Por Juan Bolívar Díaz

 Los estudios de instituciones internacionales coinciden en que América Latina, Centroamérica y la República Dominicana han fortalecido el sistema electoral, con mayoritaria aceptación de la democracia como forma de gobierno, pero cada vez con más insatisfacciones.

El cuestionamiento es particularmente grave en relación a los partidos políticos, que aunque son considerados fundamento de la democracia, registran la más baja aceptación entre las instituciones y a los cuales se les percibe como maquinarias de corrupción, clientelismo y retribución de favores.

Tras más de dos décadas de afianzamiento formal de la democracia esta convive con una pobreza cada vez más generalizada sin haber podido garantizar los derechos civiles y sociales, lo que genera insatisfacciones que abren serios interrogantes para el futuro próximo.

[b]Avances democráticos, pero…[/b]

Dos importantes estudios sobre la democracia latinoamericana han sido publicados en las últimas semanas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y el Instituto Internacional para la democracia y la Asistencia Electoral.

El del PNUD titulado “La Democracia en América Latina” se fundamenta en una encuesta de opinión que respondieron 18 mil 643 ciudadanos de 18 países y en entrevistas a 231 líderes latinoamericanos.

El patrocinado por el BID, la OEA e IDEA, conocido y discutido en un encuentro celebrado hace dos semanas en San José de Costa Rica, lleva por título “Un Desafío a la Democracia” y trata sobre los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. También se basa en encuestas y entrevistas.

Ambos estudios registran avances extraordinarios en la consolidación de un proceso de democratización formal en la región. El del PNUD indica que los 18 países considerados en su informe cumplen hoy los requisitos fundamentales del régimen democrático, pero de ellos sólo tres vivían en democracia hace 25 años.

“Sin embargo, al tiempo que las latinoamericanas y los latinoamericanos consolidan sus derechos políticos, se enfrentan a altos niveles de pobreza y a la desigualdad más alta del mundo. Así, se plantea que existen fuertes tensiones entre la expansión de la democracia y la economía, la búsqueda de la equidad y la superación de la pobreza”, indica el informe.

La debilidad del proceso democrático queda patente en el hecho de que el 54.7 por ciento de la población encuestada aceptaría un gobierno autoritario siempre que resuelva los problemas económicos. El 56 por ciento cree que el desarrollo económico es más importante que la democracia, y hasta un 58 por ciento avala el presidencialismo, al manifestarse de acuerdo con que el presidente vaya más allá de las leyes.

El estudio sobre América Central, Panamá y RD resalta que la región lleva más de dos décadas de construcción democrática y las mayorías piensan que la democracia es el ideal y la meta, pero la actitud de la población es de insatisfacción con el funcionamiento real del régimen, lo que se vincula a la situación económica.

“La problemática económica es más urgente e importante que la naturaleza de los regímenes políticos. Pero a mediano y largo plazo la consolidación de la legitimidad democrática requiere resultados, tanto en las condiciones de vida de la población como en el funcionamiento de las instituciones políticas”, indica.

El informe del PNUD plantea “la evolución de una democracia electoral, hoy plenamente vigente, a una democracia de ciudadanos, en la que la conquista de los derechos civiles y sociales estén a la par de los derechos políticos”. Identifica logros, límites y retos para formular una agenda de reformas para fortalecer el desarrollo de la democracia en la región.

[b]Los partidos en la picota[/b]

Si la insatisfacción con la democracia es alta, mucho peor se manifiesta frente a los partidos políticos, institución básica del ejercicio democrático. Según el Latinobarómetro entre 1996 y 2003 son los partidos las instituciones públicas que menos credibilidad tienen, habiendo alcanzado su peor tasa en 1997, con un 28 por ciento, que se redujo al 20 por ciento el año pasado, según se consigna en el estudio BID OEA IDEA.

La Iglesia y la televisión encabezan la tasa de confianza con 76 y 50 por ciento, respectivamente en el 2003. Seguidos por las Fuerzas Armadas, el Presidente, la banca, las grandes empresas, la municipalidad, Policía, Gobierno, el Sistema Judicial y en el penúltimo escalón quedó el Congreso con el 27 por ciento.

En Centroamérica, Panamá y RD apenas uno de cada diez personas expresa confianza en los partidos políticos. Mientras el 86 por ciento dice tenerles poca o ninguna confianza.

Las causas de la mala imagen de los partidos son la corrupción (56 por ciento), el incumplimiento de las promesas, la incompetencia, que solo se representan a sí mismos, no atienden a la gente o porque son víctimas de los medios de comunicación que los atacan, según el 17 por ciento.

Cuando se preguntó a las élites centroamericanas qué pasos se deben dar para fortalecer los partidos, las respuestas espontáneas fueron en un 36 por ciento, reformar las leyes sobre partidos, otro 35 por ciento señaló la reforma del financiamiento. El 25 por ciento se inclinó por la capacitación de los líderes y cuadros, 14 por ciento por la renovación de las cúpulas y dar mayor espacio a los jóvenes. La renovación de los programas fue la respuesta de otro 14 por ciento.

La desesperanza de la población centroamericana en la democracia y los partidos alcanza magnitudes preocupantes que abren interrogantes sobre el futuro inmediato. La mitad de la población aceptaría que llegara al poder un gobierno no democrático, si pudiera resolver los problemas económicos. Y las dos terceras partes consideran que “más que partidos y congreso, lo que nos hace falta es un líder decidido que se ponga a resolver los problemas”.

Desde luego, esas proposiciones no tienen en cuenta los fracasos de los presidentes que surgieron en la región en las últimas dos décadas como alternativa a los partidos tradicionales. Collor de Melo en Brasil, Alberto Fujimori en Perú, Jorge Serrano Elías en Guatemala, Jean Bertrand Aristide en Haití, y están en la picota Hugo Chávez en Venezuela y Alejandro Toledo en Perú.

El informe discutido en Costa Rica explica la desesperanza en el estancamiento económico de la región en los últimos años. Cita a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de principios de este año, hablando de una “media década” adicional perdida para el desarrollo, que habría acentuado las preocupaciones económicas de la región. “la situación económica es prioritaria, las expectativas crecen, y las instituciones políticas (y los partidos en particular) no son capaces de satisfacerlas”.

Concluye en que la paradoja centroamericana es que hay más democracia que nunca antes, pero al mismo tiempo menos satisfacción con el régimen, con sus instituciones en general y con los partidos políticos en particular, aunque en las últimas dos décadas de la construcción democrática en la región se han encaminado reformas para aumentar la transparencia del financiamiento de los partidos, estimular la participación electoral y la libertad de elección, así como para fortalecer las instituciones de control, fomentar las instancias del diálogo y democratizar las fuerzas armadas.

[b]En la República Dominicana[/b]

Para el caso dominicano, el informe del BID OEA IDEA cita las encuestas Demos sobre Cultura Política, donde los partidos también aparecen en el último escalón en la confianza en las instituciones públicas. Aunque en el 2001 un 17 por ciento, casi el doble que el promedio de 9 por ciento en la región centroamericana, se manifestaba cercano o muy cercano a los partidos.

En el estudio del PNUD se afirma que “el país participa de una fuerte democracia electoral, pero sufre de un déficit en materia de ciudadanía, que se ha incrementado de manera notable en los últimos años pese a un crecimiento económico sostenido durante la década de los 90 y principios de la del 2000″.

Señala que RD ha oscilado con período de regímenes no democráticos (entre 1960 y 1977), intermedios (1990 95) y de máximo nivel de democracia a partir de 1996.

Los dominicanos y dominicanas prefieren más fuertemente la democracia como forma de gobierno que el promedio de América Latina. Pero también priorizan más que el promedio el desarrollo económico sobre el sistema democrático. El 48 por ciento declaró ser demócrata, 5 por ciento más que el promedio de la región. En el tema del clientelismo RD encabeza la lista de los 18 países latinoamericanos.

Resalta que en la República Dominicana el 77.5 por ciento de los encuestados dijeron que votan y de ellos el 46 por ciento (muy superior al promedio latinoamericano de 27 por ciento) dijo que tiene un partido y siempre vota por él. Pero la mayoría de la población estima que los partidos no cumplen su papel.

En general los parámetros dominicanos son mejores que los del promedio latinoamericano, el 54 por ciento todavía cree en la eficacia del voto aunque se registra una creciente desconfianza en los partidos y las instituciones.

En el encuentro de Costa Rica, las mesas de discusión llegaron a la conclusión de que la crisis de los partidos políticos es de magnitud grave y amerita nuevas y profundas reformas, a la vez que vincularon la supervivencia de la reciente construcción democrática, a las respuestas a las expectativas de mejores condiciones de vida de la población. El caso dominicano no escapa de las conclusiones generales.

Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto de “Ley de Lemas” introducido al Congreso Nacional la semana pasada por el diputado Henry Sarraf fue derrotado en la primera vuelta con un rechazo tan contundente y generalizado que obligó a sus patrocinadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a modificarlo, buscando hacerlo más potable.

Aún con la nueva versión que los perredeistas buscaban consensuar al caer la semana, persisten las objeciones básicas a un proyecto que además de inconstitucional y extemporáneo es calificado como una degeneración de la democracia a la medida de los intereses de un partido político incapaz de regirse a sí mismo.

En la opinión pública persiste la creencia de que el PRD podría imponer su mayoría mecánica en el Congreso Nacional, pero solitario, cada vez más aislado del resto de la sociedad, terminaría pagando un alto costo político que recalentaría la capilla ardiente en que se ha colocado por incapacidad para ejercer la democracia en su propio seno.

[b]UN RECHAZO GENERALIZADO[/b]

Lo que cosechó el proyecto encaminado a instituir la multiplicidad de candidatos por partido (hasta 5 en las presidenciales y tres para senadores) con sumatoria de votos fue una avalancha de rechazo por parte de la opinión pública, el liderazgo político y las instituciones de la sociedad civil.

Ni siquiera la generalidad de los perredeístas se han manifestado en apoyo al proyecto, ya que el senador Ramón Alburquerque se pronunció en contra, mientras el precandidato Emmanuel Esquea guardaba un generoso silencio, a petición de sus aliados Milagros Ortiz Bosch y Rafael Suberví Bonilla, que le pidieron no pronunciarse en contra como se proponía a principios de la semana.

En el resto de la comunidad partidista el proyecto no ha tenido la mínima acogida. Hay quienes, como el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Bello Andino, han evadido rechazarlo, pero su candidato presidencial, Eduardo Estrella, el secretario político Johnny Jones, como Federico Antún, Jacinto Peynado y la generalidad de los legisladores se han manifestado en contra.

En los ámbitos de la sociedad civil el rechazo ha sido contundente, incluyendo al siempre precavido mediador Monseñor Agripino Núñez Collado, la Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral instituida por el Diálogo Nacional, las organizaciones empresariales encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Fundación Institucionalidad y justicia, el movimiento Participación Ciudadana y diversos sectores religiosos y sociales.

El proyecto llevó al Embajador de la Unión Europea, Miguel Amado, a renovar públicamente sus preocupaciones por el proceso electoral en marcha. Mientras en la Junta Central Electoral, su presidente Luis Arias, y el presidente de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez, manifestaban su preocupación por las dificultades que implicaría un cambio sustancial en el sistema electoral a 4 meses de los comicios presidenciales.

Similares y mayores aprehensiones se expresaron en editoriales de los medios de comunicación y en numerosos artículos publicados en los diarios, la generalidad de los cuales estimó inconstitucional el proyecto que pretende multiplicidad de candidatos con sumatoria de votos. Hubo excepciones como la del Listín Diario, bajo control del gobierno, el cual dio su bendición al cambio en el sistema electoral.

[b]OBJECIONES FUNDAMENTALES[/b]

La generalidad de los pronunciamientos cuestionaron la constitucionalidad de una legislación que implicaría que la ciudadanía no sepa de antemano dónde irá a parar su voto, contrariando los artículos 49 y 91 de la Constitución que establecen el voto directo tanto para la elección de presidente como de los legisladores.

Fundado en esa y otras objeciones tanto la Fundación Institucionalidad y Justicia como Participación Ciudadana advirtieron que si el proyecto se convertido en ley, elevarían una instancia ante la Suprema Corte de Justicia para que la declare inconstitucional. En el mismo sentido se pronunciaron dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de otros sectores políticos.

En lo que hubo consenso absoluto entre los objetores del proyecto fue en considerar que es imposible aplicarlo para las elecciones de mayo próximo, de la que distan apenas 4 meses y una semana. Ello obligaría a la JCE a cambiar la reglamentación electoral para reconocimiento de candidaturas, en la presentación de la boleta de votación, para los delegados a las mesas electorales, el cómputo, la transmisión y el procesamiento de los resultados. Aparte de una nueva e intensa campaña para que los electores y electoras asimilaran los cambios.

Arriba de eso está el hecho de que ya por lo menos cinco partidos (PLD, PRSC, PRI, PNVC y Nueva Alternativa) han electo candidatos presidenciales con el sistema tradicional. Por la irretroactividad de la ley no pueden volver atrás para permitir múltiples candidatos. Y estarían en desventajas frente a un privilegiado que ocuparía hasta cinco casillas de la boleta presidencial.

Ha sido factor de irritación el que los perredeístas hayan proclamado que ese sistema es su última oportunidad para retener el poder, o para derrotar al PLD, o para mantener su unidad, lo que implica que están legislando para su propio beneficio grupal, en contradicción con el principio de igualdad que establece el artículo 100 de la Constitución.

Algo que también ha generado irritación es la persistencia con que los auspiciadores del proyecto, incluyendo al presidente de la República en tres ocasiones, han dicho que la ley de lemas equivale al voto preferencial por los diputados que entró en vigencia en los comicios congresionales del 2002.

Fue exactamente lo contrario, pues ese voto preferencial devolvió a los electores la facultad de señalar directamente su candidato preferido, sin implicar la transferencia de votos de un candidato a otro. Antes la elección dependía del orden en que los partidos colocaran los candidatos.

[b]ALTO COSTO POLÍTICO[/b]

En la opinión pública existe la convicción de que el PRD podría aprobar la ley de lemas con o sin la modificación que se planea introducirle, aunque terminaría pagando un alto costo político, pues estimularía un frente de oposición y acentuaría la polarización con el PLD, a quien ya hace tiempo las encuestas le otorgan la posibilidad de ganar en primera vuelta.

En el Senado el perredeísmo reúne votos de sobra, hasta para la reforma constitucional. En la Cámara de Diputados le falta un puñado para la mayoría absoluta, pero los conseguiría de sobra con los recursos del poder, incluso a través de los “enllaves” que el gobierno mantiene en el reformismo.

Pero el PRD está en un proceso de descrédito y descalabro que han mostrado las encuestas y que se siente hasta en círculos cercanos a ese partido. Una imposición de esa naturaleza y calibre, contra todo el resto de la sociedad política y civil solo serviría para recalentar la capilla ardiente en que se advierte al partido blanco.

El presidente Hipólito Mejía declaró el jueves en el telediario El Día del Canal 11 que “si hay que imponer esa ley se hace, porque el poder es para ejercerlo”. Aunque adujo que el proyecto de ley de lemas no es de su grupo, sino de sus opositores antirreeleccionsitas, Milagros Ortiz Bosch y Rafael Suberví Bonilla.

Al lanzar el proyecto, los perredeístas parecían contar con que amplios sectores reformistas lo harían propio, dadas las divisiones que afectan también al partido colorado. Pero el tiro parece haber salido por la culata, generando más bien un fuerte rechazo.

A ello ha contribuido el que Jacinto Peynado, el principal objetor de la candidatura de Eduardo Estrella, siga en Miami buscando recuperar la salud perdida. Y se afirma que no podría retornar antes de marzo. Al Ingeniero Carlos Morales Troncoso, el otro reformista con significativas posibilidades presidenciales, se le atribuye haber dicho que no va a caer en ese gancho. Estima que si se llega a aprobar la multiplicidad de candidatos ya no tendría tiempo para iniciar una campaña que compita con éxito dentro y fuera del partido.

[b]PREPARAN LA SEGUNDA VUELTA [/b]

El miércoles 7 ya el proyecto de Sarraf parecía liquidado y se iniciaron los preparativos para una segunda vuelta. Tirso Mejía Ricart presentó una modificación que amortigua en parte la inconstitucionalidad de la pieza. Y se le dio el visto bueno, en principio, en la reunión que sostuvo el presidente Mejía con los precandidatos Ortiz Bosch, Suberví y Esquea.

El jueves y todavía en la mañana de ayer viernes delegados del presidente y los tres precandidatos aliados seguían discutiendo un acuerdo que involucraría no sólo la reforma del proyecto, sino también la convención convocada para el 18 de enero, objetada por los tres aliados.

En la segunda versión el proyecto pasa a llamarse del “Voto preferencial para Presidente”, lo que implicaría que la multiplicidad de candidaturas solo se aplicaría en la elección presidencial. Se mantiene también la sumatoria de votos.

El cambio fundamental es que en la nueva versión no es posible ganar en la primera vuelta a menos que un candidato obtenga por sí solo más de la mitad de los votos válidos, como está instituido hasta ahora. Es decir que la sumatoria de votos no da la presidencia, pero puede determinar quiénes van a la segunda vuelta.

De esa forma se pretende eliminar la objeción de que el sistema no garantiza la elección mediante voto directo, como establecen los artículos 49 y 91 de la Constitución.

De cualquier forma las posiciones de rechazo al proyecto van más allá de ese aspecto y están bien tomadas. Resultará difícil cambiarlas y el tiempo corre en cuenta. Si convocan el Diálogo Nacional como pidió el candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, allí se complicaría más el debate. Si no lo convocan, ese mecanismo sería dado por irrelevante.-

Por Juan Bolívar Díaz

 Ante la manifiesta incapacidad para ponerse de acuerdo, importantes sectores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideran la posibilidad de reproducir la antidemocrática Aley de lemas@, oriunda de Uruguay, que les permitiría postular múltiples candidatos a la presidencia, pero que choca con el principio constitucional del voto directo.

Confirmando pronósticos, los líderes perredeístas prolongaron hasta el 2004 su enfrentamiento por la candidatura presidencial y las perspectivas no apuntan a una rápida solución, sino más bien a progresiva complicación en medio de un panorama económico y político dramáticamente adverso.

La agonía del perredeísmo se prolonga indefinidamente y sus recursos legales ya traspasan el marco de la Junta Central Electoral para llegar a los tribunales ordinarios y posiblemente hasta la Suprema Corte de Justicia, en tanto el tiempo transcurre inexorable a cuatro meses y medio de las elecciones presidenciales.

La llegada del año nuevo no trajo la armonía a los ámbitos del perredeismo. Por el contrario, los diarios del último día del 2003 daban cuenta de que los tres precandidatos aliados (Milagros Ortiz Bosch, Rafael Suberví Bonilla y Emmanuel Esquea Guerrero) habían apelado a una cámara civil para que ordene la suspensión de los trabajos organizativos de la votación primaria convocada para el 18 de enero.

El trío también elevaba el tono jurídico de su cuestionamiento a la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral a la que acusaron de haberse parcializado con un dictamen que en vez de propender a la unidad de su partido, lo condena a la división y por haberse sobrepasado al ordenar reabrir la inscripción de precandidatos para la convención perredeísta, algo que ninguna de las partes le había solicitado.

Cuestionada por tres de los cuatro precandidatos que la escogieron Ade consenso@, la comisión organizadora parecía dispuesta a seguir adelante con la preparación de la primaria, aunque entre varios de sus miembros y miembras cundía la convicción de que será otro ejercicio inútil que sólo servirá para profundizar la crisis.

Entre integrantes de esa comisión y hasta en el propio Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) existe la convicción de que esa votación no agregará mucha legitimidad a la candidatura del presidente Mejía, aún cuando a última hora pueda inscribir un competidor comodín. Menos aún con la oposición militante de los tres aliados.

Es en ese marco que emerge la fórmula uruguaya, reproducida en Argentina y Honduras, originalmente llamada ley de lemas. El diputado Elías Sarraf anunció en el Congreso su disposición a someter un proyecto de ley para consagrar la posibilidad de que cada partido reconocido puede presentar múltiples candidatos presidenciales.

De inmediato Eligio Jáquez, el coordinador del PPH, adelantó su simpatía con la idea que el último día del 2003 estuvo bajo consideración en altos niveles partidarios, aparentemente propulsada por miembros de la misma comisión organizadora de la convención, convencidos de que es el único camino que podría impedir la disección del buey blanco.

La fórmula podría ser aceptable para el grupo de los tres, ya que ellos la promovieron e instituyeron para la elección del candidato perredeísta. Ortiz, Suberví y Esquea fueron aliados y sus votos se sumarían para atribuírselos todos al que entre ellos hubiese obtenido la mayor cantidad.

[b]SERÍA INCONSTITUCIONAL [/b]

Sin embargo, la fórmula que dentro de un partido puede ser válida, previo acuerdo entre las partes, puede ser atacada e invalidada a nivel nacional por opositores que en este caso tendrían argumentos para considerarla inconstitucional. También iría contra aspectos esenciales de la democracia y en vez de promover la unidad de los partidos, la socava a mediano y largo plazo.

La idea es recurrente desde hace varios años en el país siempre que el PRD ha tenido que escoger candidato presidencial, lo que casi nunca ha sido fácil. Ahora se argumenta que beneficiaría también al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el cual también podría llevar más de un candidato Ay salvar su unidad en peligro@. De paso los promotores esperan que esto garantice que los diputados reformistas sumen sus votos a los perredeístas para la aprobación de la ley.

Pero el asunto es más complicado. El problema fundamental es que la sumatoria de votos no puede ejecutarse sin reformar la Constitución de la República, lo que implica mayores dificultades, ya que perredeístas y reformistas no suman los dos tercios precisos para las reformas constitucionales. Se cuenta por adelantado con una férrea oposición del PLD, de la opinión pública y la sociedad civil a una nueva reforma constitucional por puros intereses partidarios y ya en medio del proceso electoral.

Hábil, el presidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, se adelantó a expresar su oposición a una reforma constitucional en las actuales circunstancias, aunque sin descartar que la sumatoria se consagre por ley.

El artículo 49 de la constitución de la República es preciso al instituir que AEl Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo@

La sumatoria de sufragios por partidos implica votos indirectos. Por ejemplo, un ciudadano o ciudadana puede tener problemas de conciencia para votar por el candidato 1 de su partido y lo hace por el 2, pero su sufragio puede serle cargado al que él rechazaba.

Es obvio que cualquier interesado podría llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia para que declare inconstitucional que su voto pueda ser transferido a otro candidato, aunque sea del partido por el que votó. Peor aún si no es miembro de esa agrupación política. Y hay cientos de miles que votan sin ser miembros de los partidos.

[b]IMPLICACIONES ANTIDEMOCRÁTICAS[/b]

Son varias las implicaciones antidemocráticas del proyecto de marras. Comenzando por el hecho de que sería una ley con nombres propios, para resolver los problemas internos de dos grupos particulares, aunque sean grandes. Más aún cuando uno de los partidos mayores, y el que en el último año encabeza las encuestas, el PLD, ya escogió su candidato presidencial con las normas vigentes.

Se argumenta que la ley de lemas dio resultado en Uruguay y Argentina, pero nadie puede decir que haya contribuido a mejorar la calidad de la democracia de esos países. Tiene implicaciones poco democráticas, como el hecho de que puede resultar electo un candidato que recibiera una minoría de los votos.

Si se asume que el PRD lleve tres o cuatro candidatos, podría darse el caso de que el más votado reciba un 25 por ciento del sufragio. El segundo un 15, el tercero 6 y el cuarto un 5. La sumatoria, 51, daría por electo en primera vuelta al candidato número 1. Pero el candidato del PLD, unido, fruto de un mejor ejercicio democrático, consigue un 45 por ciento de la votación. Se habría elegido a un presidente por el que sólo un 25 por ciento de la población sufragó, y perdería aquel que obtuvo casi el doble.

Argumentos para oposición hay de sobra, y hasta para el recurso de inconstitucionalidad. Lo que implica una gran debilidad para la fórmula de la sumatoria de votos con múltiples candidatos por partido. Eso en nada beneficiará al PRD en las actuales circunstancias, al menos de cara a la opinión pública que lo vería sumando un remiendo antidemocrático a su propia incapacidad para el ejercicio de la democracia.

Y aún cuando el ejercicio del poder y la sumatoria de intereses de dos partidos pueda dar paso a la fórmula, consumiría buena parte de los próximos meses en debates que sólo reflejarían la debilidad de los proponentes. Y sometería a otra institución, la Suprema Corte de Justicia, a la obligación de pronunciarse sobre un asunto de tantas implicaciones partidarias.

SOLUCIÓN MUY COYUNTURAL

La sumatoria de votos podría Aresolver@, más bien aplazar, las divisiones en el PRD y el PRSC, pero no las resuelve. En cualquier caso se trataría de una solución meramente coyuntural, y a mediano y largo plazo en vez de promover la unidad y fortaleza de los partidos, los debilitaría y fragmentaría, al consagrar el principio de que nadie pierde en las elecciones internas. En nada ayudaría a la unidad el que dos o tres, o no se sabe cuantos, candidatos de un mismo partido salgan a promoverse cada uno con su propio aparato propagandístico. )No sería legalizar la división?

Se elevaría notablemente el costo de las campañas electorales y habría que legislar para determinar cómo se distribuiría el financiamiento público a los partidos en las campañas de múltiples candidatos.

El asunto obligaría también a revisar numerosos artículos de la ley electoral vigente, como los que establecen que los dos candidatos más votados irían a una segunda vuelta. )Aún si fueren del mismo partido, como podría ocurrir?

Complicaría también las boletas electorales y la elección por parte de la ciudadanía menos instruida. Y lo mismo ocurriría con el cómputo y procesamiento de los resultados. La fragmentación induciría también el desinterés de la ciudadanía por las elecciones.

Por demás la reforma en consideración conspiraría contra la promoción de una cultura democrática. El que no puede perder dentro de su partido, tenderá con más razón a arrebatar afuera.

Los perredeístas deberían buscarse una solución más decorosa a sus interminables enfrentamientos y ambiciones. O resignarse a salir del Palacio Nacional el próximo 16 de agosto.-