Transición del PRSC

Por Juan Bolívar Díaz

            El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) atraviesa por una transición del liderazgo caudillista y único a otro más democrático y colectivo, en un proceso que se caracteriza por intensas luchas internas que afloraron públicamente en torno a la reunión de su Directorio Central Ejecutivo del sábado pasado.

            Durante ese encuentro se pretendió un golpe de mano contra las principales figuras de la comisión ejecutiva del partido, responsables del proceso de transición en marcha desde los comicios del año pasado cuando se dio por concluida la carrera electoral del doctor Joaquín Balaguer, lo que resulta casi imposible en las actuales circunstancias.

            El líder reformista apeló a 7 de sus seguidores más incondicionales para que preparen una reforma estatutaria y una asamblea nacional que elegirá nuevos dirigentes, ambas convocadas precipitadamente para el próximo domingo primero de julio, pero sin poder prescindir de los actuales ejecutivos.

De sorpresa en sorpresa

            Los reformistas han andado en los últimos días de sorpresa en sorpresa. Primero cuando Luis Toral anunció la convocatoria del Directorio Central apenas con tres días de anticipación, y esta semana cuando apareció en diarios del miércoles 20 la doble convocatoria para las asambleas estatutaria y electiva.

            La primera, de carácter extraordinario será a las 10 de la mañana del domingo primero, con dos puntos de agenda: Aprobación de modificaciones estatutarias, y cualquier otro asunto que someta el presidente del partido.

            La segunda asamblea está convocada para una hora y media después, en el mismo local del Club San Carlos. También con agenda doble: “Elección de los nuevos miembros del Directorio Central Ejecutivo y los Funcionarios del Partido”, y “Cualquier otro asunto de la competencia de la Asamblea Ordinaria que someta el Presidente del Partido”.

            Sorprendió la celeridad con que los siete comisionados del sábado se reunieron y convocaron ambas asambleas con sólo diez días de anticipación. Aunque la convocatoria la firman los dirigentes correspondientes, el presidente del partido, Joaquín Balaguer, el secretario político, Federico Antún Batlle, y el secretario de organización, Johnny Jones.

            Los siete designados a propuesta de Balaguer son: Ney Arias Lora, Licelot Marte de Barrios, Joaquín Ricardo, Eduardo Estrella, Zoila Martínez, Johnny Jones y Víctor Gómez Bergés. Llamó la atención que no fueran propuestos ni el presidente en funciones Donald Reid Cabral, ni el secretario político Quique Antún.

            Este último maniobró con extraordinarias habilidades políticas, procediendo a respaldar la propuesta, conteniendo las protestas que se iniciaban y que hubiesen creado una enojosa situación para el líder en su propia residencia y para el partido. Aunque quedaron como telón de fondo para todo el que quisiera advertir la realidad de un partido que trata de aprender a caminar sin el paso ya pesadamente lento de su gran líder histórico.

            Desde que trascendió la convocatoria a la reunión celebrada en la marquesina de la residencia de Balaguer, se comenzó a hablar de que volarían cabezas. Incluso se publicó que algunos querían la presencia de delegados de la Junta Central Electoral para que certificaran las decisiones.

            Las mismas especulaciones persisten de cara a las asambleas del día primero, pero ninguno de los dirigentes consultados creen posible tal ocurrencia.

Dos grupos enfrentados

            Lo que quedó en indiscutible evidencia una vez más son las extremas limitaciones físicas del extraordinario político. A la vista y consciencia de todos los reformistas está la certidumbre de que Joaquín Balaguer no da para más, que está agotando sus últimos hálitos de vida en lo único que le ha apasionado en los 95 años que cumplirá el primero de septiembre.

            Está haciendo “sus últimos y supremos esfuerzos”, reconoció impresionado uno de sus seguidores, que como otro advirtió que el desafío del PRSC es sobrevivirle, lo que comienza con una participación en los próximos comicios que dependa de la fuerza de cada candidato. Ni hablar de otro “vuelve y vuelve”. En todos los sectores se descarta.

            Es que ya casi no puede moverse. Es cargado que lo movilizan de un lado a otro, aunque con la enorme voluntad que lo caracteriza, intenta caminar delante de sus seguidores, algunos de los cuales se retirarán de la política cuando él se extinga definitivamente. Pero la mayoría proseguirán la carrera política en la que han cosechado posiciones, éxitos, nombradía y fortunas.

            Varios, como Jacinto Peynado, Carlos Morales Troncoso, Quique Antún, Reid Cabral y Guillermo Caram, se han estado preparando para el final del balaguerismo, por lo que son impugnados por los más ortodoxos y tradicionales seguidores del caudillo, por sus parientes y por aquellos que él más ha distinguido personalmente.

            Entre estos últimos se cuentan Ney Arias, Víctor Gómez Bergés, Liselotte Marte, Luis Toral, Joaquín Ricardo, Alexis Joaquín Castillo, Eduardo Estrella, Leopoldo Pérez Sánchez y Ramón Pérez Martínez.

            En este grupo se acusa a Antún, Reid, Leonardo Matos Berrido, Héctor Rodríguez Pimentel y Angel Lockward de colaboracionistas del gobierno de Hipólito Mejía. Los tres últimos son funcionarios.

            Los cuestionamientos a estos comenzaron desde la campaña electoral, cuando varios de ellos se inclinaron hacia Hipólito Mejía ante la eventualidad de una segunda votación definitoria. Ahora a Lockward se le acusa de actuar “con desparpajo” y reunir reformistas en la secretaría de Industria y Comercio. “Su posición es irresistible, no puede seguir esa actitud dual y ese protagonismo que hiere al partido”, expresó uno de los consultados.

            A Antún se le impugna haber cenado con el presidente Mejía la semana pasada, aun cuando el principal colaborador reformista del actual mandatario es el propio Balaguer, con quien se ha reunido ya unas diez veces desde su triunfo electoral hace trece meses.

Ni Balaguer podría

            A pesar de que algunos no ocultan su deseo de ver volar cabezas en la dirección del partido colorado, se reconoce que tal cosa es más que improbable, y que podría poner en peligro la unidad del partido en la delicada transición en que se encuentra.

            Más aún, no se recuerda un solo caso en que Balaguer hubiese realizado una limpieza de dirigentes. Más bien, jugaba con ellos en “su gracia o desgracia”, pero son sacrificarlos. Ahora ya no podría. Y es que el caudillo ya no se vale por sí mismo para nada y carece de las fuerzas necesarias para embarcarse en una aventura que no ejecutó no cuanto estaba en plenitud de poder.

            Pero además, entre los cuestionados muchos suman a Jacinto Peynado y Carlos Morales Troncoso, primero y segundo, mientras Antún es el tercero, en las preferencias registradas en las encuestas de los últimos años, tanto dentro del partido como en el universo de los electores.

            Tanto Peynado como Morales han hecho esfuerzos por situarse por encima de las luchas grupales y casi son terceristas como Caram, pero en una hora de decisiones se inclinarían por el lado de los actuales ejecutivos del partido.

            De manera que hay consenso entre los reformistas en cuanto a que la asamblea del día primero no traerá mayores sorpresas. “La asamblea es soberana, pero no esperen sorpresa. Balaguer está obligado a mantener una dirección colegiada”, expresó uno de los dirigentes consultados.

Las energías tendrán que ser canalizadas a la colocación de seguidores entre los 250 nuevos miembros del Directorio Central que serán escogidos. Los actuales no serán tocados. La asamblea podría concluir dando poderes a Balaguer para que él solo duplique los actuales dirigentes hasta completar 500.

            Lo mismo podría hacer con los que serán adicionados a la Comisión Ejecutiva de 11, informalmente ampliada a 25 y que ahora tendrá que ser llevada a 30.

            La acumulación de fuerza en la comisión y el directorio, abre perspectivas para la colocación de candidatos congresionales y municipales el año próximo y del triunfo de éstos se afirman las posibilidades de obtener la nominación presidencial para el 2004, cuando el PRSC tendrá que debutar definitivamente sin Balaguer.

            Aunque hay pugnas internas y contradicciones, los reformistas se han manejado con bastante habilidad política, sin asumir posiciones extremas, reafirmándose como centristas entre los dos polos que configuran perredeistas y peledeistas. Sus diferencias no son aireadas al estilo del PRD y no llegan a posiciones dogmáticas como en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

            Entre sus dirigentes existe clara conciencia de que ellos tendrán que deslindarse pronto del gobierno, pero manteniendo distancia del PLD con el que compiten por la importante segunda posición partidista a partir de una oposición constructiva y propositiva, como la que implican los encuentros semanales con la prensa.

            El PRSC se empeña en mejorar su imagen como partido de la democracia. Sus dirigentes son de los más presentes en las actividades de instituciones de la sociedad civil con la que se llevaban mal, como Participación Ciudadana.

            En la misma dirección se inscriben los encuentros en su local con dirigentes de otros partidos y de instituciones sociales y comunicadores a los que han invitado para abiertos intercambios de ideas y posiciones.

            Y los resultados obtenidos han sido positivos, hasta el punto de que ya muy pocos discuten si el partido colorado sobrevivirá a su caudillo fundador. Ahora la atención pública se centra en quiénes quedarían con el poder partidario y con qué perspectivas de reafirmar una organización democrática con vocación de poder.

            Las próximas asambleas ordinaria y extraordinaria marcarán la pauta. Pero se puede apostar a que seguirán el curso de la reunión en la casa misma de Balaguer: se reafirmaría el nuevo poder de los 7, que tendrán también la misión de dirigir el proceso de selección de los candidatos para los comicios congresionales y municipales, para lo cual tendrán que contar con los Peynado, Morales y Antún, depositarios del poder popular después de Joaquín Balaguer.-      

El porcentaje de la primera vuelta

Por Juan Bolívar Díaz

            La prepotencia con que algunos legisladores y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) han planteado las reformas constitucionales, especialmente lo referente al porcentaje para elegir al presidente de la República ha fortalecido la falsa percepción de que una reducción del mismo solo beneficiaría a ese partido.

            Desde antes y después de la reforma constitucional de 1994 que instauró la mayoría absoluta como condición para elegir al Presidente, en diversos sectores políticos y entre analistas se ha simpatizado con un porcentaje más bajo, entre 40 y 45 por ciento, que garantice un gobierno de sólido respaldo, pero sin forzar la doble votación.

            Los resultados electorales aquí y en otros países oscilan considerablemente, especialmente cuando los partidos se someten a la prueba del poder, por lo que carece de base racional el prejuicio de que la reducción del porcentaje iría en beneficio de alguno en particular.

Reforma sin consenso

            De las reformas introducidas a la Constitución de la República en 1994 la única que no fue de consenso ni entre los partidos políticos ni en la sociedad fue la referente al porcentaje para elegir presidente de la República en la primera vuelta.

            La no reelección presidencial, el Consejo de la Magistratura y la inamovilidad de los jueces, la doble nacionalidad, la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales y los colegios electorales cerrados tuvieron consenso general. La mayoría absoluta fue impuesta por la alianza ya configurada entre los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Liberación Dominicana (PLD).

            El resultado electoral de 1994 había favorecido al perredeismo con un porcentaje muy por encima del 40 por ciento, pese al fraude y las irregularidades que le afectaron. Sin Joaquín Balaguer de candidato, y retirado el profesor Juan Bosch a José Francisco Peña Gómez se le atribuía una obvia ventaja que el caudillo reformista y los peledeista buscaron eliminar.

            El año anterior, en 1993, tras una concertación auspiciada por la Fundación Siglo 21, en un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, los partidos habían acordado, entre otras reformas constitucionales, el establecimiento de la segunda vuelta, en caso de que en la primera ningún candidato presidencial lograra el 40 por ciento.

            Las reformas de consenso llegaron a ser firmadas por todos los partidos participantes, excepto el PRSC, cuyos delegados estuvieron dentro del concierto, pero no concurrieron a la firma. Obviamente el entonces presidente Balaguer prefirió escurrir el bulto.

            De cualquier forma los resultados del amplio consenso fueron publicados y están recogidos en un libro que editó la Fundación Siglo 21.

            En esas circunstancias es comprensible que los perredeistas mantengan su rechazo a la mayoría absoluta para ganar la presidencia en la primera vuelta. Pues para imponerla no se les consultó y obviamente se trató de un pacto oportunista en su contra. Más aún tienen derecho a reivindicar el acuerdo del 40 por ciento.

            Desde luego, eso de ninguna forma puede justificar una reforma constitucional al vapor, sin las correspondientes consultas al sistema político y la ciudadanía, que de hacerse en este caso mostrarán una gran diversidad, aunque con tendencia a reivindicar un porcentaje más bajo para la elección presidencial en primera ronda de votación.

Experiencias aleccionadoras

            Las experiencias registradas en el país como en el ejercicio democrático universal indican que los partidos, aún mayoritarios, no mantienen un resultado electoral inamovible, que siempre un porcentaje de los electores oscila y que el ejercicio del poder desgasta aún a los partidos más tradicionales y sólidos.

            El PRD es precisamente un ejemplo de ello en la historia nacional. Después de ganar las elecciones de 1978 con el 52 por ciento, y las de 1982 con el 47 por ciento, cayó al 39 por ciento en las de 1986, siendo desplazado del poder, por Joaquín Balaguer y su PRSC que cuatro años antes habían conseguido precisamente el mismo 39 por ciento.

            Pero vale señalar que de haber imperado la mayoría absoluta en 1986 probablemente Balaguer no hubiese podido desplazar al PRD, porque con el 41 por ciento hubiesen tenido que ir a la segunda ronda. Las lecciones de aquel resultado electoral para la unidad del PRD y su gobierno y la circunstancia de que todavía entonces una buena proporción de peledeistas no hubiesen ido a votar por Balaguer, probablemente habrían dado el triunfo a Jacobo Majluta.

            En otra palabra, que aún cuando ya había tripartidismo, dado que el PLD consiguió el 18 por ciento en esos comicios, el 40 por ciento para elegir presidente no habría favorecido en primera vuelta al partido de más tradición y fuerza, aún estando en el poder.

            También en el poder, el PRSC tampoco lo hubiese retenido en 1990 de haber existido la segunda vuelta, con el 50 o con el 40 por ciento. Obtuvo 34 por ciento, contra 32 atribuido al PLD, 24 al PRD y 7 al PRI. Obviamente en una segunda vuelta Bosch habría conseguido una barrida. . La mayoría de los perredeistas y los priistas le hubiesen cerrado el paso a Balaguer.

            Precisamente el resultado de 1990 cuando, fraudes e irregularidades al margen, se prolongó un gobierno con un tercio de los electores, fue lo que alentó el consenso que se daría tres años después para establecer el mínimo del 40 por ciento.

            Ya mismo las encuestas publicadas comienzan a mostrar una reducción significativa del apoyo perredeista. La de Hamilton-Hoy de finales de abril pasado otorgaba al PRD tan solo un 40 por ciento de preferencias, cuando 11 meses antes había obtenido el 49.85, es decir casi 10 puntos más.

            La de Gallup para la revista Rumbo también de abril último, sólo en el Distrito Nacional, registraba sólo un 35 por ciento para el partido de gobierno. El PLD le seguía de cerca con un 32 por ciento.

            La prueba de la oscilación de los electores se puede encontrar en Venezuela, donde adecos y copeyanos se alternaron en el poder durante varias décadas, aún cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) rompió el bipartidismo.

            En Perú Acción Popular con FernandoBelaúnde gana en 1980 con el 45 por ciento y cae al 7 por ciento en 1980, cuando se impone el APRA con Alan García, para a su vez descender del poder en 1985 cuando se votación se redujo del 48 al 16 por ciento.

La fórmula argentina

            Aunque la doble vuelta ha sido definida como hija del sistema parlamentario, donde las alianzas para formar gobierno y gobernar son la pauta común, en las últimas décadas se ha impuesto en una decena de países presidencialistas de América Latina. En Costa Rica y Nicaragua se elige presidente con el 40 por ciento, en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador, con mayoría absoluta al igual que en el sistema dominicano.

            Argentina, que fue de las primeras naciones latinoamericanas en consagrar la doble vuelta comenzó también con el 50 por ciento. La experiencia de 1973, cuando Héctor Cámpora obtuvo el 49.5 por ciento, aunque su contendiente sabiamente renunció a la segunda ronda, determinó una reforma que dio origen a lo que ahora se conoce como la fórmula argentina.

            Se consagró la elección presidencial en primera votación con el 45 por ciento, o con más del 40, si un candidato lleva más de 10 por ciento de ventaja sobre el segundo.

            La fórmula argentina busca preservar la expresión mayoritaria y a evitar que una minoría de tercer o hasta cuarto lugar pueda convertirse en decisiva en unos comicios, lo que es propio del parlamentarismo, pero no funciona en los regímenes presidencialistas, donde las alianzas suelen tener poca incidencia en el gobierno.

            La experiencia dominicana de 1996 fue de un régimen de minoría, fruto de una alianza puramente electoral y oportunista, para cerrar paso, no para construir un concierto de gobierno.

            Se ha dado la contradicción de que cuatro años después el PRSC ha sido más generoso en la colaboración con un gobierno perredeista que no precisó de sus votos, que lo que fue con el peledeista de Leonel Fernández, que no hubiese sido posible sin el concurso del sufragio balaguerista.

            En el año 2000, aunque a Hipólito Mejía le faltaban apenas 15 centésimas para más de la mitad de los votos, y acumulaba más votos que la suma de los dos que le seguían, no faltaron quienes consideraran que había que ir a la segunda vuelta. Y así hubiese tenido que ocurrir si el máximo liderazgo del PLD y su candidato Danilo Medina no hubieran ponderado las implicaciones racionalmente la situación.

            La nación hubiese quedado expuesta a otros 45 días de incertidumbres y habría tenido que pagar el costo de otra campaña electoral, un despilfarro inútil y absurdo, pues las encuestas y los análisis indicaban consistentemente que no era posible repetir el Frente Patriótico de 1996.

            En Argentina en 1973, en Perú en 1985 y en República Dominicana el año pasado se han registrado resultados indicadores de los riesgos de la mayoría absoluta, que se salvaron por la racionalidad de quienes quedaron autorizados a competir en la segunda ronda, desde posiciones minoritarias.

            Lo lógico sería que ello no se deje a la buena voluntad de nadie. Porque un día la cerrazón y lo absurdo pueden predominar. La flexibilidad de l a fórmula argentina cubre contra ese riesgo. Y no implica necesariamente favorecer al que está en el poder fruto de una mayoría en comicios previos. Porque desde la oposición puede ser más difícil alcanzar la mayoría absoluta como se vio aquí en 1986.

            Pero una reforma constitucional tiene que ser fruto de la concertación, de la negociación, de la racionalidad, aún cuando se crea tener la razón. Y aún teniéndola, lo que corresponde es la ponderación, no la prepotencia ni la imposición.-

Problemas internos en el PRD

Por Juan Bolívar Díaz

            Si los perredeistas quieren preservar la unidad partidaria, ahora que los peligros del poder aumentan la prepotencia y desorbitan las ambiciones, tendrán que abocarse en primera instancia a fortalecer la democracia interna con un límpido proceso de elección de sus dirigentes.

            El planteamiento no sólo proviene de los analistas políticos, sino hasta de las propias bases perredeistas, como quedó en evidencia en las conclusiones del seminario taller organizado por el Comité del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

            Pasó desapercibido para la opinión pública, pero en el acto de proclamación de las conclusiones de ese seminario, el empresario José Antonio Najri produjo una sólida pieza oratoria, señalando certeramente el camino que debería transitar el mayor y más antiguo partido de la historia nacional.

La democracia interna

            Una de las grandes contradicciones del PRD es que habiendo sido el partido de mayores contribuciones al avance democrático nacional, no ha podido institucionalizar sus estructuras dirigenciales, mediante procesos normales de elección democrática.

            Consultados varios dirigentes de ese partido, no logran ponerse de acuerdo sobre cuándo fue la última vez que renovaron los dirigentes de los diversos niveles orgánicos. Algunos confiesan francamente que no lo recuerdan.

            Entre divisiones y crisis, cuando no enfrentado a coyunturas de adversidad dirigida desde el poder, el perredeismo ha recurrido persistentemente a repartir los máximos cargos de dirección entre perdedores de las convenciones internas.

              Salvador Jorge Blanco fue consolado con la presidencia del partido, además de la candidatura a senador por el DN, cuando perdió la convención a manos de Antonio Guzmán en 1977. La historia se repitió con el difunto Jacobo Majluta cuando perdió de Jorge Blanco en 1981.

             La convención para candidato presidencial de diciembre del 1985 fue de lo más traumático en la historia del partido blanco. Del “concordazo” se pasó a la división entre Majluta y José Francisco Peña Gómez. Y en ese proceso tampoco fue aconsejable convocar a una elección democrática de dirigentes.

               La última mitad de los ochenta fue el período más crítico en las más de 6 décadas que acumula la organización política. Cuando su primer gran líder, el profesor Juan Bosch, lo abandonó al final de 1973, el PRD se revigorizó en pocas semanas y pudo poner en peligro al balaguerismo en la campaña electoral del 1974, y acumuló la fuerza para desplazarlo 4 años después.

                Cuando Majluta y Peña se pelearon, el partido blanco descendió -por única vez- al tercer lugar en los comicios presidenciales de 1990. En el proceso de recomposición, Peña Gómez apeló a los poderes extraordinarios para dirigir el partido, y quedando como único y gran líder, los perredeistas no consideraban prioritario organizar convenciones eleccionarias.

            En los meses finales de su vida Peña Gómez reconocía y lo planteó en público, que el gran déficit de su liderazgo y del perredeismo era la debilidad de su democracia interna, que dependía excesivamente de su peso como líder y de su capacidad para hacer amarres y partir diferencias grupales.

El último compromiso

            Peña Gómez murió en mayo de 1998 sin poder auspiciar la renovación de la dirección del partido. Era un proceso “peligroso” en la campaña para las elecciones de aquel año, y la prometía para luego del 16 de mayo. Llegaron a la convención que escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial a mediados de 1999, sin lograr el objetivo, por miedo a que las energías se consumieran en las luchas internas.

            La convención que validó la votación de las bases y ratificó a Mejía, convalidó la propuesta de Hatuey de Camps para presidente y Rafael Suberví para vicepresidente. Como Milagros Ortiz Bosch fue proclamada candidata a la vicepresidencia, todos los competidores quedaron conformes. Pero una vez más se dio la repartición.

            Pero el perredeismo se comprometió públicamente en un plazo fijo para convocar a sus bases a elegir sus dirigentes. Se haría en el período de transición, entre las elecciones presidenciales y la juramentación, seguros de que ganarían, si no dispersaban sus fuerzas.

             Luego del triunfo electoral, apenas Enmanuel Esquea se atrevió a interrumpir el triunfalismo para recordar el compromiso. Se le respondió que el partido tenía que concentrar todas sus fuerzas en prepararse para el gobierno. Y hasta el seminario de febrero pasado que replanteó el desafío, según se publicó el domingo 20 de mayo.

              El tema no sólo fue abordado en su magnífico discurso por el presidente del PRD en el DN, José Antonio Najri, sino también por el presidente nacional Hatuey de Camps, quien lo abordó como un desafío, y lo prometió solemnemente. Y debe serlo para él y los demás dirigentes, porque ya no hay excusa que pueda seguir validándose para no elegir democráticamente los dirigentes del partido de gobierno.

               Para lograr tal objetivo los perredeistas tendrían que abordar el proceso eleccionario conjuntamente con la escogencia de sus candidatos a las elecciones congresionales y municipales del año próximo, a menos de un año. Sería un derroche de recursos y casi imposible en el tiempo realizar dos procesos diferentes.

La autoderrota del PRD

            José Francisco Peña Gómez acuñó la frase de que “sólo el PRD derrota al PRD”, aludiendo a las innumerables crisis internas y divisiones sufridas por ese partido desde poco después de su fundación. Tal planteamiento fue más patente en los ocho años en que pudo gobernar entre 1978 y 1986, cuando las luchas internas desgarraron al “buey blanco” hasta debilitarlo y finalmente fraccionarlo.

            La pérdida del poder tuvo un efecto adicional con el suicidio del presidente Guzmán y el encarcelamiento y humillación del ex-presidente Jorge Blanco.

            De nuevo el PRD en el poder, comienza a ser víctima del triunfalismo grupal. Ya hay por lo menos seis aspirantes a la candidatura presidencial para dentro de 3 años y dan la sensación de una confederación de grupos que en la oposición pueden conjugar esfuerzos, pero en el poder dispersan fuerzas, convencidos todos de que como quiera ganan.

            Esa tentación afectó también al Partido de la Liberación Dominicana en el período de gobierno pasado. Algunos de sus dirigentes le llegaron a augurar 20 años de gobierno y muchos no concebían que podían perder los comicios y el poder, cuan cuando todas las encuestas y la opinión pública lo daban por hecho.                                                     }

            En la opinión pública ya es generalizado el criterio de que desde sus puestos José Rodríguez soldevila, Eligio Jáquez y Ramón Alburquerque están más empeñados en su promoción que en el éxito de su gobierno. Hasta un político conceptuoso como Esquea, apela a la politiquería de que “han abandonado a las bases”, buscando clientela a cualquier precio. A la vicepresidenta Milagros Ortiz y a Hatuey de Camps se les da más crédito, se estima que se conducen con más acierto político.

            A esos seis seguros precandidatos se suman otros cuatro o cinco que contemplan lanzarse, en lo que pronto podría configurarse como un festival desbocando de lucha por la preponderancia partidaria, al estilo que los perredeistas saben, es decir a través de todos los medios de comunicación.

            Es lo que vienen haciendo hace ya varias semanas los tres o cuatro que aspiran a desplazar a Ramón Alburquerque de la presidencia del Senado. La campaña para una votación que deberían resolver 24 personas, consumirá más de tres meses y no se sabe cuantos ataques y desgarramientos internos. Tres meses no duran las campañas para presidentes o primer ministro en las naciones de Europa.

El discurso de Najri

            En una época de discursos políticos vacuos, el de José Antonio Najri el domingo fue relevante, al plantear grandes objetivos partidarios y al llamar a concentrar atención y esfuerzos en la responsabilidad de “gobernar con sosiego, eficiencia y moralidad”.

            Se refirió al desafío de “consolidar la institucionalidad partidaria”, llamó a la sensatez con una plancha unitaria para la dirección del Senado, y a “trazar un nuevo discurso que nos permita llegar y hacer nuestras las inquietudes que hoy afectan la tranquilidad de nuestra clase media”. También pidió reordenar las relaciones con las juntas de vecinos, nuevas formas de hacer política sin dádivas, y una renovación de la lucha contra la corrupción.

            El llamado final fue a la unidad partidaria, convencido como o otros veteranos dirigentes perredeistas de que sin ello no habrá continuidad en el poder, ni grandes realizaciones.

            Uno de los que todavía elaboran discurso en el PRD sintetizó los desafíos en el logro de tres objetivos: organizar la responsabilidad y gestión gubernamental , renovar la dirección del partido en un proceso de institucionalidad democrática y empujar las reformas de las que el PRD es compromisario.

             Entre los perredeistas pensantes aumenta la convicción de que sólo con el fortalecimiento institucional el partido podrá preservar su unidad y cumplir siquiera parcialmente su misión. Sobre todo ahora que no tiene al frente a un líder de la categoría de Bosch o de Peña ni a un componedor como éste último.

               Reconocen que el camino no es para nada fácil en una nación que se ha debatido históricamente entre el autoritarismo y la garata, con pocas instituciones de larga vida, y donde las ambiciones personales pasan por encima de todas las consideraciones.-

A un año de las elecciones Congresionales

Por Juan Bolívar Díaz

           A un año ya de las próximas elecciones congresionales y municipales, señaladas para el 16 de mayo del 2002, la Junta Central Electoral (JCE) tendrá que apurar el paso si quiere poner en vigencia el nuevo sistema de circunscripciones, dispuesto por la reforma electoral de 1997.

            El tiempo comienza a achicarse para el calendario de trabajo electoral, hasta el punto que ya hay quienes creen que lo de las circunscripciones tendrán que ser separado de otras reformas electorales pendientes para evadir la dilación que podría tener en el Congreso Nacional.

            Más aún teniéndose en cuenta que hay importantes núcleos de legisladores con tendencias a una reforma constitucional para suprimir las próximas elecciones, remitiéndolas para celebrarse en el mismo año de las presidenciales del 2004, mediante el cuestionado expediente de la prolongación del período.

Otro proceso lento

            En diciembre de 1997 el presidente Leonel Fernández promulgó la Ley Electoral 275-97 que introdujo varias modificaciones al código que rige el sistema de elecciones. Las más importantes eran la que estableció el financiamiento estatal a los partidos políticos, una cuota del 25 por ciento de las candidaturas para las mujeres, el voto por circunscripciones, y el sufragio de los dominicanos residentes en el exterior.

            El Partido Revolucionario dominicano y especialmente su líder José Francisco Peña Gómez llevaron la voz cantante en el proceso, para el cual hubo de ser preciso una concertación con la consabida mediación del Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra.

            Redactadas las reformas y aprobadas por los partidos reconocidos, la JCE envió el proyecto al Congreso, que lo sancionó y el Ejecutivo cumplió con la debida promulgación. Desde el año siguiente se cumplió la parte que más interesaba a los partidos políticos: el artículo 49 que establece en favor de ellos el medio por ciento de los ingresos nacionales en los años que haya comicios y el cuarto por ciento en los demás.

            Hay que consignar que de acuerdo al presupuesto de este año, el cuarto por ciento significa unos 150 millones de pesos, que será el doble para el próximo año, cuando están programados los comicios congresionales y municipales.

            La cuota de las mujeres, establecida en el artículo 68, se cumplió a medias en los comicios de 1998, precisamente porque los partidos aprovecharon la prelación para privilegiar a los hombres. Pese a la cuota, que entonces era sólo del 25 por ciento (elevada el año pasado al 33), las mujeres apenas alcanzaron al 7 por ciento del Senado, el 16 por ciento de la Cámara de Diputados, y al 2 por ciento de las sindicaturas. Apenas se cumplió en los puestos inferiores, con las regidoras.

            Sin embargo, esos mismos partidos han sido muy lentos en las gestiones para dar vigencia a los artículos comprendidos entre el 79 y el 85 de la Ley Electoral que se refieren a las circunscripciones y al sufragio en el exterior. Las primeras quedaron consagradas para los comicios de año próximo y el voto en el exterior, que sólo será para elegir presidente, a partir del 2004.

            Desde que pasaron las elecciones presidenciales hace un año la JCE proclamó que su atención se centraría en organizar las circunscripciones y el voto en el exterior. Se dividieron las tareas y comenzaron las consultas con los partidos, en lo que llevan unos 8 meses, teniendo aún pendientes las decisiones fundamentales.

            Por momentos ha sido más que evidente que los partidos no están interesados en ninguna de las dos reivindicaciones, especialmente el PRD que fue quien más las motorizó. Este último, en mayor medida que los demás, ha sido extremadamente lento en responder los requerimientos de la JCE.

            Pese a las resistencias, en lo de las circunscripciones se ha avanzado un poco, no así en el proceso para poner en práctica el voto en el exterior, que está trancado en medio de las mutuas desconfianzas de los partidos políticos, y ya hay quienes comienzan a decir que en tres años no podrá organizarse y que será imposible por las grandes concentraciones de la emigración dominicana, como las de Nueva York, New Jersey, Miami, Madrid, San Juan y Caracas.

            Desde luego, el pesimismo es mayor porque algunos muy optimistas creen que todos los dominicanos que residen en el exterior están desvelados esperando que les den luz verde para correr en tropel a los consulados a inscribirse en el padrón de electores para luego dejar de trabajar y meterse en un “colegio cerrado” si el 16 de mayo cae en día laborable.

Acuerdos y desacuerdos

            En lo referente a las circunscripciones electorales, los partidos y la JCE han logrado consenso en cuanto a la división del Distrito Nacional, en 9, pero llevan meses discutiendo las de Santiago, Puerto Plata, La Vega, Duarte, San Juan de la Maguana y San Cristóbal.

            En algunas de esas ciudades se impugna hasta que votantes pobres caigan en las mismas circunscripciones de gente muy rica, “que podrían elegirse para siempre sin dificultades”, al decir de alguien.

            Aunque todavía la JCE no ha emitido la resolución correspondiente, ha logrado consenso con los partidos en cuanto a que las circunscripciones serán plurinominales, es decir con más de un diputado y regidor, para mantener las proporciones y evitar el arrase. También en cuanto a que las boletas serán desbloqueadas, es decir que los electores serán quienes señalen diputado y regidor preferido, no importa el orden de la lista de candidatos.

            Acuerdo hay también en que se votará por el senador separado de los diputados, y por el síndico separado de los regidores, lo que implica cuatro elecciones. Luego los electores tendrán opción, no obligación, a indicar un diputado y un regidor preferidos.

               Pero aún persisten algunos alegatos e intentos de escamoteos del derecho del elector a escoger sus diputados y regidores. Los perredeistas siguen siendo ahora los más aferrados a la práctica del orden de preferencia, con la que las cúpulas emiten certificados de elección a quienes encabezan las listas.

            La última propuesta del PRD sugería un candidato privilegiado por cada partido y en cada circunscripción a quien se destinarían los votos de todos los electores que no hicieran uso del derecho a la preferencia.

            Se atribuye también al PRD, a través de la Secretaría de la Mujer, de haber motorizado al sector femenino de todos los partidos para que fuera a fines del pasado mes a la JCE a alegar que la eliminación del privilegio de prelación en el listado impediría cumplir la cuota de candidaturas en favor de las mujeres. Empero esta semana lasmujeres dieron marcha atrás y volvieron a la JCE para admitir el voto preferencial, aunque pidiendo que se alternaran mujeres y hombres en las listas.

            Queda todavía otro desacuerdo increíble. Los delegados de los partidos no han podido ponerse de acuerdo en cuanto al orden en que deben aparecer los candidatos, aún renunciando a la prelación. Unos han querido mantenerlos numerados, para engañar a incautos, otros han pedido que sean ordenados por el abecedario. Asombrosamente se ha rechazado el orden alfabético, que se usan universalmente cuando se quiere evitar confusiones de preferencias.

Tiempo para instrucción

            El mayor inconveniente que representa el voto preferencial es de tiempo, el que se necesitará para instruir a los electores y el que conllevará el cómputo. De hecho, ello supone un doble conteo. En una primera fase para establecer cuantos legisladores, síndicos y regidores ha ganado cada partido y una segunda para identificar los candidatos a diputados y regidores ganadores. Senadores, síndicos y vicesíndicos son uninominales.

            La Junta Central Electoral también requerirá de mucho tiempo para montar por todos los medios de comunicación una campaña de instrucción para que los electores asimilen la nueva forma de votación, con dos boletas y cuatro elecciones, más las dos selecciones de preferencias.

            Se teme que de pasar el tiempo los mismos partidos comiencen a alegar que no se puede poner en práctica el nuevo sistema, porque habría mucha confusión y votos nulos.

            Los jueces electorales están conscientes de que el tiempo corre y se proponen adoptar resoluciones, aún en los aspectos que no hay acuerdos. Hay quienes creen que la JCE tendrá que prescindir del Congreso Nacional y refugiarse en los artículos 3 y 6 de la Ley electoral, que le autorizan a adoptar cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de la misma.

Parece difícil que puedan confiar en que las cámaras legislativas despachen con prontitud una nueva reforma electoral, habida cuenta de que en ambas cámaras hay fuertes tendencias a adelantar una reforma constitucional para unir de nuevo en el mismo año las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, mediante el expediente de la prolongación de los actuales legisladores y munícipes.

Dificultades para organizar las elecciones del próximo año, serían un magnífico pretexto para que algunos crean fortalecido su notorio interés, especialmente en las bancas perredeistas, donde hay una apreciable cantidad que no podrán ser repostulados, ya que los estatutos de ese partido prohiben más de dos nominaciones consecutivas al mismo cargo.

Las incertidumbres sobre el nuevo sistema de votación y hasta en torno a las elecciones del próximo año podrían aumentar ahora que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, proclamó en Samaná un “bateo y corrido” para reformar la constitución a fin de reducir el porcentaje para ganar en primera vuelta y para el “ajuste de la legislación electoral a las necesidades de los perredeistas.

Gómez Mazara fue sumamente minucioso en su discurso y resaltó que el PRD necesita su actual mayoríapa4ra mantener su gobierno, proclamando la primacía de los perredeistas en todos los órdenes y por encima de todo.

En otras palabras, que el país podría caer una vez más en la incertidumbre en torno a unos comicios, recurrencia que al parecer no tiene fin, a pesar de los avances institucionales y de los últimos cinco años cuando se han celebrado tres elecciones limpias y sin ninguna impugnación.

Hasta poco antes de las elecciones presidenciales del año pasado hubo gente que apostó a que no se celebrarían elecciones limpias y a que el poder se impondría sobre todo, como en la larga historia de la República. Un notable dirigente llegó a afirmar que hasta el crímen era instrumento utilizable para mantener el poder.

Sin embargo, la nación mostró más madurez de la que muchos suponían, se superaron las dificultades, se celebraron las elecciones, y quedaron mal parados los que apostaron desde el poder al entorpecimiento.-