Buen arranque de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz

 El Proyecto de Reglamento para las Asambleas y Convenciones Electorales de los Partidos Políticos es un prometedor arranque de la nueva Junta Central Electoral

El Proyecto de Reglamento para las asambleas y Convenciones Electorales de los Partidos Políticos elaborado por la nueva Junta Central Electoral (JCE) es un primer paso hacia una fiscalización de las actividades partidistas que merece el respaldo de todos cuantos están interesados en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Se trata de una serie de normas de fiscalización de las campañas para la elección de candidatos y devolverles su carácter interno, obligando a presentar un cronograma con plazos y disposiciones para hacer transparentes las fuentes y el nivel de gastos en orden a la equidad e igualdad de oportunidades entre los competidores.

La pieza de los nuevos jueces electorales hace énfasis en la prohibición de recursos estatales en las actividades partidistas y de precandidatos y replantea la necesidad de una ley de partidos políticos que limite el excesivo gasto de las campañas   pagado directa o indirectamente por la sociedad.

Proyecto desapercibido

El proyecto de la JCE fue publicado en espacios pagados de varios periódicos y sometido a consideración de los partidos políticos en la segunda semana de diciembre, pero ha pasado casi desapercibido para la opinión pública.

Como toda la reglamentación que aprueba el organismo electoral, ha sido entregado a los delegados de los partidos para escuchar sus opiniones, atendiendo al Párrafo I de las facultades contenciosas instituidas en el artículo 6 de la Ley Electoral.

Normalmente la JCE otorga un plazo para que los partidos se pronuncien sobre las reglamentaciones, pero hasta ahora las respuestas se producían con mucho retraso, frenando los proyectos del organismo. Es probable que los partidos estén poco interesados en crear el precedente de una estricta fiscalización de sus elecciones de candidatos que se trasladaría después a las campañas para los comicios nacionales.

Según el párrafo del artículo 6, bastaría con que la JCE citara una audiencia pública para escuchar el parecer de los delegados políticos, después de haber entregado el proyecto de reglamento, sin estar en obligación de esperar indefinidamente la respuesta, como ha ocurrido en el pasado.

La urgencia de adoptar esta reglamentación está determinada por el hecho de que ya los partidos mayoritarios están inmersos en campañas para la elección de candidatos presidenciales con miras a los comicios a celebrarse en el 2008. En el Revolucionario Dominicano de manera formal, y de hecho en los casos del Reformista Social Cristiano y el de la Liberación Dominicana.

La importancia de esta reglamentación está dada en el hecho de que los nuevos jueces se aprestan a ejercer funciones que le atribuye la ley electoral, que incluye plazos para la apertura pública de las campañas de promoción y fiscalización y auditoría del financiamiento, contemplando posibilidades de admoniciones y procesos judiciales.

De hecho las selecciones de candidatos han rebasado el ámbito interno y ya son campañas abiertas en los medios de comunicación y en las vías públicas, con gastos desproporcionados que despiertan cuestionamientos sobre su origen y legitimidad.

 Plan de actividades  

El proyecto de reglamento contempla en sus artículos 2 y 3 que los partidos deberán depositar en la JCE copia de las normas aprobadas por los órganos correspondientes para la realización de sus asambleas y convenciones y un plan de actividades que incluye fechas para la apertura de sus procesos electivos, para presentación de precandidaturas, inicio y cierre de las precampañas y celebración de sus asambleas electorales y convenciones.

El artículo 4 establece que los partidos tendrán que depositar en la JCE el padrón que regirá sus elecciones internas y tendrán derecho a recibir copia del registro nacional de electores, cortado al menos 30 días antes de la elección, cuando decidan utilizarlo en sus votaciones primarias.

Se contempla en los artículos 9 y 10 que la JCE “desplegará un amplio dispositivo de fiscalización, a fin de comprobar si la jornada de votación transcurre en armonía con lo previsto en los Reglamentos correspondientes” y para comprobar que las convenciones de delegados “se efectúen en correspondencia con la Constitución, las leyes, los reglamentos dictados por la Junta Central Electoral y los estatutos internos de cada partido”.

El artículo 13 indica que: “Las actividades de proselitismo que realicen los pre-candidatos y pre-candidatas deben limitarse al ámbito interno, no pudiendo realizarse en una magnitud tal que se constituyan en campañas de carácter público, que afecten la paz y tranquilidad ciudadana”.      

Hasta ahora el papel de la JCE en la supervisión de las elecciones primarias y convenciones de los partidos ha sido casi simbólica, disponiendo que algunos inspectores hagan acto de presencia, sin mayor preocupación por los procedimientos democráticos.

 Sobre el financiamiento       

 Los artículos 5 al 8 del proyecto establecen normas sobre el contenido y costo de la propaganda, así como de las fuentes de financiamiento y del gasto. El 5 prevé fiscalización sobre el contenido y costo de la promoción por los medios de comunicación, lo que está en cierta contradicción con el 13 que limita las precampañas al “ámbito interno” de los partidos.

En el artículo 6 se instituye que los partidos deberán depositar en la JCE un informe de los gastos para las primarias y convenciones y el presupuesto de los pre-candidatos y pre-candidatas, incluyendo la nómina de sus contribuyentes y fuentes de ingresos, relación de ingresos y de egresos.

Compromete a la JCE, en el artículo 7, a fiscalizar las actividades públicas a fin de comprobar que no se utilicen recursos del Estado, y en el 8 a supervisar que la propaganda gráfica esté en concordancia con lo previsto en la ley electoral y las disposiciones municipales. Velaría también que no se utilicen los bienes muebles o inmuebles estatales para colocar propaganda.

Una de las consideraciones en que se fundamenta el proyecto de reglamento recuerda que el artículo 55 de la Ley Electoral establece que: “Sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizados a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.

Sin embargo, el artículo 47 de la misma ley incluye la contribución económica de las “personas jurídicas nacionales privadas”, aunque considera “ilícita la intervención directa o indirecta del Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizados o de empresas que caigan dentro de la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera, de los ayuntamientos o de entidades dependientes de éstos, de gobiernos extranjeros en el sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus campañas”.

Ese artículo es redundante al prohibir a los partidos “beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas o sostenerse”. También prohibe a los partidos, a sus dirigentes, militantes o relacionados recibir exoneraciones, donaciones o regalos de cualquiera de los poderes del Estado o de los ayuntamientos, directamente o bajo cualquier mecanismo jurídico.

Otra consideración del proyecto de reglamento establece “Que los partidos políticos deben garantizar la equidad entre los pre-candidatos y la igualdad de oportunidades, sin menoscabo del derecho que poseen los pre-candidatos de recibir recursos de manera lícita hasta tanto intervenga una ley de partidos que establezca límites al gasto de campaña para las asambleas y convenciones de los procesos electorales”.

El artículo 12 se refiere a las sanciones indicando que “En caso que se compruebe que durante el proceso de pre-campaña, Elecciones Primarias, Asamblea o Convención de Delegados se cometiera algún acto contrario a la ley, los reglamentos o los estatutos y que genere un diferendo entre los pre-candidatos y pre-candidatas, éstos podrán apoderar a la Cámara contenciosa de la Junta Central Electoral, y en caso de que se comprobare infracción penal, los interesados podrán someter a los imputados a la jurisdicción judicial correspondiente, a fin de que se les juzgue conforme a derecho, imponiéndoles las penas que correspondan”.

Una JCE más activa

Más allá de su valor en sí mismo, el proyecto de reglamento para las asambleas y convenciones electorales indica una actitud positiva de los nuevos jueces electorales y denota su disposición a asumir un papel activo en la promoción de la institucionalidad democrática, en la duración de las campañas y en el financiamiento.

La Ley electoral contempla límites para el inicio de las campañas electorales que nunca se han cumplido. No los prevé, en cambio para las precampañas que para las elecciones del 2008 han comenzado más de un año y medio antes, algo que probablemente no tenga precedentes en el mundo democrático.

Una JCE fuerte e independiente de los intereses partidistas tiene que limitar las campañas y promover activamente una ley de partidos que prevea todos los detalles del funcionamiento de los mismos, de sus procesos eleccionarios internos y de sus campañas.

Mientras se materializa esa legislación, hace tiempo en manos del Congreso Nacional, la JCE puede comenzar a ejecutar las previsiones ya contempladas en la Ley Electoral para disminuir el dispendio, especialmente para que partidos y candidatos tengan que hacer más transparentes sus fuentes de financiamiento.

La opinión pública debería alentar a la JCE para que materialice el proyecto de reglamento y ponga fin al abuso de los recursos estatales en las campañas electorales, internas o nacionales, lo que no solo tiene que ver con la institucionalidad democrática, sino también con el recto uso de las contribuciones de la ciudadanía.-

El PLD Amenazado por una crisis

Por Juan Bolívar Díaz

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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría caer en una profunda crisis si sus organismos no operan eficientemente para hacer prevalecer los procedimientos democráticos en la planteada lucha por la candidatura presidencial para los comicios del 2008, tal como han demandado varios de sus dirigentes.

Una lucha descarnada entre el presidente Leonel Fernández y Danilo Medina podría sacudir toda la estructura partidista con fuertes repercusiones sobre la gestión gubernamental en marcha, riesgo que aumenta por la escasa competencia que por el momento representan los partidos de oposición.

Aunque se ha creado el mito de que en el PLD las apetencias individuales no pasan por encima de la institucionalidad, su historia muestra varias crisis con fuertes desprendimientos, aún cuando tenía un líder unificador y no había alcanzado el poder que tanto corroe los partidos políticos.

En pendiente  enjabonada

Los acontecimientos registrados en las tres semanas después de la renuncia del licenciado Danilo Medina a la Secretaría de la Presidencia para dedicarse a la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD, incrementan los temores de una crisis que sacuda al partido de gobierno.

Si firme ha sido la decisión de este dirigente y las demostraciones de fuerza que se han expresado en su favor, en público y en privado, tanto en las estructuras del partido como en los bloque de legisladores y munícipes, no menos contundentes han sido las manifestaciones en pro de la repostulación del presidente Fernández.

Los signos de confrontación se manifiestan abiertamente en programas de radio y televisión y en las columnas de articulistas vinculados al PLD, que progresivamente van tomando posición en lo que para algunos será un duelo de titanes. Hasta el punto de que ya muchos dan por hecho una crisis que aún está en gestación.

La reunión de altos funcionarios en el Palacio Nacional y el inicio de una controversial consulta  para determinar si procede la repostulación, con un formulario considerado intimidante hace temer que una vez más los propósitos continuistas podrían socavar los cimientos de una organización política en el poder que mantiene en su programa de gobierno el postulado de la alternabilidad. Como ocurrió con el gobierno del agrónomo Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Los activistas del PPH-PRD no se detuvieron ni siquiera cuando el país cayó en la profunda crisis financiera del 2003 y las encuestas colocaban al PLD muy por encima en las posibilidades electorales. Utilizando los recursos del poder lograron imponerse, generando una división y el partido blanco cayó a un precario 31% del voto.

La ventajosa posición que mantiene el PLD podría ser un incentivo a la lucha interna y propiciar hasta la división. La encuesta Gallup para HOY publicada esta semana otorga un 46.3% de preferencias electorales al PLD, 25.3% al PRD y 12.6% al Partido Reformista Social Cristiano. Arrojó que Leonel Fernández y Danilo Medina son los dos políticos más preferidos para presidente de la nación.

Las crisis del PLD

Aunque muchos peledeístas se han llegado a creer que son inmunes a las debilidades institucionales y divisiones que afectan a los demás partidos y a la instituciones dominicanas, ellos tienen su historia de confrontaciones y fragmentaciones, aunque la última significativa fue hace 15 años, en 1991. La dos mayores culminaron en la expulsión de los secretarios generales Antonio (Tonito) Abreu y Rafael Alburquerque.

Casi desde su fundación en diciembre de 1973, el PLD ha registrado problemas disciplinarios y grupales. En 1975 fue su primera pulga de un grupo de Santiago que fue considerado excesivamente izquierdista.

Tras las elecciones de 1978 cuando apenas alcanzó 18 mil votos, el 1 por ciento del total, se produjo la expulsión de Tonito Abreu y varios de sus seguidores, lo que llevó a Alburquerque a la secretaría general. En ese período se retiraron dirigentes como Franklin Almeyda, Euclides Gutiérrez, Rafael Kasse Acta, Enmanuel Espinal y Ramón Blanco Fernández. Luego Milagros Ortiz Bosch, Juan Bosco Guerrero y otros. Los tres primeros retornarían luego al partido.

En 1981 las purgas alcanzaron a militantes de los comités intermedios Gregorio Gilbert y Mauricio Báez, encabezados por Hipólito Gutiérrez y Juan López.

En 1983 otra pulga de “izquierdistas” se lleva  a 5 miembros del comité central, encabezados por los hermanos José Antinoe y Alberto Fiallo. Varios renuncian.

En 1984 la crisis fue grande cuando el secretario general Rafael Alburquerque fue obligado a renunciar, con conatos de violencia que incluyeron un cerco a su residencia. Con el se fueron decenas de dirigentes a los que se acusó de constituir un grupo que buscaba apropiarse del partido.

La última crisis del PLD fue en 1991. En medio de fuertes luchas internas el profesor Juan Bosch renunció el 15 de marzo del PLD “de manera irrevocable”, denunciando luchas grupales y considerando que muchos dirigentes se habían contaminado de ambiciones personales. Decenas de militantes armados  ocuparon la casa nacional del PLD.

La crisis se saldó al concluir el mes, cuando Bosch fue convencido de volver al partido. Pero quedaron fuera los sindicalistas encabezados por Nélsida Marmolejos, Fernando de la Rosa y Juan Carlos Fernández. También los que habían provenido del antiguo Partido Socialista Popular, encabezados por los hermanos Doucudray y Papo Vicioso, así como los antiguos dirigentes del Partido Socialista, resaltando Max Puig, Vicente Bengoa, Onofre Rojas, Alejandro González Pons y Rafael Camilo. Hamlet Hermann renunció.

Es relevante que desde su primer gobierno, el presidente Fernández atrajo al PLD a la mayoría de los purgados y renunciantes, hasta el grado que Alburquerque es el vicepresidente de la República.-

El Comité Político

En privado muchos dirigentes del PLD reconocen que una lucha entre Fernández y Medina representaría demasiado riesgos de división. Sobre todo si el sectarismo se incuba en los mismos organismos de dirección, como el Comité Político y el Comité Central. Se expresa preocupación por el hecho de que el Comité Político ha dejado de sesionar regularmente y no lo ha hecho ni siquiera tras la renuncia de Medina y los problemas presupuestarios del gobierno.

Hasta la vuelta al poder en el 2004, el Comité Político se reunía cada semana, pero se fueron espaciando hasta virtualmente desaparecer con el paso de los meses. Hay  quienes recuerdan que en el congreso peledeísta celebrado tras la salida del poder en el 2000, se concluyó en que el gobierno había absorbido el partido, por lo que se estableció que no se podría ser alto funcionario y miembro del comité político a la vez. Pero tal reforma estatutaria fue anulada a la hora de constituir el gabinete del 2004.

Esta semana cuatro connotados dirigentes pidieron una sesión especial del Comité Político para asumir “un compromiso de unidad, basado en el respeto al derecho de los compañeros y compañeras a participar, pero teniendo como aspiración suprema el interés del Partido, que no puede nunca sacrificarse en beneficio de aspiraciones o intereses individuales o particulares”.

Reinaldo Pared Pérez, José Joaquín Bidó Medina, César Pina Toribio y Temístocles Montás, firmaron y publicaron una comunicación dirigida a los miembros del Comité. Llamó la atención que no fuera dirigida al presidente del partido, el doctor Fernández Reyna. También que la encabezara el secretario general, quien por jerarquía podría diligenciar personalmente la convocatoria.

El documento muestra preocupaciones fruto de la experiencia política de esos cuatro que son de los más influyentes dirigentes del PLD, conscientes de que los partidos, sobre todo si gobiernan, se exponen a las divisiones cuando sus organismos dejan de operar y son sustituidos por los mecanismos del poder.

Propusieron que el Comité Político se erija en “espacio de concertación y arbitraje de las posiciones encontradas, con absoluta imparcialidad y sentido de pluralidad”, reclamando que el proceso de selección de las candidaturas sea sometido a “controles institucionales y éticos necesarios”,  para limitar “posibilidades de fisura”.

Un duelo precipitado

 Hace tiempo que en el PLD se temía que pudiera darse un duelo entre el presidente Fernández y Medina, a quien se reconoce una gran ascendencia en las estructuras directivas y la militancia del partido, pero muchos creen que los acontecimientos se han precipitado.

No han faltado, incluso, quienes reclamen que la lucha por la candidatura sea aplazada, entre los cuales resaltan Jaime David Fernández, el tercer peledeísta  en preferencias en las encuestas, y el presidente de la Cámara de Diputados Julio César Valentín. Pero otros estiman que el agua derramada es difícil de recoger. Si hace meses que José Tomás Pérez se lanzó a la búsqueda de la candidatura sin que nadie lo considerara condenable ni le impusiera limitación, cómo hacerlo ahora con Danilo Medina. Y si estos dos se mueven, cómo impedir que los reeleccioncitas hagan otro tanto.

En las circunstancias, lo que procede es un ordenamiento del proceso, estableciendo límites y un calendario. Y aún así será muy difícil contener a los militantes seguidores de los aspirantes y a los grupos externos, especialmente a los que se mueven con los incentivos del gobierno.

Los riesgos de una profunda división en el partido oficial son percibidos  por muchos de sus dirigentes. Las fuerzas lucen parejas, inclinándose hacia Medina en el partido, pero hacia el presidente por el poder, lo que a su vez es un elemento de corrosión.

Una larga lucha, en circunstancias de dificultades para el gobierno, podría acentuar el proceso de pérdida de apoyo a la gestión de Fernández registrado por la encuesta Gallup-HOY . De un 55.4% que la consideraba buena y muy buena en agosto pasado, cayó al 40.2 ahora en noviembre, para un descenso de 15.2%.

 

En la JCE el que reparte y reparte…

Por Juan Bolívar Díaz

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En la elección esta semana de los jueces de la Junta Central Electoral volvió a regir el viejo aforismo popular de que a quien reparte y reparte le toca la mayor parte, pues el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedó en control de la Cámara Administrativa, encargada de organizar los procesos electorales.

Pero debe acreditarse a la mayoría peledeísta que ha sabido repartir y escoger a varios abogados y politólogos de reputación, dejando a los partidos de oposición sin argumentos para objetar la composición del tribunal electoral y al Revolucionario Dominicano (PRD) una vez más revolcándose en sus propias mezquindades.

De nuevo perdieron quienes postulaban que el tribunal de elecciones fuera constituido por abogados que no tuvieran ni militancia ni vínculos estrechos con los partidos políticos para que representaran fundamentalmente los intereses de la sociedad y no los de sus agrupaciones preferidas.

Balance aceptable

Una vez más hubo repartición política en la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, aunque el balance es aceptable en cuanto hay mayor equilibrio político que en la anterior elección hace 4 años que tuvo que ser enmendada posteriormente con la ampliación del número de jueces.

De los nueve anteriores integrantes del organismo, considerado generalmente como incondicional a los intereses del PRD, sólo fue reelecto el doctor Roberto Rosario, precisamente el más politizado de todos, pues fue el único que salió de la dirección nacional de un partido para el tribunal.

Rosario, quien era miembro del Comité Central del PLD, fue electo juez electoral en diciembre del 2002, junto al doctor Rafael González Pantaleón, 3 meses después que los perredeístas eligieran los 7 titulares originales en sesión sorpresiva del Senado, sin previa consulta con los demás partidos ni con las instituciones sociales.

Aquella decisión originó una confrontación política y cuestionamientos al perredeismo no solo por parte de los otros partidos, sino también de las organizaciones de la sociedad civil. El diferendo se zanjó con un diálogo político convocado por el presidente Hipólito Mejía. La solución consistió en ampliar a 9 el número de jueces para incluir dos presentados por el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Mediante una ley también se dividieron las funciones de la JCE en dos cámaras, una administrativa y la otra contenciosa, pero cuyos titulares confluyen en un plenario donde el presidente del organismo queda con pocos poderes, casi como figura protocolar y vocero. Eso llevó a la renuncia del doctor Manuel Ramón Morel Cerda, quien presidía el organismo, desde la anterior elección del 1998.

De los primeros 7 jueces electos en el 2002, por lo menos seis tenían vínculos con el PRD y la doctora Rafaelina Peralta con el PRSC. Pero ninguno salió de un organismo de dirección nacional partidista.

Tal vez bajo la convicción de que las mayorías deciden, tanto los dirigentes del PRD como los del PRSC han expresado esta vez su conformidad con la integración de la JCE. Y esa es una diferencia fundamental en relación a lo ocurrido hace 4 años. De cualquier forma ahora hay más equilibrio por la presencia de reconocidos profesionales de fuerte personalidad y criterios propios, aunque algunos tengan vínculos con partidos.

Perdieron los que como el movimiento cívico Participación Ciudadana abogaban por una JCE sin infiltraciones partidarias. Lo que no implica que los nuevos jueces sean estigmatizados ni que no puedan desempeñar una buena labor.

El papel de Castaños

El doctor Julio César Castaños Guzmán heredó de su padre Julio César Castaños Espaillat, no sólo el nombre sino también una marcada vocación jurídica, inclinación por la actividad académica y afición a la política. Aquel fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en tres ocasiones, casi siempre en momentos críticos de las primera década tras la liquidación de la tiranía de Trujillo.

Vinculado al movimiento renovador de la UASD, pasó a formar parte del PRD, donde llegó a ser considerado para la candidatura presidencial en 1974, y luego al PRSC, en cuyas filas le sorprendió una temprana muerte.

El nuevo presidente de la JCE es catedrático de la Universidad Católica Madre y Maestra, preside una fundación que promueve la institucionalidad democrática y fue miembro del PRSC, pero sin categoría relevante. En el último período de gobierno del doctor Joaquín Balaguer se desempeñó como Procurador Fiscal del Distrito Nacional, posición en la que demostró firme carácter y gran independencia de criterios.

Castaños Guzmán puede ser considerado un abogado con suficiente independencia para desempeñarse en la presidencia de la JCE y realizar una excelente labor. Está ligado a la Iglesia Católica y a las instituciones de la sociedad civil, en cuyas actividades ha sido un asiduo participante. Uno de sus tres hermanos, todos abogados, es el actual director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el doctor Servio Tulio Castaños.

Por demás el doctor Castaños tiene un amplio espíritu conciliador, también heredado de su padre, que le permitiría asumir un liderazgo en la JCE, reivindicando aunque sea parcialmente los poderes que antes conllevaba su cargo.

Importantes desafíos

Bajo la presidencia de Castaños Guzmán la JCE tendría no sólo el desafío de organizar dos procesos electorales, sino también de concluir la automatización del registro civil y de impulsar importantes reformas que tiene pendiente la sociedad dominicana, como una ley de partidos políticos que fortalezca la democracia interna y los haga más transparentes.

Otro de los desafíos es la aplicación de la ley electoral, especialmente en la vigilancia de los ingresos y gastos de los partidos, incluyendo la auditoría de sus fondos que consigna su artículo 52 y la limitación de los períodos de campaña electoral acordes con sus artículos 87 y 88.

En términos constitucionales la JCE debería impulsar la reforma del artículo 92 para separar por completo, en dos organismos autónomos, las funciones administrativas y las contenciosas, algo que se pactó ya en 1993 en el consenso con los partidos y entidades sociales que auspició la Fundación Siglo 21.

En esas transformaciones el doctor Castaños podría contar con el respaldo de los jueces que son abogados y politólogos inclinados a las reformas para mejor el sistema político, como son los doctores Aquino y Piña, así como con la doctora Fernández y el doctor Mariano Rodríguez, quien durante varios años ha presidido la Junta Electoral del Distrito Nacional y es un académico de probada vocación democrática.

Pero el mayor de los desafíos de esta junta es dejar atrás un largo período de incertidumbres y objeciones al arbitraje electoral y constituirse en un organismo fuerte, independiente y autónomo, capaz de ayudar a contener el desbordamiento y el descrédito del partidismo político.-

Inclinación morada

Con la elección ayer del doctor Rosario para presidir la Cámara Administrativa, el tribunal electoral tiene una inclinación hacia los intereses del partido morado de gobierno. A otro de los integrantes de esa cámara, el doctor César Francisco Féliz, se le vincula al PRSC, que lo habría propuesto. El tercero es un abogado y politólogo, José Angel Rodríguez, cercano a los peledeístas, quien trabajó en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado durante el anterior gobierno del doctor Leonel Fernández. En los últimos años manejó un proyecto de reformas de Participación Ciudadana.

Por igual se consideran vinculados al PLD las doctoras Aura Celeste Fernández y Leyda Margarita Piña, así como el doctor John Guilliani. Estas dos mujeres han desempeñado importantes funciones en los dos gobiernos del PLD, pero compensa el hecho de que ambas, al igual que Aquino Rodríguez, son consideradas profesionales de integridad y personalidad propia. El doctor Guilliani ha tenido menos visibilidad en las actividades políticas.

La doctora Fernández sonó insistentemente como posible presidenta de la JCE, y al comienzo de esta semana dirigió una carta al Diario Libre donde aludía a esas versiones y se pronunciaba vigorosamente por la elección de jueces independientes que no llevaran al organismo los intereses de los partidos.

Cuando se conocieron los términos de su planteamiento analistas políticos dieron por hecho que no sería escogida para presidir, pues contradecía el criterio predominante en los tres partidos mayoritarios que buscaban tener al menos uno de los suyos dentro del tribunal electoral. El jueves circularon insistentes rumores de que rechazaría la designación en la JCE, de la que fue parte en el período 1994-98, bajo la presidencia del doctor César Estrella Sadhalá.

La elección fue ocasión para poner de relieve una vez más las dolencias intestinas del PRD, ya que dos senadores de este “amarraron” con los peledeístas para desconocer la recomendación del presidium perredeista que había recomendado para juez electoral al doctor Rafael Diaz Filpo, vinculado al grupo de Rafael Suberví Bonilla.

Se afirma que el expresidente Hipólito Mejía movió hilos de poder para que escogieran como titular a Hedí Olivares, un abogado que fue funcionario del pasado gobierno. Díez Filpo, electo suplente, fue el único de los escogidos que no se juramentó el viernes.

En el trasfondo de la elección quedó también de manifiesto el poder de Danilo Medina en las decisiones del PLD, pues él había favorecido públicamente la elección de Roberto Rosario, mientras el presidente Fernández lo había objetado por ser un dirigente de su partido. En fuentes bien informadas se dijo que el mandatario favorecía la continuidad del doctor Luis Arias o en su lugar a la doctora Fernández.

La salida de Danilo deja a Leonel en apuros

Por Juan Bolívar Díaz

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Se auguran mayores dificultades para el gobierno que pasa por una mala racha, mientras el PLD afronta los riesgos de una lucha interna que podría desgarrarlo.

La renuncia del influyente secretario de la Presidencia Danilo Medina cuando el gobierno pasa por su peor momento intentando una nueva reforma tributaria que confronta un rechazo generalizado coloca en mayores dificultades  políticas al presidente Leonel Fernández.

Aunque no lo desean los dos principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) esta dimisión abre una etapa de confrontación que podría crear problemas de gobernabilidad y generar desgarramientos internos de dimensiones difíciles de predecir.

En adelante el primer mandatario tendrá que medir sus pasos no sólo en función nacional y de las reacciones sociales y políticas externas a su partido, sino también de las fuerzas internas donde Danilo Medina parece tener un influjo determinante por su dominio de la maquinaria partidista.

En líneas paralelas

La dinámica de la política que unió durante más de una década al doctor Leonel Fernández y al ingeniero Danilo Medina los ha colocado en líneas paralelas que les impiden una acción coincidente y coherente, y no hay ninguna duda de que la dimisión de Medina está motivada en una firme determinación de procurar la candidatura presidencial para los comicios del 2008, mientras el actual presidente acaricia una reelección.

La debilidad en que aparecen los partidos de oposición y la circunstancia de que las encuestas indican que el PLD ganaría dentro de dos años con cualquiera de sus dos líderes como candidato son factores que incentivan la lucha por la candidatura presidencial del partido morado.

La separación de Medina no solo deja al gobierno sin uno de sus mejores ejecutivos, cuando más lo necesita, sino también que priva al presidente de quien ha sido su brazo fundamental en las campañas electorales que lo han llevado al poder.

Pero el dimitente y sus seguidores más cercanos entienden que Fernández tiene el compromiso de apoyar sus aspiraciones presidenciales, que data de 1994 cuando Medina habría declinado la candidatura vicepresidencial y favorecido que recayera sobre el actual presidente, lo que fue un impulso determinante para que dos años después emergiera como candidato presidencial.

Danilo Medina dirigió las campañas electorales que en 1996 y el 2004 llevaron a Leonel Fernández al poder. Sus cercanos sostienen que en la última ocasión el respaldo del primero se habría producido sobre la base de que recibiría un trato recíproco en la contienda presidencial venidera.

Seguidores de Fernández niegan que exista tal compromiso, pero de cualquier manera, el otro frente peledeísta entiende que “es tiempo de Danilo”, quien en el 2000 perdió la presidencia a manos de Hipólito Mejía, tras una gestión peledeísta que no logró prender en las mayorías.

Justamente una de las razones por las cuales Medina hace meses que trataba de separarse del gobierno es porque ha comenzado la promoción de la repostulación de Fernández. El lunes en las celebraciones en San Cristóbal del Día de la Constitución aparecieron letreros y artículos de promoción  parodiando que “es  tiempo de Leonel”.

El compromiso de Danilo

En la declaración que leyó ante la prensa el miércoles 8, Danilo Medina dejó claros sus propósitos, tras considerar que había cumplido su compromiso con el gobierno de Fernández, quien hasta ese mismo día había tratado de disuadirlo de la renuncia, como lo logró en agosto pasado.

 Su salida fue “bien meditada” y respetuosa con la tarea que impulsa el Presidente, al que deseó que Dios ilumine en la solución para “resolver los problemas que aún tenemos pendientes los dominicanos”.

Dejó explícito que seguirá sirviendo al país “desde el interior del Partido de la Liberación Dominicana al que me debo y al que considero un pilar fundamental de la democracia”, considerando que en política es positivo alejarse de la presión cotidiana para “renovar fuerzas y diseñar nuevas estrategias para afrontar con mejores perspectivas el futuro que merecemos”.

Y concluyó afirmando que seguirá correspondiendo la confianza de sus conciudadanos y compañeros de partido “con trabajo y con pasión” y que podrán seguir contando “con mi esfuerzo, mi entusiasmo y mi compromiso para lograr una República Dominicana más digna y más justa para todos”.

Danilo Medina no dejó dudas de su determinación de buscar la candidatura presidencial del PLD. Habrá que esperar ahora la del presidente Leonel Fernández, a quien se atribuye la virtud, que para algunos es debilidad, de que evade las confrontaciones, pero que es en la actualidad el político dominicano de mayor liderazgo nacional e internacional.-

Medina busca distancia

Para más de un observador, la dimisión de Danilo Medina el mismo día en que el equipo económico entregó al Presidente un proyecto que aumentaría impuestos por miles de millones de pesos, es una forma de evadir las consecuencias políticas y preservarse frente a un gobierno que sufre desgaste desde que el calendario marcó el inicio de su segunda mitad. Aunque un allegado la negó y otro dijo que tendrán que aprobar la reforma tributaria.

 Cuando el Secretario de la Presidencia anunció su dimisión ya circulaba el duro comunicado suscrito por las 26 más importantes asociaciones empresariales en el que se rechaza tajantemente que sea necesario ni conveniente un aumento de la carga tributaria, considerándolo una “contrarreforma paradójica que atenta contra la competitividad de la empresa local” ante la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica.

Los empresarios, al igual que la generalidad de las entidades políticas, sociales y hasta religiosas critican el desproporcionado aumento del gasto corriente y demandan austeridad y eliminación del gasto superfluo sin afectar lo destinado a educación y salud. También focalizar el subsidio al gas propano, reducir el de la electricidad, renegociar los contratos energéticos, cumplir a cabalidad la ley de compras y contrataciones del Estado y mayor eficiencia recaudatoria.

Comunicadores peledeistas alineados con Medina han sido críticos progresivos de la política de inversiones del gobierno, incluyendo el saco sin fondo del metro de Santo Domingo, y de una serie de contrataciones e inversiones que han devenido en escándalos en los últimos meses.

Dentro de estos, hay quienes tienen la convicción de que el afán por concluir el metro antes de las elecciones del 2004 comprometerá peligrosamente la economía nacional con repercusiones políticas electorales. Se estima que para lograr ese objetivo, que consideran parte fundamental del esfuerzo reeleccionista y del financiamiento de la campaña, el gobierno tendría que triplicar en el 2007 los cerca de 5 mil millones de pesos que le ha destinado este año, una de las razones por las que requiere elevar la carga impositiva.

Aún entre dirigentes y simpatizantes del PLD crece la convicción de que el presidente Fernández se desgastará con los problemas económicos del país y critican la prioridad que da el gobernante a su fundación, a seminarios y consultas y a las relaciones exteriores. Uno de ellos expresaba preocupación por la atención presidencial a un torneo de golf y un festival de cine, mientras los sectores sociales rechazaban los aprestos impositivos.

Riesgos calculados

Los danilistas, al igual que los leonelistas, no desean la confrontación y calculan sus riesgos, uno de los cuales es que al salir del gobierno Medina pierda poder, pero creen que dedicándose a afianzar su control de la maquinaria partidista, y contando con la adhesión de una gran mayoría de los legisladores y cuadros políticos, harán imposible que el presidencialismo se imponga.

Fernández conserva mucho mayor aceptación nacional que Medina. Su capacidad discursiva y carisma, más el poder presidencial le dan considerables ventajas, pero frente a las dificultades económicas y el creciente descontento nacional, tendría dificultades para una repostulación sobre todo si tiene que usar recursos gubernamentales para ganar la lucha interna, lo que debilitaría al PLD y reduciría su caudal electoral.

Un destacado dirigente peledeísta entiende que el presidente ha dejado el partido en manos de Medina por carecer de vocación para los amarres internos, porque tiene poco contacto con los cuadros nacionales, cuestiones en las que su contrincante tiene algo más que postgrado. Reflexionaba que Fernández sería magnífico en una democracia parlamentaria donde un primer ministro se encarga de las ejecutorias gubernamentales, mientras el presidente cultiva el carisma nacional e internacional.

 Hace ya tiempo que entre sectores empresariales crece la convicción de que el presidente es un carismático de grandes propósitos, empeñado en una reforma constitucional, pero “Medina es quien resuelve”, lo que es avalado hasta por ministros del gobierno, mientras el tiempo transcurre sin que se resuelvan problemas como los de energía, subsidios, déficit del Banco Central, corrupción, competitividad de los sectores productivos y obras prioritarias.

 La estrategia de los danilistas no pasa por la confrontación y evadirá los desgarramientos, calculando que los leonelistas tendrán que concentrar su atención en  los problemas del gobierno evitando un mayor debilitamiento al interior del partido.

 En adelante el doctor Fernández no solo tendrá que calcular el costo nacional de cada decisión gubernamental, sino también el interno dentro de su partido. Sus errores y tropiezos nacionales serían capitalizados por la corriente alterna del peledeismo.

Desde luego, al doctor Fernández lo favorece el peso tradicional del presidencialismo que en materia continuista siempre se ha impuesto dentro de los partidarios, excepto cuando Antonio Guzmán lo intentó en el Partido Revolucionario Dominicano durante el período l978-82. Pero le resultaría más difícil con una situación económica que lo aleja de los sectores sociales determinantes, sobre todo si impone una nueva carga tributaria, escenario que ya anuncia un incremento de protestas sociales.

¿Puede el PLD jugársela solo?

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el gobierno tiene poder congresional para aprobar nuevos impuestos sería aventurero que lo hiciera ignorando el rechazo general y el reclamo de austeridad

            El poder congresional otorgado en mayo pasado al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) será puesto a prueba con la propuesta de reforma tributaria que tropieza con un rechazo sin precedente y un firme reclamo de austeridad y calidad en el gasto público.

            Después de cuatro reformas impositivas en los anteriores 5 años y en medio de las incertidumbres que despierta el tratado de libre comercio con Estados Unidos que entraría en vigor en enero, los diversos sectores sociales lucen demasiado firmes en rechazar una quinta, que sería la tercera en los dos años y 4 meses de este gobierno.

            Para reducir los riesgos de crear un ambiente propicio a las protestas sociales, el gobierno tendría que mediatizar sus aspiraciones fiscales y acompañarlas de importantes medidas concretas de austeridad y disminución del gasto público que revoquen su imagen de fastuosidad.

¿Rectificación tributaria?

            Un tremendo avispero se armó en el país desde que el martes 24 de octubre el presidente Leonel Fernández anunció, durante su visita a Washington, que enviaría al Congreso Nacional un proyecto de nuevas reformas tributarias, atendiendo a requerimientos del Fondo Monetario Internacional de que estabilice las finanzas nacionales.

            El Planteamiento no sorprendió a los sectores que desde mediados del año venían expresando preocupaciones por el déficit fiscal en que cayó el gobierno al compás del excesivo gasto de la campaña electoral. Aunque algunos funcionarios tan importantes como el Secretario Técnico, Temístocles Montás, habían rechazado que el contemplaran nuevos impuestos.

            El mandatario quiso revestir el proyecto como una simple “rectificación tributaria” para compensar las reducciones que introdujo el anterior congreso, bajo dominio del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a la reforma aprobada a fines del año pasado, que implicaron unos 6 mil millones de pesos, aunque el gobierno “se la buscó”, extendiendo seis meses la aplicación del recargo cambiario a las importaciones.

            Más allá de eso, se comenzó a hablar de la necesidad de recaudar, 9 mil, 12 y hasta 18 mil millones de pesos adicionales, lo que en boca del secretario de Finanzas, del Secretario Técnico y otros altos funcionarios, dejó mal parada la teoría de la simple rectificación.

El jueves el gobierno puso a Andy Wolfe, directivo del Fondo Monetario Internacional, a encabezar una reunión con diversos sectores, y éste comenzó por plantear que no es adecuado estar aumentando impuestos cada año, para sugerir una reforma drástica, que aporte no menos del 3 por ciento del producto bruto. Llegó a proponer la ampliación de la base del ITBIS a casi todos los productos y servicios además de la supresión de los subsidios a la electricidad y el gas propano, focalizándolos a los más pobres.

Al finalizar esa reunión, en el Palacio Nacional, el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, dijo que la reforma ya estaba hecha y que la presentarían el viernes (ayer) al presidente Leonel Fernández, quien tendría la última palabra. El mandatario había pedido el mismo día que se espere el proyecto antes de formularle oposición. Mientras dirigentes del PLD y voceros legislativos expresaban su disposición de aprobar la propuesta.

Un elemento que desconcertó fue el anuncio de Bengoa de que el presupuesto del próximo año sería de alrededor de 200 mil millones de pesos, lo que implicaría una reducción de 38 mil millones de pesos, en relación al del 2006. Sería la primera vez que el presupuesto se reduce de un año a otro, más contradictorio por el reciente anuncio del Banco Central de que el producto bruto ha crecido 11.7 por ciento este año, y sobre dos dígitos en los últimos 5 trimestres, hasta septiembre.

Hace pocos días que el director de la Oficina Nacional de Presupuesto, Luis Hernández, había dicho que se presupuestaban unos 240 mil millones de pesos para el 2007. Sólo con un incremento del 6 por ciento en los ingresos corrientes de este año se pasaría de 200 mil millones de pesos. Y sin considerar los ingresos externos que para este año fueron proyectados en 48 mil millones de pesos.

Se arma un avispero

Desde que el presidente Fernández anunciara su “rectificación tributaria” se armó un avispero en el país. Dirigentes de todos los sectores empresariales y sociales, políticos y hasta religiosos han coincidido en rechazar nuevas cargas impositivas y en que cualquier ajuste tiene que ejecutarse por vía del gasto.

En las reformas tributarias ejecutadas en el 2000, 2003, 2004 y 2005 nunca el gobierno encontró un frente tan amplio de oposición a mayores tributos. Hasta los obispos, incluyendo al presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Ramón de la Rosa, han salido al frente, rechazando todo gravamen que pueda afectar a las mayorías.

Las presidentas del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industrias, Elena Viyella y Yandra Portela, han encabezado el rechazo, acompañadas de dirigentes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y otros.

Durante un encuentro realizado el jueves por las tres primeras instituciones empresariales, tras analizar la situación fiscal, se rechazó que sea necesaria una nueva carga tributaria. Desmontaron el argumento de que el Congreso mutiló la reforma del 2005, indicando que fue consensuada y el gobierno presentó un presupuesto equilibrado, sosteniendo que “el desbalance en la ejecución es un problema de gestión”.

El faltante de ingresos fiscales fue estimado por los técnicos empresariales en 4.3 mil millones de pesos al finalizar el año, por ingresos corrientes de 185.6 mil sobre 189.9 presupuestados. Lo atribuyen a que el gobierno no aplicó un aumento del impuesto selectivo a los combustibles.

Ya antes en declaraciones públicas Yandra Portela había rechazado que el Congreso mutilara la reforma del 2005, recordando que se excluyó la aplicación del ITBIS al café, el azúcar y el cacao, compensándolo con un incremento del impuesto sobre la renta del 28 al 30 por ciento.

El encuentro empresarial concluyó que “la situación fiscal para el 2007 es manejable con la estructura tributaria actual, con algunas mejoras razonables en el sector eléctrico y mercadeo de combustibles y con una reducción manejable por el lado de los gastos fiscales”.

La agudización de la crisis energética y la inminencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos son elementos que incrementan las incertidumbres y la sensibilidad en los sectores productivos. “Con respecto a competitividad: el aumento de la presión tributaria en un escenario de apertura internacional resulta estratégicamente paradójico”, concluyó el encuentro empresarial del jueves.

Reducción del gasto

            En los últimos meses ha sido generalizado el reclamo al gobierno para que reduzca sus gastos y ponga en vigencia la política de austeridad que el presidente Fernández anunció al juramentarse en agosto del 2004, que incluía una reducción del gasto del Estado no menor al 20 por ciento.

            Ayer mismo la sección económica de HOY recogía del reputado economista Carlos Despradel que en lo que va de año el gasto del gobierno se ha incrementado en 25 por ciento en sueldos, 95 por ciento en gastos no personales, 71 por ciento en materiales y suministros y 27 por ciento en aporte corriente.

            El también economista Andy Dauhajre estima en artículo del periódico Clave que en los dos años del gobierno, el gasto corriente ha crecido en 59 por ciento, con incremento del 139 por ciento en propaganda, de 83 por ciento en viáticos, 79 por ciento en servicios técnicos profesionales y 120 por ciento en la compra de combustibles.

            La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que desde mediados de año viene denunciando el incremento del gasto corriente, planteó esta semana que no apoyará ninguna reforma tributaria si el gobierno no controla su gasto y lo dirige eficientemente hacia verdaderas prioridades sociales, afirmando que la falta de racionalidad en el gasto gubernamental “nos hace asumir una actitud pasiva”.

            Las críticas al gasto, inversiones ni prioritarias, algunas con alta concentración, como la del metro capitalino y contrataciones poco transparentes y leoninas, como las de 138 millones para suministros a la Policía, o la de la administración de los bienes inmuebles estatales, han erosionado en los últimos meses la imagen del gobierno, restándole fuerza moral para pedir nuevos sacrificios.

¿Se irá solo el PLD?

Mientras el presidente Fernández considera las propuestas tributarias de su equipo económico, con la meta de que sean aprobadas junto al presupuesto del 2007 antes del 15 de diciembre, la pregunta que flota en el ambiente político es si el PLD y su gobierno pondrán a prueba su mayoría legislativa.

Ninguna propuesta de reforma importante se ha aprobado en el país en las últimas dos décadas sin algún nivel de consenso, sino con las fuerzas políticas al menos con las sociales, o con alguna parte de estas.

Irse solo implicaría muchos riesgos de desgaste político y de incentivo al retorno de las protestas sociales de la década pasada. Ya grupos populares y políticos están anunciando protestas masivas contra la política económica. Y por supuesto que los partidos de oposición, ansiosos de reducir el poder electoral del PLD y mejorar sus propias perspectivas, estarían a la pesca de oportunidades.

El gobierno tendrá, como el año pasado, que buscarse al menos el apoyo de una parte del empresariado. Pero para lograrlo esta vez tendría que limitarse a la “rectificación” reduciendo los alcances de las cargas impositivas, y comprometiéndose a un ajuste del gasto, aunque luego lo burle como es tradicional.

En este caso se debe invertir el refrán popular, pues parece mejor mal acompañado que solo.-

 

España afronta LA INMIGRACION

Por Juan Bolívar Díaz

Como necesitan inmigrantes se proponen ordenar su llegada e invertir para integrarlos a la sociedad con igualdad de derechos y respeto a la diversidad cultural

Madrid, España.- El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero está afrontando el problema de la masiva inmigración que cada año preocupa más a esta sociedad, partiendo de un sincero reconocimiento de que España necesita inmigrantes e implementando políticas destinadas a ordenar el tráfico de personas.

La creación de una Dirección General de Integración de los Inmigrantes hace dos años y la reciente propuesta de un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) conforman una política de rasgos profundamente humanos, económicamente racional e ideológicamente acorde con las tradiciones solidarias del socialismo.

En vez de aislar y discriminar a los inmigrantes, las actuales autoridades españolas se proponen invertir 2 mil millones de euros (unos 85 mil millones de pesos) en los primeros 4 años de un plan de normalización y universalidad de servicios dentro del principio de la responsabilidad compartida y tomando en cuenta la igualdad de derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.

Una gran preocupación

La llegada a las costas españolas de miles de inmigrantes del Africa Subsahariana (Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Cabo Verde), en los llamados cayucos, que son embarcaciones tan frágiles y rudimentarias como las que usan miles de dominicanos para llegar a Puerto Rico, exacerba las preocupaciones de los españoles y europeos sobre los flujos migratorios.

Como muchas de esas yolas han naufragado ocasionando centenares de muertos en condiciones dramáticas, su proyección a través de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, ha contribuido a exacerbar las preocupaciones sobre la inmigración.

Resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas publicados este jueves 26 por el diario El País muestra que la inmigración es el problema que más preocupa en la actualidad a los españoles. El 59 por ciento la señaló cuando en septiembre les preguntaron cuáles eran los cuatro principales problemas de España. Llamó la atención un fuerte incremento de 21 puntos sobre el 38 por ciento que la citó en la encuesta anterior de la entidad en julio del 2006, y el 28 por ciento en julio del 2005.

El paro (desempleo) con el 42 por ciento, la vivienda con 21 y el terrorismo con 18 por ciento, son los otros tres problemas más presentes en las preocupaciones de los españoles. En los años anteriores el terrorismo solía ocupar el primer lugar.

El tema de los flujos migratorios y su correcta canalización convocó un seminario de tres días organizado por la Fundación Jaime Vera, del PSOE, en su austero local de formación política enclavado en las afueras de Madrid, donde reunió a funcionarios gubernamentales y de organizaciones sociales vinculadas a los inmigrantes y algunos invitados latinoamericanos y africanos.

Las mayores fuentes

Aunque el drama de los cayuqueros es lo que más impresiona a españoles y europeos, en realidad los que llegan por ese medio (sumarían 27 mil al terminar el año)no son más que el 3 por ciento del total llegados, y en su mayoría han sido devueltos a los países de origen. Serían apenas el 4 por ciento de la emigración africana a España, según sostienen los expertos.

El grueso de los inmigrantes que llegan a España lo han hecho a través de transportes regulares o de las ciudades-territorios españoles africanos de Ceuta y Melilla. Los marroquíes encabezan la lista de los 4 millones de extranjeros (10 por ciento de la población total) residentes en España, estimándoseles en más de un millón. Le siguen los ecuatorianos y colombianos, que juntos suman también más de un millón. Los rumanos y bolivianos se estiman en unos 500 mil y 400 mil respectivamente.

Estos últimos encabezan las entradas en los últimos meses. Llegan por centenares cada día a través de los vuelos comerciales, pues Bolivia, junto a Brasil y Venezuela son los tres países latinoamericanos cuyos ciudadanos aún pueden ingresar a España sin visa. Se da por hecho que en enero se les acabará la gracia a los bolivianos.

A los dominicanos se les señala como los precursores de la gran inmigración latinoamericana en los finales de los setenta y principios de los ochenta. Según los registros del Voluntariado de Madres Dominicanas en España (VOMADE) la comunidad está integrada por poco más de 100 mil personas, de las cuales más de 59 mil tienen residencial legal, mientras otros 24 mil han conseguido nacionalizarse.

La fuerte inmigración a España, como a muchos otros países de Europea Occidental está determinada por la necesidad de mano de obra en capacidad de asumir tareas que su población nativa no quiere realizar, especialmente en los servicios domésticos, incluyendo cuidados de ancianos y niños, restaurantes, tiendas, salones de belleza, transporte, limpieza y construcción.

La población española lleva ya varios años entre las tres o cuatro con tasas más decrecientes en el mundo, lo que determina un envejecimiento progresivo. El promedio de vida anda por los 77 años, 73 los hombres y 80 las mujeres. La edad media de,l trabajador español es 39 años, mientras la de los inmigrantes es 32. Los inmigrantes están haciendo que la población crezca moderadamente y tenderán a ser el sostén productivo y financiero de la seguridad social de que disfrutan los españoles.

Legalizarlos, incluirlos

Las exposiciones de funcionarios del Ministerio del Trabajo, la secretaría de Estado de Inmigración y de la Dirección General de Inmigración, así como los planteamientos de dirigentes del PESOE y de autoridades municipales se inscriben en la necesidad de sincerar el problema de la inmigración, en legalizarla y ordenarla e integrar plenamente a los inmigrantes a la sociedad, de ninguna forma excluirlos ni rechazarlos.

El actual gobierno mantiene una línea firme de esfuerzo por regular la inmigración e integrar a los inmigrantes, bajo responsabilidad compartida y en base a los principios de igualdad de derechos, respeto a la diversidad cultural, y concepto de ciudadanía.

El trabajo oficial gira sobre 4 ejes fundamentales: control migratorio, que incluye la lucha contra las mafias de traficantes; programas de integración; responsabilidad compartida; y políticas sociales, para y con los inmigrantes con la normalización y universalización de los servicios.

En la actualidad se discute el Plan estratégico de Ciudadanía e Integración, sometido a consideración de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las instituciones sociales que trabajan con inmigrantes.

Funcionarios del Ministerio de Trabajo consideran que una política de inmigración duradera tiene que fundarse en penalizar la contratación ilegal, canalizar la inmigración legal, mejorar el análisis del mercado laboral, facilitar las contrataciones y controlar las condiciones de trabajo, todo ello en consenso con los agentes sociales.

La titular de la Dirección de Integración, Estrella Rodríguez, pondera los alcances del plan y postula como fundamental la despolitización y sinceridad en el tratamiento del tema de la inmigración.

Una propuesta de posición común de los ayuntamientos sobre inmigración distribuida en el seminario propone dar continuidad a la política de inmigración “basada en la aplicación de la ley vigente, e insistir sobre el Pacto de Estado, la Política Común Europea y los fondos para acogida e integración”.

Indica que por razones laborales han propuesto las sucesivas regularizaciones de los inmigrantes ilegales, enarbolando “el interés general de la convivencia social y laboral. Porque la economía sumergida perjudica a los trabajadores, crea situaciones que afectan la transparencia en las relaciones laborales, crea situaciones de abuso, perjudica las políticas de igualdad, crea marginalidad, generaban competencia desleal, y afectaba la convivencia en pueblos y ciudades, al crear situaciones de marginalidad”.

El documento especifica que la administración municipal y local tiene que propiciar todos los servicios sociales, igualdad de trato, participación y sensibilización a los antiguos y nuevos vecinos, dando apoyo al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración.

El fondo de Integración

Las autoridades españolas tienen la convicción de que si necesitan inmigrantes, lo mejor que pueden hacer es organizar su llegada e integrarlos, para lo cual preparan grandes inversiones.

El Plan de Ciudadanía e Integración contempla inversiones de 2 mil millones de euros en los primeros cuatro años, en áreas de trabajo como educación, empleo, vivienda, salud, participación y atención a mujeres, infancia y juventud.

De hecho ya desde el 2005 la Dirección de Integración, creada por el gobierno del PSOE, empezó a recibir importantes recursos para su Fondo de Acogida e Integración. El presupuesto de este año 2006 asciende a 182 millones de euros, equivalentes a cerca de 8 mil millones de pesos.

El 40 por ciento va a la educación, pues “ahí es donde primero hay que trabajar la integración”, dice la señora Rodríguez. Otro porcentaje igual se destina a reforzar los servicios municipales de acogida, y también se dispone un porcentaje progresivamente mayor para las organizaciones sociales que asisten a los inmigrantes, que incluyen a las sindicales y empresariales.

Si algo queda claro al final de encuentro de tres días es que el tema de las inmigraciones está siendo afrontado con valentía y sinceridad por las autoridades del PSOE, que por demás reivindican los principios de solidaridad en que se fundamenta el socialismo.

También dan muestras de buena memoria, pues no faltaron quienes recordaran los siglos de emigración española, especialmente para América latina. Todavía a mitad del siglo pasado llegaban a Venezuela embarcaciones procedentes de las Islas Canarias con cientos de emigrantes españoles indocumentados.-

¿Una consulta democrática?

Por Juan Bolívar Díaz

Hay consenso sobre la necesidad de una reforma constitucional pero también temores de que la misma desplace los problemas nacionales de la atención pública                                   

En un clima de preocupación por los problemas que afronta la nación el presidente Leonel Fernández puso en marcha esta semana la consulta que orientaría una reforma a la Constitución de la República para sustituir el texto que ha regido la vida nacional en las últimas cuatro décadas.

La generalidad de las propuestas de modificaciones presentadas a consideración de la ciudadanía son las mismas que han sido consideradas en múltiples proyectos elaborados en las últimas dos décadas y que fueron recogidas por la Comisión Especial instituida por decreto del presidente Hipólito Mejía en el 2001.

La diferencia más importante es que ahora el Partido de la liberación Dominicana (PLD) reniega de sus planteamientos históricos de que fuera una asamblea constituyente electa al efecto la que realice la reforma constitucional.

Un brillante discurso

Ni siquiera la mezquindad política ha podido negar la brillantez con que el presidente Leonel Fernández propuso su reforma constitucional en el discurso del lunes 9 desde el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Durante más de hora y media el mandatario hizo galas de sus extraordinarias capacidades oratorias, provocando admiración y aprobación de las centenares de personas invitadas para la ocasión.

Aunque insistió en rechazar el método de la asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, el presidente Fernández pronunció una conferencia estimada como magistral, dejando abierta la posibilidad de que los sectores más activos se pronuncien democráticamente en una consulta popular.

Los reparos de los opositores y sectores de opinión pública se han dirigido a cuestionar la prioridad que el gobierno confiere a la reforma de la Constitución, cuando la nación atraviesa por importantes desafíos y se advierte poca eficiencia de los gobernantes para enfrentarlos.

Se cita particularmente la precariedad de los servicios de energía, agua potable, el desabastecimiento de combustibles de las últimas dos semanas, el brote de dengue que durante dos meses ha causado decenas de muertes y millares de afectados, la paralización de obras públicas, precariedades en la educación y las reformas institucionales y estructurales que conlleva el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Tanto los partidos de oposición, como una gran proporción de los dirigentes de instituciones sociales cuestionan el método para la reforma constitucional que ha propuesto el gobierno del PLD después que alcanzara la mayoría del Congreso en las elecciones de mayo pasado.

Las consultas sobre la materia del anterior gobierno de Fernández y los múltiples consensos de los últimos años ignorados determinan un clima de desconfianza en que pueda prevalecer la opinión de las mayorías sobre el interés del partido gobernante. La frustración generada por la última reforma constitucional, efectuada entre julio y agosto del 2002 por la mayoría que entonces encarnaba el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pende sobre los segmentos más críticos de la sociedad.

Asamblea revisora

            Aunque el cuestionario de la consulta publicado profusamente en los periódicos pregunta sobre el método preferido para la reforma de la Constitución, el presidente Fernández insistió en su discurso en descalificar la convocatoria de la asamblea constituyente que muchos expertos consideran debe regir para una revisión total de la carta magna.

            La posición del mandatario contrasta con los planteado en los programas de gobierno del PLD, con su propio discurso de la última campaña electoral y con la Constitución de 1963, ejecutada por el PRD durante el gobierno del profesor Juan Bosch, proclamado líder histórico del partido gobernante.

            El abandono de ese compromiso determina la desconfianza de los opositores y en el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil que ha sido partícipe de los consensos al respecto de los últimos años, especialmente del logrado en la Comisión Especial del 2001, del que el PLD fue partícipe activo cuando eran los perredeistas los que tenían una gran mayoría en las cámaras legislativas.

            Se da también la contradicción de que los líderes del PRD y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), autores de la reforma del 2002, ahora rechazan el método que ellos escogieron hace apenas 4 años cuando desconocieron el consenso, renegaron de la asamblea constituyente e impusieron una mezquina reforma sólo para abrir camino a la repostulación del presidente Mejía. Eso abona la desconfianza de sectores sociales que se manifiestan cansados de ser burlados por un sistema político oportunista.

            El proyecto elaborado en el 2001 con participación de los partidos reconocidos, de una amplia representación de la sociedad civil y una docena de personalidades casi todas juristas, acordó la convocatoria de una reforma revisora para instituir la asamblea constituyente como mecanismo para la redacción de una nueva constitución.

            El documento, que en algún momento se dijo serviría de base a la consulta de ahora, establece que la asamblea constituyente estaría integrada por 155 miembros postulados por los partidos políticos, cinco de ellos en representación de los que no alcanzaren suficientes votos, y 31 por bloques de organizaciones sociales.

            Un “Pacto para la Reforma Constitucional” suscrito en el Palacio Nacional en septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios ratificó el mecanismo de la constituyente por elección popular que sería burlado por perredeistas y reformistas   menos de un año después.

Propuestas coincidentes

            La principal novedad de las propuestas de reformas constitucionales que ha enarbolado el presidente Fernández ha sido la de un preámbulo o declaración de principios de un Estado democrático.

            Tanto en su discurso de esta semana como en conversaciones con diversos sectores y declaraciones de prensa, ha coincidido con el consenso del 2001 en una mayor especificación de los derechos ciudadanos y sanciones a sus violadores y en una reducción de las facultades presidenciales contenidas en el artículo 55 de la Constitución vigente, algunas de las cuales subsisten en el texto, aunque fueron explícitamente anuladas por la reforma de 1994.

            La institucionalización de la defensoría del pueblo, la representación congresional de la diáspora y la redefinición de la nacionalidad también han dominado los consensos de las últimas décadas. No así la concepción de Fernández de que la Suprema Corte no debe tener facultad para juzgar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo, ni su propuesta de que la Junta Central Electoral sea electa por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El proyecto consensuado en el 2001 dedica un capítulo a los derechos humanos, precisando sobre derechos civiles, sociales, culturales y ecológicos. Establece la protección de los valores culturales y el medio ambiente, la libertad de conciencia y de culto, sin que ninguna confesión pueda tener carácter estatal.

También instituye tres senadores nacionales para representación de las minorías políticas, congela en 150 el número de diputados y 7 adicionales en representación de los residentes en el exterior. Incluye la independencia del ministerio público, la inamovilidad de los jueces de carrera, la descentralización político administrativa, la participación ciudadana en la gestión municipal autónoma, y el referendo para ratificar la reforma constitucional, aún sea mediante Asamblea Constituyente.

En temas donde no hubo consenso, como la definición de la nacionalidad o si se denomina poderes o funciones del Estado, la Comisión presentó dos opciones, y tres para definir el carácter del gobierno de la nación, una de las cuales lo concibe como laico.

La Consulta Popular

La nueva Comisión para la Reforma Constitucional establecida por el decreto 323-06, emitido por el presidente Fernández el 3 de Agosto pasado, elaboró el temario sometido esta semana a consideración de la ciudadanía y que será objeto de reuniones municipales que se habían planificado para iniciarse ayer viernes, pero luego aplazadas para esperar que la población conociera del temario propuesto.

La consulta será en base a 77 preguntas que abarcan todos los aspectos fundamentales de la Constitución. Casi todas son preguntas cerradas que para respuestas de sí o no, excepto en el caso de las facultades del Poder Ejecutivo, donde se pregunta cuáles deben ser modificadas y cuáles eliminadas. En varias se presentan diversas opciones, como sobre la reelección presidencial, que se pregunta si debe permitirse una sola, como rige ahora, o con un período alternado o en número indefinido.

En la presentación del cuestionario se dice que no es restrictivo y que “los ciudadanos y ciudadanas pueden formular cualquier otra propuesta sobre cualquier otro tema siempre que lo consideren pertinente”.

Aunque el presidente Fernández ha insistido en reclamar que la reforma la hagan los legisladores electos en mayo pasado, el cuestionario pregunta si debe hacerse a través de una asamblea constituyente. En la misma comisión no hay consenso sobre el método, ya que varios se han manifestado a favor de la constituyente, mientras otros aceptan que la haga una asamblea revisora.

No se especifica si las respuestas serán tabuladas para ver qué predomina, pero se promete que “servirán de referencia para la formulación del Anteproyecto de Reforma”.-                      

Milagros en el PRD

Por Juan Bolívar Díaz

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La selección de la doctora Milagros Ortiz Bosch como precandidata presidencial de la Corriente Unitaria del Partido Revolucionario Dominicano se inscribe dentro de un proyecto de rescate de los principios y valores que durante varias décadas fundamentaron el predominio de esa organización política.

Llama la atención que los líderes de ese sector declinaran rápidamente sus aspiraciones en respaldo a la ex vicepresidenta de la República considerando que es una de las más claras representativas del legado socialdemócrata del doctor José Francisco Peña Gómez y de los valores éticos que representó su tío el profesor Juan Bosch.

Al mismo tiempo fue determinante que ella es en el liderazgo perredeísta la que mantiene mejor imagen en la sociedad en general, lo que se fortalecería con la escogencia del doctor Virgilio Bello Rosa para la candidatura vicepresidencial, el segundo mejor situado en el electorado, según la encuesta Gallup-HOY de agosto.

Consenso sorpresivo

Ha resultado sorpresivo que los integrantes de la Corriente Unitaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se pusieran rápidamente de acuerdo para escoger entre ellos una precandidata a la Presidencia de la República de cara a la convención eleccionaria programada para enero próximo.

Por los precedentes en el perredeismo se creía que el grupo se desgastaría y hasta se dispersaría en la competencia por la candidatura presidencial como ocurrió a fines del 2003, cuando siete precandidatos coincidían en rechazar el intento continuista del entonces presidente Hipólito Mejía, pero fueron incapaces de escoger entre ellos para fortalecer una tendencia que pudo haber encarnado una alternativa al absurdo reeleccionista en medio de una grave crisis financiera y una degradación del partido.

Ni siquiera lograron consenso para convocar la convención eleccionaria, aunque los siete precandidatos antireeleccionistas incluían al presidente y al secretario general del partido, Hatuey de Camps y Rafael Suberví Bonilla, además de Milagros Ortiz, Enmanuel Esquea, Rafael Abinader, Ramón Alburquerque y Rafael Flores Estrella.

En el PRD existe la convicción de que si esos siete hubiesen escogido un precandidato para enfrentarlo a Mejía, a éste le hubiese resultado mucho más difícil proseguir en su fallido intento continuista y posiblemente lo hubiese abandonado.

Esta vez desde la constitución formal de la Corriente Unitaria el 19 de julio pasado, sus líderes aseguraron que buscarían consenso para presentar una sola candidatura a la convención partidaria. Esquea, Ortiz Bosch, Suberví y Abinader, a los que se sumaron Virgilio Bello Rosa y Tomás Hernández Alberto, dijeron que tendrían en cuenta la experiencia del 2003 para lograr acuerdos y evitar que las ambiciones personales los dividieran.

El anuncio de la escogencia de la doctora Ortiz Bosch se produjo la noche del pasado miércoles, tras una jornada de conversación del grupo en la casa donde descansa Bello Rosa en Jarabacoa por prescripción médica tras sufrir un desgaste físico. Se dijo que Suberví, el que más posibilidades tenía de disputar la pre-candidatura, fue de los más decididos. Igual ocurrió con Enmanuel Esquea, quien en el 2003 estuvo dispuesto a declinar a favor de Ortiz Bosch o Rafael Suberví, que encabezaban las encuestas. Bello Rosa dijo desde el principio que propugnaba por una pre-candidatura unitaria.

Proyecto de renovación

Tanto Milagros Ortiz como Hernández Alberto y Amaury Justo Duarte, promotor de Bello Rosa, coincidieron en explicar que la estrategia de la Corriente Unitaria es producir un rescate de los principios y valores que hicieron fuerte al perredeísmo para producir una renovación del partido.

Para ello se apoyan en una pre-candidatura comprometida con ese objetivo, que además concita fuerte apoyo no solo en las bases partidistas sino también en el resto de la sociedad. La corriente nace de la necesidad de revertir el deterioro de la imagen del PRD en la sociedad dominicana, sostiene Hernández Alberto. Mientras Justo Duarte proclama que no negociarán los principios.

Para la doctora Ortiz Bosch se trata de activar un reencuentro con los principios y valores que hicieron fuerte el partido blanco, para rescatar su institucionalidad con una visión que lo integre a la modernidad y luchar por la transformación de la sociedad dominicana. La Corriente Unitaria fue lanzada hace dos meses bajo el criterio de que más que escoger candidato presidencial, para el PRD lo fundamental es generar un movimiento de renovación que detenga su pérdida de credibilidad y lo ponga en capacidad de recuperar las simpatías perdidas en el electorado

Entre los líderes de esa tendencia habría habido también consenso en lanzar al doctor Bello Rosa para completar la candidatura que encabezaría Ortiz Bosch, lo que sería anunciado más adelante. El abogado mantiene también una buena imagen en la sociedad y fue reconocido en su ejercicio de la Procuraduría General de la República, cargo al que renunció disgustado con el rumbo de la gestión del presidente Mejía.

Prevén dura batalla

Los dirigentes de la Corriente Unitaria prevén una dura batalla para alcanzar la nominación presidencial por el PRD en la convención programada para enero, conscientes de que enfrentarán al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a quien se atribuye millonarios recursos financieros, tantos como los que le faltan a Milagros Ortiz, además del apoyo de la cúpula directiva que controla los organismos superiores del partido.

Sin embargo, confían en la aceptación que se atribuyen en las bases del partido y en que un movimiento renovador arrastrará a gran parte de los cuadros medios, fundamentales para el éxito de su proyecto.

La encuesta Gallup-HOY de agosto pasado situó en buenas perspectivas a los líderes unitarios, especialmente en el conjunto de la sociedad, donde Milagros Ortiz, Bello Rosa y Rafael Suberví registraron 17.8 por ciento 15.4 y 13 por ciento, respectivamente de las preferencias para encabezar la boleta perredeista. Sumando el 4.9 obtenido por Abinader, y el 4.5 por ciento de Esquea, reunían el 55.6 por ciento del universo. Vargas Maldonado sólo registró el 11.9 por ciento, mientras el 31 por ciento dijo que no sabía o no prefería a ninguno.

Las preferencias por Vargas Maldonado mejoraban entre quienes se dijeron perredeistas, con un 19.7 por ciento. Entre estos encabezaba Rafael Suberví con 21.7 por ciento. Ortiz Bosch 17.7, Bello Rosa 16.1, Esquea 4.3 y Abinader 3.5. Los unitarios reunían el 63.3 por ciento de las preferencias, en tanto el 14.1 por ciento no escogía.

Es obvio que esos resultados no pueden sumarse mecánicamente y correspondían a mediados de agosto, pero para los integrantes de la Corriente Unitaria son indicadores de buenas perspectivas si dan muestras de cohesión y coherencia e integran un movimiento que reavive las esperanzas de sus partidarios que han visto al partido blanco en una pendiente declinatoria, especialmente en las dos últimas elecciones generales.

Milagros Ortiz y Virgilio Bello Rosa son de los perredeistas que más encarnan el legado político de Peña Gómez y que han persistido en sustentar un discurso socialdemócrata. También pueden reivindicar el legado ético del profesor Juan Bosch, especialmente si persiste la percepción de que está siendo abandonado por su último partido ahora gobernante.

Ellos tienen más posibilidades que Vargas Maldonado de competir en discurso político con el doctor Leonel Fernández, en caso de su repostulación, o con Danilo Medina o Jaime David Fernández, como primeras alternativas del Partido de la Liberación Dominicana.

El dinero no es suficiente

Milagros Ortiz Bosch no podrá siquiera acercarse a la bolsa financiera que tendría la candidatura de Vargas Maldonado, lo que es una gran desventaja en un partido de masas donde cada vez más dirigentes y militantes requieren dinero para moverse. Los unitarios estiman que esa es su mayor desventaja, pero Hernández Alberto responde que “no hay suficiente dinero para comprarlo todo”. Amaury Justo entiende que buena proporción de esa bolsa financiera se gastará en mantener las cúpulas. Ortiz Bosch estima que en las bases del partido el dinero sólo resuelve el problema de un día.

Esos dirigentes señalan que sus simpatías en las filas perredeístas están afianzadas, especialmente las de Ortiz Bosch y Suberví que desde hace muchos años figuran entre los preferidos de los militantes cada vez que se hace una encuesta sobre candidaturas presidenciales.

Como muestra de la consistencia de Milagros Ortiz recuerdan que en 1998 fue electa senadora del Distrito Nacional con el 62 por ciento de los votos, probablemente la cifra más alta que haya alcanzado candidato dominicano alguno a cualquier posición electiva. Aunque reconocen que ellos, como el conjunto de los líderes del PRD, sufrieron desgaste en el pasado gobierno y por la incapacidad de concertar cuando enfrentaban el continuismo de Hipólito Mejía.

En cualquier caso confían que el rápido acuerdo en torno a la exvicepresidenta dará consistencia y fortalecerá la imagen de la Corriente Unitaria aumentando sus potencialidades de impactar con un movimiento de rescate del legado histórico del partido blanco.

La JCE debe ser independiente

Por Juan Bolívar Díaz

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Con dos tercios del Senado de la República, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tiene la oportunidad de afianzar el sistema electoral integrando la Junta Central Electoral (JCE) con abogados sin militancia partidista capaces de aplicar la ley sin complacencias.

El Senado ha dado un paso acertado al abrirse a recibir propuestas de la ciudadanía y sus instituciones para escoger los jueces electorales en un proceso que debe revestirse de total transparencia y culminar en un amplio consenso que acredite el sistema partidista.

En la última década se han registrado importantes avances en el sistema electoral dominicano, revestido de múltiples garantías, pero la desconfianza en los jueces electorales ha sido un factor de contradicción e incertidumbres que debe ser superado definitivamente.

Un buen comienzo

El proceso para escoger los integrantes de la Junta Central Electoral arrancó con buen paso cuando el Senado integró una comisión con representación de los voceros de los tres partidos mayoritarios  y abrió un período para recibir candidaturas de los diversos sectores sociales.

El plazo para recepción de candidaturas estará abierto hasta el próximo día 28 y se ha prometido un mecanismo de consultas que incluirá entrevistas personales con los aspirantes hasta el 16 de octubre “de cara a un ejercicio transparente y a los fines de que la sociedad dominicana dé seguimiento al proceso”.

Para que el proceso sea más positivo la comisión, encabezada por el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, bien podría convocar a una vista pública para que cualquier institución o persona interesada pueda ponderar las propuestas o formular las objeciones que estimen convenientes.

Las condiciones para optar para juez electoral son básicamente las establecidas en la Ley electoral: dominicano o dominicana en pleno ejercicio de sus derechos, 35 años mínimo de edad, con 12 de ejercicio profesional. Se ha agregado no tener antecedentes penales ni estar bajo acción de la justicia, tener una conducta notoria intachable, capacidad demostrada, actuar con transparencia e idoneidad y ser propuesto por una persona física o moral.

Los conflictos políticos, las incertidumbres y objeciones derivados de las dos últimas elecciones de los jueces electorales escogidos unilateralmente por mayorías perredeístas, aunque la mayoría no eran militantes partidarios,  deben ser evitados esta vez. El PLD que estuvo a la cabeza de las objeciones debe dar una demostración de coherencia buscando el consenso y atendiendo los reclamos de la sociedad civil organizada.

Ventajas del apartidismo

Aunque la ley no establece el requisito de ser apartidista, lo más conveniente sería que los miembros de la JCE no sean militantes y mucho menos dirigentes de los partidos políticos, acatando el sabio principio de que “no se puede ser juez y parte a la vez”.

No se trata de que elijan a dirigentes de las organizaciones sociales, cosa que ninguna de las más interesadas en la transparencia ha reclamado, sino entre un amplísimo margen de abogados sin militancias partidista que los aten, preferiblemente de los ámbitos académicos y sociales interesados en el progreso de la institucionalidad democrática.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y numerosas entidades y personalidades han insistido en los últimos años en reclamar jueces electorales independientes de los partidos. No están postulando a sus propios miembros ni pretenden competir con las organizaciones políticas.

Un perfil difundido por Participación Ciudadana reclama jueces que no sólo conozcan la Constitución y la Ley Electoral, sino también los problemas sustanciales que afectan al sistema electoral dominicano, al registro civil, a los partidos políticos y a los otros componentes relacionados con la actividad electoral.

Fundamenta la procedencia de jueces que no sean dirigentes comprometidos con los partidos políticos en evitar “que una aguda politización del organismo cree un ambiente electoral de inseguridad y desconfianza”. En otras palabras que un árbitro sin compromiso con los actores políticos tiene mayores posibilidades de apegarse a la imparcialidad que debe caracterizar su misión.

Una JCE con ciudadanos sin militancia partidista tiene más posibilidades de aplicar la Ley Electoral en aspectos fundamentales que no se han cumplido hasta ahora, como por ejemplo en los límites de tiempo de las campañas electorales, en la elección democrática de candidatos, en impedir el abuso de recursos estatales en las campañas electorales, y para vigilar las fuentes de financiamiento de los partidos y candidatos y auditar el destino del dinero que se les aporta del presupuesto nacional.

Fernando Tuesta, ex presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Perú, quien participó la semana pasada en un seminario efectuado en esta capital bajo los auspicios del Consejo Económico, Social e Institucional, advirtió que la elección de árbitros sin militancia partidista es necesaria para  no perder la confianza de la ciudadanía en la transparencia electoral.

Sobrarán los candidatos

Antes de que el Senado se abriera públicamente a la recepción de candidaturas, ya se habían presentado cerca de medio centenar. Y por lo que se ha escuchado podrían aparecer todavía algunas decenas más. Aún entre los primeros ya hay suficientes abogados que llenan el perfil del juez electoral, incluyendo varios que fueron en el pasado reciente miembros eficientes de la JCE, como los doctores Julio César Castaños Guzmán, Aura Celeste Fernández y Alejandro Asmar Sánchez. Suenan también Ana Teresa Pérez, Juan Sully Bonnely y Rafael Vallejo.

En la primera lista entregada por la comisión senatorial resaltan ocho reconocidos abogados, propuestos por la Asociación Dominicana de Profesionales en Administración y  cinco presentados por el Movimiento de Renovación Jurídica, varios de los cuales tienen además experiencia gerencial.

Tales son los casos de los doctores Raymundo Amaro Guzmán, Víctor Melitón Rodríguez, Heriberto Montás Mojica, Luis Scheker Ortiz, Teobaldo Rodríguez, Juan Brea, Cristóbal Rodríguez Yanguela, Luis Mera Alvarez, Guillermo Moreno García, Rosalía Sosa Pérez, Franklin García Fermín y Trajano Vidal Potentini, quien además tiene el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En la lista figura el doctor Mariano Rodríguez Rijo, presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional, y funcionarios de la JCE con experiencia como Blaurio Alcántara,  Antonio Lockward Artiles y el oficial civil Luis Felipe Rodríguez,  con amplio aval de iglesias y organizaciones populares.

Aunque no habían sido formalizados como candidatos, han circulado currículos de los doctores Carmen Amelia Cedeño, Abigail Cruz Infante, Jesús María Hernández Sánchez y Andrés Bienvenido Figuereo Méndez.

Reformas pendientes

La semana pasada el presidente Leonel Fernández propuso, evidentemente para una próxima reforma constitucional, que los miembros de la JCE sean electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que en su momento debe ser ponderado, aunque algunos sectores consideran que no cambiaría el influjo político, y poco práctico ante la eventual renuncia o fallecimiento de un miembro.

También se ha debatido la posibilidad de reducir el número de jueces, elevado de 7 a 9 hace cuatro años cuando se crearon las cámaras administrativa y contenciosa dentro de la JCE, pero básicamente para que el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano propusieran sendos miembros, debido a que la integración se hizo sin su consenso. Para esto  bastaría una reforma de la Ley Electoral.

En materia electoral la principal reforma pendiente, de orden constitucional, es la separación total de las funciones administrativas de las contenciosas, para lo cual habría que crear un tribunal electoral, que nada tenga que ver con la JCE que debería quedar como organismo organizador de elecciones, como se ha establecido en muchos países. En el esquema actual aún los integrantes de la cámara contenciosa se involucran directamente en labores organizativas de los comicios y forman parte del pleno que decide en esta materia.

La crisis electoral por la que atraviesa México habría sido peor de no haber existido el Tribunal Electoral de la República Mexicana, como organismo totalmente separado del Instituto Federal Electoral que organizó el proceso y fue acusado de parcialidad por los objetores del mismo.

Entre las reformas que se han barajado al sistema electoral dominicano está una ley de partidos políticos que reglamente las elecciones primarias y de dirigentes, y más claramente la recolección de apoyo financiero.

El PLD, que por primera vez tiene mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas y promueve una reforma constitucional de fondo, tiene la oportunidad de actuar en coherencia con sus planteamientos del pasado, muchos de los cuales figuran en su programa de gobierno.

La elección de la JCE será su primera oportunidad para auto limitarse su poder político demostrando que no todos los partidos son iguales, que plantean una cosa desde la oposición y hacen otra cuando gobiernan.

LF busca herencia política de Balaguer

Por Juan Bolívar Díaz

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Sólo la búsqueda de la herencia política del caudillo Joaquín Balaguer puede explicar la beatificación de que éste fue objeto por un emocionado  presidente Leonel Fernández durante la celebración en el Palacio Nacional del centenario de su nacimiento. Al haber quedado como modelo de gobernante que supo mantenerse en el poder y como figura dominante de la política dominicana durante cuatro décadas, Balaguer ejerce un influjo magnético en los políticos que lo han sucedido y pretenden reproducirlo, por lo cual exculpan su tremendos yerros políticos e institucionales.

Como Rafael Trujillo, Balaguer ha dejado un legado de obras materiales que son indiscutibles, aunque erigidas a costa de haber relegado dramáticamente la inversión en la educación, pero fue un autócrata que cultivó el fraude electoral,  instrumentó la corrupción y socavó las bases institucionales de la nación.

Sorprendente discurso

Desde el primer momento llamó la atención que el gobierno convocara un acto de celebración del centenario del nacimiento del doctor Joaquín Balaguer para ser celebrado en el Palacio Nacional y al margen del programa elaborado por los dirigentes de su Partido Reformista Social Cristiano.

El que el partido de Balaguer haya sufrido fraccionamientos y reducción en para respaldo electoral del doctor Leonel Fernández, no justifica que el gobierno entrara en competencia con la organización que formalmente encarna la herencia política del caudillo.

Y cuando sus dirigentes protestaron, debió suspenderse el acto oficial o limitarse a una misa para implorar el perdón de Dios.

Pero en vez de ello, se invitó hasta al cuerpo diplomático, a la misma hora que el PRSC efectuaba su acto de recordación.

Para mayor sorpresa el propio presidente de la República pronunció un discurso en extremo laudatorio que dejó sorprendidos hasta a una parte de sus propios seguidores, obviando su legado de tramperías electorales y gestión antidemocrática sobre los que fundó su extenso predominio político.

Fue más que simbólica la cita de que “no se debe cambiar de caballo cuando se está vadeando un río” con la que Balaguer justificó sus imposiciones electorales incluso a costa del profesor Juan Bosch, del que Fernández se supone heredero, en momentos en que un temprano clamor reeleccionista causaba disturbios en el partido de gobierno.

Para exculpar el servilismo de Balaguer durante la tiranía de Trujillo, de la que fue sustentador intelectual, el líder peledeísta lo comparó con el Rey Juan Carlos que heredó el poder en España tras la muerte del dictador Francisco Franco.

La diferencia es abismal puesto que el monarca español no tuvo ningún papel relevante en la dictadura que trocó en una moderna democracia tan pronto fue investido.

Balaguer, en cambio, gobernó autocráticamente durante 12 años, estableciendo un régimen que se ensangrentó con centenares de vidas, que mantuvo a miles en la cárcel y el exilio y coartó las libertades políticas y sindicales, reeligiéndose  a la fuerza en cuatro ocasiones.

Olvida el poder usurpado

Para expresar su respeto y admiración por el caudillo reformista, el doctor Fernández tuvo que olvidar hasta el libro que publicó en 1991 con el significativo título de “Raíces de un Poder Usurpado” donde no solo documenta el fraude electoral del año anterior que arrebató la presidencia al fundador  del PLD, el profesor Bosch, sino que también se refiere a sus anteriores imposiciones.

En el preámbulo de ese libro Fernández cita el relato del historiador norteamericano Thomas Powers que cuenta cómo tras la ocupación militar del país en 1965, el presidente Lindon Johnson ordena que devuelvan a Balaguer a la presidencia de la República.

Si olvidó su propia obra al exaltar el “sentido patriótico” del caudillo, a Fernández no se le debe culpar porque ignorara el libro publicado en el 2004 por Bernardo Vega que documenta “Como los Americanos Ayudaron a Colocar a Balaguer en el Poder en 1966”.

En la introducción de su libro, el doctor Fernández sostiene que Balaguer ganó fraudulentamente las elecciones de 1966, disputadas al profesor Bosch, validando la versión de que para ello contó con la ayuda de unos 300 exiliados cubanos.

La imposición de Balaguer se logró en medio de la intimidación y el terror, relata la obra.

Y dice que “Para alcanzar su objetivo de llegar al poder, el doctor Balaguer se valió de todos los métodos o toleró su empleo, como fueron la falsificación de cédulas, la compra de votos, el sufragio de militares y muertos, el cambio de urnas y el entierro en los cementerios de votos que favorecían al PRD”.

Después relata que “Entre 1966 y 1970 el clima de terror impuesto por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer mantenía en estado de zozobra permanente a la sociedad dominicana. En base a una estrategia de represión selectiva había logrado eliminar o desaparecer en esos cuatro años a más de dos mil dominicanos”. Y luego sostiene que la represión se intensificó entre 1970 y 1974, cuando “el terror se estableció como norma de vida en la República Dominicana”.

Fernández recuerda las circunstancias en que Balaguer se reeligió en 1970 y 1974, con niveles de represión que impidieron la participación electoral del PRD y otros partidos. Fueron los años en que el caudillo llegó al extremo de prohibir hablar por radio y televisión a Bosch, a Francisco Peña Gómez y a Rafael Casimiro Castro.

Cataloga las elecciones de “farsas” hasta llegar a 1978 cuando el balaguerismo no pudo reeditarse y sucumbió ante el PRD pero pretendió desconocer las elecciones para terminar con la “monstruosidad” de arrebatar cuatro senadurías para quedarse con el control de la cámara alta y de la justicia.

El grueso del libro está dedicado a documentar lo que Fernández no duda en calificar reiteradas veces como fraude electoral de 1990.

Después vendría el de 1994, uno de los mejores documentados en la historia del fraude político latinoamericano.

Balance de Balaguer

Hay que reconocer que no fue el presidente Fernández el único que ponderó los aportes de Balaguer.

El obispo emérito José Arnaiz lo calificó como “manso, comprensivo y lleno de grandes virtudes, un privilegiado que murió en la cama de Dios”, aunque no tuvo generosidad ni siquiera para reconocer a sus hijos, todos fuera del matrimonio, porque sólo se ofrendó a sí mismo.

La generalidad reconoce la obra material de Balaguer, en presas, plaza de la cultura, plaza de la salud, carreteras y avenidas, y en viviendas que repartía como patrimonio propio.

Las privilegió relegando la educación, la salud y la seguridad social, para perpetuarse en cemento.

Tras 22 años de gobierno, 12 de ellos casi dictatorialmente, sin contar los dos años bajo Trujillo, dejó el país con uno de los niveles más bajos de educación en el continente, con precariedad en los servicios fundamentales de energía eléctrica, agua potable y salud, con cientos de miles de motoconchistas, con una policía corrompida e ineficiente.

Para sembrar cemento, Balaguer mantuvo a los maestros en niveles tan paupérrimos que al relevarlo en 1996, el doctor Fernández tuvo que elevarle el salario en más del 100 por ciento y siguieron en la pobreza.

El gobernante que proclamó que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, hizo de ella un instrumento de gobierno a cambio de lealtades y para comprar y neutralizar opositores.

Instituyó el clientelismo con el patrimonio del Estado y manipuló su propio partido hasta su último suspiro.

En términos de las instituciones, concentró el poder al máximo, decidiendo él solo en qué se invertían los recursos nacionales, doblegando el Congreso, reduciendo las facultades de los municipios, prostituyendo la justicia, manipulando la Junta Central Electoral, reprimiendo y sumiendo en la miseria a la Universidad del Estado, quebrando el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación de Electricidad, la Corporación de Empresas Estatales, y hasta la Lotería Nacional.

MODELO DE EXITO

Uno de los peores legados de Joaquín Balaguer ha sido el haberse perpetuado como modelo del éxito político, como gobernante que supo mantenerse en el poder, y deslumbra a los que lo han sucedido y los induce a una oportunista beatificación política tratando de reproducirlo o en búsqueda de heredar a sus devotos seguidores y a los beneficiarios de su obra.

Ya lo intentó Hipólito Mejía, quien no sólo citó sus frases, como ahora Leonel Fernández, sino que llegó a imitar sus tonalidades discursivas, y creyó que podría imponer una reelección en medio de una de las peores crisis económicas del país.

Fue durante el predominio perredeista que el Congreso declaró a Balaguer como “Padre de la Democracia”, con la complacencia de los peledeistas que ya en 1996 se abrazaron a él y sus séquitos de mansos y cimarrones para comenzar a heredarlo en vida.

Desde su primera gestión el presidente Fernández ha seguido el modelo de inversión balaguerista, concentrándola en obras físicas y lo quiere superar construyendo bajo tierra, aunque la educación y la salud sigan relegadas, en contradicción con su discurso de modernidad.

Pero para alcanzar los niveles de perpetuación en cemento de Balaguer, Fernández necesitará mucho más de 8 años.

Desde ya tiene que evitar el cambio de caballo cuando se cruza el río.

Su beatificación del caudillo compitiendo con el partido en crisis que él legó, persigue seguir absorbiendo a los reformistas y afianzarse en las simpatías de los sectores conservadores que tienen en Balaguer su más iluminado y añorado líder.

A la sagacidad política del presidente Fernández no se le habrá escapado el significado de que en la última encuesta Gallup para HOY, Joaquín Balaguer registrara un 35 por ciento, él 14 por ciento y Juan Bosch sólo un 8 por ciento, cuando se preguntó por el político dominicano, vivo o muerto, más admirado.

A pesar de que el 45.5 por ciento de la misma muestra escogió al PLD como su partido preferido.-