Enfrentamiento sociedad civil-partidos

Por Juan Bolívar Díaz

            La sociedad civil dominicana ha sido víctima en los últimos días de una andanada de críticas y prejuicios generalizados por parte de dirigentes políticos, legisladores y comunicadores, basadas en informaciones parciales y hasta manipuladas sobre los trabajos de la Comisión Especial creada por el Presidente Mejía para recomendar sobre el contenido y la forma de una reforma constitucional.

            Pero nadie debe sorprenderse de esos tropiezos, fruto de mutuas recriminaciones y prejuicios entre políticos profesionales y dirigentes sociales, que demandan un mayor esfuerzo de negociación y concertación, a partir del esclarecimiento del papel a jugar por cada sector en el proceso democrático.

            La historia reciente dominicana está llena de ejemplos de concertación entre el Congreso y los partidos con los estamentos de una sociedad civil múltiple, en la que se manifiestan muy diversas posiciones e intereses, legítimos e ilegítimos, más o menos compartidos por la colectividad.

La piedra de escándalo

            La piedra de contradicción y escándalo se constituyó en torno a una de las recomendaciones de una de las siete subcomisiones en que se distribuyó el trabajo de la Comisión Especial, integrada por unas 73 personas, entre titulares y suplentes, estos últimos con derecho a participación en todos los trabajos, aunque sólo votan en ausencia de los titulares.

            El trabajo de la subcomisión encargada de establecer la forma en que debe reformarse la Constitución, fue extraordinario y bien documentado, con tantos detalles que incluyó un anteproyecto de ley de convocatoria que se refiere hasta a la forma en que se elegirían los constituyentes.

            El documento no deja duda. No se trata de una repartición, como algunos han sostenido sin ninguna base. Propone un mecanismo para que el voto popular determine quiénes representarían a los partidos políticos reconocidos, como a las instituciones sociales que previamente llenen determinados requisitos.

Entre estos que sean agrupamientos en torno a por lo menos una organización social con personería jurídica y, sobre todo, que consigan el apoyo de un porcentaje de los ciudadanos inscritos en el registro electoral.

            El escándalo se ha armado en relación a los porcentajes de participación que recomienda el documento de la subcomisión, que incluso en esta tuvieron reparos y hasta rechazos. Aunque unas 20 personas se inscribieron para participar en esta subcomisión, sólo una docena lo hizo, de manera que en última instancia sus propuestas sólo son responsabilidad de sus autores y no involucran la “sociedad civil” ni a la Comisión Especial que todavía no ha tomado decisión sobre el particular, y menos cuando comenzó el escándalo.

            Lo único que ha aprobado el plenario de la Comisión Especial, y a unanimidad de los presentes en su sesión del miércoles 27 de junio, es que se instituya una asamblea nacional constituyente electa por voto popular, “con el equilibrio debido entre los partidos políticos, las demás representaciones sociales, la presencia significativa de la mujer y por residentes en distintos municipios del país”.

            Cierto que el informe de la subcomisión propone que en la integración de la constituyente haya un 50 por ciento de miembros provenientes de los partidos y el otro 50 de las instituciones sociales. También propone que en las candidaturas se alternen mujeres y hombres para que salga un absoluto equilibrio de género.

            Sobre estas proporciones ha habido un intenso debate hasta entre los mismos delegados de las instituciones sociales, y difícilmente haya consenso siquiera entre ellos, mucho menos con los partidos que han evidenciado su disposición a defender sus espacios tradicionales.

Idealismo y desconfianza

            Sin duda la pretensión del “mitad y mitad” en la composición de la constituyente refleja la desconfianza generada en la sociedad por la forma en que los legisladores, los de este congreso y el anterior, han pretendido encaminar la reforma constitucional.

            Refleja también una fuerte dosis de idealismo de algunos dirigentes y personalidades sociales, que creen posible que los partidos y sus legisladores no sólo renuncien al derecho para, en simple asamblea revisora, reformar la Constitución, sino que además otorguen la mitad de su poder a las entidades sociales. Tanta generosidad de un solo tiro es demasiado pedir.

            De manera que a los autores de la propuesta, o a la subcomisión, se le puede acusar de excesivo prejuicio frente a partidos y legisladores, y hasta de idealismo, pero no de mala fe, ni mucho menos de pretender que les regalen puestos, curules o representación constituyente.

            Su propuesta incluía un mecanismo de elección con una boleta de dos caras, de un lado las candidaturas de los partidos y de otro la mitad de las organizaciones sociales que llenaren los requisitos mínimos. Y serían los ciudadanos y ciudadanas, todos los electores, quiénes decidirían sus constituyentes. Ellos aducen que esos porcentajes eran para negociación, conscientes de que los partidos regatearían.

            Sin embargo, tal táctica era y se ha evidenciado contraproducente, pues ha sido rechazada de plano hasta por el MIUCA, cuya líder Virtudes Alvarez fue parte de la subcomisión. Ese partido propone un 25 por ciento de los constituyentes para la sociedad civil, siempre por elección. Ni hablar de la mayoría de los dirigentes partidarios y de los bloques legislativos de ambas cámaras.

            Y algunos han aprovechado para desfogar sus propios prejuicios sobre la sociedad civil, atribuyéndole las peores intenciones y vicios, deformando y manipulando la propuesta original.

            Parecido rechazo encuentra en los partidos la idea de que la mitad de sus candidaturas tengan que ser mujeres, habida cuenta del dominio ejercido por los hombres en las estructuras dirigenciales y en la militancia de los partidos.

            El sistema de cuota para elección fue instituido en la reforma electoral de 1997, cuando se estableció un 25 por ciento de las postulaciones en beneficio de las mujeres. La generalidad de la opinión pública la respaldó como forma de reducir la desigualdad de género, incentivando a las mujeres a participar en la política.

            La cuota femenina no pasó la prueba de los comicios de 1998, puesto que los partidos manipularon relegando a las mujeres a los puestos de boleta menos ganables. El resultado fue que las damas sólo obtuvieron 6.7 por ciento del Senado, 16 por ciento de la cámara de Diputados y el 1.7 de las sindicaturas. Sólo lograron la cuota, justamente con el 25 por ciento, en el nivel más bajo, las regidurías.

            El año pasado se aprobó una reforma a la ley electoral para llevar la cuota femenina al 33 por ciento y prevenir que no sea burlada nuevamente, lo que también fue acogido por la mayor parte de la opinión pública.

            Sin haberse puesto a prueba esta nueva cuota, es poco táctica la propuesta del 50 por ciento frente a un Congreso prejuiciado contra la Sociedad Civil, empeñado en defender sus derechos más allá de lo racional y democrático y dominado por hombres. Aparte de que es una realidad indiscutible que hay varios hombres por cada mujer en todos los partidos. Y si bien se debe promover la igualdad, no se le puede forzar a saltos.

Abajo los prejuicios        

            Los tropiezos en la Comisión Especial se hicieron evidentes cuando el presidente del PRD, Hatuey de Camps, se presentó a la sesión del miércoles 20 y objetó la forma establecida que considera consenso el 75 por ciento de los votos de los comisionados, rechazándolo tajantemente, al igual que el mitad y mitad de los miembros de una constituyentes, entre partidos y organismos sociales.

            A De Camps no le falta alguna razón por cuanto el sistema iguala los votos de partidos políticos, entidades sociales y hasta de individuos. En otras palabras que a la hora de votar el peso de los partidos quedaba al mismo nivel que el de personas individuales. Y el consenso, ciertamente pudo haberse buscado con mayor equidad.

            En lo que falló el PRD es que esperó más de mes y medio para fijar su posición, a pesar de que algunos preocupados por su silencio y el de la mayoría de los partidos, reclamaron definiciones. Por demás Hatuey impuso su estilo avasallante, extremando sus rechazos, amenazando retirar al PRD de la Comisión y rebasando al moderador de la sesión.

            Sin embargo, fue otro político, el delegado del PLD Franklin Almeyda, con beneplácito del presidente perredeista, quien propuso una fórmula para el avenimiento entre sociedad civil y partidos, la creación de una comisión mixta que negocie las diferencias.

            La exageración de las críticas en la opinión pública no ayudan al consenso en la Comisión, ni el mantenimiento de posiciones extremas. Y ambas partes deberían tener interés en lograr un mínimo de acuerdos si no quieren fortalecer las tendencias congresionales a pasar por encima de todo, hasta del liderazgo de sus propios partidos.

            A los dirigentes sociales les corresponde revaluar su propia fuerza, sobre todo de cara a un sistema político bastante endurecido en la defensa de sus espacios, prejuiciado, que ve en todo reclamo de participación un intento de desplazamiento.

            El concierto es posible, como lo ha sido en el pasado para reformar los códigos de trabajo, de salud y educación. Lo fue recientemente para aprobar la ley de seguridad social, y antes para las reformas electorales para el pacto de lucha contra la pobreza, para la elección de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, en la que se permitió que las entidades sociales propusieran candidatos y se acogieron sus reclamos de elección transparente.

            Instituciones de la sociedad civil han concertado exitosamente para la transparencia y la observación electoral y se ha permitido la acreditación de hasta 12 mil observadores, con resultados positivos para el fortalecimiento de la democracia.

            Sin un reconocimiento mutuo, por encima de sus fortalezas y debilidades, sociedad civil y partidos políticos fracasarán en ponerle límite al afán constitucionalista de los legisladores.-

Crisis del equipo económico gubernamental

Por Juan Bolívar Díaz

            La falta de liderazgo en el equipo económico del gobierno, que ha llegado esta semana al enfrentamiento público, proyecta una imagen tan negativa que es objeto de cuchicheos de todos los calibres, con graves repercusiones sociales y políticas, sobre todo si se impone el anunciado incremento del 20 por ciento en el costo de la tarifa eléctrica.

            Empeñado en un camino de endeudamiento externo sumamente acelerado, que ahora tiene como norte supremo la emisión de bonos soberanos por quinientos millones de dólares, el gobierno contribuye absurdamente al pesimismo sobre una economía que pese a todo muestra estabilidad con tendencia a retomar el crecimiento.

            Y los opositores magnifican las dificultades pregonando un malestar económico inexistente, todo lo cual crea un panorama de desconcierto y pesimismo que agobia a buena parte de los dominicanos, en medio de altas temperaturas, con agobiante humedad y tendencias a estallidos de protestas sociales.

Afirmaciones pesimistas

            La semana comenzó con una afirmación pesimista del presidente Hipólito Mejía cuando se presentó a Radio popular para responder preguntas del público. Dijo que todavía le queda un año de dificultades para enfrentar los problemas nacionales, al pedir paciencia y comprensión de la ciudadanía.

            Dos días después el secretario de Finanzas, Fernando Alvarez Bogaert, declaró en un evento celebrado en la Universidad Católica Madre y Maestra que la economía nacional está estancada, que no ha crecido en los niveles esperados por el gobierno y, peor aún, dijo que se espera “una situación difícil” como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo sistema de valoración del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) auspiciado por la Organización Mundial del Comercio.

            Sólo el esfuerzo por justificar la carrera de endeudamiento externo de corto plazo puede explicar estas afirmaciones tan pesimistas del primer mandatario y de quien se supone cabeza del equipo económico del gobierno.

            Si eso dicen los voceros del gobierno, de ninguna forma se puede culpar a los opositores y a los ignorantes que ven la economía nacional sumida en el desastre, o al país al borde del colapso, contrariando todos los vaticinios de organismos internacionales, que como el FMI o la CEPAL insisten en colocar al país entre los tres de mejores perspectivas económicas en el continente para el año en curso.

            Es obvio que el presidente Mejía y el licenciado Alvarez Bogaert actúan en el marco de una línea política que busca a toda costa justificar cientos de millones de dólares en préstamos de corto plazo y la emisión de los bonos soberanos. Pero al mismo tiempo minimizan los éxitos del gobierno en mantener la estabilidad macroeconómica.

            En sectores económicos, empresariales y políticos, se manifiesta un poco de perplejidad y confusión. Se echa de menos la ausencia de una “línea maestra”, y se diagnostica una peligrosa incoherencia con repercusiones en la confianza de que el futuro inmediato será de progreso.

            Claro que hay exageraciones, sobre todo entre los grupos y personalidades que impugnan por completo la espontaneidad de Mejía, pretendiendo un comportamiento presidencial balagueriano o por lo menos del estilo formal de Leonel Fernández. Los opositores insisten en llevar las peculiaridades del presidente Mejía al extremo de lo ridículo.

Buenas perspectivas

            Las estadísticas y proyecciones que circulan en manos de los funcionarios del área económica, de los asesores, miembros de la Junta Monetaria, y en la que se fundamentan los análisis de las fundaciones Siglo 21 y Economía y Desarrollo, revelan que la economía dominicana tiene buenas perspectivas.

            Las recaudaciones fiscales del gobierno sobrepasaron lo presupuestado en los meses de abril y mayo, con tendencia al crecimiento y se espera que reviertan el déficit del primer trimestre, con crecimiento del 25 por ciento al cerrar el año en relación al 2000, en cuyo presupuesto se proyectaron 15 mil millones de pesos adicionales.

            Cuando se elaboraba el presupuesto se consideró que ese incremento permitiría al gobierno impulsar importantes inversiones y mantener el crecimiento con estabilidad. Nadie ha explicado qué cambios se dieron para invalidar aquel optimismo. Y esto que el gobierno ha contratado cientos de millones de dólares en créditos atados a obras y suministros.

            De cualquier forma, ya en el cuatrimestre enero-abril, el gobierno recaudó 17 mil 800 millones de pesos, un 20 por ciento superior a los 14 mil 800 millones del año pasado, a pesar de las pesadas reformas fiscales impuestas en esos meses.

            Los demás indicadores básicos de la salud de la economía también son positivos. Esta misma semana el Banco Central reveló que la tasa de inflación en mayo fue de apenas 0.26 por ciento, menos de la mitad de la que abril, que había sido del 0.62 por ciento, para una acumulación de 3.11 por ciento en los primeros 5 meses del año. Se proyecta para solo 7 por ciento en todo el año.

            Sin contar con el producto de los bonos soberanos, la proyección del crecimiento económico dominicano para este año está por encima del 3 por ciento, meta que sólo lograrían Chile y Brasil, y que ya quisieran obtener Estados Unidos, Argentina o Japón, con el petróleo sobre 29 dólares el barril.

            Las reservas netas de divisas siguen creciendo y cerrarán el año con unos 100 millones de dólares adicionales. La emisión monetaria y el medio circulante crecen en niveles más que prudenciales. El gobierno tiene el mérito de no haber gastado un peso más de lo que ha recibido. Por el contrario en el primer cuatrimestre tiene un superavit de 500 millones de pesos.

            El gobierno no logra publicitar suficientemente el hecho de que las tasas de interés bancarias se han reducido en 4 y medio puntos entre diciembre y mayo, para caer por debajo de las predominantes en enero del 2000, es decir a un promedio de 23.58 las activas y de 12.14 las pasivas.

            Los analistas diagnostican actualmente una sobreliquidez bancaria, con excedente superior a los 2 mil 500 millones de pesos en relación al encaje legal. Esta cifra puede ser ambivalente, indicadora de sanidad económica, pero también de recesión, o por lo menos de la falta de confianza que genera la exageración de las dificultades económicas.

Peso de la deuda social

            Desde luego que aquí la deuda social acumulada es grande y en consecuencia las demandas y presiones sobre el gobierno que se manifiestan en las protestas barriales y de poblaciones y en las demandas salariales que llevan a maestros y médicos a paralizar servicios prioritarios y a crear ambiente de confrontación.

            Precisamente por eso es que muchos estiman que sería un grave error de cálculo traspasar en estos momentos el subsidio a la energía eléctrica a los consumidores, con un aumento de la tarifa, que el secretario de Industria y Comercio, Angel Lockward, y el superintendente de Electricidad, José Ovalles, han cuantificado en 20 por ciento para los consumidores de más de mil 500 kilovatios al mes.

            La necesidad de atender las graves demandas sociales es lo que precipita al gobierno por el camino del endeudamiento de corto plazo y específicamente a los bonos soberanos. Esta política ha conseguido un fuerte rechazo, agriando el debate y marchitando la imagen del gobierno en la opinión pública.

            La rechazan la mayoría de los analistas y de los mismos asesores económicos del gobierno, algunos abiertamente como el padre José Luis Alemán, y otros discretamente como los de Siglo 21 y el mismo Hugo Guilliani, que prefieren la renegociación de la deuda y economistas independientes como Alfonso Abréu Collado y muchos otros.

            La defensa de los bonos soberanos ha sido tímida por los mismos funcionarios del gobierno y se limita a la Fundación Economía y Desarrollo, donde imponen su impetuosidad los economistas Andy Dauhajre y Jaime Aristy Escuder, rodeados ambos de un hálito de polémica y acritud, no porque les falte razón, sino más bien por la extrema franqueza con que atacan a sus contradictores.

            El gobierno se encuentra atrapado por el peso del gasto corriente, que no ha crecido tanto en los gastos personales, un 15 por ciento, en relación al 2000, cuando los ingresos del Estado registran aumento del 20 por ciento, pero sí en el subsidio a la energía y el gas propano, con un 40 por ciento. Y en intereses de la deuda externa el alza es del 83 por ciento.

Reina la incoherencia

            El peso del gasto corriente, entre el 73 y 75 por ciento del ingreso, ha reducido la inversión pública, en construcción casi al 50 por ciento del mismo período del año pasado, aunque debe considerarse que en el primer semestre del 2000 este renglón fue sobredimensionado por el esfuerzo del gobierno en terminar sus mega-proyectos, que lo llevó al déficit fiscal y al fuerte endeudamiento interno, factores ausentes ahora.

            De cualquier forma la realidad es que el gobierno se encuentra dividido y muestra incoherencia pública sobre la forma de enfrentar el problema. De ahí los dramáticos choques del miércoles, cuando en dos programas de televisión, casi al mismo tiempo, se enfrentaban Andy Dauhajre, director de los bonos soberanos y el secretario de Industria y Comercio, Angel Lockward, y por otro lado Jaime Aristy, de la comisión que estudia los contratos de electricidad, y Edwyn Cross, asesor de la Corporación de Electricidad.

            La piedra de contradicción es el incremento de la tarifa energética, que Dauhajre cree, con razón, que aumentaría las protestas y presión social sobre el gobierno, por su carga inflacionaria. El es duro partidario de la revisión de los contratos y de los costos de la energía que estarían abultando los generadores, mientras Lockward promueve al alza tarifaria.

            En la misma línea se sitúa Aristy, mientras el administrador de la CDE, César Sánchez se niega a compartir con él las reuniones de la Comisión Asesora de Alto Nivel para el Diseño de Políticas y Reforma del Sector Eléctrico, que preside Hugo Guiliani.

            Ya Guiliani fue suficientemente claro en el almuerzo de Hoy esta semana, cuando llegó a denunciar que las generadoras capitalizadas sobre estiman en más de 120 millones de pesos mensuales sus gastos de combustibles, abogando abiertamente por la revisión de sus contratos para desmontar el subsidio estatal. Plantea una reducción en vez de aumento de la tarifa energética, advirtiendo que si se produce el alza él sobraría en la comisión de alto nivel.

            Como se ve, el gobierno está urgido de políticas que unifiquen criterios y acciones y proyecten coherencia y confianza. Y todo el país requiere un debate más racional y sereno sobre las potencialidades y dificultades de la economía nacional, más allá de los intereses políticos y grupales.-

Final del encanto del gobierno

 Por Juan Bolívar Díaz

Consumida la luna de miel de la población con el gobierno instaurado hace casi diez meses, disipado parte del encanto de las promesas y expectativas de campaña electoral, el presidente Hipólito Mejía ha comenzado a descubrir que no es tan fácil gobernar un país con una enorme deuda social acumulada.

Las protestas sociales derivadas de las expectativas frustradas, la fiereza con que los intereses creados tratan de evadir las nuevas cargas impositivas y las incoherencias de su propio partido donde las ambiciones personales predominan sobre el compromiso programático, son elementos subyacentes en la revaluación del “carguito” del presidente.

De cara a la perspectiva tiene el mandatario la tentación de apelar a la mano dura para enfrentar las protestas -seguro que sólo las populares- o revaluarse continuamente, aplicar algunos correctivos y renovar su equipo gubernamental a más tardar cuando llegue al año.

Es más difícil

Llamó la atención de la opinión pública la declaración del presidente Hipólito Mejía del lunes 4 de junio, cuando reconoció que gobernar la nación “es más difícil de lo que yo me imaginaba”.

A continuación citó “problemas de seguridad, problemas de desconocimiento de un alto porcentaje de la población”, la renuencia a pagar impuestos y las dificultades para lograr acuerdos con los diversos sectores sociales.

Esta declaración ha sido contrastada con las que ofrecía anteriormente el mandatario, quien llegó a proclamar públicamente que le había gustado el “empleíto”.

Causó preocupación su otra declaración de esta semana en el sentido de que está dispuesto a utilizar mano dura contra quienes quieran perturbar la paz con protestas desmedidas, ya que la misma estaría mostrando una pérdida de perspectiva sobre las enormes insatisfacciones acumuladas por las mayorías sumidas en la pobreza.

Eso mientras hasta un intelectual y político de la categoría del doctor Hugo Tolentino planteaba que el gobierno tendría que apelar a las dádivas para desactivar las protestas que han comenzado a multiplicarse en los pueblos y barrios.

Seguramente que los analistas gubernamentales pasan por alto que las peores y más sonadas protestas registradas en este gobierno, las del ensanche capitalino de Capotillo, no fueron generadas por reclamos sociales específicos, sino por brutalidad policial.

Otro ingrediente del desencanto nacional lo ha puesto la tanda de apagones de la última semana, determinada por una de las empresas capitalizadas, fruto de un problema financiero y estructural del servicio energético que de ninguna forma se le debe cargar al pasivo del actual gobierno.

Por otro lado la recurrencia persistencia del gobierno a las prácticas tradicionales, como la contratación grado a grado, exagerado endeudamiento de corto plazo y a los megaproyectos, que antes se criticaron acremente, expanden el desencanto, en la convicción de que todo es lo mismo.

Inexplicable desconcierto

            El gobierno se ha dejado desconcertar por las dificultades derivadas de las reformas fiscales implementadas a partir de enero. Lo primero es que hay frustración por el comportamiento económico de los primeros dos meses del año, como si al planificar el presupuesto, ignoraran las consecuencias inmediatas.

Cerrado el mes de Mayo los estrategas gubernamentales tienen suficientes elementos de juicio para saber que la tendencia es a un pequeño déficit de ingresos, menor al dos por ciento, si es que no logran superar las metas, como ya se vio en los dos últimos meses.

En consecuencia, se han lanzado desesperadamente al endeudamiento de corto plazo y al proyecto de bonos soberanos de difícil asimilación. Desde luego presionados por las elecciones congresionales y municipales dentro de 11 meses.

Mientras el hecha va y viene, la comunicación del gobierno sigue siendo rudimentaria, alimentada por las improvisaciones del presidente Mejía. Y una vez más no son capaces de vender los elementos de recuperación económica.

Por ejemplo, el lunes el administrador del Banco de Reservas, Manuel Lara Hernández, ponderó los beneficios de la reducción de las tasas de interés y su repercusión en el aumento de la producción. Habló de una caída en las tasas de hasta 6 por ciento, pero el gobierno no es capaz de divulgar ampliamente sus éxitos.

Tampoco puede confiar en que lo hará una opinión pública excesivamente embelesada en los problemas inmediatos, en la superficialidad del debate político, y en parte prisionera de intereses creados.

El endeudamiento externo e interno, hasta para comprar vehículos y equipos militares, la contratación de obras sin concursos públicos, y el anuncio de megaproyectos, como la carretera a Samaná y un nuevo estadio Quisqueya, no son puntos de acreditación al gobierno de Mejía, sino repetición de los viejos caminos.

Resistencia de intereses

La resistencia a los cambios es tan grande que a más de cinco meses del inicio de las reformas fiscales y pendientes ajustes derivados de la entrada en vigencia de los nuevos acuerdos de comercio internacional, todavía hay sectores empresariales que sueñan con que el gobierno revoque el adelanto del 1.5 por ciento de las ventas como anticipo del impuesto sobre la renta.

Más aún recientemente, un alto vocero empresarial también planteó la revocación del aumento del aumento del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios (ITEBIS), a cambio de que se grave todo. Algo que se discutió durante años y fue desechado por el gobierno y el Congreso Nacional, así como por gran parte de la opinión pública, basado en que sería más injusto en término social, porque gravaría el universo de lo poco que compran los pobres.

Los intereses creados se manifiestan diariamente en torno al problema de la energía eléctrica, pero el gobierno no puede darse por sorprendido frente a esa realidad y debería responder con mayores esfuerzos de reglamentación, apelando incluso a su mayoría legislativa para aprobar el proyecto de ley de electricidad en manos del Congreso desde hace varios años.

El presidente manifiesta también algunas decepciones por el costo que quieren imponerle algunos de sus colaboradores de campaña, no sólo los compañeros de partido que se creen con derecho a usar el poder como patente de corso, sino también grupos de poder, que esperan que se gobierne para ellos, o que se les permita incursionar en todo género de negocios.

Otro elemento de desencanto nacional, y probablemente también presidencial, es la lucha grupal que ya asoma con fuerza en el Partido Revolucionario Dominicano, y que tiene como escenario el Senado de la República, tres meses antes de la elección de su bufete directivo.

Las ambiciones son tan desmedidas que varios diputados perredeistas pretenden que el gobierno se debilite privando a los reformistas de la presidencia de la Cámara de Diputados, tan sólo para que uno de ellos pueda ocuparla.

Al gobierno sólo le falta empujar a los reformistas a una prematura alianza opositora con los peledeistas, para satisfacer la vanidad y ambiciones de alguno de los legisladores perredeistas.

Dado el hecho de que Mejía no puede buscar una reelección, las perspectivas apuntan a un desbordamiento de las ambiciones dentro de pocos meses, cuando la repartición de las postulaciones congresionales y municipales se convierta en un preludio de las luchas para la candidatura presidencial del 2004. Parecería muy prematuro, pero así de fuertes son las ambiciones políticas, que en el PRD se expresan sin el menor disimulo.

Hora de renovación             

            Al gobierno de Mejía le llegó la hora de la renovación y de los cambios de estrategias, que en este caso tienen que comenzar por él mismo. Hace tiempo que analistas de diversos signos vienen sosteniendo que le resultará imposible mantenerse cuatro años hablando diariamente y sin administrar los silencios y las palabras.

Eso podía ser rentable durante la luna de miel, cuando las asperezas y contradicciones eran compensadas por las ilusiones y expectativas.

Ahora el presidente y su gobierno tendrían que actuar más “por el librito”, es decir en base a estrategias y tácticas. Partiendo del análisis sistemático de la opinión pública, sopesando el costo y los beneficios de cada movimiento.

Pero pocos, aún en el gobierno, creen que Hipólito Mejía será capaz de ese grado de planificación, ya que el cree ciegamente en la espontaneidad.

Para muchos el actual mandatario trilla el camino de su antecesor, quien prácticamente concluyó el gobierno con el mismo equipo con que lo inició. El único ministro que destituyó fue al secretario de las Fuerzas Armadas, cuando lo desafió públicamente y enfrentó a la justicia.

Aparentemente las lealtades y amistades están por encima de la eficiencia y la conveniencia en los gobiernos liberales, que renuncian hasta al movimiento de las fichas en el tablero, en un país todavía tocado por el virus del autoritarismo, y que disfruta del sacrificio de los funcionarios, en aras de una concepción presidencialista en la cual el primer mandatario no suele ser culpable de nada, sino sus colaboradores.                                  El mes pasado Mejía hizo algunos movimientos en el tren gubernamental, pero en niveles menores, y las tribunas lo que reclaman es verdadera renovación, sangre de tigres y toros, no de cachorritos ni becerros.

El país también espera mayor austeridad y racionalidad en el gasto, incluyendo un freno definitivo a la repartición de empleos en todos los frentes de la administración pública. Ello mejoraría la imagen del gobierno y generaría más comprensión frente a las limitaciones presupuestarias y hasta ante la política de endeudamiento. Y le daría más fuerza para cobrar a los evasores de impuestos.

Al respecto es un paso positivo el oficio 12518, mediante el cual el Presidente de la República ha instruido a la Oficina Nacional de Presupuesto para reducir las asignaciones en lo que resta del año en un cinco por ciento, previniendo un déficit en los ingresos, y ordenando a todas las secretarías y organismos reducir el gasto corriente en por lo menos 10 por ciento.

La reducción afectaría las nóminas, electricidad, comunicaciones, adquisición de vehículos, combustibles, y accesorios, equipos de oficina, transporte aéreo, viáticos, alquileres de locales, comidas, material gastable y otros. Ahora falta que lo cumplan.-

         

La Comisión para la Reforma Constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

            Tanto el liderazgo político como el de la Sociedad Civil tienen un gran desafío a la concertación y al consenso en la Comisión Especial instituida por decreto del Poder Ejecutivo para proponer modificaciones a la Constitución de la República.

            La misión es doble, por un lado cerrar definitivamente el camino a los intentos congresionales de sancochar una reforma constitucional a espaldas de la sociedad civil y hasta de sus propios partidos, y por el otro auspiciar una reforma en aspectos fundamentales, con espíritu democrático y perspectivas de duración.

            La comisión trabaja contra el tiempo, y desde el principio es criterio general que tendrán que ampliarle el plazo de dos meses, pero si quiere alcanzar su objetivo tendrá que hacer un esfuerzo para no dejarse distraer, colocándose por encima de las confrontaciones del debate político nacional.

El contexto de partida

            La Comisión Especial, creada el 21 de marzo, mediante el decreto 410-01, del presidente Hipólito Mejía, está integrada por un delegado y un suplente de los 16 partidos políticos reconocidos, de 19 instituciones de la sociedad civil y de tres entidades del Estado, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional para la Reforma del Estado.

La integran también, a título individual, tres ex-presidentes de la República y 12 personalidades independientes, que se redujeron a 10 por declinación de los doctores Bernardo Fernández Pichardo y Jottin Cury.

Vista sectorialmente, la mayor representación la ostenta la Sociedad Civil, incluyendo a iglesias, organizaciones empresariales y sindicales, universidades, fundaciones y entidades cívicas involucradas en el ya largo debate sobre reformas políticas y constitucionales.

La integración de esta comisión tuvo la virtud de detener los afanes en que se encontraban amplios núcleos de senadores y diputados, empeñados en que no tienen que consultar ni siquiera con sus propios partidos para modificar la Constitución de la nación, algo por cierto nunca visto ni en la historia de la república ni en el mundo contemporáneo.

Se cuentan otros 7 intentos de modificación constitucional al vapor desde 1996, casi siempre con el objetivo de revertir las reformas de 1994, es decir para restablecer la reelección presidencial, eliminar la carrera judicial que ha abierto campo a la independencia de la justicia, y juntar nuevamente las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales. Para esto último han persistido en contemplar una auto prolongación del período legislativo y municipal.

Pero ha sido esta la ocasión en que se ha llegado más lejos, porque sólo en dos de los intentos anteriores se presentó públicamente un proyecto de reforma y sólo en el último, a fines de diciembre pasado, fue aprobado por el Senado en dos lecturas consecutivas, sin haberlo publicado previamente, y en la misma sesión en que se discutían las reformas tributarias.

Como en las ocasiones anteriores, en el intento han coincidido legisladores de todos los partidos, esta vez capitaneados por la mayoría perredeista, en las anteriores por reformistas y peledeistas.

Signo de apertura

Sin embargo, el proyecto obtuvo el rechazo de los organismos directivos de los partidos, incluyendo al Revolucionario Dominicano. Quedó de manifiesto que habían tensiones entre legisladores y cúpulas dirigenciales. En el PRD la amplia Comisión Política se pronunció contra el intento, advirtiendo a los diputados que serían sancionados si convertían en ley el proyecto.

Mientas entidades de la Sociedad Civil, como Participación Ciudadana, promovieron reuniones con los bloques de diputados y con la dirigencia de los partidos. El presidente del PRD, Hatuey de Camps, fue receptivo a sugerencias de que fuera creada una comisión consultiva, la que a su vez fue acogida por el presidente Mejía.

El gobierno dio una muestra de gran apertura al crear una comisión con tan alta proporción de la Sociedad Civil, en un escenario de diálogo con todos los partidos reconocidos y órganos del Estado.

Aunque algunos a regañadientes, los legisladores comprendieron que no podrían desafiar la apertura del Ejecutivo y han tenido que aplazar sus ímpetus constitucionalistas a la espera de la suerte de la Comisión Especial. No han faltado quienes alientan la esperanza de que el esfuerzo de concertación fracase para ellos reactivar su proyecto.

Entre tanto los ímpetus y la prepotencia con que algunos legisladores han manejado el intento, colocando el interés personal, grupal y partidario por encima de todo, han creado un gran desconcierto, que en sectores sociales se manifiesta con desconfianza, aún luego de la muestra de apertura del presidente Mejía.

Las recientes declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, proclamando el interés partidario de aprobar reformas constitucionales por encima de todo y de todos, han fomentado el pesimismo en los sectores más desconfiados sobre las posibilidades de consenso con los partidos.

El desconcierto podría traducirse en pérdida de tiempo y en mayores tensiones que dificulten al extremo el camino de las negociaciones y el consenso y hagan fracasar el objetivo de la comisión.

El decreto plantea que la Comisión “propondrá de modo consensuado al Poder Ejecutivo, las modificaciones y la forma de hacerlo, que deban introducirse a la Constitución”. En la metodología para su funcionamiento, los comisionados han acordado que considerarán consenso los acuerdos que no tengan la objeción de más del 25 por ciento de sus miembros. O que sean aprobados por el 75 por ciento.

De lo poco a lo mucho

            En principio algunos dirigentes sociales propusieron que la Comisión se limitara a buscar consenso en torno a la reforma mediante asamblea constituyente. Pero hubo consenso en que se abordarán también las modificaciones de fondo, aunque se discutirá primero la forma, trabajando los demás aspectos paralelamente.

            En la generalidad de la Sociedad Civil predomina la preferencia por la asamblea constituyente, aunque hay quienes no niegan otras alternativas, que en todo caso supongan consultas y un consenso amplio, incluyendo la alternativa de una ratificación a través del mecanismo del referéndum.

            La institución de la Asamblea Constituyente, como forma de modificar la carta magna tiene la gran virtud de que dificulta que cualquiera mayoría congresional pretenda, como ocurre ahora, una reforma constitucional al vapor, atendiendo a intereses partidarios coyunturales.

            Sin embargo, la constituyente puede resultar en una trampa dada la dificultad de lograr un mecanismo de elección que no quede bajo dominio absoluto de las maquinarias partidarias con gran probabilidad de monopolizar la representación, entonces con un mandato para reformar la Constitución a su antojo.

            Así ocurrió en Colombia y Venezuela, las dos reformas mediante asamblea constituyente registradas en América Latina en el curso de la década recién pasada.

            Queda siempre la posibilidad de innovación con algún mecanismo de cuotas, que en todo caso lo que garantizarían sería una participación minoritaria, y para la cual se requeriría un mayor concierto con la sociedad política, en la que abundan los cuestionamientos a los reclamos de participación de los grupos sociales.

            Sea para sólo recomendar la institución de la Asamblea Constituyente o para ir al fondo de las reformas, sociedad civil y dirigentes políticos tienen que dialogar seriamente, para buscar conciliar posiciones y lograr consenso. Con la dificultad de que habría que hacerlo en corto tiempo. Razón más que suficiente para que se evadan las distracciones como la provocada por el pronunciamiento de Gómez Mazara.

            No faltan quienes plantean, el politólogo Falvio Darío Espinal entre ellos, que no se debe aspirar a una nueva constitución, que las circunstancias apenas dan para identificar aspectos básicos que han estado sobre el tapete en los últimos años, en los que hay amplio consenso, y negociar a partir de ellos.

            El mecanismo más idóneo sería ir de lo poco a lo mucho, partiendo de aquellos aspectos en los que hay mayor consenso, en algunos de los cuales es urgente una enmienda, como por ejemplo para eliminar el llamado colegio electoral cerrado o ampliar la proporción de población que da derecho a diputado y regidor, para contener la inflación de la cámara baja y las salas capitulares.

            Podría seguirse con el establecimiento de legisladores nacionales en representación de las minorías o de los residentes en el exterior, la revisión de las amplias facultades del presidencialismo, hasta proseguir con otros temas más complejos y conflictivos, como la doble vuelta o la separación de las elecciones, llevando el consenso hasta donde sea posible.

Sobran las propuestas

            No hay que abrir un nuevo proceso de consultas sobre las reformas constitucionales, lo que requeriría un tiempo del que ahora no se dispone. Esas consultas se han realizado en numerosos escenarios y ocasiones, desde instituciones académicas y fundaciones, en redes de organizaciones populares y en las entidades del Estado.

Ahí están también las consultas del Diálogo Nacional que auspició el pasado gobierno, el consenso firmado por los partidos en 1993 dentro del proyecto de la Fundación Siglo 21 y muchos otros.

Propuestas de reformas constitucionales hay de sobra en los últimos años. Las últimas son las presentadas por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hace apenas dos semanas entregó la suya.

Si bien las posibilidades de consenso lucen difíciles, la amenaza de los legisladores de imponer una reforma unilateral ofenden tanto al liderazgo de los partidos como al de la Sociedad Civil. En ambos frentes existe la preocupación.

El escenario está montado con la comisión Especial, y puede ser el mejor en mucho tiempo. Los actores están desafiados a buscar un mínimo de acuerdos, o abstenerse al derecho del Congreso a convocar una asamblea revisora, tal como está consagrado en la vigente carta magna.

Un acuerdo que involucre a los partidos reconocidos, a la amplia representación de la sociedad civil, a tres ex-presidentes de la República, la Suprema Corte y la Junta Central Electoral, que obtendría un gran apoyo de la opinión pública en general, de ninguna forma podría ser ignorado por el Congreso Nacional. Su fuerza no da para tanto. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo.

En todos los partidos hay líderes con conciencia de las implicaciones políticas de una reforma a espaldas del conjunto del partidarismo y de la sociedad. Incluyendo al PRD y su gobierno, que cargarían con la responsabilidad de una reforma que sembrara incertidumbre. Lo que conviene a todos es concertar para el afianzamiento institucional y democrático.-

A un año de las elecciones Congresionales

Por Juan Bolívar Díaz

           A un año ya de las próximas elecciones congresionales y municipales, señaladas para el 16 de mayo del 2002, la Junta Central Electoral (JCE) tendrá que apurar el paso si quiere poner en vigencia el nuevo sistema de circunscripciones, dispuesto por la reforma electoral de 1997.

            El tiempo comienza a achicarse para el calendario de trabajo electoral, hasta el punto que ya hay quienes creen que lo de las circunscripciones tendrán que ser separado de otras reformas electorales pendientes para evadir la dilación que podría tener en el Congreso Nacional.

            Más aún teniéndose en cuenta que hay importantes núcleos de legisladores con tendencias a una reforma constitucional para suprimir las próximas elecciones, remitiéndolas para celebrarse en el mismo año de las presidenciales del 2004, mediante el cuestionado expediente de la prolongación del período.

Otro proceso lento

            En diciembre de 1997 el presidente Leonel Fernández promulgó la Ley Electoral 275-97 que introdujo varias modificaciones al código que rige el sistema de elecciones. Las más importantes eran la que estableció el financiamiento estatal a los partidos políticos, una cuota del 25 por ciento de las candidaturas para las mujeres, el voto por circunscripciones, y el sufragio de los dominicanos residentes en el exterior.

            El Partido Revolucionario dominicano y especialmente su líder José Francisco Peña Gómez llevaron la voz cantante en el proceso, para el cual hubo de ser preciso una concertación con la consabida mediación del Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra.

            Redactadas las reformas y aprobadas por los partidos reconocidos, la JCE envió el proyecto al Congreso, que lo sancionó y el Ejecutivo cumplió con la debida promulgación. Desde el año siguiente se cumplió la parte que más interesaba a los partidos políticos: el artículo 49 que establece en favor de ellos el medio por ciento de los ingresos nacionales en los años que haya comicios y el cuarto por ciento en los demás.

            Hay que consignar que de acuerdo al presupuesto de este año, el cuarto por ciento significa unos 150 millones de pesos, que será el doble para el próximo año, cuando están programados los comicios congresionales y municipales.

            La cuota de las mujeres, establecida en el artículo 68, se cumplió a medias en los comicios de 1998, precisamente porque los partidos aprovecharon la prelación para privilegiar a los hombres. Pese a la cuota, que entonces era sólo del 25 por ciento (elevada el año pasado al 33), las mujeres apenas alcanzaron al 7 por ciento del Senado, el 16 por ciento de la Cámara de Diputados, y al 2 por ciento de las sindicaturas. Apenas se cumplió en los puestos inferiores, con las regidoras.

            Sin embargo, esos mismos partidos han sido muy lentos en las gestiones para dar vigencia a los artículos comprendidos entre el 79 y el 85 de la Ley Electoral que se refieren a las circunscripciones y al sufragio en el exterior. Las primeras quedaron consagradas para los comicios de año próximo y el voto en el exterior, que sólo será para elegir presidente, a partir del 2004.

            Desde que pasaron las elecciones presidenciales hace un año la JCE proclamó que su atención se centraría en organizar las circunscripciones y el voto en el exterior. Se dividieron las tareas y comenzaron las consultas con los partidos, en lo que llevan unos 8 meses, teniendo aún pendientes las decisiones fundamentales.

            Por momentos ha sido más que evidente que los partidos no están interesados en ninguna de las dos reivindicaciones, especialmente el PRD que fue quien más las motorizó. Este último, en mayor medida que los demás, ha sido extremadamente lento en responder los requerimientos de la JCE.

            Pese a las resistencias, en lo de las circunscripciones se ha avanzado un poco, no así en el proceso para poner en práctica el voto en el exterior, que está trancado en medio de las mutuas desconfianzas de los partidos políticos, y ya hay quienes comienzan a decir que en tres años no podrá organizarse y que será imposible por las grandes concentraciones de la emigración dominicana, como las de Nueva York, New Jersey, Miami, Madrid, San Juan y Caracas.

            Desde luego, el pesimismo es mayor porque algunos muy optimistas creen que todos los dominicanos que residen en el exterior están desvelados esperando que les den luz verde para correr en tropel a los consulados a inscribirse en el padrón de electores para luego dejar de trabajar y meterse en un “colegio cerrado” si el 16 de mayo cae en día laborable.

Acuerdos y desacuerdos

            En lo referente a las circunscripciones electorales, los partidos y la JCE han logrado consenso en cuanto a la división del Distrito Nacional, en 9, pero llevan meses discutiendo las de Santiago, Puerto Plata, La Vega, Duarte, San Juan de la Maguana y San Cristóbal.

            En algunas de esas ciudades se impugna hasta que votantes pobres caigan en las mismas circunscripciones de gente muy rica, “que podrían elegirse para siempre sin dificultades”, al decir de alguien.

            Aunque todavía la JCE no ha emitido la resolución correspondiente, ha logrado consenso con los partidos en cuanto a que las circunscripciones serán plurinominales, es decir con más de un diputado y regidor, para mantener las proporciones y evitar el arrase. También en cuanto a que las boletas serán desbloqueadas, es decir que los electores serán quienes señalen diputado y regidor preferido, no importa el orden de la lista de candidatos.

            Acuerdo hay también en que se votará por el senador separado de los diputados, y por el síndico separado de los regidores, lo que implica cuatro elecciones. Luego los electores tendrán opción, no obligación, a indicar un diputado y un regidor preferidos.

               Pero aún persisten algunos alegatos e intentos de escamoteos del derecho del elector a escoger sus diputados y regidores. Los perredeistas siguen siendo ahora los más aferrados a la práctica del orden de preferencia, con la que las cúpulas emiten certificados de elección a quienes encabezan las listas.

            La última propuesta del PRD sugería un candidato privilegiado por cada partido y en cada circunscripción a quien se destinarían los votos de todos los electores que no hicieran uso del derecho a la preferencia.

            Se atribuye también al PRD, a través de la Secretaría de la Mujer, de haber motorizado al sector femenino de todos los partidos para que fuera a fines del pasado mes a la JCE a alegar que la eliminación del privilegio de prelación en el listado impediría cumplir la cuota de candidaturas en favor de las mujeres. Empero esta semana lasmujeres dieron marcha atrás y volvieron a la JCE para admitir el voto preferencial, aunque pidiendo que se alternaran mujeres y hombres en las listas.

            Queda todavía otro desacuerdo increíble. Los delegados de los partidos no han podido ponerse de acuerdo en cuanto al orden en que deben aparecer los candidatos, aún renunciando a la prelación. Unos han querido mantenerlos numerados, para engañar a incautos, otros han pedido que sean ordenados por el abecedario. Asombrosamente se ha rechazado el orden alfabético, que se usan universalmente cuando se quiere evitar confusiones de preferencias.

Tiempo para instrucción

            El mayor inconveniente que representa el voto preferencial es de tiempo, el que se necesitará para instruir a los electores y el que conllevará el cómputo. De hecho, ello supone un doble conteo. En una primera fase para establecer cuantos legisladores, síndicos y regidores ha ganado cada partido y una segunda para identificar los candidatos a diputados y regidores ganadores. Senadores, síndicos y vicesíndicos son uninominales.

            La Junta Central Electoral también requerirá de mucho tiempo para montar por todos los medios de comunicación una campaña de instrucción para que los electores asimilen la nueva forma de votación, con dos boletas y cuatro elecciones, más las dos selecciones de preferencias.

            Se teme que de pasar el tiempo los mismos partidos comiencen a alegar que no se puede poner en práctica el nuevo sistema, porque habría mucha confusión y votos nulos.

            Los jueces electorales están conscientes de que el tiempo corre y se proponen adoptar resoluciones, aún en los aspectos que no hay acuerdos. Hay quienes creen que la JCE tendrá que prescindir del Congreso Nacional y refugiarse en los artículos 3 y 6 de la Ley electoral, que le autorizan a adoptar cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de la misma.

Parece difícil que puedan confiar en que las cámaras legislativas despachen con prontitud una nueva reforma electoral, habida cuenta de que en ambas cámaras hay fuertes tendencias a adelantar una reforma constitucional para unir de nuevo en el mismo año las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, mediante el expediente de la prolongación de los actuales legisladores y munícipes.

Dificultades para organizar las elecciones del próximo año, serían un magnífico pretexto para que algunos crean fortalecido su notorio interés, especialmente en las bancas perredeistas, donde hay una apreciable cantidad que no podrán ser repostulados, ya que los estatutos de ese partido prohiben más de dos nominaciones consecutivas al mismo cargo.

Las incertidumbres sobre el nuevo sistema de votación y hasta en torno a las elecciones del próximo año podrían aumentar ahora que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, proclamó en Samaná un “bateo y corrido” para reformar la constitución a fin de reducir el porcentaje para ganar en primera vuelta y para el “ajuste de la legislación electoral a las necesidades de los perredeistas.

Gómez Mazara fue sumamente minucioso en su discurso y resaltó que el PRD necesita su actual mayoríapa4ra mantener su gobierno, proclamando la primacía de los perredeistas en todos los órdenes y por encima de todo.

En otras palabras, que el país podría caer una vez más en la incertidumbre en torno a unos comicios, recurrencia que al parecer no tiene fin, a pesar de los avances institucionales y de los últimos cinco años cuando se han celebrado tres elecciones limpias y sin ninguna impugnación.

Hasta poco antes de las elecciones presidenciales del año pasado hubo gente que apostó a que no se celebrarían elecciones limpias y a que el poder se impondría sobre todo, como en la larga historia de la República. Un notable dirigente llegó a afirmar que hasta el crímen era instrumento utilizable para mantener el poder.

Sin embargo, la nación mostró más madurez de la que muchos suponían, se superaron las dificultades, se celebraron las elecciones, y quedaron mal parados los que apostaron desde el poder al entorpecimiento.-

 

Encuestan ratifican deterioro del gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

            Las dos encuestas publicadas esta semana ratificaron el deterioro de la imagen del gobierno y el pesimismo predominantes en relación al futuro económico del país en términos que no han dejado dudas sobre la necesidad de rectificaciones en las políticas y los equipos gubernamentales.

            Tanto el presidente Hipólito Mejía, como la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y los dirigentes del partido oficial, el Revolucionario Dominicano (PRD), reaccionaron con calma y ponderación ante las revelaciones de las encuestas, especialmente la Hamilton-Beattie-Hoy, efectuada a nivel nacional, ratificada a nivel del Distrito Nacional por la Rumbo-Gallup.

            Lo positivo de la situación radica en que en los altos niveles del gobierno advierten la necesidad de cambiar el curso del deterioro, acelerando la ejecución del programa de compensación social y realizando esfuerzos por neutralizar el “pesimismo catasfrotista” que se registra en la opinión pública.

El palo de Hamilton

            Aunque se habían adelantado las lluvias para beneficio agrícola y calmar la sed nacional, el mes de mayo no le entró bien al gobierno. El martes primero Hoy comenzó a publicar los resultados de la última encuesta de Hamilton-Beattie, aplicada a nivel nacional del 21 al 24 de abril pasado.

            El rechazo a la política oficial no podía ser más contundente. El 59 por ciento de la población percibe que el gobierno lleva una ruta equivocada, contra sólo un 16 por ciento que lo cree en el camino correcto. Casi la misma proporción, el 58 por ciento calificó como malo el gobierno del presidente Mejía y el PRD.

            El sentimiento negativo y de rechazo y el pesimismo se reflejan en una gran mayoría de las respuestas, incluyendo a un tercio de los militantes y simpatizantes del propio partido de gobierno. Los indicadores contrastan con los de la encuesta anterior, de noviembre pasado, cuando la mayoría creía que el gobierno iba en la dirección correcta.

            Peor aún, el 50 por ciento de las encuestados considera que el gobierno hace mal uso de los ingresos fiscales. El 41 por ciento aprueba la administración. Mientras el 9 por ciento estima que excelente el manejo de los recursos fiscales, un 16 por ciento lo considera muy malo.

               El clavo sobre el cuerpo gubernamental fue remachado por otra encuesta, la de Gallup para la revista Rumbo, publicada un día después. Según esta el 64 por ciento estima que el gobierno no tiene una idea clara de lo necesario para resolver los problemas nacionales. Un 57 por ciento considera que el gobierno no sabe con seguridad hacia dónde lleva el país. El 37 por ciento advierte que los próximos tres años de gobierno serán malos y un 27 por ciento cree que serán buenos. El 23 por ciento se refugia en regulares, que es una forma tradicional de ni aprobar ni sancionar.

            Rumbo compara con los resultados de su anterior encuesta Gallup, de febrero pasado. Entonces los que esperaban que los próximos tres años serían buenos o regulares sumaban el 71 por ciento. Esta vez tan sólo llegan al 50 por ciento, para una caída del 21 por ciento.

            Pero si los resultados de Gallup en el DN son malos para el gobierno, para su partido, el PRD, parecen catastróficos, al registrar una caída en sus simpatías del 46 al 35 por ciento, entre febrero y abril, para quedar solo con tres puntos por encima del Partido de la Liberación Dominicana, que pasó del 26 al 32 por ciento. El Partido Reformista Social Cristiano también consiguió un notable incremento de simpatías al registrar un 19 por ciento, cuando en febrero sólo consiguió el 14.

            Ese 35 por ciento es una de las tasas de simpatías más bajas registrada por el PRD en la última década. Por ahí oscilaban sus simpatías en los años 1990-91 cuando comenzaba a recuperarse de la crisis en que quedó tras la derrota electoral de 1986 y la consiguiente división entre peñagomistas y majlutistas.

Tomados con calma

            Los resultados de las dos encuestas han sido tomados con calma por las cúpulas gubernamentales y del partido oficialista. Más aún una fuente dijo que no hubo sorpresa, aludiendo a la posibilidad de que alguna de las encuestas que auspicia el mismo gobierno ya hubiesen reflejado esas caídas.

            De ahí que tan pronto se anunció la publicación de las encuestas, el gobierno decidió agilizar la ejecución de los programas integrantes del “paquete social” . Por ello el presidente y la vicepresidenta se fueron el pasado fin de semana a los barrios para comenzar programas de pequeños créditos, de reparación de viviendas, de guarderías infantiles, de asistencia médica y de ventas masivas de alimentos y medicinas.

            Cuando los reporteros cuestionaron al agrónomo Mejía sobre los resultados de la encuesta Hamilton-Hoy, respondió con calma estimándolos frutos de “actitudes coyunturales de la gente que hay que respetarlas”. Desde luego, el mandatario no dejó de caer cierta ironía cuando al responder sobre el camino a seguir para cambiar la situación dijo “bueno, yo espero que cambien de gobierno ustedes al final de este período”.

            Por su parte la vicepresidenta Ortiz Bosch atribuyó los resultados negativos al costo político de las reformas tributarias, indicando que Mejía estaba consciente del mismo y que tomaba en consideración los indicadores de la encuesta.

            El presidente perredeista, Hatuey de Camps, no fue menos ponderado al comentar la encuesta de Hoy y admitió la existencia de “cierto disgusto” en la población por las ejecutorias del gobierno que ha tenido que vérsela “con una situación económica agravada por factores externos”.

            Las reacciones gubernamentales fueron tan tranquilas que han llamado la atencion de los analistas, dada la tradicional airada reacción de los políticos a las encuestas que le son desfavorables. Lo menos que se acostumbre es sembrar dudas sobre la validez técnica o la ética de los encuestadores. Para algunos eso es indicador de que las encuestas del gobierno también estaban oscilando del amarillo al rojo.

            La respuesta gubernamental a tan adversos resultados no solo van en orden a incrementar el programa de lucha contra la pobreza, sino también a fomentar la propaganda por los medios de comunicación, que se vio multiplicada esta misma semana, y a buscar una mayor presencia en los espacios generadores de opinión pública.

            Como siempre aparecen recomendaciones equivocadas, como la de restablecer las altas sumas de dinero y los favores que se gastaban hasta agosto pasado en favor de comunicadores de múltiples medios y categorías.

El presidente Mejía, se aseguró, sigue firme en que no fomentará la compra de conciencia y la corrupción. Y se agarra firmemente de que tal recurso en vez de ayudar desacreditó al gobierno pasado. Hay quienes estiman que la política de compra de comunicadores obliga a los que cuidan su credibilidad a establecer mayor distancia de los auspiciadores. Para que no los confundan con los cimarrones.

Admiten deficiencias

            Mientras los asesores gubernamentales analizan los resultados de las encuestas y formulan caminos a seguir, a los voceros se les ha recomendado una pausa en el planteamiento de nuevas cargas impopulares, aunque sea la eliminación de los pesados subsidios a la energía eléctrica y el gas propano.

Se admite también la necesidad de dar una imagen de mayor austeridad en el gasto público, lo que se sugiere especialmente para las carteras de Agricultura y Salud pública, donde se registran los mayores incrementos en gastos de personal.

Tres altos funcionarios del gobierno manifestaron su acuerdo con las líneas del análisis publicado en Hoy el sábado 29 de abril donde se criticaba la incapacidad de los equipos gubernamentales para combatir el pesimismo que arropa a la sociedad y para evidenciar el peso del petróleo y de la recesión económica internacional en la economía dominicana.

Desde la oficina de prensa del gobierno se gestiona la participación del equipo de gobierno en los programas de televisión, especialmente del secretario de Finanzas, Fernando Alvarez Bogaert, el secretario Técnico, Rafael Calderón y el influyente asesor Luis Lois Malkúm, entre otros.

El titular de Finanzas especifica que el gasto corriente aumentó en el primer trimestre del año en 18 por ciento, a causa de los subsidios al gas y la electricidad, por el pago de fuertes cuotas en interese de la deuda externa, y por gasto de personal. Sin embargo, estima que de 600 millones adicionales, a razón de 200 por mes, 420 millones habrían sido por causa del incremento del 10 por ciento en el salario en la administración pública.

Alvarez Bogaert resalta el peso de la factura petrolera y de la recesión norteamericana, y el costo de haber realizado una reforma tributaria sin financiamiento especial en divisas, pese a lo cual considera que las tasas de interés y cambiaria han mantenido estabilidad y que la inflación se proyecta para sólo un 7 por ciento en el año.

Como otros altos funcionarios admite que ha habido deficiencias en la información sobre la economía nacional y que ello ha contribuido a las expectativas negativas que planean sobre la opinión pública.

Un economista con rango casi de asesor gubernamental criticó que en el cuadro de las últimas semanas se haya discutido el aumento del costo de la energía eléctrica para los que más pagan. La línea a seguir tiene que ser innovadora, como obligar a las generadoras a renegociar contratos leoninos, mediante los cuales se les paga el kilovatio a un promedio de 11 a 12 centavos de dólar, considerada “la energía más cara del mundo”.

Precisamente este jueves 3 de mayo, la Unión Nacional de Empresarios publicó en Hoy tres cuadros demostrativos de que el costo de la tarifa eléctrica dominicana, residencial, comercial y privada, encabeza la de toda América Latina, duplicando la de más de la mitad de los países de la región, y con cerca de un 40 por ciento por encima de la de Uruguay, situada en la segunda posición.

Una cuestión importante sobre la que los funcionarios del área económica no se han sincerado es la tasa de crecimiento del producto bruto interno en el primer trimestre del año, que en ámbitos económicos se estima rondando el cero. Un analista económico considera que así debió ser pero no muestra sorpresa, señalando que la caída viene del segundo trimestre del 2000, cuando descendió a 8 por ciento, de un 12 en el primero. En el tercero bajó a 6 y en el último trimestre del año pasado apenas a 3 por ciento.

Si se admite que las dificultades tienen un alto componente importado y que “la factura petrolera nos está ahogando” y que la recesión norteamericana arrastra la economía dominicana, como sostiene el miembro de la Junta Monetaria Carlos Despradel, el gobierno tendría mayor comprensión de la ciudadanía.

Pero eso nadie se lo dará de gratis. Ni los opositores políticos ni los comentaristas independientes, muchos de ellos por ignorancia. Tienen que ganárselo los funcionarios, comenzando por el presidente, para lo cual es urgente una política de comunicación que vaya mucho más allá de incrementar la propaganda.

Y en algo hay consenso entre muchos analistas: Si el presidente no delega y sigue hablando todos los días de cuantos temas le planteen los reporteros, los miembros de su gabinete no podrán asumir su papel. También hay consenso en que Hipólito Mejía tiene que lavarle la cara a su gobierno antes de que su imagen se deteriore mucho más.-

 

El gobierno debe corregir su rumbo

Por Juan Bolívar Díaz

El bienestar de la nación demanda que tanto el gobierno como los sectores productivos y la opinión pública se decidan a combatir la subjetiva percepción generalizada de que todo anda mal y estamos al borde del abismo, fruto de la puesta en marcha de importantes reformas tributarias con factores internacionales adversos.

Actitudes negativas derivadas de la resistencia a pagar impuestos, incoherencia y falta de cohesión en el gobierno, especialmente en sus equipos económico, de comunicación y de salud, han contribuido a crear una sensación exagerada de crisis.

Sin embargo, cuando se analizan los resultados se comprueba que las dificultades fiscales están dentro de las proporciones esperadas y que a partir de marzo pasado comienza a reactivarse la actividad económica demostrándose que es injustificado el pánico que han mostrado algunos sectores.

Confusión y desinformación

Las últimas semanas se han caracterizado por un pesimismo terrible con vaticinios catastrofistas sobre la economía nacional, por una gran desinformación y confusión derivados de la pobre comunicación gubernamental y del bajo nivel de la información y la orientación que se produce a través de una inmensa red de radio, televisión y periódicos.

Las reales dificultades económicas, de origen local como internacional han sido magnificadas hasta arropar el gobierno, cuya imagen se desacredita progresivamente, cuando sus principales responsables económicos dan la sensación de estar empujados por ráfagas de viento que los llevan lo mismo hacia adelante que hacia atrás.

Por ejemplo, la política de precios de los combustibles. El gobierno fue incapaz de demostrar objetivamente cómo el petróleo había vuelto a subir en los días previos a la semana santa, y de identificar las dos grandes refinerías que en Gran Bretaña y en Aruba habían registrado problemas que originaron mayores alzas en los precios de la gasolina. La información estaba en internet y llegó por agencias internacionales, pero faltó una difusión adecuada que hubiese aminorado la sensación de que el gobierno aprovechó el asueto de los “días santos” para servirse con la cuchara grande.

Los dos pesos elevados a la gasolina premium y otro a la regular no fueron nada del otro mundo. Donde hubo un aumento importante fue en el gas propano, de 40 pesos las cien libras, y en realidad fue lo que dolió. En ese renglón el gobierno trató de reducir el subsidio que mantiene a ese carburante, consecuencia del error cometido en febrero cuando después de haber llevado el tanque de 100 libras a más de 450 pesos, lo regresó a 180. Si entonces lo hubiese bajado a 300 o 250 pesos, los usuarios lo hubiesen acogido como positivo y el gobierno se hubiese economizado parte del millonario subsidio y el nuevo disgusto.

Lo peor es que el gobierno, que hace apenas unos meses auspició la ley de hidrocarburos que fija el impuesto a los combustibles y obliga a revisarlos cada semana, se ha mandado al Congreso con un proyecto para restablecer la discrecionalidad.

Las indecisiones gubernamentales han sido tantas, que muchos empresarios ha dilatado el pago de nuevos impuestos, especialmente el adelanto del 1.5 por ciento de las ventas, convencidos de que un día de estos el gobierno echará para atrás. El presidente Hipólito Mejía ha tenido que reiterar varias veces que eso no ocurrirá, llegando a proclamar la semana pasada que se cobrará el gravamen “llueva truene o ventee”.

Dificultades previstas

Siempre se advirtió que una reforma tributaria, con un desmonte drástico del arancel, casi al 50 por ciento, implicaría dificultades en sus primeros meses de aplicación. En el mismo gobierno se previó que la cosecha de los frutos tomaría de 3 a 5 meses.

Sin embargo, realizados los ajustes fiscales, con toda la resistencia que ha conllevado especialmente el anticipo del 1.5 por ciento de las ventas, hasta en el mismo gobierno se han sorprendido de las dificultades. Y se han hecho cálculos precipitados y errados proyectando las recaudaciones de los primeros dos o tres meses del año, lo que en años normales no es válido, porque son meses de baja recaudación. Mucho menos cuando acababa de arrancar una reforma tributaria.

El resultado es que se ha estado vaticinando un déficit fiscal de hasta 10 mil millones de pesos. Mientras, contradictoriamente, uno de los principales diarios nacionales denunciaba, sin ningún fundamento, que secretarías de estado habían agotado la mayor parte de su presupuesto.

Desde luego, tal afirmación fue alentada por informes de que la secretaría de Salud Pública había incorporado unos 8 mil nuevos empleados, disparando su gasto en un 25 por ciento. Se afirma que tal incremento está vinculado a las aspiraciones presidenciales del titular de la misma, doctor José Rodríguez Soldevila, quien al parecer es una gran isla dentro del gobierno. A tal punto que hizo causa común con la Asociación Médica, llegando a justificar paros, en la oposición al proyecto de seguridad social impulsado por el gobierno y sus congresistas.

Rodríguez Soldevila mantiene también un enfrentamiento con la Comisión de Reforma del Sector Salud, lidereada por uno de los asesores económicos y amigo personal del presidente Mejía, al mismo tiempo que uno de los más capaces funcionarios gubernamentales, José Lois Malkúm. Y conste que en esa comisión hay también otros asesores prestigiosos y apreciados por el primer mandatario como los médicos Bernardo Defilló, César Mella y José del Carmen Ramírez.

Por cierto que fue Lois Malkúm, quien no es formalmente del equipo económico, quien dio la mejor respuesta a la desinformación sobre el déficit fiscal y el gasto gubernamental. El gobierno sigue pagando las consecuencias de la falta de liderazgo en el sector económico, ya que no se puede hablar de equipo. En ese ámbito, como en comunicaciones lo que hay es una suma de individuos, sin la mínima coordinación .

La falta de austeridad en la Secretaría de Salud Pública y en la de Agricultura, donde otro aspirante presidencial, Eligio Jáquez, se embarcó, en medio de las precariedades, en el financiamiento de 80 vehículos nuevos para sus ejecutivos, han dañado la imagen gubernamental y afianzado el criterio de que las dificultades fiscales se derivan del exceso del gasto.

En su conjunto, el gobierno ha sido incapaz de hacer objetivas las consecuencias del shock petrolero y la recesión internacional, especialmente en la economía de Estados Unidos.

Solo con artificios, como los puestos en marcha el año pasado por el gobierno saliente, se podía pretender el mantenimiento de las tasas de crecimiento de la última década, con recesión norteamericana, petróleo a casi 30 dólares el barril, que obliga a buscar 800 millones de dólares adicionales este año, al mismo tiempo que compromisos de deuda externa por otros 700 millones de dólares, que en pesos son casi 12 mil millones.

Aunque ha hablado muchas veces de los subsidios, la comunicación gubernamental ha sido incapaz de fijarlos en la conciencia pública, detallando sus aportes a energía eléctrica y gas propano. Un analista económico explicaba que en esos renglones, en el pago de la deuda externa y la factura petrolera es donde hay que buscar las mayor parte de las dificultades de la economía.

 Desde luego, hay un componente de aumento de la nómina pública, derivado del clientelismo político. Pero si lo hizo el gobierno anterior que descansaba en un partido de apenas 13 mil miembros, con más razón uno que tiene compromisos con decenas o cientos de miles.

Informaciones esperanzadoras

En esta última semana de abril se han ido conociendo informaciones que renuevan la esperanza y hasta desmienten el nivel de deterioro que algunos pregonan. El gobernador del Banco Central reconoció que enero y febrero fueron meses difíciles, pero sostuvo que marzo ya fue bueno y abril se perfilaba mucho mejor.

 Frank Guerrero Prats resaltó que pese a las dificultades, las autoridades han mantenido el equilibrio macroeconómico, sin sobresaltos. Con una inflación de 2.2 por ciento en el primer trimestre y con equilibrio en la tasa cambiaria, aunque a costa de tasas de intereses penalizantes para la inversión productiva.

El diario El Siglo, no algún organismo público, publicó un cuadro demostrativo de que en marzo las recaudaciones fiscales crecieron en relación a los primeros dos meses. Contra la creencia generalizada muestra que en el primer trimestre de este año las recaudaciones crecieron un 19 por ciento en relación al mismo período del año pasado, al pasar de 11 mil 67 a 13 mil 178 millones de pesos.

El martes la Dirección General de Impuestos Internos publicó un cuadro donde muestra que sus recaudaciones han superado en 6.46 por ciento las estimaciones que habían proyectado para el primer trimestre del 2001, las que a su vez han rebasado en 35 por ciento las del mismo período del año 2000. Ha recaudado 6,854.5 millones, contra solo 5,074.7 millones el año pasado.

Por su parte el presidente de la Refinería de Petróleo, Amaury Justo Duarte, llamó el martes al telediario Uno más Uno de Teleantillas para dar la información demostrativa de un incremento del consumo de combustibles en marzo y sostenido en abril, en relación a los meses anteriores, concluyendo en que la economía está en proceso de reactivación.

Dirigentes de la Cámara Dominicana de la Construcción dijeron recientemente que enero y febrero habían sido meses malos, pero que marzo ya registró cierta reactivación.

Una política comunicativa gubernamental debería reunir toda esa información y muchas otras para combatir el pesimismo que se adueña de la opinión pública. Debería conllevar mayor presencia de los funcionarios del área económica en las entrevistas de televisión, y elaboración sistemática de cuadros, gráficos y análisis para consumo de la inmensa legión de “analistas” de los medios de comunicación, muchos de los cuales repiten cualquier publicación, por menor fundamento que tenga.

Corregir el rumbo

Para muchos analistas es obvio que el gobierno del presidente Mejía está envejeciendo demasiado aceleradamente y perdiendo el encanto en la ciudadanía. Le urge corregir el rumbo, con algunos cambios aunque sean cosméticos, que den la impresión de renovación. Aunque la generalidad cree que, al igual que el ex-presidente Leonel Fernández, el actual mandatario está demasiado comprometido con quienes “se fajaron en la campaña y el partido”, lo que le dificulta salir de algunos.

El gobierno tiene también que contener la tendencia a reprimir violentamente protestas populares poco significativas, lo que ha implicado dos muertes en Salcedo a manos de la Policía, tiros y bombas en San Francisco de Macorís, Haina y en otras localidades.

Tendrá que sacrificar un poco el gasto corriente e imponer una rígida austeridad para reunir recursos mínimos a fin de comenzar en mayo próximo su programa de compensación social. También tendrá que contener los anuncios de nuevas obras, especialmente de aquellas que no tengan un contenido absolutamente social.

Aunque los viajes presidenciales al exterior no son un lujo, la población no lo percibe en su justa dimensión, aparte de que distraen la atención del presidente de la República y algunos de sus colaboradores. Ello contribuyó a dañar la imagen del gobierno anterior y este lleva un ritmo mayor. Espaciar los viajes presidenciales contribuiría a una imagen de austeridad.

Desde luego, el gobierno tiene que tratar de mejor su cohesión interna y concentrar a todos sus ministros en el trabajo de equipo, conteniendo la ya clara tendencia al trabajo clientelista buscando posesionarse en las bases partidarias para la lucha por las candidaturas para los comicios del año próximo y los presidenciales del 2004.

Una de las dificultades del gobierno deriva del hecho de que la mayoría de las principales carteras están en manos de gente que está pensando más en su propia proyección política que en el éxito de la actual gestión. Y para ello tienen que derivar recursos estatales, ya mediante sueldos, vehículos, dietas u otros medios más sancionables.

El presidente podría aprovechar ahora que acaba de retornar de la Cumbre de las Américas, donde tuvo una participación relevante, demostrativa una vez más de que tiene carisma y capacidades, contrario a lo que pretenden vender sus opositores más radicales.-