Leonel ensaya regreso al Palacio Nacional

Por Juan Bolívar Díaz
danilo

Nadie puede llamarse a engaño, el doctor Leonel Fernández, con la oposición dividida, y aún con alta tasa de rechazo, tiene amplias posibilidades de retornar al gobierno en el 2016, con recursos económicos ilimitados y la lealtad de un amplio sector de su partido convertido en una corporación para el disfrute del poder.

La historia dominicana es de perpetuidad o inestabilidad, con siete presidentes que han gobernado dos tercios de los 170 años de la República, dos de ellos también dos terceras partes de los 53 años de la etapa democrática iniciada con el ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo Molina.

De vuelta a su casa. Tuvo repercusión la visita del expresidente Leonel Fernández al Palacio Nacional el miércoles 23, justo cuando unos 60 diputados de su partido y aliados lo proclamaban como próximo candidato a la presidencia de la nación, luego que su abogado Radhamés Jiménez asegurara que será escogido por aclamación y volverá al poder en el 2016. A principio del mes, 17 de los 31 senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también lo proclamaron candidato.

Según declaró el propio Fernández, su visita al Palacio fue para conversar sobre potencial inversión extranjera, pero difícilmente un tema como ese agotaría una hora y cuarto. Más bien se cree que estuvo relacionada con el proyecto de ley para reconocer la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia extranjera asentados en el registro civil antes de la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Es inminente su envío al Congreso, y se sabe que Medina y Fernández han establecido consenso para vencer resistencias de los promotores más radicales de la desnacionalización.

De cualquier forma, Leonel montó su espectáculo, con el histrionismo que le caracteriza, expresando nostalgia al volver a un lugar donde ha estado tanto tiempo, 12 años. Y luego, al referirse al despacho presidencial como si lo hubiese prestado, dijo que “el presidente Medina lo tiene muy bien cuidado, está bellísimo el despacho”.

Cuando los reporteros le preguntaron cuándo definiría sus aspiraciones presidenciales, el presidente del PLD les aconsejó “estar pendientes de cómo sopla el viento”. Y cuando le mencionaron el respaldo de diputados y senadores, concluyó en que eso quiere decir que en las cámaras legislativas “los vientos están soplando”. Concluyó su recorrido triunfal visitando a su esposa Margarita Cedeño, en su despacho vicepresidencial, donde ésta puso ingredientes al advertir que los vientos soplan, señalando el movimiento de su pelo suelto.

Apurando el paso. Es obvio que la mayoría de los fieles de Leonel Fernández anhelan su vuelta al poder, especialmente el entorno que ha acumulado fortunas multimillonarias, haciendo negocios y tráficos desde el gobierno, entre los cuales resaltan el muy cuestionado Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y tesorero del PLD bajo investigación judicial, y por el cual se ha pretendido revertir el derecho ciudadano a querellarse por corrupción. También su “casi hijo” Félix Bautista, otro blanco de grandes cuestionamientos, el constructor del metro Diandino Peña, Freddy Pérez y Mícalo Bermúdez, entre otros.

No se puede ignorar que Leonel sigue siendo dueño de un extraordinario carisma y capacidad comunicativa, lo que junto a su sagacidad y dedicación a la política, lo han constituido en líder de su partido y otros sectores sociales, especialmente los conservadores a los que ha dedicado grandes esfuerzos, heredando el apoyo que por décadas tributaban al expresidente Joaquín Balaguer.

Los tropiezos sufridos por Fernández en la reciente elección de nuevos dirigentes de su partido en aras del liderazgo del presidente Danilo Medina, y el que muchos llegaran a considerarlo en decadencia, determinó la ofensiva de más de la mitad de los legisladores, la reactivación de grupos de apoyo y el incremento de la publicidad en vías públicas proclamando que “Leonel y Danilo siempre juntos”, que “ya viene el líder” o “Acciona RD para que siga el progreso”.

La potencialidad de Fernández determinó que Temístocles Montás, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García y Radhamés Segura se lanzaran a una muy temprana campaña por la nominación presidencial del PLD, mientras otros como Francisco Domínguez Brito y José Tomás Pérez esperan a ver también “cómo sopla el viento”. Aunque Montás tiene la capacidad y madurez necesarias y Pared la secretaría general del partido, casi nadie les concede posibilidad de ganarle al doctor Fernández, aun con el apoyo público o disimulado del presidente Medina.

En la tradición dominicana. Casi nadie duda que Leonel está atrapado por la fascinación del gobierno y la acentuada tradición y cultura dominicana de que “el poder no se declina”, lo que explica que sólo siete presidentes hayan gobernado dos tercios de la historia de la República: Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. Y estos dos últimos acumulan también dos tercios del “período democrático” iniciado tras el ajusticiamiento del tirano Trujillo.

El campeón en dominio fue Trujillo, montado sobre una de las peores tiranías del continente, a veces colocando presidentes títeres, para un total de 9 períodos en 31 años. Balaguer gobernó 7 períodos y 23 años, el primero, heredado tras el ajusticiamento del tirano, el segundo impuesto por la ocupación norteamericana, l970 y 74 sin que pudiera participar la oposición y 1990 y 94 con fraudes electorales.

Leonel Fernández ha tenido sólo tres períodos pero por elección popular, aunque todavía demasiado condicionadas por el abuso del poder del Estado. Si lograra un cuarto período entraría a un exclusivo club de sólo tres que han gobernado más de tres veces por elección popular, José Velasco Ibarra, en Ecuador; Konrad Adenauer en Alemania, y Felipe González en España. El ecuatoriano es el campeón mundial, pues ganó 5 elecciones en base a su carisma y tal vez porque fue derrocado 4 veces, en lo que también tiene récord universal, por lo que sólo sumó 13 años de gestión. Adenauer renunció antes de la mitad de su cuarto período y González adelantó en un año la elección para sucesor. Fernández ha dicho que su partido gobernará hasta el 2044 y se asume que él aspira a una cuota de los próximos 30 años.

Fácil sin oposición política. Sin posibilidad de que el presidente Medina pueda ser repostulado y sin una oposición que capitalice el rechazo que le marcan las encuestas, Leonel Fernández tiene el carril abierto para alcanzar la nominación del PLD y volver al despacho del Palacio Nacional. Absorbió el Partido Reformista y se le atribuye el patrocinio de la división del Partido Revolucionario Dominicano, a través del pacto que firmó en el 2009 con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado cuando éste era sólo excandidato presidencial. Con este se repartió las altas cortes, lo que constituye su fuerza en la lucha interna del perredeísmo.

Sólo que se fortalezca el proyecto de Convergencia en que están envueltos los sectores mayoritarios del PRD, y que impacte con una candidatura presidencial de amplio consenso, que tendría más carácter anti-Leonel que contra Danilo, podría pesar el rechazo que le marcan las encuestas al presidente del PLD. Y si el actual mandatario mantiene una aprobación tan alta, sobre el 80 por ciento, podría tomar vigencia una posibilidad reeleccionista.

Aún así sería casi imposible sin el apoyo de Leonel conseguir los dos tercios de cada cámara legislativa para modificar la Constitución. Quedaría la posibilidad de un candidato auspiciado por el presidente Medina, que reivindique la forma de gobernar que lo ha investido como nuevo líder peledeísta y con escaso rechazo nacional. En el camino podrían producirse sacudimientos internos de consideración en el PLD y en el mismo gobierno, cuya autonomía quedará limitada por las luchas por la candidatura presidencial del 2016, que se incrementarán a partir del 16 de agosto cuando la gestión de Medina apenas llegará a la mitad, que históricamente marca el inicio del declive popular de los presidentes.

El gran escollo de Leonel

Muy cercanos del expresidente Fernández aseguran que éste no tomará una decisión final de buscar la repostulación hasta no ver un mejoramiento de su posición en las encuestas, lo que también dependerá de que no haya un proyecto opositor consistente.

Fernández terminó su último período con el astronómico déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central, con imagen de dispendio y corrupción que le han ganado mucho rechazo. En la última encuesta Gallup-HOY publicada en febrero el 47.7 por ciento lo consideró el gobierno más corrupto del último medio siglo, más un 4.8 por ciento que señaló su primer período. Sólo el 19 por ciento del universo y el 23 por ciento de los peledeístas lo preferían como candidato presidencial para el 2016. Aunque ya mejoraba en relación a los porcentajes del 11 y 16 y del 15 y 18 por ciento respectivamente, en las encuestas de enero y septiembre 2013.

Hay que advertir que en esas encuestas, aunque no se incluía el nombre del presidente Medina como tentativo candidato, por el impedimento constitucional, un alto porcentaje lo señalaban: 25, 48 y 49 por ciento del universo, y 28, 50 y 48 por ciento de sus partidarios, en las tres últimas encuestas. Nadie debe dudar que Fernández crecerá entre los peledeístas, que le agradecen inmensamente, si Medina no se constituye en actor. El problema con el universo de los electores es secundario mientras no haya alternativa real de oposición.

 

Danilo salva a un PLD cada vez más a la deriva

Por Juan Bolívar Díaz
DANILO SALVA

El presidente Danilo Medina volvió esta semana a salvar la cara al liderazgo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al acoger el clamor que rechaza las regresivas modificaciones introducidas, incluso con procedimiento engañoso, al Código Procesal Penal (CPP).

En sectores políticos se observa hasta con alarma un giro sistemático del peledeísmo a los planteamientos derechistas que postulan los ultranacionalistas, promoviendo contra-reformas, mientras el reparto del Estado llega al extremo de que Roberto Rosario coloca a la Junta Central Electoral (JCE) por encima de la ley.

Un palo al Código Procesal. Una veintena de observaciones formuladas el miércoles por el Poder Ejecutivo al nuevo CPP aprobado por el Congreso Nacional constituyen un palo a una ley regresiva que ha cosechado un amplio rechazo de expertos juristas y constitucionalistas y de entidades y grupos vinculados a los derechos humanos y la institucionalidad.

El presidente Danilo Medina no sólo acogió el rechazo generalizado a la eliminación del derecho ciudadano a querellarse contra funcionarios públicos, sino que también se manifestó contra la limitación del derecho a querellarse de las entidades del sector público. Sostiene, además, que algunas de esas modificaciones “entran en contradicción con lo dispuesto por la Constitución y con los principios universalmente aceptados en el régimen penal”.

Las observaciones del Ejecutivo, se indica, están llamadas a evitar un posible retroceso en las conquistas de la ciudadanía y del Estado Social y Democrático de Derecho. “Ciertas reformas podrían llevar al prolongamiento indefinido de los procesos con la consiguiente ineficacia para el sistema y sufrimiento para las víctimas”, sostiene.

El documento ataca una de las contrarreformas más promovidas por los sectores autoritarios, argumentando que resulta preocupante que se haya establecido como preferencial u obligatoria la medida de prisión preventiva. Pide mantener el principio de que la duda favorece al imputado. También se manifiesta contra “la propuesta transversal de los plazos del proceso expresados a lo largo de la ley en cuestión”.

Rompe el consenso grupal. No es la primera vez que el presidente Medina rompe el consenso grupal que caracteriza las actuaciones de su partido, y contradice el discurso predominante, para colocarse junto al clamor social. Entre los precedentes más relevantes se citan la revisión del contrato con la Barrick Gold y la suspensión del acuerdo que reconocía la estafa de las tierras de Bahía de las Aguilas.

Otro caso bien relevante está pendiente de ser dilucidado, cuando el mandatario envíe al Congreso un proyecto de ley en preparación que reconocería los derechos de los dominicanos descendientes de extranjeros inscritos en el registro civil, siempre que ellos no hayan intervenido en alguna irregularidad. Pese al escándalo internacional generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el discurso del liderazgo peledeísta ha ignorado la posición asumida desde el principio por el presidente Medina, que postula una solución humanitaria y de derecho.

Ha llamado la atención que los presidentes de las cámaras legislativas, varios ministros y altos funcionarios sostuvieron la posición radical de los ultranacionalistas sin siquiera aludir la del mandatario. Más allá de las firmes posiciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista y diputado Manuel Jiménez, la excepción ha sido el expresidente Leonel Fernández, pero éste sólo públicamente en escenarios internacionales, como si no quisiera ir contra el consenso grupal partidario y los ultranacionalistas. Primero en Nueva York, luego en Washington y esta semana en un foro económico celebrado en West Palm Beach, Florida, donde volvió a plantear que se debe reconocer los registros de nacimiento de los nacidos en el país, según un informe de Matt Sedensky para la agencia Prensa Asociado, reproducido en el Miami Herald.

La aprobación irregular. Las modificaciones al CPP no han sido rechazadas sólo por su contenido, ya que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal denunció que hubo manipulación y engaño en el procedimiento y pidió una investigación y las sanciones que correspondan a los responsables, lo que hubo de ser aceptado por el presidente de la Cámara.

Tavárez Mirabal sostiene que en la ley aprobada se incluyó la modificación del artículo 85 que no figuraba en el proyecto que había discutido y consensuado la Comisión de Justicia de la Cámara para eliminar la facultad de la querella ciudadana contra los funcionarios públicos. Pero se le tramitó como “el mismo” aprobado en otra legislatura, razón por la cual no volvió a la comisión, se le liberó de lectura y se le aprobó de urgencia, en dos votaciones consecutivas.

No debe pasar desapercibido que la denuncia de la irregularidad proviniera de una diputada oficialista, lo que pone de relieve la falta de contrapeso en un Congreso dominado por un solo partido, pero donde los opositores muestran ineficiencia y complicidad. En la cámara hay 75 diputados perredeístas y 12 reformistas. En el Senado 31 del PLD y un reformista. Apenas un puñado de los opositores han disentido del proyecto, aprobado por mayoría precaria tras dos intentos fallidos por falta de quórum.

La JCE de Roberto Rosario. Otra demostración de la pérdida de la brújula institucional ha sido la negativa del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de acogerse a la solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado de que entregue los documentos relativos al contrato para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, objetado públicamente por empresas que aseguran haber ofertado tecnología más avanzada y de mucho menor costo.

La directora del organismo de control, doctora Yocasta Guzmán, se vio precisada a emplazar a Rosario para que entregara la información en un plazo que venció esta semana. Pero éste se ha colocado por encima de la ley y está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Constitucional para que declaren inconstitucional esa pretensión bajo el alegato de que la JCE es autónoma. Apenas reconoce la jurisdicción de la Cámara de Cuentas, pero esta sólo audita gestiones, no verifica licitaciones.

La JCE no está exenta de la vigilancia de la Dirección General de Contrataciones, según las leyes 340-06 y 449-06 que norman y reglamentan las compras y contratos estatales, o la ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que no se justificaría en un organismo que debe ser modelo de transparencia y credibilidad, pero que tiene un récord de cuestionamientos a sus contratos, como ocurrió con el firmado por Rosario con la empresa Somo para una tecnología que aún se cuestiona lo mismo que su costo de unos 84 millones de dólares.

El artículo 1 de la ley 340-06 establece las normas “que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado”, comenzando por el Gobierno Central e incluyendo las instituciones descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras, municipios y empresas estatales y “cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones, con fondos públicos”.

El párrafo 1 de su artículo 2 precisa que a los efectos de esta ley se incluye, entre otras instituciones a la JCE. El artículo 4 de la Ley de Función Pública también la incluye en sus normativas, lo mismo que a todas las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas, autónomas o no.

Lo más grave es que se quieran amparar en la autonomía para contratos estatales, y en una institución cuestionada también por la Cámara de Cuentas, en una auditoría que puso en evidencia que en el 2012 gastó más de mil millones de pesos que recaudó y no pasó por el fondo general de la nación ni el Presupuesto Nacional.

No hay que dudar que dejen sola a la directora general de Contrataciones en el reclamo de la ley, pues Roberto Rosario llegó a la JCE desde el Comité Central del PLD, y el Estado está repartido en minifundios, propiedad de sus incumbentes que, del partido o aliados, operan a su mejor conveniencia.

Ni siquiera los precandidatos

El consenso grupal peledeísta en torno a posiciones cada vez más regresivas es tan fuerte que ni los que aspiran a la candidatura presidencial del PLD para el 2016 se han atrevido a marcar diferencias. Reinaldo Pared Pérez, además presidente del Senado y secretario general peledeísta, no ha tenido la menor moderación frente a la desnacionalización de decenas de miles de personas o en relación a las regresiones consignadas en el CPP.

Los demás aspirantes públicos a la candidatura oficialista han preferido el silencio frente al intenso y extenso debate de la nacionalidad o las reprobaciones a las modificaciones del código. Ni siquiera el procurador general, Francisco Domínguez Brito, uno de los peledeístas más apegados a los principios y la ética, defendió el derecho de los desnacionalizados, y aunque expresó que no simpatiza con algunas de las reformas al código, se mostró discreto y resignado.

La impresión que quedó es que el liderazgo del PLD respaldaba firmemente la revocación del derecho de la ciudadanía a querellarse contra la corrupción, lo que ya había impugnado ante el Tribunal Constitucional el tesorero de ese partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un multimillonario confeso bajo investigación precisamente por querellas de entidades sociales.

 

Hipólito Mejía debería liderar la Convergencia

Por Juan Bolívar Díaz

Ante el éxito que cosecha el sector mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano encabezado por Hipólito Mejía y Luis Abinader en las movilizaciones de masas que protagonizan, además de lo que siguen marcando las encuestas, muchos comienzan a discutir cuál sería el papel a jugar por el primero en la Convergencia que gesta junto a una decena de grupos políticos.

En lo inmediato Mejía ha evadido hablar de candidatura presidencial, priorizando la necesidad de construir una fuerza política alternativa que ocupe el espacio de la oposición que la crisis del Partido Revolucionario Dominicano ha dejado vacío, lo que lo coloca en perspectiva de constituirse en un líder unificador.

Un PRD sin perspectivas. Tal como se le ha concebido, la “Convergencia por un Mejor País” representa una alternativa de nueva fuerza política, llamada a encabezar la oposición a la prolongación en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), especialmente para la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, conscientes de que la crisis de su partido se prolongará indefinidamente por la imposibilidad de restablecer procedimientos democráticos.

La primera decisión del Tribunal Superior Electoral contra Vargas Maldonado, esta semana, suspendiendo su proceso de elección de dirigentes hasta que entregue el padrón de miembros del partido reclamado por Guido Gómez Mazara, quien lo enfrenta como candidato a presidir el partido, renueva las expectativas de quienes todavía creen en la posibilidad de reunificación del perredeísmo, sobre todo de quienes se aferran al nombre y la mística que han dado vigencia de 7 décadas a ese partido.

Pero al mismo tiempo, hay quienes estiman que esa decisión puede operar como distracción y es indicadora de cuántos incidentes tendrían que ser superados no solo en la renovación dirigencial, sino sobre todo cuando se trate de escoger candidatos. Para un veterano dirigente político como Fafa Taveras es inconcebible competir en un certamen donde el presidente titular del partido y aspirante a mantenerse en el cargo y a la candidatura presidencial ha escogido a sus incondicionales como árbitros y se niegan a entregar el padrón de electores.

Los incidentes se sucederían sin límite de tiempo, manteniendo el desgaste del partido con el rechazo de la población que ha reducido sus simpatías a la mitad del 41 por ciento de los votos que obtuvo hace dos años, aparte del 6 por ciento que aportaron sus aliados. Eso mientras en el PLD una decena de dirigentes se mueven tras la candidatura presidencial, cuatro de ellos en abierta campaña y la mayoría de los senadores lanza la precandidatura del expresidente Leonel Fernández.

Liderazgos aglutinadores. Parece obvio que tanto los perredeístas inconformes con el rumbo de su partido como La Convergencia necesitan liderazgos aglutinadores, que no pueden constituirse solamente sobre la base de precandidatos. Ese trabajo lo vienen haciendo profesionales sin partido, pero tendría que implicar a algunos provenientes del perredeísmo. Es de los mayores desafíos de La Convergencia, dada la dispersión que ha caracterizado no solo a los perredeístas, sino también a los izquierdistas y hasta a la sociedad civil. Quien luce con más posibilidades de encarnar ese liderazgo es Hipólito Mejía, a quien se tiende a subestimar en parte porque él mismo con frecuencia abusa de la espontaneidad y sacrifica la planificación. Su vigencia política está determinada por su capacidad para acercarse a la gente, porque hace reir, porque proyecta bonhomía y por sus extraordinarias energías para la actividad política.

A menudo se olvida que el expresidente registró el 47 por ciento de los votos en la presidencial del 2012, luchando contra un frente de 14 partidos encabezado por el gobernante que utilizó todo el Estado e invirtió cerca de RD$100 mil millones por encima del presupuesto, aparte del caballo de Troya que representó el presidente de su propio partido. Se le echan en cara los errores derivados de su espontaneismo, olvidándose lo que aporta su condición personal.

Como también se le responsabiliza excesivamente de la crisis bancaria que hundió su gestión de Gobierno, tras una primera mitad con buena aprobación que permitió al PRD barrer en la elección legislativa y municipal del 2002, aunque la bomba Baninter estaba armada desde antes de su ascenso al poder. Lo que sí fue un grave error, y él lo ha reconocido, fue la reforma constitucional para buscar una reelección imposible en medio de las graves consecuencias de la crisis financiera.

La mejor inversión de HM. Expulsado del PRD por quienes mantienen secuestrado ese partido, con dos fracasos electorales consecutivos, una precandidatura de Hipólito dividiría el “PRD Mayoritario”, habida cuenta de que Abinader lleva más de un año corriendo, y podría liquidar La Convergencia. Nadie debe dudar que él conseguiría una candidatura de consideración, pero para volver a luchar contra el partido-Estado y ahora sin el nombre y los símbolos del PRD, que con Vargas Maldonado conseguiría restarle muchos más votos que hace dos años.

Próximo a los 75 años, sobre el promedio de vida de los dominicanos, no debería procurarse una tercera derrota que ahora podría ser catastrófica, porque tendría más dificultad para sumar seguidores fuera de los ámbitos perredeístas. Y porque ya no puede sembrar para cosechar votos en un futuro político que entonces no tendría.

Hay indicios y versiones de que Hipólito Mejía y su familia están conscientes de lo adverso que les resultan la circunstancias, pero que él también sabe que podría jugar un papel preponderante liderando una Convergencia llamada a crear nuevas ilusiones políticas en un país desencantado de un partidarismo tan profundamente corrompido, fundado en el clientelismo y el rentismo, en la malversación del patrimonio público y de espalda a los procedimientos democráticos.

Hipólito, que ya fue presidente de la República y otras dos veces candidato, podría dar un ejemplo en un país donde los políticos de su nivel, como el liderazgo en general, no concibe el retiro y cree que tras ellos llega el diluvio. Y si pone todas sus energías al servicio de una “Convergencia por un Mejor País”, con un programa razonable de necesarias reformas económico-sociales y políticas, podría tener un colofón para la historia.

Al no ser candidato, Mejía podría convertirse en líder y árbitro inspirador del proyecto de Convergencia, abriéndolo a todos los sectores que anhelan el rescate de la política. Si de una competencia sana y corta, con igualdad de condiciones para todos los precandidatos, con padrón universal como proponen los propulsores del proyecto, sale un candidato más joven que encarne las aspiraciones y demandas nacionales, por lo menos quedarían como opción alternativa y liquidarían la minoría que secuestra el PRD, lo que hasta permitiría su rescate, dado que han dicho que no renuncian al mismo.

Contrario a lo que algunos creen, nada está definido para el 2016 y el agotamiento de la capacidad de endeudamiento del Estado augura graves dificultades presupuestarias para los próximos años.

Las insatisfacciones crecerán, a pesar del buen desempeño personal del presidente Danilo Medina, quien tiene impedimento constitucional para la reelección, y en su partido soplan vientos de confrontación. Hay espacio para una nueva opción de oposición, aunque esa construcción no parece fácil.

El dilema Hipólito-Abinader

La confusión parece predominar en sectores perredeístas sin un líder que los aglutine, lo que en la historia de ese partido fue decisivo, primero con Juan Bosch y luego con José Francisco Peña Gómez. Las encuestas del último año han indicado un fortalecimiento de Luis Abinader como opción a la candidatura presidencial, por la que trabaja abiertamente, beneficiándose del hecho de que no ha ocurrido lo mismo con Hipólito Mejía, quien comprende que una competencia entre ellos los liquidaría a ambos, por lo menos de cara al 2016, pues aumentaría la dispersión entre los perredeístas y contaminaría el nacimiento de La Convergencia.

Hipólito y Abinader aparecen en las tres últimas encuestas Gallup-HOY liderando las tres cuartas partes de los que se consideran perredeístas, pero en partes casi iguales, con ligera ventaja del segundo. Juntos harían de La Convergencia una real opción alternativa, sobre todo si llegan alentando la unidad, la participación de las minorías, y con un programa de rescate de la democracia y la ética política que tanto escasea en el país.

Si pretenden simplemente apoderarse del proyecto Convergencia y transportar allí una lucha bilateral, le propinarían un golpe mortal y liquidarían la posibilidad de que se convierta en un centro de atracción de la inconformidad nacional, sobre todo en los sectores que aspiran a nuevas formas de hacer política y gobernar. Se apropiarían de una idea que ha tenido como motores a agrupaciones de izquierda como el Frente Amplio y su candidato Fidel Santana y a los independientes aglutinados en Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia. Sería más razonable que crearan un nuevo partido político.

 

La “Convergencia” sería alternativa democrática

Por Juan Bolívar Díaz
PRD

La virtual división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha creado condiciones propicias para la emergencia de una nueva fuerza que ocupe el vacío de oposición y pudiera constituirse en una alternativa al continuismo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones presidenciales dentro de 26 meses.

La participación de los grupos mayoritarios del escindido PRD garantizaría un fuerte arranque de la ”Convergencia por un Mejor País”, cuyo estatuto general en discusión plantea elección abierta de candidatos, pero antes abrirían una concertación de programa de gobierno.

Una sumatoria política. La virtual división que afecta al PRD, donde no han podido establecer los más mínimos acuerdos para reencausar la democracia interna tras dos años de confrontaciones, y la prematura lucha en el PLD por la candidatura presidencial iniciada cuando faltaban tres años para las próximas elecciones generales, están impulsando la conformación de lo que se ha denominado “Convergencia por un Mejor País”, cuyo primer objetivo es buscar el poder en el 2016.

Se encuentra en su fase final el estudio de un proyecto de estatuto general tras lo cual abrirían un proceso para consensuar un programa mínimo de gobierno y luego proceder a una elección primaria para escoger candidatos mediante voto universal y secreto para todos los cargos a ser electos en mayo de 2016.

La propuesta partió del grupo Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia que profesionales e intelectuales insatisfechos con la gestión peledeísta conformaron entre el 2010 y 2011 buscando constituir un “frente amplio electoral” con participación de varios partidos de centro e izquierda con franquicia electoral y de núcleos populares. El esfuerzo no concretó.

Hasta ahora participan del proyecto los sectores perredeístas que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, los partidos con reconocimiento electoral Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, el Movimiento Rebelde de Juan Hubieres que lo procura, y los agrupamientos La Multitud, Red de Acción Política y Ciudadanos por la Democracia.

Tratarían de incorporar también a los reconocidos Alianza País, que lidera Guillermo Moreno; Partido Revolucionario Social Demócrata, que encabeza Hatuey Decamps, y Dominicanos por el Cambio, presidido por Eduardo Estrella.

Moreno condiciono su participación a la previa concertación de un programa que empiece por rechazar el prevaleciente reparto del Estado.

Un proyecto democrático. Los politólogos Pedro Catrain, César Pérez, Wilfredo Lozano y el economista Miguel Ceara Hatton, de los fundadores de Ciudadanos por la Democracia, vienen reclamando la constitución de una convergencia de todos los sectores preocupados por la institucionalidad democrática, en lo que han insistido después que el expresidente Leonel Fernández dijera que el PLD gobernará el país hasta el 2036, que luego amplió al 2044, es decir otros 30 años.

Pero han insistido en que la esencia del proyecto debe partir del rescate de los procedimientos democráticos, respeto a las minorías y renovación del liderazgo político promoviendo la incorporación de las organizaciones juveniles y la participación de las diversas expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes.

El preámbulo del proyecto de estatuto indica que es imprescindible la construcción de un espacio político de vertebración unitaria.

“Desde el respeto a los liderazgos, la pluralidad, la tolerancia la personalidad política y jurídica particular, los principios y declaraciones contenidas en las normas de funcionamiento de cada uno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes que componen este esfuerzo unitario proclamamos la plena vigencia de Cambio 2016, Convergencia por un Mejor País”.

El artículo 3 dice que “La Convergencia nace con el objetivo de cambiar la situación política, económica y social de la República Dominicana, que los partidos, movimientos políticos organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes describen en el Manifiesto Político que explica su planteamiento programático”. La elaboración del manifiesto sería fruto del consenso mediante una mesa de diálogo.

Aporte de los perredeístas. La participación de la llamada Corriente Mayoritaria del PRD, integrada por los grupos que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, garantizaría una fortaleza considerable de la Convergencia desde su nacimiento. El proyecto se inspira en experiencias internacionales, como la de La Concertación que venció a Pinochet en el plebiscito de 1988 e inició la restauración de la democracia con el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) y siguió con los de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, hasta el 2010, cuando fue desplazada del poder por Sebastián Piñera, para retornar en este 2014 de nuevo con Bachelet.

Se estima que Mejía y Abinader arrastrarían la mayor parte de los perredeístas inconformes con lo que denuncian como “secuestro del partido por su presidente Miguel Vargas y el expresidente Leonel Fernández y sus cortes”. Se sienten avalados por la mayoría absoluta que les atribuyen la generalidad de las encuestas publicadas desde que estalló la crisis perredeísta tras las elecciones del 2012.

Abinader y Mejía sumaron el 43 por ciento de las preferencias en el universo de los encuestados en la Gallup-HOY de septiembre pasado, contra 21 por ciento de Vargas. Entre quienes se dijeron perredeístas las diferencias eran mucho mayores, 73 a 12 por ciento. En la Gallup-HOY de enero pasado el dueto acumuló 46 por ciento a 21%. Y entre los perredeístas 75 a 13 por ciento. En una encuesta de mediados de febrero del Centro Económico del Cibao dispuesta por Abinader y Mejía el resultado fue 57 por ciento para ellos en el universo contra 20% a Vargas, y entre los perredeístas 86 a 11 por ciento, ambos empatados sobre el 44 por ciento.

Importantes interrogantes. Muchas son las interrogantes que se formulan sobre el proyecto de Convergencia. La primera si los involucrados tendrán la capacidad de concertación, vocación y ejercicio democrático para construirla, lo que se ha frustrado en procesos electorales anteriores tratándose de partidos minoritarios.

En 1973, cuando Juan Bosch abandonó el PRD cinco meses antes de los comicios presidenciales de 1974, en tan corto tiempo bajo el liderazgo de José Francisco Peña Gómez se estableció el Acuerdo de Santiago, en un pacto de cuatro partidos que logró capitalizar el descontento y encabezar la oposición.

Al llegar mayo, Balaguer utilizó hasta las Fuerzas Armadas en las calles para hacer campaña e imponerse, obligando a la abstención del frente cinco días antes de la votación.

La situación ahora es diferente, pues el PRD no tiene un Peña Gómez que lo unifique y el frente electoral no llevaría el nombre y símbolos del partido. Habría que ver si la mayoría de los perredeístas se convencen de que pueden prescindir de él, siquiera coyunturalmente. La encuesta de febrero preguntó si considerarían correcto que Mejía y Abinader salieran del PRD hacia la Convergencia. Lo aprobó el 51 por ciento del universo y el 68 por ciento de los perredeístas.

Otra interrogante es si los dos perredeístas se pondrían de acuerdo para presentar una candidatura presidencial a la Convergencia, o si llevarían a la misma las tradicionales luchas internas de los perredeístas. Desde el año pasado Abinader se proclamó precandidato presidencial y las encuestas lo muestran en ascenso. Mejía ha dicho que trabajará por la Convergencia sin subordinarlo a ser candidato, aunque también sin descartarlo.

Desde luego, el dueto de la Convergencia tendría que convencer a muchos perredeístas que todavía se aferran al nombre y la historia del más viejo partido nacional.

Los asuntos esenciales

Los partidos y grupos participantes conservarían su plena independencia pero estarían obligados a cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Convergencia que serían Consejo General, Dirección Ejecutiva Nacional, con una Mesa Colegiada, un Coordinador General y un Portavoz, diversas comisiones y una Comisión Permanente y tendría órganos locales, provinciales y municipales acordes con la organización electoral del país.

Se plantea que la elección de los candidatos sería mediante voto directo universal, individual y secreto a través de un proceso de primarias en el que participarían los candidatos que presenten todos los partidos y agrupamientos integrados.

Así escogerían los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y el 80 por ciento de los cargos al Congreso Nacional y los municipios.
El restante 20 por ciento sería destinado a proteger el derecho de las minorías participantes, previa reglamentación.

El proyecto establece que las personas postuladas deberán aceptar los objetivos y programas de la Convergencia y su compromiso con un código de ética, además del cumplimiento de los principios éticos establecidos por las leyes y los que adopte la Convergencia.

Antepone los intereses generales a cualquier interés personal, y solo percibirán los honorarios, salarios y dietas establecidos para cada función.

 

Toca al PLD revocar el “genocidio civil”

Por Juan Bolívar Díaz
juan bolivar

Versiones de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería convocado para discutir la grave situación que afronta la nación con un creciente aislamiento internacional a causa de la desnacionalización de miles de ciudadanos alientan el criterio de que corresponde a ese organismo buscar una solución.

En todos los sectores aumenta la convicción de que urge conjurar el grave conflicto que divide hasta las iglesias, para lo cual funcionarios palaciegos elaboraron un anteproyecto de ley en beneficio de los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, convalidando las actas de nacimiento que les fueron instrumentadas.

El cerco internacional. Hasta en sectores que favorecieron la sentencia 168-13 del TC se reconoce que urge encontrar una solución que contenga el deterioro internacional de la imagen de la nación y evitar lo peor, que culmine en un dictamen revocatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde podría llegar el caso. El Gobierno se vería obligado a acatar la última instancia en materia de derechos humanos, según los tratados suscritos por el Estado dominicano, de los que el artículo 74.3 de la Constitución de la República dice que “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Debería evitarse a toda costa el daño de una condena de la Corte Interamericana tras un prolongado escándalo, que ya lleva 6 meses, y en vez de mermar sigue en aumento en el ámbito internacional. En tal caso desafiar una sentencia generaría acciones que podrían afectar comercio, turismo, financiamiento, participación del Estado en organismos internacionales y en relaciones con bloques como los Países ACP y la Unión Europea, y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El hecho objetivo es que el país está en las miras de los organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en el ámbito de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom), de naciones como Estados Unidos y España y otra veintena que se expresaron en la sesión de enero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Se llegó a anticipar que la suspendida visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden tenía como primer punto de agenda las desnacionalizaciones, días después de una segunda condena del Departamento de Estado norteamericano.

La más grave violación. Para el próximo día 24 el Estado dominicano está convocado en Washington a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir el informe preliminar de la misión de ese organismo que visitó el país en diciembre, el cual no dejó resquicio de salvación a la sentencia 168-13.

Cumplido ese trámite el informe sería remitido a la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, en cuyos ámbitos se estima que el genocidio civil de decenas de miles de ciudadanos dominicanos, constituye “la más grave violación de derechos humanos discutida en la historia de la organización creada en 1948.”

Son públicos los pronunciamientos en defensa del derecho a la nacionalidad de decenas de organismos, de influyentes medios de comunicación y personalidades internacionales, incluyendo a entidades con tradición de campañas por derechos humanos, como el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos, órganos especializados del Consejo Nacional de Iglesias norteamericanas, y Amnistía Internacional, que esta semana envió una misión de investigación al país, y que se plantea incrementar una campaña de denuncias que inició a fin del año pasado y a la que se atribuyen cientos de mensajes recibidos en el Palacio Nacional.

El arzobispo de Boston, Seán Patrick O´Malley, uno de los ocho asesores escogidos por el Papa Francisco, los Premios Nobel Mario Vargas Llosa y Adolfo Pérez Esquivel, así como una veintena de legisladores de Estados Unidos, figuran entre las personalidades que han demandado revocación de la sentencia.

Entre Danilo y Leonel. El escándalo internacional y las divisiones nacionales provocadas por la sentencia del TC han agobiado al Gobierno, le han consumido mucho tiempo y lo mantienen indeciso sobre el camino a seguir. Se inclinaba por una Ley de Naturalización, que daría oportunidad a los afectados a optar por una ciudadanía limitada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema de las Naciones Unidas advirtieron que eso dejaría vivo el escándalo en los ámbitos internacionales. La Comisión lo rechazó tajantemente, tanto en su informe como en su conversación con el presidente Medina, indicando que sólo la restitución plena de los derechos afectados impedirá que el caso pase a la Corte Interamericana. Luego se ha hablado de una ley especial que no fue presentada el 27 de febrero como se prometió. Esta semana el presidente dijo que aún se busca consenso.

Los que dentro del Gobierno han favorecido la solución de fondo, encabezados por el ministro Montalvo, han tropezado con la resistencia de los ultranacionalistas que los han llegado a incluir entre sus denunciados “traidores a la patria”. El último esfuerzo parece haber sido abortado cuando al caer febrero los nacionalistas publicaron un borrador de anteproyecto de ley elaborado en el Ministerio de la Presidencia.

Las divisiones y los recelos resaltan aún en los aliados del Gobierno, lo que obliga a una solución que tendría que partir de un acuerdo entre los dos mayores líderes del PLD, Medina y Fernández, ambos conscientes del difícil escenario internacional que afecta al país. Los dos han escuchado sabias recomendaciones internacionales y compartirían la responsabilidad de una condena y aislamiento internacional. Pero sólo de común acuerdo pueden imponer una solución política que pase por el Congreso que dominan y sea acatada por el TC, cuyos jueces no podrían desafiar un acuerdo político que sería aplaudido en los ámbitos internacionales.

Ley de Convalidación

El anteproyecto que se atribuye al Ministerio de la Presidencia fue denunciado cuando todavía se discutía entre sus redactores. Se fundamenta en el artículo 38 de la Constitución que proclama que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable” y su respeto “una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. También en el artículo 18.2 que reconoció como dominicanos a quienes “gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

En su artículo 1 “Se dispone la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil, sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El artículo 2 establece que para beneficiarse de esa convalidación “será necesario constatar: (a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y (b) que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad”.

El artículo 5 dispone que la JCE demande ante el tribunal competente la nulidad de las actas que se correspondan con situaciones de duplicidad y suplantación de identidad.-

Divisiones al granel.

La desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, pero también cocolos, españoles, árabes, chinos y de otras nacionalidades, según el inventario de la Junta Central Electoral de 24 mil 392 afectados por la sentencia, ha dividido profundamente la sociedad dominicana, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta las iglesias. Hay afectados en todos los sectores sociales, incluyendo militares y policías, deportistas, artistas, profesionales, dirigentes políticos y funcionarios civiles.

La división se expresa dramáticamente en la Iglesia Católica, donde el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás López Rodríguez, aparece como cabeza de los defensores de la exclusión, pero la Conferencia Dominicana de Religiosos, que agrupa a todas las órdenes religiosas de sacerdotes y monjas, la rechaza. La Conferencia del Episcopado no ha podido fijar posición, pero se sabe que varios obispos no comparten la actitud de López Rodríguez. En la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Codue, se han expresado posiciones contradictorias.

En el Gobierno y su partido también hay divisiones, aunque pocas se han expresado públicamente. Tanto el presidente de la República, Danilo Medina, como el presidente del PLD Leonel Fernández, han disentido discretamente de la sentencia. Ambos formularon cuestionamientos a su carácter retroactivo. Medina planteó una solución humanitaria al conflicto y Fernández llegó a decir en Estados Unidos que para él Juliana Deguis, cuya instancia de amparo motivó la sentencia del TC, es dominicana. Ningún organismo del partido oficialista se ha manifestado.

Sin embargo, los presidentes de las cámaras legislativas, Reinaldo Pared y Abel Martínez, y el consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, han dado pleno apoyo a la desnacionalización. Mientras al secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se le atribuye favorecer la devolución de los derechos conculcados. Ha sorprendido el silencio de gran parte de los dirigentes peledeístas y muy pocos, como la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista-diputado Manuel Jiménez, se han pronunciado firmemente en defensa de los excluidos.

 

Corrupción y clientelismo: doctrina política de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

El doctor Leonel Fernández hace un “strip tease”  para desnudar su doctrina política fundada en el clientelismo y la corrupción, que si bien es milenaria, ha sido condenada y sancionada en la democracia y la sociedad del conocimiento

El expresidente de la República Leonel Fernández incurrió en un impúdico “strip tease” desnudando la concepción del poder que puso en vigencia en sus tres períodos de gobierno, fundada en el reparto del patrimonio público y en las dádivas que degradan la dignidad humana y mantienen la subordinación de las masas.

Sin duda que Fernández no creó esa doctrina, tan antigua como la humanidad, pero proscrita, condenada y sancionada por la democracia en la era de la información y la sociedad del conocimiento, y cuyo rechazo fue fundamento de su Partido de la Liberación Dominicana y su líder el profesor Juan Bosch.

La confesión del líder Leonel. El artículo “El poder y el liderazgo: Entre puestos y sobrecitos”, publicado por el doctor Leonel Fernández el lunes 10 en el Listín Diario, es una confesión, casi una autoincriminación, de la concepción política en que el autor ha fundado su liderazgo nacional, sin que deba restársele méritos a su carisma y condiciones intelectuales.

Tras un rápido repaso a los teóricos del poder y el liderazgo, desde Platón y Aristóteles, pasando por Maquiavelo y Weber hasta llegar al dominicano Leonte Brea, Fernández refiere dos ejemplos específicos, para concluir en que, aparte de ideología y de conciencia, el poder “hace referencia a otros dos factores: al poder de coacción o represión y al poder compensatorio, que es la capacidad para dar o distribuir”.

El primer ejemplo es el poder que confirió al dirigente reformista Modesto Guzmán, al designarlo director del Instituto Postal Dominicano en 1996, “cargo en que vivía como en el paraíso”, pese a ser una pequeña entidad estatal, cuyo presupuesto apenas alcanza para pagar personal. Pero el expresidente pondera que le otorgó un gran poder ante sus compatriotas y hasta en la casa del caudillo Balaguer porque “podía nombrar algunos compatriotas, repartir de vez en cuando, algún dinerito, y satisfacer algunas de sus necesidades más urgentes”. Leonel Fernández sabía que el sueldito de Modesto era bien modesto y no le alcanzaba para repartir, lo que implica sustracción.

El segundo ejemplo fue la distribución de sobrecitos, con dinero, en una de sus jornadas de cajitas navideñas en Dajabón. Cuando su chofer le señaló cómo las multitudes seguían al repartidor “convertido de repente en un gran líder”, el mandatario dispuso que encargaran el reparto a otro para demostrar cómo hacia éste se movería “la eufórica muchedumbre”. Pondera aquellos momentos de grandes experiencias junto al pueblo”. Y agrega que en ambos ejemplos “se pone de relieve una gran enseñanza de las ciencias políticas acerca del liderazgo y la teoría del poder”.

Bonos acumulados de Leonel. La experiencia de Medina debe hacerle consciente que, contrario a lo que algunos creen, Leonel tiene suficientes bonos acumulados para no subestimar sus posibilidades de alzarse con la candidatura presidencial, y dada la crisis de los partidos opositores, volver a repartir puestos y sobrecitos. Aunque no hay dudas que pasa por una coyuntura bien difícil.

Es que el exmandatario montó una inmensa pirámide de bonos para prolongar su liderazgo político, al viejo estilo de los caudillos dominicanos, como su nuevo maestro inspirador, Joaquín Balaguer, modelo de político que supo erigir un pedestal para reinar durante más de cuatro décadas, y hasta postularse a la presidencia ciego y a los 94 años.

El doctor Fernández comenzó a gobernar en 1996 con fidelidad a los postulados originales de su partido y de su líder fundador, pero a mitad de período empezó su Programa de Empleo (PEME) que defendió bajo el postulado de que “prefería pagar a pegar”, las nominillas de su segundo período las justificó en “que si no repartimos se cae el Gobierno” y en el 2011 dijo en Nueva York que, liberado de la tutela del FMI, invertiría 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo del PLD el año siguiente. E invirtió como 80 mil entre enero y mayo, y otros tantos en los tres meses de transición con cargo al 2016.

La concepción del poder de Fernández descansa en un inmenso entramado: más de dos millones de tarjetas, en diversos “programas sociales” la mayoría con montos que sólo sirven para mantener la pobreza, degradando y subordinando a las más ignorantes que agradecen esas migajas. En las clases medias invirtió cientos de miles de empleos sobre remunerados, miles de pensiones privilegiadas y de becas en el exterior. Y se entendió con sectores de poder económico y políticos a los cuales complació. Dio curso a un rentismo que alentó nuevos capitales. A los aliados políticos y figuras intocables de su partido les entregó parcelas de poder para que las administraran como el Inposdom (Modesto lleva 13 años ahí), la Cancillería, el Banco de la Vivienda, Bienes Nacionales, Inespre, Migración, Consejo de Frontera, Lotería Nacional, Desarrollo de la Comunidad, el IDSS, Superintendencia de Seguros, ministerios y otras.

La respuesta de Danilo. La respuesta pública de Danilo se produjo el jueves, cuando dijo que no busca hacerse líder, que no intentará reelegirse y que “lo que estoy buscando es elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y lo único que busco como recompensa es que cuando vuelva y me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles, la gente me diga gracias Danilo porque en su gobierno yo elevé mis condiciones de vida”.

El artículo de Fernández provocó el público rechazo del Presidente a la degradación de los repartos, y se dice que la respuesta privada sería alentar precandidatos que compiten por la nominación presidencial del PLD para el 2016, como el secretario general y presidente del Senado Reinaldo Pared, por demás hermano del ministro de las Fuerzas Armadas y asistente clave del actual mandatario, quien esta semana lanzará formalmente su proyecto.

No sólo en esta respuesta, sino en su gestión, el presidente Medina ha tomado distancia de la doctrina del poder y corruptiva de Leonel, lo que explica en parte la alta aprobación que sigue teniendo. Pero no ha intentado desmontar la pirámide clientelista, temeroso de afectar intereses y alentar enemigos internos y entre sus aliados políticos.

La ley de partidos. Es obvio que Medina lleva sobre la cabeza, sin sustituirlos, a funcionarios como el director de Migración, José Ricardo Taveras, a quien le han bajado el protagonismo y de otros que le enmendaron sus planteamientos sobre la desnacionalización, o del embajador en España, César Medina, quien hasta le ha formulado advertencias en sus columnas periodísticas diarias.

Un ejemplo dramático es lo ocurrido con el embajador ante el Vaticano, Víctor Grimaldi, y sus dos graves traspiés diplomáticos, cuando envió y publicó una carta al Papa, denunciando una “conspiración” del embajador de Estados Unidos ante el gobierno dominicano, y luego con otra carta pública rechazando el llamado de atención privado que le había hecho un vicecanciller. La respuesta oficial ha sido una desautorización diciendo que sus “desafortunadas declaraciones” fueron a título personal y no comprometen al gobierno. Pero no fue una “declaración”, sino una carta denuncia enviada al jefe del Estado donde está acreditado, que en cualquier caso debió cursarse al Gobierno dominicano. En términos diplomáticos la denuncia y rebelión de Grimaldi amerita despido ipso facto, pero ese puesto es parte del entramado intocable.

Una advertencia a Danilo

Por los recientes acontecimientos a lo interior de su partido, donde ha perdido poder ante el altar del presidente Danilo Medina, es obvio que Leonel disparó una advertencia al mandatario, diciéndole que los liderazgos están directamente proporcionados a la capacidad de distribuir “puestos y sobrecitos”. El metamensaje es que como Medina no podrá reelegirse, como lo hizo él, su liderazgo puede ser efímero.

Fernández pudo haber incurrido en un error costoso al ignorar el factor coercitivo del poder, que aludió, aunque el mismo no fue suficiente para impedir que Medina alcanzara la candidatura presidencial de su partido, como se intentó desde las posiciones de mayores repartos que encabezaban los “ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista y Díaz Rúa.

El artículo se inscribe en una larga serie de errores tácticos a los que ha sido inducido Fernández por el machismo político de sus financiadores, algunos disgustados porque los danilistas les cortaron lucrativas contrataciones, el mayor de los cuales ha sido el inicio demasiado prematuro de una campaña para el retorno en el 2016, apenas el Gobierno cumplió su primer año, lo que ha incentivado luchas internas.

Aunque Leonel lo ha negado, los danilistas le atribuyen responsabilidad en el escándalo internacional y crisis diplomática derivada de la sentencia que desnacionaliza decenas de miles de dominicanos, que ha consumido demasiado durante cinco meses, poniendo al Estado a la defensiva en el mundo globalizado y dejándolo en riesgo de una vergonzosa condena internacional por violación de derechos humanos.

El expresidente no necesitaba esa campaña precipitada, que ha reactivado sus rechazos, ya que tiene ventajas de liderazgo, posición de mando, deudas y lealtades en el PLD y de recursos multimillonarios que sólo una frontal y decidida acción del presidente Medina podría neutralizar, si apoyara contundentemente alguna opción o, menos viable, intentando abrir camino a la reelección.

Hay quienes todavía esperan que el Presidente desligue más claramente su gobierno de un clientelismo y rentismo clientelares que los códigos democráticos condenan y persiguen como malversación de fondos y tráfico de influencia, sobre todo en la sociedad del conocimiento de la que tanto ha teorizado el doctor Fernández. Una forma de comenzar podría ser que el Presidente aproveche su auge y promueva la aprobación del proyecto de ley de partidos con sanciones al abuso del patrimonio público en las actividades políticas.

 

Danilo afianza liderazgo; apoyo a domínico-haitianos

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup para HOY muestra que el liderazgo del presidente Danilo Medina en la coyuntura en que crece su influencia en los organismos directivos de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a costa del expresidente Leonel Fernández cuyo gobierno es señalado como el más corrupto en casi medio siglo.

La investigación indica también un fortalecimiento de Luis Abinader en las preferencias para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, y demuestra que la mayoría de la población considera dominicanos a los descendientes de haitianos indocumentados nacidos en el país.

 La fortaleza de Danilo

Uno de los más relevantes indicadores de la encuesta Gallup-HOY, realizada a fin de enero y publicada esta semana, es la alta aprobación que mantiene el presidente Danilo Medina a un año y medio de su gestión gubernamental, cuando mantiene una opinión positiva del 84.7 por ciento de la población, casi similar al 86 por ciento que registró en la anterior, de septiembre del 2013, pero ahora genera confianza en el 87 por ciento, 14 puntos más sobre el 73 por ciento de cuatro meses atrás. Casi 9 de 10 encuestados, 87 por ciento, aprueba la forma en que conduce el país.

La aprobación de Medina es tan fuerte que, aunque no se presentó su nombre como posible candidato para las elecciones del 2016, por estar prohibida la reelección consecutiva, el 47.3 por ciento del universo y el 49 por ciento de los peledeistas lo prefieren, casi las mismas proporciones de 47.7 y 50 por ciento, respectivamente, de hace cuatro meses.

Parece obvio que el ejercicio y los poderes presidenciales y la cultura presidencialista favorecen a Medina, erigido ahora como primer líder de su partido, y sus preferencias podrían ser mayores aún sin no tuviera el impedimento constitucional, difícil de superar porque tanto para una modificación constitucional como para canalizarlo por vía de un referendo se requiere dos terceras partes de la Asamblea Nacional proporción que no alcanza ni con todos los votos del PLD y sus aliados. Pero hay que prepararse para ver un intento reeleccionista, difícil de materializar por el poder que aún mantiene el doctor Fernández, actual presidente del partido.

La corrupción persigue a LF

Resalta que Danilo Medina más que duplica las preferencias que se expresan por Leonel Fernández, y aunque éste no tiene impedimento legal de postularse, consigue apenas el 18.7 por ciento en el universo de los encuestados y el 23 entre los peledeistas. Empero, en ambos renglones subió en relación al 15 y 17.7 respectivamente, de septiembre. El tercer lugar de las preferencias del PLD para el 2016 lo sigue ocupando la vicepresidenta y esposa de Fernández Margaria Cedeño, quien registra 11 por ciento en el universo y 14 entre los peledeistas, casi lo mismo de septiembre.

Pero lo peor de esta encuesta para Leonel Fernández es que marcó cómo lo persigue la percepción de que su gobierno rompió los récords de corrupción. A la pregunta en qué gobierno cree usted que hubo mayor corrupción, a partir de los 12 años de Balaguer iniciados en 1966, el 47.7 por ciento señaló los 8 años seguidos de Leonel y otro 4.8 por ciento su primer período de 1996-2000, para 52 por ciento.

En el segundo lugar, con un 25.5 por ciento quedó situado el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-04, y luego los 12 años de Balaguer, 1966-78, con 10 por ciento. El de Salvador Jorge Blanco, 1982-86, fue señalado por el 3.8 por ciento, aunque este es el único mandatario en la historia del país condenado por malversación de fondos públicos, en un proceso cargado de manipulaciones políticas.

La reafirmación de Medina se registra en la encuesta Gallup en momentos en que incrementaba su fuerza con una barrida de sus seguidores de tres cuartas partes en la elección de nuevos miembros del comité central del PLD, y de 7 de ocho nuevos electos a su Comité Político. Aunque el 69 por ciento de los encuestados percibe mal o muy mal la situación económica y 53 por ciento dice que el país va por mal camino. 

Abinader sigue en ascenso

Otro elemento relevante en esta encuesta es que Abinader mantiene el ascenso en las preferencias que registró en las tres mediciones del año pasado para candidato del principal partido de oposición, el dividido Revolucionario Dominicano (PRD), superando a Hipólito Mejía y al ex.candidato presidencial Miguel Vargas, tanto en el universo de los encuestados como entre los perredeístas. El expresidente se mantiene muy cerca de Abinader, y Vargas sigue relegado, especialmente por los perredeístas.

En el universo las puntuaciones obtenidas fueron 24.4 para Abinader, 21.9 Mejía y 21.3 Vargas, quien se nutre de las preferencias de los que se dijeron peledeístas, donde alcanza 28.5 por ciento. Entre los perredeístas menos de la mitad, sólo 13.4, aunque dos puntos más que el 11.5 por ciento de septiembre. Abinader lo triplica con el 39.7 de los perredeístas, 3 puntos más que el 36 por ciento marcado en septiembre, y Mejía 35.5 por ciento, 1.5 menos que hace 4 meses.

Si se suman las preferencias expresadas por Abinader y Mejía, aliados en la confrontación con Vargas que mantiene dividido el PRD, en cualquiera de los dos escenarios, tienen una gran mayoría, y entre los que se dijeron perredeístas en proporción de seis a uno. El posicionamiento de Vargas no ha mejorado en relación a las encuestas del 2012, pese a que maneja personalmente los casi 18 millones de pesos mensuales del subsidio estatal a los partidos. 

Apoyo a dominico-haitianos

La encuesta Gallup-HOY desmonta la pretensión de que la mayoría de la población dominicana apoya la sentencia del Tribunal Constitucional que despoja de la nacionalidad a los nacidos en el país desde 1929 descendientes de extranjeros indocumentados. El 58. 2 por ciento respondió positivamente a la pregunta considera que son dominicanos o no los hijos de haitianos indocumentados. En la zona metropolitana alcanzó casi dos tercios, el 65.5. En la región sur sólo el 43. 5 por ciento.

Se ratifica otra encuesta acreditada, la del Barómetro de las Américas, publicada en noviembre, que había registrado mayoría a favor de la ciudadanía de los dominico-haitianos, con 31.2 muy de acuerdo y 25.7 muy en desacuerdo en escala de 1 a 7, con 38.5 por ciento del lado negativo y 53.1 por ciento del positivo.

Aunque el 62 por ciento consideró que la sentencia 168-13 no tiene un carácter antihaitiano, el 68 por ciento es partidario de una ley de amnistía que legalice el estatus de los haitianos indocumentados que vinieron al país a trabajar para la industria azucarera. Llama la atención que pese al intenso debate de casi 5 meses, el 35 por ciento de los encuestados dijera que no han oído hablar de la sentencia.

La Gallup-HOY muestra que los dominicanos responsabilizan al propio Estado, 42.6 por ciento, y a los empresarios, 27.6 por ciento, de la desbordada inmigración haitiana. Sólo el 28 por ciento culpa a los propios haitianos, contradiciendo el discurso detrás del cual se ha ocultado la explotación de una mano de obra masiva e indefensa.   

El Estado a la defensiva

Esta semana marcó una situación crítica para el Estado dominicano que defiende la sentencia del constitucional. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el rechazo fue masivo y generalizado, Amnistía Internacional volvió a pedir que se revierta la sentencia, estimando que su ejecución constituiría “una brutal violación de los derechos humanos”. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares, de protección, para los y las dirigentes del movimiento Reconocido integrado por dominico-haitianos.

Lo duro para el Estado dominicano fue la evaluación a que fue sometido en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el miércoles y viernes en Ginebra, donde representantes de otros 50 estados le formularon 134 recomendaciones sobre derechos humanos, 22 de ellos expresando preocupaciones por el derecho a la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas.

Entre los estados que se expresaron están los más relacionados con RD, como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Jamaica y Trinidad-Tobago. Sólo estos dos del CARICOM que ha encabezado el rechazo internacional. También España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Noruega, Irlanda, Eslovania, Ucrania, Australia y Somalia.

Hubo 24 recomendaciones sobre derechos de los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país, 22 sobre la pertinencia de que el país ratifique convenciones internacionales sobre reducción de apatridia, castigo del genocidio, trabajo doméstico y otros, 18 sobre violencia contra la mujer, 8 sobre violencia y ejecuciones sumarias policiales y 4 sobre tráfico de personas, y otras.

El discurso del representante de España fue el más explícito al pedir que RD “evite la aplicación retroactiva de las normas que podría derivarse de la ejecución de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional y que podría generar situaciones de apatridia de ciudadanos que ostentan la nacionalidad dominicana”. También “España recomienda la aplicación rápida y no discriminatoria del Plan de Regularización de Extrranjeros y que la RD considere, a estos efectos, las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita al país el pasado 6 de diciembre, “que el proceso en su conjunto se haga de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.-

Nueva correlación de fuerzas en el PLD

Por Juan Bolívar Díaz

Los resultados de la votación interna para elegir 138 nuevos miembros del Comité Central (CC) del PLD arrojan importantes cambios en la correlación de fuerzas entre sus dos mayores líderes, el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero sin que se pueda interpretar que éste haya sido derrotado.

El certamen también ratificó la necesidad de una ley de partidos políticos que incentive el ejercicio de la democracia interna, garantice la libre y equitativa competencia y sancione los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, tanto internas como nacionales.

Barrida de los danilistas. Más allá de las fuertes contradicciones, que incluyeron brotes de violencia, lo más relevante ha sido la barrida electoral protagonizada por los candidatos señalados como seguidores del presidente Medina, que según estimaciones extraoficiales implicaron la conquista de cerca de dos tercios de los sillones del CC en disputa.

Los informes disponibles hasta ayer sábado, cuando oficialmente sólo se había computado el 81 por ciento de la votación, indican que los danilistas habrían conseguido una amplia mayoría de los 138 asientos, para algunos sobre el 60 por ciento. Otros 30 fueron escogidos mediante el inédito método de uno por cada uno de los 26 integrantes del Comité Político, lo que hacía más difícil el predominio absoluto de alguna de las corrientes políticas y grupales que inciden en la organización.

Eso no se traduce automáticamente en un control del CC ya que los 138 elegidos el domingo, son apenas el 20 por ciento de los 620 que integrarán el organismo, que hasta ahora era de unos 400. A los 168 se sumarán 52 legisladores que también pasarán a formar parte del mismo.

En cualquier caso la barrida danilista, que ha repercutido en la opinión pública, tendrá incidencia al interior del partido gobernante, fortaleciendo la incidencia del Presidente y ampliando sus posibilidades de gobernar al margen de los intereses de un Leonel Fernández que ha permitido el inicio de una nueva campaña por la candidatura presidencial del PLD cuando apenas había transcurrido el primer cuarto de la actual gestión y sin que algún otro partido amenace poner en jaque al oficialismo.

Deseos de alternativas. Hay que tomar en cuenta que Danilo Medina no es un improvisado en la política partidaria y que durante años se le consideró el albañil sobre el cual pudo llegar su partido al poder y erigirse la fortaleza de Leonel Fernández, en sus primeros 6 años de gobierno. El era el enlace con la dirigencia media y baja, quien atendía demandas y buscaba colocaciones, mientras el abogado cultivaba las alturas.

Cuando era presidente Fernández suscitaba la adhesión de la mayoría del CC y del Comité Político, pero empezó a debilitarse cuando sus partidarios comenzaron a activar para imponer un cuarto período de gobierno y tercero consecutivo. Cuando fue obvio que hasta dentro del partido había resistencia a ese continuismo y se quiso colar la candidatura de la esposa, no consiguieron el apoyo ni del Comité Politico. El derroche de dinero y poder que han exhibido los más cercanos activistas de Leonel, como Félix Bautista y Díaz Rúa, también es causa de rechazo interno.

Sin un partido de oposición que en lo inmediato amenace el reinado peledeísta, es natural que crezcan las ambiciones de otros dirigentes por acceder a una candidatura que presumen triunfante. De ahí que se hayan lanzado abiertamente Francisco Javier García, Reinaldo Pared y Temístocles Montás, y que se mantengan las aspiraciones de otros como José Tomás Pérez y Francisco Domínguez Brito.

Habría una especie de todos contra Leonel, generalizándose el criterio de que sus tres períodos son suficientes. Quien ha hablado más abiertamente de la necesidad de renovación es el ministro de economía, Montás. Alguien cercano a Medina señaló “la alta tasa de rechazo que mantiene Leonel en las encuestas que no se publican”.

No subestimen a Leonel. Sería superficial pretender que los resultados de una elección interna tan limitada decreten el ocaso del liderazgo del expresidente, un político de muy alto carisma, a quien medio PLD le debe una extraordinaria prosperidad y en muchos casos riquezas, obtenidas gracias a su capacidad para retener el poder, sin olvidar que fue clave para que Medina pudiera sucederlo.

Es visible el fuerte apoyo que Fernández conserva entre legisladores, especialmente los senadores, y en los sectores más conservadores de la sociedad, a quienes se ha entregado, así como los abundantes recursos económicos acumulados por su estado mayor político.

Con la alta aprobación que ha logrado en su gestión, nadie debería sorprenderse del auge político de Danilo Medina, pero con la imposibilidad de repostularse, es difícil que pueda subordinar definitivamente la fuerza interna y externa que mantiene el presidente del PLD. En el actual escenario nacional, sin un partido de oposición que amenace su predominio, aún con el actual alto rechazo de Fernández, no asoma todavía quien pueda emerger como alternativa victoriosa. Por eso mismo, los legisladores peledeistas leales a Leonel dificultarían un proyecto de ley para abrir la brecha de un plebiscito o referendo sobre reelección, y ni hablar de reforma constitucional, por la mayoría requerida de dos tercios de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto no hay dudas que el danilismo sale fortalecido del proceso interno del PLD, con el leonelismo a la defensiva, pero lejos de estar vencido, lo que repercutirá en una intensificación de la precipitada precampaña para unos comicios nacionales que distan a dos años y cuatro meses. No debe esperarse que la sangre llegue al río, dado el sentimiento de cuerpo de los peledeístas y su acentuada vocación de poder que los dota de capacidad para pactar entre ellos y con fuerzas extrañas.

Se desmitifica el PLD. La votación del domingo 12 siguió desmitificando el partido que fundara el profesor Juan Bosch, con más de un millar de aspirantes a 168 puestos, una campaña desaforada y derrochadora por todos los medios de comunicación, enfrentamientos que llegaron a un muerto y varios heridos, robo de urnas, inversión de recursos de dudoso origen y denuncias de fraudes y manipulaciones.

Las denuncias de abuso de recursos estatales salieron de los propios peledeístas, incluyendo a cuatro senadores, llegándose al extremo de entregar copias fotostáticas de decenas de cheques del quebrado Consejo Estatal del Azúcar distribuidos como parte de la campaña de su director ejecutivo.

Ciertamente que las irregularidades no fueron generalizadas, y que no se ha documentado, como otras veces, un desmadre en el abuso del poder, pero el dinero se impuso, con inversiones de hasta dos dígitos de millones de pesos para alcanzar un puesto en un organismo que en los últimos 9 años apenas ha sesionado cuatro o cinco veces para ratificar candidaturas, aunque también significativamente para prolongar el mandato de la mayoría de sus altos dirigentes.

Con una votación que el segundo boletín estimó en 731 mil, alta para una limitada elección interna, pero apenas 28 por ciento de un abultado padrón de 2 millones 646 mil miembros, el PLD se ratifica como fuerza dominante. La extensión por casi una semana del cómputo también desmitifica su eficiencia y disciplina.

Los brotes de violencia, con un muerto en Maizal, Esperanza, con tiroteos golpes y heridos en Santiago, Santo Domingo Oriental, La Romana, Barahona, Pedernales y Ocoa, la masificación peledeísta parece recorrer el terreno de la política tradicional. .

De nuevo quedó evidente la necesidad de una ley de partidos que garantice la democracia interna y sancione los excesos, que los partidos dominantes se han negado a aprobar en las doce ocasiones que ha sido introducida al Congreso Nacional, desde la elaboración de su primer proyecto por consenso social y político del 1998-99.-

Hipótesis sobre este cambio

Nadie duda que el disfrute y uso de los recursos estatales es uno de los factores que explican este cambio en el partido gobernante. Pero no es suficiente, ya que los activistas pro Leonel no son desarrapados ni aficionados en el uso del poder. Como es propio de la incultura democrática y la falta de reglamentación y sanción, el poder de algunos funcionarios jugó un papel, pero sin alcanzar los desniveles de años anteriores.

A los leonelistas les devolvieron un poco de la medicina que ellos utilizaron contra los danilistas, no sólo cuando Fernández se impuso en la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando Danilo acuñó la sentencia “me venció el Estado”, sino incluso cuando trataron de cerrarle el paso para la candidatura del 2012. Primero gastaron una millonada recogiendo dos millones de firmas y tratando de imponer una nueva reelección que acababa de ser prohíbida, sino luego con las frustradas precandidaturas de Margarita Cedeño y del vicepresidente Rafael Alburquerque.

Jugó su papel también la cultura presidencialista, según la cual en el partido oficial no se debe ir contra la corriente del responsable del Gobierno, pero también influyó, y en gran medida, el nuevo estilo de liderazgo de Medina dentro y fuera de su partido, más cercano a los dirigentes y militantes y a más diversos sectores sociales.

Dentro del PLD muchos celebran que Medina dejara atrás el aparataje de poder, el providencialismo, el boato y el desprecio por el tiempo de los demás que implicaban los sistemáticos atrasos de hasta tres horas en la llegada de Fernández a sus compromisos nacionales o partidarios. Se le llegó a atribuir renuencia en recibir a dirigentes y militantes partidarios y que los hacía esperar durante horas.

 

Se configura la división definitiva del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

Tras el fracaso esta semana de un “último intento de conciliación para celebrar una Convención Nacional democrática”, los sectores dirigenciales mayoritarios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anuncian una “ofensiva final” para tratar de recuperar el control de la organización.

Pero con el favor del Tribunal Superior Electoral, Miguel Vargas Maldonado seguirá adelante en un calendario electoral con una Comisión Organizadora parcializada, lo que configuran la división definitiva del más viejo partido nacional que el 21 de este mes cumpliría 75 años de fundado.

La hora de los hornos. A casi tres años de luchas internas que no cesaron ni para las elecciones presidenciales del 2012, cuando obtuvo el 47 por ciento de los votos, el Partido Revolucionario Dominicano parece encaminarse a la división definitiva, ya que en la práctica quedó escindido por las confrontaciones del año pasado, que incluyeron la expulsión de su mayor líder tras la muerte de José Francisco peña Gómez, el expresidente Hipólito Mejía, y su presidente en funciones Andrés Bautista, un violento asalto a la casa nacional y la celebración de dos reuniones paralelas de su Comité Ejecutivo Nacional.

La elección el 16 de diciembre de una Comisión Nacional Organizadora para la Convención que desde el año pasado debió escoger nuevo presidente, ya que el período para el que fue juramentado Miguel Vargas venció el 19 de julio, parece marcar el punto de inflexión en la prolongada crisis, ya que la misma es rechazada por la mayoría de sus dirigentes, constituidos por las corrientes que encabezan Hipólito Mejía, Luis Abinader, Neney Cabrera, los llamados terceristas y el Foro Renovador, que tras unos meses de aparentes divergencias se presentan unificados contra el empresario Vargas.

La designación de una Comisión Organizadora integrada por los más fieles seguidores de Vargas, incluyendo a su presidente Julio Maríñez, ha sido considerada por los demás sectores como nueva evidencia de su propósito de imponerse “contando solo con el favor del Tribunal Superior Electoral que él constituyó junto al expresidente Leonel Fernández”, por lo que lo rechazan como parcializado.

Fracasa “último esfuerzo”. El otro factor que ha decantado la lucha del “todos contra Miguel” ha sido el fracaso esta semana de lo que algunos señalan como “último intento” por alcanzar un entendimiento para restablecer los procedimientos democráticos en el partido blanco, cuando Miguel Vargas volvió a condicionar cualquier tipo de entendimiento a que se le garantice seguir en la presidencia del partido y la candidatura presidencial para el 2016.

Las condiciones se conocieron el jueves al publicarse una carta del 8 de enero, dirigida a Peggy Cabral y Eduardo Jorge Prats, que en representación del presidente del partido se habían reunido con los remitentes Ana María Acevedo, Orlando Jorge Mera, César Cedeño y Deligne Ascensión, a nombre de las corrientes de Mejía y Abinader.

Por lo que se ha informado, los contestatarios del presidente del PRD tomaron la iniciativa de un nuevo intento de conciliación buscando salvar la unidad. Ambos grupos de comisionados se reunieron el 7 de enero y allí se expusieron de forma verbal las condiciones de Vargas: Apoyo para presidente del partido en la Convención Ordinaria y para la candidatura presidencial del 2016, así como “una distribución proporcional de los cargos nacionales del partido de un 40% para el sector de Miguel Vargas, un 40% para el sector de Hipólito Mejía y un 20% para otros sectores”.

Los remitentes de la carta dicen que tras consultar con Mejía y Abinader decidieron mantener la disposición al diálogo para “una solución a la situación interna del partido que sea satisfactoria para toda la familia perredeísta y la democracia dominicana”. Propusieron que los cargos directivos fundamentales del partido sean electos por voto universal y directo de los miembros como establecen los estatutos, y que los reservados a la Asamblea de Delegados sean pactados con las proporciones de 40, 40 y 20%. También proponen que la Comisión Política elija de inmediato, y con la misma proporción, una Comisión Organizadora, que fije la Convención para el 23 de febrero y apruebe el reglamento y el padrón electoral, entre otros asuntos.

No perderán más tiempo. En los últimos meses ha crecido la convicción de que Miguel Vargas y su grupo de ninguna forma auspiciarán un proceso democrático, ni para elegir dirigentes ni candidatos. Guido Gómez Mazara, que es de los que más ha activado por la conciliación en el último año y cabeza junto a Tony Peña Guaba, Eligio Linares y otros de los llamados terceristas, es de los que cree que “ya no podemos perder más tiempo”.

Los terceristas incluso se alejaron de Hipólito Mejía cuando en agosto pasado propusieron una Comisión Organizadora de la Convención eleccionaria concediendo a Vargas la designación de 9 de 15 integrantes, sin previamente revocar las expulsiones y suspensiones. Estaban convencidos de que ni con esa ventaja el ingeniero y empresario podría ganar una convención, “pues las encuestas entre los perredeístas no le otorgan más del 10 por ciento, incluyendo la Gallup-HOY de abril 2013”.

Pero los terceristas, que llegaron a reunirse con el mismo Vargas, se han quedado esperando una respuesta y el intento parece haber fracasado como todos los anteriores que involucraron comisiones como la de los doctores José J. Puello y César Mella y el periodista Homero Figueroa. En varias ocasiones los contestatarios promovieron la mediación de figuras de la Iglesia Católica, que llegaron a aceptar si todos lo pedían, pero nunca Vargas formalizó una respuesta.

Desde mediados de semana, los sectores que reclaman democracia interna comenzaron a hablar de una ofensiva final para forzar a Vargas, que incluiría fuertes denuncias sobre sus vínculos con el expresidente Leonel Fernández, cuya campaña para la candidatura presidencial del partido gobernante ha sido iniciada por sus allegados. Al presidente del PRD le atribuyen un entendimiento político y de negocios con el exmandatario, desde el pacto por la reforma constitucional que ambos firmaron en el 2009, y que pasó incluso por la campaña electoral, en la que el presidente del partido blanco se negó a promover su candidatura presidencial.

La división luce inevitable. A casi tres años que se inició la última confrontación interna en el PRD, cuando en marzo del 2011 Hipólito Mejía ganó la nominación presidencial 53.4% a 46.5%, lo que el derrotado Miguel Vargas atribuyó a “300 mil votos de peledeístas”, en ese partido, como en la sociedad dominicana, hay un sobre cansancio de la situación y cada vez son más reducidas las esperanzas de que pueda ser superada.

Convencidos de que Vargas mantendrá el secuestro no solo de la casa nacional, privativa de sus partidarios, sino también de los organismos y de la presidencia del partido, son más frecuentes los dirigentes que entienden el planteamiento de hace un año del doctor Hugo Tolentino, de que si no hay forma de hacer valer la democracia en ese partido, deben formar otro. El asunto lo retomó a fin del 2013 Ramón Alburquerque, expresidente de la organización.

Otros como Jorge Mera dicen que se morirán en ese partido, porque están en el mismo desde niños. Pero en general va tomando cuerpo la resignación de que si el partido está secuestrado, tienen que buscarse alternativas, como la de forjar uno nuevo o plantearse una conjunción de fuerzas para enfrentar la vuelta de Fernández, lo que ya se propone lanzar el “Frente Amplio” de izquierda que encabeza Fidel Santana.

Alburquerque no descarta la posibilidad de recuperar posteriormente el PRD, derrotando a Vargas con una conjunción de fuerzas de oposición. Pero otros entienden que para eso primero tienen que arrinconarlo lo más posible y demostrarle a los perredeístas que “con él solo no ganan ni un senador ni la alcaldía de un municipio importante”.

Habrá que esperar a ver la estrategia definitiva de los que han decidido el “todos contra Miguel” y sobre todo si son capaces de guardar coherencia y firmeza, de vencer la apatía y el cansancio que cunde en niveles importantes dentrp de ese partido y mostrar suficiente amplitud para ganar adeptos fuera de los muros perredeístas.

 El último año de la agonía del PRD

14 de enero 2013:
Consejo disciplinario de parciales de Miguel Vargas expulsa del PRD a Hipólito Mejía y Andrés Bautista, y suspende a Geanilda Vásquez y Jorge Mera.
27 de enero:
Seguidores de Mejía y otros sectores asaltan la casa nacional del PRD para impedir reunión de dirigentes convocada por Vargas. Destrozos y heridos.
3 de mayo:
Mejía y Vargas Maldonado conversan durante 30 minutos en casa de José M. Soto Jiménez.
4 de junio:
Vargas y Mejía se reúnen por última vez. El primero dice que consiguió la presidencia del partido y la próxima candidatura presidencial. El otro lo niega.
16 de julio:
Tribunal Electoral dice no pudo comparar listados de miembros del CEN y avala el de Vargas que según sus oponentes excluye a 629 miembros e incluye a 300.
19 de julio:
Vence el período de 4 años para el que en el 2009 fue electo y juramentado Miguel Vargas como presidente del PRD.
1 de agosto:
Se celebran dos reuniones paralelas del Comité Ejecutivo. La de Vargas designa a Peggy Cabral y Junior Santos en sustitución de Geanilda y Jorge Mera.
30 de agosto:
“Sector tercerista” propone a Vargas elegir una comisión organizadora de una Convención unitaria” de 15 miembros, dejándole designar a 9. No hay respuesta.
16 de Diciembre:
Reunión sorpresa de una parte de la Comisión Política del PRD, designa la Comisión Organizadora y calendario de la Convención Nacional.
20 de Diciembre:
Tras reunión de la Comisión Consultiva del PRD que preside, Enmanuel Esquea proclama que “se acabó la tolerancia con Miguel Vargas”. Rechazan la Comisión Organizadora de la Convención.
8 de Enero del 2014:
Fracasa último intento de conciliación. Rechazan conceder a Miguel Vargas presidencia del PRD y candidatura presidencial del 2016.
10 de Enero del 2014:
Abogados encabezados por Enmanuel Esquea vuelven al Tribunal Electoral pidiendo anular reuniones y decisiones del CEN de Miguel Vargas.