El Presupuesto no debe festinar el pacto fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
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Aplazadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presentará esta semana al Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de pacto fiscal, mientras el ministro de Economía adelanta que esperan elevar la tarifa de electricidad en 20 por ciento y los impuestos entre 44 y 66 mil millones de pesos.

En la sociedad civil, incluidos el empresariado y  economistas, se espera un programa fuerte de reducción y reorientación del gasto público y un proyecto de presupuesto “conservador” para el 2013 que no obligue a festinar el pacto fiscal que debe fundamentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

En búsqueda del pacto fiscal.   Ante  la realidad de que no será fácil ni rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como fue evidente tras la visita de diez días de una misión del organismo, el gobierno parece decidido a retomar la negociación por un pacto fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) que sería convocado para el próximo jueves 4 de octubre, según informó el Ministro de Economía y Planificación, Temístocles Montás.

El presidente Danilo Medina retomará el encuentro que estuvo programado para el 30 de agosto y que fuera aplazado para privilegiar las conversaciones con la misión del FMI que estuvo en el país entre el 10 y el 19 del mes en curso, la cual concluyó prometiendo una segunda fase en noviembre y remitiendo para enero la posibilidad de formalizar un acuerdo.

En el gobierno se tienen expectativas de un rápido acuerdo en el marco del CES para el pacto fiscal previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para entonces elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2013, que ya el presidente Medina dijo que no podrá ser introducido al Congreso “a más tardar el 1 de octubre” (mañana) como dispone el artículo 128 de la Constitución de la República. Se acoge al artículo 235 que reduce a la mayoría simple la posibilidad del Congreso para reformar el proyecto de presupuesto cuando sea sometido después del límite, lo que no implica mayores riesgos dado el control de ambas cámaras legislativas por el partido de gobierno.

A su regreso esta semana del viaje a las Naciones Unidas, el presidente dejó entendido que no someterá el proyecto de presupuesto hasta lograr el pacto fiscal, lo que pondría presión en el CES, pero sectores de este, incluidos reconocidos economistas, entienden que el gobierno puede enviar un proyecto de presupuesto conservador al Congreso Nacional que no tiene que aprobarlo necesariamente antes del 10 de enero, límite constitucional para que rija el del año anterior, por lo que daría tiempo para introducirle enmiendas dentro de ese plazo.

Elevarían la presión fiscal.  En escenarios diferentes el ministro de Economía adelantó esta semana dos de los planteamientos básicos que haría el gobierno al CES: la elevación de la tarifa eléctrica en un 20 por ciento, y de la presión fiscal entre 2 y 3 por ciento del PBI, lo que equivaldría a impuestos por una suma oscilatoria entre 44 y 66 mil millones de pesos, similar a un proyecto elaborado en Julio por el Ministerio de Hacienda.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía con asistencia de técnicos del Banco Mundial presentado el jueves 27 plantea elevar la tarifa eléctrica en un 20 por ciento para lograr la estabilidad financiera del sector energético y de paso cumplir un requerimiento que estuvo en el pacto con el FMI 2009-12 de aplicar una tarifa técnica y un mecanismo flexible de fijación de precios. Eso aunque entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 la tarifa de la electricidad fue aumentada en 19 por ciento.

La noche del mismo jueves, conversando con un grupo de periodistas españoles que visitó el Palacio Nacional, Temístocles Montás dio otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno, afirmando que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”.  Advirtió que es difícil hablar de redistribución e inversión social si no se dispone de mayores ingresos fiscales.

Incluso la estrategia gubernamental contempla condicionar la asignación a la educación del 4 por ciento del PIB a la aprobación de mayores cargas tributarias. Ya  el miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Víctor Sánchez, advirtió que si el gobierno se maneja el próximo año con los mismos ingresos del 2012, no podrá cumplir el compromiso de mayor atención a la educación instituido en ley de 1997, reclamado por un gran movimiento social y al cual se comprometió Danilo Medina en la campaña electoral.

Arduas negociaciones.  El gobierno tiene por delante arduas negociaciones tanto con el FMI como con la sociedad civil representada en el CES. Sobre el organismo internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Arbizu, reveló esta semana que está pidiendo mayores informaciones, mientras los sectores empresariales, sindicales y sociales, representados en el CES, esperan a Medina con un fuerte pliego de reclamos contenidos en lo que ya consensuaron como “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”.

 De hecho los sectores sindicales y sociales ya han acordado acciones comunes incorporando decenas de organizaciones populares a la defensa de sus intereses  y ayer sábado celebraban una asamblea “por un pacto fiscal equitativo y justo”, mientras el sector empresarial insiste en que no avalará otro parche fiscal como los siete de la última década.

Los “Principios Orientadores” que el CES acordó presentar al gobierno proclaman un pacto fundado en una reforma fiscal integral, que implique la totalidad de  los ingresos y gastos del Estado, con mejor calidad del gasto y de la inversión social, superando la discrecionalidad y el despilfarro, con equilibrio y sostenibilidad que no dependa del endeudamiento y que estimule la competitividad de los sectores productivos, la inversión, la producción y las exportaciones.

 Los dirigentes empresariales, sindicales  y sociales han insistido una y otra vez en que no avalarán otro incremento tributario sin un firme y claro compromiso gubernamental por reducir el gasto corriente y la malversación que coloca el país entre los más corruptos del mundo, por lo que se cree que será arduo y extenso el proceso de negociaciones con el gobierno para arribar al prometido pacto fiscal. Será difícil consensuar mayores cargas tributarias al igual que reducir las exenciones fiscales que benefician a los sectores productivos como el turismo y las zonas francas, así como a los industriales nacionales que se quejan de condiciones adversas para competir en el mercado internacional y hasta en el nacional.

Con el Presupuesto del 2012

Consultores empresariales y economistas vinculados a la sociedad civil han insistido en que el gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto conservador para el 2013, similar al formulado originalmente para el año que termina, de 430 mil millones de pesos, sin los 71 mil millones complementarios aprobados en julio dentro del festival del déficit fiscal. Incluso el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, creación de altos empresarios, propuso esta semana que sea reducido a 392 mil millones de pesos.

Las formulaciones parten de la consideración de que el gobierno tiene que producir un fuerte ajuste y de la prioridad a la educación y la producción, como condición para que la sociedad acepte mayores contribuciones fiscales. Estiman que en aras del presupuesto para el próximo año no se puede festinar el objetivo del Pacto Fiscal y que las negociaciones tomarán tiempo. Si hay acuerdo antes de fin de año habría tiempo para someter enmiendas al proyecto de presupuesto, y aún después de aprobado si las negociaciones se extienden hasta el próximo año.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el gobierno para las negociaciones del CES, planteó el miércoles en su artículo semanal de El Caribe que “El trance fiscal por el que atraviesa la economía dominicana es la punta del icebert de una crisis mucho más profunda. No es sólo el fisco lo que está en crisis sino el modelo económico y social, el cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera crecimiento”.

La estrategia gubernamental procurará forzar acuerdos a corto plazo, sosteniendo que es imposible destinar 4 por ciento a la educación preuniversitaria sin nuevas cargas impositivas. Mientras en la sociedad civil, por lo menos en la “Coalición por una Educación Digna se reivindica que el compromiso es cumplir la ley de educación, independientemente del monto del presupuesto. Y reclaman que para destinar más recursos a la educación fue que se hicieron las dos últimas reformas tributarias.-

 

Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

Por Juan Bolívar Díaz
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Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.

 

El difícil trance del Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz

El equipo económico del Gobierno se vio precisado a suspender el inicio del proceso de consultas para el prometido Pacto Fiscal presionado por la precariedad financiera, con el país medio apagado y a la espera de consultas con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vendría esta semana.

Mientras tanto los sectores empresarial, sindical y social avanzaron acordando nueve “Principios Orientadores” con énfasis en la integralidad y equidad, calidad del gasto para el desarrollo humano y productivo, promoción de la competitividad y en la transparencia y la reducción del despilfarro y la malversación.

Disyuntiva del Gobierno.  La suspensión del encuentro con que el presidente Danilo Medina se proponía iniciar las consultas para su Pacto Fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) constituyó una verdadera sorpresa. Cogió desprevenido hasta al presidente del organismo, Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien no se le pudo comunicar directamente antes de hacerla pública la noche del martes 28, a menos de dos días de la reunión acordada la semana anterior.

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fundamentó el aplazamiento “en que se le permita al Gobierno concluir la evaluación de los diferentes escenarios que estamos analizando sobre la situación fiscal, pero con especial atención a lo que tiene que ver con la reducción del gasto público a lo que este Gobierno le está poniendo la mayor de las atenciones”.

Otro motivo aducido fue que es importante consultar con el FMI, dada la decisión del presidente Danilo Medina de negociar un nuevo acuerdo con este organismo, para lo cual el Gobierno estaría esperando una misión que vendría al país esta semana.

En realidad el Gobierno estaba en la disyuntiva de iniciar un proceso de concertación que se anticipa difícil por las condiciones que adelantan tanto el FMI como los diversos sectores sociales, o primero concentrar su atención en terminar de evaluar la situación fiscal heredada para atender urgencias como amortiguar la deuda de mil millones de dólares con los generadores eléctricos que ya estaban reduciendo la oferta con el consiguiente incremento de los apagones.

La prioridad fue la reunión del presidente Medina el miércoles con  los generadores eléctricos y la decisión de colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado financiero nacional para pagar la mitad de la deuda. No se ha explicado por qué esos bonos, aprobados a la carrera por el Congreso Nacional mes y medio antes, no habían sido ofertados.

Los impuestos dividen.  Esta semana durante el almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, los tres sectores que integran el CES dejaron clara su estrategia de negociación del Pacto Fiscal: primero tenemos que establecer la reducción del gasto y de la malversación, después que nos digan la  calidad, en qué se va a gastar, y solo entonces podremos discutir dónde elevar las contribuciones.

El sacerdote jesuita y sociólogo Mario Serrano y el economista Roque Féliz, del Centro Bonó y del “Sector Social” tienen claro que los impuestos dividen el bloque de la sociedad civil, porque no son los mismos los intereses que ellos defienden, a los de los empresarios y sindicalistas, lo que reconocieron Cirse Almánzar, de la Asociación de Industrias, y Rafael Abreu del sector laboral.

Así como es de difícil que el Gobierno reduzca significativamente el gasto, lo es que los sectores sociales acepten nuevas cargas impositivas. Los trabajadores evadirán la ampliación de la base del Itebis, porque afectaría hasta el más pobre consumidor, y los empresarios el desmonte de muchas de las exenciones impositivas, porque reduce la competitividad. El último intento concertador del gobierno de Leonel Fernández terminó dejando de lado a los sindicalistas y el sector social para pactar un parche fiscal con el alto empresariado, incluso pasándole por encima a sus organizaciones.

La práctica de comprometerse a reducir el gasto o lanzar programas de austeridad que no se cumplen es de lo que incentiva la resistencia de los sectores sociales a que se eleve la carga impositiva. Es paradigmática la burlada ley 497-06, con que Leonel Fernández pactó una de sus cinco reformas tributarias. En el 2002 Hipólito Mejía firmó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”, que congelaba la nómina pública y después de eso la misma casi se ha duplicado hasta alcanzar la astronómica cifra de 653 mil. Sólo entre enero y mayo pasados se habría incrementado en 23 mil, al compás de la última campaña electoral. También se recuerdan los  compromisos de la última cumbre con la sociedad civil (enero-febrero 2009)  pactados e ignorados por el presidente Fernández.

No con las manos vacías. La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente,  dejó claro esta semana que no se sentarán en la mesa del diálogo con las manos vacías. Ponderó el interés del nuevo Gobierno por consensuar un pacto fiscal, y reiteró las demandas de integralidad del mismo, de mejorar la calidad del gasto en orden a aumentar la producción, la productividad y la competitividad para mejores empleos y el desarrollo socioeconómico nacional.

Los sectores representados en el CES no han perdido el tiempo desde que antes de la juramentación el equipo del nuevo Presidente les comunicó la convocatoria para el Pacto Fiscal. Ya han celebrado varias reuniones. Y en una ampliada, celebrada el miércoles lograron acordar un pliego de “Principios orientadores del Pacto Fiscal”, que se anexa resumido.

Muchos dirigentes empresariales, sociales y sindicales, han jurado que esta vez los políticos no los van a engañar, y que el Gobierno tendrá que reducir su gasto y la malversación de los recursos públicos si quiere pactar.  Han celebrado el programa de austeridad y el código de ética del presidente Medina, pero esperan múltiples medidas  específicas para reducir el gasto, la malversación y la corrupción.

El pliego elaborado por el CES incluye nueve principios básicos: integralidad, gestión fiscal orientada al desarrollo humano y productivo sostenible, participación y contraloría social, racionalidad y calidad de la gestión del gasto público y corresponsabilidad fiscal. También equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y competitividad, crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El primer planteamiento, de integralidad, especifica que el Pacto Fiscal debe abarcar la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos, con todas las tasas, tarifas y contribuciones, y también los dividendos de las empresas públicas, rendimientos por concesiones públicas y otros ingresos provenientes de fuentes especiales. Igualmente que el presupuesto público debe incluir la programación del uso de los recursos manejados por las entidades autónomas.

Ha ganado terreno la convicción de que el Estado es uno solo y que sus entidades autónomas y descentralizadas, incluyendo los poderes legislativos y judicial, y el municipal no pueden escapar de la austeridad, de las prioridades de gasto y del control de la malversación, porque en algunos es aún mayor que en el gobierno central.

En definitiva, tanto el FMI como los sectores sociales se la están poniendo difícil al nuevo Gobierno. Es una de las herencias que le dejó la política de derroche y endeudamiento de Leonel Fernández.-

El presupuesto para el 2013

La verdadera disyuntiva del Gobierno está en si podrá presentar al Congreso Nacional, dentro del plazo constitucional, el proyecto de presupuesto para el 2013, sin siquiera un previo preacuerdo con el FMI y sin contar con el Pacto Fiscal que le abriría puertas a un incremento de los ingresos fiscales. La letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución indica que el proyecto de presupuesto debe llegar al Congreso a más tardar el 1 de Octubre. Ni soñar que en cuatro semanas de septiembre se pueda pactar la reforma fiscal integral y consensuada reclamada y prometida.

Otro desafío es cumplir el artículo 242 de la Constitución que dispone enviar al Congreso el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el período de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, indicando que “los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal”. Para esto tiene hasta mediado de enero cuando concluye la legislatura, ahora de 150 días.

 El Gobierno tendría que ejecutar una fuerte reducción del gasto con un proyecto de presupuesto conservador, sujeto a un posterior incremento de ingresos a consignar en otro “presupuesto complementario” o  pedir dispensa pública del plazo constitucional en espera del consenso social. La situación se agrava por el compromiso, reiterado en el discurso inaugural de Medina, de dedicar desde el 2013 el 4 por ciento del  PBI a la educación preuniversitaria, lo que implica duplicar la asignación de este año. Y ahí está el déficit de más de 100 mil millones de pesos con que terminará el 2012.

Se tiene entendido que el FMI viene con firmes reclamos de reducción del déficit fiscal, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el ajuste de la tarifa energética, lo que el Gobierno quiere incluir en el Pacto Fiscal para morigerar su costo político. En síntesis, presupuesto, acuerdo con el FMI y Pacto Fiscal constituyen un laberinto que el Gobierno tiene que romper por algún lado. El más claro sería el pacto, pero es también el más difícil, a no ser que el Gobierno presente un heroico programa de reducción y racionalización del gasto que facilite el consenso.

 

Danilo abre vía hacia pacto fiscal

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, con su plan de austeridad y código de pautas éticas, el presidente Danilo Medina comenzó a abonar el terreno para un pacto fiscal que el próximo jueves 30 pondrá en manos del Consejo Económico Social que busca reactivar como instancia de concertación con los diversos sectores nacionales.

En las instancias de la sociedad civil se han acogido con esperanzas las  propuestas gubernamentales de austeridad, pero se espera que aborde otras medidas complementarias en orden a la transparencia, prioridad y calidad del gasto para viabilizar una efectiva concertación social.

Buen paso adelante.  Aunque con las reservas derivadas de planteamientos similares incumplidos por otros gobiernos, como los proclamados por Leonel Fernández en el 2004 y en la Ley de Austeridad para el 2007, el programa de restricción del gasto proclamado esta semana por el presidente Danilo Medina ha tenido buena acogida de  los diversos sectores sociales y la opinión pública, con énfasis en la esperanza de que esta vez se cumpla.

El decreto 499-12, presentado en el Consejo de Gobierno ampliado del miércoles 22, contiene muchas de las restricciones al derroche público que vienen siendo demandadas por años, incluyendo algunas de las contempladas en el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Sector Público observado por el presidente Leonel Fernández en su última jornada como ejecutivo nacional, y que ya se había advertido que podían ser adoptadas administrativamente.

Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas en todos los órganos de la administración central del Estado y de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, con la excepción de los bancos de Reservas, Agrícola y de la Vivienda, aunque un párrafo adicionado al artículo 1 indica que esas entidades “deberán adoptar medidas de austeridad que sean compatibles con las actividades que desarrollan”.  El decreto no fija temporalidad para sus restricciones, excepto en dos casos: para la adquisición de vehículos durante un año y para la remodelación de despachos y compra de mobiliario, por lo que resta del año.

La petición de adoptar la austeridad debió ser extendida también a los otros organismos y poderes del Estado, pues no se entiende por qué pueden seguir malversando recursos de los contribuyentes en fiestas, regalos, donaciones y contribuciones a relacionados, asignaciones sin límites de gastos de representación, de combustibles y dietas, en viajes o en uso de recursos y materiales para beneficio particular, prohibidos en el decreto presidencial. También deberían acogerse a la austeridad en los servicios de telecomunicaciones, energía y agua y en el uso de materiales lujosos en sus publicaciones y limitar la asignación de tarjetas de crédito.

Ratificación de parcelas.  El presidente Medina prosiguió esta semana designando los funcionarios de su Gobierno a un ritmo que de mantenerse le tomaría meses. Cuarenta y seis funcionarios fueron nombrados entre lunes y viernes, en su mayoría ratificados.

Faltan centenares, incluyendo gobernadores, miembros de las juntas directivas y diplomáticos. Tendrá que definir la situación de los más de 300 viceministros y casi 200 vicecónsules.

La participación femenina se mantiene lejos de la equidad de género, con 18 de 132 nombramientos registrados hasta la tarde del viernes, equivalentes al 13.6 por ciento. A las cuatro ministras se han agregado nueve directoras y cinco subdirectoras de organismos.

Es relevante que los dirigentes de los partidos aliados al Gobierno han sido ratificados todos en sus mismas posiciones, avalando la política de parcelación del poder implementada por el expresidente Fernández, lo que comenzó con Carlos Morales Troncoso en la Cancillería, donde se trató de llevar al exvicepresidente Rafael Alburquerque. Pero el presidente del Partido Reformista habría reclamado continuar en la parcela que usufructúa desde hace 8 años.

También fueron ratificados como directores en sus respectivas parcelas del Estado los dirigentes reformistas Federico Antún (BNV), Modesto Guzmán (IMPOSDOM) y Humberto Salazar (en la CERSS). También Luis Acosta Moreta, de la UDC en  la ODC; Rafael Peguero Méndez, del PPC, en INDESUR;  Vincho Castillo y José Ricardo Taveras, de la FNP, en la Dirección General de Etica y la Dirección General de Migración. Elías Wessin Chávez, del PQD, quedó en Bienes Nacionales; Pedro Corporán, del PUN,  en el IDECOOP; José Francisco Peña Tavárez, del BIS, seguirá dirigiendo la Lotería Nacional, y Miguel Mejía ministro sin cartera.

Ya viene el difícil pacto fiscal.  Para el próximo jueves 30 está programado un encuentro del presidente Medina con el Consejo Económico Social (CES), una instancia que reúne a representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo la presidencia de monseñor Agripino Núñez Collado. Se espera que allí sean presentados los lineamientos fundamentales de lo que sería el Pacto Fiscal que plantea el mandatario. De hecho ya los trabajos de concertación comenzaron el lunes 20 con una reunión de la Comisión Ejecutiva del CES con técnicos gubernamentales, al frente de los cuales está el influyente ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo. También integrarán la comisión gubernamental los ministros de Economía y de Hacienda, el gobernador del Banco Central y los directores de Impuestos Internos y de Presupuesto.

El Gobierno ofreció una demostración de apertura al proponer como coordinadores y relatores del diálogo social a tres economistas íntimamente vinculados a la sociedad civil, como lo son Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

Como punto de partida se espera que el Gobierno ponga en claro su situación fiscal y señale hasta dónde está dispuesto a llegar en el recorte del gasto público, más allá de lo que representa su decreto de austeridad. Si no lo hace, están dispuestos a plantearlo los sectores empresariales y sociales que desde hace años vienen reclamando mejorar la eficiencia recaudatoria y las prioridades y la calidad del gasto público en orden a la producción y la competitividad.

Sin pretender una reducción significativa de la nómina pública, los expertos de la sociedad civil creen que por lo menos hay que suprimir organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, y refundir múltiples entidades con funciones similares, por ejemplo los de asistencialismo y de tránsito terrestre.

Se espera que para justificar nuevas cargas impositivas supriman las nominillas y “repartos sociales clientelares” que han proliferado hasta en entidades como la Dirección de Migración o la Superintendencia de Seguros. Lo mismo los barrilitos y cofrecitos sociales de los legisladores, los centenares de viceministros,  subdirectores y vicecónsules, y los 70 generales militares sin funciones y 20 de la Policía.

Los sectores sociales llegarán a la concertación con la convicción de que esta vez la reforma tiene que ser fiscal e integral, no como las resultantes de los intentos de esta década que concluyeron en seis parches tributarios. La del 2006 conllevó hasta una Ley de Austeridad, promulgada el 28 de diciembre de ese año (Día de los Inocentes) para no cumplirla en absoluto. Esta vez no nos cogerán de inocentes, advierte un dirigente de una importante entidad social.

Código de Pautas Éticas

Otro paso bien acogido fue el Código de Pautas Éticas con el que Danilo Medina compromete a los altos funcionarios a quienes puso a firmarlo, después de hacerlo él mismo, en demostración del énfasis que pone en promover la transparencia, la ética y la honradez en el manejo de la cosa pública para reducir niveles de malversación y  corrupción que han llevado al país a ocupar el último escalón en esa materia dentro del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre 142 naciones.

El código contiene 18 compromisos éticos, comenzando por someterse al imperio de la Constitución y la ley, lo que en otros países parecería redundante, pero incluye múltiples predicamentos encaminados a mejorar la transparencia de la gestión pública, y a reducir los márgenes por donde se cuelan la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

El punto 6 obliga a presentar la declaración jurada de bienes a más tardar 30 días después de asumir el cargo, con la novedad de que deberá “demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones”. También  presentar anualmente informes fiscales y la constancia de los compromisos tributarios.

Otro planteamiento importante es velar por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas, asegurando que “los costos finales sean actuales, integrales y precisos”, y que se ejecuten observando nueve principios, entre ellos de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y economía. También rechazar dádivas, regalos o incentivos particulares y todo tráfico de influencia y prácticas que comprometan la moralidad pública.

Lo que no tuvo igual acogida en las redes sociales, radio y televisión fue la designación del doctor Marino Vinicio (Vincho) Castillo al frente de la nueva Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, que sustituye la inoperante Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción que él mismo presidió durante años. En el propio equipo de Medina hay relevantes figuras para ese cargo. Por demás Castillo polemizó con dos tercios de la sociedad en su defensa de los banqueros que quebraron el país en el 2003 y antes  en su esfuerzo por  desconocer la elección democrática de 1978.

 

Luces y sombras del gobierno de Leonel Fernández

Por Juan Bolívar Díaz

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Las luces.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Las sombras.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos. La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicado 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

Los graves desafíos de Danilo medina

Por Juan Bolívar Díaz

El nuevo mandatario tendrá que imprimir su propio sello desde el discurso inaugural con planteamientos contundentes de austeridad y reducción del dispendio y la malversación para abrir perspectivas al establecimiento de pactos sociales por una reforma fiscal integral, calidad de la educación y la superación de la crisis energética.

Danilo: ser o no ser.  El primer desafío del economista Danilo Medina será mostrar suficiente audacia discursiva para dejar claro que no será un prisionero del liderazgo del presidente Leonel Fernández, cuyo comportamiento en la transición no ha dejado la menor duda que busca perpetuarse por encima de cualquier consideración partidaria o nacional.

Con la habilidad, astucia y paciencia que le condujeron a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego a la presidencia de la nación, Medina tiene el desafío de comenzar su Gobierno con sello y características propias buscando superar el desgaste y el cansancio de ocho años de gestión gubernamental y 12 de los últimos 16 años por parte del doctor Fernández, que redujeron la votación de su partido este año al 38 por ciento, habiendo dependido de aliados y un sector externo que aportaron un 13 por ciento que le otorgó el poder.

El primer problema a resolver es la conformación del equipo gubernamental con una renovación reclamada y esperada por la sociedad, dejando fuera a los funcionarios más cuestionados y desprestigiados del pasado, satisfaciendo su vigoroso sector externo y a peledeístas relegados, pero sin alienarse el apoyo de la nomenclatura partidista y sus aliados. No podrá ir tan lejos como desea la sociedad, pero tampoco quedar preso de quienes usufructuaron el poder político y generaron rechazo en los años recientes.

Fernández sale de la presidencia de la nación pero seguirá en la presidencia del PLD y con una fundación y múltiples asociados y beneficiarios  multimillonarios y contando con la fidelidad de sus legisladores y de los integrantes de las altas cortes y otros organismos estatales. Su programa de inauguración de obras, muchas sin terminar ni equipar, la abierta promoción de sus partidarios y su propio discurso reclamando agradecimiento, indican que padece el síndrome de abstinencia del mando con severas dificultades para pasar la descompresión del poder.

Una pesada herencia.  Ya el primero de agosto, al reiterar que cumplirá el programa que ofertó, Danilo Medina advirtió que “tal vez no pueda hacerlo con la celeridad que aspiraba, porque las condiciones van marcando el paso de las acciones del Gobierno”. Fue un reconocimiento de los límites que le impone un déficit fiscal que el economista Fernando Alvarez Bogaert cifró en 80,500 millones de pesos al 31 de julio y que se proyecta para 122 mil millones de pesos en todo el año.

El nuevo Gobierno tendrá serias dificultades para arrancar con las arcas vacías y  pocas posibilidades de financiamiento inmediato, lo que obligará a paralizar pagos e inversiones, que a su vez incrementarían una recesión en cierne. Altos empresarios aseguran que las ventas de productos de consumo han disminuido hasta un 25 por ciento en las últimas semanas. Muchos proyectos esperan las señales del nuevo Gobierno.

Danilo Medina tiene la desventaja de que no podrá cargarle el dado al Gobierno anterior, como es costumbre, y menos por un déficit fiscal que en parte fue generado para que él pudiera ganar la presidencia. Pero tampoco puede ocultar la situación, ya que si no advierte las limitaciones en poco tiempo se le atribuirán a su gestión. Por ejemplo, él no tendrá recursos para culminar y equipar decenas de obras que Fernández ha inaugurado en los últimos meses sin estar concluidas. A la vuelta de la esquina le podrían reclamar a él que no estén en servicio.

El discurso de juramentación tiene que ser contundente en trazar un rumbo de reformas que le den nuevo aliento al Gobierno y le atraigan respaldo y legitimidad popular, con un estilo político diferente, porque Medina no dispondrá de mucho tiempo antes que la herencia de déficits fiscal, comercial  y de cuenta corriente en la balanza de pagos se le empiece a pegar a su Gobierno.

En solo seis semanas tendría que armar su presupuesto para el 2013, cuando 40 centavos de cada peso irán al pago de deudas.

Los pactos anunciados.  El Presidente electo ha adelantado que planteará al menos tres pactos con la sociedad, fundamentales para emprender una nueva y novedosa gestión: fiscal, por la educación y por la energía. El primero será el que demandará mayor esfuerzo inmediato, y lo reclamará para cumplir los otros dos, el compromiso de destinar el 4 por ciento del producto bruto interno a la educación y superar el eterno déficit energético. Debería  agregar otros cuatro pactos: por la seguridad, para la competitividad, para reducir la pobreza y combatir la corrupción.

Esta vez parece ineludible una auténtica reforma fiscal, que implica una reducción del galopante gasto corriente, una política de austeridad, verdadero combate a la corrupción, la malversación y el dispendio, racionalización y reorientación de la inversión y de las políticas sociales en orden a una reducción de la pobreza. No bastarán  promesas como las que llenaron el discurso inaugural de Fernández el 16 de agosto del 2004, que hasta incluyó “reducir el gasto del Estado en no menos del 20 por ciento”.

El equipo económico tendrá que abocarse de inmediato a concertar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento y mantener la confianza de los inversionistas, pero  para ello la primera condición pública y reiterada de ese organismo es una reducción considerable del déficit fiscal, eliminación de exenciones impositivas y elevación de la tarifa energética, elementos que podrían erosionar temprano la confianza en el Gobierno.

Para hacer viable esa carga sin perder en pocos meses el glamour, el nuevo Gobierno tendría que atender el clamor nacional contra el dispendio y la malversación, buscar novedosas compensaciones y atender los requerimientos de un nuevo modelo de desarrollo que potencie e incentive el ahorro, la inversión, la productividad y la competitividad, que desincentive las importaciones y promueva mayor equidad redistributiva del ingreso. Casi una revolución social.

Será duro sin pan ni circo.  El Gobierno de Medina necesitará prestigiarse ante lo mejor de la conciencia nacional y tendrá que ser ayudado, empezando por sus propios partidarios, que deben reconocer que no será posible prolongar el quinquenio de déficits y endeudamiento en el contexto nacional e internacional actual, sin que explote una bomba desestabilizadora. Ni habrá con qué mantener el ritmo de inversión sin un reordenamiento de las finanzas.

Existe el agravante de que el Gobierno no podrá proporcionar ni pan ni circo, los dos ingredientes que desde la antigüedad se citan como entretenimiento de las masas. No hay posibilidad inmediata de multiplicar el pan y menos cuando se están encareciendo los alimentos. Tampoco podrá montarse un circo, porque el blanco tendría que ser el líder del PLD y su claque beneficiaria de la corrupción y el dispendio, algo imposible por la fuerza que conservarán Fernández y sus fanáticos enviciados del poder.

El no tener un partido de oposición unificado para convertirlo en interlocutor y partícipe de los pactos, contrario a lo que algunos creen, podría ser un factor negativo que deje espacio a la reproducción de protestas sociales hasta con rasgos de anarquía. A Medina parece convenirle un reencuentro con el “PRD mayoritario” y no seguir incentivando al “PRD Institucional”, como lo ha hecho Fernández, cuya estrategia de retorno al poder partiría de que Danilo ni podrá reelegirse ni superar  su rendimiento, por lo que es fundamental dividir más profundamente  la alternativa de oposición.

Un circo de rentabilidad.  El gran circo que se puede esperar no será el de hacer pagar la corrupción siquiera a dos o tres grandes, ya que los peledeístas tienen un sentido demasiado fuerte de unidad –contrario a los perredeístas- y muy pocos estarían dispuestos a romper el consenso grupal. Tampoco podrá -ya lo ha descartado Medina- hacer una reducción masiva del desbordado empleo gubernamental.

La gran avenida para el encuentro con la sociedad está en una valiente eliminación de organismos infuncionales, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y la reformulación de otros como el Instituto Nacional de Estabilización de Precios y la fusión de órganos múltiples como los del tránsito.

También tendría rentabilidad la supresión de cientos de viceministros y de generales, que sendos proyectos de leyes en vías de aprobación buscan limitar a seis y a 40 respectivamente, reduciendo a tres vicecónsules por consulado, y ministros y ministros consejeros en las embajadas, lo que se llevaría otros centenares.

Así mismo, la imposición de límites salariales, de beneficios complementarios  y de pensiones en todo el Estado, incluyendo los organismos autónomos y descentralizados donde más se han desbordado, una política de reducción de gastos improductivos con auténtica austeridad y la supresión de nominillas, barrilitos y cofrecitos, permitirían a Danilo Medina comenzar de inmediato a cumplir su compromiso de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”.

Medidas para reducir el gasto público

Suprimir la CORDE, la CREEP y el IDSS

 Refundir los ministerios de la Mujer y de la Juventud

 Unificar los organismos de similar función, como los de tránsito

Aplicar la ley de regulación salarial a todo el Estado, que suprime pagos múltiples, tarjetas de crédito y limita gastos de representación

Imponer la Ley 379, que limita las pensiones a 8 salarios mínimos

 Limitar a 13 salarios anuales a todos los organismos del Estado y las bonificaciones de las entidades rentables a tres salarios

Suprimir los pagos adicionales por cumpleaños, para útiles escolares, seguros    internacionales, celulares, matrimonios y nacimiento de hijos

 Reducir al mínimo el presupuesto del Despacho de la Primera Dama y que ella trabaje con los ministerios y organismos de servicios

Limitar a tres los viceministros por cada ministerio.

Limitar a tres los vicecónsules por consulado

 Limitar a tres los ministros y ministros consejeros por embajada

 Limitar a tres los subdirectores de todos los organismos

Reducir a 20 los generales de las FF.AA. y a 10 en la PN

Refundir en uno solo todos los organismos de asistencia social

Prohibir las nominillas y toda donación en los organismos estatales

Suprimir los barrilitos y cofrecitos de los legisladores

Limitar el financiamiento de vehículos

 Prohibir la compra de jepetas y vehículos de lujo y alto consumo

 Limitar la cantidad de policías y militares asignados a funcionarios  y

 prohibirlos a empresarios, políticos y periodistas

 Prohibir por dos años mínimo la remodelación de oficinas

 Limitar la publicidad a lo fundamental y necesario

 Reducir y limitar la publicación de memorias y revistas de lujo

Eliminar los intermediarios en compras de bienes y servicios

 Publicar salarios y otros ingresos de todos los funcionarios

Medidas para combatir la corrupción

Hacer cumplir la Ley de Compras y Contrataciones

Publicar cada mes las erogaciones presupuestarias

Invertir la prueba del delito de enriquecimiento ilícito

Dar plena vigencia a la Ley de Libre Acceso a la Información

Aprobar una efectiva Ley de Declaración Jurada de Bienes

Sancionar todo reparto o malversación de recursos

 Investigar toda denuncia de malversación y corrupción e informar sus resultados

 Crear una unidad de recepción de denuncias anónimas de corrupción y que las investigue

 Mejorar los salarios del Ministerio Público y la Policía Nacional

Profunda reestructuración y reforma de la Policía Nacional

Los logros y fracasos de Leonel Fernández

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Los mayores logros.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Corrupción y competitividad.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos

La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicador 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

En vez de regulación van a subir los sueldos

Por Juan Bolívar Díaz

Comisión senatorial desguañanga proyecto de ley de regulación de los salarios del Estado convirtiéndolo en aumento a los altos funcionarios y eliminando la corrección de incompatibilidades  entre funciones  y las  sanciones a violaciones  éticas.

El proyecto de regulación de los salarios públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) fue desguañangado por la comisión senatorial que lo estudió, por lo que podría concluir en una ley de incremento de los altos sueldos estatales, acentuando las inequidades que se pretendía corregir.

Una fuente bien informada puso en duda que Danilo Medina acepte iniciar su gestión elevando los salarios de los altos funcionarios por encima del promedio latinoamericano, justo cuando necesitará dar demostraciones efectivas de austeridad para justificar un incremento de las contribuciones fiscales.

Auténtico desguañangue.  La comisión del Senado que estudió el proyecto de Ley de Regulación Salarial para el Sector Público terminó convirtiéndolo en un  desproporcionado incremento de los sueldos de los altos funcionarios, cuando se reclama austeridad y reducción del gasto corriente para contener el cada vez más alto y preocupante déficit fiscal.

El incremento de sueldos sería general y de altas proporciones a corto plazo, ya que en su artículo 31 el nuevo proyecto “prohíbe las situaciones de inequidad” y otorga un plazo de tres meses para realizar “un levantamiento de personal y sus retribuciones reales… a los fines de establecer mecanismos que garanticen la equidad salarial institucional y por tanto en el Estado”.

La comisión presidida por el senador José María Sosa Vásquez echó por la borda el trabajo de varios años del MAP, que incluyó consultorías internacionales, seminarios y consultas, y reformuló ampliamente el proyecto, estableciendo tarifas para altos funcionarios y dejando a las entidades autónomas y descentralizadas en libertad para darse su propia escala salarial.

El proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados exceptuaba de la regulación solo a las entidades financieras y empresas del Estado, pero la comisión senatorial complació a decenas de otras instituciones que también reclamaron su exclusión. En teoría, el artículo 4 incluye en la regulación a todas las instituciones estatales, pero en la práctica el 12 la limita a las dependientes del Poder Ejecutivo,  porque el 12 deja al Legislativo, Judicial y a las entidades autónomas y descentralizadas en facultad de fijar su propia escala salarial mediante resolución de su “autoridad competente, según el régimen propio establecido en la Constitución, ley o reglamento que lo rige”.

El nuevo proyecto elimina por completo el capítulo IX del original que señalaba dos principios de incompatibilidades y conflictos de intereses y ocho prohibiciones de carácter ético, entre ellas que los funcionarios no podrían recibir ninguna otra remuneración pública distinta a la propia de su cargo, la que les prohibía el nepotismo y participar en empresas que tengan negocios o convenios con el Estado.

Se ampliaría la inequidad.  Cualquier análisis, como el del consultor París o el efectuado recientemente por Participación Ciudadana diagnostica una enorme brecha de inequidad salarial en el sector público dominicano y por eso se aboga por una ley marco que evite que altos funcionarios ganen hasta 900 mil pesos mensuales de salario, sin contar gastos de representación, pagos de combustibles, bonificaciones y otras compensaciones, mientras un médico gana entre 30 y 40 mil pesos, un maestro entre 8 y 12 mil pesos por tanda, un teniente de 10 a 12 mil pesos y con un salario mínimo de 5 mil 750 pesos en el gobierno central.

Con la escala que plantea el proyecto de la comisión senatorial se ampliaría la inequidad en el sector regulado y se permitiría que los autónomos y descentralizados, donde están los mayores salarios, la siguieran aumentando.

Al fijar el sueldo de los ministros en 350 mil pesos se le cuadruplica a los 7 que ganan 75 mil y se aumenta 75 por ciento a los otros 7 que ganan 200 mil y en 16 por ciento a los 3 que reciben 300 mil pesos.

Los ministros dominicanos ganarían 92 mil 721 pesos más que sus pares españoles, cuyo salario fue reducido este mes a 5,338 euros mensuales, equivalentes a 257,279 pesos.

El incremento del gasto salarial sería monumental si se aplica la equidad salarial ordenada en el artículo 31 del proyecto senatorial, porque implicaría también altísimas proporciones de aumento para los viceministros, directores generales y departamentales de toda la administración pública, así como para el resto de los empleados, sobre todos los de salario mínimo, lo cual no es solo incosteable sino contradictorio con la situación de las finanzas públicas y el reclamo generalizado de austeridad en el gasto gubernamental.

Los altos salarios públicos dominicanos se han venido justificando en la necesidad de pagar bien para reducir la posibilidad de soborno del sector privado, pero no se aplica, por ejemplo a los policías responsables de perseguir a los narcotraficantes y si es por capacidad y especialidad, no se hace justicia a los médicos cirujanos.

Congelarían el proyecto.  Un alto funcionario público, cercano al debate salarial expresó su convicción de que el equipo económico del presidente electo Danilo Medina no dará su aprobación a la escala salarial propuesta por la comisión senatorial, considerando que contradice los esfuerzos por plantear una real política de austeridad y reducción de gastos para abrir perspectivas a un incremento tributario dentro de una concepción de reforma fiscal.

La razón por la que se urgía la aprobación del proyecto elaborado por el Ministerio de Administración Pública y aprobado por los diputados era para ayudar al nuevo Gobierno, ya que se le concebía como regulador, no elevador, de salarios, e incluso que forzaría una reducción en varios cientos situados muy por encima del tope salarial racional que se asignaría al máximo responsable del Estado, que es el Presidente de la República.

Concluida la legislatura, y aún si se convoca una extraordinaria, sería difícil aprobar y promulgar el proyecto senatorial, que ya tiene contradictores hasta entre los mismos senadores, en los 14 días laborables que restan para que se instale el nuevo Gobierno, y menos aún en sus primeros meses. Todo parece indicar que la regulación salarial en la que el MAP invirtió tantos recursos quedará congelada por un buen tiempo.

El especialista fiscal Nelson Suárez evaluó esta semana que solo en el Gobierno central el pago de sueldos y salarios se elevó de 29,812 millones de pesos en el 2004, a 80,182 millones en el 2011.

Para relevar la inequidad, apuntó que el año pasado el Ministerio de Educación, con nómina de 114 mil empleados, gastó en servicios personales 25,183 millones de pesos, un promedio individual de 220,903 pesos anuales y 16,992 mensuales, mientras seis entidades con total de solo 10,749 empleados pagaron 14,514 millones de pesos, es decir un promedio de un millón 350 mil 293 pesos por persona al año y de 103,868 pesos mensuales.

La diferencia salarial por persona entre los dos grupos fue de 6.11 veces.

De un extremo al otro

 Sin indicar fundamentos valorativos de puestos, dedicación o responsabilidad, la comisión fija salarios iguales de hasta 500 mil pesos para el Presidente de la República y los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte, de 400 mil para el vicepresidente y el presidente del Tribunal Constitucional. La debilidad es obvia cuando asigna 375 mil pesos para el presidente del Tribunal Superior Electoral, más que los 350 mil que ganaría el presidente de la Junta Central Electoral, aunque el primero tendría trabajo eventual y no manejaría más que unas decenas de empleados  en un solo local, mientras el segundo es responsable de la organización electoral y todo lo concerniente al registro civil y cedulación, con varios miles de empleados y más de doscientos locales en todo el país. También se fijan los sueldos de los ministros y del Procurador General, que ganarían 350 mil pesos.

El objetivo inicial era que el salario tope del sector público fuera el del Presidente de la nación, ahora se extendió a otros tres funcionarios y se fijó en 100 mil pesos más que los 400 mil que se barajó la semana pasada. Así pasaría de ser el cuarto de menor paga al quinto mayor entre 20 países latinoamericanos, de acuerdo a una tabla del consultor del MAP Enrique París, quien en base al producto interno bruto per cápita ajustado por paridad de poder de compra, estimó que el sueldo presidencial dominicano debería ser 9,655 dólares (377 mil 510 pesos), en el promedio latinoamericano bajo ese criterio.

Con 500 mil pesos, equivalentes a 12,788 dólares, el sueldo del Presidente dominicano (y los de los otros poderes del Estado) se eleva en un 281 por ciento sobre los 3,354 dólares que gana actualmente para quedar entre los cinco mejor pagados, después  de Guatemala, Chile, Brasil y México. Eso sería 4,515 dólares por encima del promedio real latinoamericano de 8,273 dólares. Superaría el sueldo del Presidente de España, que este año equivale a 291,610 pesos, en un 71 por ciento. En proporción a los salarios públicos mínimos de los países latinoamericanos, el sueldo del Presidente dominicano sería el segundo, al superarlo 87 veces. El de México es 155 veces, y el de Guatemala 85, Brasil 51 y Chile 43. Todos los demás superan el salario mínimo oficial menos de 30 veces.

 

Tope salarial de $400 mil supera el promedio de AL

Por Juan Bolívar Díaz

La reunión el viernes del presidente  de la Comisión de Transición de  Danilo Medina, Gustavo Montalvo, con la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley de salarios públicos alienta su aprobación antes que se instale el nuevo gobierno

Trascendió esta semana que algunos senadores alientan la aprobación del proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público, para lo cual esperan la convocatoria de una legislatura extraordinaria antes del cambio de gobierno para que se aplique plenamente a los nuevos funcionarios.

Mientras cobra fuerza en el Congreso la fijación del salario del presidente de la República en unos 400 mil pesos (10 mil 230 dólares), ligeramente por encima del promedio en América Latina, el cual sería el máximo a ser percibido por los funcionarios del Estado dominicano.

Se fortalece el proyecto.  Alentado por las medidas de austeridad adoptadas en Italia y España en la primera mitad del mes, y tras una vista pública donde sólo una institución formuló reparos, tomó fuerza esta semana el proyecto de Ley sobre Regulación Salarial en el Sector Público, aunque el presidente de la comisión que lo estudia dijo que reciben “presiones asfixiantes” de organismos estatales que reclaman quedar fuera de la regulación.

Alarmados por los niveles del déficit fiscal, economistas de todas las tendencias, dirigentes empresariales y políticos siguieron reconociendo que el nuevo gobierno tendrá que abrir una etapa de austeridad y reordenamiento fiscal. El empresario Ignacio Méndez, del sector externo del presidente electo, adelantó que “se están revisando las prioridades y el volumen de los gastos”

Aunque se ha dicho que decenas de organismos públicos han formulado objeciones al proyecto, sólo representantes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las presentaron en la vista pública celebrada el martes 17 por la comisión senatorial que lo estudia. Una delegación del Banco Central dijo que éste no tiene objeciones, ya que el proyecto de ley lo exceptúa, lo mismo a todas las entidades estatales de naturaleza financiera. La DGII reclamó la misma exclusión en virtud de su importancia como organismo recaudador que ya tiene un sistema salarial especial de incentivos técnicos, pero los defensores del proyecto aducen que el mismo prevé un régimen de incentivos “por resultados” y una escala salarial “sobre la base de la complejidad y riesgo del ejercicio de las funciones”.

Contrario a lo que se esperaba, en la vista pública no hubo muchas intervenciones y al parecer los objetores prefirieron mantenerse tras bastidores. Se señala la Cámara de Cuentas y la Suprema Corte. El proyecto recibió apoyo de representantes del movimiento Participación Ciudadana, entidad que lo ha respaldado  con varios estudios y en las consultas previas a su elaboración. También lo apoyaron asociaciones de empleados públicos y la Central Unitaria de Trabajadores, ésta última reclama un salario mínimo de 10 mil pesos para el sector público, el doble del vigente.

Para el nuevo gobierno.  Entre los senadores cobró fuerza un núcleo que promueve el proyecto y que proclama la necesidad de aprobarlo antes que se instale el nuevo gobierno para que tenga aplicación plena sin que nadie pueda alegar irretroactividad, ya que se establecería un salario tope, el del presidente de la República, y los de los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte de Justicia en sus respectivas jurisdicciones. También porque limitaría los gastos de representación al 15 por ciento del salario, el pago de combustibles al 10 por ciento, y suprimiría las tarjetas de crédito, excepto a los titulares de los poderes del Estado y al vicepresidente de la nación.

El influyente senador Charles Mariotti, muy cercano al presidente electo Danilo Medina, dijo públicamente el jueves que la ley debe regir para los nuevos funcionarios a ser designados a partir del 16 de agosto y que esa iniciativa “es clave para una reestructuración más racional y equilibrada del Estado”.  El senador Adriano Sánchez Roa insistió en que más de 60 instituciones reclaman ser excluidas de la ley, y dijo que si les hacen caso, la iniciativa carecería de valor.

Como la legislatura ordinaria concluye el próximo jueves, varios legisladores cuentan con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque una extraordinaria para conocer varios proyectos pendientes, lo que permitiría aprobar la ley salarial antes que se instale el nuevo gobierno. La expectativa aumentó con una reunión el viernes de Gustavo Montalvo con el presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reynaldo Pared Pérez, y la Comisión senatorial que estudia el proyecto, en la cual se habrían consensuado algunas enmiendas, que serían discutidas este lunes con el Ministro de Administración Pública. Aunque fuera aprobado  por el Senado antes del jueves, no habría tiempo para que ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, donde tendría que volver el proyecto por los cambios que se le introducirán.

El tope de 400 mil pesos.  El proyecto de ley salarial no establece montos específicos pero en su artículo 11 faculta al Ministerio de Administración Pública “para que someta anualmente a la Dirección General de Presupuesto las escalas salariales correspondientes a los distintos cargos que conforman la administración pública”.

Pedro Germosén recogió en su crónica del jueves en HOY que en el Senado se contempla un salario tope de 400 mil pesos mensuales para el presidente de la República, al parecer derivado de una consultoría del ministerio, lo que a la tasa actual de 39.10 pesos por dólar equivaldría a 10 mil 230 dólares. El salario del presidente dominicano sería superior en 1,957 dólares al promedio de lo que reciben los mandatarios de América Latina que es de 8 mil 273 mensuales, y en 2 mil 130 dólares el promedio de 8,100 dólares de los de Centroamérica.

De acuerdo con un informe de este mismo mes de julio del consultor Enrique París, del Ministerio de la Administración Pública, los presidentes de 15 de los 20 países latinoamericanos tienen sueldos inferiores a los 10 mil dólares mensuales y los otros 5 hasta 18 mil 657 dólares que recibe el de Guatemala, uno de los más pobres del continente. El menor es el de Bolivia con 1,900 dólares, seguido por Haití con 2,000 y Nicaragua con 3,200 dólares. El dominicano en cuarto lugar con 3,354 dólares, ahora equivalentes a 131,000 pesos.

Entre los cinco mandatarios latinoamericanos  mejor pagados se encuentran los de los países más grandes y ricos, Argentina, México, Brasil y Chile, que oscilan entre 10 mil 793 y 16 mil 165 dólares mensuales.

Con un salario equivalente a 10 mil 230 dólares, el presidente dominicano se situaría entre  los 9 mil 968 que gana el de Colombia, y los 10 mil 793 de la presidenta de Argentina. Entre los criterios para definir el sueldo presidencial el consultor París señala que “el indicador cuantitativo de desarrollo económico y bienestar es el PIB per-cápita ajustado por paridad de poder de compra”, indicando que República Dominicana “se ubica en el promedio de América Latina”. Sugiere que el dominicano “se ubica entre El Salvador y Costa Rica”, en el primero el sueldo presidencial es de  7 mil 746 dólares y en el segundo 12 mil 425.

En la generalidad de los países latinoamericanos los sueldos del presidente fijan tope al resto de la administración pública, aunque en varios hay excepciones como la de los bancos centrales. El informe de París indica que en América Latina se observa una tendencia “a acortar las distancias entre las remuneraciones de los niveles jerárquicos del Poder Ejecutivo”.

El desorden salarial del Estado dominicano quedó documentado en el análisis titulado “Urge la aprobación de la Ley de Salarios” que publicamos en HOY el 17 de junio en base a un estudio de Participación Ciudadana.

  Buscan ayudar a Danilo.

De lo que tratan algunos legisladores es de facilitarle a Danilo Medina la adopción de algunas racionalidades y una política de austeridad que en todos los sectores se considera imprescindible para plantear mayores tributos, concebidos dentro de una “reforma fiscal integral”.

Medina ha adelantado que no hará reducción masiva del número de empleados del Estado, razón por la cual tendría que ejemplificar reduciendo gastos de representación, y abusos con tarjetas de crédito, transparentando el gasto público e imponiendo racionalidad en los salarios de los altos cargos.

Es obvio que el Presidente podría establecer todas esas medidas mediante un decreto previo a la designación de sus altos funcionarios, lo cual no sólo es legítimo, sino que ninguno se atreverá a impugnar. Medina designará una alta proporción de nuevos altos funcionarios, pero también ratificará a muchos de los actuales.

La ley ayudaría sobre todo al partir del principio de una escala salarial por jerarquía, ya que el sueldo actual del presidente de la República, estimado en 130 mil pesos, considerado un eufemismo, tendría que ser sincerado en proporción considerable, lo que Medina no querrá hacer por su propia iniciativa para no aparecer como si se estuviera elevando el salario en momentos en que se reclama austeridad.

El tope presidencial haría caer algunas decenas de salarios desproporcionados, que pasan de 500 mil y llegan hasta 900 mil pesos mensuales, como los de varios superintendentes, directores y administradores, especialmente de organismos autónomos y descentralizados.

Buscan pretextos contra la regulación a sueldos altos

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el senador José María Sosa, presidente de la comisión que estudia el proyecto de ley de salarios públicos  alegó que se pretende reducir los sueldos, lo que en realidad dispone el estatuto es una limitación a los gastos de representación y uso de tarjetas  de crédito y  de combustibles y fija máximos salariales. Se perciben esfuerzos por negar la aprobación a la reglamentación.

La declaración del martes 10 del presidente de la comisión senatorial que estudia el proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público Dominicano confirma la percepción de que se buscan pretextos para evadir una normativa dispuesta en la Constitución promulgada hace dos años y medio.

Los legisladores peledeístas están desperdiciando una oportunidad de empezar a abrir espacio para una reforma fiscal que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno y que requerirá algún esfuerzo de racionalidad y austeridad en el sector público y de una real reducción del gasto.

No reduce los salarios.  La declaración del senador José María Sosa Vásquez, presidente de la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley de salarios públicos, recogida por HOY el pasado miércoles, confirma la percepción de que se está dando larga a la probación de una normativa fundamental para iniciar una etapa de racionalidad y austeridad en la administración pública.

El senador petromacorisano formuló planteamientos falsos respecto al proyecto, que no son más que pretextos para evadir el desafío, a no ser que todavía no lo conozca después de meses en su poder. Lo más grotesco fue su consideración de que “es difícil el estudio de la pieza porque está prohibido reducir los salarios”, ya que ningún artículo de la misma plantea una reducción salarial.

Lo que sí plantea el proyecto en su artículo 5 es que “Ningún funcionario o servidor público podrá devengar un salario mayor que el establecido para los presidentes de los tres poderes, Así mismo, ningún cargo del Sector Público podrá percibir un salario superior al que perciba el cargo de escalones superiores”. Esto se corresponde con el objetivo básico del proyecto que es “establecer el marco regulador de la política salarial… definir los componentes de las remuneraciones… y establecer el régimen de prohibiciones, incompatibilidades y conflictos de intereses”.

El artículo 12 del proyecto limita el pago de gastos de representación a un máximo del 15 por ciento del salario, especificando que “en ningún caso tienen carácter salarial y por tanto solo podrán destinarse para cubrir actividades relacionadas con el cargo”. También se limita (artículo 16) al 10 por ciento del salario, lo que podrá asignarse a los altos funcionarios para combustible.

Así mismo el proyecto prohíbe a los funcionarios recibir más de una remuneración pública (art. 23) o cualquier tipo de remuneración, incentivo o gasto de representación por formar parte de consejos, juntas o comisiones en virtud de su cargo, aunque deja abierta la posibilidad de recibir dieta por asistencia.

Se prohíbe la asignación y uso de tarjetas de crédito, con la excepción del Presidente y del Vicepresidente de la nación, y de los presidentes de las cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia.

 Mandato constitucional.  El proyecto en el Congreso es el fruto de por lo menos dos años de consultas del Ministerio de Administración Pública, que incluyó la contratación de expertos nacionales y extranjeros, seminarios y talleres con participación de instituciones públicas y de la sociedad civil.  Se originó en el mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de ese ministerio, la número 41-08, que le faculta: “diseñará las propuestas de políticas salariales del sector público”.

Desde su designación como Ministro de Administración Pública, el licenciado Ramón Ventura Camejo se empeñó en el diseño del proyecto de ley, que entregó al Poder Ejecutivo, cuyo consultor jurídico lo estudió antes de enviarlo al Congreso Nacional al través de la Cámara de Diputados, que lo aprobó.

Ventura Camejo se alentó cuando la Constitución promulgada en enero del 2010, en sus artículos 140-144 estableció los principios fundamentales que deben regir la administración pública, incluyendo los organismos autónomos y descentralizados y dispuso que “la ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios del Estado, de acuerdo con los criterios de méritos y características de la prestación del servicio”. El ministro Ventura Camejo siempre ha estado consciente de que sectores interesados tratarían de bloquear la aprobación de las regulaciones, por lo que esperó lo que estimó como una coyuntura propicia. No habría otra mejor que la transición a un nuevo Gobierno que –como es normal y universal- designará o ratificará los altos funcionarios. Si la normativa se aprueba antes, nadie podrá aducir reducción de salarios como alega al senador Sosa Vásquez, ni de los ingresos adicionales que se busca regular.

Deberían ayudar a Danilo.  Con la aprobación del proyecto de ley de salarios públicos los legisladores peledeístas, que monopolizan el Senado (31 de 32) podrían ayudar a su nuevo presidente Danilo Medina, quien encontrará unos déficits tan descomunales que lo obligarán a buscar mayores ingresos por la vía impositiva, para lo cual el Gobierno está desafiado a una reducción de gastos y un régimen de austeridad.

La aprobación de la ley de salarios sería un buen comienzo para el Gobierno de Medina, pues le facilitaría algunas reducciones de gastos para comenzar a consensuar una mayor carga tributaria.

Por ejemplo, el proyecto suprime todos los cargos de viceministros que excedan lo establecido en las leyes orgánicas de los ministerios, que son más de 200.

Sectores empresariales, sociales y políticos, así como consultores nacionales y extranjeros han sido unánimes en proclamar como imprescindible una reforma fiscal integral, en la que el Estado cargue con una parte significativa del  costo de los ajustes, después de seis reformas tributarias que en la última década triplicaron el gasto público.

El informe de la comisión internacional que dirigió Jacques Attalí a solicitud del Gobierno saliente planteó 7 iniciativas con 77 propuestas específicas, la primera de las cuales está encaminada a recuperar la confianza en las instituciones,  estableciendo políticas de austeridad y rendición de cuentas, combatiendo la corrupción y reduciendo la malversación de los recursos públicos. Ninguna de sus recomendaciones ha sido puesta en vigencia. El escenario internacional favorece la austeridad y desmiente la imposibilidad de reducir salarios de altos niveles.

El diario El País dio cuenta el viernes de una reducción del 7% en los sueldos del Presidente de España y de los ministros. Aquí se dispuso una reducción de sueldos del 15 por ciento en la ley de austeridad aprobada en diciembre del 2006, la que fue burlada completamente.

El salario del presidente español, Mariano Rajoy, quedó reducido a 72,600 euros anuales, 6,050 por mes, equivalentes a 291,610 pesos, la quinta parte de lo que se paga al embajador dominicano en Madrid, ascendente a 40 mil dólares, un millón 560 mil pesos mensuales.

Los ministros españoles ganarán ahora 5,338 euros mensuales, unos 257,279 pesos. Algunos de sus pares dominicanos ganan mucho más y hay superintendentes que reciben hasta 900 mil pesos de salario, es decir más del triple que el presidente español.

La reducción de salarios de los altos cargos de España forma parte del esfuerzo por justificar grandes recortes y una austeridad  dentro de un paquete de ajustes de 65 mil millones de euros para dos años. La semana anterior el Gobierno de Italia dispuso reducir sus gastos en 26 mil millones de euros para tres años, a razón de 8,666 millones de euros por año, equivalentes a más de 400 mil millones de pesos, casi el presupuesto nacional de este año.

Otros pretextos infundados

  El senador Sosa Vásquez adujo más pretextos para anunciar que la comisión no rendirá su informe al pleno hasta escuchar a todas las entidades afectadas, señalando al Gobernador del Banco Central y a los titulares de la Superintendencia de Seguros, dirección de Impuestos Internos, de Aduanas y hasta a las centrales sindicales.

El Banco Central no tiene nada que argumentar, ya que el artículo 3 del proyecto lo excluye de las regulaciones, al igual que todos “los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera”, lo que supone que excluya también al Banco de Reservas, Banco Agrícola y el Banco Nacional de la Vivienda.

También se excluye a “los órganos del ámbito militar y policial”, aunque estos no tienen privilegios salariales, y con el reordenamiento podrían ser beneficiados.

Tampoco se justifican los alegatos de que el proyecto perjudicaría a organismos  que tienen un régimen salarial especial, como la Dirección General de Impuestos Internos, ya que su artículo 11 establece “un régimen de incentivos que será determinado reglamentariamente en base a los principios fundamentales de gestión por resultados… criterios de méritos y características de la prestación del servicio”.

 Más aún cuando el artículo 13 indica que la escala salarial “se determinará sobre la base de la complejidad y riesgo del ejercicio de las funciones”, aunque remite a lo que “determine el Ministerio de  Administración Pública”, y no como hasta ahora que lo deciden los propios interesados.

En cuanto a las casi extinguidas centrales sindicales, nada tienen que buscar allí a no ser respaldar la regulación que se supone beneficie a los empleados estatales de menores ingresos. Por lo menos al evitar que algunos funcionarios ganen hasta 200 veces el salario mínimo del Gobierno central que todavía es de 5 mil pesos.