2011: un año de incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
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El  2011 concluye con tantas incertidumbres como comenzó, primero  institucionales y políticas, y ahora en el orden económico sin que pueda asegurarse si el Gobierno quiere y puede mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), congelado en el último trimestre.

A pesar de altos déficits fiscal y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un volátil escenario económico internacional y encarecimiento de las importaciones que agravan el déficit de balanza de pagos, el Gobierno logró mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento gracias a un alto endeudamiento.

Fracaso del continuismo.  Durante todo el primer trimestre del año el país fue sometido a un fuerte estrés político-institucional cuando tomó cuerpo el intento de imponer una nueva repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar de la prohibición incluida en la Constitución que él mismo había promulgado un año antes.

Una parte de los funcionarios del Gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta la primera dama se manifestaron partidarios de otra reelección del doctor Fernández, mientras desarrollaban una movilización nacional en procura de dos millones de firmas para avalar el proyecto.

Paralelamente se desarrollaban acciones como la elección de un secretario general “provisional” de la Liga Municipal, la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin los dos tercios de los votos que manda la Constitución e intento de desconocer el límite de los 75 años para la elección de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional, que configuraron un “relajamiento institucional para condicionar la sociedad a cualquier salto”.

El 14 de marzo aumentó la tensión cuando el Presidente se declaró “en reflexión” sobre la posibilidad de repostularse. El domingo 27 de marzo en un acto masivo recibió “más de dos millones 200 mil firmas” en libros encuadernados donde se le pedía que se postulara. Fue el 8 de abril cuando finalmente el mandatario anunció que declinaba la candidatura, aunque avalaba el argumento de los “ingenieros constitucionalistas” y algunos abogados de que podía optar por la reelección.

Para entonces ya se había lanzado la precandidatura presidencial del vicepresidente Rafael Alburquerque y el 10 de abril la de la primera dama Margarita Cedeño, tratando de crear una alternativa a la de Danilo Medina que había corrido casi solo. En medio de tensiones intrapartidarias  ella pronunciaría un dramático discurso de declinatoria al final del mes. Y Alburquerque apoyaría a Medina antes de que éste fuera finalmente electo candidato presidencial el 26 de junio, poniendo fin a las incertidumbres. Predominó la voluntad democrática en el partido gobernante.

 Intensa movilización social.  Por encima de las profundas insatisfacciones expresadas en las encuestas y recogidas por los medios de comunicación, especialmente por el desempleo, elevación del costo de la vida, la corrupción generalizada y el incremento del narcotráfico y la inseguridad, la sociedad dominicana protagonizó este año intensas luchas que incluyeron marchas, protestas y un paro casi general de actividades en junio.

Lo más relevante del año ha sido la amplia movilización social en reclamo del cumplimiento del mandato legal y ahora también constitucional de destinar el 4%  del Producto Interno Bruto a la educación. La incorporación de grupos juveniles y segmentos de clases medias y altas a las manifestaciones constituyó un aliento para los que promueven un mayor sentido de ciudadanía como contrapeso el pragmatismo salvaje en que ha devenido la actividad política.

Una Coalición por la Independencia de la Justicia concertó también a numerosas entidades de diversos estamentos sociales en los reclamos porque se elijan los jueces de la Suprema Corte y los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral en función de la integridad y la capacidad y no por simple conveniencia política. También hubo grupos que se movilizaron contra la delincuencia y la corrupción, aunque los órganos del ministerio público no produjeron ni un solo proceso judicial y ni siquiera parecieron preocuparse por las denuncias de malversación que se produjeron casi cada semana, incluso en auditorías de la Cámara de Cuentas.

La movilización más exitosa del año fue la que en el primer trimestre logró hacer respetar la Constitución, reivindicando el carácter de las leyes orgánicas y poniendo freno a los intentos continuistas que amenazaron hasta la integridad del partido de gobierno y sobre todo la institucionalidad democrática nacional. El empresariado, las iglesias, las instituciones que luchan por la vigencia de la democracia y el fortalecimiento institucional, así como gran parte de los medios de comunicación constituyeron un sólido valladar social.

El mayor éxito del Gobierno.  El Gobierno ratificó su éxito en mantener la estabilidad macroeconómica con un crecimiento del producto bruto proyectado al 4.5%, en el promedio regional, inflación del 8% e ínfima devaluación, pero continuando el endeudamiento interno y externo que ha duplicado la deuda dominicana en 7 años.

Crece la convicción de que esa pista se está agotando. En este 2011 por primera vez hubo que dedicar más del 50% del monto de los ingresos fiscales al servicio de la deuda.

El déficit fiscal que a finales de septiembre el Banco  Central cuantificó en más de 35 mil millones de pesos, volverá a sobre pasar los 50 mil millones, por cuarto año consecutivo. Aunque en junio hubo que hacer una rectificación fiscal poco ortodoxa para buscar unos 12 mil millones de pesos. Peso a ello las recaudaciones quedaron por debajo de lo presupuestado en diez mil millones de pesos. Mientras el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se proyecta sobre los 5 mil millones de dólares, un diez por ciento del PIB.

A lo largo del año siguieron siendo intensos los cuestionamientos a la política de inversiones y el gasto social a lo que se atribuye que la población no perciba los beneficios del crecimiento económico, mientras devastadoras evaluaciones internacionales dejaban al país en absoluto descrédito, como las de competitividad del Foro Económico Mundial que lo declaró campeón mundial en malversación de los recursos públicos y en confianza en la Policía, entre 142 naciones evaluadas.

El año concluye con gran incertidumbre sobre la suerte de la institucionalidad democrática y la estabilidad económica en medio de una nueva dispendiosa campaña electoral que se vaticina con ribetes de arrebatos por la incursión de todo el Gobierno en la promoción de su candidatura para cuyo triunfo ya el propio presidente Fernández tuvo la osadía de anunciar que invertiría 40 mil millones de pesos.

El acuerdo con el FMI ha quedado frisado. El Gobierno no ha pasado con éxito ninguna de las evaluaciones trimestrales desde su firma en el 2009, y desde septiembre no ha podido presentar una nueva carta de intención para reanudarlo, mientras adelantaba venta de bonos por 250 millones de dólares con cargo al presupuesto de 2012 de por sí sobrevaluado, convertía en deuda una línea de crédito de 210 millones de dólares en el Banco de Reservas y elevaba sobre esa cifra su deuda con los generadores eléctricos.

Economistas, empresarios, comunicadores y hasta el gobernador del Banco  Central han dejado constancia de la conveniencia de reanudar el acuerdo con el FMI, con la esperanza de que pueda moderar el vaticinado desguañangue de la economía nacional en aras de la prolongación en el Gobierno.

Resucitó y llegó papá

El mayor partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano (PRD) también fue sometido a fuertes tensiones en el proceso de elección de su candidato presidencial para los comicios de 2012, lo que culminó temprano el 6 de marzo con la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien fuera derrotado de forma aplastante en el 2004 cuando intentó la reelección en medio de una devastadora crisis financiera.

Al grito de “llegó papá”, el agrónomo Mejía logró una victoria que muy pocos creían posible al comienzo del año, superando por 7 puntos al presidente del partido blanco Miguel Vargas  Maldonado, el cual había sido candidato para la elección del 2008. La elección de Mejía fue más sorpresiva por cuanto su contendiente controlaba los cargos ejecutivos del partido, su Comisión Política y gran parte de los legisladores, alcaldes y dirigentes provinciales.

La elección generó grandes tensiones que sacudieron el PRD y sólo a regañadientes Vargas aceptó dos meses después que Mejía fuera proclamado candidato, y desde entonces mantiene una “presidencia institucional” del partido, sin participar en ninguna actividad de la campaña electoral y más bien proyectando una imagen de resentimiento sin límites en lo que parece un hecho sin precedentes en el mundo, aunque gran parte de quienes le promovieron han optado por la decisión partidaria.

Pero la resurrección del agrónomo Mejía no fue sólo en su partido, sino en el ámbito nacional, pues la generalidad de las encuestas, especialmente las más acreditadas, como la Gallup y la Penn Schoen-Berland lo han proyectado encabezando las preferencias electorales, bordeando el cincuenta por ciento. Para los analistas políticos él posicionamiento de Hipólito Mejía ha constituido “el retorno del año” como lo proclamaron los seis periodistas que participaron el viernes en el debate periodístico de fin del año de Teleantillas.

Tiende a acentuarse el bipartidismo

Por Juan Bolívar Díaz

Las encuestas y las percepciones de los analistas indican una tendencia a acentuarse el bipartidismo en el sistema electoral dominicano con un Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en progresiva decadencia y que lleva más de un año discutiendo cómo afrontar el desafío de las elecciones presidenciales de 2012.

Por otra parte media docena de partidos alternativos, sin perspectivas de convertirse en una opción competitiva frente a las fuerzas dominantes, se encaminan a otro fracaso en el viejo proyecto de orquestar una candidatura común que pudiera representar una opción siquiera para el segmento más insatisfecho del electorado.

 Bipartidismo más fuerte.  Todas las encuestas publicadas en los últimos meses indican una tendencia al fortalecimiento del bipartidismo que fuera quebrado en los comicios presidenciales de 1986 cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanzó el 18% del sufragio para restablecerse en el 2008 cuando el PRSC se redujo al 4.6%.

Las investigaciones de las preferencias electorales otorgan al reformismo entre el 3 y el 6% y las perspectivas no apuntan a mejorar sus perspectivas ya que el partido colorado está virtualmente congelado más de un año después que en noviembre de 2010 inició su Tercer Congreso Unitario Joaquín Balaguer que sesionó en enero y concluyó en febrero con la resolución de elegir candidato presidencial en julio pasado.

 Aunque sus organismos ejecutivos han ratificado una y otra vez la resolución de elegir un candidato todo indica que llegará al nuevo año sin concretarlo.

El último intento fue el 17 de septiembre cuando la Comisión Ejecutiva, sin la participación del presidente del partido, acordó la elección para el 16 de octubre, y aunque varios  precandidatos la respaldaron, luego fue dejada sin efecto “en aras de la unidad”.

El pasado fin de semana el presidente del PRSC, Carlos Morales Troncoso, dijo que no se dan las condiciones para que participen en los comicios aliados a alguno de los partidos dominantes, pero sin señalar fecha para escoger candidato propio.

Cuando en las encuestas se ha preguntado a los reformistas si prefieren ir solos o aliados a las elecciones de mayo, los resultados indican una división casi en partes iguales.

La reciente encuesta Gallup-HOY indicó que 47% quieren ir solos y 41 en alianza. Registró al PRSC una preferencia del 5%, un punto menos que el 6 que le había otorgado en agosto y casi similar al 4.7% en la de mayo.

La última encuesta Penn Schoen Berland publicada el mismo mayo le atribuyó el 5%. Otras como la CID Latinoamericana han reducido el caudal reformista al 3%.

Un frente alternativo.  Como ha ocurrido en múltiples procesos electorales desde  de 1994, partidos y grupos alternativos han estado envueltos en intentos por orquestar un amplio frente electoral, pero luego de meses de reuniones y discusiones el tiempo se les viene encima sin que hayan logrado el objetivo.

La agitación comenzó con el año y pese a haber tenido como abogados a una Coalición de  Movimientos Políticos Independientes, a un grupo de presión como Autoconvocados y hasta a una docena de sacerdotes católicos, van quedando pocas expectativas de éxito.

En el proceso fueron proclamadas las candidaturas de Julián Serulle, por el partido Frente Amplio, (el antiguo MIUCA), Guillermo Moreno por el nuevo partido Alianza País, Max Puig por la Alianza por la Democracia y Eduardo Estrella por Dominicanos por el Cambio. Todos estos han  participado en reuniones donde se ha discutido la posibilidad de unificación de sus candidaturas.

Para este mes de diciembre el Frente Amplio que encabeza Serulle ha convocado una “cumbre de líderes” donde se discutiría el proyecto unitario, pero hay quienes creen que ya es tarde para iniciar el proceso de escogencia de un solo candidato, cuando los partidos dominantes llevan meses en campaña y las encuestas le atribuyen sobre el 90%  de las intenciones de voto.

De los cuatro candidatos involucrados en el proyecto, el que más preferencias ha obtenido en las encuestas es Moreno, con 2.2% en la última Gallup-HOY. Le ha seguido Estrella.

El veterano exlider perredeísta Hatuey de Camps, ahora presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, ha favorecido el frente unitario y lo mismo han hecho Ismael Reyes y Luis Acosta, que encabezan otros dos agrupamientos minoritarios.

Se ha considerado que la decadencia del PRSC representa  una mayor posibilidad para una tercera fuerza independiente, que aunque no pueda desplazar el bipartidismo, alcance una votación que le permita ser la llave para una segunda vuelta y en consecuencia negociar un programa serio de reformas político-sociales y económicas, que le sirva de plataforma para el futuro.

Sólo el PLD lo ha logrado.  El electorado dominicano ha sido históricamente conservador, casi siempre cultivando el bipartidismo. En la etapa democrática que se inició en 1978, y hasta el 1994, que abarca cinco elecciones, las opciones fueron el PRSC y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y en las últimas cuatro, desde el 1996, el PLD sustituyó al partido colorado.

El PLD es el único partido que en la etapa democrática logró romper el bipartidismo y necesitó participar en seis comicios para lograrlo, a pesar de que en los primeros cinco intentos tuvo de candidato presidencial al profesor Joaquín Balaguer., su fundador e ideólogo.

En su primera cita -en 1978- apenas alcanzó el uno por ciento de los votos y pasó al 9% en 1982, duplicándolo a 18% en 1986.

En 1990 el partido morado pudo haber ganado el poder si los comicios hubiesen sido real expresión de la voluntad popular. Con el 33%  la candidatura de Bosch quedó a menos de 2% de Joaquín Balaguer. Y aunque se redujo al 14% en el 1994 con un Bosch ya agotado, alcanzó el poder en la segunda vuelta de 1996 para lo cual requirió el apoyo de Balaguer cuando a éste se le prohibió buscar otra reelección.

Irónicamente, los peledeístas no pudieron romper el bipartidismo en las cinco ocasiones en que llevaron de candidato presidencial al profesor  Bosch, uno de los mayores líderes políticos de la historia nacional, que había ganado la primera elección democrática tras la tiranía de Trujillo, entonces postulado por el PRD, lo que indica la escasa alternabilidad que ha tenido el partidismo dominicano.

34 fracasos en 9 comicios.  En las 9 elecciones presidenciales celebradas a partir de 1978 el electorado ha tenido opciones alternativas al bipartidismo, especialmente en el 2004, cuando se le presentaron ocho, además de los tres que entonces dominaban el escenario.

La mayor expresión del tripartidismo fue el resultado del 2000, cuando el PRD ganó con el 49.9% y el PLD y el PRSC quedaron casi empatados, ambos a fracciones para alcanzar el 25%.

Treinta y cuatro  candidaturas presentadas por una veintena de partidos representaron las alternativas del período y sólo tres consiguieron más del uno por ciento del sufragio, mientras de las otras 31 sólo tres superaron el medio por ciento. Jacobo Majluta, tras ser candidato del PRD en 1986, obtuvo casi el 7% en 1990 postulado por su nuevo Partido Revolucionario Independiente, y cuatro años después se redujo al 2.29%. Y Elías Wessin consiguió el 1.89 en 1982.

Los más insistentes fueron José Rafael Abinader y Narciso Isa conde que se postularon tres veces cada uno.

Las candidaturas alternativas que fracasaron han representado todo el espectro ideológico y han incluido a destacadas figuras de la vida nacional. Trece pueden situarse en el centro democrático: César Estrella Sadhalá, Roberto Saladín, Eduardo Estrella, Rafael Flores Estrella, Jorge Martínez Lavandier, Jaime Manuel Fernández, Rafael Peguero Méndez, Trajano Santana, Jacobo Majluta dos veces, y José Rafael Abinader en tres elecciones.

La derecha ha tenido diez candidaturas alternativas: Elías Wessin, Francisco Augusto Lora, Luis Julián Pérez, Homero Lajara Burgos, Pedro de Jesús Candelier, Carlos Bencosme, Nelson Didiez  y Ramón E. Concepción y Vincho Castillo dos veces.

Desde la izquierda salieron 11 candidaturas: Rafael Fafa Taveras, José González Espinosa, Antonio Reynoso, Pin Montás, Raúl Pérez Peña, Guillermo Moreno, Ramón Almánzar –dos veces-  y Narciso Isa Conde en tres oportunidades.

Aunque todas las encuestas señalan el descrédito de los partidos dominantes y la poca confianza que inspiran en la ciudadanía, a la hora de las votaciones los electores apenas han tomado en cuenta a relevantes figuras del arco iris político nacional, lo que se atribuye a diversos factores, como el clientelismo y el rentismo, el desproporcionado financiamiento estatal y del lavado de activos, así como a la inconsistencia de muchas de las alternativas que se han presentado y a una cultura nacional de votar por el que puede ganar.

 

Avance de Danilo y fortaleza de Hipólito

Por Juan Bolívar Díaz
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Más esperada que nunca, la encuesta de Gallup para HOY ratificó el bipartidismo y mostró un repunte extraordinario y la potencialidad de la candidatura presidencial de Danilo Medina, ya con el pleno apoyo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Gobierno del presidente Leonel Fernández.

Pero al mismo tiempo quedó ratificada la fortaleza de la candidatura de Hipólito Mejía y del Partido Revolucionario Dominicano  (PRD), que mantuvo su mismo porcentaje aun con una significativa ventaja de cinco puntos y a solo dos de la mayoría absoluta necesaria para alcanzar la presidencia de la República.

El ganador fue Danilo. Así como Hipólito Mejía resultó el gran ganador de la anterior Gallup-HOY publicada en agosto, en la de noviembre lo ha sido Danilo Medina al haber logrado un repunte que cierra la brecha en la prematura lucha por la presidencia de la República a seis meses de las elecciones del 20 de mayo.

En agosto Mejía creció seis por ciento en las preferencias electorales, para quedar con un registro de 47.9 a 33.4%, que representaba una cómoda ventaja de 14.5 sobre el candidato oficialista. Pero ahora Medina marcó un extraordinario avance de 9.2  mientras el puntero mantenía su mismo porcentaje para cerrar la competencia en 47.9 a 42.6 por ciento, para cerrar la diferencia a 5.3 por ciento.

Llamó la atención de los observadores las agresivas descalificaciones de  la encuesta por parte de dirigentes peledeístas, que casi convertían en derrota lo que para los analistas más independientes representaba un gran avance. El despliegue de cinco encuestas propias en el último mes, una de las cuales –la de la firma ASISA- le otorgó una asombrosa ventaja de 16 puntos con Margarita Cedeño de candidata vicepresidencial, pareció convencer a dirigentes del PLD que ya estaban cómodamente situados. Una de Hamilton Campaigns del 17 de noviembre arrojó ventaja de 46 a 45 al candidato peledeísta. Pero el 8 de noviembre la también norteamericana Zogby Analytics otorgó 56 a 40 a favor del perredeísta.

Tampoco los perredeístas han parecido conformes con los resultados de la  encuesta más acreditada del mercado electoral dominicano, pues según sus propias investigaciones mantienen entre 10 y 12 puntos de ventaja, también reducida en relación a los 16 y 18 puntos que se atribuían en los meses anteriores.

La Gallup-HOY de esta semana ratifica la bipolarización, ya que los candidatos de los dos partidos mayoritarios acaparan el 90.5 por ciento de las preferencias. La ausencia de definición en el Partido Reformista Social Cristiano contribuye a la misma. Su último candidato presidencial Amable Aristy Castro recibe 2.2 por ciento, empatado con el ascendente Guillermo Moreno. En tanto su presidente, Carlos Morales Troncoso, queda en fracción de un punto junto a sus compatriotas Ito Bisonó y Ricardo Espaillat.

Habrá dura competencia. La generalidad de las interpretaciones concluyen en que esta encuesta apunta a una dura competencia para los comicios de mayo entre las dos principales fuerzas políticas. Medidas las simpatías por partido, el resultado no dista del de las candidaturas presidenciales: 44.8 a 40.2 con diferencia de 4.6 en favor del PRD. La percepción de ganador sigue beneficiando a Hipólito, ya que el 50.8 por ciento cree que ganará en primera vuelta, mientras el 45.9 por ciento estima que lo logrará Danilo.

A diferencia de la Gallup-HOY de agosto, ahora los entrevistados que dijeron simpatizar por el PRSC se inclinan más a votar por Medina que por Mejía, en proporción de 21.7 a 8.3. En la anterior, favorecían al perredeísta con proporción de 24.7 a 17.8, lo que restablece el beneficio para el PLD de repetir la alianza que hizo en el 2010 con el reformismo, aunque el 70 por ciento de los reformistas favorece que lleven su propia candidatura. El candidato morado saca ventaja en la tasa de rechazo, pues registra sólo 28.8 por ciento en tanto el del partido blanco está en 36.5 por ciento.

Ha llamado la atención que la candidatura de Mejía-Abinader se mantuviera sin mínima variación de preferencias en relación a la Gallup de agosto, lo que permite interpretaciones contradictorias: para unos es indicativo que alcanzó su techo y se congeló, pero para otros muestra su gran fortaleza, sobre todo por la escasa propaganda que ha desarrollado. Estimaciones empíricas indican que la propaganda del peledeísta es más de 20 a 1 en las vías públicas de todo el país, y sobre 10 a 1 en prensa, radio y televisión.

Asesores de Mejía sostienen que éste se lleva de sus propias encuestas, que le dan amplia ventaja, por lo que se está reservando recursos para multiplicar su propaganda en la recta final, “consciente de que nunca podrá estar ni cerca de la inversión del partido de Gobierno en la campaña”.

Se unifican los partidos. La percepción pública es de que la elección de la primera dama Margarita Cedeño para completar la candidatura del PLD marca una tendencia a la plena unificación más acentuadamente que en el PRD. Sin embargo, la Gallup-HOY indica que Mejía supera a Medina en la preferencia de sus propios partidarios: el 97.2 de los perredeístas y el 94.4 de los peledeístas dicen que votarán por sus propios candidatos.

Sin embargo, el estrechamiento de la competencia que indica esta encuesta podría alentar  el papel de Caballo de Troya que aún se atribuye al presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado y a alguno de sus fieles, que llegan al extremo de plantear una modificación de la candidatura vicepresidencial, lo que carece de precedente y sería un desastre mercadológico y político.

La persistencia del “fenómeno Vargas Maldonado” ratifica la percepción del PRD  como un partido ingobernable, que debe ser el único en el mundo cuyo presidente no apoya al candidato presidencial luego de ocho meses de electo, pero se aferra al cargo, en su caso peor por haber modificado los estatutos partidarios bajo el predicamento de que el candidato debe también presidir el partido para evitar precisamente el absurdo que él está protagonizando.

En el ascenso de Danilo Medina habría influido la selección de Margarita Cedeño, tal como se esperaba en lo inmediato, por sus  propios méritos y porque mete en la campaña a los más beneficiarios del Gobierno de Leonel Fernández, con enorme potencial económico y de uso de los recursos del Estado. Ya las movilizaciones del PLD incluyen varios helicópteros y un gran despliegue de recursos, incluyendo los repartos del Plan de Asistencia Social de la Presidencia que preceden las giras proselitistas.

Pero nadie puede ignorar los propios méritos de Danilo, que desde su elección como candidato en junio no se ha dado tregua en una agotadora labor regional y provincial y con sus presentaciones ante las organizaciones sociales, donde ha sido portador de un discurso propio, aunque ahora con menos énfasis en la diferenciación del gobierno de su partido.

El peso de las insatisfacciones. El carisma de Hipólito parece seguir jugando en su favor, con un discurso que interpreta y se apropia de las grandes insatisfacciones de la sociedad. Una serie de spots televisivos del PLD que enfatizan sus desaciertos de gobierno miles de veces repetidos no le han quitado un solo voto, según el resultado de esta encuesta, lo que podría deberse al axioma de que el último golpe es el que más duele.

La Gallup-HOY sigue mostrando unos porcentajes muy elevados de insatisfacciones con la marcha de la economía, con un 75 por ciento que la considera negativa, aunque 9 puntos menos que en agosto. El 57 por ciento cree que su situación económica personal es negativa, con un 68 por ciento que cree que las cosas en el país van por mal camino y 59 por ciento advierte que al final del Gobierno será peor, contra sólo un 31 por ciento con expectativas de que mejorará.

A la pregunta sobre los principales problemas nacionales, las respuestas se van casi todas a los que son de difícil amortiguación en los 6 meses que distan para las elecciones: alto costo de la vida, delincuencia e inseguridad, desempleo, apagones, pobre inversión en educación, narcotráfico y corrupción.

El peso de las insatisfacciones se verifica en todos los estratos sociales, como quedó patente en la reciente convención del Consejo Nacional de la Empresa Privada, cuyas conclusiones fue una larga y terrible factura con cargo al Gobierno. Las denuncias de corrupción, incluidas algunas tan dramáticas como la formulada esta semana por el embajador de Gran Bretaña o la de la auditoría al Instituto Agrario Dominicano, sigue a la orden de cada semana, mientras crecen las protestas y demandas sociales.

El congelamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no mejora las perspectivas de ingresos para los próximos meses, en un escenario internacional cada vez más complicado y con el petróleo sobre 95 dólares el barril. Aunque el economista y analista político Bernardo Vega cree que facilitará otro “desguañangue” de la economía similar a los de los comicios del 2008 y 2010 en beneficio de la candidatura oficialista. Eso, por un lado podría dar votos por el reparto y los parches de emergencia, pero también acentuar el rechazo en las clases medias y altas, cuya capacidad de influir en la opinión pública es significativa.

 

Novedoso proyecto de reforma electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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El proyecto de reformas a la Ley Electoral,  elaborado por la OEA, contiene importantes regulaciones a la extensión y el gasto en las campañas electorales con topes e identificación de donantes, y actualiza las sanciones.

El proyecto de reformas a la Ley Electoral elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) contiene numerosas novedades regulatorias de la extensión y el gasto de las campañas electorales y faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a cautelar el abuso de los recursos estatales.

El documento está ahora en manos del Pleno de los gerentes electorales que deberían hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional con la urgencia que demanda la adecuación de la legislación al nuevo orden constitucional antes de que se inicie formalmente la adelantada campaña electoral.

Una urgente adecuación.  La JCE pidió asistencia técnica a la OEA para elaborar un proyecto de reformas integrales a la vigente Ley Electoral que quedó obsoleta con la Constitución de la República promulgada en enero del 2010, para lo cual a mediados del año vino al país una misión técnica que realizó consultas con los funcionarios electorales y los partidos políticos.

El documento fue entregado en Washington el 26 de septiembre al presidente de la JCE, Roberto Rosario, y al miembro titular del organismo Eddy Olivares, por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Pese a la urgencia de la legislación fue más de mes y medio después que esta semana fue entregado al Pleno de la Junta que deberá hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional, donde hace meses duerme el proyecto de Ley de Partidos Políticos.

Este proyecto es un desafío a los legisladores por las novedosas regulaciones que  implica, y dada la escasa voluntad que ha mostrado el sistema político dominicano para establecer límites a las campañas electorales y los abusos de recursos estatales, así como por la actualización de las sanciones a los violadores de las normas.

La urgencia está determinada en primer lugar, por la necesidad de adecuar la Ley Orgánica de la JCE al nuevo orden constitucional que separó en dos organismos autónomos las funciones administrativas y normativas de las contenciosas del sistema electoral. La nueva JCE tiene ahora un solo órgano ejecutivo, el Pleno de sus miembros titulares, por lo que se requiere eliminar de la Ley Electoral la división de cámaras Administrativa y Contenciosa.

El proyecto es integrado por 248 artículos, 68 más que los 180 de la ley actual, incluyendo 4 nuevos que definen los principios generales. El 6 remite las funciones contenciosas al nuevo Tribunal Superior Electoral aún pendiente de ser constituido.

Una reforma integral.  El artículo primero del proyecto indica el objetivo de regular el ejercicio ciudadano de elegir y ser elegido, el procedimiento y desarrollo del proceso electoral y el funcionamiento y competencias de la JCE “como máximo ente responsable de la organización de los comicios”.  Aquí se debería incluir también la gestión del registro civil, la que certeramente es detallada en el texto. El proyecto de la OEA tiene una importante omisión, al no especificar el tiempo que durará la campaña electoral, limitándose a plantear en su artículo 119 que “se entenderá abierto desde el día en que se emita la proclama por parte de la JCE, y concluirá a las 12:00 de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones”.

La ley vigente establece que la Junta Central Electoral debe proclamar el inicio de la campaña electoral al menos 90 días antes de la votación, aunque los partidos y candidatos la inician hasta más de un año antes.

Se incluyen amplias previsiones para normar al artículo 81 de la nueva Constitución que instituye la elección de siete diputados en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Condiciona la postulación a haber residido en la circunscripción correspondiente por lo menos los cinco años anteriores.

Establece tres circunscripciones en el exterior. La primera, que comprende Canadá y Estados Unidos (excluyendo Miami), elegirá 3 diputados (as). La segunda circunscripción corresponde a Miami, Curazao, Panamá, Puerto Rico, San Marteen y Caracas y elegirán 2 diputados(as). La tercera se encuentra en Europa (Madrid, Barcelona, y Amsterdam) y tendrá 2 diputados (as).

Se propone ampliar los límites para la inscripción de candidaturas y registro de alianzas, fusiones o coaliciones. El primero que es de 60 días antes de los comicios, pasaría a 75, y el segundo, que es de 75 días, se llevaría a 90.

Reformas transcendentes.  La limitación de la campaña electoral al período oficial, la prohibición de usar recursos y actos estatales para hacer propaganda política,  la presentación de un presupuesto de gastos al comenzar la campaña, incluido un tope a ser establecido por la JCE, la definición de normas éticas en la competencia electoral, y la actualización del régimen de sanciones son de los aspectos más relevantes del proyecto de la OEA.

El artículo 132 plantea:  No puede difundirse propaganda ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período definido por la presente ley, con excepción de lo dispuesto por la Ley de Partidos Políticos con relación a las Precampañas. Exceptúa la divulgación de las actividades de los partidos. Prohíbe la publicidad anónima, indicando que deberá indicar el responsable.

Según los artículos 166-167, los partidos o sus candidatos deberán depositar ante la JCE, en un plazo no menor a 60 días antes de los comicios, un presupuesto general de ingresos y gastos en el proceso electoral, que incluirá la nómina de contribuyentes, fuentes y relación de ingresos. Indica que la JCE, en consulta con los partidos, “definirá el tope de gastos” que no podrá superar el presupuesto más alto presentado por los partidos, y en el mismo se incluirá “todo tipo de aportes, ya sea en calidad de  donación, cesión o préstamo que no implique la erogación de recursos económicos”. Prohíbe la contribución de las personas jurídicas.

La celebración de actos públicos de los organismos estatales “no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos”, incluyendo propaganda o cualquier actividad. Tampoco utilizar en las campañas recursos materiales, equipos o personal pagado por el Estado. Las inauguraciones quedarían prohibidas en los últimos 15 días de campaña. Durante toda la campaña la publicidad estatal no podrá promover directa ni indirectamente la motivación del sufragio a favor de candidatos. Las encuestas no podrán publicarse dentro de los cinco días anteriores a la votación y hasta 3 horas después de la misma.

  Cuestión de ética y equidad

El proyecto de la OEA contiene múltiples regulaciones destinadas a mejorar la competencia electoral, a garantizar la equidad democrática y a defender los principios éticos que deben normar las actividades de partidos y candidatos. Su artículo 123 establece que la campaña electoral “deberá enmarcarse dentro de las más altas normas de ética”  y a continuación explicita cuatro fundamentales.

Se otorga a la JCE la facultad de promover debates de programas y propuestas y de adoptar  medidas cautelares para hacer cumplir la normativa, incluso para “hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan  ser considerados ilícitos” y actualiza el régimen de sanciones de una lista específica de “delitos electorales” ahora medidas en base a salarios mínimos que pueden llegar a 200. Y los “delitos electorales” conllevarían hasta dos años de reclusión, además de multas.

El documento elaborado por especialistas de la OEA tiende a una actualización integral de la legislación electoral dominicana, a tono con las tendencias en la materia en diversos países latinoamericanos. Hace tiempo que los analistas internacionales colocan a la República Dominicana entre los países con mayor atraso en las regulaciones de las campañas electorales, del financiamiento y el gasto de los partidos y candidatos.

La lentitud con que el presidente de la JCE ha manejado el proyecto de la OEA, dejando pasar ya casi dos meses, puede ser indicativo de las dificultades de que el mismo pueda aprobarse siquiera antes de que se inicie formalmente la campaña electoral, lo que dependerá de la voluntad que muestren los partidos por normativas que promueven la transparencia, la equidad y la democracia electoral.

Ninguno de los partidos mayoritarios ha mostrado disposición a las reformas que plantea el documento elaborado por la OEA. No respaldaron el proyecto presentado en el 2007, con más anticipación a la siguiente elección, para reglamentar la campaña electoral, que fue una valiente iniciativa de la entonces Cámara Administrativa, cuando era presidida por el doctor Rosario e incluía a otros dos de los cinco actuales titulares de la JCE.

Sin embargo, esta vez el proyecto tiene una ventaja, y es la urgencia institucional de adecuar la JCE al nuevo orden constitucional para ratificar plenamente su legitimidad antes de que se ejecute el proceso electoral en marcha.

 

El dramático informe de Amnistía Internacional

Por Juan Bolívar Díaz
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El reciente informe de Amnistía Internacional (AI) es una dramática documentación de graves violaciones a los derechos humanos en la política de seguridad pública del Estado dominicano que deja al país muy mal parado ante el concierto mundial.

El amplio documento aborda la descomposición de la Policía Nacional desde múltiples visiones y contiene serias recomendaciones de reformas que deberían ser ponderadas por las autoridades y la opinión pública, en vez de responder con chovinismo patriotero divorciado de la globalización.

Cállate o te matamos.  Recogido en un libro de 69 páginas, de impecable edición, y sintetizado en un video testimonial de cinco minutos, el informe de AI lleva un título dramático: “Cállate si no quieres que te matemos” y el subtítulo “Violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana”. Su capítulo cuarto, referido a los abusos policiales, está subtitulado con el lema “¡Policía, no me mate, que yo me paro!”, difundido el año pasado en las redes sociales después de varios asesinatos de personas que no se detuvieron cuando agentes del orden se lo ordenaron en lugares inapropiados.

En realidad el informe no es novedoso para los dominicanos bien informados, porque está integrado por denuncias que han sido recogidas por los medios de comunicación en las últimas décadas, aunque al ser avaladas por una prestigiosa institución internacional se constituyen en un dramático documento llamado a causar alarma y estupor en los ámbitos transnacionales preocupados por los derechos humanos y el estado de derecho.

Para mostrar la barbarie policial hubiesen bastado las estadísticas de  los muertos y heridos por la Policía Nacional en los últimos años, pero el informe se extiende en redadas masivas para extorsión, torturas y otros abusos. Consigna 2,367 homicidios policiales en los últimos seis años, para un promedio anual de 395, más de uno por día, según las propias cuentas de la PN, y 2,138, de acuerdo al conteo de la Procuraduría General de la República. Los heridos por los agentes policiales en los últimos cuatro años ascienden a 4,354, promediando 1,088 por año y tres por día.

AI denuncia los alegados intercambios de disparos como frecuentes ejecuciones, llamándolos “homicidios ilegítimos”, indicando que las muertes a manos de la PN representan un promedio del 15 por ciento de los homicidios ocurridos en el país entre el 2005 y el 2010. Esa cantidad de muertos representa anualmente entre 3 y 5 puntos de  la tasa nacional de homicidios, que ha girado en la última década entre 22 y 26 por cien mil habitantes.

Dramáticos testimonios.  El libro de AI contiene numerosos testimonios de víctimas y de testigos presenciales de abusos policiales, recogidos por delegaciones de esa institución en los meses de octubre del 2009 y 2010 y en marzo del 2011. Documenta asesinatos múltiples ejecutados por policías, como el de cinco choferes acribillados en el parque Mirador Sur el 30 de diciembre del 2008, en lo que inicialmente se informó como “intercambio de disparos”, para luego tener que admitirse que se trató de una ejecución múltiple. Lo mismo documenta la ejecución de un hombre y dos mujeres en Pueblo Nuevo, Santiago, el 20 de marzo del 2006. En ambos casos se llegó a condenas judiciales, pero se sostiene que la mayoría de los homicidios policiales quedan en la impunidad.

El párrafo que inicia las conclusiones del informe indica que la  PN  “comete violaciones graves de derechos humanos y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia. El control es inadecuado y las reformas han estado viciadas, por lo que no han puesto fin a estos abusos. Así mismo, los indicios señalan que, en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad”.

A continuación se señala que “Debido principalmente a la falta de voluntad política, no se emprenden reformas eficaces y no se garantiza la función policial efectiva que precisa la población dominicana. Quienes están en el poder no se han enfrentado a las personas interesadas en mantener el sistema actual en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes”.

Amnistía denuncia la tortura como método investigativo y sostiene que “la conducta ilegítima y poco profesional de muchos agentes de policía contribuye a aumentar la delincuencia y la violencia en República Dominicana. La corrupción generalizada de la Policía, las actuaciones policiales agresivas y la participación de agentes del orden público en actividades delictivas socavan la capacidad del Estado de proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública”.

Un documento abarcador.  Contrario a lo que algunos argumentaron para descalificarlo, el informe es abarcador, enfocando los desafíos de la creciente delincuencia, el costo en muertes de agentes policiales y sus pésimas condiciones salariales y de vida. Recoge la cifra oficial de 354 policías muertos en los últimos 6 años, promediando 59 por año. No lo señala, pero esa estadística de la PN no se refiere sólo a las víctimas de los delincuentes, sino que incluye los que perecen en riñas personales.

El documento señala que la PN “opera en un entorno difícil y peligroso. En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego y la creciente desigualdad social”. Indica cómo la tasa de homicidios pasó del 13 por 100 mil en 1991 al 26.41 en el 2005 y el 25 por cien mil en el 2010.

Acredita a la PN “un enfoque de tolerancia cero” contra la corrupción interna, al cifrar en 12 mil los agentes policiales destituidos entre el 2007 y 2010. Se refiere también a las precariedades salariales que impiden a la mayoría de los policías y sus familiares el disfrute de una vida digna y que los obliga al pluriempleo, en detrimento de su vida familiar y personal, y de su efectividad y motivación laboral. Especifica que el 45 por ciento de los policías tienen salarios mensuales de unos 5 mil 300 pesos, unos 140 dólares, cifra que considera “extremadamente baja” y que contrasta con el salario mínimo de 8 mil 356 pesos en las empresas de seguridad privada. Entre las recomendaciones del informe se incluye el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de todos los agentes del orden.

Margarita: ¿un tónico de efectos secundarios?

Por Juan Bolívar Díaz

Una serie de acontecimientos fueron dejando al licenciado Danilo Medina sin más opción que la primera dama, doña Margarita Cedeño de Fernández, para completar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) si quería asegurar la unidad partidaria y el pleno apoyo del presidente Fernández y su Gobierno.

Las encuestas y la percepción general concluyen en que la doctora Cedeño es como un tónico que en lo inmediato dará aliento a la candidatura de Medina, pero hay quienes temen que a mediano plazo pudiera tener efectos secundarios al pegarle el sello definitivo de la continuidad de un Gobierno en progresivo declive.

Presiones ineludibles.  El Danilo Medina que logró imponerse como candidato presidencial venciendo la ofensiva y resistencia de la maquinaria gubernamental leonelista ha quedado subordinado a la misma al verse obligado a proclamar a la primera dama como su candidata vicepresidencial.

La tropa mayor del Presidente, la misma que intentó imponerle al país una repostulación del mandatario cuando acababan de proclamar una Constitución que lo prohíbe, que fracasó con una precandidatura presidencial de doña Margarita Cedeño, la impuso ahora como compañera de boleta de Medina, reduciendo su independencia frente al líder del partido.

Sin contrincante visible, promovida abiertamente en vallas y afiches, por radio, prensa y televisión, la doctora Cedeño recibió el impulso del líder cuando en septiembre éste dijo en Nueva York que ella tenía los méritos y las condiciones suficientes para ser vicepresidenta. Luego ella misma se autoproclamó en un acto público cuando repitió la consigna de que “con Danilo y con Mamá esa pela va”. Y el desbordamiento fue definitivo cuando una semana atrás el senador Félix Bautista, secretario de organización del PLD y principal brazo político del mandatario, dijo en una formal rueda de prensa que ella sería la candidata vicepresidencial.

Para entonces algunos de los estrategas y colaboradores de Medina que buscaban una alternativa capitularon convencidos de que tenían que pagar el precio de sellar la unidad partidaria y obtener el pleno respaldo del presidente Fernández y sus cuadros, que incluyen a los más poderosos funcionarios y asociados del Gobierno. Y hasta las encuestas de la oposición la señalaban como la mejor opción. No había modo de ignorarla sin que se interpretara como un desplante al líder. Se le proclamó de repente, con el menor protocolo, como quien apura un medicamento amargo.

Lo bueno de la inversión.  Ella es como un tónico de triple acción, porque integra a una primera dama que ha manejado miles de millones de pesos del presupuesto en labores asistencialistas, reconoce al Presidente que el candidato desafió y llena de entusiasmo a una pléyade de inversionistas que necesitaban un acierto luego de varios tropezones y a una dirigencia y militancia partidista que precisa un aliento de continuidad en el poder.

Margarita Cedeño es por sí misma una buena inversión, independientemente de  su condición de primera dama de un Gobierno de ocho años consecutivos y doce de los últimos dieciséis. Ella ha logrado cierta popularidad con un trabajo asistencialista y político sistemático, con dedicación de tiempo completo, y pone una nota femenina y de simpatía personal a una candidatura adusta y de limitado carisma.

Podría ser pura casualidad, pero el tónico Margarita llegó al día siguiente del cara a cara protagonizado por Medina con su principal contrincante Hipólito Mejía ante la Asociación de Industrias, donde el perredeísta pareció salir ganancioso a juicio de observadores y en sondeos realizados entre los empresarios presentes. Aunque el discurso del peledeísta fue más minucioso y bien estructurado, hubo apreciación de que “no conectó con la audiencia por su limitado carisma”. Para otros, Mejía sacó ventaja porque formuló un programa económico basado en un mayor protagonismo del empresariado y la inversión privada con un Estado facilitador y no competidor.

La precipitada proclama de Margarita de Fernández (se había dicho que la selección sería a principios del próximo año) puede también ser parte de una estrategia que busca por lo menos una notable mejoría en los resultados de próximas encuestas independientes como la Gallup-HOY que se espera este noviembre. La anterior de agosto registró una ventaja al candidato del PRD de 14.5 por ciento en el universo de los electores y de 20 por ciento en los que dijeron que estaban bien seguros de que votarán en mayo próximo. Pero en las dos últimas semanas de octubre se publicaron cuatro encuestas auspiciadas por el sector oficialista en dos de las cuales Danilo Medina aparece en ventaja y en las otras dos en “empate técnico”.  En ese período, dos encuestas por encargo del opositor mantienen amplia ventaja a Hipólito Mejía.

Un Gobierno en declive.  El sello de la continuidad puede resultar costoso con un Gobierno en pleno declive, según indican las encuestas, y en un escenario económico cada vez más complicado al punto de que ahora mismo tiene en suspenso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que depende el presupuesto de este año  y unas reservas de divisas que en el 2011 se han reducido en más de 700 millones de dólares.

El Latinobarómetro publicado hace una semana deja muy mal parada la gestión  de Leonel Fernández, con aprobación de 36 por ciento, la penúltima de América Latina,  9 puntos menos que en  2010 y 26 menos que en 2005, cuando le otorgaba 62 por ciento. Esa aprobación es 2 puntos menos que el 38 por ciento registrado por la evaluadora mexicana Mitofsky al principio de octubre pasado, y uno menos que la Gallup-HOY de agosto.

En confianza en el Gobierno, el dominicano queda en penúltimo lugar con índice de 25 en un promedio latinoamericano de 40. En eficiencia del Estado y en situación económica personal el país ocupa el último lugar en el acreditado Latinobarómetro, donde queda patente el descrédito alcanzado por el Gobierno del PLD.

La evaluadora internacional Eurasia Group acaba de advertir un panorama adverso: “La baja popularidad de Fernández, la perspectiva de una desaceleración de la economía de Estados Unidos y el cansancio de los votantes después de 8 años de Gobierno del PLD significa que el expresidente Hipólito Mejía está en mucho mejor posición para tomar la Presidencia que el candidato del PLD, Danilo Medina”.

Para más complicaciones el FMI está condicionando la reanudación del acuerdo llamado a facilitar aún más de 500 millones de dólares este año a importantes ajustes macroeconómicos, con elevación de la tarifa eléctrica, reducción del gasto y reajuste hacia abajo del presupuesto de 2012, ya aprobado, y elaboración y aprobación de leyes para adoptar una tarifa técnica en el sector eléctrico y de un mecanismo de flexibilización de la tarifa eléctrica. Eso si quieren que el directorio del FMI apruebe en diciembre la reanudación del acuerdo, según comunicación del 19 de octubre dirigida a los funcionarios económicos del Gobierno nacional, que trascendió esta semana.

Todo eso aunque el presidente Fernández dijo el 6 de septiembre, al inaugurar un seminario sobre cambios globales y política exterior dominicana, que el FMI le había autorizado a gastar más en lo que restaba del año. El panorama, con tendencia a complicarse, es desolador para el país y desde luego para las perspectivas electorales del partido de Gobierno.

Posible efecto secundario

El principal efecto secundario del tónico Margarita es que pega el sello de la continuidad a un candidato que había hecho esfuerzo y ganado espacio presentándose con diferenciación del régimen decadente, especialmente desde que Medina se separó del Gobierno para perseguir la candidatura presidencial de su partido en las elecciones del 2004, lo que terminó en una agria confrontación que distanció a los dos líderes del PLD y sus respectivos equipos.

Además de que los mismos peledeístas han presentado a Margarita y el aliento de Leonel como el salvavidas de un “minusválido político”, mientras la campaña del PRD se fundamenta en rechazar a ”Leonilo” como expresión de “más de lo mismo”. Con la esposa y todos los hombres del Presidente al lado el discurso de Danilo se reducirá en los aspectos de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo”, predominando lo de “continuar lo que está bien”. Tras ser proclamada ella dijo que “trabajaremos juntos en continuar este camino de progreso, de modernidad y de institucionalidad que hemos estado transitando bajo el Gobierno de alguien que ustedes saben que adoro: el presidente Leonel Fernández”.

Pero una mirada más profunda podría descubrir que la fórmula Margarita es una “jugada capicúa” que invierte al fortalecimiento del liderazgo de su esposo. Si ganan la elección reclamarán  el mérito y sobrevivirá el nuevo mesianismo nacional con todo el carril para volver a la presidencia en el 2016, y si pierden lo atribuirán a “la debilidad del candidato” sepultándolo para que Leonel reine por siempre.

 Hasta entre los estrategas y los equipos de Danilo había una corriente que consideraba fundamental para el triunfo electoral que el candidato mantuviera la  diferenciación que le permitió montar un entramado de grupos de apoyo extra partido, creando la ilusión de renovación, pero el leonelismo es muy fuerte y el PLD no estaba en capacidad de asimilar esa estrategia, lo que remite la campaña a un debate entre continuidad y cambio, con la agravante de que detrás de la refrescante figura de doña Margarita se cuelan los más objetados del peledeísmo gobernante.

JCE suspende su “genocidio civil”

Por Juan Bolívar Díaz

Mediante un oficio de la directora del Registro Civil, la Junta Central Electoral (JCE) dispuso la entrega de copias de sus actas de nacimiento a todos los descendientes de extranjeros que se encuentren en investigación hasta que se determine si procede pedir a un tribunal que disponga su nulidad.

De esa forma se da satisfacción al movimiento nacional e internacional que viene denunciando un genocidio civil contra ciudadanos descendientes de haitianos a quienes se les venía negando la expedición de copias de actas de nacimiento, lo que fue debatido esta semana en Washington, D. C. en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Modifica la Resolución 12-07.  El oficio 32-2011, suscrito por la licenciada Dolores Fernández Sánchez, directora Nacional del Registro del Estado Civil, modifica la polémica Resolución 12-07 (en adelante R12-07) del Pleno de la JCE emitida el 10 de diciembre del 2007 que dispuso “que sea suspendida provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición”.

El documento está fechado el 19 de octubre, cinco días antes de la audiencia de la CIDH, y está dirigido a los oficiales del Estado Civil. El asunto indica: Decisión sobre expedición de actas de nacimiento en investigación correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros.

El único párrafo del oficio señala: “De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión de la Junta Central Electoral de fecha 05 de octubre de los corrientes, se les instruye en el sentido de que las actas de nacimiento correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros que se encuentren en estado de investigación, sean expedidas libremente hasta tanto el Pleno de la Junta Central Electoral determine si las mismas son válidas o no, conforme a la investigación correspondiente, y proceda a suspenderla provisionalmente, a demandar su nulidad ante un Tribunal o a reconocer su regularidad”.

La decisión trascendió el miércoles y ya al día siguiente decenas de afectados habían concurrido a las oficialías del Estado Civil en Monte Plata para reclamar actas que se les había negado desde el 2007, primero por la Circular 17-07 de la Cámara Administrativa de la JCE, validada después  por la R12-07 del pleno del organismo, entonces presidido por el doctor Julio César Castaños, aunque con la oposición de los jueces Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares.

Procedimiento irregular.  La circular fue hecha pública este viernes en el telediario Uno Más Uno de Teleantillas, generando incertidumbre, porque se creía que solo el Pleno de la JCE podía modificar o derogar una resolución propia. Incluso, la quinta disposición de la R12-07 dice expresamente que “El levantamiento temporal o definitivo de la suspensión provisional, requiere de una decisión expresa de la Junta Central Electoral”.

Pero extrañamente la decisión atribuida a la Comisión de Oficialías de la JCE y firmada por una jefa departamental, modifica la resolución de la máxima instancia de la institución. No se sabe si tuvo algún vínculo, pero fue adoptada el 5 de octubre cuando  llegó al país la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, quien advirtió de “preocupaciones muy serias” sobre el despojo de la ciudadanía a descendientes de haitianos que la habían obtenido por haber nacido en el país, e instó a que se adoptara una resolución que reconozca sus derechos.

La circular fue emitida apenas cinco días antes de la audiencia celebrada el lunes 24 por la CIDH en su sede de Washington, D. C. donde se debatió la situación de unas 457 personas a las que se les ha negado administrativamente la expedición de copias de sus actas de nacimiento. Allí los representantes del Gobierno dominicano restaron magnitud al problema, repitiendo el argumento de la JCE de que solo han afectado a 120 bajo cargos de que fueron inscritos fraudulentamente. Los han querido confundir con casos de declaraciones tardías de mafiosos y de beisbolistas que buscaban aparecer más jóvenes. Pero la Circular 17-07 que inició el genocidio civil especifica en su segundo párrafo que “fueron expedidas en tiempo pasado Actas de Nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”. Luego prohibió a los oficiales del Estado civil expedir actas de nacimientos con “cualquier irregularidad”, debiendo proceder a enviar el expediente a la JCE para investigación.

Un triunfo de la razón.  La decisión de expedir libremente las actas de nacimiento está llamada a eliminar un factor que generaría múltiples desaprobaciones y condenas internacionales al país, y es un triunfo del  “Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación”,  que defiende los derechos de los desnaturalizados.

Ese movimiento esta integrado por una docena de entidades religiosas y sociales como el Centro Bonó,  Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica, Visión Mundial, Catholic Relief Services, Centro de Estudios Constitucionales de la  UASD y la Coalición de ONGs por la Infancia, así como por decenas de núcleos de afectados. Y han movilizado la solidaridad de una docena de instituciones internacionales.

Sostienen que los afectados no son solo los 457 documentados ante la CIDH, sino miles y potencialmente decenas de miles que todavía no han requerido actas de nacimiento o no lo harán  por estar en edades y circunstancias de pobreza en las que no la necesitan al tener la cédula personal de identidad. Un comunicado publicado en HOY del viernes por el movimiento citado indica que “un estudio de campo realizado por el SJRM revela que en Monte Plata, San Pedro de Macorís y Guaymate unos 1600 dominicanos-as han ido a las oficialías a buscar una copia de sus actas de nacimiento y la negación ha estado amparada bajo alegatos discriminatorios tales como tu apellido es de haitiano, eres negro, etc.”

Para muchos de los afectados en los cuatro años en que se aplicó la restricción los daños son irreparables, al haber perdido oportunidades de realización personal, porque el acta de nacimiento es requerida para tener acceso a la cédula y al pasaporte, a estudios de todos los niveles, a empleos formales, al seguro médico y los fondos de pensiones, a casarse o divorciarse, al crédito bancario, a vender y comprar inmuebles. De ahí que se hablara de muertos civiles y de genocidio civil.

Carencia de sustento jurídico.  Los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares se opusieron firmemente tanto a la Circular 17 como a la R12-07 que originaron la exclusión de los dominico-haitianos, considerando que la JCE invadía el ámbito de la justicia, que es la que puede dictaminar. En una instancia de impugnación, la doctora Fernández sostuvo que “No existe ninguna disposición expresa de la ley 659 sobre actos del Estado Civil que le confiera a la JCE la facultad de ordenar la retención de actos del Estado Civil. Por el contrario ese papel se le confiere de manera exclusiva a los jueces del Poder Judicial.” Citó el Artículo 31 de esa ley el cual dispone que cualquier persona podrá pedir copia de las actas asentadas en los registros del Estado Civil, las cuales “se tendrán como fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”.

En similares términos fue concebida la instancia del doctor Olivares, quien  además citó un dictamen de la Suprema Corte de Justicia la cual sostiene que las declaraciones de nacimiento debidamente asentadas y realizadas dentro de los plazos legales, “constituyen documentos con enunciaciones de carácter irrefragable, hasta inscripción en falsedad”.

Abogados y las entidades defensoras de los derechos humanos han denunciado que la acción de la JCE ha violado principios constitucionales básicos, como el del Artículo 18 de la nueva Constitución que proclamó dominicanos a todos los que disfruten de la nacionalidad antes de su entrada en vigencia, el ordinal 13 del Artículo 48, el cual indica que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o comisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”.Y el Artículo 110 y el 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la irretroactividad de la ley. También han citado violaciones a la Ley 659-44 sobre Actos del Estado Civil, así como a los códigos  Civil y de Procedimiento Civil.

La decisión de la JCE es correcta porque suspende la arbitrariedad de un acto administrativo que suspende un derecho fundamental y reivindica la jurisdicción de los tribunales donde seis afectados que recurrieron encontraron amparo, dos de ellos incluso en la Suprema Corte. Puede ser una forma subrepticia de rectificar el genocidio civil.

El costo institucional del presupuesto 2011

Por Juan Bolívar Díaz

La celeridad con que fue aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 hace pensar  en la intención de reducir  los efectos de los reclamos de la sociedad civil que activamente ha demandado más recursos para la educación.

Notable insatisfacción han expresado además los ayuntamientos y el Poder Judicial a los que   legalmente  les corresponderían  mayores recursos.

Con una celeridad que sólo tiene explicación en  el interés de reducir los efectos de los reclamos de la sociedad civil organizada, la mayoría peledeísta del Congreso Nacional aprobó en tiempo récord la Ley de Presupuesto General del Estado para el último año del mandato del presidente Leonel Fernández.

La aprobación del Presupuesto conlleva un costo institucional significativo, al haber desconocido mandatos constitucionales y varias leyes que destinan partidas no sólo para la educación, sino también para el Poder Judicial y los municipios, en beneficio del Poder Ejecutivo que precisa mantener una alta inversión política.

Atropellante celeridad.  Por la forma en que fue aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado  para el año 2012 pareciera que sobra la letra “g” del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución promulgada por el presidente Fernández, el cual dispone que el proyecto debe ser sometido al Congreso Nacional a más tardar el primero de octubre de cada año.

El Gobierno cumplió rigurosamente ese mandato al introducir el proyecto el 30 de septiembre, pero sus legisladores la aprobaron en el tiempo récord de 20 días. Nunca en su historia la nación había tenido una Ley de Presupuesto dos meses y once días antes de comenzar un año.

El límite de tres meses de anticipación al comienzo del año para entregar el proyecto de Presupuesto al Congreso quedó consagrado en la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público 423-06 promulgada hace cinco años por el mismo presidente Fernández, obedeciendo a un viejo clamor nacional que rechazaba la práctica de enviar el proyecto en el mes de diciembre, lo que imposibilitaba que el Legislativo pudiera cumplir a conciencia su responsabilidad. En la generalidad de las democracias el plazo es igual o  mayor. Por ejemplo en Chile es también de tres meses, pero en Perú, Ecuador y Costa Rica es de cuatro  y en Uruguay de seis meses.

En el 2010, como en años anteriores, el Congreso atendió parcialmente reclamos de sectores estatales y de la sociedad civil tras ponderaciones en comisiones bicamerales, pero ahora sorprendió la celeridad y el Senado despachó el proyecto  en  dos sesiones  consecutivas, tras declararla de urgencia, gracias a que el partido de Gobierno domina 31 de sus 32 curules.

En la Cámara de Diputados, sin las dos terceras partes necesarias para la declaración de urgencia, hubo que guardar la apariencia de la comisión de estudio y tomarse diez días para sancionarla en una sesión que duró apenas 15 minutos.

Les bajaron línea.  Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dieron la impresión de haber recibido la consigna de despachar el Presupuesto con la mayor celeridad posible para evitar que los reclamos de la sociedad civil en torno al 5 por ciento del producto bruto para educación constituyeran un mayor escándalo, a los que se habían sumado los de los municipios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Poder Judicial.

Una fuente vinculada al Gobierno aseguró que la línea de acción partió de una ponderación de la Dirección de Información y Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (DIAPE), que ha estado muy activa en las últimas semanas cuando recomendó una política de provocaciones al candidato presidencial opositor Hipólito Mejía, a través de preguntas de periodistas progubernamentales. Otro documento de la unidad gubernamental  identificaba como enemigos del Gobierno y apandillados a un grupo de periodistas reconocidos por su criticidad.

Un estratega de la candidatura peledeísta de Danilo Medina reconoció que la forma en que se aprobó el Presupuesto conlleva costo político, pero pareció resignado al considerar que hubiese sido peor si dejaban que los clamores por mejor distribución del gasto en el 2012 se extendieran por dos o tres meses y cobraran mayores dimensiones.

Se descartaba la posibilidad de una modificación que dejara satisfecho el reclamo del 4 por ciento para la educación.

De ahí que ni siquiera los más firmes seguidores de Medina en el Congreso intentaran contener la celeridad. El calificado senador Wilton Guerrero alegó que levantó la mano aprobatoria sin darse cuenta que ya se estaba votando el Presupuesto en segunda lectura. En el Senado hubo unanimidad, pero entre los diputados se produjo un puñado de disensiones, como la de la peledeísta Minou Tavárez Mirabal y los aliados Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo.

Costo institucional.  De cualquier forma la distribución del Presupuesto del 2012, sin atender reclamos de amplios sectores, y  la celeridad de su aprobación cuando la ley entra en vigencia 72 días después, han generado un amplio rechazo no sólo de los reclamantes más activos como los amarillos del 4 por ciento, sino también de instituciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la opinión pública en general.

El rechazo es mayor porque tanto la forma de la aprobación como el contenido violan preceptos constitucionales.

El artículo 56 de la ley pretende dispensar, “con carácter transitorio”, una partida menor del 4 por ciento del PIB para educación, establecido en la Ley Orgánica de Educación 66-97, que ya es también un mandato constitucional al tenor del inciso 10 del artículo 63 de la nueva Carta Magna. Por demás, también violentaron el artículo 112 que establece una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras legislativas para aprobar o modificar las leyes orgánicas.

Un comunicado del CONEP sostiene que se violó el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dispone un presupuesto anual desagregado a nivel de capítulos y partidas. También que la Ley de Presupuesto de 2012 “contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto”, para lo cual se requiere las dos terceras partes del voto de ambas cámaras. La aprobación de los diputados fue por 83 contra 57 votos, equivalente al 59.2 por ciento. La mayoría de los perredeístas y reformistas votaron en contra y algunos se abstuvieron. Si 15 de ellos se hubiesen ausentado, con la disminución del quórum a 125, la aprobación habría alcanzado los dos tercios.

Los más perjudicados

Aunque queda lejos del 4 por ciento del PIB, la partida destinada a Educación registra un incremento para alcanzar el 2.95 por ciento, si se incluye lo destinado al Ministerio de Educación Superior y las transferencias, y 2.46 por ciento para el Ministerio de Educación, que desagregándole las transferencias queda en 1.97 por ciento, según los estimados del experto fiscal Nelson Suárez.

Los más perjudicados son los ayuntamientos municipales, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas, a los que apenas se les asigna el 43, 42 y 41 por ciento respectivamente de lo que les correspondería de cumplirse la Ley 194-04. La de Municipios, 166-03,  les consigna un 10 por ciento de los ingresos fiscales y esta vez su partida no llega al 5 por ciento, la menor desde la institución de esa cuota en el 2003.

El Presupuesto de 2012 también desconoce el mandato de la Ley 194-04, que destina el 3.10 por ciento del presupuesto al Poder Judicial, cuya apropiación de 3,097 millones de pesos es apenas del 72 por ciento de los 5,442 millones destinados al Congreso Nacional, institución mucho más pequeña. El Ministerio Público recibirá el 53 por ciento de lo que le correspondería por ley, con una partida de 2 ,600 millones de pesos.

Se violan las leyes que tienden a descentralizar el gasto público con el argumento de que los recursos no alcanzan, pero la situación se agrava progresivamente.

Los ayuntamientos tienen tres años recibiendo las mismas partidas. Pero los fondos alcanzan para elevar las asignaciones de la Presidencia de la República, que en el año 2012 dispondrá de 45 mil 11 millones de pesos, el 10.5 por ciento del Presupuesto.

Un reporte de Degnis de León en la edición del pasdo viernes del diario El Día  resalta que quienes no resultaron perjudicados en las partidas asignadas por ley fueron los partidos políticos, que recibirán 1,403 millones, justo el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales consignado en la Ley Electoral, de los cuales más de 1,200 se distribuirán entre los tres mayoritarios.

No se podía esperar menos en un año electoral y cuando el Presidente de la República aparece empeñado en una ofensiva de último tramo de Gobierno para abonar sus posibilidades de retornar en el año 2016.

Sólo eso puede explicar que esta semana haya dispuesto la reanudación de la construcción de la presa de Guaigüí, suspendida desde antes de que iniciara sus 11 años de Gobierno.

Genocidio civil inaceptable

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana será drásticamente cuestionada en el escenario internacional por el despojo de la nacionalidad a miles de ciudadanos de ascendencia haitiana que fueron reconocidos durante todo el siglo pasado y a los que se aplica retroactivamente un nuevo ordenamiento constitucional y jurídico.

Eso fue lo que reclamó aquí hace poco la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y lo que conocerá en Washington el día 24 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya tiene 457 casos documentados, con apoyo de decenas de organizaciones nacionales e internacionales.

Disposición administrativa.  Como advertimos hace cuatro años cuando la Junta Central Electoral comenzó a negar la emisión de actas de nacimiento a los descendientes de haitianos que ya habían sido registrados como ciudadanos dominicanos, el caso comienza a dilucidarse en los organismos internacionales y lo que se puede esperar es reprobaciones y condenas.

Aunque algunos quieren confundir, ya no se trata de la discusión sobre los derechos de los indocumentados, sino del despojo de la nacionalidad a quienes los oficiales del Estado Civil inscribieron como dominicanos, amparados en una normativa legal que rigió hasta el 2004 y en la Constitución vigente hasta el año pasado.

Hasta el 2010 la Constitución dominicana en base al principio del jus-soli reconocía como ciudadanos dominicanos a los nacidos en territorio nacional, con excepción de los hijos de los diplomáticos y los extranjeros en tránsito, y la Ley de Migración 95, de 1939, limitaba a diez días el período que definía el tránsito. En el 2004 se aprobó la nueva Ley de Migración 285-04, que niega la nacionalidad a los residentes ilegales, lo que obtuvo carácter constitucional en la Carta Magna promulgada en el 2010.

Sin embargo, desde el 2007 la Junta Central Electoral, mediante disposiciones administrativas, sin siquiera hacerla depender de un veredicto judicial, empezó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento a los ciudadanos de nombres o apariencia haitiana que no demostraran que sus padres eran residentes legales al momento en el que fueron declarados.

Primero fue la Cámara Administrativa de la JCE, mediante la Circular 017 del 29 de marzo de 2007, firmada por su presidente, Roberto Rosario, que instruyó a los oficiales del estado civil a “examinar minuciosamente” las solicitudes de certificados de ciudadanía, argumentando que “fueron expedidas en tiempo pasado actas de nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”.

Cuando se cuestionó la facultad de esa cámara para adoptar tal norma, el asunto fue llevado al pleno de la Junta Central Electoral, que la avaló mediante su resolución 12-07, del 10 de diciembre del mismo ano.

Son muertos civiles.  Esta semana el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, negó que se haya desnacionalizado a 457 personas y sostuvo que sólo son 120 los “depositados y examinados” por ese organismo.

Probablemente se refería a los 126 que mediante su oficio 5787, del 11 de septiembre de 2008, el director del Registro del Estado Civil solicita al pleno de la JCE la cancelación definitiva de su registro de nacimiento. Entre el 2008 y 2010, la JCE sólo revisó 10 casos, según un boletín del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes.

Pero otro conteo es el referente a las personas a quienes se les ha negado “provisionalmente” darle copia del acta de nacimiento, y que ven pasar los años sin que se les responda sus requerimientos, tanto ante las oficialías como en las oficinas de la JCE “porque están bajo investigación”.

Aunque hay afectados con más de 60 años, e incluso casi una tercera parte nacidos antes de 1965, la investigación del SJRM establece que el 70 por ciento nació entre 1976 y el 2000, es decir menores de 35 años, que es el período en el que más se requiere del acta de nacimiento.

Son miles los que al serle negado el documento fundamental quedan impedidos de sacar la cédula de identidad y electoral y el  pasaporte, de casarse o divorciarse, de matricularse en escuelas y universidades, y de optar por becas y empleos formales.

Tampoco pueden declarar a sus hijos, lo que les traspasa a éstos su condición de muertos civiles.

Por su condición de pobreza y marginalidad, la mayoría de las víctimas del genocidio civil se sumen en la frustración y el resentimiento, pero otros luchan por sus derechos, contactando a las organizaciones de derechos humanos que les proporcionan  abogados. Milcíades Yan, de Monte Plata,; Ana María Belique e Isidro Belique, de San Pedro de Macorís, y  Moisés Yan, de Guaymate, han logrado sentencias de jueces ordenando que se les entregue copia de su acta de  nacimiento.

En algunos de esos casos, la JCE ha apelado y están pendientes de fallos definitivos en la Suprema Corte de Justicia.

Descrédito internacional.  El genocidio civil contra los domínico-haitianos difícilmente encuentre un defensor internacional y todo lo que espera al país es descrédito.

Es que no hay precedentes de esa naturaleza en el mundo, a no ser en la Alemania nazi contra los judíos. Porque es universal el principio de la irretroactividad de la ley, especialmente en cuestiones fundamentales como la identidad nacional.

Cada vez es más frecuente la adopción de restricciones a la inmigración y al derecho a la nacionalidad, pero en ningún país se propone despojar a quienes ya obtuvieron un estatus legal. Por el contrario, las nuevas legislaciones casi siempre han tendido a amnistiar a los de estatus ilegal de larga data.

Lo que ha convocado para el día 24 del mes en curso en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un juicio contra el Estado dominicano, sino una audiencia para que explique su política de desnacionalización de ciudadanos de ascendencia haitiana. Es un espacio de diálogo al que han convocado por los canales diplomáticos a una representación del Gobierno nacional.

Pero no hay la menor duda de que si no se rectifica el camino, tanto la coalición nacional como la internacional proseguirán la pelea en los tribunales nacionales y de no encontrar satisfacción pedirán a la Comisión Interamericana que canalice un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el 2005 condenó al Estado dominicano y dispuso la entrega del acta de nacimiento a dos hijas de domínico-haitianos. Esa vez dictaminó que la ilegalidad de los padres no es heredable a los hijos.

Una decena de instituciones internacionales, entre ellas las que llevaron el caso de las dos niñas a la Corte Interamericana, figuran como  promotores de la audiencia del día 24, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro por los Derechos Humanos Robert Kennedy, Refugees  International, Fundación Etnica Integral, Iniciativa pro Justicia de la Sociedad Abierta, Christian Aid del Reino Unido, el Servicio Mundial de Iglesias, Global Rights y la Asociación 180 grados para la Cooperación y el Desarrollo.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos ciudadanos de padres y hasta abuelos haitianos han sido despojados de la ciudadanía por esa disposición administrativa, sin que medie un pronunciamiento judicial, porque muchas de las víctimas son tan pobres e indefensas que no se apresuran a denunciarlo, pero los organismos defensores de los derechos humanos acumularon 457 expedientes debidamente documentados que son los remitidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No es una labor exclusiva del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas que dirige Sonia Pierre, como lo presentan quienes llegan al extremo de cuestionar la nacionalidad dominicana de esa activista de ascendencia haitiana. En Septiembre pasado 18 organizaciones nacionales, integradas en un “Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminaciones” lanzaron una campaña “contra la política de desnacionalización” de la JCE.

Participan también unos 70 núcleos de afectados en el Distrito Nacional y seis provincias de fuertes asentamientos de inmigrantes haitianos por el cultivo de caña en el siglo pasado como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Barahona, La Romana, Baoruco y Puerto Plata.

Esta semana, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) sostuvo que ha identificado por lo menos 1,584 afectados en una investigación que realizó tan solo en las zonas de Don Juan y Quisqueya de San Pedro de Macorís, en Monte Plata, Guaymate, de La Romana y en Neiba. Ya el 3 de diciembre del 2009, el doctor Servio Tulio Almánzar, en su calidad de director nacional del Registro del Estado Civil, dependiente de la JCE, en respuesta a un requerimiento por la Ley de Libre Acceso a la Información mediante su oficio 13326, cuantificó en 3,650 los “expedientes en proceso de investigación administrativa”.

En la medida en que pasan los años, crece el número de los afectados y no son decenas de miles porque una alta proporción de los dominicanos de ascendencia haitiana inscritos en el Registro Civil pasan de los 40 años de edad, tienen cédula de identidad y ya no necesitan  copias de sus actas de nacimiento.

Caerán en grandes proporciones cuando se vean obligados a renovar su cédula de identidad, para lo cual tendrán que solicitar el certificado de ciudadanía.

 

La JCE debe cuidar los avances logrados

Por Juan Bolívar Díaz

Ante la renuncia del jefe de informática se impone la transparencia y el apego a la ley, y abandonar el proyecto de financiar observadores electorales nacionales

 Las circunstancias que rodean la renuncia del Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral proyecta sombras sobre el organismo que deben ser disipadas con absoluta transparencia y en consulta con los partidos políticos como dispone la ley.

 También es imperativo que la presidencia de la JCE abandone lo que parece un esfuerzo por auspiciar su propia observación electoral, entrando en un ámbito suficientemente cubierto por instituciones nacionales e internacionales que gozan de reconocimiento nacional e internacional.

 Hicieron saltar a García

No es que el licenciado Miguel Ángel García renunció como Administrador General de Informática de la JCE, sino que lo hicieron saltar del cargo, según se desprende de su carta de dimisión y los anexos que la acompanan. Ningún profesional de su nivel y prestigio, que se respete, podría aceptar que un subalterno se le sobreponga con o sin apoyo de la alta jerarquía sin un acuerdo previo.

 En la JCE era público el pugilato que se verificaba por la máxima dirección del importante departamento de informática entre el administrador general y el director de Informática, ingeniero Franklin Frías. Lo que determina la renuncia del superior fue un memorándum de Frías, del 23 de agosto, dirigido a todo el personal de programación y desarrollo, base de datos, subdirectores y asistentes de informática, donde les “queda terminantemente prohibido la tramitación y/o modificación a cualquier registro de la Base de Datos de la Junta Central Electoral, solicitados por otras instancias de la institución sin la debida autorización y/o conocimiento de quien suscribe”.

 Es obvio que el director Frías pasó por encima del Administrador General, su superior jerárquico, a quien reducía a subordinado en la materia clave de las modificaciones a la base de datos del organismo que controla el registro civil y electoral de la nación, y que para hacerlo tenía que contar con la aprobación de la superioridad que no siguió el procedimiento de rigor, que implicaba un acuerdo previo con el administrador general.

El 22 de septiembre el licenciado García dirigió una carta al doctor Roberto Rosario, presidente de la JCE, en la que primero se queja de la imposibilidad de verlo y responderle personalmente un correo del 29 de agosto, en el que aparentemente se avala

La decisión de Frías, ya que expresa que se le están desconociendo sus funciones y responsabilidades, fomentando un administrador general paralelo. García le citó la resolución de la JCE que lo designó en el cargo en el 2003 y termina poniendo su cargo a disposición del presidente Rosario. Cuatro días después, el 26, presenta renuncia.

 Ironías de la vida

En la sesión del plano de la JCE del 30 de septiembre, que aceptó la dimisión de García no hubo dudas de que Frías contaba con el apoyo del doctor Rosario, quien logró los votos de la doctora Rosario Graciano de los Santos, como él proveniente de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y del politólogo José Ángel Aquino. La rechazaron el doctor Eddy de Jesús Olivares, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, y el doctor César Francisco Féliz, al Partido Reformista Social Cristiano.

 Lo irónico del caso es que García fue llevado a la JCE en el 2003 como consecuencia de los reclamos que formulaban el PLD y el PRSC cuando la mayoría de los integrantes del máximo organismo electoral, bajo la presidencia del doctor Luis Arias, se inclinaba hacia el PRD que, con el control del Senado, los había designado. Entonces el ingeniero Frías, ya director de informática, era objeto de suspicacias, razón por la que se apeló a García, un reputado técnico de la empresa Mercasid, en una clásica mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado.

 Las suspicacias que predominaban a finales del 2003 estaban determinadas por el hecho de que el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, se había embarcado en una campana por su reelección. Se procuraba poner al frente del Centro de Cómputos un técnico que diera confianza a todos los actores políticos.

 La resolución 30/2003, del 1 de diciembre del 2003, no permite la menor duda, ya que tras consultar a los partidos, en la letra a del numeral 9, el pleno de jueces electorales resuelve “Aprobar el nombramiento del señor Miguel Ángel García como Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral, estableciendo que es el funcionario de mayor Jerarquía en ese Departamento”.

Lo que ordena la ley

Tanto el memorándum de Frías como el respaldo de Rosario a su decisión de autoerigirse como mandante único del departamento del centro de cómputos de la JCE implican el desconocimiento de una resolución del organismo no solo legítima, sino también consensuada y negociada con los partidos en consonancia con un mandato de la Ley Electoral vigente.

 La JCE no puede eliminar el cargo de Administrador General de Informática ni conferir sus funciones al director del departamento sin violar la letra a de las funciones de la Cámara Administrativa, indicadas en el artículo 6 de la Ley Electoral donde se especifica que los titulares de los departamentos fundamentales, entre ellos el de Cómputos serán “designados previa consulta con los partidos políticos”.

Si se pretende modificar el organigrama de la JCE y dar facultades plenas al director, es obvio que se impone la previa consulta a los partidos, sobre todo si se quiere evitar ruidos y conflictos que revoquen los avances que la concertación y la transparencia han impreso a la administración del sistema electoral.

 La imposición, por autoritarismo o por cualquier conveniencia, de un administrador del Centro de Cómputos a la medida del presidente de la JCE implicaría un retroceso y es inevitable que genere incertidumbres y suspicacias ya en medio de un proceso electoral que se perfila altamente competitivo.

 De ahí las reacciones que la situación ha generado de parte de partidos políticos e instituciones de observación electoral, como el movimiento cívico Participación Ciudadana, que han demandado transparencia y consenso de las autoridades electorales con los actores fundamentales del sistema electoral que son los partidos. Participación Ciudadana lo hizo en el 2003 junto con otras instituciones que constituyeron una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad.

 No deben financiar observadores

Otro elemento que tiende a crear incertidumbres y que la JCE debe despejar es el interés que muestra su presidente Roberto Rosario por auspiciar, incluso con financiamiento, grupos de observación electoral, lo que se podría interpretar como intento por influir en una instancia que tiene que caracterizarse por la independencia de los actores y el arbitraje.

 Durante una reunión en Bruselas, Bélgica, el 20 de junio pasado con el director de la División para América Latina del Servicio Exterior de Acción Europea, Tomas Dupia Delmoral, y Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe de la Cooperación Europea, el presidente de la JCE les solicitó el envío de observadores a los comicios del 2012, lo que ha sido normal en los procesos electorales. Lo novedoso es que también les pidió fondos “para el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil dominicana para la implementación de programas de observación electoral”. Le respondieron que el país no es prioridad por los avances registrados en ese campo.

 La doble petición fue publicada en periódicos dominicanos, aunque el pleno de la JCE no ha decidido financiar la observación electoral de la sociedad civil. Desde los comicios de 1996, Participación Ciudadana ha venido realizando programas de observación electoral, con la aceptación de las autoridades electorales y los partidos políticos. Estos la han aplaudido especialmente cuando están en la oposición o en desventaja en los órganos del arbitraje electoral.

 Participación Ciudadana ha realizado también conteos rápidos, reconocidos como de alta precisión, por organismos nacionales e internacionales que han financiado el movimiento cívico, el cual nunca ha buscado ni tenido financiamiento del gobierno, de la JCE o de los partidos. Sí de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Unión Europea, de la Cooperación Española, de Canadá y otras agencias internacionales. Esa observación ha contado con la participación de decenas de organizaciones sociales dominicanas, desde empresariales, hasta religiosas y comunitarias y también en coordinación con misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral para América Latina y otras entidades.

 En las dos últimas elecciones también otras entidades, como el Colegio de Abogados, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Movimiento Cívico Toy Jarto pero creo en mi país han realizado observación electoral, sin recibir financiamiento oficial.

 Precisamente para este miércoles 5 de octubre la JCE había convocado a una serie de organizaciones sociales para estimularlas a la observación electoral, esfuerzo que parece innecesario. Pero cuando los dirigentes llegaron al local del organismo, en medio del conflicto por la renuncia del administrador de Informática, se les informó, sin dar razones, que la reunión estaba aplazada.-