El empinado camino de la concertación

Por Juan Bolívar Díaz
TEMA DE HOY

Crece en el país la convicción sobre la necesidad de concertación para constituir un amplio frente que detenga el proceso de monopolización del poder, por lo menos con una nueva composición del Congreso Nacional sino puede producir una alternabilidad a los últimos tres períodos de gobierno, llamados a prolongarse por siete más.

Guillermo Moreno acaba de proponer una mesa de concertación sobre bases bastante parecidas a la plataforma de la Convergencia por un Mejor País, por lo que nadie entiende las razones por las que no se materializa, a no ser el predominio de la vocación individualista prevaleciente en los sectores progresistas y de izquierda.

El diálogo de Guillermo. El jurista Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País, y una de las reservas éticas de la política nacional, acaba de proponer una “mesa de diálogo y concertación política” para dar fundamento programático a la concertación o convergencia planteada por otros para cambiar el curso político, económico y social del país. Comparte el criterio de que por el monopolio del poder prevaleciente, “ningún sector político, por sí solo, puede desplazar el partido gobernante y su proyecto de perpetuación en el poder”, que el presidente del PLD, Leonel Fernández ha proyectado por lo menos hasta el 2044.

Moreno sostiene que “Al partido gobernante nadie le podrá derrotar en el terreno del clientelismo y de las prácticas políticas tradicionales. No se le va a derrotar por el número de siglas que se sumen en acuerdos de cúpulas o por proclamas o programas formales de los que luego nadie se acuerda y mucho menos respetan”.

La condición esencial para participar en el diálogo que propicia “es que haya identidad en la necesidad de un cambio político para producir un cambio de rumbo”. Precisa que la mesa “tiene que avanzar para producir a la brevedad posible un acuerdo de mínimos que vaya construyendo puentes de conexión e identidad con y desde la ciudadanía”. Que se debe concertar la ampliación de los derechos a una educación de calidad, a la salud, la seguridad social, el trabajo decente, el salario justo, el transporte seguro, a la vivienda y la alimentación.

Guillermo Moreno deja bien claro que la concertación no puede ser “para un desplazamiento puro y simple del partido gobernante, sin asumir expresamente el cambio de modelo y comprometerse a hacer las reformas y transformaciones que le den un nuevo rumbo al país”.

Ni tanto ni tan poco. Cualquier concertación que aspire a capitalizar el descontento político de amplio espectro tendría que partir de una base de reformas que contenga el deterioro económico, político y social, que reivindique la institucionalidad democrática y se comprometa muy concretamente a desmontar la parcelación y reparto del Estado, el clientelismo, la corrupción y la impunidad, y plantee el imperio de la ley.

No puede ser una lista de propósitos generales, sino una enunciación programática que, por ejemplo, implique el compromiso de todos sus candidatos a eliminar los barrilitos, cofrecitos, nominillas, sueldos y pensiones privilegiadas que llegan a implicar hasta dos cientas veces el salario mínimo estatal, limitación de los vicecónsules, embajadores y altos cargos y organismos gubernamentales parasitarios.

Sin pretender una revolución socialista ni un proyecto autoritario al estilo venezolano, la Concertación o Convergencia debe programar la reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso al estilo brasileño, refundar la República en el cumplimiento de la Constitución y las leyes y en el fortalecimiento de las instituciones, como el Poder Legislativo, con reformas que reencausen los partidos políticos y desmonten la manipulación de los órganos judiciales, el ministerio público y los organismos de control.

No pueden ser unas cuantas páginas apresuradamente hilvanadas, pero tampoco un ampuloso programa que distraiga la oposición mientras los aspirantes a la continuidad saturan la ciudadanía de propaganda, con un aparato mediático que genera fatalismo y resignación. El concierto no puede ser determinado por una sola fuerza, por más masas que aporte, pero tampoco se puede ignorar la realidad de la diversidad.

Liderazgo y candidatos. Lo primero que requiere todo proceso de concertación es de líderes en capacidad de dirigirlo, sobreponiendo los intereses personales y grupales para armonizar el conjunto y generar una sinergia que cree nuevas ilusiones más allá del entorno partidario en amplios segmentos sociales insatisfechos, abstencionistas o resignados ante el deterioro de la política partidista y del ejercicio gubernamental.

La Convergencia podría contar con múltiples aspirantes a candidaturas en todos los niveles, pero para escogerlas es fundamental un liderazgo con autoridad moral y en disposición a dar ejemplo de renunciamiento. El antecedente a tener en cuenta sería el del frente que venció a Balaguer en 1978, bajo el liderazgo de Francisco Peña Gómez. El poder del peledeísmo en el poder es tan apabullante como el que encarnaba Balaguer en su período gubernamental 1966-78, que el PRD solo no hubiese podido relevarlo.

Sólo después de pasar por un diálogo como el propuesto por Moreno, convocando a todas las fuerzas políticas y sectores interesados, con bases programáticas para el cambio de rumbo, deberían discutirse candidaturas de Convergencia. Para politólogos como Rosario Espinal la escogencia de la candidatura presidencial no puede implicar una larga campaña ni luchas que frustrarían la concertación y generarían incertidumbres y desconfianzas.

Algunos favorecen una consulta popular con el padrón de electores, exceptuando a los militantes de los partidos del frente gobernante. Hay quienes plantean una “encuesta jumbo científica” primero con todos los aspirantes y si nadie logra más del 50 por ciento, una segunda rápido con los dos preferidos. Los 32 candidatos a senadores deberían escogerse por consenso del liderazgo del frente opositor, incluyendo a representantes de cada partido y a personas relevantes de los diversos ámbitos sociales, mientras para diputados y cargos municipales debería imperar la votación democrática de las jurisdicciones, guardando la cuota propuesta del 25 por ciento para representación de las minorías.

Fraguar esa concertación no luce fácil. El desafío es fuerte para los que quieren una opción alternativa, favorecida en los más diversos sectores nacionales, unos por cansancio de la gestión peledeísta de tres períodos consecutivos y cuatro de los últimos cinco, y otros por temor al regreso del doctor Leonel Fernández, por el poder que concentra, por el desastre fiscal y la corrupción en que dejó el país y las dudas de que pueda gobernar sin repetirlos.-

 Bastantes coincidencias

Tras esos planteamientos se debe asumir una respuesta pública de los sectores que promueven la Convergencia por un Mejor País, dada la coincidencia con la agenda programática que ésta proclamó en su asamblea del 6 de julio, cuando llamó a concertar un cambio político “que no sólo desplace la corporación PLD del poder en el 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y de la sociedad dominicana”.

No sobran las advertencias de ambas partes, puesto que el pragmatismo político que se ha apoderado del sistema partidista lleva a muchos a una simple disputa por alcanzar el poder para reproducir, como ha ocurrido tantas veces en el pasado reciente, los modelos excluyentes, conservadores, corruptores y personalistas que han marcado la historia nacional desde la fundación de la República.

La plataforma de la Convergencia fue proclamada por ocho agrupaciones políticas, una de las cuales, el Frente Amplio, ya es la conjunción de otras tantas de la izquierda que se conformó para las elecciones del 2012. Entre los convergentes está el Parido Revolucionario Mayoritario (PRM), constituido por los principales líderes y dirigentes nacionales del dividido Partido Revolucionario Dominicano, lo que aportaría perspectivas de masas a un frente opositor, pero también podría transportar la vocación divisionista y los vicios del viejo sistema de partidos que muchos quieren desplazar.

Con el agravante de que los agrupamientos de la izquierda y personalidades progresistas no han sido inmunes a las prácticas seudo democráticas, los individualismos y la renuencia al concierto, como se ha demostrado en los intentos de concertación para las dos anteriores elecciones presidenciales. Para la última, Alianza País que postulaba a Guillermo Moreno, el Frente Amplio, con Julián Serulle, Alianza Por la Democracia, que llevó a Max Puig, Dominicanos por el Cambio, postulando a Eduardo Estrella, y el Partido Democrático Independiente, con Ismael Reyes, pasaron más de un año barajando una concertación que al final fracasó. Sólo Moreno pasó del 1 por ciento en la votación del 2012, con 62 mil 290 votos, 1.37 por ciento.

 

Desafíos para Danilo a mitad de gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
Danilo Medina 2do año

El Gobierno de Danilo Medina llega a su primera mitad con alta aprobación por su mejoramiento de la inversión pública, especialmente en educación, por su austeridad, reducción de la corrupción y por mayor cercanía a la población, ayudado por la ausencia de oposición política.

Pero sin haber podido solventar los graves problemas de la pobreza, la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, enfrentará una difícil segunda mitad, limitado por las precariedades económicas y las luchas internas en su partido, precipitadas por la actitud presidencial de no enfrentarse con nadie.

Los mayores éxitos. El mayor éxito de la primera mitad del Gobierno del presidente Danilo Medina ha sido la reorientación de la limitada inversión pública (con apenas 5 por ciento en gasto de capital este año), especialmente su esfuerzo por cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación, 15 años después de su promulgación.

Aunque todavía no ha alcanzado el 4 por ciento, el Gobierno se aproxima a la meta, muy concentrado en la construcción de aulas para viabilizar la extensión de la jornada escolar, relegando otros aspectos fundamentales como la formación de maestros. La concretación del Pacto por la Educación y una campaña por erradicar el analfabetismo han completado el crédito en el sector.

La atención a la pequeña y mediana empresa y productores agropecuarios, con el particular sello personal de las visitas presidenciales ha constituido otro éxito reconocido, aunque los 11 mil millones de pesos que han comprometido en dos años no llegan al 2 por ciento del presupuesto de gastos del 2014, y solo se han desembolsado unos 7 mil millones de pesos, apenas unos 163 millones de dólares.

Una política de austeridad, cercanía con la gente y humildad de Medina, en contraste con el boato y la malversación de su antecesor, han contribuido al alto porcentaje de aprobación, de hasta 80 por ciento, que ha registrado el Gobierno en las encuestas. La renegociación del contrato sobre la explotación de la mina de oro de Cotuí constituyó un hito en la popularidad del mandatario.

Se debe acreditar al Gobierno de Danilo Medina el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit que registran las finanzas públicas en los últimos siete años, aunque para ello ha tenido que continuar la política de alto endeudamiento, que según la Cámara de Cuentas se incrementó en 28 por ciento solo en 2013 y que este año prosigue espoleado por el pago de capital e intereses de la deuda vieja, los subsidios y transferencias y el gasto corriente.

Quemado en transparencia. El Gobierno de Medina ha hecho esfuerzos por mejorar la transparencia en las contrataciones, incluyendo veedores en organismos clave como el Ministerio de la Presidencia, pero aún está lejos de alcanzar las metas del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito en la campaña electoral por iniciativa del movimiento Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. El segundo monitoreo, de julio pasado, lo quema con apenas 22 por ciento de cumplimiento, registrando retroceso en las informaciones de muchas páginas de Internet. No se ha logrado establecer la Cuenta Única del Tesoro ni se han eliminado organismos infuncionales ni duplicidades.

Se reconoce una reducción de la corrupción, pero con una manifiesta decisión de mantener la impunidad, sin combatir los conflictos de intereses, el clientelismo, el nepotismo, las nominillas y las decisiones en beneficio propio de los ejecutivos gubernamentales y especialmente en los organismos descentralizados y autónomos, en contradicción con los principios éticos que rigen la administración pública a la luz de la Ley de Función Pública.

Un fracaso total ha sido la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que no ha cumplido prácticamente ninguna de las 42 funciones que le atribuyó el decreto 486-12, que la creó. Ha ignorado el informe financiero que debe reclamar cada año a los funcionarios públicos obligados a declaración jurada de bienes. Su titular, Vincho Castillo, quedó descalificado con su ridícula declaración jurada de bienes donde excluyó gran parte de sus haberes. Nunca se conocieron tampoco los informes trimestrales sobre la aplicación de los decretos 499-12 y 262-13 que establecieron un plan de austeridad hasta diciembre de 2013.

El reparto del Estado. Pese a la buena intención de mejorar la administración pública, el Gobierno de Medina llega a su primera mitad manteniendo en general el reparto del Estado sobre el que fundamentó su predominio el presidente Leonel Fernández. Dos tercios de los organismos estatales conservan los mismos titulares, desde los ministerios, a las direcciones generales, hasta las cámaras legislativas y de las instituciones autónomas y descentralizadas. Se trata de un sistema de parcelación del Estado, donde los dirigentes del Comité Político del partido de Gobierno y sus aliados parecen inamovibles. Y desde luego, cada uno de ellos dispone de amplia discreción en las nóminas, niveles salariales y otros beneficios, con frecuentes escándalos públicos.

El presidente Medina parece haberse empeñado en no pelearse con nadie. Ni siquiera sustituyó o trasladó al embajador ante el Vaticano, quien incurrió en tres desaguisados diplomáticos públicos en una misma semana, llegando al extremo de discutir en la prensa recomendaciones privadas que le formulara la Cancillería.

En un país de tan arraigada cultura presidencialista, muchos confunden la liberalidad con debilidad y abusan. Eso puede explicar que dirigentes de su partido, de las cámaras legislativas y hasta ministros y directores generales subordinados lo dejaran prácticamente solo lidiando con la crisis internacional originada en la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de personas.

Mientras el mandatario buscaba una salida humanitaria al escándalo, hasta subalternos directos y el liderazgo de su partido preferían sumarse al discurso excluyente de los seudo nacionalistas. Los impunes desafíos al reglamento de la Ley 169-14, que conjura el conflicto, tienen connotación de cuestionamiento al Presidente y a su Ministro de la Presidencia por parte de aliados y funcionarios gubernamentales.

Intereses corporativos. Si en la primera mitad de su período el presidente Medina no pudo sobreponerse a los intereses corporativos partidarios para hacer el Gobierno que quería y con los funcionarios que le fueran más leales, será casi imposible en la segunda mitad, sobre todo cuando ya la lucha por la candidatura presidencial del partido gobernante para el 2016 limita o determina las acciones gubernamentales. Fue un exceso permitir que funcionarios subalternos iniciaran una campaña electoral en el primer año de su gestión.

Los intereses corporativos han sido determinantes en que Danilo Medina produjera cambios formales significativos en el ejercicio presidencial, pero no de fondo en la gestión gubernamental, como parte de lo que “nunca se ha hecho”. Pretendió hacer tortillas sin romper huevos, y al final puede concluir con un “dry clean” para que se pueda vuelva a lo que antes se hizo.

Medina y sus asesores pueden reivindicar su gestión por el alto nivel de aprobación, que no es insólito, ya que los presidentes dominicanos llegan a la mitad del período con buena aceptación, incluyendo a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El declive comienza con la segunda mitad. Aunque Medina ha estado por encima del promedio, lo que en parte se atribuye al desguañangue de la oposición.

El surgimiento de una alternativa opositora y la lucha por la candidatura oficialista con todas sus consecuencias, y en un escenario económico precario, serán el gran desafío para Danilo Medina en la segunda mitad de su Gobierno, que inicia esta semana.

Los mayores fracasos

No haber logrado concretar los pactos Fiscal y Eléctrico, que junto al Educativo integran una trilogía básica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cuenta entre los fracasos de esta primera mitad de Gobierno. Escasa voluntad política, amarres partidarios y las urgencias por el enorme déficit fiscal que heredó, determinaron que el Gobierno arrancara con otra reforma tributaria, evadiendo comprometerse en un pacto fiscal de amplio espectro que implicaría restricción y reorientación del gasto.

Ha cifrado su ataque a la crisis energética en la construcción de dos grandes plantas de energía basadas en el carbón, el ingrediente de generación más contaminante y cuestionado, y aunque ha invertido en el terreno, llega a la mitad del período sin haber conseguido su financiamiento, por lo que será difícil concluirlas en este Gobierno.

El combate a la inseguridad ciudadana ha sido otro propósito de poco éxito, sin haberse materializado la “reforma integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, como tampoco la “reestructuración y profesionalización” de las relaciones exteriores, planteadas en el discurso inaugural del presidente Medina.

Los resultados en el mejoramiento de la salud se corresponden con la pobre inversión que no alcanza al 2 por ciento del producto interno, absolutamente insuficiente. La positiva supresión de las cuotas por atención en los hospitales públicos no ha podido ser compensada, traduciéndose en precariedades, mientras la epidemia de la chikungunya sumió este año el sistema en crisis con lenta respuesta oficial.

 

El PRD en manos del Tribunal Electoral

Por Juan Bolívar Díaz
prd

La instancia que procura la anulación de la cuestionada convención eleccionaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) llegará próximamente al Tribunal Superior Electoral (TSE) que tendrá que decidir si le da el tiro de gracia a la más antigua organización política nacional o prolonga su agonía.

La prolongación del calvario por el que atraviesa el PRD favorecería al partido de gobierno por cuanto mantendría el descrédito de esa organización y la ilusión de su rescate en los más acendrados perredeístas, y retrasaría el fortalecimiento del proyecto de constitución de un frente de oposición.

La instancia de Guido

Cual llanero solitario que desafía al grupo que secuestra la democracia interna del PRD, encabezado por su presidente titular Miguel Vargas Maldonado, Guido Gómez Mazara persiste en dar la batalla interna a la que renunciaron los mayores líderes disidentes y anuncia que recurrirá hasta el TSE buscando que anule la cuestionada convención eleccionaria que culminó en un visible desastre el pasado 20 de julio.

Las exclusiones y el autoritarismo con que se organizó la convención quedaron a la vista de todos, lo mismo que la violencia y el desorden en que culminó. Esta semana Gómez Mazara documentó que en catorce de las 31 provincias y el Distrito Nacional no se realizó la votación y que en varias de las otras 18 sólo fue parcialmente, sosteniendo que sólo se contaron 19 mil votos, de un padrón de 538 mil electores en los recintos donde pudo acreditar delegados y que puede demostrar que la mayoría le benefició.

Aunque dice tener constancia notarial para sustentar su petición de nulidad, no se debe descartar exageración,  pero reporteros de diversos medios informativos pudieron documentar que no se votó en provincias como San Cristóbal, Peravia, Azua, La Vega, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Montecristi, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, y Samaná, como tampoco en Santo Domingo Este, el mayor municipio del país. En muy pocas ciudades se reportó una concurrencia significativa.

La publicación de las actas por recintos electorales, hubiese podido contribuir a la transparencia, como demandó esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana, experto en observación electoral, el cual deploró “la frustrada convención”,  y las actuaciones de la dirección del PRD y de los organismos de control electoral, y planteó que esos acontecimientos  “deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la  ilegalidad y la parcialidad de las autoridades”.

Papa caliente para el TSE

La impugnación de la convención fue sustentada fundamentalmente en que sólo fueron habilitados 161 (menos de la mitad) de los 341 centros de votación que se habían programado, en la exclusión de los delegados de Gómez Mazara, en la violencia con que se impidió a muchos votar y en la negativa a entregar copias de las actas.

La Comisión Organizadora declaró inadmisible la impugnación por haber sido interpuesta “de manera extemporánea y en violación de los plazos establecidos”. Fue sometida cuatro días después de la convención, pero se dijo que el límite era de dos días, insuficientes para reunir documentación nacional y elaborar una instancia. Se adujo también que no se presentaron pruebas documentales que sustentaran la nulidad.

De inmediato Gómez Mazara anunció que llevará su solicitud hasta elTSE, confiado en que administrará justicia, con el precedente de dos decisiones a su favor adoptadas por ese órgano antes de la convención, la que dispuso que le entregaran el padrón de electores y los centros de votación y otra que ordenó que le acreditaran sus delegados. Pero antes, sus abogados procuraban agotar otra instancia interna, la Comisión Política del partido, aunque sin esperanza de que este organismo, tan unilateral como la comisión organizadora, vaya a variar el rechazo.

Esta sería la trigésima instancia elevada al TSE desde el 2012 cuando, tras las elecciones presidenciales, se desató la crisis que mantiene en capilla ardiente al PRD, casi todas falladas en beneficio del sector que encabeza Vargas Maldonado, quien junto al expresidente Fernández eligió los jueces de ese tribunal, como los de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. La mayoría de ellos son vinculados a esos dos dirigentes políticos. De los cinco del TSE la excepción sería su presidente Mariano Rodríguez, definido como “un buen hombre, jurista de vocación académico pero incapaz de pelearse con nadie”.

¿Prolongar la agonía?

Habrá que esperar la instancia de Guido Gómez para ver sus fundamentos, pero dado el descrédito en que ha quedado la convención perredeísta, si pidiera pruebas documentales, como las actas por centros de votación, el TSE pudiera encontrar elementos suficientes para disponer por lo menos que se votara en las provincias y municipios donde no se hizo y que se garantizara el sufragio por lo menos a los que aparecen en el reducido padrón de Vargas Maldonado.

La expectativa, al menos entre los perredeístas, es de que el tribunal seguirá abonando las actuaciones del grupo de Vargas Maldonado, al que en el pasado reciente reconoció la expulsión de dirigentes, y masivas exclusiones en los padrones del Comité Ejecutivo, la Comisión Política y la membresía en general.

La anulación parcial o total de los resultados convencionales implicaría nuevos plazos, de semanas o meses, lo que prolongaría la agonía del partido blanco a sus 75 años. Daría aliento a Gómez Mazara y a los perredeístas nostálgicos que todavía creen en la posibilidad de restablecer la unidad, como el suspendido exsecretario general Orlando Jorge Mera, el reelecto presidente del Comité del Distrito Nacional Alfredo Pacheco y los dirigentes Neney Cabrera y Eduardo Sanz Lovatón, quienes también han solicitado la anulación y una nueva convención. Por igual Juan Santos, otro que compitió por la presidencia del PRD, y al que tampoco se le permitió votar, como a Gómez Mazara.

Si el TSE valida la traumática convención de Vargas Maldonado, en la que ni los candidatos opositores pudieron votar, el principal de ellos víctima de una agresión armada ampliamente difundida,  quedaría sellada definitivamente la división del PRD, al perderse las mínimas esperanzas de restablecer la democracia interna, empujando a todos los objetores de la convención hacia el proyecto de frente opositor.

Beneficiaría al PLD

Mientras se espera a ver si emerge una nueva fuerza política opositora, la división del PRD en lo inmediato apuntará las posibilidades de que el PLD mantenga el monopolio del poder en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2016, cuando incluso podría hasta incrementarlo.

La prolongación de la agonía también le  beneficia por la saturación que se registra en la ciudadanía de la crisis del perredeísmo y sus múltiples incidentes. Pero sobre todo porque dilata las definiciones  frente el nuevo Partido Revolucionario Mayoritario (PRM) constituido por los sectores que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, y las posibilidades de armar su proyecto de Convergencia opositora.

Las encuestas han indicado que entre dos tercios y tres cuartas partes de los perredeístas se irían de inmediato al PRM y la Convergencia, pero muchos dirigentes medios y militantes todavía se aferran a los símbolos y banderas que ostentaron durante décadas. A quienes tomaron la decisión de constituirse en un nuevo partido les conviene que se cierre cuanto antes toda expectativa de reunificación, que “ya sólo sirven para perder el tiempo”.

Estrategas del PRM y la Convergencia consideran que Vargas Maldonado ha quedado noqueado por el desastre en que culminó su convención, por lo que esperan cerrar el capítulo, pero por eso mismo temen que los peledeístas favorezcan la prolongación de la confrontación, incluso con la esperanza de que otro desenlace fuera menos desfavorable para el grupo de Vargas. Aunque por otro lado reconocen que sería un duro golpe que le declararan ilegítima su convención.

Preocupación por la democracia

En muy diversos sectores nacionales se expresan preocupaciones por la rumbo de la democracia con la división del principal partido de oposición después que el PLD absorbiera, en los últimos años, el tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, y una docena de grupos políticos menores.

A esa preocupación se atribuye el pronunciamento esta semana del embajador de Estados Unidos; James Brewster, quien abogó por la prevalencia de un sistema multipartidista donde no se concentre el poder en un solo partido. La misma preocupación se expresa en los cenáculos empresariales, razón por la cual el Consejo Nacional de la Empresa Privada pagó una amplia difusión de un comunicado pidiendo la aprobación de la ley de partidos políticos, estimándola fundamental para la institucionalidad democrática nacional.

Tanto el comunicado del CONEP como el planteamiento del embajador Brewster, han despertado rechazos enfáticos de dirigentes peledeístas, incluyendo a miembros de su cúpula como Franklin Almeyda, y a su vocero en la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, quien acusó al diplomático de “un atrevimiento y una injerencia”.  El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que el pronunciamiento del norteamericano no es propio de un embajador que respeta el ordenamiento institucional del país.

Las preocupaciones no se refieren sólo al control del poder ejecutivo, y del Congreso Nacional, sino también de las altas cortes y del ministerio público, así como de la Junta Central Electoral, más que por un solo partido, por una sola persona, el expresidente Fernández, ya en campaña por regresar al poder, al que muchos advierten como patrocinador del desguañangue de grupos y líderes políticos y sociales

El PRD en tránsito a su desguañangue

Por Juan Bolívar Díaz
Lío PRD

El espectáculo antidemocrático y violento de lo que debió ser una convención eleccionaria sume en el mayor descrédito y auto descalificación al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el más antiguo del país y uno de los más tradicionales de América Latina, fundado hace tres cuartos de siglo.

En lo inmediato, el desguañangue del perredeísmo abona la muy probable repostulación del expresidente Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su anunciado proyecto de dominación política por lo menos para los próximos 30 años.

Escenario poco auspicioso. El virtual secuestro en que había caído el Partido Revolucionario Dominicano, que tuvo su mayor expresión en expulsiones y suspensiones sumarias que incluyeron al expresidente de la nación Hipólito Mejía, quien como último candidato presidencial dos años antes había obtenido el 47 por ciento del voto luchando contra todo el Estado, decretaba una profunda división, pero nadie podía esperar que fuera tan torpemente fraguada como ocurrió en la convención eleccionaria del 20 de julio.

El escenario para la imposición fue montado a lo largo de un año, excluyendo a cientos de miembros del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del partido, luego durante una sesión en diciembre sin previa convocatoria, eligiendo una Comisión Organizadora de la convención presidida por Julio Maríñez, uno de los más radicales y sectarios promotores de la expulsión de Mejía y del presidente en funciones Andrés Bautista, y de la suspensión del secretario general Orlando Jorge, y de la secretaria de organización Geanilda Vásquez.

Miguel Vargas Maldonado, quien había excedido en un año el cuatrienio para el que fue juramentado presidente del PRD en 2009, se negó a integrar una comisión organizadora plural, por lo que la mayoría de los dirigentes conocidos, encabezados por Mejía y Luis Abinader, decidieron abstenerse, iniciando la constitución de su propia alternativa que recién se materializa en el Partido Revolucionario Mayoritario (PRM).

De los contradictores solo Guido Gómez Mazara y un grupo que lo ha sustentado optaron por la pelea dentro, lo que parecía una quijotada, pero ni con ellos se montó un escenario de competencia democrática.

Tuvieron que apelar al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que les entregaran el padrón de votantes del que se excluyó a cerca de las dos terceras partes del anterior, y hasta para que le proporcionaran la lista de las mesas electorales.

Mucho peor de lo esperado. Se vaticinaban graves incidentes si muchos de los excluidos del padrón procuraban ejercer su derecho, pero lo ocurrido el domingo 20 superó lo previsible, al punto de que no se pudo votar en municipios tan grandes como Santo Domingo Este, San Cristóbal, La Vega, Baní, Azua, Bonao, Higüey y Monte Cristi, y se hizo parcialmente en Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, Santiago y hasta en el mismo Distrito Nacional, donde la violencia montada en la Casa Nacional perredeísta fue tan desbordada que opacó lo ocurrido a nivel nacional.

En muchos municipios hubo enfrentamientos con heridos, destrozo de urnas y boletas de votación, y general exclusión de delegados de la candidatura de Gómez Mazara.

Pero lo ocurrido en la Casa Nacional perredeísta fue suficiente para descalificar todo el proceso, cuando al principal candidato alternativo se le impidió el acceso al local y ejercer el voto. Como prueba de voluntad pacifista, Guido Gómez se hizo acompañar de su madre Carmen Mazara. Las cámaras televisivas mostraron cómo se desató una balacera contra ellos y sus seguidores, cuando se alejaban del local.

El lanzamiento de una botella plástica no podía justificar decenas de disparos de escopetas que hirieron por lo menos a dos personas, por parte de quienes debían ser los más preocupados por mantener el orden, mucho menos las exhortaciones a disparar a matar formuladas por el diputado Fiquito Vásquez, el “juez” que presidió el tribunal que expulsó a Mejía y Bautista, recogidas por el camarógrafo Víctor Vicente de Noticias SIN, por la que le incautaron el vídeo que tuvieron que devolver al tercer día.

Los atropellos contra otros periodistas, incluyendo el arrebato de celulares para impedir que grabaran y transmitieran la agresión, completaron el desproporcionado escenario de una absurda convención fundada en la protección de miles de policías y decenas de vigilantes privados. En Santiago el trato a los periodistas fue distinto, repartieron sobres con diez mil pesos por cabeza.

Sella la división del PRD. El conato de convención y la constitución días antes del PRM sellan definitivamente la quinta división del partido más antiguo del país, motor de los avances democráticos del período post Trujillo. La primera protagonizada por uno de sus fundadores, Nicolás Silfa, la segunda por su primer gran líder Juan Bosch, luego la de Jacobo Majluta y finalmente la que encarnó Hatuey de Camps. En cada caso nació un nuevo partido, pero con una clara mayoría quedando con el nombre y los símbolos.

Desde antes del desastre convencional todas las encuestas y la percepción de los analistas atribuyen un apoyo minoritario a quienes esta vez quedarían con la matrícula del partido, lo que podría condenarlo a transitar el derrotero seguido por el otro partido más antiguo, el Reformista Social Cristiano, cuyo apoyo determinó la victoria del PLD en 1996, pero se auto relegó al tercer lugar, y en las dos últimas elecciones presidenciales ha caído a votación de 4 y 6 por ciento.

Uno de los mayores absurdos políticos que se recuerden ha sido el que el grupo de Vargas Maldonado dejara fuera casi dos tercios de sus empadronados, en vez de sumar como hacen todos los que pretenden ganar elecciones.

En la presidencial de 2012, con Hipólito Mejía de candidato y Vargas Maldonado en la acera del frente, el Partido Revolucionario Dominicano fue el partido más votado con un millón 911,341 votos, 199,605 más que el millón 711,732 votos que obtuvo el PLD. Los aliados pusieron la diferencia.

Beneficia a Leonel y el PLD. El grupo de Vargas parte de la convicción de que ese partido ha sobrevivido a todas sus divisiones, pero esta tiene características de secuestro de la democracia interna que podría condenarlo a la insignificancia política o la desaparición, como ha ocurrido con los partidos tradicionales de su época, con la excepción del Revolucionario Institucional (PRI) porque logró gobernar México durante siete décadas, con gran capacidad para reciclar sus cuadros dirigenciales, y el subdividido peronismo argentino. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), inspirador y aliado del PRD, no pudo escoger candidato para la última elección en Perú en el año 2011.

La suerte del PRD como fuerza política podría depender de la capacidad que demuestren Mejía y Abinader para sacar adelante el PRM y la Convergencia electoral que vienen armando, y del uso que haga Guido Gómez del capital político que le ha dejado su habilidosa confrontación.

Pero mientras tanto, la división luce tan profunda como para relegar al partido blanco en los comicios de 2016 y en lo inmediato amplía la perspectiva del expresidente Fernández de conseguir una nueva postulación por el PLD.

Con el principal opositor dividido a fondo, su liderazgo y la lealtad de los beneficiarios de su gestión gubernamental de 12 años pasarán por encima del rechazo que en el universo le atribuyen las encuestas.

Mientras se define si surge un fuerte relevo del PRD, como ha ocurrido en toda la región tras las crisis de los partidos tradicionales, crecen las posibilidades de Fernández volver al poder en el 2016 y de materializar su vaticinio de que el PLD gobernará hasta el bicentenario de la República en el año 2044.

Increíble fiesta democrática

Si todo ese despliegue de violencia era inverosímil, como si hubiese sido dispuesto para deslegitimar aquella convención, fue más increíble que ese mismo día, cuando ya se autoproclamaba reelecto como presidente del PRD, Vargas Maldonado dijera que aquello había sido una “fiesta de la democracia”. Y al día siguiente el cómputo arrojó 233 mil 428 votos, apenas el 43 por ciento del padrón reducido a 538 mil 478 electores, sin detallarlo por municipio. Más realista podrían ser los 124 mil 586 votos computados para la elección de secretario nacional de Organización. Por el secretario general no se votó porque sólo hubo un candidato.

Los 198 mil 175 votos atribuidos a Vargas son apenas el 31 por ciento de su propio padrón, el 14 por ciento del anterior que incluía más de 1 millón 400 mil perredeístas, y el 10 por ciento del 1 millón 911 mil 341 votos que ese partido obtuvo en la elección presidencial del 2012.

Esa farsa política fue montada con la complicidad de la JCE que se negó a fiscalizar un acto fundamental de un partido que este año recibirá 220 millones de pesos del presupuesto nacional, y más de mil millones hasta los próximos comicios, y del TSE que avaló las exclusiones en abierta violación a los derechos adquiridos, ambos organismos actuando en congruencia con su integración, fruto del pacto político que Vargas suscribió en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández, entonces sólo como ex candidato presidencial y que la debilidad institucional perredeista avaló a posteriori.

 

La Convergencia decantaría la crisis del partidismo

Por Juan Bolívar Díaz
partidismo

En la medida en que se acerca el desenlace de la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es su inminente división, se perfila la Convergencia por un Mejor País, que busca constituirse en un amplio frente que capitalice la oposición al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El pasado domingo, ocho grupos políticos proclamaron la Convergencia con una agenda programática general a la espera de concertar un programa de gobierno, mientras esta semana el partido reconocido Alianza Social Dominicana será rebautizado como Partido Revolucionario Mayoritario.

Hacia nuevo ciclo político. El documento de proclamación de La Convergencia comienza reivindicando los anhelos políticos y sociales de las últimas cinco décadas, tras la desaparición de la tiranía trujillista para iniciar “un nuevo ciclo político” que “no solo desplace la corporación PLD del poder en 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y la sociedad dominicana, esfuerzo posible si logramos una vigorosa coalición de fuerzas políticas y sociales, usando adecuadamente las armas y las herramientas de la política del siglo XXI”.

La estrategia fundamental parte de “la superación de los abismos existentes entre las fuerzas políticas y el movimiento social”, con una coalición no solo de partidos sino de grupos diversos de la sociedad, desde el empresariado hasta las comunidades de base “con el interés de plantear soluciones a los problemas más sensibles de la ciudadanía”.

Reconocen el “deterioro que padece la clase política” por lo que se empeñarán en “construir una voluntad democrática que impregne confianza y entusiasmo en la población”, con propuestas presentadas “desde el pluralismo y la tolerancia, con prácticas y actitudes favorables a la creación de una relación necesaria entre el movimiento social y el movimiento político”, a través de la participación en las propuestas programáticas y en el Gobierno.

Proponen articular un espacio plural y abierto para congregar “una amplia gama de posiciones políticas, ideológicas y sociales” con capacidad no solo para ganar la presidencia de la nación, sino para alcanzar una significativa representación congresual y municipal “con propuestas que vayan más allá de un simple cambio de autoridades”.

Buscan incorporar otros. El manifiesto de La Convergencia fue presentado por los partidos reconocidos Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, por el PRD Mayoritario, el Foro Renovador del PRD, y los movimientos políticos sociales La Multitud, Red de Acción Política, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia y Dominicanos por el Orgullo Nacional.

La exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el politólogo Pedro Catrain, de los principales ideólogos de La Convergencia, explican que están entregando el manifiesto a una serie de entidades políticas y sociales, a la vez que los invitan a participar en la concertación del programa de gobierno.

Aspiran a lograr la incorporación de los partidos como Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata y Dominicanos por el Cambio, que lideran Guillermo Moreno, Max Puig, Hatuey de Camps y Eduardo Estrella.

En la concreción del programa esperan incluir cuestiones vitales para reducir la corrupción, la impunidad, el clientelismo y al reparto del Estado, y señalan asuntos como la incorporación de las entidades sociales en el Consejo Nacional de Ética, la supresión de organismos inoperantes y suplicantes de funciones, de cientos de vicecónsules, embajadores y cargos innecesarios, así como de las nominillas, dentro de una política de prioridades en la inversión y el gasto.

También proscribir barrilitos y cofrecitos de los legisladores, con el compromiso de dedicarse a sus funciones constitucionales, y gestión municipal absolutamente transparente y participativa. Los estrategas están convencidos de que el compromiso concreto con las principales demandas de la sociedad producirá una avalancha que sacudirá el sistema partidista, aunque reconocen que para alcanzar esos objetivos tendrán que aunar grandes energías, “espantando los fantasmas del grupismo autodestructivo que ha afectado tanto al PRD como a los partidos y grupos de izquierda, que una y otra vez han impedido la sumatoria de los sectores democráticos y progresistas”.

Esperan que esa avalancha no solo liquide lo que quedará del viejo PRD, sino que genere un terremoto en el PLD. Todo ello en base al rechazo que las encuestas marcan al actual sistema partidista.

El desafío de candidaturas. Cuando se discute a fondo con los promotores de La Convergencia, se llega siempre al desafío que representan las candidaturas, no solo la presidencial, sino también las legislativas y municipales.

Milagros Ortiz y Catrain dijeron el viernes por Teleantillas que esperan tener candidatura presidencial para octubre, o a más tardar para comenzar el 2015.

Conciben la elección con el padrón universal, llamando a toda la población a elegir sobre las propuestas que formulen los partidos y grupos coaligados.

De los actuales participantes solo el Frente Amplio ha señalado su candidato, Fidel Santana, y se espera que otros, incluyendo los que aún no se han comprometido, presenten candidaturas, lo mismo que el PRD Mayoritario, el cual tiene el desafío de decidir entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. El primero no ha dicho si la buscará, pero el segundo lleva más de un año en campaña. Hasta ahora los dos se mantienen unidos en la creación de la estructura que sustentará el PRD Mayoritario, conformada por la dirección media y de base del perredeísmo.

Todos reconocen que si los perredeístas transportan el grupismo y el clientelismo tradicional, La Convergencia quedaría corta.

Un proyecto de reglamento elaborado a principio de año concibe que el 80 por ciento de los cargos sean elegidos en votación abierta, y el restante 20 por ciento para asegurar la representación de las minorías políticas y de los grupos sociales.

Pero eso está aún por definirse, esperando la incorporación de otros partidos y núcleos sociales.

La suerte está echada. Para los dirigentes de lo que ya se conoce como “PRD Mayoritario”, la suerte está echada, porque tienen la convicción de que la elección de dirigentes del viejo partido culminará el próximo domingo en “otra imposición de Miguel Vargas con el apoyo del Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral de Leonel Fernández”, a quien dan por candidato presidencial del PLD.

Han dado apoyo al intento de polarización con Vargas protagonizado por Guido Gómez Mazara, pero la actitud antidemocrática de aquel, la exclusión de casi dos tercios del viejo padrón del PRD y la parcialidad de la comisión organizadora, no dejan margen a la duda. Por eso proclamarán esta semana el PRD Mayoritario.

La decisión está basada en todas las encuestas que, como la Gallup HOY, han dejado entre 9 y 13 por ciento las simpatías de los perredeístas por Vargas Maldonado, entre dos tercios y tres cuartas partes inclinados a seguir los pasos de Mejía y Abinader.

Una investigación del Centro Económico del Cibao al primero de junio indicó que el 72 por ciento de los perredeístas apoyaría La Convergencia y el 21 por ciento no lo haría.

El 68 por ciento se integraría a ella y el 23 por ciento no lo haría. El 70 por ciento dijo que Abinader y Mejía tienen la real representación del PRD, y el 15 por ciento la atribuyó a Vargas Maldonado.

La agenda programática

Los propulsores de La Convergencia parten de una agenda de cuatro capítulos generales a ser enriquecidos por los actores sociales y políticos en un proceso de concertación democrática para “desmontar el antidemocrático modelo peledeísta, erigido sobre la base de la corrupción, la impunidad y el clientelismo”.

En el capítulo 1, “participación electoral con transparencia” plantean “una reformulación integral de las normas que rigen el proceso electoral”. Si bien apoyan la promulgación de una Ley de Partidos y del régimen electoral, lo consideran insuficiente para lograr la libertad de elección, por lo que incluyen la modificación de la actual composición del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral.

Los objetivos estructurales, en el capítulo 2, parten de la reestructuración del modelo económico “para que las grandes mayorías puedan beneficiarse de las riquezas del país, incentivando los sectores productivos, la generación de empleos de calidad con salarios dignos y derechos laborales garantizados, así como el aumento de la inversión social dirigida a combatir la pobreza y la desigualdad, garantizando una distribución equitativa de la inversión pública entre las diversas provincias del país”.

Esbozan acciones en los sistemas educativos, eléctrico y la seguridad social, en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana, y en políticas internacional y migratoria, incluyendo una Asamblea Nacional Constituyente “para desatar los nudos autoritarios existentes y reconfigurar los principales poderes públicos”.

El capítulo 3 se refiere a “objetivos Coyunturales”, como convertir la Loma Miranda en parque nacional, la impunidad, código laboral y servicios públicos, y el cuarto se refiere al medio ambiente, mujer y género, juventud, discapacidad y diversidad.

 

El PRSC no ha podido vivir fuera del gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
escudo prsc

El anuncio del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de que se desliga de la alianza con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para tratar de recuperar el poder en las elecciones generales del 2016 agarró desapercibida a la opinión pública nacional.

Pero al mantenerse como funcionarios ejecutivos de una decena de organismos estatales, con miles de empleos, botellas y canonjías, generan escepticismo y burlas, porque ya anunciaron lo mismo antes de los últimos comicios. Al parecer quienes gobernaron 22 años, 1966-78 y 1986-96, no pueden vivir fuera del presupuesto nacional.

Un anuncio sorpresivo. La segunda mitad del año comenzó con un anuncio que cogió fuera de base a la opinión pública. El 1 de julio la máxima dirección del PRSC, encabezada por su presidente Federico (Quique) Antún, gerente general del estatal Banco Nacional de la Vivienda (BNV), anunciaba que esa organización trillará su propio camino, con candidaturas propias en las elecciones generales del 2016.

Antún dio lectura a la “Declaración de Restauración de la Independencia Política del Partido Reformista Social Cristiano” contentiva de interesantes propósitos políticos y una convocatoria a los diversos sectores nacionales a cerrar filas en un proyecto sustentado en las enseñanzas de los gobiernos de Joaquín Balaguer para presentar “candidaturas propias y viables” en el 2016.

“Proclamamos nuestra decisión de corregir los errores del pasado y asumir con humildad el indeclinable compromiso de construir un partido renovado para un nuevo comienzo de cambios y transformaciones de la República Dominicana”, indica el documento, fruto de una reunión del Directorio Presidencial del PRSC celebrada el 21 de junio en San José de las Matas.

Se quedan en el gobierno. La decisión fue recibida con escepticismo y hasta burlas en la opinión pública, porque pretende el rescate de un partido desarticulado, sin organismos operativos, ni en la base ni en la superestructura y manteniendo sus altos dirigentes en cargos del gobierno del partido del que pretenden distanciarse. Y también porque en coyunturas anteriores el mismo propósito ha quedado en el papel.

Al respecto en uno de sus últimos párrafos la “Declaración de restauración de la independencia política” dice que “Conscientes de que Joaquín Balaguer visualizaba el Estado y el Gobierno como expresión inclusiva de todos los ciudadanos y que el servicio público no es ámbito exclusivo de un sector partidario, entendemos el que algunos compatriotas ofrezcan su concurso en posiciones de gobierno. Sin embargo, eso en nada compromete nuestra independencia ni el compromiso ineludible de volver a gobernar el país”.

Reformistas como el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, recibieron el anuncio con optimismo y comprensión de que no se rompa con el gobierno del presidente Medina, aunque abandonen la alianza con el PLD, pero advirtiendo que “esto es una cuestión de honor”, aludiendo al compromiso contraído en el Congreso Joaquín Balaguer (noviembre 2010-febrero 2011), que acordó llevar candidaturas propias para el 2012, lo que luego fue evadido por la dirección encarnada en el ingeniero Carlos Morales Troncoso, canciller de la República desde el 2004.

Antún bajo cuestionamiento. La directiva del PRSC no sólo tiene a Antún como funcionario gubernamental, sino también al primer vicepresidente Luis Bogaert y al secretario de Organización Miguel Bogaert, familiares políticos de Morales Troncoso y funcionarios de la Cancillería. La segunda vicepresidencia es de la embajadora Rafaela Alburquerque y el secretario de Asuntos Internacionales Marino Berigüete es embajador en Paraguay.

Quique Antún, en períodos anteriores contratista del Estado, tiene la gerencia del BNV desde el 2010, período en el que se acentuaron las pérdidas que ya venía registrando en las anteriores administraciones, también de políticos, de Joaquín Gerónimo y Leonardo Matos Berrido. El Banco está ahora intervenido por la Superintendencia de Bancos. Se le pretende transformar en Banco de Exportaciones. Antún dijo que había presentado su renuncia, pero el Presidente le pidió completar la transformación.

Entre tanto, Humberto Salazar circuló documentos reveladores de que a fines del año pasado 54 altos funcionarios del BNV recibieron fondos de pensiones por un total de 180 millones 238 mil 496 pesos, provenientes de un remanente de 106 millones de pesos que había quedado del viejo plan de pensiones disuelto en el 2002 por la Ley de Seguridad Social, después que se devolvieron sus aportes a los empleados, a los que se sumaron “préstamos no reembolsables” del BNV por 58 millones de pesos. De esa manera se cerraba un nuevo “Plan Complementario de Pensiones” creado en la gestión de Antún, pero que hubo que disolver el año pasado cuando el gobierno prohibió esas prácticas a raíz del escándalo por las pensiones que se dieron en la Superintendencia de Bancos. Los beneficiarios de este último cotizaron por menos de 3 años.

Antún aceptó que recibió 12.3 millones de pesos como pensión, cuando tenía 3 años en el banco y aunque sigue de gerente. Otros funcionarios reformistas como el contralor Frank Nicolás y el subgerente José Román recibieron 6.3 y 10.6 millones de pesos. El subgerente general Administrativo y de Finanzas Roberto Payano fue el más beneficiado, con 13.1 millones de pesos.

Una alianza bien cara. Las dificultades para que el PRSC recupere su independencia del PLD están determinadas por los amplios beneficios que derivan de su alianza, bien cara para el presupuesto nacional, ya que implica cientos de altos cargos y millares de puestos para sus partidarios, familiares y asociados.

Además del BNV, los reformistas controlan el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se estima en 800 los empleados por la gestión de Morales, la inoperante Liga Municipal Dominicana, donde también hay cientos de empleados de la actual gestión de Johnny Jones y la anterior de Amable Aristy Castro. También el Instituto Postal Dominicano, ProIndustria, la Comisión Aeroportuaria y la Comisión para Reforma del Sector Salud, además del Consejo Nacional de Drogas y el Consejo de la Generadora Hidroeléctrica. Reformistas son los embajadores en Taiwán, Paraguay, Honduras y Nicaragua, además de varios adscritos a la Cancillería.

La destacada dirigente reformista Licelotte Marte de Barrios fue electa para presidir la Cámara de Cuentas de la República y Zoila Martínez como Defensora del Pueblo. Otros, como César Féliz y Féliz y Víctor Gómez Bergés fueron designados en la Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia.

Tras la muerte de Balaguer, quien nunca se preocupó por institucionalizar su partido para que le sobreviviera, los reformistas han sido funcionarios de los gobiernos de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. Ya en 1996 se aliaron al PLD para la segunda vuelta. El PRSC se alió al PRD para los comicios legislativos y municipales del 2006, gracias a lo cual consiguieron 4 senadores, 22 diputados y 28 sindicaturas. Cambiaron para el PLD en el 2010, excepto en la provincia Altagracia, donde Aristy Castro reafirmó su predominio, con resultados más modestos.

En el 2012 se aliaron desde la primera vuelta con el PLD, aportando el 5.8 por ciento de los votos. En el 2004 y 2008 llevaron candidatura presidencial propia y quedaron por debajo del 5 por ciento. Al igual que los dos partidos mayoritarios, el PRSC recibirá este año como subsidio estatal unos 220 millones de pesos, 0.25 por ciento de los ingresos fiscales, Para el año de las elecciones serán 0.50 por ciento, más de 500 millones de pesos.

“Chantaje al gobierno”

Quien reaccionó con hostilidad fue Humberto Salazar, dirigente reformista que para los comicios del 2012 fue de los más firmes partidarios de la alianza PRSC-PLD, quien califica el anuncio de ahora como un “intento de chantaje al Gobierno”, asegurando que no renunciará a sus puestos ninguno de los altos dirigentes reformistas. Lo dice por la experiencia de la anterior elección, cuando él presentó una carta de renuncia condicionada a que lo hicieran todos.

En realidad, el doctor Salazar, quien lleva años como coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sector Salud, ya no cree que el PRSC pueda recuperarse, porque sus organismos son hace tiempo infuncionales y su dirección no se renueva desde 1993: “El PRSC murió con Balaguer en el 2002”.

Como en los otros dos partidos dominantes, los organismos del PRSC están hipertrofiados: El Directorio Central Ejecutivo con más de 2 mil, la Comisión Ejecutiva, 501, una Comisión Política de 201 y el Directorio Presidencial 50, con cuatro vacantes, según las cuentas de Salazar.

Quique Antún asumió la presidencia del partido en enero pasado fruto de una “plancha de consenso presentada a último momento por su antecesor, el canciller Morales Troncoso, a una asamblea nacional ordinaria, por lo que Amable Aristy y José Hazim declinaron, aunque juntos parecían dominar la asamblea. Entonces se dijo que Antún llegaba con la bendición del presidente Danilo Medina.

 

Proyecto de ley establecería un minifundismo municipal

Por Juan Bolívar Díaz
te

La provincia de Azua, cuyo senador es uno de los proponentes de la reforma, es ejemplo del minifundismo territorial, pues es líder nacional en municipios con 10, uno más que Santiago que es 6 veces más poblada

Un proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Senado establecería un minifundismo municipal al declarar autónomos los 234 distritos municipales lo que les daría la misma categoría de los 156 municipios para un total de 390 ayuntamientos, de los cuales 117 tienen menos de 4 mil habitantes.

Se trata de una contra reforma que establece nuevos criterios para el gasto municipal, en lo que se configura como un festín clientelista, y que desconoce sin preaviso, en la forma y el fondo, el consenso de diez años de discusiones que concluyó en la actual ley municipal 176-07.

Autonomía a los distritos. Tras el informe favorable de su Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos el Senado aprobó en primera lectura un proyecto sometido por los senadores Rafael Calderón, de Azua, y Charles Mariotti de Monte Plata, que reformaría la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, a fin de otorgarle plena autonomía administrativa y presupuestaria a los distritos municipales hasta ahora concebidos como subdivisión territorial dependiente del ayuntamiento municipal.

Los proponentes se basan en que “en ninguna de sus partes la Constitución de la República consigna que las funciones y actuaciones de los distritos municipales están sujetas a la autoridad del municipio al que corresponden, y que contrariamente le establece el derecho a patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo”.

Otra consideración estima “justo el reclamo de los distritos municipales de eliminar el vínculo de dependencia administrativa entre el municipio y el distrito municipal en virtud de que constitucionalmente son territorios con la misma capacidad jurídica y sin subordinación entre uno y otro”.

El proyecto también modificaría la proporción en que la ley 176-07 distribuye el uso de los fondos de los municipios, hasta ahora 40 por ciento para infraestructuras, 31 para servicios, 25 para pago de personal, y el restante 4 por ciento para salud, educación y género. Se unifican las proporciones destinadas a servicios y personal en un global 56 por ciento, lo que permitiría mayores partidas para nóminas y nominillas de por sí ya abultadas en muchos de los ayuntamientos que no cumplen la ley.

Serían 390 ayuntamientos. La propuesta de ley abonaría el progresivo mini fraccionamiento del territorio nacional que se ha criticado hace décadas. En la actualidad rigen 155 municipios y hay otro por constituir y 232 distritos y 2 por ser establecidos para un total de 390 entidades que operarían todas con la misma categoría, como ayuntamientos autónomos y con presupuestos independientes y sin fiscalización del municipio, aunque con distintas denominaciones que solo se justifican en la concepción del distrito como subdivisión municipal. Si fueran entidades con igual rango, no habría explicación para que la Constitución mantenga las dos categorías.

Es relevante que hay 12 distritos con población menor de 2 mil personas, 40 con menos de 3 mil, 88 con menos de 4 mil y 117, justo la mitad, con población menor de 5 mil personas, y apenas 48, el 21 por ciento, pasan de los 10 mil habitantes. El Distrito Palo Alto, el menor de todos, apenas tiene 958 personas. Si se aprueba el proyecto de ley todos tendrían la misma autonomía que el Distrito Nacional, cuya población es de 965 mil habitantes, que Santiago con 983 mil, o Santo Domingo Este que registra 787 mil habitantes.

Redondeando la población nacional en 10 millones, si se divide entre 156 municipios, arroja un promedio de 64 mil 102, lo que ya se considera una fragmentación excesiva. Entre 390 ayuntamientos se reduciría a un promedio de 25 mil 641 personas.

La provincia de Azua, cuyo senador es uno de los proponentes de la reforma, es ejemplo del minifundismo territorial, pues es líder nacional en municipios con 10, uno más que Santiago que es 6 veces más poblada, y también en distritos municipales con 22. La provincia Santo Domingo, la más poblada del país, con casi dos millones de habitantes, solo tiene 7 municipios y 8 distritos.

Contra sentencia del TC. Domingo Matías, uno de los más reputados expertos municipalistas, sostiene que el proyecto choca con dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre actos de la Junta del Distrito Municipal de Verón, la 67-13 que declaró nulo el establecimiento de impuestos y la 152-13 que le restó potestad de crear su propia Oficina de Planeamiento Urbano. “Los Distritos Municipales son órganos descentralizados y extensiones de los ayuntamientos, es la conclusión de la sentencia 67-13” especificó.

Matías no niega que el nuevo marco constitucional demande una revisión de la Ley de Municipios, pero también la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en ley, así como la Ley de Regionalización y Plan Nacional de Reordenamiento Territorial y el Pacto Municipal en discusión con el presidente Danilo Medina.

Reivindicando la participación social, reclama “avanzar hacia una reforma municipal que sea viable, que conlleve más consecuencias para los actos de corrupción y promueva la cultura de la transparencia”.

Si la mayoría de los 155 municipios no cumplen las más elementales normas de contabilidad y contraloría, como ha certificado la Cámara de Cuentas, la más que duplicación al convertir los distritos en ayuntamientos autónomos auspiciará un mayor dispendio de los recursos municipales. Los vocales de los distritos querrán tener la remuneración que ya se da a los regidores de los municipios. Y serán 390 unidades reclamando un “palacio municipal” y el derecho a repartir entre su clientela política una proporción del presupuesto público.

La mezcla de la flexibilización de la proporción del presupuesto municipal destinado a pagos de personal y de servicios, englobándolos, con la homologación de los distritos con los municipios, tiene una clara marca de intención clientelar. En distritos de mil personas podrían distribuirse el presupuesto y alcanzar a más de la mitad y hasta a la totalidad de sus habitantes.

Contrarreforma municipal

El proyecto sometido al Senado sin previa discusión con nadie, constituye una contrarreforma, que desconoce en aspectos fundamentales el largo proceso de consenso que precedió la aprobación de la Ley 176 del 2007 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, la cual se debatió durante una década con amplia participación de la Federación de Municipios, entidades gubernamentales, de las organizaciones sociales y expertos nacionales e internacionales. En todo el proceso hubo auspicios y financiamiento de organismos internacionales.

Aunque no se ha explicitado públicamente, se tiene entendido que el proyecto cuenta con apoyo de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales. Tampoco ha fijado posición la Federación Dominicana de Municipios, pero se da por hecho que no auspiciará la reforma, al menos en cuanto al desprendimiento de los distritos.

El Foro de Municipalistas, que integra numerosas organizaciones de la sociedad civil y unos 300 alcaldes, alcaldesas y regidores, así como expertos en la materia, fue la que en los últimos días denunció el proyecto como una “contrarreforma regresiva” y se dirigió al Congreso el viernes reclamando consenso sobre la ley de los municipios.

Domingo Matías, vocero del Foro, adelantó “serias objeciones” al contenido del proyecto y al procedimiento: “tratar de pasar casi en secreto una reforma que abriría el riesgo de que los presupuestos municipales sean utilizado para incrementar la nómina de los gobiernos locales sin establecer criterios contraviene el proceso de reforma de la administración pública que viene impulsando el Poder Ejecutivo a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, sostuvo.

Previo a la aprobación de la Ley 176-07 ya existía la alarma por el minifraccionamiento territorial impulsado por el clientelismo político, por lo que se estableció que los nuevos municipios deberían tener por lo menos 15 mil habitantes, cifra a la que no llegaba la tercera parte de los ya establecidos. Todavía después se aprobaron algunos sin esa proporción poblacional.

 

Parece bien difícil detener a Leonel

Por Juan Bolívar Díaz
LEONEL FERNANDEZ

Tal como indican las encuestas de opinión, si no es con el presidente Danilo Medina sería bien difícil evitar que Leonel Fernández vuelva a encabezar la candidatura presidencial de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y con posibilidades de retornar al poder dada la división y el desconcierto de la oposición.

Con la presidencia del partido gobernante y de su fundación Global, el control personal de múltiples instituciones estatales, la mitad de los legisladores y alcaldes peledistas y un amplio aparato comunicacional y con los multimillonarios de su partido promoviéndolo, Fernández saca amplia ventaja a sus competidores internos.

El éxito del presidente. Con las encuestas marcándole una aprobación sobre el 80 por ciento, acercándose a la mitad de su período gubernamental, es convicción generalizada que si pudiera repostularse, nadie le podría disputar la candidatura presidencial y casi seguramente otros cuatro años de gobierno al presidente Danilo Medina.

Como quien no quiere la cosa, el astuto político sanjuanero ha logrado crearse una imagen política y personal bien distante de la aparatosidad caudillista y providencialista y del derroche y la corrupción que caracterizaron los últimos ocho años de Leonel Fernández en el poder. Reconocido por los más críticos de Fernández, dentro y fuera del PLD, Medina se ha beneficiado también del desconcierto que afecta a la oposición política, lo que deja a la ciudadanía sin ilusión alternativa.

Como consecuencia, el mandatario ha venido afianzando un liderazgo alternativo entre los peledeístas, como quedó manifiesto a principio de año con la elección de nuevos miembros de su Comité Central, e indicios como las encuestas generan la convicción de que sería una aventura volver a la figura cuya negación es causa eficiente de la popularidad danilista. Cada día es más caliente la discusión entre estrategas, dirigentes y militantes peledeístas, incluso en los medios de comunicación.

El problema de Danilo. Pronto comenzarán a llevarle la cuenta como ocurrió con el ex presidente Hipólito Mejía (2000-04), pero ya son varias las ocasiones en que el presidente Medina afirma categóricamente que no está pensando en la recurrencia histórica de la reelección, la última vez el fin de semana pasado en ocasión de su visita al Papa Francisco, Y lo han dicho también su vocero oficial Roberto Rodríguez Marchena, el presidente del Senado Reinaldo Pared, y danilistas como el vicepresidente administrador de la corporación eléctrica estatal, Rubén Bichara. Pocos reivindican abiertamente la repostulación, aunque cada día crece el susurro.

Medina actúa con responsabilidad y astucia, porque sabe que si abre esa opción, de inmediato empieza a reducirse su popularidad al perder la unanimidad de aprobación de sus propios partidarios, porque una parte considerable le debe lealtad a Leonel, y muchos más en la oposición, y hasta entre independientes que no favorecen la manipulación de la Constitución por los intereses coyunturales.

El mandatario, como muchos de sus más fieles, está consciente de su actual fortaleza, pero también de las dificultades y el costo político de abrir una campaña reeleccionista que limitaría la gestión gubernamental y las posibilidades de ampliar los ingresos fiscales que, como dijo el mandatario hace poco, dejan al gobierno con escaso margen más allá del pago de la deuda (48 de cada 100 pesos), gastos fijos y subsidios. Sólo 5 por ciento invertido en el primer cuatrimestre de este año.

Restaurar la reelección requeriría un costo elevado: dos tercios de los votos de los legisladores, que no suman todos los peledeístas y sus aliados, lo que conllevaría “conquistas” entre los 75 diputados del PRD, mancharía la gestión y afectaría la aprobación que tiene el Presidente. Habría que esperar y retardar la elección del candidato que sería en mayo próximo, pues la campaña comenzó demasiado temprano y los leonelistas, empujados por los negociantes multimillonarios, avanzan tocando puertas y reclamando lealtad. Podría dispararse la confrontación interna en términos incalculables si Fernández mantiene su firme expectativa de regreso al poder.

La Convergencia amenaza. Debe tomarse en cuenta que Leonel saca ventaja con el desconcierto de la oposición y el cansancio de las luchas internas de los perredeístas, pero podría convertirse en un blanco perfecto para agitar y viabilizar un frente electoral alternativo partiendo de los sectores mayoritarios del PRD si logran reunir a un muy disperso conjunto de partidos y grupos emergentes, organizaciones sociales y sectores independientes donde su gestión generó fuertes rechazos.

Con Danilo sería más difícil armar la “Convergencia por un Mejor País” en discusión, pero la posibilidad de que Leonel vuelva la incentiva y le suma apoyo hasta de importantes sectores económicos que temen el retorno del líder peledeísta, no solo por la crisis fiscal con que terminó, amenazando la sostenibilidad económica, sino también porque no sabe gobernar sin burlarse del presupuesto, pues acumuló déficits sobre 400 mil millones de pesos en sus últimos cinco años de gestión.

El antileonelismo se nutre también de los temores por el poder que logró acumular el líder peledeísta, vistos como una progresiva amenaza a la institucionalidad democrática y hasta al clima de negocios. Hay quienes creen que si después de la forma en que concluyó su gestión, Fernández se siente revaluado, no habría razón para esperar importantes cambios en sus políticas económicas, institucionales y sociales. Aunque deberían contar con las extraordinarias habilidades y capacidades del líder peledeísta para interpretar el sentimiento de las masas y de los sectores tradicionales de poder.

Algunos danilistas cuentan con la conformación de La Convergencia, sobre todo si llevara un candidato novedoso, por el impacto que tendría entre los peledeístas, que podrían generar un movimiento por temor a perder el poder, viabilizando así las posibilidades de repostular al presidente. Un escribidor del poder ha insinuado que en un escenario desfavorable hasta el mismo Leonel podría facilitar la repostulación del presidente Medina.

Pero esa Convergencia no es una tarea fácil que se vea al doblar de la esquina, y precisaría tiempo y claras definiciones, mientras Leonel Fernández sigue ganando terreno y se acerca el tiempo de escoger candidatura. Es imponderable el nivel de fractura que las progresivas contradicciones internas pueden generar en el peledeísmo que hasta ahora ha exhibido una vocación por mantener el consenso grupal y el poder.

¿Que si ruge el león?

Para saber si el doctor Leonel Fernández tiene fuertes expectativas de retorno al poder debe analizarse todo lo que ha hecho desde el período de transición en el 2012, cuando repartió todo lo que pudo del Estado y gastó en exceso y acumuló capital político-económico. Y luego sólo hay que revisar dos artículos y un discurso parabólicos emitidos el 10 de febrero y 10 de marzo en el Listín Diario y el 18 de mayo ante cientos de jóvenes que constituían un movimiento para apoyar su retorno al poder.

Fernández expuso con toda franqueza su concepción mesiánica del liderazgo, fundándolo en su labor de reparto de puestos y sobrecitos que se agradecen, trayendo a Moisés al siglo 21 para resaltar su condición de escogido del Señor para liberar a su pueblo, resaltando las ingratitudes de que fue objeto y concluyendo en que sólo lo sucedió el más leal de sus discípulos. Y en el discurso planteó que todo liderazgo tiene un ciclo, cuya sucesión requiere de paciencia y que la antorcha no se puede arrebatar, porque puede quemarse quien lo intente.

Ya en mayo del año pasado, antes del primer año del actual gobierno, el presidente del PLD anunciaba que el león volvía a rugir en las calles. Al comenzar este 2014, ya se anunciaba la constitución de comisiones de trabajo para promover su reelección, incluyendo a 16 de los 31 senadores peledeístas. Pese al empuje de Danilo, Leonel afianza su liderazgo en la lealtad de los beneficiarios de su inmenso reparto de 12 años que se le sigue debiendo porque su sucesor no lo ha modificado, en la enorme prosperidad de la dirigencia y parte de la militancia peledeísta, en los dos millones de tarjetas de subsidios y en los multimillonarios que constituyen su alcancía política.

Por demás aunque Leonel tiene una alta tasa de rechazo, el análisis de las encuestas muestra altas probabilidades no sólo de ganar la candidatura sino también los comicios del 2016. En las últimas cuatro Gallup-HOY está afectado porque los peledeístas obviamente se sentirían más seguros ahora con Danilo, pero está en ascenso: del 11 al 18 por ciento en el universo, y del 16 al 26 por ciento de los partidarios. En la Penn/Schoen, que excluye a Danilo, gana frente a los tres perredeístas con más posibilidades. En una del Centro Económico del Cibao, auspiciada por Abinader, empata con éste y le gana a Mejía y a Miguel Vargas.

 

Encuestas marcan competencias Danilo-Leonel y Abinader-Hipólito

Por Juan Bolívar Díaz
tema de hoy 25 mayo

Resalta que el presidente Medina mantiene altísima aprobación, aunque las principales preocupaciones de la población  son la delincuencia, alto costo de la vida, desempleo, apagones y corrupción, con situación económica mala

Las dos encuestas más antiguas y acreditadas del país, Gallup-HOY (GH) y Penn Schoen Berland (PSB) han ratificado la altísima aprobación a la gestión del presidente Danilo Medina y evidencian que sin la competencia del mandatario, el expresidente Leonel Fernández sería un fuerte candidato del partido gobernante.

Con el Partido Reformista Social Cristiano que registra 3 y 4 por ciento de simpatías, la oposición se concentra en el dividido Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con fuerte competencia de liderazgo entre el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, dejando a Miguel Vargas Maldonado en posición crítica.

Coincidencias y discrepancias. El análisis de los resultados de las dos encuestas indica coincidencias y discrepancias, algunas significativas. La primera realizada del 5 al 10 de abril, y publicada por el Servicio Informativo Nacional por el Canal 9, y la difundida por HOY esta semana, es de un mes más reciente, del 8 al 13 de mayo.

Ambas coinciden en la gran aprobación que sigue registrando el presidente Medina luego de haber agotado el 44 por ciento de su período gubernamental, aunque con distancia, 89% en GH y 69 en PSB. También en las preferencias para los comicios del 2016, Danilo hasta con 70 por ciento (PSB) que quieren modificación de la Constitución para que pueda repostularse, pero con él inhabilitado, ninguno de los aspirantes a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se aproxima siquiera a las posibilidades de Leonel Fernández.

Las dos encuestas confirman la baja significación en que ha caído el Partido Reformista Social Cristiano, al que apenas le otorgan 3 y 4 por ciento de simpatías. El PLD sigue atrayendo a la mitad de la población, en el caso de la PSB hasta 58 por ciento y en la GH 51 por ciento, mientras el PRD alcanza 38 y 22 por ciento, respectivamente. Las distancias entre las dos investigaciones son notables.

Coinciden también en marcar fuerte competencia entre Mejía y Abinader por la candidatura presidencial del PRD, y en atribuir sólo un 13 por ciento de las preferencias a Miguel Vargas, dejándolo relegado en la lucha interna. Discrepan en que la PSB otorga fuerte ventaja a Mejía y la GH a Abinader.

Es notable que ambas tienen idéntico resultado, en el mismo orden, en la pregunta sobre las principales preocupaciones de la población: delincuencia y criminalidad, alto costo de la vida, desempleo, apagones y corrupción.

Entre Danilo y Leonel. La fortaleza del presidente Medina es tal que ambas encuestas lo marcan ampliamente como preferido para la repostulación y la reelección, aún cuando tiene impedimento constitucional. En pregunta abierta de la Gallup-HOY, Medina alcanza el 51 por ciento de las preferencias de la población para la candidatura y el 50 por ciento entre sus partidarios. En segundo lugar Fernández tiene un bajo 18 por ciento de la población y 26 por ciento de los peledeístas. Sin embargo, cuando la PSB preguntó quién es el líder del PLD quedaron casi empatados 49 a 47 por ciento a favor del Presidente, con el 77 por ciento de los peledeístas favoreciendo la reelección, por lo que parece que es Medina quien lleva la antorcha en el partido gobernante, aunque Leonel luce su más posible heredero.

La alta aprobación de la gestión de Medina se explica, generalmente, en su sencillez y cercanía con la población, en cierto control de la desbordada corrupción, mejoramiento de la inversión en educación y aciertos como la revisión del contrato sobre la mina de oro, la contención en Bahía de las Aguilas y otros. El 69 por ciento de la aprobación que registra PSB sube al 85 cuando lo comparan con la gestión de Leonel. En esa alta aprobación también influye la pobre oposición y contrasta con los porcentajes que evalúan la situación económica: En GH 67 por ciento la considera mala o muy mala y sólo 11 por ciento buena o muy buena, y en la PSB 56 por ciento la entiende buena, pero 62 por ciento cree que va en dirección equivocada.

En ambas encuestas, con la mitad de los consultados prefiriendo al PLD, Fernández registra un alto rechazo en el resto, sólo 18 y 19 por ciento de este lo preferiría. Obtiene ventaja frente a los más preferidos perredeístas, pero sólo gana en primera vuelta frente a Vargas, 51 a 26 en una y 52 a 21 en la otra. Supera 46 a 32 a Mejía y muy cerrado frente a Abinader 44 a 41 en la GH. En PSB Fernández registra el mismo resultado frente a Abinader y Mejía, 48 a 42 por ciento. Eso con el actual desconcierto perredeísta, que de ser superado podría poner en apuros a Fernández.

Entre Abinader y Mejía. En el desguañangue en que se mantiene el PRD, resalta que una abrumadora mayoría, hasta 85 por ciento según PSB, seguiría a Hipólito Mejía y Luis Abinader, si crean una nueva opción, ya que creen que Miguel Vargas seguirá con el control de ese partido, aunque de 7 líderes de los dos partidos mayoritarios evaluados por la PSB éste es quien alcanza el mayor rechazo, 74 por ciento y la menor aprobación, 11 por ciento.

Abinader sigue siendo la figura nacional emergente, como lo han indicado las últimas cuatro GH. En esta última alcanza el apoyo del 27 por ciento del universo y del 44 por ciento de los perredeístas, superando significativamente a Mejía, quien obtiene 21 y 32 por ciento, y a Vargas con 20 y 13 por ciento respectivamente.

Pero en la PSB quien lidera es Hipólito con 42 por ciento del universo encuestado y 48 de los que se confiesan perredeístas, bien por encima de Abinader, quien registra 23 y 39 por ciento, y de Vargas con 25 y 13 por ciento respectivamente. Pero en la misma encuesta los dos primeros están empatados, si se enfrentan a Leonel.

Hay que tomar en cuenta que Abinader lleva más de un año en campaña por la nominación perredeísta y que Mejía no ha definido si buscará la candidatura, lo que sólo podría hacer por otro partido ya que fue expulsado por Vargas Maldonado. Esta semana, tras dar por hecho que han constituido comités del “PRD mayoritario”, que integra junto a Abinader, el expresidente dijo que dedicará todas sus energías a la construcción de la “Convergencia por un País Mejor” para derrotar al PLD y a Leonel.

Hipólito advirtió que “nadie crea que pretendo ser el dueño de un proceso que nos pertenece a todos” y que no será obstáculo para el desarrollo del liderazgo y aspiraciones de otros compañeros, de los que se mantendrá equidistante, defendiendo la elección de los candidatos de la Convergencia mediante “procesos y procedimientos democráticos y transparentes”. Frente a la interrogante de si volverá a aspirar a la presidencia, afirmó “estaré en el lugar donde las circunstancias y las mayorías me requieran”. Nadie duda que si se lanza a buscar la candidatura será un fuerte competidor.

 

Desconcierto institucional origina incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
11_05_2014 HOY_DOMINGO_110514_ El País13 A

La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de  contrarreformas jurídicas.

Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.

Un verdadero escándalo

La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.

Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.

Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.

Yeni Berenice Reynoso

Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también  podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.

Los hombres de Leonel

Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.

Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.

Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares  para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.

En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa  y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.

Cuentas del desconcierto

Presidente Danilo Medina

El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.

La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.

El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.

Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.

En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.

Lucha por la sucesión

Licelott Marte presidenta de la Cámara de Cuentas

Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.

A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.

Leonel Fernández,  presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.

La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.

Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.

El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por  la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-