El reeleccionismo divide al PRD y el país

Por Juan Bolívar Díaz

            Una vez más la reelección presidencial se ha constituido en piedra de escándalo dividiendo al partido que la promueve, a su bloque de senadores, al Senado, al gobierno y a la nación, cuando el período gubernamental no ha agotado todavía siquiera su primer tercio y sin seguridad de que pueda ser ratificada por la Cámara de Diputados.

            Con la aprobación del continuismo presidencial en el Senado de la República, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) rompe abruptamente con 6 décadas de antireeleccionismo y se inscribe en la tradición del constitucionalismo autoritario, nacido con la República misma, en 1844.

            Al mismo tiempo, los senadores perredeistas, incentivados por altos funcionarios gubernamentales, han puesto en ridículo al presidente Hipólito Mejía, quien pese a todo sigue jurando que se opone al reeleccionismo hasta en los puestos directivos de los partidos.

Dividiéndolo todo

            Siguiendo la constante histórica, la mayoría de los senadores perredeístas y sus aliados de los partidos Unidad Democrática, Revolucionario Independiente y de los Trabajadores Dominicanos, se propuso imponer a la nación el camino del continuismo.

            No se preocuparon de conseguir consenso siquiera en el seno de su propio partido, cuyos órganos superiores no fueron consultados para adoptar una política de ruptura con uno de los principios en que se fundó en 1939 y se mantuvo hasta ahora el liberalismo democrático perredeísta.

            Como consecuencia, el PRD aparece dividido en torno a la reforma constitucional, independientemente de otras contradicciones que operan en el seno de esa organización, especialmente de sus dificultades para abocarse a la renovación de sus cuadros directivos a nivel nacional y a la selección de sus candidatos para los comicios de mayo próximo.

            Mucho menos los senadores reeleccionistas se ocuparon de explicar a sus electores y a la ciudadanía las razones en que se funda esa ruptura con principios doctrinarios, programas de gobierno y un largo discurso de sus líderes, especialmente del profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez.

            La contradicción es mucho mayor por cuanto hace apenas 7 años que se consagró la no reelección presidencial, por el esfuerzo de Peña Gómez, quien murió hace 3 años orgulloso de esa reivindicación histórica, convencido de que debía prevalecer hasta que la nación y sus instituciones alcancen un mayor grado de solidez y madurez, para que ningún presidente se ampare en el abuso del poder para prolongarse en el mismo.

            El proyecto reeleccionista dividió el bloque senatorial del PRD y sus aliados, integrado por 24 miembros, justo el 80 por ciento de la matrícula de la cámara alta. Sólo 14 de ellos y uno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) votaron el proyecto de convocatoria de la reforma constitucional en su segunda lectura. Uno más lo había hecho en la primera.

            La aprobación, aplaudida desde la tribuna del Senado por altos funcionarios gubernamentales que la habían promovido, no dejó de ser una victoria pírrica, si se tiene en cuenta que no logró superar la mitad de los votos de la cámara alta, lo que de por sí habla de lo divisionista que es el proyecto.

            Tuvo otro efecto: logró distanciar de los proyectos oficialistas al Partido Reformista Social Cristiano, que había aparecido como aliado en los primeros quince meses del gobierno, y prácticamente en todas las iniciativas legislativas.

            De paso se cayó la premisa, discutida desde los intentos de reforma constitucional del pasado gobierno, de que los reformistas harían honor a su pasado continuista votando por la reelección. Repetidas veces algunos analistas habían advertido que ni Joaquín Balaguer ni su partido iban a ser “tan coherentes” para facilitar el continuismo de otros en el poder.

El gobierno en la picota

            Si se aceptan como válidos los repetidos planteamientos del presidente Hipólito Mejía y la coherencia ideológica de la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, habría que convenir en que el proyecto aprobado por la mitad de los senadores divide también el gobierno.

            Ello sin contar la opinión de múltiples funcionarios de todos los niveles, sorprendidos por el brusco giro a 15 meses del gobierno y que no logran salir del desconcierto frente a una situación insólita, de un presidente que jura que es antireeleccionista y unos legisladores y allegados al mandatario que se empeñan en abrirle el camino al continuismo.

            La palabra presidencial era objeto de burlas en círculos políticos y periodísticos, tras la aprobación de la pieza en primera lectura. Para la generalidad, la jornada del martes había mostrado que Hipólito Mejía había montado un penoso sainete cuando la semana anterior se apareció en una reunión de senadores reclamando que acogieran el pacto para reformas constitucionales que suscribió junto a los tres partidos mayoritarios, jurando que él no aceptaría repostularse.

            El asombro fue mayor cuando el miércoles 21 se conoció una declaración escrita y firmada por el presidente Mejía en la que iba más lejos, rechazando el continuismo, jurando respeto a los compromisos y proclamando que detesta la mentira.

            Frente a las denuncias de los altos funcionarios -incluyendo a su consultor jurídico, su ministro de Agricultura y su Supervisor de Obras Públicas- que habían agitado en el Senado, a algunos de los cuales ya se les señala como promotores materiales del proyecto continuista, el primer mandatario les ordenó que “cesen en su actividad reeleccionista y ocupen todo su tiempo y energía a impulsar la ejecución de las tareas que tienen encomendadas”.

            El agrónomo Mejía recordó que ha propuesto la prohibición absoluta de la reelección, es decir de por vida a todo el que haya sido presidente, y que “ni siquiera estoy de acuerdo con la reelección en los puestos directivos de los partidos políticos”.

            La declaración presidencial pareció mejor inspirada cuando planteó que “introducir ahora el tema de la reelección en el debate nacional no es más que una distracción de los verdaderos objetivos que debe perseguir el país en las circunstancias que vivimos” y que “todas las fuerzas de la Nación deben estar dedicadas ahora a conseguir que salgamos lo menos afectados posible de un escenario internacional adverso”.

Perspectivas del proyecto

            Los días por venir mostrarán si los funcionarios del gobierno acatarán la orden presidencial de cesar toda actividad reeleccionista y dedicarse a sus tareas, o si seguirán poniendo en entredicho la palabra del Presidente.

            A lo mejor era un hecho material como ese el que hacía falta para que los seguidores de Mejía entendieran que él no estaba simulando. En beneficio del mandatario debe considerarse su tradicional liberalidad frente a la disensión de los suyos y a la pluralidad en su entorno, y su lealtad con quienes se “fajaron en la campaña”.

            Las dudas persistirán mientras perviva el proyecto reeleccionista y se incrementarán de ser aprobado por los diputados, donde el PRD no asegura siquiera la mitad de los votos.

            Si allí también se fracciona el perredeísmo, aún en menor nivel que en el Senado, resultará difícil aprobar la pieza. La cinta adhesiva que sumaba votos reformistas y peledeístas aparece quebrada, dado que se reconoce como absolutamente imposible la prolongación del período de los legisladores.

            Por demás, se da por hecho que tanto el PLD como el Partido Reformista Social Cristiano seguirán negados a abrirle espacio al continuismo perredeísta. Senadores del partido colorado dijeron que se habían retirado de las sesiones donde se aprobó el proyecto siguiendo instrucciones del doctor Joaquín Balaguer.

            Más aún, en la cámara baja la presidenta no es perredeísta, y aunque la doctora Rafaela Alburquerque ha sido una buena colaboradora de los proyectos gubernamentales, sus relaciones son con el antireeleccionista presidente Mejía y sus lealtad fundamental es frente al doctor Balaguer. Ello implica que no habrá la diligencia para conocer el proyecto que se registró en el Senado.

            Pronto la atención de los legisladores tendrá que dedicarse al proyecto de presupuesto para el 2001, pero con las Navidades a la puerta no debe sorprender que el proyecto se quede para el próximo año y para entonces el ambiente preelectoral estará en incremento, lo que hará menos recomendable la asamblea revisora de la Constitución.

            Aún cuando la ley de convocatoria pueda ser aprobada por los diputados, todavía habrá que esperar a ver si en la Asamblea Nacional la reelección logra las dos terceras partes de los votos que es preciso para restaurarla en la Constitución. La división registrada en el Senado no lo garantiza y menos si ahora los funcionarios involucrados tienen que batirse en retirada.

            Asumiendo la contundencia de la declaración escrita del presidente Mejía, también podría darse que los diputados restauren el consenso tripartito y modifiquen el proyecto aprobado por los senadores. De regreso a la cámara alta no quedaría más remedio que ratificarlo u olvidarse de reforma constitucional en el período congresional que concluye en agosto.

            En cualquiera de los dos casos el presidente Hipólito Mejía saldría bien parado, pues demostraría que es “un hombre de palabra” capaz de resistir la tentación del continuismo, ofrecida tan generosamente por una parte considerable de su partido.

            Mientras tanto, la ocurrencia ha ensombrecido el ambiente político, cargado de incertidumbre desde que comenzaron los afanes constitucionalistas hace justamente un año, y ha vuelto a mostrar los circunstanciales que son los planteamientos programáticos de los políticos dominicanos.-

 

Desafío del Congreso al Pacto Constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

            Si el Congreso Nacional termina rechazando el Pacto para la Reforma Constitucional suscrito y defendido por los partidos mayoritarios y el presidente Hipólito Mejía le propinará un golpe sin precedente al liderazgo político nacional, con repercusiones en el sistema partidista y en el proceso democrático nacional.

            Peor aún si la mayoría perredeísta, renegando de uno de los principios básicos de su partido, restablece la reelección presidencial, a pesar de las veces que el primer mandatario ha dicho que está en contra, llegando al grado de abogar por la prohibición de la repostulación de por vida, como en la Constitución de 1963.

            Los legisladores y funcionarios perredeístas que abogan por la reelección ponen en entredicho la palabra del agrónomo Mejía, a quien algunos advierten en un doble juego al mejor estilo balaguerista, porque nadie va a creer en la inocencia de tal traición al compromiso programático de 6 décadas.

Tropiezos del pacto

            El pacto para la reforma constitucional suscrito hace dos meses por los máximos dirigentes de los partidos Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano y de la Liberación Dominicana, fue cocido con aceleración. Como si se le acabara el tiempo, el gobierno lució acelerado en entregar al Congreso el proyecto de Constitución elaborado por la comisión Especial creada por decreto.

El no haber comprometido al Congreso, en la persona de los presidentes de ambas cámaras legislativas, como sugirió el movimiento Participación Ciudadana por consideraciones institucionales, se convertiría en una nueva piedra de contradicción, cuando eso era lo que más sobraba en el ambiente político.

Para agravar el desafortunado lanzamiento del pacto, el Consultor Jurídico entregó al Congreso el paquete de la Comisión Especial sin incluir el proyecto de ley correspondiente a los cuatro puntos de transacción incluidos en el acuerdo, para reducir el porcentaje para la elección presidencial en primera vuelta, eliminar los colegios electorales cerrados, instituir la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano (designados por decreto) y consagrar la Asamblea constituyente por elección popular.

            Tuvieron la Comisión de Seguimiento del Pacto y dirigentes de oposición que reclamar para que se cumpliera el elemental trámite, una semana más tarde, cuando ya los legisladores perredeistas habían iniciado un fuego que no ha cesado dos meses después.

            La rebelión de la mayoría de los senadores del PRD no se ha amortiguado ni ha tenido consideración del hecho de que el acuerdo fuera un compromiso de los tres partidos mayoritarios y del Presidente de la República, ni de que haya tenido el apoyo de gran parte de las instituciones sociales y de la opinión pública.

            Esa actitud no tiene precedente. Los contestatarios reclaman una autonomía en materia constitucional que nunca han tenido ni siquiera para reformas de menor trascendencia, donde predominó el consenso entre los sectores políticos y sociales. Por ejemplo, en el código laboral, la seguridad social, las leyes generales de educación y salud y las reformas tributarias.

            Las reformas fiscales aprobadas a principio de año fueron elaboradas sólo por el Poder Ejecutivo, sin previa consulta con el Legislativo ni con los partidos de oposición, y fueron aprobadas aun cuando el PLD le formuló severas objeciones. Los perredeístas no pretendieron desafiar al Ejecutivo.

            De hecho, el Congreso Nacional todavía no ha rechazado ni un solo proyecto de ley del Ejecutivo, como tampoco ninguno de los numerosos contratos de préstamos, aunque muchos no han tenido el consenso reunido por el pacto para la reforma constitucional.

Hasta lo absurdo

            La rebelión de los senadores perredeístas ha sido tan rabiosa que no solo desafía lo pactado por su propia dirección política y el Presidente de la República, sino que ha pretendido el absurdo de consagrar una reelección presidencial que el incumbente del Ejecutivo insiste en rechazar.

            El martes 13 de noviembre corrió el rumor de que el Senado aprobaría un proyecto de ley de reforma constitucional distinto al pactado, incluyendo el restablecimiento de la reelección presidencial. La cosa fue tan fuerte que enterado el presidente Mejía se presentó sin previo aviso al mismo Senado para reiterar su respaldo al pacto y su rechazo a la reelección presidencial.

            El país se enfrentaba a uno de los más grandes absurdos en la larga historia nacional y latinoamericana del continuismo en el poder. Decenas de reformas constitucionales se han hecho en estas naciones para restablecer la reelección, prohibida aquí y allá tantas veces para buscar el fortalecimiento democrático. Pero siempre se hizo instigada o auspiciada por el mandatario de turno.

            La situación es tan absurda que muchos han dudado de la sinceridad de la palabra de Hipólito Mejía. Algunos incluso después de su iniciativa del martes pasado, bien celebrada por la mayoría de la opinión pública. No han faltado quienes consideren que los perredeístas podrían estar empeñados en abrirle la reelección a otro partido. El PLD debe estar lamentando que no tuvieran tanta voluntad reeleccionista en el pasado período gubernamental.

            La situación se agrava aún más por el hecho de que algunos dirigentes y senadores perredeistas han considerado públicamente que “es inevitable” el restablecimiento de la reelección presidencial. Y porque algunos funcionarios, como Hernani Salazar, director de una de las oficinas constructoras del gobierno, han aparecido últimamente empeñados en “resolver los problemas” de algunos legisladores, incluso de oposición.

            Salazar, como el secretario de Agricultura Eligio Jáquez y el presidente del Senado Andrés Bautista, que han abogado públicamente por la reelección, son considerados entre los “hombres básicos del presidente Mejía”. Al menos fueron fundamentales en su carrera hacia el poder y son sus subordinados políticos, y como funcionarios los dos primeros.

Sólo Hipólito lo salva

Después de la presentación del primer mandatario en la reunión privada que celebraban los senadores antes de su sesión del martes, ha de esperarse que por lo menos abandonen el proyecto reeleccionista. Y ni hablar del sueño imposible de la autoprolongación del período, que según denunciara esta semana Monseñor Agripino Núñez Collado, en visita al mismo congreso, todavía está en el ánimo de algunos “termocefálicos”.

En cuanto al Pacto para la Reforma Constitucional, los indicadores son de que sólo una actitud aún más firme de Hipólito Mejía podría salvarlo. Tendría que reclamar su aprobación a nombre de la gobernabilidad, del respeto al consenso y a la palabra empeñada. Si no quiere recordar los programas de gobierno y las declaraciones de principio del PRD y los planteamientos de sus dos grandes líderes.

Es obvio que también hay legisladores de los partidos de oposición envueltos en el desafío al pacto del liderazgo político. Pero son los perredeístas los que dirigen la rebelión, además de que en el Senado son el 80 por ciento y la mitad de los diputados. Ellos serán los responsables de la reforma constitucional que salga.

También podría resultar que se apruebe una ley de reforma en el Senado y quede empantanada en la Cámara de Diputados, dado que la legislatura está en la etapa final. O que incluso convocada la Asamblea Revisora no se reúnan los dos tercios necesarios para modificar la constitución. Quedarían frustrados los esfuerzos perredeístas por revocar la mayoría de votos para la elección presidencial que la alianza PRSC-PLD le impuso en 1994 para cerrarle el paso a José Francisco Peña Gómez. –

Larga historia de antireeleccionismo

            El PRD nació en La Habana, Cuba, en 1939, y desde entonces sostuvo el antireeleccionismo como fundamento programático y de principio. Fue una herencia de la revolución mexicana de la segunda década del siglo veinte, que proclamó el precepto de “sufragio efectivo, no reelección”, combatiendo el continuismo del general Porfirio Díaz.

            Los fundadores del PRD tenían una razón propia para ser antireeleccionistas. Ellos se organizaron para combatir la tiranía de Trujillo, que para entonces todavía no había agotado ni su primer tercio.

            En todos los programas de gobierno perredeista ha figurado el principio de la no reelección. Y cuando ese partido llegó por primera vez al poder, en 1963, fue precisamente una asamblea constituyente electa al efecto y dominada por ellos la que proclamó la constitución más avanzada de la historia nacional. Fue radical contra la reelección, prohibiéndola por siempre, no solo al presidente sino también al vicepresidente.

            Por la vigencia de esa constitución se proclamó la insurrección popular de 1965, llamada “revolución constitucionalista”, que originó una guerra civil y la intervención militar norteamericana para impedir la restauración del régimen legítimo.

            De regreso al gobierno en 1978, el PRD se encontró con la constitución balaguerista de 1966 que permitía la continuidad en el poder. Pero el principio antireeleccionista se mantuvo y ni Antonio Guzmán ni Salvador Jorge Blanco pudieron ser repostulados, aunque los partidarios del primero hicieron esfuerzos.

            Fue el liderazgo de José Francisco Peña Gómez y su apego a los principios originarios del partido blanco lo que impidió la repostulación de sus compañeros de partido. De manera que el desaparecido dirigente político impuso la coherencia y demostró que los principios no son cuestión de oportunidad, cosa que están olvidando rápidamente muchos de quienes se dicen sus “fieles seguidores”.

            Fue también Peña Gómez quien más teorizó sobre la asamblea constituyente por elección popular y con amplia participación social. Entre otras cosas para hacer más difícil el proceso de revisión de la carta magna y evitar que las mayorías coyunturales la acomoden a intereses oportunistas.-

Nuevo enfrentamiento PLD-PRD. Uso irregular de fondos

Por Juan Bolívar Díaz

            La convocatoria a interrogatorio del ex-presidente Leonel Fernández y 15 de los que fueron sus más altos funcionarios para ser interrogados sobre el uso de fondos públicos por más de 1,427 millones de pesos ha llevado a términos dramáticos el viejo enfrentamiento entre los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD) con graves repercusiones en el futuro inmediato.

            Para la generalidad de los observadores la forma en que se ha planteado la investigación deja suficientes razones para deducir una ofensiva política contra los peledeístas, factor que estos han aprovechado para pretender descalificar cualquier indagatoria de sus acciones.

            Más allá de la intencionalidad, la auditoría en que se fundamenta la investigación contiene graves irregularidades, no solo de procedimientos, sino también sobre el manejo mismo de grandes sumas de dinero, que ameritan esclarecimiento y posiblemente la acción judicial contra quienes puedan resultar responsables.

Destape tremendista

La información publicada el 1 de septiembre sobre la cita al ex-presidente y sus colaboradores para ser interrogados sobre una cuenta de dudosa legitimidad que manejó 1,427 millones 636 mil 454 pesos en los últimos 7 meses y medio del pasado gobierno, creó un enorme revuelo y generó reacciones dramáticas de los afectados.

Ya al día siguiente Leonel Fernández y los demás convocados se presentaron en la televisión para rechazar en términos duros las imputaciones, declarándose víctimas de persecución política, al grado de haber hablado de disposición a morir en el enfrentamiento, y de una grave crisis que podría desestabilizar la democracia.

Los convocados anunciaban que no acatarían la invitación a ser interrogados, restándole facultad al Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República (DEPRECO) para esa diligencia judicial, que a su juicio corresponde exclusivamente al fiscal de la jurisdicción y al juez de instrucción.

Por más que sectores preocupados por la próxima elección de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia advirtieran que la acción podría tener como objetivo desviar la atención de la opinión pública, el asunto copó la atención nacional, a lo que contribuyó la dramática respuesta.

La ofensiva sorprendió a la opinión pública que ya daba por olvidados los propósitos gubernamentales de sancionar la corrupción. Se le restó credibilidad a las autoridades, amparando en parte los alegatos peledeístas de intención de descrédito y linchamiento moral. Sobre todo cuando se supo que la auditoría estaba en manos de las autoridades judiciales desde diciembre pasado.

El número de los invitados para iniciar las indagatorias y la circunstancia de que se incluyera al propio ex-presidente Fernández, que no fue convocado al DEPRECO ni siquiera cuando se investigó el grueso expediente de corrupción del Programa de Empleo Mínimo de Emergencia (PEME), contribuyó al tremendismo, las suspicacias e incertidumbres.

Aunque no se lo propusieran expresamente, las autoridades lograron producir un escándalo, con la colaboración de los peledeístas, cuya estrategia es considerar persecución política toda denuncia de irregularidades y corrupción durante su gobierno.

El cuadro se complicó considerablemente cuando el Presidente de la República, Hipólito Mejía, anunció que esta vez había dado luz verde a las autoridades del ministerio público para que investigaran a quien fuese necesario, lo que implicó un cambio radical en su tratamiento al ex-presidente Fernández.

Mejía había dicho muchas veces que los ex-presidentes debían ser dejados al margen de las investigaciones judiciales, que merecían esa consideración. En ocasiones fue más directo proclamando que “a Leonel no me lo toquen”. Y cuando este fue convocado por la juez que instruye el expediente del PEME. Mejía declaró que si hubiese sido él no hubiese acudido a la cita, dando un pésimo ejemplo a la nación.

Tal vez esa consideración y la escasa credibilidad en el combate a la corrupción por parte del gobierno, alentaron el dramático desafío del doctor Fernández al ministerio público.

Terrible equivocación

           Cuando creó el DEPRECO, mediante su decreto 322-97, del 24 de julio de 1997, el presidente Leonel Fernández no estaba pensando que podría ser utilizado contra él mismo y que se vería en la circunstancia de discutirle las facultades que le otorgó.

            La lectura del decreto no deja la más mínima duda. Su artículo1 instituye que esta dependencia de la Procuraduría General de la República sería “especializada en el manejo de todo lo relativo a la corrupción administrativa en la República Dominicana”.

            En la letra c) del artículo 3 se le encarga, más específicamente, “Investigar todos los hechos de corrupción de que tenga noticias, a través de cualquier medio como a través de los medios propios que la Procuraduría General de la República establezca para ello, como son, entre otros, líneas telefónicas y programas radiales especializados, así como ventanillas anti-corrupción en todas las fiscalías del país”.

            La letra e) del mismo artículo lo faculta a “Enviar a la justicia todos los casos de corrupción que considere pertinente”. La Letra f): “Coordinar con todas las instituciones públicas el proceso de análisis, investigación y envío a la justicia de todos los expedientes sobre hechos de corrupción…”

Si esas facultades no son suficientes, la contenida en la letra i) del mismo artículo 3 parece mortal: “Realizar los operativos que estime necesarios, con el propósito de obtener los elementos probatorios, documentales o de cualquier otro tipo, en torno a los hechos de corrupción de que tenga noticias”.

Para cerrar, el artículo 5, “Ordena al Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, al Jefe de la Policía Nacional, al Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) Y al Contralor General de la República, prestar toda la colaboración que sea necesaria para el desarrollo de los trabajos de este Departamento”.

Tal vez en cumplimiento de este mandato fue que el presidente Mejía reunió la noche del lunes a los titulares de todos estos organismos, con el director del DEPRECO en el Palacio Nacional, en lo que fue visto como una expresión del drama en que se estaba convirtiendo el nuevo enfrentamiento.

Fuertes denuncias

            Más allá de la intencionalidad política de la nueva ofensiva gubernamental, que indudablemente la comporta, la auditoría sobre la cuenta especial para “Construcción y Reconstrucción de Obras Prioritarias en todo el País”, contiene fuertes denuncias de irregularidades de procedimiento y en la administración de parte de los fondos.

            No es cierto que los cargos sean sólo de asuntos de procedimiento, por cierto aún estos para nada desdeñables, puesto que algunos suponen una grave ofensa a la institucionalidad y la modernización de la gestión pública que tanto pregonó el gobierno de Fernández.

            Y es que, precisamente, la creación de ese fondo, al final del gobierno, estaba destinado a brincarse todos los mecanismos de control contenidos en las leyes de Presupuesto, de la Tesorería y de Contabilidad, concentrando en poquísimas manos el manejo de unos 200 millones de pesos mensuales.

            Tanto la recolección de los 1,427.6 millones de pesos como sus desembolsos se hicieron con desprecio al ordenamiento jurídico e institucional del Estado, facilitando la posibilidad de distracción de los fondos públicos.

            Se citan transferencias irregulares a esa cuenta en contradicción con la ley Orgánica de Presupuesto, cancelación de certificados financieros de instituciones oficiales y organismos estatales descentralizados y autónomos. También endosos irregulares de cheques y firmas de estos con simples sellos gomígrafos. Y que de 33 obras ejecutadas por Obras Públicas con parte de estos fondos, sólo 7 tenían contrato y 9 presupuestos.

            La auditoría señala desembolsos (uno de 27 millones de pesos a la secretaría de Educación) utilizados en actividades diferentes a las asignadas. Y 151 millones 952 mil pesos en desembolsos a varias instituciones “sin conocerse su destino”.

            Un caso relevante es el de un paso a desnivel que uniría la autopista Las Américas con el Parque Cibernético. Aunque el presupuesto y contrato señalaban un costo de 38.9 millones de pesos, se le entregaron a la secretaría de Obras Públicas 50 millones y esta desembolsó a los contratistas 20 millones de pesos, “de los cuales no existen evidencias documentarias de que estos trabajos se iniciaron acorde con lo que especifica el libramiento”.

            Se trata de denuncias graves, de sumas considerables, que requieren aclaración, como ya hizo el ex-presidente Fernández con el aspecto de que se contrató un préstamo de 480 millones de pesos con el Banco de Reservas y sólo se depositaron en la cuenta especial 535 millones. Porque los restantes 45 millones de pesos no fueron desembolsados por el banco.

            Mientras tanto, el dilema del gobierno es permitir que desafíen la autoridad creada hasta por los propios desafiantes, o hacerlas valer. Sin duda hay un récord de interrogatorios, y hasta allanamientos realizados por el DEPRECO durante la gestión de Fernández, resaltando la investigación sobre el tráfico de terrenos en Bahía de las Aguilas, irregularidades en la OMSA, en el Instituto Agrario y el Banco Agrícola.

            Por igual la Procuraduría General ha realizado investigaciones en las denuncias contra el ex-presidente Salvador Jorge Blanco, sobre el fraude a los organismos recaudadores de impuestos en 1990, en el caso Hidro-Quebec Sofati y muchos otros.

            Pero la dramática reacción de los convocados ha llevado el enfrentamiento a términos peligrosos. Por de pronto, el Procurador General reaccionó con la sensatez y la prudencia que le caracterizan, mientras anunciaban que volverían a citar a los que se nieguen a comparecer a los interrogatorios. El siguiente paso es difícil de vaticinar.

 

Acuerdo PRD-PLD para elegir 3 jueces

Por Juan Bolívar Díaz

            Consumada la exclusión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), queda de manifiesto un nuevo entendimiento entre el gobierno y su Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con el ex-presidente de la República Joaquín Balaguer.

            Una vez más el inmenso caudillo reformista, que este fin de semana celebra su nonagésimo quinto aniversario, juega a las contradicciones y enconos entre las fuerzas liberales encarnadas en los dos partidos que fundara el profesor Juan Bosch, quien ya inconsciente se debate entre la vida y la muerte.

            Como consecuencia del nuevo pacto balaguerista, que otorga al PRD la mayoría en el Consejo de la Magistratura, cabe esperarse una repartición de los tres puestos a ser ocupados en la matrícula de 16 de la Suprema Corte de Justicia, a menos que al doctor Balaguer se le haya metido un repentino golpe de filantropía política.

Política del ojo por ojo

            Con un entusiasmo digno de mejor suerte, desestimando todos los pronunciamientos ciudadanos, y apelando al apoyo de su otrora enconado adversario, Joaquín Balaguer, los perredeístas consumaron el anunciado golpe al PLD.

            Primero escogieron a Alfredo Pacheco, su vocero entre los diputados, como el segundo representante de la cámara baja ante el CNM, y luego al senador José González Espinosa por el Senado, además de los respectivos presidentes de las dos cámaras.

            González Espinosa es el presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), quien fuera aliado perredeísta en los comicios congresionales y municipales de 1998, aunque no así en las últimas presidenciales.

            La elección de un aliado no viola la letra del párrafo I del artículo 64 de la Constitución de la República, que condiciona la elección de los dos representantes adicionales ante el CNM a que sean “de un partido diferente al partido del presidente”.

            El argumento valdría en caso de una fusión, donde los concurrentes se asimilan en una misma institución. El artículo 64 de la ley electoral no deja dudas cuando plantea que “La alianza o coalición de partidos tendrá siempre un carácter transitorio y, dentro de ella, cada uno de los partidos aliados o coaligados conserva su personería jurídica, limitada por el pacto de alianza o coalición a su régimen interior, a la conservación de sus cuadros directivos y a la cohesión de afiliados”.

            Lo que viola la decisión perredeísta es la ética política-democrática que pregona el respeto y el reconocimiento de las mayorías y minorías, dentro de la cual está concebido el mandato constitucional de que sean de “partidos diferentes”, insuficientemente expresado, porque debería ser más específico para evitar abusos como el de estos días.

            Más que por disponer de la mayoría en el CNM, la decisión perredeísta parece revestida de la revancha y el odio que caracteriza las relaciones entre el PRD y el PLD. Porque si habría de buscarse un acuerdo con el PRSC, como anunciara Hatuey de Camps, un voto del PLD no le impedía hacer mayoría. Y Balaguer ya había dado su visto bueno, y adelantado su criterio de que era al PRD que le correspondía la preponderancia.

            En público y en privado, dirigentes del partido en el gobierno citaron una larga lista de agravios, reales y supuestos, por parte del PLD cuando ejerció el poder y aún antes. Como se le recordara que en 1997, la alianza peledeísta-reformista permitió que la senadora Milagros Ortiz Bosch representara al perredeísmo en el CNM, ripostaron que durante meses se trató de impedirlo aunque ellos habían ganado 16 senadurías. Ya el gobierno balaguerista le había “conquistado” al de Peravia, y las dificultades se dieron aunque ellos tenían exactamente la mitad.

Viene la otra ronda

            Lo que se ha visto en la primera ronda ha sido la “generosidad” de Balaguer con el PRD. Se dice que fue él quien pidió la reunión sostenida con el presidente perredeísta Hatuey de Camps en vísperas de la elección. El político gobiernista reveló que habían barajado posibles candidatos y que el caudillo había prometido respaldar que los dos representantes congresionales en disputa fueran del partido blanco.

            Lo que no dijo fue qué recibiría a cambio el reformismo. Y ahí es que está el detalle. Seguro que por lo menos uno de los tres jueces a ser escogidos, y nadie se deberá dar por sorprendido si en esta nueva ronda le toca una mayoría, es decir, dos.

            Es de público conocimiento que desde 1997 cuando se eligieron los actuales jueces supremos, Joaquín Balaguer tiene candidatos a integrar el máximo tribunal judicial, en primer lugar el doctor Pedro Confesor Romero, quien fuera su último consultor jurídico y hasta hace poco miembro del Directorio Central del PRSC.

            Que haya alguna concertación para elegir en un organismo integrado por políticos para nada debería sorprender. Lo grave sería que no la hubiese y se impusiera una mayoría mecánica. La hubo en la elección de hace 4 años. Pero no para colocar a incondicionales o dirigentes de partido. Tampoco se puede esperar que los políticos escojan contradictores o enemigos.

            Desde luego, una repartición bipartidista tendrá de frente al PLD y de lado de éste a una gran parte de las instituciones y dirigentes sociales que desde hace años abogan por la despartidarización de la justicia, por su independencia y fortalecimiento, y que quedaron satisfechos de la elección de 1997, bajo la presidencia del doctor Leonel Fernández Reyna.

            Lo ideal sería que predominara la elección de jueces de las cortes de apelación con prestigio e independencia, o de juristas con categoría para imponer su autonomía frente a los intereses partidistas. El mismo Jorge Subero Isa, actual presidente de la Suprema Corte, fue propuesto hace 4 años por el PRSC y apoyado por el PRD. Pero no tenía militancia partidista y sí suficiente personalidad, capacidad e integridad para buscar distancia de los intereses partidarios, como ha hecho.

            Pero el arrebato con que el PRD y su gobierno han manejado el proceso deja incertidumbres en el ambiente, radicaliza la oposición del PLD y cuestiona la capacidad de concertación de los gobernantes en momentos de crisis económica. Todo ello se traduciría en dificultades de gobernabilidad, con proyecciones en las elecciones dentro de 8 meses.

¿ Un solo ganador?

            Por de pronto, la actuación perredeista ha revaluado una vez más el pragmatismo balaguerista del uso del poder en desprecio de la concertación democrática, como también lo hizo el gobierno del PLD sin cosechar buenos frutos.

            Y ese paradigma de político y gobernante en que ha sido convertido Joaquín Balaguer por la ceguera y la ambición de los liberales, sigue pautando la política nacional, ciego, casi paralítico y a 5 años de cumplir el centenario.

            No se le pueden regatear las habilidades al caudillo reformista, aunque hay quienes creen que ha sido mayor la falta de visión de sus competidores políticos, que se han dejado dividir sistemáticamente para que aquel pueda mantener su reinado hasta el cansancio y el último aliento.

            En efecto, desde la división del PRD y la fundación del PLD en 1973, Joaquín Balaguer ha logrado manipular a unos y otros para mantenerlos separados y obtener beneficios. Y ambos han ido gustosos al ara del sacrificio, siempre en busca de alguna ventaja coyuntural y de satisfacer la sed de venganza.-

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            Balaguer ha pescado sistemáticamente en el mar de las confrontaciones perredeístas-peledeístas. Se cita en forma restrospectiva:

            1.- En los comicios del 2000, aunque no hubo alianza, fue notoria la inclinación reformista hacia el PRD. Balaguer le cortó el aliento a los morados cuando pretendían una segunda ronda.

            2.- En 1999 la alianza gobierno PLD-PRSC impone a un reformista al frente de la Liga Municipal, aunque el PRD había ganado en 95 de 115 municipios

            3.- En la campaña de 1998 perredeístas y reformistas se dieron la mano contra el PLD, aunque tampoco hubo alianza electoral. Pero entre julio y agosto el frente se invirtió y PLD-PRSC “conquistaron” 8 diputados de la mayoría perredeísta para quitarle el control de la cámara. En agosto de ese año estos dos partidos imponen contra el PRD una ley de carrera judicial que eliminaba la inamovilidad de los jueces y volvía a su elección cada 4 años, luego declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

            4.- En 1996 fue la gran alianza, el Frente Patriótico PRSC-PLD, con el que Balaguer cortó el paso presidencial de José Francisco Peña Gómez y el PRD, aunque para ello tuviera que sacrificar al propio candidato de su partido, Jacinto Peynado.

            5.- En 1994, cuando Peña Gómez era la opción de oposición, el gobierno de Balaguer contribuyó generosamente a la campaña electoral del PLD. Frente al comprobado fraude electoral, los morados prefirieron a Balaguer que le había hecho lo mismo a ellos 4 años antes. Balaguer pedía año y medio más, en la fórmula de transición para salir de la crisis, el PLD le consiguió 2, violentando el consenso con el PRD, al igual que en lo relativo a la elección presidencial, al llevar el porcentaje del 40 al 50. Fracasaron todos los intentos de negociación PRD-PLD.

            6.-Con respaldo reformista, dirigentes del PLD presidieron la Cámara de Diputados entre 1994 y 1996, cuando apenas tenían 14 curules, pese a que el PRD tenía la mitad.

            7.- En las elecciones de 1990, los perredeistas se lavaron las manos frente al fraude electoral que impidió el retorno al poder del profesor Juan Bosch. Durante la campaña la JCE y el PRSC favorecieron abiertamente al PRD que por primera vez llevaba a Peña Gómez de candidato presidencial.

            8.- En los comicios de 1986 el PLD prefirió abiertamente el retorno de Balaguer a la continuidad del perredeismo.

            9.- Durante los dos períodos de gobierno del PRD, la oposición peledeísta fue más virulenta que la reformista, demandando sistemáticamente la renuncia a la Presidencia de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco.

           10.- En 1978, cuando las fuerzas armadas y el gobierno de Balaguer intentaban desconocer la victoria del PRD, Bosch y el PLD proponen un gobierno de “unidad”, intentando desconocer que Antonio Guzmán tenía más del 50 por ciento de los votos.-

 

Sobre SCJ y reforma constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Han sido bien ponderadas las actuaciones del presidente y la vicepresidenta de la República y del nuevo presidente del Senado en relación a las pendientes reformas de la Constitución y convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Esas expresiones de madurez política están llamadas a garantizar la institucionalidad democrática y a evitar nuevas incertidumbres que en nada benefician a la nación, así como a promover el clima de confianza en las autoridades que se precisa para sortear las dificultades impuestas por la recesión económica internacional.

Independientemente de esos alientos, las instituciones sociales y la opinión pública en general tienen que mantenerse alertas para combatir todo intento regresivo, particularmente la repartición partidista replanteada por el ex-presidente Joaquín Balaguer

Desempeño alentador          

Después de las incertidumbres y desconfianzas incubadas desde diciembre con los intentos de reformas constitucionales al vapor, con auto-prolongación de período incluida, ha resultado alentadora la forma en que el Poder Ejecutivo ha contenido a los legisladores.

En marzo, cuando los afanes constitucionalistas estaban a todo vapor, el presidente Hipólito Mejía los frenó designando una amplia comisión especial, integrada por los partidos reconocidos, los ex-presidentes de la República, por dirigentes de 18 instituciones sociales y una docena de personalidades independientes, además de los presidentes de la Suprema Corte, la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

Una vez que la comisión entregó sus propuestas, el primer mandatario dispuso que fueran enviadas a los partidos para la búsqueda de consenso, lo que pareció redundante, ya que estos habían participado en su elaboración. Pero la nueva disposición presidencial tuvo la virtud de acabar de liquidar los afanes constitucionalistas de legisladores que pretendían pasar por encima de sus propios partidos y del conjunto de la sociedad.

Entre los asuntos relevantes de la semana que concluye está el que el senador por Santiago Rodríguez, Darío Gómez, volvió a fracasar en el intento de introducir un proyecto para sancochar la reforma constitucional. Desde finales de febrero se ha venido dando por hecha la reintroducción del proyecto y hasta su aprobación.

Sin embargo fue tan contundente y generalizado el rechazo a la forma en que el Senado aprobó en diciembre un proyecto de ley para reformar la Constitución, que ha resultado imposible obtener nuevamente la tercera parte de alguna de las cámaras legislativas, necesaria para introducir el proyecto, según el artículo 116 de la carta magna.

Intento liquidado

Tanto en marzo pasado como esta semana, el senador Gómez ha tenido que conformarse con entregar copias de su anteproyecto elaborado por él, con el concurso de una hija estudiante aventajada de derecho, según propia confesión.

Debe dársele crédito a las declaraciones sobre el particular no sólo del presidente Mejía, sino también de la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, del nuevo presidente del Senado, Andrés Bautista, y del presidente del Partido de gobierno, Hatuey de Camps. Este último ha enfrentado en diversos ámbitos los intentos de reformas al vapor, denunciando como intento de golpe institucional la pretendida prolongación del período legislativo.

Se ha advertido desde el principio que la ilusión de la prolongación es la cinta adhesiva que une a legisladores de todos los partidos, y que sin ella es imposible conseguir los dos tercios de la asamblea necesarios para aprobar cualquier reforma constitucional.

Aún con la compensación de los dos años adicionales, tal reforma está condenada al fracaso enfrentando, como hasta ahora, no sólo a la opinión pública y la sociedad civil, sino también a los organismos de dirección de los partidos mayoritarios.

Con un frente de oposición tan amplio, que incluye a casi todos los medios de comunicación, es más que imposible realizar una reforma constitucional. Y de lograrse, crearía una crisis institucional y un estado de incertidumbre tan graves que afectaría la gobernabilidad.

El propio presidente Mejía, la vicepresidenta Ortiz Bosch y de Camps han admitido que una reforma con prolongación atentaría contra la institucionalidad democrática y sembraría el desconcierto en la sociedad dominicana, acostumbrada hace tiempo a la búsqueda de consenso hasta para las más elementales reformas.

Ha pesado también contra el intento el hecho de que la última auto-prolongación de período electivo que se recuerda ocurrió en 1928, con el presidente Horacio Vásquez, y creó las condiciones para el golpe de Estado que originó la tiranía de Trujillo.

Como están las cosas, no se ven posibilidades de que prospere una reforma constitucional sin que el presidente Mejía decida sobre las propuestas formuladas por su Comisión Especial.

 Por de pronto, el senador Bautista contribuyó a liquidar el intento, al considerar improcedente que se conozca un proyecto de ley, antes de que el presidente dé curso a la propuesta de los comisionados. Y confirmó que Darío Gómez no había podido conseguir las diez firmas de senadores requeridas para reintroducir su proyecto.

 Por su parte Hatuey de Camps volvió a advertir la disposición de la Comisión Política perredeista de expulsar a todo legislador que promueva el absurdo de la prolongación del período, sin la cual el intento está muerto.

El gancho de Balaguer

 El presidente Mejía se anotó otro punto cuando evadió el gancho que le lanzó el ex-presidente Balaguer urgiendo la convocatoria del Consejo de la Magistratura, pero induciendo a una repartición partidaria de los tres miembros faltantes en la Suprema Corte de Justicia, en lugar del dimitente Bernardo Fernández Pichardo (desde su elección en agosto de 1997), y de los recién fallecidos Julio Campillo Pérez y Juan Guilliani Vólquez.

 Llamó la atención que Balaguer aprovechase la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, quien fuera a entregarle el anteproyecto de reforma constitucional, para urgir a la convocatoria del Consejo de la Magistratura.            Sorprendiendo a su interlocutor el caudillo reformista le dijo: “yo estoy de acuerdo con que sea un perredeista que vaya ahí, que sea muy bien ponderado, ecuánime y conocedor de su materia”. Y como si hubiera querido ocultar intenciones, el zorro político dijo que “no tengo candidato propio ni nada de eso”.

Al día siguiente, antes de partir de Buenos Aires, de regreso al país, el Presidente de la República convino en la urgencia de convocar el Consejo de la Magistratura, para escoger los tres nuevos jueces supremos, pero advirtiendo que no deben ser militantes políticos, y que él favorece una activa participación de la sociedad civil en la elección.

Mientras la vicepresidenta Ortiz Bosch favorecía una concertación política para elegir los jueces con participación de mayorías y minorías, de acuerdo al espíritu de la ley.

 De esa manera los dos primeros ejecutivos evadían la propuesta de Balaguer, quien sí tiene candidato. Desde 1997 propuso al doctor Pedro Romero Confesor, su último consultor jurídico y entonces miembro del directorio central del PRSC.

 Como entonces prevaleció el criterio de que los dirigentes políticos no deben ser escogidos como jueces, el doctor Romero Confesor se marginó de las actividades partidarias, renunciando a formar parte de cargos políticos. El notable abogado de Bonao fue participante activo de la Comisión Especial para la reforma constitucional.

La posición del Presidente Mejía tenderá a inducir confianza en diversos sectores sociales preocupados por los intentos de revocar los avances logrados en la independencia judicial a partir de la elección de la actual Suprema Corte de Justicia.

Justamente a comienzos de la semana el Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, integrado por reconocidos empresarios y abogados, reclamó una pronta elección con “respeto a la carrera judicial”, con la adopción de una metodología de trabajo adecuada, y “garantía de transparencia absoluta del proceso”.

La FINJUS recordó el “precedente correcto”de 1997, que “puede ahora mejorarse, con aún mayor transparencia y participación de los ciudadanos”. Hace 4 años se permitió a las instituciones sociales nominar candidatos y candidatas y 12 de los 16 escogidos figuraron entre los más nominados por la sociedad civil.

Ese precedente ha trascendido las fronteras nacionales y ha sido citado como ejemplo en numerosos eventos internacionales. Recientemente jueces peruanos apelaron al movimiento Participación Ciudadana en busca de información sobre el proceso de 1997, ya que tienen pendiente una reorganización de la Corte Suprema y estiman que pueden seguir el mismo procedimiento.

Aquí no han faltado quienes consideren que la doctora Margarita Tavares y el doctor Hugo Alvarez Valencia, ambos sobre el límite de edad de 75 años, deberían renunciar ahora a la Suprema Corte, acogiéndose a la ley de carrera judicial y quitando así un pretexto a quienes han reclamado una reforma constitucional para eliminar lo que consideran como “jueces vitalicios”. En ese caso habría que elegir cinco nuevos jueces.

Los recién fallecidos Campillo y Guilliani pasaban también del límite para el retiro, que la misma Suprema Corte dictaminó que no se le podía aplicar a ellos, por la no retroactividad de las leyes, dado que su elección precedió la aprobación de la ley de carrera judicial.

Ello no impide, sin embargo, que aquellos que pasan de los 75 años sienten un precedente y se acojan al espíritu de la ley, con lo que además taparían la boca a quienes aducen que el dictamen de no retroactividad está viciado por el principio de que no se puede ser juez y parte a la vez.

Para la elección de los nuevos jueces lo primero es constituir el Consejo de la Magistratura, para lo cual las dos cámaras legislativas como la misma Suprema Corte tienen que elegir su segundo representante, junto a sus respectivos presidentes. Y ahí el PRD y el gobierno tienen que dar el primer ejemplo, desechando la tentación de escoger un aliado como delegado por el Senado.

Esa representación corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la segunda mayoría, y por estar en la oposición. En la cámara alta, donde la presidenta es reformista, el otro delegado debe corresponder al PRD o a uno de sus aliados. Así los perredeistas tendrían tres delegados, (el presidente Mejía, el presidente del Senado y un diputado), el PLD y el PRSC uno cada uno, y la Suprema Corte los dos restantes.

Y como la elección debe ser pública y transparente, como en 1997, todos sabrían a que atenerse.-

 

Al primer año del gobierno de Hipólito Mejía

Por Juan Bolívar Díaz

            Pocos observadores o analistas capaces de evaluación más o menos objetiva deben haberse sentido sorprendidos por los resultados arrojados por las encuestas publicadas esta semana por dos de los principales diarios nacionales.

            La creciente impopularidad del gobierno era advertida desde semanas atrás, motorizada por la recesión económica, la crisis energética, la magnificación de la delincuencia, la vertiginosa carrera de endeudamiento externo de corto plazo y el desenfado con que el Presidente Hipólito Mejía reparte boches a diestra y siniestra.

            Consumado el golpe de las encuestas, el primer mandatario debería asimilarlo con la calmada actitud que lo hicieron varios de sus colaboradores y dirigentes de su partido, y remover la mata gubernamental, al mismo tiempo que trazar nuevas políticas para relanzar su gobierno, que apenas llega la próxima semana a su primer año.

Dura realidad

            El gobierno tampoco debería mostrar sorpresa con los resultados de las encuestas publicadas por Hoy y El Siglo en el curso de la semana, pues se supone que realiza sus propios sondeos de opinión pública, a menos que se estén auto engañando.

            Desde luego, a los gobernantes, especialmente a los presidentes dominicanos, no se les comunica ni remotamente la realidad cuando es adversa. Y se supone que mucho menos a uno como Hipólito Mejía que ha devenido en ultra sensitivo y respondón en términos inéditos hasta en su propia carrera pública.

            Una cosa es la franqueza y la espontaneidad, apreciadas como virtudes por gran parte de los dominicanos y dominicanas, y que ayudaron a Mejía a llegar al poder, y otra esa actitud de reprender con poca elegancia la disensión o la disparidad de criterios, en lo que no ha perdonado ni siquiera a técnicos extranjeros.

            Las altas tasas de desaprobación registradas en la encuesta de Hamilton para Hoy y de Penn, Schoen and Berland para El Siglo, realizadas entre el 21 y el 30 de julio pasado, generan preocupación en diversos sectores, sobre todo cuando se piensa que el régimen apenas llega a su primer año.

            Hamilton-Hoy ha registrado que el 57 por ciento de la población considera que el gobierno es malo o muy malo, el 58 por ciento estima que el país marcha mal y un 65 por ciento que estará igual o peor para el próximo año. Tres de cada cuatro encuestados percibe que hay corrupción gubernamental y sólo el trabajo en las áreas de educación, transporte urbano y desarrollo agropecuario obtiene aprobación de la mayoría.

            La investigación de Penn registra un 53 por ciento de insatisfacción, con un 47 por ciento de satisfechos con la gestión del presidente Mejía, con aprobación mayoritaria para educación, salud, política y recogida de la basura. La misma firma había registrado un balance más positivo en febrero, cuando los satisfechos eran 65 por ciento y sólo 34 los insatisfechos.

            Aunque el balance del primer año del gobierno luce devastador, no es inusitado. Hoy ha recordado que su encuesta de septiembre de 1997, cuando el gobierno de Leonel Fernández llevaba poquito más de un año, el 69 por ciento entendía que el país marchaba mal, es decir 11 puntos por encima del registro de ahora.

            Aunque el gobierno anterior recibió un legado de mayor estabilidad macroeconómica y con un escenario internacional más favorable, sin la recesión que afecta hoy hasta a las naciones más desarrolladas. Como mayor desventaja tenía su escasa representación congresional y en los gobiernos municipales y menor apoyo político propio.

            Desde luego, debe tomarse en cuenta que un año después, su principal opositor, el PRD, barrió en los comicios congresionales y municipales, al ganar en 95 de lo 115 municipios, consiguiendo 24 de los 30 senadores y más de la mitad de los diputados. El gobierno de Fernández no logró reponerse y en el 2000 fue liquidado en la primera vuelta.

Logros y deficiencias

            En términos objetivos, y contradiciendo su nivel de impopularidad, el mayor logro del gobierno de Mejía parece haber sido el manejo de la economía, en una situación tan desfavorable como la determinada por un petróleo promediando sobre 28 dólares el barril, con una herencia de 7 mil millones de pesos en déficit y alto endeudamiento interno.

            Si a ello se le suma la recesión internacional y la devaluación del euro, con fuertes repercusiones en los ejes de la economía nacional (turismo, remesa y zonas francas), habría que convenir en que haber reajustado la economía sin apelar al Fondo Monetario Internacional, es de por sí un gran logro.

            Pese a todos esos factores adversos, el peso casi no se ha devaluado, la inflación ha estado bajo control (con 3 por ciento en los primeros 7 meses de este año), las reservas monetarias han aumentado y se registra una considerable reducción de las tasas de intereses.

            Es cierto que el crecimiento se ha reducido prácticamente a cero, pero ha sido el costo de los adversos factores internacionales, de las inaplazables reformas fiscales ejecutadas a partir de enero y de una política de fiscal responsable.

            Ese cuadro tan desfavorable, con pesados subsidios (también heredados) a la energía eléctrica y el gas propano, y el aumento salarial a los empleados públicos explican que el gobierno no haya dispuesto de suficientes recursos para la inversión y las compensaciones sociales.

            Pero entre sus deficiencias resalta el no haber implementado el “paquetazo social” prometido con bombos y platillos y el haber aumentado el gasto de personal, reduciendo aún más el porcentaje del ingreso fiscal que se consume en gasto corriente.

            Una de las mayores frustraciones sembradas por el gobierno de Hipólito Mejía consiste en no haber cumplido sus compromisos de transparencia, manteniendo el grado a grado en las asignaciones de obras y en las compras.

            Sus calificaciones se reducen al mínimo en materia del desproporcionado endeudamiento externo de corto plazo, en gran parte con créditos de la banca comercial internacional, atado a suministros y obras sin concurso y mediadas por comisiones muy poco transparentes.

            Los logros en la producción agropecuaria son notables, al punto de que la población no resiente significativamente el costo de la vida, lo mismo que en educación, protección del medio ambiente y otros renglones, pero sin lograr reducir la enorme deuda social del Estado ni responder a las expectativas desatadas..

            El inicio de las reformas en el ámbito fiscal y de la seguridad social y la aprobación de la ley general de salud y la ley de electricidad, amparadas en la mayoría congresional, y una mayor apertura a la participación de las instituciones sociales son otros puntos luminosos del primer año del régimen perredeista.

Aun hay tiempo

            Aunque luce viejo, el gobierno tiene todavía tiempo suficiente para levantarse y mejorar sus promedios de eficiencia y aceptación. Pero ello demanda un cambio de curso significativo que comienza por la imagen del mismo presidente Mejía.

            Hace tiempo se había advertido que el crédito del mandatario no resistía su permanente exposición a las preguntas de los reporteros, su sistemática espontaneidad y sus salidas destempladas frente a toda disensión. También que su protagonismo inhibe a sus ministros y les impide asumir responsabilidades públicas.

            Así mismo, se le ha criticado, casi desde su comienzo, la ausencia de políticas efectivas de comunicación, para proyectar mejor sus logros y sobre todo las limitaciones que impone el contexto internacional y la herencia recibida, así como para enfrentar las tendencias pesimistas y el sensacionalismo que magnifican el auge de la delincuencia.

            El primero que tiene que relanzarse es el propio presidente Hipólito Mejía, apelando a un discurso más elaborado y grandilocuente, reduciendo la espontaneidad y los boches, llamando a vencer el pesimismo y la desconfianza.

            Muchos creen que Hipólito Mejía es incapaz de utilizar tales recursos, propios de la planificación política. Incluso se generaliza el criterio de que el poder lo ha ensoberbecido y hecho impermeable al trabajo de equipo. Se dice que escucha poco y habla mucho, a menudo de lo que él mismo llamaría “pendejadas”.

            Algunos cambios importantes en su equipo de gobierno estarían llamados a superar incertidumbres y renovar esperanzas. Pero se cree que el “guapo de Gurabo” ha devenido en un complaciente pagador de deudas con “los que se fajaron en la campaña para llevarlo al poder”.

            Si formaliza algunos cambios fundamentales en su gabinete, da firmes señales de intolerancia con la corrupción y la falta de transparencia, reduce sus excesivos viajes al exterior, contiene sus ímpetus contestatarios con algunas señales de humildad y limita definitivamente el endeudamiento externo, la imagen presidencial se recuperará positivamente.

            Tiene por delante la posibilidad de mejorar el suministro de electricidad, con la próxima entrada de otros 600 megavatios de energía, y la renegociación de los contratos con los generadores, y de aumentar considerablemente la inversión con los préstamos contratados y los bonos aprobados.

            Con el aumento de la inversión estatal se debería producir una considerable reactivación de la economía. Y si aumenta la confianza la inversión privada está llamada a incrementarse, dado que las tasas de intereses siguen en baja, lo que a su vez elevarían las recaudaciones fiscales.

            Si a todo ello se suma una reducción de la recesión internacional, el gobierno de Mejía y el PRD tendría todavía muchas posibilidades de repuntar para beneficio de la nación. De lo contrario, los tres años que le faltan serían demasiado tiempo y cuesta arriba.

            Falta mucho para el out 27, pero quien tiene el turno al bate es Hipólito Mejía, cuyo liderazgo está en juego en el día a día, como se dice en el argot beisbolístico.-

La crisis del PRSC

Por Juan Bolívar Díaz

            En la medida en que se ha ido profundizando la crisis del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) es cada vez más obvio que su gran líder Joaquín Balaguer carece ya de las capacidades necesarias para imponerse por encima de quienes han hecho carrera política en el mismo.

               Cualquier maniobra que pretenda marginar a los que en la práctica han dirigido el partido en los últimos años y que no cuente con la aprobación de Jacinto Peynado, Federico Antún y Carlos Morales Troncoso, no pasará de una peligrosa aventura que sacudirá los cimientos mismos del partido colorado.

            Lo que se expresa detrás de la actual crisis reformista es el intento de un grupo encabezado por Rafael Bello Andino y Joaquín Ricardo de dar un golpe de mano a los dirigentes del partido colorado para quedarse con la herencia política del nonagenario caudillo que ha dominado el escenario político dominicano de las últimas cuatro décadas.

El fiasco del 1 de julio

            El domingo primero de julio fueron las asambleas ordinaria y extraordinarias del partido colorado, donde quedaron marginados los políticos que han dirigido el PRSC en la última década, es decir cuando se hacían obvios los estragos de la biología sobre el cuerpo y el cerebro de ese extraordinario político que ha sido Joaquín Balaguer.

A diferencia de lo que ocurrió en la reunión del Directorio Central Ejecutivo, dos semanas antes, el secretario político del partido ni siquiera pudo hacer uso de la palabra y la conducción quedó en manos del sobrino de Balaguer, Joaquín Ricardo.

Se trataba de ampliar el Directorio Central de 12 a 50 miembros, colocando en el mismo a gente que garantizara el desplazamiento de Donald Reid Cabral, Federico Antún, Leonardo Matos Berrido, Guillermo Caram, Juan Esteban Olivero Félix, Angel Lockward, Héctor Rodríguez Pimentel y otros que han dado el frente por el partido en los últimos años.

               Las irregularidades registradas en las dos asambleas no fueron inusitadas en la tradición del PRSC, donde la voluntad de Balaguer no ha tenido nunca que guardar las apariencias democráticas. La diferencia es que ya hay dirigentes con fortaleza relativa para cuestionarlas y Balaguer carece de las fuerzas de antaño para imponerse.

            En realidad, los cuestionamientos ni siquiera son frontales al caudillo, porque la generalidad de los reformistas admiten que ya él no se vale por sí mismo. Tanto en esas asambleas como en la reunión del Directorio Central que las precedió, las limitaciones del líder quedaron a la vista de todos.

            Incapaz de hilar un discurso, a Balaguer hay que apuntarle los asuntos a los que debe referirse en público, dependiendo cada vez más de su círculo de íntimos, entre los cuales ninguno está en capacidad de disputarle la dirección política a los que han estado al frente del partido en la última década, los que, por su parte, han estado amarrando influencias sobre las bases y dirigentes medios.

            Al ampliar la Comisión Ejecutiva, dejando fuera a varios de los dirigentes tradicionales, como Olivero Félix, Lockward, Rodríguez Pimentel y Caram, los aspirantes a asumir la dirección del partido cometieron un error fundamental. Le dieron el pretexto para la impugnación que ha encaminado formalmente Lockward, y otros a través de los medios de comunicación.

            El que los hayan excluido, aún multiplicando por cuatro los integrantes del organismo, parece indicar que los propulsores del golpe de mano carecen de suficientes fuerzas en la estructura partidaria. Y la exclusión nunca fue el estilo político de Balaguer, ahora menos cuando se le agotan las últimas energías y capacidades.

            Tenían un argumento válido, que es la conveniencia de someter los puestos directivos al veredicto de las bases. El problema es que Bello Andino, como Joaquín Ricardo carecen de influencia en los dirigentes partidarios, más familiarizados con quienes han encabezado el activismo reformista en los últimos años.

Jacinto es la fuerza

            El intento de cambio en la dirección del PRSC se ha mostrado más débil por cuanto tampoco ha contado con Jacinto Peynado, Carlos Morales Troncoso, Amable Aristy Castro, y José Hazim, quienes concentran, junto a Antún y Reid Cabral la casi totalidad de las expectativas de los reformistas de recuperar el poder.

            La última encuesta de Gallup publicada esta semana por la revista Rumbo, aplicada en los primeros 10 días de julio pasado, no deja dudas sobre quiénes encarnan las mayores posibildiades electorales del partido colorado.

            A la pregunta sobre cuál sería el mejor candidato reformista, Peynado concentró el 46 por ciento, Morales el 11, Aristy Castro el 10, Antún el 6, Hazim el 5 y Reid Cabral el 4 por ciento, para sumar 82 por ciento. Víctor Gómez Bergés y Eduardo Estrella, relacionados con el movimiento de cambio, registraron el 4 y el 2 por ciento de las simpatías electorales. El restando 12 por ciento no sabe o no responde.

            En tal perspectiva, cualquier movimiento de cambio que ignore a Peynado y los que le siguen en aceptación popular, y sin poder contar con una decisión frontal de Balaguer, está condenado a producir un disturbio y desatar un enfrentamiento por la sucesión.

            Peynado, quien no tiene pelos en la lengua, no oculta su renuencia a avalar ninguna movida que desestabilice el partido y menos si pretende imponer dirigentes y dificultarle su camino a la candidatura presidencial para el 2004. El ha dicho públicamente en múltiples ocasiones que no permitirá que le vuelvan a sacar la alfombra de sus pies, y que para traiciones fue suficiente su amarga experiencia de 1996, única ocasión en que ostentó la candidatura presidencial.

Lucha por la sucesión

            Seguidores de Peynado afirman que hay más vasos comunicantes entre él y los dirigentes amenazados de ser desplazados, que con el anillo que rodea al ex-presidente Balaguer.

            Tácito Perdomo, quien ingresó al PRSC de la mano de Peynado, con quien ha trabajado desde la candidatura de 1996, abogó por la unidad en un artículo publicado el 1 de agosto en Hoy, donde se refiere a “la crisis de identidad y confianza que estremeció al reformismo a partir de los comicios del 96”.

            Por su parte, Alexis Joaquín Castillo, en artículo publicado en el Listín Diario el 24 de julio, se refiere a una “lucha por rescatar al partido de los pesados arietes que le han impuesto quienes perdieron la fe en el reformismo y aquellos que adjuran de su liderazgo y se burlan de la fidelidad debida”.

            Esa pieza concluyó exhortando al doctor Balaguer a “llenarse de sabiduría para enfrentar, con mejores éxitos que Felipe II y Lenín, el difícil arte de designar a los futuros dirigentes del partido. Aquellos que con verdadera moralidad puedan postularle al país la experiencia de un balaguerismo vivo y humano”.

            Los deseos de renovación de Castillo y muchos otros pueden ser legítimos y hasta ponderables, pero están débilmente sustentados en la realidad del PRSC. Y cuentan con la única fuerza del caudillo, ya minusválido en toda la extensión de la palabra. Al menos para construir un nuevo liderazgo.

            Todavía hay quienes creen que el caudillo podría imponerse, con un esfuerzo sobrehumano. Pero su propia inteligencia política le debe indicar que ya es tarde para ese intento. Tampoco se arriesgará a desperdiciar lo que le queda de poder, más fundamentado en el mito que en la realidad, para beneficiar a quienes carecen de aceptación en las propias filas partidarias y en el resto de la sociedad.

            Cualquiera que sea el veredicto sobre las impugnaciones a las asambleas del primero de Julio, lo más probable es que Balaguer terminará favoreciendo una transacción, como ya se vislumbró en la afirmación del secretario político, Federico Antún, de que había recibido autorización para llevar a 75 los miembros de la Comisión Ejecutiva, incluyendo a los marginados.

            Más aún cuando el principal cargo que formulan los opositores a los actuales dirigentes es que son proclives a negociar con el partido de gobierno. Pues, contradictoriamente, el reformista más colaboracionista con el régimen de Hipólito Mejía ha sido precisamente Joaquín Balaguer. En su casa es que el actual presidente “amarró su chiva” desde que fue proclamado candidato presidencial en 1999.

            De cualquier forma la lucha por la sucesión afectará el curso del PRSC en los meses por venir. Sobre todo en la medida en que tengan que abocarse a elegir los candidatos para las elecciones de mayo próximo.

            Si el partido colorado agrega otra derrota a las sufridas en las tres últimas elecciones, sus perspectivas de poder para el 2002 se alejarán considerablemente y se ampliará su crisis de identidad y de confianza.

            Eso lo saben la mayoría de los dirigentes y militantes reformistas, deseosos de encontrar otro caballo con el cual cabalgar de regreso al poder que disfrutaron durante 22 años. Por eso tienen sus simpatías bien definidas para afrontar el reto del post balaguerismo, que ya ha han comenzado a vivir.

            Pero como la política dominicana es tan emotiva y el PRSC no ha cabalgado sin su caudillo, no se deben descartar mayores sacudimientos en las filas de uno de los partidos tradicionales.-

Concluye la Comisión de Reforma Constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

            La Comisión Especial para la Reforma Constitucional creada por el Poder Ejecutivo acaba de concluir sus labores con más consensos de los que se esperaban después de los desacuerdos y descalificaciones que trascendieron a la opinión pública.

            Sin embargo, la principal deficiencia de la Comisión consistió en no haber integrado plenamente a los representantes de los partidos políticos, los cuales en la medida en que avanzaron los trabajos se fueron inhibiendo y ausentando de los debates.

            Pero las expectativas constitucionalistas de la mayoría de los representantes de la Sociedad Civil no han quedado tan distantes de las de los partidos como para que no se produzca una negociación fructífera que abra espacio a una reforma puntual a cambio de la institución definitiva de la Asamblea Constituyente por elección popular y el referéndum.

Asamblea Constituyente

            En donde no hubo sorpresa fue en el consenso que favorece la institución de la asamblea constituyente como forma de modificar la Constitución de la República. Fue aprobada sin objeción en el plenario de la Comisión, y fue favorecida por los representantes delos partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). El Revolucionario Dominicano (PRD) no llegó a fijar una posición al respecto antes de su retiro a fines de junio.

            También ha habido acuerdo para instituir el referéndum como condición para ratificar cualquier reforma a la carta magna.

            Las diferencias en cuanto a la forma de participación de la Sociedad Civil persistieron hasta la última sesión plenaria el jueves 26, cuando las organizaciones sociales lograron presentar un frente común en defensa de una propuesta original del PLD que le garantizaría una representación en la eventual asamblea constituyente.

            La sociedad civil perdió muchas energías y oportunidades de avanzar cuando sus representantes en la Comisión se dividieron en torno a una propuesta “idealista”, que algunos sustentaron firmemente, de que se les garantizara que pudieran elegir hasta el 50 por ciento de los constituyentes.

            Los “realistas”, que postulaban una representación de las organizaciones sociales sin dejar la impresión de que disputaban el espacio de los partidos, terminaron predominando después del escándalo montado en la misma comisión por el presidente del PRD, Hatuey de Camps, quien terminó retirando a su partido de las deliberaciones.

            Al final se transaron por la propuesta que había presentado el PLD, a través de su delegado, el doctor Franklin Almeyda. Esta concedía a las organizaciones sociales el derecho a postular candidatos para elegir 31 miembros de la Constituyente (equivalentes a uno por provincia y el DN) pero en una sola jurisdicción nacional, mientras los partidos postularían para escoger 150 delegados, en las circunscripciones establecidas por la Junta Central Electoral para elegir los diputados.

            El sistema sería mediante dos boletas separadas, una de los partidos y otra de instituciones sociales. Para estas postular tendrían que unirse en coaliciones de no menos de diez organizaciones con personería jurídica y presentar el aval de por lo menos el uno por ciento de los votantes en las últimas elecciones generales. No podrían postular a ningún dirigente de partido político.

            La representación de las organizaciones sociales, según el consenso, equivaldría al 17 por ciento de los integrantes de la constituyente, lo que se sitúa en la tercera parte del porcentaje que había aprobado en principio una subcomisión.

            Tanto el representante del PLD como la doctora Licelotte Marte de Barrios, quien ostentaba la representación del ex-presidente Joaquín Balaguer, respaldaron esta propuesta. En todo momento estuvieron de acuerdo en garantizar una representación de la Sociedad Civil en la tentativa Asamblea Constituyente. También la delegación del MIUCA, del Partido de los Trabajadores Dominicanos.

El PRD no fijó posición al respecto como en casi ninguno de los aspectos, hasta su retiro. Luego su presidente comunicaría, a través de Monseñor Agripino Núñez Collado, que favorecía la participación de las organizaciones sociales en igualdad de condiciones con los partidos. Es decir, constituyéndose en agrupaciones electorales, acorde con la ley electoral.

Llamó la atención que PLD y PRSC fueron más receptivos que el PRD a los planteamientos de la sociedad civil, pese a que el líder perredeista José Francisco Peña Gómez fue el principal postulante de la constituyente con participación de las organizaciones sociales.

Principales consensos  

            A través de su delegado, el PLD sólo aprobó la Asamblea Constituyente, con participación de las organizaciones sociales. En todos los demás acuerdos hizo reservas, planteando que corresponderán, en última instancia a los constituyentes.

            El plenario de la comisión concluyó aprobando la eliminación de los colegios electorales cerrados, 5 diputados para minorías por acumulación de votos, así como la institución de la elección de 7 diputados en representación de los residentes en el exterior y los que se acuerden mediante pactos internacionales, como el Parlamento Centroamericano, que hasta ahora son designados por el presidente de la República.

            Otra recomendación ratifica que los jueces serán inomovibles después de cuatro años a prueba, al igual que los de la Suprema Corte de Justicia, con retiro a los 75 años. Amplía los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al que traspasa la facultad de elegir al Procurador General de la República y los procuradores de las cortes de apelación.

La Comisión Especial también elevó a las dos terceras partes del Senado como condición para escoger los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y al contralor y el subcontralor general de la República. Estos dos organismos con autonomía administrativa y presupuestaria.

            Siempre con la reserva del PLD, la Comisión Especial aprobó reducir al 45 el porcentaje para elegir presidente en primera vuelta, o al 40 por ciento si un candidato supera a los demás por un mínimo del 10 por ciento de los votos válidos, fórmula que rige la elección presidencial en Argentina.

            Se estableció también que la justicia militar sólo tiene jurisdicción en casos de guerra, de violación a la ley orgánica y los reglamentos militares, o de acciones bajo estado de excepción declarados por el Congreso y el Presidente de a República.

            Los acuerdos quedaron en manos de una comisión de redacción para ser entregados al Presidente Hipólito Mejía en los primeros días de agosto próximo.

            No hubo consenso en numerosos aspectos del proyecto del Consejo Nacional para la Reforma del Estado, que sirvió de base a las deliberaciones. En varios aspectos se presentarán dos opciones.

En manos del PRD

            El resultado de los trabajos de tres meses de la Comisión Especial pasa ahora a manos del Presidente de la República, que seguramente lo remitirá al Congreso Nacional y allí quedará a merced de la mayoría perredeista.

            Como este partido no participó del consenso, la suerte de los acuerdos dependerá del partido de gobierno, que no ha presentado una posición definitiva sobre el particular. Su presidente Hatuey de Camps favoreció la Asamblea Constituyente, en conversaciones con monseñor Agripino Núñez Collado y dirigentes del PLD y el PRSC.

            Según lo que ha trascendido, de Camps no está de acuerdo con garantizar cuota de delegados a las organizaciones sociales. Plantea que estas compitan con los partidos a través de agrupaciones independientes, de acuerdo a lo instituido en la Ley Electoral.

            Según declaraciones publicadas el lunes 23 por el diario El Siglo, Hatuey de Camps favorece que el actual congreso instituya la Asamblea Constituyente, a ser electa en los comicios del próximo año, a cambio de que el actual Congreso realice algunas otras reformas puntuales a la Carta Magna.

            Los legisladores han sostenido sistemáticamente que no renunciarán a su facultad de reformar la Constitución y menos para instituir la Asamblea Constituyente.

            En sectores políticos perredeistas y reformistas se ha barajado la posibilidad de reformas puntuales ahora a cambio de la institución de la Asamblea Constituyente para una revisión completa de la carta magna.

            Algunos dirigentes de la Sociedad Civil favorecerían la transacción, siempre que se instituya la Constituyente y el referéndum, y en base a puntos de consenso, como los de los diputados para las minorías y los residentes en el exterior, la eliminación del colegio electoral cerrado y la independencia del ministerio público.

            Los dirigentes sociales también favorecen la fórmula argentina para la elección presidencial, que no ha sido formalmente vetada por el PRSC, aunque el PLD prefiere mantener la actual mayoría absoluta.

            El asunto tendría que ser negociado por las fuerzas políticas predominantes en el Congreso Nacional, cosa que no se logró en la Comisión Especial

            Resalta el hecho de que la mayoría de los temas de reforma barajados por los legisladores consiguieron consenso en la Comisión Especial. Persisten las diferencias en torno a la elección de los jueces y a juntar nuevamente, en un mismo año, las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales.

            Desde luego, en la Comisión Especial nunca se discutió el absurdo de la extensión del período legislativo, cinta adhesiva que une a legisladores de todos los partidos en el interés de la reforma constitucional, pero liquidada no sólo por los dirigentes de las organizaciones sociales, sino también por los órganos directivos de los partidos.

            Sin esa cinta adhesiva, la mayoría perredeista está obligada a negociar con los demás partidos y a atender por lo menos parte de las demandas del resto de la sociedad para conseguir los dos tercios necesarios para la reforma constitucional, o a abandonar el proyecto, lo que satisfará a muchos que creen que lo mejor es dejar intacta la actual Constitución.

            En última instancia, tendrían que conformarse con eliminar los colegios electorales cerrados y las lagunas que dejó la reforma de 1994, en lo que habría consenso general.-

La JCE y el voto preferencial para diputados

Por Juan Bolívar Díaz

            Con su resolución del 2 del mes en curso, la Junta Central Electoral (JCE) ratificó el voto preferencial para la elección de los diputados, un paso de avance hacia la disminución del clientelismo partidista y para devolver a los electores y electoras la soberanía en la selección de sus representantes.

            De esa forma el tribunal electoral desestimó los alegatos del partido de gobierno que pretendió una mediatización del derecho a elegir, bajo el falso argumento de que no se podrá garantizar la cuota del 33 por ciento de las postulaciones instituida por ley en beneficio de las mujeres.

            Lamentablemente la JCE aplazó la instauración del voto preferencial en la elección de los regidores y sus suplentes, lo que retardará el urgente mejoramiento de la representación municipal, convertida en residuo para compensar a militantes partidarios que no consiguen colocación en las listas congresionales.

Importante decisión

            La resolución emitida con fecha 2 de julio marca un paso importante hacia la definición del proceso organizativo de los comicios congresionales y municipales a celebrarse el 16 de mayo próximo.

            En círculos políticos y de opinión se expresaban conjeturas y preocupaciones por la lentitud del organismo electoral en adoptar una resolución que se había definido dos meses antes. A fines de abril la JCE había emitido una declaración en la que dio por hecho que se votará el año próximo por circunscripciones electorales y voto preferencial en la elección de diputados.

            Se advirtió que en esa oportunidad no se refirió a la forma en que se elegiría a los regidores. Ahora dictaminó que “se posterga para otra oportunidad, por razones logísticas, el voto preferencial en el nivel municipal para la escogencia de los regidores y sus suplentes”.

            En cuanto a las circunscripciones, la JCE formalizó los acuerdos anunciados desde comienzo del año que dividen el Distrito Nacional en nueve circunscripciones, a Santiago y San Cristóbal en tres, y a La Vega, Puerto Plata, San Juan y Duarte en 2 circunscripciones cada una.

            Las veinticuatro provincias restantes “funcionarán como sendas circunscripciones electorales”, de acuerdo con la resolución marcada con el número 5-2001.

            Las razones logísticas en que se basó el aplazamiento del voto preferencial en la elección de regidores y sus suplentes, fueron el temor a la proliferación del voto nulo, por las múltiples innovaciones en el sistema de elección, y a complicaciones en el cómputo de los sufragios.

El tiempo apremia

            La lentitud en el proceso no es responsabilidad exclusiva de la JCE, sino también de los partidos que tardaron excesivamente en responder las consultas.

            De hecho, la decisión de los 7 jueces electorales se produjo sin que varios de los partidos reconocidos manifestaran su opinión en torno al procedimiento a seguir en el nivel municipal, para lo cual se dio por vencido un plazo en la semana anterior. Pero algunos no entendieron por qué no se hizo una sola consulta para los dos niveles de elección.

            La dilación estaba creando preocupaciones, dado el hecho de que los comicios están a poco más de diez meses y se precisará de una intensa campaña educativa para que la ciudadanía pueda asimilar los cambios en el sistema de elección.

            Paralelamente la JCE ha comenzado el proceso de renovación de las juntas electorales municipales, muchas de las cuales están incompletas por renuncia o mudanza de algunos de sus integrantes.

            Las decisiones son más oportunas por cuanto implican un mensaje de hechos cumplidos a los legisladores que todavía sueñan con el absurdo jurídico de prolongarse el período con el pretexto de juntar en un mismo año las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales.

            Por demás ya en casi todos los partidos se inician las competencias internas por las postulaciones para senadores y diputados, síndicos y regidores.

            Aunque la resolución no satisface a todos, por cuanto se esperaba que el voto preferencial rigiera también para la elección de los regidores y suplentes, implica un mejoramiento del sistema electoral y el predominio de la independencia de la JCE frente a los requerimientos del partido de gobierno.

               En la medida en que los electores y electoras asimilen el sistema de circunscripciones y voto preferencial para la elección de diputados, abrirán paso a la conquista de su soberanía también en el nivel de los regidores.

            Los mismos candidatos, con jurisdicciones más pequeñas para realizar campaña, se encargarán de instruir a la ciudadanía sobre la forma en que habrán de escoger.

No afecta las mujeres

            En su séptima disposición la resolución de la JCE establece que “las propuestas de candidatos deben incluir el porcentaje sobre la cuota femenina contenida en la Ley Electoral y demás disposiciones”.

            Se ratifica de esa forma que ni las circunscripciones ni el voto preferencial tienen por qué afectar la cuota del 33 por ciento de las candidaturas instituida para promover la representación femenina.

            En teoría las mujeres tendrían más oportunidades de ser electas si apelan a la solidaridad genérica, dado que ellas son cerca del 52 por ciento de la población. Voceras feministas aducen que ese porcentaje se eleva al 57 cuando se trata de electores y electoras.

            Desde luego, los hombres seguirán dominando los partidos y en consecuencia dispondrán de mayores recursos para realizar campaña, además de que seguirán siendo beneficiarios de una cultura machista de la que no escapa ni siquiera una buena proporción de las mujeres.

            Pero el viejo sistema de las listas bloqueadas y cerradas, dispuestas por las cúpulas partidarias, tampoco garantizaba el porcentaje de las mujeres, como quedó de manifiesto en 1998, cuando su cuota era sólo del 25 por ciento.

Voto no fraccionable

               Otra limitación implícita en la resolución de la JCE es que sólo habrá dos boletas en los comicios del año próximo, una para el nivel congresional y la otra para el municipal. Es decir que regirá el mismo voto para senador y diputados en una boleta y para síndico y regidores y suplentes en la otra.

            Se había discutido la propuesta de que se pudiera votar por separado para el senador y para los diputados en una boleta y para el síndico, regidores y suplentes en otra, lo que permitiría diversificar las opciones partidarias.

            Para ello era necesaria una reforma a la ley electoral, que en su artículo 86 establece tres niveles de elección, con “candidaturas indivisible o no fraccionables en sí mismas”, uno para presidente y vicepresidente, otro para senador y diputados y el tercero para síndicos, regidores y suplentes.

            Ya hace varios meses que la JCE descartó apelar al Congreso para una nueva reforma electoral que permitiera separar los cargos electivos, temiendo que la persistencia de los que pretenden reunificar las elecciones en un mismo año determinara pérdida de tiempo.

            Desde luego, esa división implica mayores complicaciones y lentitud en el cómputo de los sufragios, a lo que temen también las autoridades electorales y los mismos partidos, que por demás no lucen demasiado empeñados en afianzar la soberanía de los electores y electoras.

            Aunque limitado, el avance en la democratización del voto será importante en cuanto a la subdivisión territorial implícita en las circunscripciones, lo que tiende a identificar a los diputados con sus electores, obligando a que residan en la demarcación en que son postulados.

            Como ya el orden no será el que decida quién sale diputado, los candidatos tendrán que buscarse el voto de la ciudadanía, lo que a su vez repercutirá en mejores candidatos y en reducción del sistema de repartición de cargos.

            Tras instituir el voto preferencial para la elección de los diputados, la resolución de la JCE indica que “el ciudadano podrá votar por un candidato determinado, marcando el recuadro con la foto del mismo o por el partido o agrupación política, con sólo marcar el recuadro con el emblema y/o las siglas del mismo”.

            En otras palabras, que el voto preferencial es opcional, pero será éste el que determinará los diputados electos, independientemente de su número, como opera el sistema en los países que lo han consagrado.-

Enfrentamiento sociedad civil-partidos

Por Juan Bolívar Díaz

            La sociedad civil dominicana ha sido víctima en los últimos días de una andanada de críticas y prejuicios generalizados por parte de dirigentes políticos, legisladores y comunicadores, basadas en informaciones parciales y hasta manipuladas sobre los trabajos de la Comisión Especial creada por el Presidente Mejía para recomendar sobre el contenido y la forma de una reforma constitucional.

            Pero nadie debe sorprenderse de esos tropiezos, fruto de mutuas recriminaciones y prejuicios entre políticos profesionales y dirigentes sociales, que demandan un mayor esfuerzo de negociación y concertación, a partir del esclarecimiento del papel a jugar por cada sector en el proceso democrático.

            La historia reciente dominicana está llena de ejemplos de concertación entre el Congreso y los partidos con los estamentos de una sociedad civil múltiple, en la que se manifiestan muy diversas posiciones e intereses, legítimos e ilegítimos, más o menos compartidos por la colectividad.

La piedra de escándalo

            La piedra de contradicción y escándalo se constituyó en torno a una de las recomendaciones de una de las siete subcomisiones en que se distribuyó el trabajo de la Comisión Especial, integrada por unas 73 personas, entre titulares y suplentes, estos últimos con derecho a participación en todos los trabajos, aunque sólo votan en ausencia de los titulares.

            El trabajo de la subcomisión encargada de establecer la forma en que debe reformarse la Constitución, fue extraordinario y bien documentado, con tantos detalles que incluyó un anteproyecto de ley de convocatoria que se refiere hasta a la forma en que se elegirían los constituyentes.

            El documento no deja duda. No se trata de una repartición, como algunos han sostenido sin ninguna base. Propone un mecanismo para que el voto popular determine quiénes representarían a los partidos políticos reconocidos, como a las instituciones sociales que previamente llenen determinados requisitos.

Entre estos que sean agrupamientos en torno a por lo menos una organización social con personería jurídica y, sobre todo, que consigan el apoyo de un porcentaje de los ciudadanos inscritos en el registro electoral.

            El escándalo se ha armado en relación a los porcentajes de participación que recomienda el documento de la subcomisión, que incluso en esta tuvieron reparos y hasta rechazos. Aunque unas 20 personas se inscribieron para participar en esta subcomisión, sólo una docena lo hizo, de manera que en última instancia sus propuestas sólo son responsabilidad de sus autores y no involucran la “sociedad civil” ni a la Comisión Especial que todavía no ha tomado decisión sobre el particular, y menos cuando comenzó el escándalo.

            Lo único que ha aprobado el plenario de la Comisión Especial, y a unanimidad de los presentes en su sesión del miércoles 27 de junio, es que se instituya una asamblea nacional constituyente electa por voto popular, “con el equilibrio debido entre los partidos políticos, las demás representaciones sociales, la presencia significativa de la mujer y por residentes en distintos municipios del país”.

            Cierto que el informe de la subcomisión propone que en la integración de la constituyente haya un 50 por ciento de miembros provenientes de los partidos y el otro 50 de las instituciones sociales. También propone que en las candidaturas se alternen mujeres y hombres para que salga un absoluto equilibrio de género.

            Sobre estas proporciones ha habido un intenso debate hasta entre los mismos delegados de las instituciones sociales, y difícilmente haya consenso siquiera entre ellos, mucho menos con los partidos que han evidenciado su disposición a defender sus espacios tradicionales.

Idealismo y desconfianza

            Sin duda la pretensión del “mitad y mitad” en la composición de la constituyente refleja la desconfianza generada en la sociedad por la forma en que los legisladores, los de este congreso y el anterior, han pretendido encaminar la reforma constitucional.

            Refleja también una fuerte dosis de idealismo de algunos dirigentes y personalidades sociales, que creen posible que los partidos y sus legisladores no sólo renuncien al derecho para, en simple asamblea revisora, reformar la Constitución, sino que además otorguen la mitad de su poder a las entidades sociales. Tanta generosidad de un solo tiro es demasiado pedir.

            De manera que a los autores de la propuesta, o a la subcomisión, se le puede acusar de excesivo prejuicio frente a partidos y legisladores, y hasta de idealismo, pero no de mala fe, ni mucho menos de pretender que les regalen puestos, curules o representación constituyente.

            Su propuesta incluía un mecanismo de elección con una boleta de dos caras, de un lado las candidaturas de los partidos y de otro la mitad de las organizaciones sociales que llenaren los requisitos mínimos. Y serían los ciudadanos y ciudadanas, todos los electores, quiénes decidirían sus constituyentes. Ellos aducen que esos porcentajes eran para negociación, conscientes de que los partidos regatearían.

            Sin embargo, tal táctica era y se ha evidenciado contraproducente, pues ha sido rechazada de plano hasta por el MIUCA, cuya líder Virtudes Alvarez fue parte de la subcomisión. Ese partido propone un 25 por ciento de los constituyentes para la sociedad civil, siempre por elección. Ni hablar de la mayoría de los dirigentes partidarios y de los bloques legislativos de ambas cámaras.

            Y algunos han aprovechado para desfogar sus propios prejuicios sobre la sociedad civil, atribuyéndole las peores intenciones y vicios, deformando y manipulando la propuesta original.

            Parecido rechazo encuentra en los partidos la idea de que la mitad de sus candidaturas tengan que ser mujeres, habida cuenta del dominio ejercido por los hombres en las estructuras dirigenciales y en la militancia de los partidos.

            El sistema de cuota para elección fue instituido en la reforma electoral de 1997, cuando se estableció un 25 por ciento de las postulaciones en beneficio de las mujeres. La generalidad de la opinión pública la respaldó como forma de reducir la desigualdad de género, incentivando a las mujeres a participar en la política.

            La cuota femenina no pasó la prueba de los comicios de 1998, puesto que los partidos manipularon relegando a las mujeres a los puestos de boleta menos ganables. El resultado fue que las damas sólo obtuvieron 6.7 por ciento del Senado, 16 por ciento de la cámara de Diputados y el 1.7 de las sindicaturas. Sólo lograron la cuota, justamente con el 25 por ciento, en el nivel más bajo, las regidurías.

            El año pasado se aprobó una reforma a la ley electoral para llevar la cuota femenina al 33 por ciento y prevenir que no sea burlada nuevamente, lo que también fue acogido por la mayor parte de la opinión pública.

            Sin haberse puesto a prueba esta nueva cuota, es poco táctica la propuesta del 50 por ciento frente a un Congreso prejuiciado contra la Sociedad Civil, empeñado en defender sus derechos más allá de lo racional y democrático y dominado por hombres. Aparte de que es una realidad indiscutible que hay varios hombres por cada mujer en todos los partidos. Y si bien se debe promover la igualdad, no se le puede forzar a saltos.

Abajo los prejuicios        

            Los tropiezos en la Comisión Especial se hicieron evidentes cuando el presidente del PRD, Hatuey de Camps, se presentó a la sesión del miércoles 20 y objetó la forma establecida que considera consenso el 75 por ciento de los votos de los comisionados, rechazándolo tajantemente, al igual que el mitad y mitad de los miembros de una constituyentes, entre partidos y organismos sociales.

            A De Camps no le falta alguna razón por cuanto el sistema iguala los votos de partidos políticos, entidades sociales y hasta de individuos. En otras palabras que a la hora de votar el peso de los partidos quedaba al mismo nivel que el de personas individuales. Y el consenso, ciertamente pudo haberse buscado con mayor equidad.

            En lo que falló el PRD es que esperó más de mes y medio para fijar su posición, a pesar de que algunos preocupados por su silencio y el de la mayoría de los partidos, reclamaron definiciones. Por demás Hatuey impuso su estilo avasallante, extremando sus rechazos, amenazando retirar al PRD de la Comisión y rebasando al moderador de la sesión.

            Sin embargo, fue otro político, el delegado del PLD Franklin Almeyda, con beneplácito del presidente perredeista, quien propuso una fórmula para el avenimiento entre sociedad civil y partidos, la creación de una comisión mixta que negocie las diferencias.

            La exageración de las críticas en la opinión pública no ayudan al consenso en la Comisión, ni el mantenimiento de posiciones extremas. Y ambas partes deberían tener interés en lograr un mínimo de acuerdos si no quieren fortalecer las tendencias congresionales a pasar por encima de todo, hasta del liderazgo de sus propios partidos.

            A los dirigentes sociales les corresponde revaluar su propia fuerza, sobre todo de cara a un sistema político bastante endurecido en la defensa de sus espacios, prejuiciado, que ve en todo reclamo de participación un intento de desplazamiento.

            El concierto es posible, como lo ha sido en el pasado para reformar los códigos de trabajo, de salud y educación. Lo fue recientemente para aprobar la ley de seguridad social, y antes para las reformas electorales para el pacto de lucha contra la pobreza, para la elección de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, en la que se permitió que las entidades sociales propusieran candidatos y se acogieron sus reclamos de elección transparente.

            Instituciones de la sociedad civil han concertado exitosamente para la transparencia y la observación electoral y se ha permitido la acreditación de hasta 12 mil observadores, con resultados positivos para el fortalecimiento de la democracia.

            Sin un reconocimiento mutuo, por encima de sus fortalezas y debilidades, sociedad civil y partidos políticos fracasarán en ponerle límite al afán constitucionalista de los legisladores.-