos le suprimió la visa al senador oficialista, y que habrían hecho lo mismo con otras figuras. Otros temas habrían sido el involucramiento de altos oficiales y políticos en el narcotráfico y la fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico.

Cunde la preocupación

Articulistas y columnistas cercanos al régimen, y desde luego los críticos, recogen las preocupaciones por el derrotero en que va el gobierno y el proyecto reeleccionista del presidente Medina, y algunos llegan al extremo de verlos “bajo asedio” de la oposición y tratan de responsabilizar de ello al leonelismo y a sectores del propio grupo gobernante.

Se asegura que las diferencias entre los dos líderes peledeístas se han acentuado y que “ya se trata de un enfrentamiento personal”. Ha llamado la atención la ausencia del expresidente Leonel Fernández en las proclamaciones de candidatos que viene realizando Danilo Medina, mientras prosigue un fuerte rechazo a la repostulación total, del presidente, los legisladores y la mayoría de los alcaldes del PLD, aunque sin definirse si ocurrirá lo mismo con la vicepresidenta y esposa de Fernández, la doctora Margarita Cedeño.

La renuncia del canta-autor Manuel Jiménez a su militancia de 27 años en el PLD, en dirigida al fallecido fundador del partido, el profesor Juan Bosch, tras considerar que han renegado de los principios fundacionales, entre ellos la democracia interna, es clara expresión de los conflictos internos. Este anuncia su nominación por partidos de la oposición. Otro diputado Luisín Jiménez, anuncia también su separación del PLD, lo que amenazan con hacer otros en diversas jurisdicciones del país. En Santiago la lucha por la candidatura a la alcaldía está al rojo vivo entre leonelistas y danilistas, mientras la gobernadora Aura Toribio se retira diciendo que no tiene dinero para competir con el presidente de la Cámara de Diputados y el administrador de los comedores nacionales.

Negociaciones a la deriva

El presidente Medina tuvo mucha fortuna en conseguir apoyo de los bloques legislativos del PRD y el PRSC para su reforma constitucional que le permite repostularse, pero a casi medio año no ha podido cerrar los pactos que se anunciaron entonces para unificar sus candidaturas con las del PLD. El proceso se ha convertido en un mercado público de reclamos, ofertas y alegatos.

Por las declaraciones del secretario general Reinaldo Pared parece que los puestos no alcanzan para tanto y hace días se proclamó impotente, mientras Federico Antún sigue promoviendo su candidatura presidencial por el PRSC. Con Miguel Vargas, quien sí hizo pública su renuncia a la candidatura, las negociaciones han tenido la fortuna de incluir tres intrascendentes designaciones gubernamentales, una rechazada, incluyendo la de esta semana que envía de embajadora en Italia a Peggy Cabral, viuda de Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas participa en actividades políticas del PLD y Medina, aunque sus alcaldes ignoran si finalmente irán en la alianza, porque los peledeistas quieren también los más importantes Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. En cuanto a los diputados, estos saben que con el voto preferencial tienen pocas posibilidades de ser reelectos aún si feran en boletas comunes, pero muchos creen que hicieron una buena negociación.

Emerge una oposición

Otro infortunio que ha tenido el proyecto reeleccionista es que en los últimos meses ha tenido una oposición más desafiante y eficaz, como no la había conocido en sus primeros años de gobierno, cuando el secuestro de la democracia interna en el PRD, sus luchas internas y división, los anularon y generaban el rechazo de la sociedad.

Ya nadie discute que el PRM ha logrado constituirse en la oposición que no había tenido el gobierno de Medina, polarizando con elaborados documentos sobre el presupuesto nacional, las “visitas sorpresas”, el endeudamiento, lineamientos de su programa de gobierno, y propuesta para un “gobierno eficiente en competitividad”. Esto ha mejorado notablemente la proyección de su candidato presidencial, quien ha tenido el firme respaldo del expresidente Hipólito Mejía, quien asumió con dignidad y concepto democrático su fracaso en la elección primaria que escogió a Luis Abinader, hasta ahora el único de seis aspirantes que la ganó en votación universal de los miembros de su partido.

 Por demás la formalización de las candidaturas presidenciales de Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, con vigorosos discursos contestatarios, también contribuye al nuevo escenario de mayor competitividad electoral.-

Cuentas de un rosario de infortunios
* El suicidio que reveló corrupción y extorsión en la OISOE
* Descargo del senador y dirigente peledeísta Félix Bautista
* Fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico
* Apresamiento de embajador en la ONU acusado de corrupción
* Centenar de muertos por dengue y denuncias sobre hospitales
* Dos muertos de hambre en cárcel de Higuey
*Más de una veintena de militares en tráfico de drogas y armas
* Denuncias de dos obispos sobre reingreso de haitianos deportados
* Denuncia de sobrevaluación en remodelación del hospital D. Contreras
* Piquete al presidente Medina en Nueva York
* Publicación del lujoso transporte “Danilo Home”
* Aumento del precio de los alimentos. Caso del plátano
* Pasan a la banca deuda a generadores por US$ 900 millones
* Semáforos apagados por falta de pago generan caos
* Predicadores denuncian corrupción en fiesta de Las Mercedes
* Respuesta a la Sociedad de Diarios: el presidente no está para hablar
* Libertad a síndico y regidor involucrados en asesinatos
* La denuncia del raso sobre los “salarios cebolla” en la Policía
* Discursos críticos de los empresarios
* Informe FLACSO sobre deficiencias en construcción de escuelas
* Desproporcionada represión a denunciantes de la corrupción

El proyecto de reelección arrasaría al Procurador

Por Juan Bolívar Díaz
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La subordinación al interés partidario y la reelección del presidente Danilo Medina sería la razón por la que el procurador general Francisco Domínguez Brito evade su deber de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia que libera al senador Félix Bautista de las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra.

Se trata de cerrar cuanto antes un expediente que afecta al secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salpica a su presidente Leonel Fernández, amenaza al tesorero Víctor Díaz Rúa, incentiva la división interna y pone en jaque a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Bautista el gran armador. A ningún observador sorprendió la decisión, dividida tres a dos, de la Cámara Penal de la SCJ que dictaminó “no ha lugar” para procesar al astuto secretario de Organización del partido oficialista, desechando el más voluminoso expediente de corrupción de la historia de la Procuraduría General de la República que involucra el manejo de más de 26 mil millones de pesos desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)

Todo el proceso ha estado marcado por la lucha interna en el PLD, iniciándose cuando era imperativo maniatar al expresidente Leonel Fernández, para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Bautista y Díaz Rúa, considerados “alcancías de Leonel”, habían dejado demasiados rastros de corrupción con su impúdica concentración de riqueza, el segundo desde el Ministerio de Obras Públicas. Han sido favorecidos por absoluciones de jueces hasta llegar a la SCJ por apelaciones del Ministerio Público.

Esas acciones judiciales, incentivadas por el clamor público, incidieron en la capitulación de Leonel el 27 de mayo, apenas dos días después de haber plantado guerra frontal al proyecto reeleccionista. A Bautista se le atribuye haber sido clave en la negociación para el acuerdo que conjuró la división del peledeísmo, garantizando que todos los legisladores del PLD aprobarían una reforma de la Constitución para legalizar la reelección a cambio de ser también repostulados. El armador sacó allí su “no ha lugar”, en un proceso instruido y juzgado por jueces compañeros de partido.

Domínguez Brito en ridículo. La decisión del no ha lugar solo podía sorprender a incautos e ignorantes. Lo que ha causado estupor es el alegato del procurador general de que no recurrirá en casación ante el pleno de la SCJ porque “con respecto a este caso no me merece confianza” la corte, y que “no vale la pena porque siempre hay una excusa y un pretexto para no sancionar a los grandes capos de la corrupción”.

Múltiples voces han impugnado la capitulación de Domínguez, uno de los dirigentes peledeístas de mayor crédito público, quien defendió durante meses el expediente con los términos más duros, por lo que fue confrontado personalmente por el acusado Bautista. Participación Ciudadana le dice en una carta que “al margen de la apreciación personal que usted pueda tener sobre nuestro más alto tribunal de justicia, no cabe dudas de que en estos momentos debe usted separar su aprehensión personal de lo que es su obligación como procurador general de la República y por lo tanto como representante de todo el país”.

El alegato es incoherente, puesto que el pleno, que estaría constituido por una docena de jueces al restársele los cinco de su Cámara Penal que ya juzgaron, tiene una mayor proporción de personalidades del derecho, varios de los cuales estarían llamados a seguir el ejemplo de las magistradas Miriam Germán y Esther Casasnovas, cuyos votos disidentes contienen la base para recurrir a la última instancia. Si confió en una cámara, no tiene fundamento la desconfianza en el plenario llamado a enmendar todo equívoco.

Otro costo institucional. La actitud de Domínguez es insostenible, pues si un procurador general no confía en la Suprema Corte en un caso que él mismo calificara como juicio del siglo en materia de corrupción, debe abandonar el cargo. Estaría capitulando en aras del interés partidario de evitar el resurgimiento de la confrontación abierta entre Medina y Fernández por la hegemonía partidaria y despejar el camino de la campaña electoral. Porque el procesamiento salpicaría al exmandatario y más aún si abre espacio para que se haga lo mismo con Díaz Rúa. Para el PLD sería una caja de pandora de repercusiones electorales, un proceso que involucraría a tres de sus cuatro más altos cargos.

El destacado jurista Francisco Alvarez Valdez ha recordado que ya Félix Bautista fue responsable del inicio del descrédito de la Suprema Corte que presidió Jorge Subero Isa, la que evadió la responsabilidad de enjuiciarlo por el escándalo de los pagarés de la Sun Land por US$130 millones colocados en el mercado internacional por el entonces director de la OISOE sin aprobación del Congreso. Aunque en su dictamen del 2008 la SCJ reconoció que era obligatoria la aprobación congresual, desconoció una jurisprudencia propia de 1998 para declarar inadmisible el recurso y evadir el fondo.

Con su posición, Domínguez Brito le economiza al pleno de la SCJ tener que definirse en un caso que por su magnitud se ha constituido en símbolo de la corrupción y la impunidad nacional. Pero para él es casi una inmolación, que conlleva un costo institucional de los que siempre cobra la reelección en la historia dominicana. Ya antes doblegó la voluntad de la mitad de los legisladores del partido gobernante con un pacto antidemocrático, y de dos bloques de diputados de la oposición que arrastraron a sus respectivos partidos a modificar la Constitución en aras del reeleccionismo. Cinco meses después aún discuten las bases sobre las cuales pactaron esa precipitada capitulación, todo un absurdo político y hasta de negociación, si no hay ingredientes impublicables.

Represión de las protestas. Sin que se hubiese disipado el escándalo causado por el destape de la mafia de corrupción que ha operado en la OISOE, con la dramática inmolación suicidio del arquitecto contratista David Rodríguez, la negativa a procesar a Félix Bautista por graves cargos de corrupción en la misma institución, ha disparado la indignación nacional.

La complicidad con la corrupción y la consiguiente impunidad están saturando la sociedad. El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, sostuvo el miércoles, en un almuerzo de la entidad, que la corrupción “está socavando la institucionalidad del Estado y creando un malestar en la sociedad”, y parafraseando a Shakespeare en su obra Hamlet proclamó que “hay algo podrido en el Estado dominicano”.

La forma en que el Gobierno ha reprimido a los grupos sociales que demandan la supresión de la OISOE y castigo a la corrupción, agrega preocupación. No se justifica la represión a unos centenares de protestantes. Parecía mejor inversión compartir su preocupación y hasta darse el lujo de suprimir el redundante organismo, símbolo exagerado de la corrupción. Han considerado más seguro reprimir para evitar que se generalicen las protestas como ha ocurrido recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile.

Un escándalo saca a otro escándalo

Parece indiscutible que el país anda en un derrotero alarmante, tanto que un escándalo saca de la opinión pública a otro escándalo. En el último mes fueron las revelaciones de la mafia de extorsión que ha operado en la OISOE. Luego un simple raso sacude el país resaltando la insostenible miseria salarial de la Policía. Y uno de nuestros 12 embajadores ante la ONU es apresado y procesado por corrupción en Nueva York.

Vino entonces el “no ha lugar” para Félix Bautista y el segundo escándalo internacional del mes, con la huida de los dos pilotos franceses condenados a 20 años de cárcel por narcotráfico. Habría que sumar el alarmante conteo del centenar de muertos que este año ha cobrado el dengue, duplicando las cifras del 2014. Ya no escandaliza a nadie que agentes policiales fusilaran el martes a un joven en Santiago delante de varias personas, una de las cuales grabó el asesinato y los gritos de la víctima pidiendo que no lo mataran, subido a la Internet.

El escape de los pilotos franceses ha tenido la agravante de poner en ridículo internacional al país, porque nadie entenderá que condenados a 20 años de cárcel, por el tráfico de 680 kilogramos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares puedan seguir en libertad y sin vigilancia. Otra expresión de la corrupción y de la ineficiencia de instituciones judiciales y de la seguridad nacional.

 

Un sólido frente opositor equilibraría la democracia

Por Juan Bolívar Díaz
DPRM

Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader se fortalecen progresivamente, cada día es más visible que se requiere una amplia concertación de la oposición política para enfrentar la inmensa maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundada en el abuso y reparto del Estado.

Un sólido frente opositor, basado en un proyecto de transformaciones socio-económicas y políticas, podría generar una sinergia que atraiga a amplios segmentos sociales insatisfechos pero pesimistas ante el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina que reunirá a casi una veintena de partidos en la boleta electoral.

El poder reeleccionista. El pesimismo es amplio frente a la inmensa maquinaria de poder que ha montado el PLD para una reelección total basada en un reparto del Estado sin el menor escrúpulo, dejando poco espacio a la competitividad democrática para las elecciones generales del próximo año.

La forma en que el PLD pactó para evitar su división y reformar la Constitución para viabilizar la reelección presidencial, con el reparto antidemocrático de los cargos directivos y las candidaturas, la compra de bloques legislativos enteros, y la negociación de alianzas en base al reparto del Estado, indican que no habrá límites en su determinación de mantener e incluso incrementar su poder.

Acontecimientos como la entrega del teatro de Agua y Luz del Centro de los héroes al principal pactante con el Gobierno, los vídeos demostrativos del reparto de “facilidades” para que los peledeístas adquieran automóviles y del adoctrinamiento de niños escolares para rentabilizar el clientelismo, a ocho meses de los comicios, no dejan dudas de que no habrá límites éticos ni morales ni respeto a los procedimientos democráticos, como ha sido norma en los procesos reeleccionistas de la historia nacional.

Con el control de todos los poderes del Estado y sus organismos regulatorios, del 90 por ciento del financiamiento legal a los partidos, y gran parte del aparato comunicativo nacional, el reeleccionismo no debería incurrir en ningún exceso, pero lo hace para suturar las heridas internas, pagar las nuevas lealtades y evitar deserciones a fin de mantener la percepción de invencibilidad y aplastamiento.

Las perspectivas apuntan a que, como dijo Medina para el 2008 al perder ante el presidente Leonel Fernández: “me venció el Estado”.

Proyecto de Convergencia. El proyecto de “Convergencia para un Mejor País”, lanzado a mediados del año pasado, no ha alcanzado los niveles que en principio se esperaba, quedando demasiado a expensas del PRM, nueva alternativa opositora fortalecida por la mayoría que abandonó las filas del Partido Revolucionario Dominicano capturado por el frente gubernamental.

Lo conforman actualmente otros tres partidos reconocidos, el Humanista Dominicano, el Frente Amplio que reúne a varios grupos de izquierda, y Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella, además de varios núcleos políticos sociales.

Aunque han insistido en reivindicar la Convergencia, la mayoría perredemeísta y su candidato han priorizado la conformación de una estructura nacional propia. Hace un mes presentaron los lineamientos de un programa de Gobierno, sometido a consideración del resto de la oposición, pero aún no se conoce alguna reacción, en especial del segundo partido de oposición según las encuestas, Alianza País (AP), que lidera Guillermo Moreno, ni de la Alianza por la Democracia (APD) que encabeza Max Puig, o de la nueva Opción Democrática (OD) de Minou Tavárez Mirabal, agrupamientos de centro izquierda que condicionan un frente electoral a que se base en un programa de transformaciones.

El PRM ya ha anunciado que en octubre elegirá candidatos congresuales y municipales en 10 provincias, lo que dificultaría las concertaciones con otros partidos, en la medida en que avance a las 22 restantes, aunque mantendrían una serie de candidaturas reservadas para eventuales nuevos aliados.

Los que estarían más próximos serían el Partido Revolucionario Social Demócrata, que lidera Hatuey de Camps, y el Moviniento Rebelde, que encabeza el diputado y dirigente transportista Juan Hubieres.

Las opciones alternativas. Los partidos reconocidos que lideran Moreno y Puig, el de Minou Tavárez, en proceso de constitución, más Patria para Todos, sumatoria de varios núcleos de izquierda al que la Junta Central Electoral acaba de negar franquicia, tienen posiciones políticas cercanas, pero aún entre estos no se percibe interés en un frente común.

Con la excepción de la Opción Democrática, de reciente constitución, los demás han fracasado en intentos de reagrupamientos para los últimos procesos electorales.

Consideradas como opciones alternativas, del centro a la izquierda política, con discursos centrados en el rechazo de los partidos tradicionales y de la corrupción, y pregoneros de nuevas formas de hacer política para transformar la sociedad, no ocultan sus reservas frente al PRM, por provenir del PRD, aunque los tres tienen antecedentes de vínculos grupales o personales con el PLD, del que se distanciaron reivindicando principios abandonados por los gobernantes.

La AP tiene el aliento de su ascenso en las últimas encuestas, segundo de oposición después del PRM, y hasta sobre el PRD y el PRSC, muy por encima del 1.37 por ciento que obtuvo en la votación del 2012.

En esos comicios la APD, aliada al PLD, solo consiguió el 0.11 por ciento de los votos, pero quedó con una diputada nacional y alguna representación municipal. Minou Taváez Mirabal, diputada por el PLD, abandonó ese partido el año pasado, rechazando sus prácticas políticas, para crear una opción alternativa.

Equilibrar la democracia. Con muchos de los mejores técnicos y profesionales del PRD, el PRM se nutre de su experiencia y levanta una amplia estructura nacional, sumando a otros provenientes del reformismo y de la sociedad civil.

Apuesta a un escenario similar al de 1978 cuando en búsqueda de un cuarto mandato consecutivo, como ahora el PLD, Balaguer parecía invencible, y una heterogénea alianza le pudo arrebatar el poder.

Una diferencia importante es que ahora la oposición carece de un líder de las facultades políticas para la concertación y el desprendimiento personal de José Francisco Peña Gómez, en especial su capacidad para tocar la emocionalidad de los sectores populares.

El PRM ha logrado en las últimas semanas colocar a la defensiva a los reeleccionistas, con una sistemática documentación de sus debilidades, pero requiere expandirse más y comprometerse con las expectativas de los sectores sociales insatisfechos, con las organizaciones de base, y con la clase media sumida en el pesimismo, y sobre todo con la juventud, incorporándola en mayor dimensión.

Para todo ello es imprescindible un mayor esfuerzo por concertar con los alternativos, aunque ni siquiera un frente opositor garantiza el desplazamiento de la estructura de poder del PLD, pero generaría un nuevo escenario de competencia, de reclamo de equidad democrática, incluyendo la limitación del abuso de los recursos estatales.

La sinergia de la unidad obligaría a muchos indiferentes a definirse entre la continuidad y la alternativa, reduciría al máximo al PRD y el PRSC y generaría un reequilibrio del proceso democrático nacional.

La recurrente bipolarización

Con un buen discurso alternativo, Moreno, Puig y Minou tienen pleno derecho a jugar a la “real alternativa”, aunque el absolutismo reeleccionista no deja posibilidades de libre competencia y pone en ridículo la apuesta a una segunda vuelta. Con débiles estructuras, se exponen a quedar como insubstanciales, sobre todo si el PRM acaba polarizando como es tradicional en la historia nacional, donde han fracasado alternativos como Ramón Almánzar, Julián Serulle, César Estrella Sadhalá, Narciso Isa Conde, Roberto Saladín, Hamlet Hermann y el mismo Moreno dos veces.

Son altas las posibilidades de que se repita la bipolarización que ha frustrado múltiples proyectos novedosos, la que en 1978 dejó al profesor Juan Bosch y su nuevo PLD con el 1 por ciento del sufragio, apenas 18 mil votos. Si por lo menos esos tres no se juntan, podrían ser visualizados por el electorado como llaneros solitarios, fundamentalistas éticos dice José Luis Taveras, y hasta estigmatizados si en mayo próximo el PLD queda con todavía mayor control de los cargos electivos.

Al PRD le contaron el 47 por ciento de los votos en 2012, y el partido dominante se quedó con 31 de los 32 senadores y claras mayorías de las diputaciones y alcaldías.

Juntos, los tres alternativos tendrían posibilidades de pactar con el PRM, tomando en serio su propuesta de lineamientos básicos, convertirse en su ala izquierda propulsora de cambios reales, y detonar las sinergias del todos contra la reelección total, impulsando mejores candidaturas congresuales y municipales, incluyendo a representativos de la sociedad civil. Crearían mejor escenario de competencia local y nacional y garantizarían espacios para proseguir buscando constituirse en real alternativa.

 

La capitulación del PRD en aras de la reelección

Por Juan Bolívar Díaz
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Sin el menor rubor y en un acto público el empresario Miguel Vargas Maldonado entregó esta semana el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la más tradicional organización política de la historia nacional, en un nebuloso y precipitado pacto electoral con el gobierno, cuyos alcances no han podido definirse tras meses de negociaciones.

Es relevante que el partido más votado todavía en la última elección presidencial, capitula y se entrega en aras del reeleccionismo presidencial, contradiciendo uno de sus planteamientos fundamentales, y contribuyendo a la concentración del poder que encarna la principal negación de sí mismo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Corbatas azules, parte 2

La capitulación la firmó el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, mucho más empresario que líder político, el lunes 7 de septiembre, tan precipitada como su renuncia tres meses antes a una candidatura presidencial que se auto atribuyó con el concurso del secuestrado Tribunal Superior Electoral que le avaló repetidas violaciones a los principios democráticos consagrados en la Constitución, en la ley electoral y en los estatutos del PRD.

Fue la culminación de un proceso iniciado el 14 de mayo del 2009, cuando Vargas Maldonado firmó con el presidente Leonel Fernández un pacto para viabilizar la constitución del 2010. No tenía cargo directivo en el partido blanco ni procuró autorización previa de ninguno de sus organismos, firmó en su calidad de excandidato presidencial, que lo fue en el 2008 cuando perdió las elecciones a manos precisamente de Fernández con votación de 53,8 a 40,4 por ciento.

Desde entonces Vargas había justificado el pacto aduciendo que reivindicó el histórico compromiso perredeísta de no reelección promovido por su líder José Francisco Peña Gómez en la constitución de 1994 y violentado por el presidente Hipólito Mejía con la reforma del 2002. Y en efecto la Constitución del 2010 prohibió la reelección presidencial inmediata, pero ahora Vargas volvió a pactar con un presidente del PLD no sólo para restablecer el reeleccionbismo, sino que también le suma los votos del PRD.

El pacto fue firmado en el mismo escenario del 2009, el hotel Jaragua, y para no dejar duda de la continuidad, los protagonistas volvieron a vestir corbatas azules, aunque esta vez el gran ausente fue el doctor Leonel Fernández, todavía presidente del PLD, sustituido por el mandatario de turno Danilo Medina, para reafirmar que el poder lo ostenta quien reparte los sobrecitos y parcelas del Estado.

Sin siquiera los 10 cheles

 Si poco táctico fue que Vargas renunciara a su candidatura sin precisar las condiciones y términos del pacto que anunciaba, más absurdo es que lo firmara sin haber cerrado las negociaciones tres meses después, quedando a expensas de lo que quiera desembolsar el PLD de los “diez cheles” en que su histórico dirigente Euclides Gutiérrez Félix tasara el valor del apoyo del PRD a la reelección de Danilo Medina.

En el pacto del Comité Político del PLD a fines de mayo para salvar su unidad y viabilizar la reforma constitucional reeleccionista quedó consignada la repostulación total de sus legisladores. En el caso de los alcaldes se estableció que habría encuestas en los municipios donde la gestión no garantizara el triunfo. Voceros perredeistas anunciaban nuevas provincias para buscar senadores, pero tropezaron con la ley electoral.

Los actuales diputados perredeístas, unos 40, podrán ser repostulados, pero por el voto preferencial tendrán que valerse por sí mismos, pues los peledeístas escogerán a sus compañeros de partido. Todavía esta semana voceros de la categoría del secretario general del PLD, Reinaldo Pared, han repetido que no cederán las candidaturas a alcaldes en los grandes municipios que ganó el PRD en la anterior elección, como Santo Domingo Norte, Santiago y San Cristóbal, lo que conllevaría candidaturas separadas en los mismos, donde los perredeistas defienden miles de empleos en un penoso regateo público.

Es contradictorio que un negociante de la categoría de Vargas Maldonado haya ignorado un principio fundamental de toda transacción, asegurar los términos antes de la firma, razón por la cual muchos preguntan si no hay compensaciones impublicables en el pacto, como en la negociación del bloque de diputados perredeistas, quienes saben que el voto preferencial impide garantizarles sus puestos. Las generalidades de los 15 propósitos del “Acuerdo de un Gobierno Compartido de Unidad Nacional” firmado el lunes no justifican tanto desprendimiento en una política tan mercantil.

Una expresión macondiana

La capitulación del mayor partido del intento democrático nacional bajo términos tan vagos, en apoyo casi incondicional al partido gobernante es una ocurrencia extraña en la política, expresión del macondismo latinoamericano que certificó García Márquez. Hasta dirigentes fieles al PRD, como Fiquito Vásquez, han explicado la precipitación en que tenían que contener la hemorragia de los perredeístas hacia el PRM, lo que será difícil si no les garantizan siquiera las alcaldías con miles de plazas para militantes. Pero nadie entiende que hayan sido tan malos negociadores, exponiéndose a la humillación de los diez cheles.

Mientras tanto, el partido que desde su fundación encarnó las luchas democráticas de tres cuartos de siglo dominicano, se encamina a su autoliquidación. Deja atrás las luchas contra la tiranía de Trujillo y sus batallas por instaurar la democracia, desde su triunfo electoral de 1962 a la revolución constitucionalista y su resistencia a la invasión militar norteamericana de 1965 y a la cuasi dictadura de los 12 años de Balaguer. También el triunfo electoral de 1978 que abrió la democratización del país y su confrontación con el PLD que nació como negación absoluta del perredeísmo y lo hostilizó al máximo.

Todavía en la anterior elección presidencial, la del 2012, con Hipólito Mejía de candidato presidencial, el PRD obtuvo la mayor votación, un millón 911 mil 341 sufragios, 200 mil más que el millón 711 mil 737 que consiguió el PLD, lo que representó 42.13 a 37.73 por ciento. Aunque con el voto de los respectivos aliados, el presidente Medina ganó la elección por 51.21 a 46.95 por ciento. Pero a pocos queda claro que el PLD ha incentivado el desguañangue del PRD, tras haber absorbido en gran proporción a lo que dejó Balaguer como partido, y las garatas y divisionismos de los perredeístas han determinado el proceso de involución de la democracia dominicana, donde un grupo político que ya no se somete a elección de sus militantes, lo mercantiliza todo en aras del control total de las instituciones estatales y sociales.-

 

Se afianza la oposición al Gobierno del PLD

Por Juan Bolívar Díaz
tema

La ofensiva opositora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se afianzó esta semana con un documento en el que sustenta cuestionamientos a una de las esencias propagandísticas del Gobierno del presidente Danilo Medina, las “visitas sorpresa”, con un cumplimiento de apenas 11 por ciento de los compromisos contraídos para la región Sur.

El PRM encara el desafío de elegir gran proporción de sus candidaturas de forma democrática, como hizo con la presidencial, y seguir conformando su Convergencia en base a acuerdos programáticos, en contraposición al reparto antidemocrático y las pujas por ventajas individuales que caracterizan el amplio frente oficialista.

Gran desafío al Gobierno

La evaluación del resultado de las visitas sorpresa del presidente Medina a las diez provincias de la región Sur, presentada esta semana por el Frente Agropecuario del PRM constituye un desafío al Gobierno que ha explotado propagandísticamente al máximo ese programa desde su comienzo, por los datos en que está fundamentada y el pobre resultado registrado, con un cumplimiento de promesas de apenas 11 por ciento.

A partir de San Cristóbal y Peravia, y abarcando todas las provincias del Sur-Suroeste, el documento identifica cada visita presidencial, fecha, las comunidades y entidades beneficiarias, las instituciones oficiales responsabilizadas, los montos y objetivos comprometidos y luego indica el nivel de cumplimiento, que en 51 casos es cero, aunque en 38 alcanza el cien por ciento. La mayoría con ejecución parcial en proporciones que van del 1 al 98 por ciento. Llama la atención que en algunos casos se asegura que se hicieron erogaciones, pero los beneficiarios niegan haber recibido las partidas.

El resumen general establece que el presidente Medina se comprometió a apoyar pequeños proyectos de desarrollo agropecuario sureños con un total de 166 promesas, de las cuales apenas 18 han sido cumplidas, para un 10.84 por ciento.

 De 22,371 millones de pesos comprometidos, apenas se han erogado 3,030 millones, para un 13.55 por ciento, quedando pendientes 19,340 millones de pesos.

La investigación fue realizada del 1 al 15 de agosto. El agrónomo Leonardo Faña, director de la campaña del sector agropecuario del PRM, sostiene que el Gobierno instrumenta los órganos agropecuarios del Estado y que redujo el presupuesto al Ministerio de Agricultura de 11,500 millones en el 2013 a 8 mil millones de pesos en el 2015.

Sobre los combustibles

En las dos últimas semanas de agosto el PRM realizó ruedas de prensa para denunciar que el Gobierno no aplica los precios de paridad de los combustibles en el mercado local en relación al costo del petróleo en el mercado internacional, acusándolo de estar cobrando impuestos ilegales.

La Comisión Económica perremeísta sostuvo que el Gobierno sobrecargó los precios de los combustibles recaudando en exceso 1,084 millones de pesos entre el 22 y el 28 de agosto, y 892 millones de pesos para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre.

Presentó los cálculos de lo que deberían costar los diversos combustibles, en relación a los que predominaban en el 2008 con cotizaciones similares a las de ahora tanto del petróleo como de los productos refinados en el mercado internacional.

Encabezada por el economista Arturo Martínez Moya, quien fuera secretario de Industria y Comercio, en el último Gobierno de Balaguer y presidente de la Refinería de Petróleo en el de Hipólito Mejía, la Comisión Económica del PRM debe saber de lo que habla. Sostiene que mientras en Centroamérica las gasolinas cuestan 156 y 170 pesos el galón, en el país 184 y 202 pesos, lo que representa un 20 por ciento más cara. Resaltan las dificultades de competencia de las empresas dominicanas y reclaman precio justo en beneficio de empresarios, transportistas y usuarios.

Muchos dominicanos no entienden por qué la gasolina premium costaba 100 pesos el galón, según la resolución de la Secretaría de Industria del 27 de agosto del 2004, cuando el precio del petróleo de referencia para el país promedió 41.51 dólares el barril, y en agosto del 2015 se vendía a 202 pesos, con el petróleo alrededor de 45 dólares, como estaba el viernes. La tasa de cambio en agosto 2004 estaba en 39.54 pesos, y ahora en 45.20. Las diferencias alrededor del 10 por ciento, no justifican la duplicación del precio.

El tema del endeudamiento

El sostenido endeudamiento externo e interno es otro de los temas con que la oposición está enfrentando al Gobierno. Y ahí han entrado en escena economistas tan reconocidos como Miguel Ceara Hatton, quien dirige la Comisión de Políticas Públicas del PRM; Eduardo Tejera, y el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, y Jimmy García Saviñón, provenientes de la disensión del Partido Reformista. Caram sostiene que el endeudamiento del Gobierno es ya insostenible. García Saviñón escribió que Medina tomó prestados 5,342.9 millones de pesos en sus primeros 29 meses, a un ritmo de 184.24 millones de dólares mensuales y 6.14 por día.

La Comisión Económica del PRM sostuvo a finales de julio que “el pueblo ha pagado la enorme deuda pública acumulada por los gobiernos del PLD con seis reformas tributarias, recursos que en su mayor parte destinaron al financiamiento de gastos corrientes y campañas electorales”. Que aumentaron el endeudamiento público en 15 mil millones de dólares en los últimos diez años, con un incremento del 232 por ciento, de 6,822 millones en el 2005 a 22,635 millones de dólares en marzo pasado.

Cuando le suman las deudas del Banco Central, Banco Agrícola, Banco de la Vivienda, con los generadores eléctricos de casi mil millones de dólares, y mediante financiamiento a constructores gubernamentales, los perremeístas llevan el total de la deuda estatal a 36,672 millones de dólares, alrededor del 55 por ciento del producto bruto interno.

Si se divide esa suma entre 10 millones de dominicanos, significa que cada uno, incluso los más pobres, deben actualmente 3,667 dólares, es decir 165,391 pesos.

Respuesta del Gobierno

Hasta ahora la estrategia gubernamental parece ser ignorar las persistentes denuncias y demandas de la oposición, especialmente del PRM, con perspectivas de encabezar un frente electoral bipolarizador y que esta semana concurrió ante el Ministerio de Obras Públicas para reclamar, amparándose en la ley de libre acceso a la información, todo lo concerniente al escandaloso contrato de concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná, con costos de peaje desproporcionados y subsidio estatal, donde se denuncia corrupción.

La tendencia ha sido atribuir cada denuncia al simple interés de la campaña electoral, lo que no deja de ser cierto, pero resulta insuficiente cuando la ofensiva es sistemática y documentada.

 Se deja la respuesta al inmenso aparato comunicativo del Gobierno y a la propaganda, o se incentiva a terceros a responder, como ocurrió esta semana con un directivo de la Asociación de Distribuidores de Gas que salió a justificar los precios de los combustibles.

Para los estrategas del Gobierno, responder al PRM es importantizarlo, investirlo como interlocutor. El PLD ha navegado en los últimos años con una pobre oposición, desde que en el 2009 comenzaron las negociaciones que han subordinado el Partido Revolucionario Dominicano al interés gubernamental.

Con escandalosa influencia sobre los medios de comunicación y una alta proporción de los periodistas y comentaristas, la propaganda oficial es la mejor respuesta a los cuestionamientos.

Importante reto del PRM

Colocado en las encuestas y la percepción general como principal opción de oposición, el PRM enfrenta un escenario muy difícil, pues a pesar de sus documentadas denuncias, tiene poco espacio en los medios de comunicación. Por lo menos está demostrando que reúne profesionales y técnicos capaces de cuestionar las políticas gubernamentales y dirigentes políticos decididos a enfrentar al PLD.

El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, ha tomado un discurso bien fundamentado, coherente con sus técnicos, pero se cree que le falta impactar más en la emocionalidad social. Su discurso de aceptación de la candidatura en junio, y las respuestas que ha dado a los planteamientos del presidente Danilo Medina, lo han proyectado en el debate. A mediados de agosto presentó los lineamientos básicos de su programa de Gobierno, sometiéndolos a consideración de la sociedad política y civil. Y se trata de un documento ponderado.

Abinader y el PRM avanzan cerrando acuerdos para fortalecer su Convergencia, hace dos semanas con Dominicanos por el Cambio que preside Eduardo Estrella, y este domingo con el Frente Amplio que postulaba a Fidel Santana, con el mérito de basarlos en planteamientos programáticos, evadiendo la discusión de simple reparto que caracteriza el proyecto reeleccionista del presidente Medina. Les falta pasar la prueba de la elección de las candidaturas provinciales y municipales. Se dicen conscientes de que si utilizan consultas y mecanismos democráticos, y renuevan la oferta, se anotarán importantes éxitos.

 

RD lidera en derechismo y clientelismo en América

Por Juan Bolívar Díaz

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Los dominicanos son los que en más alta proporción, 60%, se definen como de derecha entre 28 países americanos incluidos en la encuesta de cultura política Barómetro de las Américas, publicada esta semana, en la que el país encabeza también en las políticas clientelistas, con alta corrupción y baja confianza en las instituciones públicas.

Se ratifica la inseguridad ciudadana como la mayor preocupación nacional, baja apreciación de la Policía, la justicia y los partidos políticos, aunque alta al presidente de la República y a la eficiencia gubernamental a pesar de una pobre percepción de la situación económica.

Derechistas conservadores. Los dominicanos son los que más se definen como afines a las posiciones de derecha entre 28 países incluidos en la encuesta Barómetro de las Américas presentada esta semana, que incluyó más de 50 mil entrevistados. El 60% de los 1,520 dominicanos encuestados se define como de ideología derechista, seguidos por los paraguayos y los hondureños, 59 y 58%. Los más inclinados a la izquierda son los haitianos, beliceños, bolivianos y chilenos, con tasas oscilantes del 33 al 42 por ciento.

No es la primera vez que los dominicanos registran alta proporción de derecha, pues en el Barómetro del 2006 habían sido 69 por ciento, pero se fueron reduciendo hasta 55 por ciento en 2012. Un 54 por ciento simpatiza con algún partido, 41 por ciento con el de la Liberación Dominicana, que junto al Reformista Social Cristiano encabeza la posición derechista, ambos con 69 por ciento. Es significativo que los dominicanos sin identificación partidista, tienen menor inclinación a la derecha, el 51.5 por ciento. El género, la riqueza y la residencia no determinan la posición ideológica, según el Barómetro. En cambio los de mayor nivel educativo, los jóvenes y las personas “con tono de piel más clara” se inclinan más a la izquierda. Expresión de conservadurismo sería que el 35 por ciento cree que los homosexuales no deben postularse a cargos públicos, que apenas 22 por ciento acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo y solo 31 por ciento el aborto en casos de violación o incesto; 59 por ciento si peligra la vida de la madre.

Esta investigación ratifica la confusión racial de la mayoría de los dominicanos, ya que el 58 por ciento se cree indio o mestizo, que es la mezcla de blanco e indígena, mientras solo el 12 por ciento se define como mulato, fusión de negro y blanco; el 16 por ciento se considera negro y 14 por ciento blanco. El 52 por ciento considera dominicanos a los descendientes de haitianos nacidos en el país, pero 2.4% menor que en 2012.

Liderazgo en clientelismo. El otro renglón de la encuesta de cultura política en que los dominicanos son líderes es en el clientelismo, tanto en ofertas como en recepción de ayuda y transferencias económicas gubernamentales. El 37 por ciento dice haber recibido alguna oferta, en Belice el 32 por ciento y en México y Honduras el 26 por ciento. En Chile y Costa Rica apenas el 4 por ciento. El 29 por ciento de los dominicanos dijo haber recibido alguna ayuda y el 38 por ciento transferencias económicas. Les siguen los colombianos, con 23 y 30 por ciento.

Los brasileños y mexicanos reciben transferencias en menor proporción, 25 y 23 por ciento, pero los montos son significativamente mayores, hasta tres y cuatro veces más que el promedio de mil pesos que según estimados reciben las familias dominicanas incorporadas a los llamados programas sociales, lo que sería indicativo del alto nivel clientelista que prevalece en el país. A eso se puede relacionar la alta proporción, del 61 por ciento, que considera que el Gobierno combate la pobreza.

Los dominicanos aparecen en quinto lugar del continente en porcentaje de los que se quieren ir a vivir o trabajar en otro país, con 29 por ciento. El 50% expresa apoyo al sistema político, situándose en la media y registran un 73 por ciento de apoyo a la democracia, el noveno más alto, lo mismo que en confianza en las elecciones, pero en este renglón solo 43%.

Confianza en instituciones. El análisis de los resultados dominicanos de este estudio, realizado por la socióloga Rosario Espinal, junto a Jana Morgan y Elizabeth Zechmeister, llama la atención sobre los niveles de deterioro de la confianza en las instituciones básicas del Estado, con la excepción de la presidencia, con 78 por ciento evaluando positivamente el desempeño del presidente Danilo Medina. El aprecio de la eficacia del Gobierno, que entre el 2010 y el 12 había caído 9 puntos, del 48 al 39 por ciento, se recuperó significativamente al 53%. Contrasta con la apreciación del resto de las instituciones estatales; aunque las Fuerzas Armadas alcanzan aprobación del 55 por ciento, el Congreso Nacional queda en 43, la municipalidad 42%, el sistema de justicia 39, la Policía 36 y los partidos políticos apenas 29 por ciento.

Se manifiesta la agravante de que la confianza en esas instituciones viene en niveles descendentes en las cuatro encuestas a partir del 2008. Las que mantienen alta confianza de la población son las instituciones sociales, desde las empresariales, con 50 por ciento, las iglesias evangélicas con 59, las juntas de vecinos 60 y la Iglesia Católica 63 por ciento.

Los resultados “muestran claramente que la delincuencia y la corrupción socavan la legitimidad de las instituciones democráticas, como la confianza en el sistema de justicia y el Estado de derecho. En general, el crimen y la corrupción continúan creciendo, plantean un reto para el sistema dominicano por el debilitamiento del cumplimiento de la ley, y erosionan la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, la transparencia del Gobierno y el trato justo bajo la ley”, plantea el análisis.

Contrastes persistentes. El agudo presidencialismo registrado en la serie de encuestas Demos sobre Cultura Política desde 1994 al 2004 y en otras investigaciones sigue presente en la sociedad dominicana, lo que explica en parte la elevada aprobación del Presidente, pese a la insatisfacción con los servicios básicos, la seguridad, la corrupción y el funcionamiento de instituciones del Estado, en cuyo rumbo interviene el primer mandatario.

Como en las encuestas nacionales, en este estudio pareciera que lo económico no es tan determinante de las opiniones políticas, pues apenas el 36 por ciento percibe bien la situación económica del hogar, el tercero peor del continente, solo por encima de Honduras y Haití. El 45 por ciento cree que la situación económica nacional está peor al año anterior, 39 por ciento la siente igual y solo 16 por ciento la aprecia mejor. A pesar de una caída de 6 puntos en la percepción de bienestar económico en relación al 2012, pasando de 41 a 35 por ciento, subió el aprecio por la eficacia gubernamental.

Otra persistencia es el alto porcentaje, 54 por ciento, que simpatiza por algún partido, y hasta el 50 por ciento de apoyo al sistema político, de los más altos del continente, cuando la confianza en los partidos registra apenas 30%.

El balance del estudio es de debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la satisfacción ciudadana, quedando en pie la presidencia, sea por los méritos del presidente Danilo Medina, por el contraste con la gestión anterior, por el enorme gasto publicitario y amplio dominio sobre la comunicación, por el presidencialismo cultural, o por una combinación de todos esos y otros factores. Y de nuevo el país queda a la cola en muchos renglones de evaluación internacional.

Las mayores preocupaciones

En percepción de inseguridad, los dominicanos ocupan el tercer lugar en el continente, detrás de Perú y Venezuela, en proporción de 56%, pasa al segundo lugar con 47% en inseguridad del vecindario.
El 39 por ciento señala la inseguridad ciudadana como el problema más grave. Solo 36 por ciento manifiesta confianza en la policía, la tercera proporción más baja, después de los nativos de Venezuela y Guyana.

El 36% de los dominicanos dijo haber sido víctima de la delincuencia en los hogares, el séptimo peor de los 28 evaluados, pero en el renglón de robos en el vecindario, RD ocupa el segundo lugar con tasa del 72% y en venta de drogas en el vecindario, tercer lugar continental, con 56%.

El Barómetro de las Américas coincide con las encuestas nacionales en registrar una altísima tasa de percepción de corrupción en el país, del 76 por ciento, dos puntos menos que en la anterior encuesta, del 2012. El 53 por ciento la estima muy generalizada, y otro 29 por ciento algo generalizada, para totalizar 82 por ciento.

El 23% manifiesta haber sido víctima de reclamos de soborno, el 16 por ciento por parte de la Policía, muy superior al promedio continental del 10 por ciento. Una expresión de la cultura política dominicana es que el 22 por ciento justifica los sobornos.