Ejecuciones y tribunales policiales

Por Juan Bolívar Díaz

            La alarmante política de ejecuciones de delincuentes y supuestos delincuentes, que en los últimos tres años ronda la cifra de 500, y la supervivencia de los privilegiados tribunales de justicia policial que ampara su impunidad son claras expresiones de las debilidades institucionales que perviven en la sociedad dominicana, pese a los avances de los últimos años.

            Preocupadas por esa política extra-judicial, denunciada repetidas veces por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, 6 instituciones sociales elevaron una instancia ante la Suprema Corte de Justicia hace más de un año solicitando que se declare la inconstitucionalidad de los tribunales policiales

            La dilación en dictaminar sobre la instancia no tiene justificación y parece mostrar una preocupante debilidad del máximo tribunal judicial dominicano que de persistir podría conducir el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la cual está comprometido el Estado dominicano.

Cifras alarmantes

            Para los organismos dominicanos especializados en la defensa de los derechos humanos las muertes de civiles, reales y pretendidos delincuentes, a manos de agentes policiales han alcanzado cifras realmente alarmantes en los últimos años, aunque se reconoce que es una vieja política policial y militar amparada por la mayoría de los gobiernos que ha tenido la nación.

            Las cifras han sido recogidas en los medios de comunicación, especialmente en los periódicos Hoy, El Siglo y el Diario Libre. El movimiento Participación Ciudadana las recogió esta semana en un comunicado. En 1996 se contaron 85 víctimas de los llamados “intercambios de disparos entre delincuentes y agentes policiales”. Se redujeron a 50 al año siguiente, pero en 1978 ascendieron a 75 para elevarse a 200 y 171 en los dos años siguientes.

            Las proyecciones indican que en este año el récord podría ser superado, ya que en los primeros seis meses se contaron 110 muertes a manos de los agentes encargados de velar por el orden público y la seguridad ciudadana. El total en los últimos tres años supera el medio millar.

            Como es obvio, en parte de esos casos se ha tratado de reales intercambios de disparos entre delincuentes y agentes policiales. La Policía Nacional dice que 50 de sus agentes han muerto violentamente en los últimos dos años, sin precisar cuántos han sido víctimas de riñas que nada tienen que ver con el cumplimiento del deber.

            La ejecución de un sacerdote y de un pequeño empresario, declarados en principio como delincuentes y de 4 hombres que previamente habían sido grabados en un vídeo vivos y amarrados, han sacudido la opinión pública. En innumerables casos los testimonios de testigos dan cuenta de reales ejecuciones, a menudo de pequeños delincuentes, como el caso del joven de Villa Francisca que escandalizó el último día de septiembre.

Las crónicas de los periódicos no han dejado lugar a duda, hasta el punto que la esposa de don Juan Bosch, doña Carmen Quidiello, abandonó el lecho de enfermo del ex-Presidente de la República para ir a expresar su solidaridad con la madre del muchacho de 18 años, ejecutado por un cabo policial llamado Tyson, en alusión a un famoso boxeador norteamericano.

            Por supuesto que a la Policía Nacional no sólo se le acusa de asesinatos, sino también de torturas en diversos grados, de redadas masivas que afectan a cientos de ciudadanos, de extorsiones contra madres e hijos a los cuales se secuestra ilegalmente para reclamar la entrega de perseguidos y de delitos peores como violaciones de mujeres y de menores en las cárceles.

Cultura del abuso

            Aunque los abusos y excesos policiales se han incrementado en las tres últimas jefaturas policiales, especialmente en la actual, la práctica viene de lejos y está fundada en una cultura que reduce los derechos ciudadanos frente a los uniformados, civiles o militares.

            Se arraigó durante la tiranía de Trujillo, que impuso la política de “orden y paz” por encima de toda norma jurídica y derecho humano. Se dividió la población entre civiles y policías-militares, como forma de controlar todo género de desafío al autoritarismo que pautó la vida nacional durante tres décadas.

            Esa cultura ha permeado las diversas capas sociales dominicanas, arraigando en los que tienen más que perder, pero también en los sectores populares que suelen demandar la muerte de los delincuentes, hasta que llega a su propio vecindario. Entonces la protestan hasta con violencia.

            Pero no deja de ser relevante que las mayores tasas de muertes a manos de agentes policiales se han producido en los últimos dos gobiernos, los de los partidos más democráticos y más comprometidos con los derechos ciudadanos y el orden institucional que han alcanzado el poder en el país.

            Esa cultura del abuso parece tan sólida que ha desafiado las continuas denuncias de las instituciones nacionales que defienden los derechos ciudadanos, y de todos los organismos internacionales de derechos humanos que conocemos, como los de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, American Watchman y el departamento de Estado norteamericano.

            Si bien tiene un amplio rechazo en la opinión nacional e internacional, también cuenta con ardientes defensores en los medios de comunicación, en el empresariado y hasta en las iglesias. En la actualidad no parece contar con el visto bueno de la jerarquía militar ni de los Estados Unidos, dos de los cuatro clásicos “poderes fácticos” de que hablan los sociólogos.

Expectativa fallida

            Esta semana se llegó a anunciar que la Suprema Corte de Justicia dictaminaría sobre el recurso de inconstitucionalidad de los tribunales policiales, que amparan los abusos policiales de todo género.

            Pero la expectativa resultó fallida. El máximo tribunal sólo se pronunció sobre otra instancia, la que procuraba la inconstitucionalidad del cobro adelantado del 1.5 por ciento de las ventas netas, que resultó validado.

            Quedó pendiente el dictamen sobre los tribunales policiales, incoado en septiembre del 2000 por las entidades sociales Alfalit Dominicana, Centro de Estudios Padre Juan Montalvo (de los sacerdotes jesuitas), Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana.

            Llama la atención que la Suprema Corte dejara pendiente una instancia en su poder hace 13 meses y se pronunciara, en cambio, sobre otra que sólo tenía la mitad de ese tiempo, en medio de versiones de que está esperando una oportunidad “propicia” para hacerlo.

            Hay quienes creen que el caso debería ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de donde podría ser declinado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos ambos que forman parte del sistema interamericano y al cual está adscrito la República Dominicana.

            Resalta el hecho de que no sólo instituciones de la sociedad civil han condenado en los últimos tiempos los excesos policiales, cuestionando el privilegio que sustrae los crímenes atribuidos a agentes del orden de la justicia ordinaria, sino también autoridades de este y del anterior gobierno, incluyendo a procuradores generales, fiscales y al comisionado presidencial de apoyo a la reforma judicial.

            Los fuertes cuestionamientos y las evidencias aportadas por diversos medios de comunicación no han logrado contener los abusos, especialmente en su peor expresión de lo que se ha denominado internacionalmente como “ejecuciones extrajudiciales”.

Fundamentos de la Instancia

            El recurso de las seis entidades sociales contra los tribunales policiales fue incoado por los abogados Francisco Domínguez Brito, Félix Damián Olivares Grullón, Eric Raful y Ramón Emilio Núñez.

Se fundamenta en la inconstitucionalidad de 46 de los artículos de la ley 285 del 29 de junio de 1966 y sus modificaciones que integran el Código de Justicia policial y el artículo 68 de la Ley Institucional de la Policía Nacional, 6141 del 28 de diciembre de 1962.

Considera que esos textos vulneran los principios constitucionales de la separación e independencia de los poderes del Estado, la universalidad y exclusividad del Poder Judicial en la impartición de justicia , el debido proceso de ley y el derecho de acceso a la justicia y el de igualdad de todas las personas ante la ley.

Cita en primer lugar el artículo 63 de la Constitución, el cual indica que “El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del Orden Judicial creados por esta Constitución y las leyes”.

“Admitir que pueda existir una jurisdicción con sede en el Poder Ejecutivo separada y ajena al Poder Judicial, con competencia para administrar justicia en los casos de infracciones calificadas como crímenes y delitos, sería afirmar que existen ámbitos de no derecho o no regulados por la Constitución de la República”, sostiene.

Agrega que “el pretendido Código de Justicia Policial y los llamados Tribunales de Justicia Policial, bien pueden agotar tareas disciplinarias o del orden interior de la corporación policial, pero en ningún caso pueden arrogarse competencia para administrar justicia en materia penal, aún lo sea por una ley adjetiva o una disposición suelta de la Constitución de la República. Cualquier disposición normativa que apunte en ese sentido, contraviene frontalmente la forma civil, republicana, democrática y representativa de gobierno, norma invariable e inmutable del ordenamiento que se ha dado la Nación dominicana”. –

Discurso presidencial esperanzador

Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Hipólito Mejía impactó positivamente esta semana con su discurso del martes, en el que asumió el papel de estadista en tiempos de crisis y formuló un llamado a la unidad para enfrentar los problemas del país, agravados por la crisis internacional.

            Al mismo tiempo el gobierno anunció planes de contingencia para atender al turismo, afectado por la crisis internacional, para mantener el esfuerzo por sostener los niveles de inversión extranjera y garantizar un adecuado suministro de combustibles en caso de mayores complicaciones mundiales.

            Esos elementos positivos contrastaron con la persistencia en mantener la incertidumbre en torno a las reformas constitucionales, sin que nadie haya podido entender las razones por las que no se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Nacional en consonancia con el pacto firmado la semana pasada por los partidos mayoritarios y el propio Presidente de la República.

Discurso esperanzador

            El discurso con que anunció los planes para su segundo año de gobierno, fue el mejor de los pronunciados por el primer mandatario. En el mismo asumió el papel de estadista y de líder nacional que se le había reclamado en vez de sus frecuentes recriminaciones.

            Fue conciliador y reflexivo, convocando a la unidad de propósitos, a combatir el pesimismo y la frustración, y a renovar la confianza en el futuro de la nación, colocándose más allá de la política partidista.

            Al mismo tiempo, el presidente Mejía esbozó un programa de inversiones destinado a reactivar la economía nacional y a prevenir los efectos dañinos de la crisis internacional, poniendo como primer objetivo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica de la nación.

            “Nos encontramos en un momento de reflexión y lo primero que quiero pedirles es que nos unamos ante los nuevos retos que se avecinan. Les hago un llamado sincero a todos los dominicanos sin importar sus inclinaciones o simpatías políticas, para que dejemos de lado los combates en el frente político”, planteó, tras señalar los riesgos que presenta el panorama internacional.

            El acierto del discurso presidencial quedó de manifiesto en las reacciones que produjo en la oposición política, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana, y de la opinión pública en general, que lo consideraron positivo.

            Resaltó el compromiso presidencial con el buen uso de los 500 millones de dólares de los bonos soberanos, planteando que “he asumido personalmente el control de estos recursos confiando en que la Comisión creada en la propia Ley de Bonos asuma su función asesora para garantizar que cada dólar invertido tenga un retorno mayor a su costo financiero”.

El gran reto actual

            No pasó desapercibido que mientras el Presidente dirigía su mensaje gran parte del país no podía seguirlo, pues el servicio energético estaba nuevamente en los niveles más críticos con gran parte de las plantas apagadas por acumulación de deudas.

            El gobierno anunció que había cerrado el crédito de mil 400 millones de pesos para pagar las deudas con el sector energético.

            La restauración del servicio de energía, a niveles razonables, es el gran reto inmediato del gobierno que volvió a enfrentar esta semana significativas protestas, con brotes de violencia en barrios y poblaciones, profundamente afectados por prolongados apagones, especialmente en la capital y el Cibao Central.

            Tanto del discurso presidencial, como de la reunión con el sector turístico, al que destinó mayores recursos para promoción, y del anuncio del equipo económico sobre las previsiones ante la posibilidad de una mayor complicación de la crisis internacional, se infiere una actitud correcta del gobierno.

            Ello le confiere fuerza moral para reclamar a los médicos que conduzcan con racionalidad sus demandas reivindicativas y afecten lo menos posible los servicios a la población más necesitada, que volvieron a ser interrumpidos esta semana.

            “La base para todo esto es generar confianza. La palabra clave es confianza. Esa confianza en la economía dominicana se acrecienta y se hace cada día más sólida en todo el mundo”, proclamó el presidente Mejía al finalizar su alocución.

            Justamente es lo que se ha venido reclamando al gobierno, al presidente Mejía y a su partido para que se canalicen mejor las energías y disminuyan las garatas y enfrentamientos infructíferos. En esa materia la iniciativa corresponde siempre a los gobernantes, que deben ser los más interesados en un clima que facilite la gobernabilidad, convocando persistentemente a la colaboración.

            Ese clima positivo es necesario para que no se adelanten demasiado las contradicciones que conllevan las campañas electorales. Los perredeistas deberían tener presente que una de las deficiencias del gobierno anterior fue precisamente su poca habilidad para conciliar con sus opositores, lo que mantuvo al país en una permanente confrontación y al final se revirtió en contra del partido gobernante.

Actitud contradictoria

            El accionar gubernamental de esta semana se corresponde con el pacto firmado por el presidente Mejía y su partido la semana anterior para limitar la reforma constitucional a 4 elementos de amplio consenso, dejando a una futura asamblea constituyente el abordar una revisión de fondo de la carta magna.

            Sin embargo, la actitud de una parte de los legisladores perredeístas que han desafiado el pacto tripartito resta impacto al mismo y a las iniciativas gubernamentales, manteniendo cierto nivel de incertidumbre que conspira contra el clima de colaboración y la unidad de propósitos formulada por el primer mandatario.

            Pero la persistencia de algunos legisladores en imponer reformas sin consenso pudo haber pasado como simples resabios o pataleos, de no haber contado con una incomprensible incoherencia en los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso.

            Nadie ha podido entender por cuál razón no se envió al Congreso el proyecto de ley convocando la asamblea nacional en concordancia con el Pacto para la Reforma Constitucional suscrito por los tres partidos mayoritarios y el presidente Mejía.

            Lo que se entregó al Congreso fueron los proyectos elaborados por la Comisión Especial creada en marzo por decreto presidencial para que recomendara reformas a la Constitución. Uno estaba destinado a la convocatoria de la Asamblea Nacional sólo para instituir la constituyente. El otro es el paquete completo de nueva Constitución que deberá ser materia fundamental para los constituyentes a ser electos en mayo próximo.

            Al finalizar la semana se estaba a la espera de que el Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto que convoca la Asamblea Nacional tan solo para conocer las cuatro reformas acordadas en el Pacto suscrito el 27 de septiembre.

            El Partido Revolucionario Dominicano sigue dando muestras de falta de unidad y disciplina. Es inconcebible que 11 de sus 24 senadores hayan formalizado un proyecto de reforma constitucional que desafía el pactado por el presidente de su partido y el Presidente de la República apenas 5 días antes.

            Y mientras el presidente del PRD, Hatuey de Camps, reunía a legisladores para persuadirlos de que acogieran el pacto fruto de un amplio consenso nacional, el Consultor Jurídico del Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, insistía en proclamar la independencia del Congreso frente a lo pactado.

            No han faltado quienes encuentren explicaciones a estas incoherencias en las luchas intrapartidarias que a menudo desconocen la responsabilidad implícita en el ejercicio del poder, superiores a la de los opositores.

             Y no es que se pretenda poner una mordaza a la disensión, pero tampoco se justifica que se le estimule con ambiguedades como la de haber sometido el pacto sin el proyecto de ley que lo canalizaría, entregado por el mediador, Monseñor Agripino Núñez Collado. Fue elaborado por los abogados Ramón Tapia Espinal y Milton Ray Guevara, conjuntamente con el texto del pacto.

Maniobra inútil

            Por demás, la introducción del proyecto de reforma del senador perredeista Darío Gómez es una maniobra inútil, que sólo sirve para mantener la incertidumbre, pero con muy remotas posibilidades de concretarse.

            Si antes del pacto tripartito había pocas posibilidades de que los perredeístas impusieran una reforma constitucional, luego del mismo es casi imposible. Primero porque ahora sí que resultará difícil reunir dos tercios de la Asamblea Nacional para aprobar otra cosa que no sea la pactada, que además tiene pleno respaldo de las instituciones sociales y la opinión pública en general.

            Una cosa es que lo pactado no alcance los dos tercios y otra que pueda conseguirse esa proporción para pasarle por encima al liderazgo político mayoritario y al propio Presidente de la República. En última instancia la alternativa a lo pactado es que no se haga ninguna reforma.

            En caso de darse ese absurdo, quedaría al desnudo una crisis política, por doblez de los firmantes o por falta de influjo en sus propios partidos.

            La generalidad de los análisis conducen a que el pacto se concretará, pero sin descartar que algunos persistan hasta el final en torpedearlo, lo que sería una simple repetición de los intentos de reformas constitucionales del anterior Congreso, estimulados también por las incoherencias partidarias y gubernamentales.

            Esas dicotomías sólo sirvieron para desacreditar el gobierno del presidente Leonel Fernández y el PLD, para mantener un clima de confrontación y perder el tiempo. Al final tuvieron su costo político.-

El Pacto por la Reforma Constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

            El pacto suscrito entre los tres partidos mayoritarios con el patrocinio del presidente Hipólito Mejía es un acontecimiento positivo, que debería marcar el camino para nuevos entendimientos, especialmente para enfrentar los efectos de la recesión económica internacional, agudizados por el ambiente de guerra que vive el mundo.

            Por de pronto el acuerdo proclamado el jueves 27 de julio en el Palacio Nacional tiene la virtud de despejar el ambiente nacional de las incertidumbres y desconciertos que producían las amenazas de reformas constitucionales a la medida de las ambiciones grupales y coyunturales.

            El pacto ha sido resultado de meses de discusiones entre sectores políticos y dirigentes sociales y abre paso a la institución de la asamblea constituyente por elección popular reclamada durante años por sectores políticos y por la generalidad de las organizaciones de la sociedad civil.

Sorpresa positiva

            Cuando tomaban cuerpo nuevamente las amenazas de grupos de legisladores de reintroducir al Congreso el proyecto de reforma constitucional que pretendía hasta la extensión del período legislativo y municipal, la opinión pública fue sorprendida positivamente con el anuncio del acuerdo.

            Incluso el propio presidente Mejía había introducido un nuevo e inesperado elemento de enfrentamientos cuando propuso prohibir por siempre la reelección presidencial, mientras varios de sus seguidores abogaban por lo contrario, es decir eliminar la elección consecutiva para abrir paso a “una sola reelección”.

            Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, quien coordinara la Comisión Especial que por encargo del Ejecutivo elaboró un proyecto de reforma constitucional entre mayo y agosto, se mantuvo promoviendo la búsqueda de un acuerdo en el máximo nivel político.

            El y otros dirigentes sociales y miembros de la comisión habían advertido que el camino hacia la instauración de la Asamblea Constituyente pasaba por una negociación con los partidos y el gobierno, y con la búsqueda de una fórmula de transacción, mediante la cual se diera alguna satisfacción a los congresistas y sectores políticos que abogaban por una modificación inmediata.

            La tenacidad de Monseñor Núñez Collado y la receptividad mostrada por el presidente Mejía, convencido de que a su gobierno no le convenía la incertidumbre que mantenían los legisladores, posibilitaron el pacto.

            Otro que jugó un papel preponderante fue el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Hatuey de Camps, primero al promover ante el Presidente la constitución de la Comisión Especial, concertada con sectores de la sociedad civil, y ahora en la concreción del pacto para canalizar la reforma.

            La Comisión, creada mediante el decreto 410-01 del 21 de marzo, fue el primer frenazo impuesto a los afanes constitucionalistas del Congreso, que en diciembre habían llegado al extremo, cuando el Senado aprobó sorpresivamente, en dos lecturas consecutivas, “con asechanza, nocturnidad, premeditación y alevosía” un proyecto de reforma constitucional.

El Pacto de transacción

            Con la firma del Presidente de la República, en calidad de testigo, los máximos dirigentes de los Partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano se comprometieron a “promover, guiar, orientar y realizar una reforma de la Constitución de la República”.

Los suscriptores coinciden en que ello “requiere un alto grado de transparencia, compromiso y aceptación entre las partes y que en su condición de fuerzas mayoritarias que actúan en el Congreso Nacional, deben rodear este proceso de las mayores garantías para que se cumpla escrupulosamente con lo pactado”.

El convenio es de convocar la Asamblea Nacional (el actual Congreso) para que realice cuatro reformas a la carta magna, encaminadas a:

  1. Modificar el artículo 89 para eliminar el párrafo que creó los colegios (electorales) cerrados.
  2. Modificar el párrafo del artículo 90 para reducir el porcentaje necesario para la elección del presidente y vicepresidente de la República, del 50 al 45 por ciento. O el 40, si quien quede en primer lugar lleva más de 10 puntos porcentuales al segundo.
  3. Consagrar la elección popular para los representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano.
  4. Y modificar los artículos 117 y 188 para introducir la figura jurídica de la constituyente como forma para reformar la Constitución, dejando a la ley todo lo relativo a su composición. Sus integrantes serían electos en los comicios de mayo próximo.

Los cuatro puntos habían sido aprobados de consenso por la Comisión Especial, aunque se pedía que la Asamblea Revisora sólo se abocara al último y dejara todo el contenido de fondo a la Constituyente.

La transacción fue fundamentalmente con la mayoría del PRD empeñada en “reivindicar su honor” con la reducción del porcentaje para la elección presidencial en primera vuelta, establecido a su espalda en la reforma de 1994 por la entonces alianza del PLD con el PRSC, la cual impidió el triunfo de su líder, José Francisco Peña Gómez en los comicios de 1996.

La eliminación del llamado “colegio electoral cerrado” reivindica a la ciudadanía, penalizada excesivamente por un sistema obsoleto, que en los comicios pasados se manifestó innecesario, dado el funcionamiento del padrón electoral, y que podría reducir en términos escandalosos la votación en los comicios congresionales y municipales del próximo mayo. En los primeros separados de la elección presidencial, en 1998, votó apenas el 49 por ciento.

Freno definitivo

Ya la semana anterior en una reunión del presidente Mejía, Hatuey de Campsy los senadores perredeistas se había acordado que definitivamente quedaba cerrado el paso a los intentos de prolongación. El pacto los liquida definitivamente.

El texto indica que los tres partidos “rechazan de manera vigorosa y rotunda la extensión por dos años del actual período constitucional de los legisladores (1998-2002), por ser contraria a la expresión de la voluntad popular, violatoria del mandato ciudadano y constituir, de ser materializada, un crimen de lesa patria”.

Para darle seguimiento al convenio, se establece una comisión integrada por un representante de cada uno de los tres partidos, por Monseñor Núñez, el abogado Ramón Tapia Espinal y la economista Melba Barnett, actual coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana.

Al margen de los disgustos que pueda ocasionar entre los más inflexibles propulsores de la reforma constitucional al vapor, el convenio liquida sus posibilidades. Deja en el rechazo absoluto el intento de prolongación y crea un compromiso que no solo tiene el respaldo de los partidos políticos y la sociedad civil, sino que contará con el apoyo y defensa de toda la opinión pública.

No se advierte posibilidad de que dos tercios de los legisladores puedan coincidir en desafiar al frente tan amplio que sostiene el pacto. Aunque no se debe descartar que algunos quieran persistir en escandalizar, pretendiendo agregar algunos puntos a la reforma inmediata.

El pacto es una reivindicación para la sociedad civil que tantos esfuerzos hizo en los últimos 9 meses por impedir que se sancochara una reforma constitucional como traje a la medida de intereses partidarios y grupales. Ella está en la obligación de participar en su seguimiento.

Es también una prueba de que por más encontronazos que se den entre políticos profesionales y dirigentes sociales, siempre queda espacio para la concertación y el acuerdo, pues ambos son piedra fundamental del proceso democrático.

El Pacto por la Reforma Constitucional está llamado a devolver la esperanza en que entre los dirigentes e instituciones dominicanas puede haber concierto, que no se pueden pasar todo el tiempo en la confrontación y en la pérdida de tiempo. Que pueden ponerse de acuerdo para resolver las diferencias y hacer avanzar la sociedad hacia estadios superiores de la convivencia democrática y del desarrollo.

Es propicio en los momentos de dificultades que atraviesa la economía nacional, afectada por la recesión internacional y por el ambiente de guerra que predomina en el mundo desde la agresión terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre.

Es estimulante que los tres partidos mayoritarios coincidan en firmar un documento donde “reafirman una vez más su fe y su confianza en un futuro promisorio para el pueblo dominicano y están convencidos de que mediante la vía de la concertación, la colaboración y el diálogo y colocando el interés nacional por encima de cualquier tipo de interés grupal o coyuntural, se impulsará el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y se abrirán caminos de progreso y de prosperidad para todas las dominicanas y dominicanos”.

Debe darse crédito por la firma del documento a los partidos de oposición, especialmente al PLD que al final selló el consenso, luego de aparecer como el más renuente a aceptar la transacción, que el sagaz Joaquín Balaguer se había adelantado a suscribir un día antes que los peledeistas.-

Momento inapropiado para la reforma constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

El coyuntura que vive el país, afectado por la recesión internacional y las secuelas de los atentados terroristas contra Estados Unidos, no parece ser propicia para embarcarse en un debate de reforma constitucional, con todas las pasiones que caracterizan a este pueblo.

Las incertidumbres que se han venido incubando por los intentos de prolongación protagonizados por grupos de legisladores, están llamadas a multiplicarse, sobre todo ahora cuando reaparece el tema de la reelección presidencial, presente en gran parte de las 35 reformas constitucionales de la historia nacional.

Hay quienes creen que la reforma constitucional podría estarse tratando como forma de desviar la atención pública, pero otros advierten que el tema es tan sensitivo que promueve la división hasta en el partido de gobierno y paraliza proyectos e inversiones que el país requiere con urgencia.

Grave preocupación

Diez días después de la trágica como dramática jornada del 11 de septiembre, el mundo está contaminado por los sonidos de los tambores de una de las guerras más difíciles que se pueda librar, frente a un enemigo que no tiene ejército ni frontera, aunque parece anidarse en un territorio, bronco y hostil, como el de Afganistán.

Con el agravante de que los cuadros de ese atrevido enemigo están infiltrados en decenas de países, y profesan una militancia político-religiosa capaz de producir una veintena de suicidas para una sola operación ofensiva del calibre de la de Nueva York y Washington.

La movilización de tropas, barcos y aviones de guerra por parte de Estados Unidos, en medio de reiteradas advertencias de que va a cobrar la afrenta de los atentados terroristas, tiene un efecto recesivo en lo inmediato, especialmente para los viajes y el turismo, acentuando las tasas de desempleo y elevando el costo del petróleo, de nuevo rondando los 30 dólares el barril.

La incertidumbre internacional podría prolongarse y sus efectos acentuarse en la medida en que no resulte fácil a los norteamericanos cobrar a los responsables de la muerte de unas 5 mil personas y de la gran destrucción registradas en las dos principales ciudades estadounidenses.

El mayor impacto inmediato en el país derivado de los ataques del 11 de septiembre radica en la drástica reducción del turismo, de la que todavía no hay suficiente información, tal vez porque los operadores del sector prefieren no sembrar el escándalo y el pesimismo.

Pero las suspensiones de vuelos charters han estado a la orden del día, provenientes de todas las fuentes, y los vuelos regulares están sufriendo reducciones, cuando no llegan con el mínimo de pasajeros. Esta semana hubo hoteles en la capital con ocupación del 10 y 20 por ciento. Y es que a nadie le gusta que la guerra le sorprenda lejos de su hábitat y mucho menos cuando el retorno tenga que producirse por aviones sometidos como nunca a la inseguridad.

Una segunda de las tres piedras fundamentales de la economía dominicana ha sido también duramente afectada. Según informes, en los días siguientes a los atentados los envíos de dinero se redujeron al mínimo. Aunque se espera que estos se recuperen más rápido que el flujo turístico.

Como consecuencia, la tasa cambiaria ha entrado en una onda alcista, pasando de 16.85 pesos por dólar que promediaba el intercambio al comenzar el mes, a 17.20 el 20 de septiembre, para un alza de unos 35 puntos.

Aunque la tercera piedra, las zonas francas, no ha sido desestabilizada por el clima de guerra, sus operadores convienen en que lo será si la situación no cambia en el breve plazo. Y este sector ya estaba siendo golpeado duramente por la “desaceleración” de la economía norteamericana. Aquí los empleos perdidos en el año se cuantificaban alrededor de los 15 mil. En México sobre los 200 mil.

Tiempo de tregua

Antes de la nueva situación de pre-guerra ya la economía nacional se situaba al borde de la recesión, con un crecimiento que se revalúa en reversa casi cada mes, -ya para menos del 3 por ciento este año- con déficit presupuestario que se proyecta entre 2 y 3 mil millones de pesos, que ha reducido las inversiones públicas.

Con el turismo y las zonas francas en contracción, con persistentes resistencias de sectores de interés frente a las reformas fiscales ejecutadas este año, y demandas sociales acumuladas a punto de explosión, el gobierno debería ser el más interesado en buscarse un clima de mayor entendimiento y confianza.

Sorprendentemente ha sido lo contrario y los legisladores del partido de gobierno han encabezado un persistente esfuerzo por mantener un clima de incertidumbre, blandiendo la amenaza de la reforma constitucional para acomodar la carta magna a sus intereses circunstanciales.

Contribuyeron a viciar el ambiente las amenazas de arrebatos y las exclusiones que precedieron la elección de 3 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y la citación en masa del ex-presidente Leonel Fernández y 15 de sus seguidores para investigarlos sobre irregularidades arrojadas por una auditoría.

Independientemente de la validez o procedencia de las citaciones, el Partido de la Liberación Dominicana las ha denunciado como persecución política y como parte de una ofensiva que tendría el propósito de desarticular la oposición y crear condiciones para un “bateo y corrido” que incluiría la reforma constitucional, con prolongación y hasta reelección incluidas.

Es obvio que el PLD ha magnificado sus denuncias tratando de restar escenario a las investigaciones de las irregularidades administrativas, pero ha logrado enrarecer aún más el clima político.

A ello habría que sumar el manejo del gobierno en la elección de los jueces, en la que demostró que puede pasar por encima hasta de la palabra presidencial para lograr objetivos inmediatos, como el de mantener satisfecho al inconmensurable caudillo reformista Joaquín Balaguer.

A muchos no se les ha olvidado que el presidente Mejía había dicho que no favorecía la política en la justicia. Pero terminó agrediendo verbalmente y calumniando a los grupos sociales que reclamaban justamente mantener a los políticos comprometidos fuera de la Suprema Corte.

Vuelve la reelección

Cuando se esperaba que el presidente Mejía anunciaría planes de contingencia para enfrentar las secuelas de los atentados terroristas, lo que se recibe es el anuncio de que la próxima semana enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional que encargó a una comisión especial.

El mandatario le agregaría una reforma adicional que de inmediato despertó recelos y recibió un rechazo casi total: la prohibición de por vida de la reelección presidencial.

La iniciativa sorprendió a la opinión pública, puesto que una posición tan radical no se discutía desde la Constitución de 1963. Y más bien lo que ha predominado es la recurrencia a levantar la prohibición por dos períodos consecutivos, como se estableció en la reforma constitucional de 1994.

La generalidad de los rechazos han considerado que la propuesta tiene por objeto impedir el retorno al poder del ex-presidente Leonel Fernández, pero hay quienes la ubican en una habilidosa jugada para llevar el tema, disimuladamente, a la eventual asamblea revisora de la Constitución.

Esto así porque la iniciativa se produjo apenas días después que el debate de la reelección presidencial reapareciera en el perredeísmo. El nuevo presidente del Senado, Andrés Bautista, el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, y el secretario de Interior y Policía, Rafael Suberví Bonilla, se declararon, casi al mismo tiempo, como partidarios de una reelección.

El senador García y Jáquez son dos de los “hombres del presidente” y el segundo fue clave en el proceso de lucha interna por la candidatura presidencial. Más sorprendente fue que Fello Suberví, quien además ostenta la secretaría general del PRD y aspira a la candidatura presidencial, se manifestara favorable a la reelección.

A decir verdad, hace tiempo que en diversos círculos se contaban los días para que apareciera la constante de la reelección, que tantas energías consumió al equipo de gobierno del presidente Leonel Fernández y que llevó a éste a “filosofar” sobre el tema, como forma de evadir fijar una posición al respecto. Esto pese a que el Congreso estaba en manos de sus opositores.

El tema de la reelección viciaría el proceso de reforma constitucional y dividiría al país en torno al mismo, incluso a los perredeístas. Desde luego no tanto ahora como cuando estaban bajo el liderazgo de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, que sustentaron la no reelección como fundamento de la democracia y principio básico del partido desde su fundación en 1939.

Fueron los intentos de repostular al presidente Antonio Guzmán los que sembraron la división entre éste, por un lado, y Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco por el otro, y desataron una serie de luchas internas concatenadas, que culminarían con el suicidio del Presidente Guzmán en 1982 y luego con la división del partido y su derrota electoral de 1986.-

La Carta Democrática Interamericana

Por Juan Bolívar Díaz

            Los legisladores que aún persisten en el absurdo propósito de autoprolongarse el mandato constitucional bajo el pretexto de unir en un mismo año las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, acaban de sufrir un nuevo golpe con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana.

            Ese documento, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos reunida en Lima, Perú, los días 10 y 11 de septiembre en curso, establece mecanismos concretos para rechazar ya no solamente los atentados contra los gobiernos legítimamente electos, sino también cualquier otro género de violación de la institucionalidad democrática.

            La carta va tan lejos que autoriza a cualquier persona o grupo a recurrir ante el sistema interamericano en búsqueda de protección cuando consideren que sus derechos fundamentales hayan sido violados y preconiza la suspensión de un Estado Miembro en caso de una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional.

Antecedentes de la carta

La conmoción mundial causada por los terribles actos terroristas sufridos por Estados Unidos restaron escenario a la reunión de los cancilleres americanos en Lima y a la firma de la Carta Democrática, justamente en la misma jornada sangrienta del 11 de abril. El secretario de Estado norteamericano, Collin Powell, tuvo que abandonar la junta para retornar a su país.

            En ese marco de estupefacción fue firmado y proclamado el documento, con el beneplácito de los anfitriones peruanos que lo promovieran particularmente, a la luz de su experiencia de la década pasada cuando un gobierno electo democráticamente, el de Alberto Fujimori, se dio un autogolpe de Estado al suprimir el Congreso y la Corte Suprema para luego acomodar la constitución al objetivo de su prolongación en el poder.

            La carta Democrática tiene como antecedente la Resolución 10-80, adoptada por los cancilleres americanos en Santiago de Chile en 1991, en la cual se comprometieron a enfrentar todo atentado contra los gobiernos democráticos.

            Aquella resolución fue invocada poco después contra la junta militar que derrocó al presidente Jean Bertrand Aristide en Haití, y luego contra el general Lino Oviedo, cuando atentó contra el gobierno paraguayo.

            Sin embargo, frente a la usurpación de Fujimori el sistema fue permisivo, en parte, porque se trataba de una subversión del orden democrático desde el gobierno legítimo, y también porque el mandatario peruano contaba entonces con fuerte respaldo popular, alentado por la fortuita y salvadora captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cuyos golpes terroristas sembraban el espanto en el Perú.

            La OEA tampoco llegó a aplicar la resolución de Santiago cuando el presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías disolvió el Congreso en 1993, aunque la mayoría de los países la rechazaron junto al pueblo de Guatemala. Pero esta vez fue porque no hubo necesidad ya que el mandatario, que había sido electo en 1991 por un movimiento recién creado, fue depuesto tres días después.

            Los fundamentos de la Carta Democrática Interamericana quedaron plantados durante la tercera cumbre de jefes de estados y de gobiernos celebrada hace unos meses en Quebec, Canadá. Se encomendó al Consejo Permanente de la OEA que la perfeccionara para su firma en Lima.

Los principios básicos

            Desde su primer artículo la Carta Democrática aborda la democracia como ejercicio soberano del pueblo, esencial para el desarrollo, sea social, económico o político y para la convivencia interamericana: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

            El artículo 2 proclama que “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

            El tercer artículo señala entre los elementos esenciales de la democracia “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo…”

            Más adelante en el artículo 8 se establece que “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia”.

            El artículo 8 es que autoriza a que “Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos”.

            El capítulo cuarto, que abarca los artículos 17 al 22 establece los mecanismos a seguir “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder” (artículo 18). El proceso a seguir sería:

            1.- El secretario general o el Consejo Permanente, con el consentimiento del gobierno afectado, podrá disponer visitas y otras gestiones. Tras la evaluación podrán adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática.

            2.- La ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro es un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta y demás organismos de la OEA (art. 19).

            3.- Cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para adoptar las medidas que estimen conveniente para promover la normalización de la institucionalidad democrática (Art. 20).

            4.- Si las gestiones diplomáticas no producen efectos positivos, la Asamblea General tomará la decisión de suspender al Estado Miembro violador de su derecho de participación en la OEA (Art. 21).

            5.- La suspensión podrá ser levantada cuando sea superada la situación que la motivó (art. 22).

            Y como para no dejar dudas de sus alcances, la Carta Democrática proclama en su artículo 23 que “Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”.

            El Estado dominicano, por medio de la firma del canciller Hugo Tolentino, quedó comprometido con el documento, llamado a reducir los ímpetus autoritarios y las violaciones a la institucionalidad democrática que con tanta frecuencia se dieron en el pasado de las naciones latinoamericanas.

Otro fracaso anunciado

            La semana había comenzado con otro anuncio de que era inminente la introducción, ahora por la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional que contemplaría la autoprolongación del período de los legisladores, los síndicos y regidores.

            Dos pronunciamientos dramáticos llamaron la atención, por parte de los senadores perredeistas César Augusto Matías y Darío Gómez, quienes aseguraron que más de un centenar de diputados de todos los partidos estaban listos para mejecutar la reforma constitucional.

            El primero proclamó que “si van a matar gente y a tirar tiros, que comiencen desde ahora porque la extensión del período legislativo va”. Y aunque alegaba que él no votaría por esa infamia, la calificaba de “indecorosa pero legal”.

            Darío Gómez, promotor originario del plan, dijo que sólo el presidente Hipólito Mejía impediría que se concretara el propósito, definiéndose ahora como opuesto al mismo.

            Pero una vez más el anuncio quedó en otro intento fallido, para consumo del sensacionalismo periodístico. La realidad es que el rechazo del liderazgo de los propios partidos, de las organizaciones sociales y la opinión pública es tan fuerte, que hace difícil la firma de la tercera parte de cualquiera de las cámaras para introducir el proyecto.

            Mientras tanto, las amenazas sólo sirven para mantener la incertidumbre y erosionar la credibilidad en los partidos, especialmente del mayoritario Revolucionario Dominicano y en los representantes del voto popular. El daño puede reflejarse en los comicios congresionales y municipales del año próximo.

            Ya en las anteriores elecciones congresionales y municipales apenas votó el 49 por ciento de los electores. De mantenerse el llamado colegio electoral cerrado, se puede esperar una reducción significativa.

            La proclamación de la Carta Democrática Interamericana, el rechazo nacional a la pretendida prolongación y el desgaste que esos intentos de arrebato representan para el partido gobernante y los riesgos que implica para la credibildiad del país y la inversión extranjera deberían motorizar una posición más enérgica del presidente Mejía que entierre definitivamente el ambicioso proyecto.

            Muchos dirigentes perredeístas y algunos legisladores están conscientes de los riesgos y del absurdo. Resalta que Hatuey de Camps, presidente del PRD, ha venido elevando el tono de su rechazo al plan, pero el desmadre o desbordamiento de las ambiciones parece estar por encima de toda racionalidad política y de los más elementales principios democráticos.

            Desde luego, muchos legisladores y dirigentes ignoran los principios contenidos en los artículos 2 y 4 de la Constitución que proclaman que “la soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación” y que “el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo”.-

 

Acuerdo PRD-PLD para elegir 3 jueces

Por Juan Bolívar Díaz

            Consumada la exclusión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), queda de manifiesto un nuevo entendimiento entre el gobierno y su Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con el ex-presidente de la República Joaquín Balaguer.

            Una vez más el inmenso caudillo reformista, que este fin de semana celebra su nonagésimo quinto aniversario, juega a las contradicciones y enconos entre las fuerzas liberales encarnadas en los dos partidos que fundara el profesor Juan Bosch, quien ya inconsciente se debate entre la vida y la muerte.

            Como consecuencia del nuevo pacto balaguerista, que otorga al PRD la mayoría en el Consejo de la Magistratura, cabe esperarse una repartición de los tres puestos a ser ocupados en la matrícula de 16 de la Suprema Corte de Justicia, a menos que al doctor Balaguer se le haya metido un repentino golpe de filantropía política.

Política del ojo por ojo

            Con un entusiasmo digno de mejor suerte, desestimando todos los pronunciamientos ciudadanos, y apelando al apoyo de su otrora enconado adversario, Joaquín Balaguer, los perredeístas consumaron el anunciado golpe al PLD.

            Primero escogieron a Alfredo Pacheco, su vocero entre los diputados, como el segundo representante de la cámara baja ante el CNM, y luego al senador José González Espinosa por el Senado, además de los respectivos presidentes de las dos cámaras.

            González Espinosa es el presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), quien fuera aliado perredeísta en los comicios congresionales y municipales de 1998, aunque no así en las últimas presidenciales.

            La elección de un aliado no viola la letra del párrafo I del artículo 64 de la Constitución de la República, que condiciona la elección de los dos representantes adicionales ante el CNM a que sean “de un partido diferente al partido del presidente”.

            El argumento valdría en caso de una fusión, donde los concurrentes se asimilan en una misma institución. El artículo 64 de la ley electoral no deja dudas cuando plantea que “La alianza o coalición de partidos tendrá siempre un carácter transitorio y, dentro de ella, cada uno de los partidos aliados o coaligados conserva su personería jurídica, limitada por el pacto de alianza o coalición a su régimen interior, a la conservación de sus cuadros directivos y a la cohesión de afiliados”.

            Lo que viola la decisión perredeísta es la ética política-democrática que pregona el respeto y el reconocimiento de las mayorías y minorías, dentro de la cual está concebido el mandato constitucional de que sean de “partidos diferentes”, insuficientemente expresado, porque debería ser más específico para evitar abusos como el de estos días.

            Más que por disponer de la mayoría en el CNM, la decisión perredeísta parece revestida de la revancha y el odio que caracteriza las relaciones entre el PRD y el PLD. Porque si habría de buscarse un acuerdo con el PRSC, como anunciara Hatuey de Camps, un voto del PLD no le impedía hacer mayoría. Y Balaguer ya había dado su visto bueno, y adelantado su criterio de que era al PRD que le correspondía la preponderancia.

            En público y en privado, dirigentes del partido en el gobierno citaron una larga lista de agravios, reales y supuestos, por parte del PLD cuando ejerció el poder y aún antes. Como se le recordara que en 1997, la alianza peledeísta-reformista permitió que la senadora Milagros Ortiz Bosch representara al perredeísmo en el CNM, ripostaron que durante meses se trató de impedirlo aunque ellos habían ganado 16 senadurías. Ya el gobierno balaguerista le había “conquistado” al de Peravia, y las dificultades se dieron aunque ellos tenían exactamente la mitad.

Viene la otra ronda

            Lo que se ha visto en la primera ronda ha sido la “generosidad” de Balaguer con el PRD. Se dice que fue él quien pidió la reunión sostenida con el presidente perredeísta Hatuey de Camps en vísperas de la elección. El político gobiernista reveló que habían barajado posibles candidatos y que el caudillo había prometido respaldar que los dos representantes congresionales en disputa fueran del partido blanco.

            Lo que no dijo fue qué recibiría a cambio el reformismo. Y ahí es que está el detalle. Seguro que por lo menos uno de los tres jueces a ser escogidos, y nadie se deberá dar por sorprendido si en esta nueva ronda le toca una mayoría, es decir, dos.

            Es de público conocimiento que desde 1997 cuando se eligieron los actuales jueces supremos, Joaquín Balaguer tiene candidatos a integrar el máximo tribunal judicial, en primer lugar el doctor Pedro Confesor Romero, quien fuera su último consultor jurídico y hasta hace poco miembro del Directorio Central del PRSC.

            Que haya alguna concertación para elegir en un organismo integrado por políticos para nada debería sorprender. Lo grave sería que no la hubiese y se impusiera una mayoría mecánica. La hubo en la elección de hace 4 años. Pero no para colocar a incondicionales o dirigentes de partido. Tampoco se puede esperar que los políticos escojan contradictores o enemigos.

            Desde luego, una repartición bipartidista tendrá de frente al PLD y de lado de éste a una gran parte de las instituciones y dirigentes sociales que desde hace años abogan por la despartidarización de la justicia, por su independencia y fortalecimiento, y que quedaron satisfechos de la elección de 1997, bajo la presidencia del doctor Leonel Fernández Reyna.

            Lo ideal sería que predominara la elección de jueces de las cortes de apelación con prestigio e independencia, o de juristas con categoría para imponer su autonomía frente a los intereses partidistas. El mismo Jorge Subero Isa, actual presidente de la Suprema Corte, fue propuesto hace 4 años por el PRSC y apoyado por el PRD. Pero no tenía militancia partidista y sí suficiente personalidad, capacidad e integridad para buscar distancia de los intereses partidarios, como ha hecho.

            Pero el arrebato con que el PRD y su gobierno han manejado el proceso deja incertidumbres en el ambiente, radicaliza la oposición del PLD y cuestiona la capacidad de concertación de los gobernantes en momentos de crisis económica. Todo ello se traduciría en dificultades de gobernabilidad, con proyecciones en las elecciones dentro de 8 meses.

¿ Un solo ganador?

            Por de pronto, la actuación perredeista ha revaluado una vez más el pragmatismo balaguerista del uso del poder en desprecio de la concertación democrática, como también lo hizo el gobierno del PLD sin cosechar buenos frutos.

            Y ese paradigma de político y gobernante en que ha sido convertido Joaquín Balaguer por la ceguera y la ambición de los liberales, sigue pautando la política nacional, ciego, casi paralítico y a 5 años de cumplir el centenario.

            No se le pueden regatear las habilidades al caudillo reformista, aunque hay quienes creen que ha sido mayor la falta de visión de sus competidores políticos, que se han dejado dividir sistemáticamente para que aquel pueda mantener su reinado hasta el cansancio y el último aliento.

            En efecto, desde la división del PRD y la fundación del PLD en 1973, Joaquín Balaguer ha logrado manipular a unos y otros para mantenerlos separados y obtener beneficios. Y ambos han ido gustosos al ara del sacrificio, siempre en busca de alguna ventaja coyuntural y de satisfacer la sed de venganza.-

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            Balaguer ha pescado sistemáticamente en el mar de las confrontaciones perredeístas-peledeístas. Se cita en forma restrospectiva:

            1.- En los comicios del 2000, aunque no hubo alianza, fue notoria la inclinación reformista hacia el PRD. Balaguer le cortó el aliento a los morados cuando pretendían una segunda ronda.

            2.- En 1999 la alianza gobierno PLD-PRSC impone a un reformista al frente de la Liga Municipal, aunque el PRD había ganado en 95 de 115 municipios

            3.- En la campaña de 1998 perredeístas y reformistas se dieron la mano contra el PLD, aunque tampoco hubo alianza electoral. Pero entre julio y agosto el frente se invirtió y PLD-PRSC “conquistaron” 8 diputados de la mayoría perredeísta para quitarle el control de la cámara. En agosto de ese año estos dos partidos imponen contra el PRD una ley de carrera judicial que eliminaba la inamovilidad de los jueces y volvía a su elección cada 4 años, luego declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

            4.- En 1996 fue la gran alianza, el Frente Patriótico PRSC-PLD, con el que Balaguer cortó el paso presidencial de José Francisco Peña Gómez y el PRD, aunque para ello tuviera que sacrificar al propio candidato de su partido, Jacinto Peynado.

            5.- En 1994, cuando Peña Gómez era la opción de oposición, el gobierno de Balaguer contribuyó generosamente a la campaña electoral del PLD. Frente al comprobado fraude electoral, los morados prefirieron a Balaguer que le había hecho lo mismo a ellos 4 años antes. Balaguer pedía año y medio más, en la fórmula de transición para salir de la crisis, el PLD le consiguió 2, violentando el consenso con el PRD, al igual que en lo relativo a la elección presidencial, al llevar el porcentaje del 40 al 50. Fracasaron todos los intentos de negociación PRD-PLD.

            6.-Con respaldo reformista, dirigentes del PLD presidieron la Cámara de Diputados entre 1994 y 1996, cuando apenas tenían 14 curules, pese a que el PRD tenía la mitad.

            7.- En las elecciones de 1990, los perredeistas se lavaron las manos frente al fraude electoral que impidió el retorno al poder del profesor Juan Bosch. Durante la campaña la JCE y el PRSC favorecieron abiertamente al PRD que por primera vez llevaba a Peña Gómez de candidato presidencial.

            8.- En los comicios de 1986 el PLD prefirió abiertamente el retorno de Balaguer a la continuidad del perredeismo.

            9.- Durante los dos períodos de gobierno del PRD, la oposición peledeísta fue más virulenta que la reformista, demandando sistemáticamente la renuncia a la Presidencia de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco.

           10.- En 1978, cuando las fuerzas armadas y el gobierno de Balaguer intentaban desconocer la victoria del PRD, Bosch y el PLD proponen un gobierno de “unidad”, intentando desconocer que Antonio Guzmán tenía más del 50 por ciento de los votos.-

 

Sobre SCJ y reforma constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Han sido bien ponderadas las actuaciones del presidente y la vicepresidenta de la República y del nuevo presidente del Senado en relación a las pendientes reformas de la Constitución y convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Esas expresiones de madurez política están llamadas a garantizar la institucionalidad democrática y a evitar nuevas incertidumbres que en nada benefician a la nación, así como a promover el clima de confianza en las autoridades que se precisa para sortear las dificultades impuestas por la recesión económica internacional.

Independientemente de esos alientos, las instituciones sociales y la opinión pública en general tienen que mantenerse alertas para combatir todo intento regresivo, particularmente la repartición partidista replanteada por el ex-presidente Joaquín Balaguer

Desempeño alentador          

Después de las incertidumbres y desconfianzas incubadas desde diciembre con los intentos de reformas constitucionales al vapor, con auto-prolongación de período incluida, ha resultado alentadora la forma en que el Poder Ejecutivo ha contenido a los legisladores.

En marzo, cuando los afanes constitucionalistas estaban a todo vapor, el presidente Hipólito Mejía los frenó designando una amplia comisión especial, integrada por los partidos reconocidos, los ex-presidentes de la República, por dirigentes de 18 instituciones sociales y una docena de personalidades independientes, además de los presidentes de la Suprema Corte, la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

Una vez que la comisión entregó sus propuestas, el primer mandatario dispuso que fueran enviadas a los partidos para la búsqueda de consenso, lo que pareció redundante, ya que estos habían participado en su elaboración. Pero la nueva disposición presidencial tuvo la virtud de acabar de liquidar los afanes constitucionalistas de legisladores que pretendían pasar por encima de sus propios partidos y del conjunto de la sociedad.

Entre los asuntos relevantes de la semana que concluye está el que el senador por Santiago Rodríguez, Darío Gómez, volvió a fracasar en el intento de introducir un proyecto para sancochar la reforma constitucional. Desde finales de febrero se ha venido dando por hecha la reintroducción del proyecto y hasta su aprobación.

Sin embargo fue tan contundente y generalizado el rechazo a la forma en que el Senado aprobó en diciembre un proyecto de ley para reformar la Constitución, que ha resultado imposible obtener nuevamente la tercera parte de alguna de las cámaras legislativas, necesaria para introducir el proyecto, según el artículo 116 de la carta magna.

Intento liquidado

Tanto en marzo pasado como esta semana, el senador Gómez ha tenido que conformarse con entregar copias de su anteproyecto elaborado por él, con el concurso de una hija estudiante aventajada de derecho, según propia confesión.

Debe dársele crédito a las declaraciones sobre el particular no sólo del presidente Mejía, sino también de la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, del nuevo presidente del Senado, Andrés Bautista, y del presidente del Partido de gobierno, Hatuey de Camps. Este último ha enfrentado en diversos ámbitos los intentos de reformas al vapor, denunciando como intento de golpe institucional la pretendida prolongación del período legislativo.

Se ha advertido desde el principio que la ilusión de la prolongación es la cinta adhesiva que une a legisladores de todos los partidos, y que sin ella es imposible conseguir los dos tercios de la asamblea necesarios para aprobar cualquier reforma constitucional.

Aún con la compensación de los dos años adicionales, tal reforma está condenada al fracaso enfrentando, como hasta ahora, no sólo a la opinión pública y la sociedad civil, sino también a los organismos de dirección de los partidos mayoritarios.

Con un frente de oposición tan amplio, que incluye a casi todos los medios de comunicación, es más que imposible realizar una reforma constitucional. Y de lograrse, crearía una crisis institucional y un estado de incertidumbre tan graves que afectaría la gobernabilidad.

El propio presidente Mejía, la vicepresidenta Ortiz Bosch y de Camps han admitido que una reforma con prolongación atentaría contra la institucionalidad democrática y sembraría el desconcierto en la sociedad dominicana, acostumbrada hace tiempo a la búsqueda de consenso hasta para las más elementales reformas.

Ha pesado también contra el intento el hecho de que la última auto-prolongación de período electivo que se recuerda ocurrió en 1928, con el presidente Horacio Vásquez, y creó las condiciones para el golpe de Estado que originó la tiranía de Trujillo.

Como están las cosas, no se ven posibilidades de que prospere una reforma constitucional sin que el presidente Mejía decida sobre las propuestas formuladas por su Comisión Especial.

 Por de pronto, el senador Bautista contribuyó a liquidar el intento, al considerar improcedente que se conozca un proyecto de ley, antes de que el presidente dé curso a la propuesta de los comisionados. Y confirmó que Darío Gómez no había podido conseguir las diez firmas de senadores requeridas para reintroducir su proyecto.

 Por su parte Hatuey de Camps volvió a advertir la disposición de la Comisión Política perredeista de expulsar a todo legislador que promueva el absurdo de la prolongación del período, sin la cual el intento está muerto.

El gancho de Balaguer

 El presidente Mejía se anotó otro punto cuando evadió el gancho que le lanzó el ex-presidente Balaguer urgiendo la convocatoria del Consejo de la Magistratura, pero induciendo a una repartición partidaria de los tres miembros faltantes en la Suprema Corte de Justicia, en lugar del dimitente Bernardo Fernández Pichardo (desde su elección en agosto de 1997), y de los recién fallecidos Julio Campillo Pérez y Juan Guilliani Vólquez.

 Llamó la atención que Balaguer aprovechase la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, quien fuera a entregarle el anteproyecto de reforma constitucional, para urgir a la convocatoria del Consejo de la Magistratura.            Sorprendiendo a su interlocutor el caudillo reformista le dijo: “yo estoy de acuerdo con que sea un perredeista que vaya ahí, que sea muy bien ponderado, ecuánime y conocedor de su materia”. Y como si hubiera querido ocultar intenciones, el zorro político dijo que “no tengo candidato propio ni nada de eso”.

Al día siguiente, antes de partir de Buenos Aires, de regreso al país, el Presidente de la República convino en la urgencia de convocar el Consejo de la Magistratura, para escoger los tres nuevos jueces supremos, pero advirtiendo que no deben ser militantes políticos, y que él favorece una activa participación de la sociedad civil en la elección.

Mientras la vicepresidenta Ortiz Bosch favorecía una concertación política para elegir los jueces con participación de mayorías y minorías, de acuerdo al espíritu de la ley.

 De esa manera los dos primeros ejecutivos evadían la propuesta de Balaguer, quien sí tiene candidato. Desde 1997 propuso al doctor Pedro Romero Confesor, su último consultor jurídico y entonces miembro del directorio central del PRSC.

 Como entonces prevaleció el criterio de que los dirigentes políticos no deben ser escogidos como jueces, el doctor Romero Confesor se marginó de las actividades partidarias, renunciando a formar parte de cargos políticos. El notable abogado de Bonao fue participante activo de la Comisión Especial para la reforma constitucional.

La posición del Presidente Mejía tenderá a inducir confianza en diversos sectores sociales preocupados por los intentos de revocar los avances logrados en la independencia judicial a partir de la elección de la actual Suprema Corte de Justicia.

Justamente a comienzos de la semana el Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, integrado por reconocidos empresarios y abogados, reclamó una pronta elección con “respeto a la carrera judicial”, con la adopción de una metodología de trabajo adecuada, y “garantía de transparencia absoluta del proceso”.

La FINJUS recordó el “precedente correcto”de 1997, que “puede ahora mejorarse, con aún mayor transparencia y participación de los ciudadanos”. Hace 4 años se permitió a las instituciones sociales nominar candidatos y candidatas y 12 de los 16 escogidos figuraron entre los más nominados por la sociedad civil.

Ese precedente ha trascendido las fronteras nacionales y ha sido citado como ejemplo en numerosos eventos internacionales. Recientemente jueces peruanos apelaron al movimiento Participación Ciudadana en busca de información sobre el proceso de 1997, ya que tienen pendiente una reorganización de la Corte Suprema y estiman que pueden seguir el mismo procedimiento.

Aquí no han faltado quienes consideren que la doctora Margarita Tavares y el doctor Hugo Alvarez Valencia, ambos sobre el límite de edad de 75 años, deberían renunciar ahora a la Suprema Corte, acogiéndose a la ley de carrera judicial y quitando así un pretexto a quienes han reclamado una reforma constitucional para eliminar lo que consideran como “jueces vitalicios”. En ese caso habría que elegir cinco nuevos jueces.

Los recién fallecidos Campillo y Guilliani pasaban también del límite para el retiro, que la misma Suprema Corte dictaminó que no se le podía aplicar a ellos, por la no retroactividad de las leyes, dado que su elección precedió la aprobación de la ley de carrera judicial.

Ello no impide, sin embargo, que aquellos que pasan de los 75 años sienten un precedente y se acojan al espíritu de la ley, con lo que además taparían la boca a quienes aducen que el dictamen de no retroactividad está viciado por el principio de que no se puede ser juez y parte a la vez.

Para la elección de los nuevos jueces lo primero es constituir el Consejo de la Magistratura, para lo cual las dos cámaras legislativas como la misma Suprema Corte tienen que elegir su segundo representante, junto a sus respectivos presidentes. Y ahí el PRD y el gobierno tienen que dar el primer ejemplo, desechando la tentación de escoger un aliado como delegado por el Senado.

Esa representación corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la segunda mayoría, y por estar en la oposición. En la cámara alta, donde la presidenta es reformista, el otro delegado debe corresponder al PRD o a uno de sus aliados. Así los perredeistas tendrían tres delegados, (el presidente Mejía, el presidente del Senado y un diputado), el PLD y el PRSC uno cada uno, y la Suprema Corte los dos restantes.

Y como la elección debe ser pública y transparente, como en 1997, todos sabrían a que atenerse.-

 

Al primer año del gobierno de Hipólito Mejía

Por Juan Bolívar Díaz

            Pocos observadores o analistas capaces de evaluación más o menos objetiva deben haberse sentido sorprendidos por los resultados arrojados por las encuestas publicadas esta semana por dos de los principales diarios nacionales.

            La creciente impopularidad del gobierno era advertida desde semanas atrás, motorizada por la recesión económica, la crisis energética, la magnificación de la delincuencia, la vertiginosa carrera de endeudamiento externo de corto plazo y el desenfado con que el Presidente Hipólito Mejía reparte boches a diestra y siniestra.

            Consumado el golpe de las encuestas, el primer mandatario debería asimilarlo con la calmada actitud que lo hicieron varios de sus colaboradores y dirigentes de su partido, y remover la mata gubernamental, al mismo tiempo que trazar nuevas políticas para relanzar su gobierno, que apenas llega la próxima semana a su primer año.

Dura realidad

            El gobierno tampoco debería mostrar sorpresa con los resultados de las encuestas publicadas por Hoy y El Siglo en el curso de la semana, pues se supone que realiza sus propios sondeos de opinión pública, a menos que se estén auto engañando.

            Desde luego, a los gobernantes, especialmente a los presidentes dominicanos, no se les comunica ni remotamente la realidad cuando es adversa. Y se supone que mucho menos a uno como Hipólito Mejía que ha devenido en ultra sensitivo y respondón en términos inéditos hasta en su propia carrera pública.

            Una cosa es la franqueza y la espontaneidad, apreciadas como virtudes por gran parte de los dominicanos y dominicanas, y que ayudaron a Mejía a llegar al poder, y otra esa actitud de reprender con poca elegancia la disensión o la disparidad de criterios, en lo que no ha perdonado ni siquiera a técnicos extranjeros.

            Las altas tasas de desaprobación registradas en la encuesta de Hamilton para Hoy y de Penn, Schoen and Berland para El Siglo, realizadas entre el 21 y el 30 de julio pasado, generan preocupación en diversos sectores, sobre todo cuando se piensa que el régimen apenas llega a su primer año.

            Hamilton-Hoy ha registrado que el 57 por ciento de la población considera que el gobierno es malo o muy malo, el 58 por ciento estima que el país marcha mal y un 65 por ciento que estará igual o peor para el próximo año. Tres de cada cuatro encuestados percibe que hay corrupción gubernamental y sólo el trabajo en las áreas de educación, transporte urbano y desarrollo agropecuario obtiene aprobación de la mayoría.

            La investigación de Penn registra un 53 por ciento de insatisfacción, con un 47 por ciento de satisfechos con la gestión del presidente Mejía, con aprobación mayoritaria para educación, salud, política y recogida de la basura. La misma firma había registrado un balance más positivo en febrero, cuando los satisfechos eran 65 por ciento y sólo 34 los insatisfechos.

            Aunque el balance del primer año del gobierno luce devastador, no es inusitado. Hoy ha recordado que su encuesta de septiembre de 1997, cuando el gobierno de Leonel Fernández llevaba poquito más de un año, el 69 por ciento entendía que el país marchaba mal, es decir 11 puntos por encima del registro de ahora.

            Aunque el gobierno anterior recibió un legado de mayor estabilidad macroeconómica y con un escenario internacional más favorable, sin la recesión que afecta hoy hasta a las naciones más desarrolladas. Como mayor desventaja tenía su escasa representación congresional y en los gobiernos municipales y menor apoyo político propio.

            Desde luego, debe tomarse en cuenta que un año después, su principal opositor, el PRD, barrió en los comicios congresionales y municipales, al ganar en 95 de lo 115 municipios, consiguiendo 24 de los 30 senadores y más de la mitad de los diputados. El gobierno de Fernández no logró reponerse y en el 2000 fue liquidado en la primera vuelta.

Logros y deficiencias

            En términos objetivos, y contradiciendo su nivel de impopularidad, el mayor logro del gobierno de Mejía parece haber sido el manejo de la economía, en una situación tan desfavorable como la determinada por un petróleo promediando sobre 28 dólares el barril, con una herencia de 7 mil millones de pesos en déficit y alto endeudamiento interno.

            Si a ello se le suma la recesión internacional y la devaluación del euro, con fuertes repercusiones en los ejes de la economía nacional (turismo, remesa y zonas francas), habría que convenir en que haber reajustado la economía sin apelar al Fondo Monetario Internacional, es de por sí un gran logro.

            Pese a todos esos factores adversos, el peso casi no se ha devaluado, la inflación ha estado bajo control (con 3 por ciento en los primeros 7 meses de este año), las reservas monetarias han aumentado y se registra una considerable reducción de las tasas de intereses.

            Es cierto que el crecimiento se ha reducido prácticamente a cero, pero ha sido el costo de los adversos factores internacionales, de las inaplazables reformas fiscales ejecutadas a partir de enero y de una política de fiscal responsable.

            Ese cuadro tan desfavorable, con pesados subsidios (también heredados) a la energía eléctrica y el gas propano, y el aumento salarial a los empleados públicos explican que el gobierno no haya dispuesto de suficientes recursos para la inversión y las compensaciones sociales.

            Pero entre sus deficiencias resalta el no haber implementado el “paquetazo social” prometido con bombos y platillos y el haber aumentado el gasto de personal, reduciendo aún más el porcentaje del ingreso fiscal que se consume en gasto corriente.

            Una de las mayores frustraciones sembradas por el gobierno de Hipólito Mejía consiste en no haber cumplido sus compromisos de transparencia, manteniendo el grado a grado en las asignaciones de obras y en las compras.

            Sus calificaciones se reducen al mínimo en materia del desproporcionado endeudamiento externo de corto plazo, en gran parte con créditos de la banca comercial internacional, atado a suministros y obras sin concurso y mediadas por comisiones muy poco transparentes.

            Los logros en la producción agropecuaria son notables, al punto de que la población no resiente significativamente el costo de la vida, lo mismo que en educación, protección del medio ambiente y otros renglones, pero sin lograr reducir la enorme deuda social del Estado ni responder a las expectativas desatadas..

            El inicio de las reformas en el ámbito fiscal y de la seguridad social y la aprobación de la ley general de salud y la ley de electricidad, amparadas en la mayoría congresional, y una mayor apertura a la participación de las instituciones sociales son otros puntos luminosos del primer año del régimen perredeista.

Aun hay tiempo

            Aunque luce viejo, el gobierno tiene todavía tiempo suficiente para levantarse y mejorar sus promedios de eficiencia y aceptación. Pero ello demanda un cambio de curso significativo que comienza por la imagen del mismo presidente Mejía.

            Hace tiempo se había advertido que el crédito del mandatario no resistía su permanente exposición a las preguntas de los reporteros, su sistemática espontaneidad y sus salidas destempladas frente a toda disensión. También que su protagonismo inhibe a sus ministros y les impide asumir responsabilidades públicas.

            Así mismo, se le ha criticado, casi desde su comienzo, la ausencia de políticas efectivas de comunicación, para proyectar mejor sus logros y sobre todo las limitaciones que impone el contexto internacional y la herencia recibida, así como para enfrentar las tendencias pesimistas y el sensacionalismo que magnifican el auge de la delincuencia.

            El primero que tiene que relanzarse es el propio presidente Hipólito Mejía, apelando a un discurso más elaborado y grandilocuente, reduciendo la espontaneidad y los boches, llamando a vencer el pesimismo y la desconfianza.

            Muchos creen que Hipólito Mejía es incapaz de utilizar tales recursos, propios de la planificación política. Incluso se generaliza el criterio de que el poder lo ha ensoberbecido y hecho impermeable al trabajo de equipo. Se dice que escucha poco y habla mucho, a menudo de lo que él mismo llamaría “pendejadas”.

            Algunos cambios importantes en su equipo de gobierno estarían llamados a superar incertidumbres y renovar esperanzas. Pero se cree que el “guapo de Gurabo” ha devenido en un complaciente pagador de deudas con “los que se fajaron en la campaña para llevarlo al poder”.

            Si formaliza algunos cambios fundamentales en su gabinete, da firmes señales de intolerancia con la corrupción y la falta de transparencia, reduce sus excesivos viajes al exterior, contiene sus ímpetus contestatarios con algunas señales de humildad y limita definitivamente el endeudamiento externo, la imagen presidencial se recuperará positivamente.

            Tiene por delante la posibilidad de mejorar el suministro de electricidad, con la próxima entrada de otros 600 megavatios de energía, y la renegociación de los contratos con los generadores, y de aumentar considerablemente la inversión con los préstamos contratados y los bonos aprobados.

            Con el aumento de la inversión estatal se debería producir una considerable reactivación de la economía. Y si aumenta la confianza la inversión privada está llamada a incrementarse, dado que las tasas de intereses siguen en baja, lo que a su vez elevarían las recaudaciones fiscales.

            Si a todo ello se suma una reducción de la recesión internacional, el gobierno de Mejía y el PRD tendría todavía muchas posibilidades de repuntar para beneficio de la nación. De lo contrario, los tres años que le faltan serían demasiado tiempo y cuesta arriba.

            Falta mucho para el out 27, pero quien tiene el turno al bate es Hipólito Mejía, cuyo liderazgo está en juego en el día a día, como se dice en el argot beisbolístico.-

Concluye la Comisión de Reforma Constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

            La Comisión Especial para la Reforma Constitucional creada por el Poder Ejecutivo acaba de concluir sus labores con más consensos de los que se esperaban después de los desacuerdos y descalificaciones que trascendieron a la opinión pública.

            Sin embargo, la principal deficiencia de la Comisión consistió en no haber integrado plenamente a los representantes de los partidos políticos, los cuales en la medida en que avanzaron los trabajos se fueron inhibiendo y ausentando de los debates.

            Pero las expectativas constitucionalistas de la mayoría de los representantes de la Sociedad Civil no han quedado tan distantes de las de los partidos como para que no se produzca una negociación fructífera que abra espacio a una reforma puntual a cambio de la institución definitiva de la Asamblea Constituyente por elección popular y el referéndum.

Asamblea Constituyente

            En donde no hubo sorpresa fue en el consenso que favorece la institución de la asamblea constituyente como forma de modificar la Constitución de la República. Fue aprobada sin objeción en el plenario de la Comisión, y fue favorecida por los representantes delos partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). El Revolucionario Dominicano (PRD) no llegó a fijar una posición al respecto antes de su retiro a fines de junio.

            También ha habido acuerdo para instituir el referéndum como condición para ratificar cualquier reforma a la carta magna.

            Las diferencias en cuanto a la forma de participación de la Sociedad Civil persistieron hasta la última sesión plenaria el jueves 26, cuando las organizaciones sociales lograron presentar un frente común en defensa de una propuesta original del PLD que le garantizaría una representación en la eventual asamblea constituyente.

            La sociedad civil perdió muchas energías y oportunidades de avanzar cuando sus representantes en la Comisión se dividieron en torno a una propuesta “idealista”, que algunos sustentaron firmemente, de que se les garantizara que pudieran elegir hasta el 50 por ciento de los constituyentes.

            Los “realistas”, que postulaban una representación de las organizaciones sociales sin dejar la impresión de que disputaban el espacio de los partidos, terminaron predominando después del escándalo montado en la misma comisión por el presidente del PRD, Hatuey de Camps, quien terminó retirando a su partido de las deliberaciones.

            Al final se transaron por la propuesta que había presentado el PLD, a través de su delegado, el doctor Franklin Almeyda. Esta concedía a las organizaciones sociales el derecho a postular candidatos para elegir 31 miembros de la Constituyente (equivalentes a uno por provincia y el DN) pero en una sola jurisdicción nacional, mientras los partidos postularían para escoger 150 delegados, en las circunscripciones establecidas por la Junta Central Electoral para elegir los diputados.

            El sistema sería mediante dos boletas separadas, una de los partidos y otra de instituciones sociales. Para estas postular tendrían que unirse en coaliciones de no menos de diez organizaciones con personería jurídica y presentar el aval de por lo menos el uno por ciento de los votantes en las últimas elecciones generales. No podrían postular a ningún dirigente de partido político.

            La representación de las organizaciones sociales, según el consenso, equivaldría al 17 por ciento de los integrantes de la constituyente, lo que se sitúa en la tercera parte del porcentaje que había aprobado en principio una subcomisión.

            Tanto el representante del PLD como la doctora Licelotte Marte de Barrios, quien ostentaba la representación del ex-presidente Joaquín Balaguer, respaldaron esta propuesta. En todo momento estuvieron de acuerdo en garantizar una representación de la Sociedad Civil en la tentativa Asamblea Constituyente. También la delegación del MIUCA, del Partido de los Trabajadores Dominicanos.

El PRD no fijó posición al respecto como en casi ninguno de los aspectos, hasta su retiro. Luego su presidente comunicaría, a través de Monseñor Agripino Núñez Collado, que favorecía la participación de las organizaciones sociales en igualdad de condiciones con los partidos. Es decir, constituyéndose en agrupaciones electorales, acorde con la ley electoral.

Llamó la atención que PLD y PRSC fueron más receptivos que el PRD a los planteamientos de la sociedad civil, pese a que el líder perredeista José Francisco Peña Gómez fue el principal postulante de la constituyente con participación de las organizaciones sociales.

Principales consensos  

            A través de su delegado, el PLD sólo aprobó la Asamblea Constituyente, con participación de las organizaciones sociales. En todos los demás acuerdos hizo reservas, planteando que corresponderán, en última instancia a los constituyentes.

            El plenario de la comisión concluyó aprobando la eliminación de los colegios electorales cerrados, 5 diputados para minorías por acumulación de votos, así como la institución de la elección de 7 diputados en representación de los residentes en el exterior y los que se acuerden mediante pactos internacionales, como el Parlamento Centroamericano, que hasta ahora son designados por el presidente de la República.

            Otra recomendación ratifica que los jueces serán inomovibles después de cuatro años a prueba, al igual que los de la Suprema Corte de Justicia, con retiro a los 75 años. Amplía los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al que traspasa la facultad de elegir al Procurador General de la República y los procuradores de las cortes de apelación.

La Comisión Especial también elevó a las dos terceras partes del Senado como condición para escoger los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y al contralor y el subcontralor general de la República. Estos dos organismos con autonomía administrativa y presupuestaria.

            Siempre con la reserva del PLD, la Comisión Especial aprobó reducir al 45 el porcentaje para elegir presidente en primera vuelta, o al 40 por ciento si un candidato supera a los demás por un mínimo del 10 por ciento de los votos válidos, fórmula que rige la elección presidencial en Argentina.

            Se estableció también que la justicia militar sólo tiene jurisdicción en casos de guerra, de violación a la ley orgánica y los reglamentos militares, o de acciones bajo estado de excepción declarados por el Congreso y el Presidente de a República.

            Los acuerdos quedaron en manos de una comisión de redacción para ser entregados al Presidente Hipólito Mejía en los primeros días de agosto próximo.

            No hubo consenso en numerosos aspectos del proyecto del Consejo Nacional para la Reforma del Estado, que sirvió de base a las deliberaciones. En varios aspectos se presentarán dos opciones.

En manos del PRD

            El resultado de los trabajos de tres meses de la Comisión Especial pasa ahora a manos del Presidente de la República, que seguramente lo remitirá al Congreso Nacional y allí quedará a merced de la mayoría perredeista.

            Como este partido no participó del consenso, la suerte de los acuerdos dependerá del partido de gobierno, que no ha presentado una posición definitiva sobre el particular. Su presidente Hatuey de Camps favoreció la Asamblea Constituyente, en conversaciones con monseñor Agripino Núñez Collado y dirigentes del PLD y el PRSC.

            Según lo que ha trascendido, de Camps no está de acuerdo con garantizar cuota de delegados a las organizaciones sociales. Plantea que estas compitan con los partidos a través de agrupaciones independientes, de acuerdo a lo instituido en la Ley Electoral.

            Según declaraciones publicadas el lunes 23 por el diario El Siglo, Hatuey de Camps favorece que el actual congreso instituya la Asamblea Constituyente, a ser electa en los comicios del próximo año, a cambio de que el actual Congreso realice algunas otras reformas puntuales a la Carta Magna.

            Los legisladores han sostenido sistemáticamente que no renunciarán a su facultad de reformar la Constitución y menos para instituir la Asamblea Constituyente.

            En sectores políticos perredeistas y reformistas se ha barajado la posibilidad de reformas puntuales ahora a cambio de la institución de la Asamblea Constituyente para una revisión completa de la carta magna.

            Algunos dirigentes de la Sociedad Civil favorecerían la transacción, siempre que se instituya la Constituyente y el referéndum, y en base a puntos de consenso, como los de los diputados para las minorías y los residentes en el exterior, la eliminación del colegio electoral cerrado y la independencia del ministerio público.

            Los dirigentes sociales también favorecen la fórmula argentina para la elección presidencial, que no ha sido formalmente vetada por el PRSC, aunque el PLD prefiere mantener la actual mayoría absoluta.

            El asunto tendría que ser negociado por las fuerzas políticas predominantes en el Congreso Nacional, cosa que no se logró en la Comisión Especial

            Resalta el hecho de que la mayoría de los temas de reforma barajados por los legisladores consiguieron consenso en la Comisión Especial. Persisten las diferencias en torno a la elección de los jueces y a juntar nuevamente, en un mismo año, las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales.

            Desde luego, en la Comisión Especial nunca se discutió el absurdo de la extensión del período legislativo, cinta adhesiva que une a legisladores de todos los partidos en el interés de la reforma constitucional, pero liquidada no sólo por los dirigentes de las organizaciones sociales, sino también por los órganos directivos de los partidos.

            Sin esa cinta adhesiva, la mayoría perredeista está obligada a negociar con los demás partidos y a atender por lo menos parte de las demandas del resto de la sociedad para conseguir los dos tercios necesarios para la reforma constitucional, o a abandonar el proyecto, lo que satisfará a muchos que creen que lo mejor es dejar intacta la actual Constitución.

            En última instancia, tendrían que conformarse con eliminar los colegios electorales cerrados y las lagunas que dejó la reforma de 1994, en lo que habría consenso general.-

El gobierno de Mejía en picada…

Por Juan Bolívar Díaz

            El desgaste en que se advierte al gobierno del presidente Hipólito Mejía es tan grande que cada día parece más necesario un relanzamiento para lo cual tendrán que implementar un equipo de estrategias políticas, económicas y sociales.

            Por de pronto parece fundamental que comiencen a implementar verdaderas soluciones a la crisis energética que se está comiendo a la carrera la popularidad del gobierno perredeista, especialmente después del decreto del primero de julio que pretendió prohibir los apagones financieros.

Lo más grave es que ni en el gobierno ni en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) parecen registrar la creciente inconformidad con su gestión y se dan el lujo de operativos como el del lunes 16 que generó caos a nombre de la búsqueda de armas de fuego, como si estuviéramos en un estado de sitio.

Poco crédito a Hipólito

            Al gobierno se le acusa en todos los cenáculos de improvisación, lo que se atribuye al carácter espontáneo de su principal ejecutivo. En la clase media alta y en los círculos de poder, a través de los usuarios del internet y por todos los medios de comunicación se difunde una imagen de un presidente incapaz e irreverente, que rompe todos los esquemas de la formalidad.

            Obviamente que hay una gran exageración que recuerda los tiempos del presidente Antonio Guzmán, a quien algunos llegaron a presentar como sinónimo de bruto. Los chistes de mal gusto proliferaron y estamentos sociales se divirtieron en grande a su costa. Después de muerto las encuestas lo han presentado como uno de los mejores mandatarios que ha tenido la nación.

            Hipólito Mejía, al igual que Guzmán, recibió el gobierno en circunstancias muy desfavorables, con recesión internacional y decrecimiento nacional, con déficit fiscal de 8 mil millones de pesos y el petróleo rondando los 30 dólares el barril, el nivel más alto precisamente desde los ocho años de gobiernos perredeistas.

            En adición estaba obligado a afrontar el desmonte arancelario y las reformas fiscales que conllevan los nuevos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que a mediano plazo pueden implicar beneficios adicionales, pero que en lo inmediato comportan limitaciones y reajustes.

            Pero el gobierno ha tenido muy poco éxito en difundir las limitaciones heredadas y los pesos muertos impuestos por la globalización económica en período de recesión para las grandes economías, como la de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. El crecimiento ha seguido en picada, en un proceso que se inició el año pasado. Pero ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, ahorrándole al país los traumas de los déficits, las devaluaciones y la inflación.

            Ni siquiera ha logrado crédito por la abundante producción agropecuaria que ha registrado tasas negativas de inflación (del 0.56 en junio), contrariando los vaticinios de principio de año, cuando los comerciantes se lanzaron en una desenfrenada carrera de alzas de precios, más allá de lo justificado por las reformas fiscales. Cerrada la primera mitad del año la inflación es apenas del 2.53 por ciento, según la última medición del Banco Central.

Estancamiento económico

            El principal problema objetivo que tiene por delante el gobierno es superar el estancamiento económico que se registra en la primera mitad del año. Aunque los ingresos fiscales andan por encima del 20 por ciento en relación al mismo período del año pasado, los subsidios a la energía y al gas propano y el elevado gasto corriente han disminuido la inversión.

            El gobierno ha pecado de excesiva complacencia con los que “se fajaron en la campaña”, cifrando sus esperanzas de reactivación en un desproporcionado endeudamiento de corto plazo, a través de préstamos atados con suplidores, sin concurso y con elevadas comisiones a intermediarios, que contradicen sus promesas de transparencia.

            Aunque una parte de los préstamos aprobados por el Congreso Nacional, ascendentes a 586 millones de dólares en lo que va de este gobierno, fueron contratados por el régimen anterior, en su carpeta hay otra cantidad similar, aparte de los 500 millones de dólares en bonos soberanos ya aprobados por el Senado y pendientes en la Cámara de Diputados.

            Como ejemplo de poca transparencia se cita la orden de compra de la primera partida del plan Renove para la adquisición de automóviles, autobuses y hasta camiones por más de 40 millones de dólares, casi 6 millones por encima de la cotización de la empresa fabricante, comisión destinada a un intermediario injustificado.

            Factores externos, como las extremas dificultades de Argentina para cumplir sus compromisos financieros internacionales, podrían entorpecer el plan de los bonos y dilatar la obtención de esos recursos en los que el gobierno cifra la reactivación de la inversión pública.

            El crédito del gobierno ha caído también por no haber podido poner en marcha el programa de compensación social que se anunció a raíz de las reformas fiscales con que comenzó el año.

            Aunque el decrecimiento económico es consecuencia de factores externos y de la herencia recibida, se le carga al pasivo del gobierno, en un ambiente caracterizado por la subjetividad de la opinión pública, pésimamente manejada por las autoridades, especialmente por el primer mandatario, quien se ha peleado de manera infortunada con los dirctores de la mitad de los periódicos y revistas influyentes.

            Aunque algunos observadores registran que en lo que va de julio, el presidente Mejía ha reducido notablemente sus declaraciones improvisadas y las confrontaciones con sus contradictores políticos o con los informadores públicos. Igualmente se han reducido en las últimas semanas las muertes a manos de agentes policiales, especialmente después de los graves incidentes de Capotillo en junio pasado.

Hipólito se electrocuta

            Aunque los problemas energéticos son una herencia fatal, el manejo de los mismos ha sido negativamente percibido por la población. Los apagones han sido la principal causa de las protestas populares.

            El asunto es que Hipólito Mejía creó expectativas de que solucionaría el problema energético. Resuenan aún sus demandas al pasado gobierno para que pagara a generadores y distribuidores de electricidad. No ha cumplido y los apagones han amargado la vida de la población dominicana en todos sus estamentos.

            Las amenazas de elevar las tarifas y las dificultades para promover un efectivo programa de cobros a la mitad de los usuarios que no pagan el servicio, mantienen un círculo vicioso que se traduce en los llamados apagones financieros, a causa de que los generadores paran sus plantas y los distribuidores castigan más duramente a los barrios populares, donde el cobro es mínimo.

            El gobierno no ha tenido éxito en lograr una renegociación de los contratos, tarea dificultosa y lenta cuyos efectos positivos no pueden conseguirse en el corto plazo. Un nuevo programa de pagos ha sido acordado para atender una deuda de 2 mil millones de pesos con los suplidores tradicionales y de varios cientos con las empresas generadoras capitalizadas. Las autoridades tendrán que hacer los máximos sacrificios para cumplirlo y así conjurar la principal fuente de inconformidad.

            El descrédito en esta materia alcanzó su mayor cota con el decreto 709 del primero de julio que prohibía los apagones que no fueran derivados de averías o falta de generación. Se llegó a decir que el gobierno asumió el control de los mandos de las distribuidoras, pero el servicio siguió de mal en peor. Incluso con amenazas de suspender el servicio hasta al Palacio Nacional.

Absurdo operativo  

            Pero el colmo del desacierto gubernamental y de la improvisación fue el operativo de búsqueda de armas con que se inició la segunda mitad de julio, deteniendo el tráfico vehicular en la mañana del lunes 16 en gran parte de la capital y de las principales ciudades del país.

            Tal operativo afectó casi todas las actividades, sembró el caos en las ciudades y proyectó una imagen desproporcionada de inseguridad pública y delincuencia desbordada. El resultado inmediato fue el grito generalizado contra el gobierno y la puesta en circulación de los más absurdos rumores.

            Obviamente que los estrategas gubernamentales, si en realidad los hay, no calcularon el daño que sufre una nación que vive del turismo, cuando se difunde por el mundo un operativo en busca de armas propio de un estado de sitio. Ni en los países asolados por el terrorismo, la insurrección y la delincuencia -España y Colombia, por ejemplo- se concibe un operativo parecido.

            Desde luego, la culpa no es solo del gobierno sino también de una opinión pública exacerbada por el secuestro de un empresario y la proliferación de violaciones de menores, absolutamente insignificantes si se comparan con las tasas delincuenciales de Puerto Rico, Jamaica, Venezuela, Colombia, México, Perú, Guatemala y El Salvador para citar países cercanos.

            En Venezuela hubo 42 secuestros en los primeros 6 meses del año. Aquí tuvimos uno solo. En Colombia hubo 65 asesinatos promedio por día entre enero y junio.

            Operativos como el del lunes, al igual que las redadas barriales, sólo sirven para generar protestas y nada resuelven. Junto a la incautación de más de 800 armas de fuego, revólveres y pistolas casi todas, sólo hubo 11 detenidos, lo que implica que se trataba de armas autorizadas legalmente, o de forma irregular por autoridades policiales y militares, la mayoría de las cuales es seguro que fueran devueltas en las primeras 24 horas.

            Para nada sirven tales operativos si se sigue facilitando armas a militantes políticos, a familiares, amigos y relacionados de los jefes militares y policiales, amparadas en simples tarjetas o en la falsificación de documentos.

            El gobierno no precisaba de un absurdo como el del lunes 16 que proyecta improvisación. Deberá enfrentar el crecimiento de la delincuencia, pero con métodos menos primitivos, transformando la policía, equipándola y tecnificándola, elevando sus niveles salariales y de seguridad social, vinculándola a la comunidad y haciéndola merecedora de confianza.

Frente a actos delictivos preocupantes, hay que proyectar seguridad y confianza, hay que señalar y enfrentar las causas de la delincuencia y crear conciencia de que es un mal congénito a la naturaleza humana, sobre todo en sociedades de tan graves desigualdades sociales, donde la mitad de la población vive en la pobreza, el hacinamiento y la falta de oportunidades de progreso.

            El gobierno está urgido de algunos golpes de efecto positivos para recuperar la ofensiva y detener el deterioro que se registra en su imagen.-