Sin unidad nacional nos acaba el virus y no habrá elecciones por varios meses

Por Juan Bolívar Díaz

Los enormes desafíos que representa para el país el progresivo avance de la pandemia mundial del Covid-19, que ya paraliza casi todas las actividades y amenaza prolongarse por meses, obliga a un gobierno ya desgastado por el final de su período a fomentar una amplia unidad nacional, para reducir el costo en la salubridad y en desestabilidad económica.

Las perspectivas indican que las elecciones no podrán celebrarse en mayo, pero debe esperarse un poco para ver por cuánto tiempo han de ser aplazadas, para lo cual será imprescindible  un amplio consenso entre las fuerzas políticas y sociales, desafiadas a privilegiar el supremo interés nacional, incluso para el nuevo período gubernamental.    

Incertidumbre histórica

La pandemia del coronavirus constituye un sacudimiento mundial sin precedente, no sólo por su dimensión en la salubridad y el costo en vidas humanas, sino también por el desguañangue que dejará en la economía globalizada, desestabilizando hasta países desarrollados, dejando desolación humana y mayores niveles de pobreza.

Que al día de ayer Estados Unidos ya lideraba el mundo en cantidad de personas infectadas por el virus, superando a China donde primero apareció, con España, Italia encabezando el número de víctimas, 4,158 y 7,503, la Unión Europea en profunda crisis humanitaria y de parálisis casi total, debería ser suficiente aviso para que en la República Dominicana se entienda la dimensión de las amenazas.

Irónicamente han sido los países donde primero se difundió el Covid-19 los que han tenido éxito en contenerlo, mientras la pandemia avanza incontenible poniendo de rodillas hasta a las mayores economías occidentales, como la de Estados Unidos donde se está aprobando un salvataje económico histórico de 2.2 billones de dólares. Los costos en vidas humanas y salubridad general, así como económicos son incuantificables, hablándose de cifras que estremecen y causan pánico universal.

Este mundo de tantos avances tecnológicos y científicos, con expansión cósmica, de repente es sacudido y desestabilizado por un virus, como si la naturaleza estuviera pasando factura por la inmensa depredación del planeta y por las insostenibles concentraciones de la riqueza que afianzan la exclusión y la pobreza y hasta revierten el estado de bienestar labrado tras la catástrofe de la segunda guerra mundial.

Estremecimiento nacional

Transcurridos dos tercios del período de emergencia de 15 días indicado en el decreto 320 del 19 de marzo, las perspectivas lucen cada día más inciertas con un avance incontenible del Covid-19. Entonces los contaminados eran sólo 34 y una sola víctima mortal. Ayer los afectados se habían multiplicado 17 veces para alcanzar a 581 y los fallecidos eran 20 veces. Sólo de lunes a viernes el crecimiento de los enfermados fue entre 19 y 26% de día a día, y entre el martes y ayer viernes, las víctimas mortales, pasaron de 6 a 20, incremento de 233%.

Las estadísticas indican que los múltiples esfuerzos de las autoridades sanitarias no han logrado contener la expansión. Se tiene la impresión de que a nivel nacional el Covid-19 se ha diseminado más en las clase medias y  medias altas, con múltiples víctimas de actividades sociales, como una cena benéfica en San Pedro de Macorís, de donde salió una docena de contaminados. También hubo varios en una boda celebrada en Punta Cana, y de un coctel en Santo Domingo. Según el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, en San Francisco de Macorís proliferó por el carnaval, la campaña política y algunas fiestas, aunque se teme que influyera la primera dominicana que llegó del exterior con el virus y se le permitió irse a su casa, donde hizo vida social. San Francisco acumula el 10% de los contaminados y el 60% de los fallecimientos, con 12 de 20.

Que los hospitales públicos no hayan tenido fuerte presión, parece indicador de que la pandemia no ha penetrado fuerte en los sectores más vulnerables, que no pueden acumular alimentos por más de tres o cuatro días, y que dependen de trabajos informales de los que sacan la subsistencia día a día. Son los que tendrían mayores dificultades para una cuarentena total que podría ser necesaria.

Desestabilidad económica

Las perspectivas ya apuntan a que el país quedará desestabilizado económicamente por la caída de la producción, de las exportaciones a mercados contraídos y en recesión, y sobre todo por la reducción del turismo y las remesas, que el año pasado generaron 7 mil 500 y 7 mil 87 millones de dólares, respectivamente. Nadie puede predecir cuánto tiempo tomará una significativa reactivación del turismo internacional, pero pocos creen que ocurrirá este año. Con la contracción en Estados Unidos y la reducción del empleo, que sólo esta semana implicó allí 3 millones 280 mil puestos, las remesas tendrían fuerte caída, más aún con la situación de España e Italia, otros importantes refugios de la diáspora dominicana.

Otra actividad económica en grave dificultad será el de las zonas francas. Entre estas y el turismo, ambos ahora paralizados, generan más de 300 mil empleos directos y otros tantos indirectos. Las arcas del Estado quedarán vacías por la reducción de las recaudaciones, por el salvataje que de entrada se lleva 30 mil millones de pesos, hasta 12 mil millones ilegalmente del Banco Central.

Todas esas precariedades se traducirán en mucho mayor endeudamiento público y particular, sin que se llegue al extremo de expropiar los más de 500 mil millones de pesos acumulados en los fondos de pensiones de los trabajadores durante casi dos décadas, como algunos han propuesto. Se configura un panorama nada halagüeño para el nuevo gobierno a iniciarse en agosto,  sobre el que ya pendía la necesidad de una profunda reforma fiscal.

La prioridad nacional

Las perspectivas del Covid 19 y las de la economía justifican la propuesta del principal candidato presidencial opositor Luis Abinader, de unir todas las voluntades nacionales para enfrentar la grave crisis, la cual ha recibido respaldo en otros sectores políticos y en los ámbitos sociales y de opinión pública. De hecho, Abinader, como Leonel Fernández y Guillermo Moreno, también candidatos presidenciales, y organizaciones profesionales y sociales, han estado por delante del gobierno, no sólo en el reclamo de unidad nacional, sino también pidiendo inversión en las pruebas para detectar a tiempo el virus, en mayores controles y en la asistencia a cientos de miles de empleados suspendidos, y  a los más de 2 millones de trabajadores informales.

Esta semana el presidente Danilo Medina atendió las demandas sobre control de la enfermedad y de asistencia económico-social, pero sin aludir a las peticiones e ignoró las propuestas de unidad nacional ante la crisis. Pretender que con los repartos anunciados se conjuga la situación puede ser un error político. La concertación no sólo crearía una sinergia nacional alentadora, sino que disminuirían la responsabilidad del gobierno ante una posible complicación y extensión de la pandemia y sus consecuencias económico-sociales.

Será fácil llegar a los 800 mil que ya están en el programa comer es primero, acumulados en 18 años, donde están los cientos de miles de la extrema pobreza y desempleados crónicos, aumentándole la dotación de sus tarjetas a 5 mil pesos, pero una ardua tarea incorporar en poco tiempo y con justicia a los otros 700 mil anunciados. También es fácil llegar, a través de las empresas, a los empleados suspendidos. Pero muy difícil alcanzar a la mayoría de los más de dos millones de trabajadores informales, de las mini-empresas informales, talleres, salones de belleza, de los vendedores y chiriperos, de la construcción y jornaleros agrícolas, y de todos los oficios, profesionales y técnicos. Con poder para protestar, será difícil mantenerlos en cuarentena por muchos días.

Por demás, el presidente Medina debería reconocer que está al término de su gobierno y con candidatos presidenciales en turno, a los cuales convendría consultar o escuchar para alentar la unidad y la cooperación nacional y para evadir toda tentación de aparecer como llanero solitario que buscaría beneficio político de la inmensa desgracia. Eso corresponde también a los opositores, pero el primer mandatario debería sembrar el ejemplo.

Para cuándo las elecciones

Con el país casi en cuarentena total, no lucen factibles las elecciones programadas para el 17 de mayo, y parece difícil un cambio significativo en  las 7 semanas que faltan. Pero al mismo tiempo no hay que precipitar una decisión, y se puede esperar siquiera a que pase la Semana Santa a comenzar en 8 días, para una evaluación de las posibilidades.

El lunes de resurrección será el 13 de abril, a 34  días de la fecha de los comicios, suficientes para seguir adelante con la organización que no ha detenido la Junta Central Electoral, o para apreciar cuánto tiempo sería necesario de aplazamiento. Con el 16 de agosto para instalar el nuevo gobierno, las elecciones pudieran ser aplazadas hasta por dos meses, a julio. En caso de una segunda vuelta, dos o tres semanas después, como se hace en otros países. Con obligada austeridad convendrían campañas electorales cortas.

La JCE tiene facultad constitucional (artículos 211-212), para adoptar las medidas correspondientes a fin de garantizar el derecho a elegir y ser elegido, más aún en una grave crisis nacional e internacional, y la Ley del Régimen Electoral en su artículo 18.7 le faculta para “convocar elecciones extraordinarias cuando proceda, de acuerdo con la Constitución y la ley” y también su artículo 92.2 sobre elecciones extraordinarias.

En el peor escenario nacional, si las elecciones no pudieran celebrarse antes del 16 de agosto, entonces tendría que mediar una reforma constitucional para nueva fecha. Pero en cualquiera de las alternativas,  tiene que mediar un consenso entre los partidos y las organizaciones sociales empeñadas en la restauración de la credibilidad herida en los frustrados comicios municipales de febrero. En Bolivia todos los partidos se pusieron de acuerdo para aplazar unas elecciones presidenciales que estaban programadas para el 3 de mayo, a la espera de poder determina una fecha procedente, que garantice la participación de la ciudadanía. En el caso dominicano incluye a 595 mil residentes en el exterior, la gran mayoría en Nueva York, también en grave situación por la pandemia. 

2006 año del desenfreno político

Por Juan Bolívar Díaz

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El 2006 que concluye podría pasar a la historia como el período de mayor desenfreno político de la costosa democracia dominicana, donde casi se unieron las campañas electorales de los comicios presidenciales y congresionales y municipales, pese a que están separadas por dos años.

El activismo político del año representó una enorme carga económica, incluyendo un déficit fiscal cuyo costo está por ser pagado con nuevos impuestos, que empañó el éxito gubernamental en mantener por segundo año consecutivo un alto crecimiento, con estabilidad cambiaria y baja inflación.

Las precipitadas luchas internas, que incluyen a un presidente en campaña poco después de pasar la mitad de su período, implican mayores riesgos de costo institucional, en tanto los planteamientos ideológicos y programáticos son sustituidos por el avasallante poder del dinero que sostiene un clientelismo brutal.

Año de contradicciones

Del 2006 se podría escribir que fue un año de contradicciones flagrantes en la vida nacional, con un crecimiento económico que las autoridades cifran sobre el 10 por ciento, pero al mismo tiempo con un déficit fiscal que habrá que pagar con los nuevos impuestos que acaba de aprobar el Congreso en la tercera reforma tributaria en un gobierno que sólo lleva 28 meses, y en la quinta en los últimos 6 años.

Ese exitoso crecimiento económico, con estabilidad cambiaria e inflación menor al 5 por ciento, sin embargo no ha permitido mejorar la inversión social, especialmente en educación y salud, que se mantuvo por debajo de la mitad indicada en textos legales y del promedio latinoamericano.

La gestión macroeconómica es más significativa por haberse producido mientras el precio del petróleo golpeaba duramente al país, con un costo adicional este año sobre los 400 millones de dólares, según estimaciones del secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás.

Los ingresos del Estado crecieron sobre el 15 por ciento, pero sus gastos se incrementaron en más del doble, alrededor del 32 por ciento, especialmente durante la campaña electoral, cuando generaron un déficit fiscal cercano a los 5 mil millones de pesos.

El gobierno no tuvo suficiente recursos para combatir la pobreza que afecta a casi la mitad de la población, pero destinó más de 26 mil millones de pesos a subsidiar indiscriminadamente la energía eléctrica y el gas propano, con lo que se beneficiaron básicamente sectores de clase media y altas, incluyendo a propietarios de millonarias residencias y costosos vehículos.

Las autoridades siguieron aumentando el subsidio a una energía eléctrica ineficiente y cada vez más cara y amenazando, sin resultados, con revisar contratos bien amarrados gracias al tráfico y la corrupción que ha afectado tan profundamente la gestión nacional durante décadas.

Se hizo una reforma tributaria al final del 2005 porque en enero del 2006 arrancaba el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, que se aplazó para julio, y luego se dijo que sería en noviembre, o para diciembre y todavía no está seguro que pueda comenzar con el nuevo año, mientras los sectores productivos se quejan de un escenario cada vez más difícil para poder competir con éxito en un mercado internacional abierto.

Funcionarios gubernamentales se han quejado sistemáticamente de la carga presupuestaria de la deuda externa, pero siguieron elevando la interna. El déficit cuasifiscal del Banco Central pasó de 170 mil millones de pesos, casi duplicado en 2 años y manteniéndose como una seria amenaza a la estabilidad, mientras se quemaban más de 200 millones de dólares por las facilidades petroleras que otorga Venezuela y que alguna vez otros tendrán que pagar.

Falta de transparencia

El año comenzó con un “decreto-puente” para normar las compras y contrataciones del Estado y al final se aprobó una nueva ley, al igual que múltiples providencias impuestas por el tratado de libre comercio para transparentar la gestión gubernamental, pero hubo pocos avances específicos.

Varios contratos resultaron escandalosos, pero en ningún caso se inició un proceso judicial. Resaltaron los contratos enviados al Congreso y aprobados en sospechosa prisa de medianoche a fines de julio, por 128 millones de dólares para equipar la Policía y el de la isla artificial. El gobierno palió la situación prometiendo que no ejecutaría el de la isla y retirando el de los equipos policiales.

Un tercer contrato, que traspasaba funciones de Bienes Nacionales a una empresa privada, no fue sancionado por los legisladores que entonces terminaban su período constitucional. Aunque este había estado en vigencia ilegalmente desde el año anterior. Posteriormente hubo de quedar sin efecto otro contrato denunciado como leonino que autorizaba a una empresa privada a emitir la revista de los vehículos.

La falta de transparencia ha sido tan grande que las autoridades llevan dos meses investigando el fraude ejecutado por funcionarios del departamento de pensiones de la Secretaría de Finanzas, estimado en principio en más de 50 millones de pesos.

Las contrataciones grado a grado siguieron a la orden del día, incluyendo una por 450 millones de pesos para un paisaje urbano en Santiago, donde un hospital privado recibió financiamiento público por 25 millones de dólares, mientras a la Secretaría de Salud Pública, como a la de Educación, se le quitaban cientos de millones de pesos para pasarlos al monumental Metro de Santo Domingo.

Esta obra en sí misma es el mayor ejemplo de la falta de transparencia en la gestión gubernamental, tanto en lo financiero como en lo técnico. No han faltado quienes plantearan que la lentitud del gobierno en implementar las reformas en orden a la transparencia que reclama el TLC, está determinada por el deseo de concluir de grado a grado todas las contrataciones para el Metro.

Desbordamiento político

Lo que se registró en el país este año fue un verdadero desbordamiento político, determinado en gran medida por el enorme esfuerzo del partido de gobierno por conseguir el control del Congreso Nacional. Pero apenas se terminaron de contar los votos de loa comicios legislativos y municipales de mayo, los perredeistas abrieron la competencia interna para los presidenciales del 2008. Antes de que faltara año y medio para esas elecciones, los tres partidos mayoritarios se sumergieron en costosas campañas de precandidatos y pugnas degradantes.

En un país donde la poca transparencia es norma en la gestión pública y política, nadie podrá aproximarse siquiera a la inversión de este año en actividades políticas, aunque existe la convicción de que directa e indirectamente, es pagada del erario nacional más allá de las asignaciones presupuestarias con abusos de los recursos estatales. Hasta candidatos a diputados gastan en campaña decenas de millones de pesos que de una u otra forma han sido sustraídos al Estado. Y si se trata de inversión empresarial, es porque antes o después será cobrada, en contrataciones y compras sin concursos y sobrevaluadas o en facilidades impositivas.

La conformación de dos alianzas que polarizaron los comicios de este año contribuyó a un desbordamiento en que la compra de dirigentes, candidatos y militantes alcanzó niveles sin precedente, incluyendo masivos traslados de electores. El mismo día de la votación se pudo comprobar la existencia de puestos para la repartición de dinero en efectivo.

Gran parte de la política gubernamental estuvo condicionada por los objetivos electorales, incluyendo el déficit fiscal de casi 5 mil millones de pesos entre febrero y mayo. Y el propio Presidente de la República recorrió la geografía nacional en caravana oficialista recabando apoyo para concluir la “tiranía legislativa de la oposición”.

La prematura lucha por las candidaturas presidenciales ya registra una inversión multimillonaria, especialmente en el PRD, donde uno de los aspirantes parece disponer de un tesoro infinito. Ya no se trata de elecciones internas, sino de carácter nacional, con inversión publicitaria y nóminas que no resistirían la transparencia que se ha impuesto en las naciones de fortaleza institucional.

Arriba el clientelismo

Si algo quedó claramente establecido este año es que la política se ha convertido en una actividad puramente mercantil, con un alto componente clientelista que se nutre del Estado, a través del financiamiento directo y la corrupción. La convicción general es que cada vez hay menos diferencia entre los partidos, donde la lucha por llegar al poder o conservarlo no admite limitaciones éticas.

Las posiciones ideológicas y programáticas son irrelevantes, adornos para complacer las inquietudes de las minorías esclarecidas que reclaman programas durante las campañas. Pero si se llega al poder se justifica lo contrario. Es lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que durante toda su vida, y hasta su programa de gobierno, postuló la reforma constitucional mediante asamblea constituyente electa al efecto, y la no reelección. Pero al ganar por primera vez la mayoría legislativa invirtió sus planteamientos.

Como resultado de los comicios de este año, el PLD logró constituirse en la fuerza política dominante, desplazando un PRD cuyos históricos planteamientos socialdemócratas solo perviven en una minoría de dirigentes y cuadros, mientras el poder del dinero y el tráfico avasalla. Mientras el Partido Reformista Social Cristiano seguía dando traspiés en el papel de comodín que le asignaron la mayoría de sus dirigentes.

Tan pronto consiguió el control total del Estado, las ardientes luchas internas que han emergido en el PLD parecen no dejar dudas de lo brutal que se ha tornado la actividad política y de lo mucho que amenaza la institucionalidad democrática nacional.-

Deberán aplazar la convención del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

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A menos de un mes de la fecha fijada para la vigésimo sexta Convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) los trabajos organizativos están retrasados y hay quienes creen que ya es imposible efectuarla a comienzos de enero próximo.

Los trabajos se retrasaron fundamentalmente por las dificultades para lograr el financiamiento, estimado en principio en unos 40 millones de pesos, lo que derivó en un conflicto que llevó a la inhibición de la presidenta de la comisión organizadora, profesora Ivelisse Prats de Pérez.

Todavía no han podido elaborar el padrón de votantes y se cree que tendrán dificultades para obtener los padrones de los otros dos partidos mayoritarios que según el reglamento aprobado son básicos para determinar quiénes tendrán derecho a escoger el candidato presidencial del partido blanco.

La tregua navideña

Si alguna posibilidad hubiese para que los perredeístas pudieran terminar de ponerse de acuerdo para elegir su candidato presidencial en las cuatro semanas que distan para el 7 de enero, las festividades navideñas las terminarán de echar por tierra. Eso lo saben dirigentes nacionales, de los dos grupos en competencia y los miembros mismos de la comisión Organizadora, pero nadie se atreve a plantear el aplazamiento.

El sector que promueve la candidatura del ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha sido desde el principio el más partidario de una elección temprana. Apoyado en el control de gran parte de la maquinaria política perredeísta quisieron en principio que la convención fuera en noviembre pasado. Todavía insisten en que es posible en enero, aunque algunos ya tienen sus reservas.

El grupo de la llamada Corriente Unitaria que enarbola la candidatura de la doctora Milagros Ortiz Bosch aceptó enero a regañadientes, pero era partidario de que fuera un poco más tarde. Estos están convencidos de que ya no hay tiempo para cumplir la meta del 7 de enero, pero no quieren aparecer solicitando otro aplazamiento.

Los retrasos comienzan en el reclutamiento y entrenamiento de las 9 mil personas que operarán los tres mil centros de votación a instalarse en todo el país, que primero deberán ser escogidas por consenso entre los dos sectores que se disputan la candidatura. Aunque miembros de la comisión organizadora afirman que en algunas regiones se ha avanzado considerablemente en las últimas semanas.

Hay atrasos también en la confección definitiva del padrón de votantes y en el establecimiento del centro de cómputos, que ya se decidió operará en el local perredeísta del Distrito Nacional. Se avanza en la impresión de la boleta y confección de las urnas.

El problema es que a partir del 15 de diciembre es difícil movilizar ni organizar nada en el país, donde hombres y mujeres parecen caer presas de las festividades navideñas, lo que dura por lo menos hasta el 2 de enero. Desde el principio se sabía que las fiestas navideñas serían un obstáculo, reconoce uno de los organizadores.

El cruce de padrones

El padrón de los miembros ha sido el problema fundamental en la organización de las convenciones eleccionarias del PRD. Para reducir los tradicionales alegatos de exclusiones, se consignó en el reglamento que se utilizaría el padrón nacional de la Junta Central Electoral, del cual serían sacados los militantes del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano.

Cuando posteriormente se cayó en cuenta de que muchos perredeístas podrían estar también inscritos en los otros dos partidos, debido a los cambios de simpatías, se decidió que sólo se excluirán a los peledeístas y reformistas que no aparezcan en el padrón del partido blanco.

El problema es que la dirección de ambos partidos tome la decisión de entregar su padrón de militantes al PRD, sin lo cual es imposible determinar quiénes tendrán derecho a elegir. Como tomaría muchos meses confeccionar un padrón definitivo, la decisión a prevalecer tendrá que ser el voto universal de electores, sean o no perredeístas.

Eso dejaría abiertas las puertas al alegado de que se incentivó a militantes de otros partidos a votar por una u otra candidatura. Las dos participantes creen que les beneficiaría el voto abierto, una porque al disponer de amplios recursos financieros podrían acarrear e incentivar a muchos indiferentes a ejercer el voto. La otra porque entienden que tiene mayores simpatías en sectores independientes que podrían ser animados a participar.

Pero aún en el caso de que obtengan los padrones de los otros partidos, que tampoco los tienen actualizados, el reglamento establece que los representantes de las candidaturas tienen derecho a verificar y reclamar, hasta lograr consenso, lo que también lleva tiempo.

Para fin de enero o marzo

El ingeniero Héctor Guzmán, dirigente perredeísta que se precia de no haber tomado partido en la competencia interna, tuvo el valor de plantear el jueves el aplazamiento de la convención eleccionaria, convencido de que no hay tiempo para organizarla debidamente para el 7 de enero. Sugirió el 26 de enero por ser día de Duarte, o el 6 de marzo, natalicio del desaparecido líder José Francisco Peña Gómez.

En un programa de televisión Guzmán pidió a la comisión organizadora que rinda un informe a la Comisión Política del partido para ver si están a tiempo para celebrar la convención en la fecha programada, sugiriendo que es preferible prevenir conflictos y no esperar que se produzcan.

Guzmán parte de la convicción de que el objetivo “es lograr que la mayor cantidad de perredeístas se motoricen, se emocionen y se entusiasmen para participar y que la población pueda ser impactada positivamente por ese proceso convencional, porque así se fortalece la candidatura presidencial”.

En todo caso para el perredeísmo será preferible jugar conservadoramente a exponerse a un conflicto post-convención que lo mantuviera en la curva resbaladiza en que viene decayendo desde los comicios del 2002. En la recién publicada encuesta Gallup para HOY las simpatías del PRD cayeron a su nivel más bajo desde la campaña de 1990, registrando apenas un 25.3 por ciento. El PLD conseguía el 46.3 y el PRSC el 12.6. En las dos últimas elecciones nacionales los candidatos perredeístas han obtenido entre el 33 y el 31 por ciento. Sólo en 1990, con el 23 por ciento, el perredeismo había quedado por debajo de esas proporciones.-

Problemas financieros

La comisión organizadora ha arrastrado desde el principio problemas de financiamiento, que se han aliviado pero persisten aún después que el presupuesto se redujo 40 a 30 millones de pesos. Tan solo para las operaciones del centro de cómputos se elaboró un presupuesto de gastos de 5 millones 980 mil pesos, que incluiría la contratación de una empresa privada para ejecutar el escrutinio, según establece el reglamento.

Los problemas de financiamiento se habrían aliviado esta semana cuando dirigentes del partido lograron un préstamo con garantía en el financiamiento estatal. La comisión organizadora estaba requiriendo 10 millones de pesos para avanzar, y el secretario general Orlando Jorge le entregó apenas 2 millones y medio de pesos.

La falta de recursos originó el conflicto más significativo del proceso, cuando

La candidatura de Milagros Ortiz vetó una donación de 5 millones de pesos que hizo la de Vargas Maldonado a la comisión organizadora. Incluso se cuestionó que la presidenta de la misma, Ivelisse Prats hubiese aceptado el financiamiento de una parte interesada sin previa discusión, llegándose al grado de pedir y lograr la inhibición de la histórica dirigente del perredeismo. La comisión opto por devolver el dinero.

No ha dejado de sorprender que el PRD carezca de fondos para organizar una votación para escoger candidato presidencial, ya que este año debió haber recibido alrededor de 250 millones de pesos del presupuesto nacional. Los años de elecciones se destina a los partidos el 0.5% de los ingresos ordinarios, lo que representaría 950 millones de pesos. Como a los partidos mayoritarios toca alrededor del 80 por ciento, unos 760 millones debió distribuirse entre los tres.

Las dificultades se atribuyen en parte e que la dirección del partido se embarcó en la compra de un edificio por unos 90 millones de pesos, en el cual ha invertido entre 10 y 20 millones de pesos adicionales, sin haber logrado terminarlo. La edificación está localizada en las cercanías de las avenidas Winston Churchill y Sarazota.

 

El presidencialismo es más que el artículo 55

 Por Juan Bolívar Díaz

El presidencialismo es una cultura de reverencia e incondicionalidad ante el poder que para ser vencido requiere más que destrozar el artículo 55 de la Constitución

             En todos los proyectos de reforma constitucional que se han elaborado en el país en los últimos años se ha incluido preponderantemente el artículo 55 que instituye las facultades correspondientes al Presidente de la República como forma de equilibrar los poderes del Estado y democratizar el país.

            Sin embargo, para superar el presidencialismo que ha caracterizado la sociedad dominicana desde el nacimiento mismo de la República se requiere mucho más que destrozar el artículo 55 como recomendó recientemente el presidente Leonel Fernández al lanzar su consulta para modificar la Constitución.

            Es que el presidencialismo es una cultura profundamente arraigada en el alma nacional de reverencia e incondicionalismo ante los deseos y decisiones de quien ejerce el supremo poder, al que se rinde culto en aras del beneficio personal y grupal, permitiéndosele pasar encima de la Constitución, las leyes y las instituciones.

Exhortación presidencial     

Cuando exhortó a destrozar el artículo 55 de la Constitución, en su discurso de lanzamiento de su proyecto de reforma constitucional el 9 de octubre pasado, el presidente Leonel Fernández estaba rindiendo culto a una vieja preocupación nacional que busca reducir el presidencialismo como forma de fortalecer la institucionalidad democrática.

            De paso el mandatario trataba de poner distancia con la generalidad de sus antecesores indicando él mismo la necesidad de eliminar facultades que aunque hayan sobrevivido en el texto ya han sido atribuidas a otros poderes del Estado o que son intrascendentes en términos de poder, como por ejemplo escoger regidores, designar por decreto hasta el último empleado público o autorizar a los ciudadanos a recibir y usar condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros.

            Son 27 los incisos del artículo 55 de la Constitución que señalan las facultades que corresponden al Presidente de la República, de los cuales por lo menos tres han sido superados por las reformas institucionales. Otros seis señalan funciones que pueden ser ejercidas por órganos de la administración pública y dos otorgan facultades que corresponderían más bien al Congreso Nacional.

            Esos incisos son casi la mitad de los que integran el discutido artículo 55 que quedaría bastante destrozado con su eliminación, que es lo que ha quedado consignado en varios de los anteproyectos de reformas constitucionales elaborados en los últimos años por universidades y comisiones.

            La Comisión Especial que por encargo presidencial elaboró en el 2001 el último anteproyecto conocido, basándose en varios que le antecedieron, especialmente el del Consejo Nacional para Reforma del Estado, eliminó diez de los incisos facultativos del Presidente de la República.

Facultades superadas

            La carta magna vigente mantiene como facultades del Poder Ejecutivo algunas que quedaron abrogadas por la reforma de 1994, como las contenidas en el inciso 9 del artículo 55 que faculta al presidente a llenar interinamente vacantes de jueces de la Suprema Corte y de las cortes de apelación y los demás niveles de la justicia, cuando el Congreso estuviere en receso con el compromiso de informar al Senado para que provea los definitivos en la siguiente legislatura.

Ese texto quedó obsoleto y debió ser eliminado con la reforma de hace 12 años que estableció el Consejo Nacional de la Magistratura y en los tres párrafos del artículo 64 le atribuyó la facultad de elegir los jueces de la Suprema Corte. Al mismo tiempo el inciso 4 del artículo 67 atribuyó a la Suprema Corte la facultad de elegir los demás jueces del sistema judicial. Hasta entonces todos los jueces eran electos por el Senado.

En el mismo acápite constitucional también se faculta al presidente para llenar de forma interina vacantes de presidente o jueces de la Junta Central Electoral, superada por los avances en la institucionalidad electoral, lo que también debe ser corregido.

El inciso 11 debe ser eliminado pues está superado por las normativas electorales y la ley de organización municipal, razón por la cual ya hace décadas que a ningún presidente se le ocurre llenar vacantes de regidores o síndicos municipales.

El inciso 8 deberá ser corregido, pues se refiere a los “apartados a) y d) del inciso 10 artículo del artículo 8 de esta Constitución”.Pero ese inciso no contiene ni un solo apartado. Los constituyentes quisieron referirse al inciso 11 que sí los registra.

El inciso 7 que faculta al presidente de la República a suspender el ejercicio de derechos ciudadanos ha sido superado y tendría que ser eliminado para ratificar las mayores garantías a la ciudadanía incorporadas en el Código Procesal Penal vigente desde hace dos años.

Otro inciso del artículo 55, el 10, también ha sido superado por los avances institucionales que prohiben las exoneraciones impositivas y por la desvalorización de la moneda nacional.

Tela para cortar

En el artículo 55 se consigna una serie de facultades al Presidente de la República que en la práctica son ejercidas por otros funcionarios u organismos, comenzando por el inciso 1. Debería consignarse sólo la designación de los secretarios y subsecretarios de Estado y los directores y subdirectores. Todos los demás funcionarios, hasta el último deberían recaer sobre los secretarios de Estado, lo que en la práctica viene ocurriendo hace años.

Las facultades presidenciales establecidas en los incisos 12, 13, 16, 17,19, 20, 24, 25 y 26 deberán ser redistribuidas: el 12 le autoriza a expedir patentes de navegación; el 13 a reglamentar el servicio de aduanas; el 16 a expulsar a extranjeros de actividades perjudiciales; el 17 a nombrar los miembros de los consejos de guerra de las Fuerzas Armadas y la Policía; el 19 a la habilitación de puertos y costas marítimas; el 20 a prohibir entrada de extranjeros; el 24 a autorizar ciudadanos a ejercer cargos o funciones de un gobierno u organizaciones internacionales y a aceptar y usar condecoraciones de los mismos; el 25 a anular arbitrios municipales; y el 26 a autorizar a los ayuntamientos a enajenar inmuebles y aprobar contratos.

Todas esas facultades corresponden hoy a organismos como Aeronáutica Civil, Autoridad Portuaria, Dirección de Migración, Secretaría de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Interior y Policía, Secretaría de Relaciones Exteriores y al Congreso Nacional.

Si se analiza minuciosamente cada uno de esos textos se verá que el artículo 55 es mucha espuma y poco chocolate. Destrozarlo en vez de quitarle real poder al Presidente, lo liberaría de cuestiones secundarias. Habría que buscar las raíces del presidencialismo en otros factores.

Más allá del 55

Las raíces del autoritarismo no están cimentadas en realidad en el artículo 55 de la Constitución, sino en la tradición que confiere al Presidente de la República facultad para volarse la carta magna misma y cualquier ley, disponiendo a su conveniencia o antojo.

Se afianza en una cultura de reverencia e incondicionalismo ante el poder presidencial, que desde 1844 se liga al uso de la fuerza militar y policial, al autoritarismo y la voluntad cesárea.

El incondicionalismo comienza por los propios colaboradores y seguidores, que en vez de aconsejar u orientar al mandatario, se convierten en soldados reverentes que casi nunca dicen lo que piensan que aquel no desea escuchar.

Para reducir el presidencialismo lo fundamental radica en que el presupuesto de la nación no pueda ser manipulado y se suprima toda discrecionalidad, que un presidente no pueda iniciar obras que no estén consignadas en esa ley. Mucho menos de las magnitudes del metro o del Faro a Colón.

Al mismo tiempo sería preciso que los mandatarios sean obligados a cumplir la ley de presupuesto de gastos públicos, de manera, por ejemplo, que si corresponde a Educación el 8 por ciento del producto interno o el 16 por ciento del presupuesto anual, no se le pueda entregar la mitad.

Presidencialismo es que se le imponga al país el costo de obras que son fruto de sueños infantiles, sin que guarden relación con las prioridades ni las racionalidades. O que se hagan contratos traspasando al sector privado facultades de órganos públicos, como ocurrió recientemente con la Dirección de Bienes Nacionales, a espaldas del Congreso y sin consecuencia legal alguna.

Es también que los mandatarios puedan disponer de recursos públicos para comprar legisladores, dirigentes políticos y hasta candidatos, sin que ningún órgano de control pueda adoptar la menor resolución de contención o sanción.

Para frenar el presidencialismo habría que fortalecer las autonomías de los poderes de control, desde el Congreso Nacional mismo hasta la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Monetaria y el Banco Central, los municipios y la Junta Central Electoral.

No importa lo que diga el artículo 55, el presidencialismo está fundado en la capacidad de los presidentes de violar las reglas institucionales sin pagar la menor consecuencia, ni siquiera de una llamada de atención que todavía no se produce en ninguno de los organismos de control.

Y el culto al presidencialismo es tan grande que no hay precedente de ningún medio de comunicación o institución reconocida, aún las de mayor incidencia, que se haya atrevido a reclamar que un Presidente de la República sea interpelado por abusos de poder.-

MALEFICIO a mitad del gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

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 La reciente historia política dominicana permite alertar sobre la existencia de un maleficio que afecta a los gobiernos democráticos cuando llegan a la mitad del período constitucional, creyéndose predestinados para prolongarse en el poder, por lo que empiezan a actuar de espaldas a la opinión pública.

La advertencia viene a colación en vísperas del segundo año del actual gobierno por los traspiés en que ha incurrido recientemente en materia de contrataciones poco transparentes y su propensión a priorizar el debate sobre reformas constitucionales por encima de muchos asuntos que merecen concentrar la atención nacional.

Los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el anterior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tuvieron un desempeño exitoso en su primera mitad, a partir de la cual comenzaron su declive hasta terminar bajo fuertes cuestionamientos.

Notable mala racha

El gobierno del presidente Leonel Fernández ha tenido un desempeño bien ponderado por la ciudadanía en su primera mitad, lo que ha quedado de manifiesto en las encuestas y la opinión pública.

Sin embargo, los últimos contratos enviados al Congreso Nacional han empañado la imagen del gobierno, determinando que algunos analistas revivan el síndrome de la mitad del período, tomando en cuenta el historial de la regencia democrática del PRD y el PLD.

Los registros históricos muestran que al llegar a la mitad del período los gobiernos tienden a aumentar desproporcionadamente el gasto público, incurriendo en déficit, marcados especialmente por las elecciones “de medio término”, y a aumentar la percepción de corrupción.

Ha llamado la atención que al aproximarse a la mitad de su período el gobierno del presidente Leonel Fernández, que registró un déficit fiscal sobre 4 mil millones de pesos en los primeros 5 meses del año, enviara al Congreso dos proyectos con ribetes de corrupción y que reviviera el de la isla artificial que había sido desestimado tras masiva oposición de la opinión pública y la desintegración de varios de sus propulsores.

El contrato de 132.4 millones de dólares para equipar a la Policía Nacional tuvo que ser suspendido, aún después de ser aprobado por el Congreso Nacional, tras demostrarse que violentaba los preceptos de concurso público y contenía escandalosas sobre valoraciones de precios, lo que la percepción general atribuye a corruptela.

Es más relevante que la empresa beneficiaria del contrato, The Sun Land Group Corporation ya estuvo involucrada en contrataciones del anterior gobierno perredeísta para equipos de las Fuerzas Armadas que también originaron descrédito.

Otro contrato, sin concurso público y de términos estimados onerosos, suscrito con la Empresa Nacional de Desarrollo (ENADE) fue desestimado por el Senado, dejando mal parado al gobierno que lo puso en vigencia ilegalmente desde finales del año pasado. Este traspasa a una empresa sin previa experiencia ni acreditación las facultades de la Dirección General de Bienes Nacionales para vender y cobrar inmuebles del Estado en cuantía multimillonaria, con comisiones de hasta un 15 por ciento que llegan a triplicar las del mercado inmobiliario.

El descalabro de Hipólito

Conviene recordar que el pasado gobierno, presidido por el agrónomo Hipólito Mejía llegó a las elecciones de medio término en situación tan buena que su partido ganó en 29 de las 31 provincias.

Entre enero y agosto del 2002 la inflación acumulaba apenas un 3.52 por ciento. Al 17 de julio los bancos compraban el dólar a 17.63 pesos lo vendían a 17.90, la gasolina regular se vendía, todavía en octubre, a 38.45 pesos y el gasoil a 24.08 el galón. La economía había crecido en el primer semestre al 5 por ciento.

Sin embargo, una encuesta de Penn & Shoen realizada a fines de agosto ya redujo al PRD al segundo lugar de las preferencias electorales, del cual no se ha recuperado todavía. Registró un 28 por ciento contra un 33 del PLD.

Aunque el gobierno acumulaba déficit fiscal todavía no registraba efectos visibles, lo que permite sostener que fueron el manejo político y las negociaciones turbias con ribetes de corrupción, lo que afectaron al partido de gobierno.

Inmediatamente después de los comicios la palabra presidencial quedó devaluada cuando la mayoría oficialista impuso una reforma constitucional a espaldas del resto de la sociedad, la política y la civil, simplemente para abrir las puertas de la reelección a un Hipólito Mejía que juraba que no aspiraba a la prolongación.

El 23 de Julio el Listín Diario informaba que el director del IAD Tomás Hernández Alberto, y el senador perredeista Mario Torres lanzaban en New Jersey, Estados Unidos, la repostulación del presidente Mejía.

El nuevo Senado, posesionado en agosto, con 29 de 32 escaños en manos del partido oficial, procedió de inmediato a elegir una Junta Central Electoral sin tomar en cuenta al resto de la sociedad, originando una crisis se prolongaría hasta diciembre cuando luego de una transacción con la oposición se reformó la ley electoral para separar las funciones ejecutivas y contenciosas de la JCE y ampliar a 9 el número de los jueces electorales para incluir dos propuestos por la oposición.

En septiembre el presidente Mejía anunció la eliminación del subsidio a la electricidad, lo que fue acompañado por un aumento del 40 por ciento en la tarifa energética, en medio de una de las periódicas crisis del servicio. La corrida del sector financiero comenzó a elevar la tasa de cambio, que en diciembre llegaría a 20 pesos por dólar, cuando el presidente firmó con el empresariado un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico” que quedaría en el papel. Después fue el desastre financiero y el descalabro político del régimen.

El precedente de Leonel

La decadencia del gobierno del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco también se registró a partir del medio término, desde la matanza del 24 de abril de 1984 que le hizo perder la brújula hasta terminar en medio de denuncias de corrupción, aunque con un saneamiento macroeconómico.

Pero el descalabro fue más claro en la segunda mitad del anterior gobierno del presidente Leonel Fernández, (1996-2000) que había navegado con tasas de crecimiento de alrededor del 7 por ciento y con estabilidad macroeconómica.

Fueron factores políticos los que produjeron su decadencia. Luego de la barrida electoral perredeista de mayo, el PLD con sólo 14 diputados y un senador se embarcó con legisladores reformistas y perredeistas salientes en un intento frustrado por reformar la Constitución para abrir paso a la reelección.

Con “incentivos a legisladores” que ya se iban se eligió en agosto una nueva Cámara de Cuentas y se aprobó una ley de carrera judicial que desconocía la inamovilidad de los jueces, a espaldas del resto de la sociedad. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil elevó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia, la cual produjo un duro revés al régimen al declarar inconstitucional la elección cada cuatro años de los jueces.

Instalado el nuevo Congreso de mayoría perredeísta, el gobierno “conquistó” a 9 diputados encabezados por Rafael Peguero Méndez para mantener a este al frente de la cámara baja, arrebatando la mayoría al PRD. Este a su vez respondió escogiendo una Junta Central Electoral a su conveniencia, lo que llevó al gobierno a suspenderle la entrega de su presupuesto, generando una crisis institucional que llegó a final del año.

Para enero ya se había montado el escenario para la militarización de la Liga Municipal Dominicana por parte del gobierno peledeísta, que en asamblea paralela desconoció la mayoría perredeista en los municipios.

Todas esas maniobras solo sirvieron para desacreditar el gobierno del presidente Leonel Fernández, cuyo partido reduciría en el 2000 a menos de la mitad los votos con que había ganado el poder cuatro años antes. Todavía no se ha llegado tan lejos, pero hay quienes consideran conveniente recordar el maleficio de la mitad del período.-

¿Por amor al arte?

En medio de estos escándalos el Consultor Jurídico del Gobierno envió una comunicación al Congreso la semana pasada reviviendo el polémico proyecto de la isla artificial a ser erigida frente al malecón de Santo Domingo, el cual había sido desestimado por el gobierno tras la generalizada oposición de la opinión pública.

Fue también relevante y reactivó el tufo de la corrupción, que la mayoría opositora perredeísta y reformista aprobara ese contrato y el de financiamiento internacional para el Metro de Santo Domingo en sesiones de urgencia celebradas a media noche en las dos cámaras legislativas.

La circunstancia de que los dos partidos mayoritarios se habían opuesto a esos contratos y que la dirección del PRD había instruido a sus legisladores para que los rechazaran, además de un malestar partidario, deja dudas sobre las motivaciones de esos votos, especialmente de los legisladores que concluyen su gestión el próximo mes, quienes debían dejar la aprobación al próximo congreso de mayoría gubernamental.

Para mayor desconcierto se registra el hecho de que antes y después de la aprobación del contrato para la isla artificial, voceros gubernamentales dijeron que el gobierno “no tiene interés” en el mismo, aunque fue reactivado por una carta del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. El resultado es que en la opinión pública queda una serie de cuestionamientos tanto a los legisladores de oposición como al gobierno y la sensación de que éste realiza un hipócrita doble juego.

Otro contrato poco transparente conocido a mediados del mes fue el que otorgó a Margarita Ruiz Gómez la realización del paisajismo de un parque en Santiago por la suma de 416 millones de pesos. Es la misma allegada a altos círculos gubernamentales que el año pasado estuvo envuelta en el escándalo por la multimillonaria decoración del edificio de la Suprema Corte de Justicia.

El reto de la ley de Seguridad Social

Por Juan Bolívar Díaz

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A casi 5 años de promulgada la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el gobierno y el liderazgo empresarial y sindical confrontan el desafío de concertar una serie de decisiones para darle plena vigencia, no solamente en el renglón fundamental del Seguro Familiar de Salud (SFS).

La reunión cumbre propuesta por el presidente Leonel Fernández podría ser un medio para el mandatario asumir el liderazgo de esta trascendente reivindicación social y poner plazos a los sectores involucrados para que adopten las previsiones fundamentales para el cumplimiento de una ley que se concertó durante años.

El escenario institucional y más eficiente para las discusiones es el Consejo Nacional de Seguridad Social, organismo tripartito donde están representados los más diversos estamentos del sistema y porque cualquier otro implicaría una mayor pérdida de tiempo.

Ley que no se cumple

A tres meses de cumplirse 5 años de la promulgación de la ley, el 14 de mayo del 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la mayor parte de sus previsiones no han sido cumplidas, aunque el debate está centrado en el renglón contributivo del Seguro Familiar de Salud.

Donde más se ha avanzado es en el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, que es el renglón de más fácil inicio, porque sus prestaciones son de largo plazo. Iniciado en junio del 2003, se acerca ya a tres años de cotizaciones, habiendo acumulado fondos que se estiman en más de 22 mil millones de pesos.

Empero sólo se ha arrancado en el régimen contributivo, que se refiere a los empleados, sin que se hubiese dado ningún paso para los regímenes subsidiados -para desempleados e indigentes- y contributivo subsidiado, diseñado para los trabajadores informales.

También se iniciaron las contribuciones empresariales para el Seguro de Riesgos Laborales, donde ya el gobierno acumula atrasos que el sector empresarial estimó esta semana en el Almuerzo de los Medios de Comunicación Corripio en 2 mil 536 millones de pesos. Indicaron que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) tiene en cuentas bancarias 1,515 millones de pesos, debido a que el servicio ha sido poco reclamado, en gran medida por desconocimiento de los empleados públicos y privados.

El régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud se inició limitadamente hace más de dos años en la Región Suroeste y se ha extendido a la Región Este, pero aún en esas zonas no abarca ni a la mitad de la población. Sólo 296 mil personas han sido incorporadas, según estadísticas de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, lo que equivale apenas al 6% de los 4 millones 800 mil potenciales beneficiarios.

Los 724 millones de pesos previstos en el presupuesto de gastos para el año en curso no alcanzan ni siquiera para ejecutar un Plan Básico de Salud destinado a la limitada proporción incorporada.

El Régimen Contributivo

El debate se ha centrado en las dificultades para implementar el Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud que abarcaría a 3 millones 900 mil personas con empleo, 43% de la población nacional, aunque de estas se estima que el 69%, equivalente a 2 millones 710 mil personas, tienen un seguro de salud, por medio del IDSS o de instituciones privadas.

La Superintendencia de Salud estima que 3 millones 73 mil 952 personas, el 33.8% de la población dominicana, incluyendo las incluidas en el Régimen Subsidiado, tiene algún género de seguro médico.

La ejecución del Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud daría un golpe de efecto positivo al sistema, habida cuenta de que es el más viable a corto plazo, ya que las empresas y el Estado y sus respectivos empleados tienen hábito de contribuir para planes de seguros médicos.

Este plan que debió entrar en vigencia hace casi tres años, ha sufrido unos ocho aplazamientos y todavía no se han ejecutado una serie de pasos previos. En enero pasado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) señaló 15 pasos previos por cumplirse distribuidos en iguales cantidades para las materias operativa, normativa y financiera.

Sin embargo se pondría “a tiro de hit” si superan tres aspectos considerados fundamentales, que son la revisión de la sostenibilidad financiera, la actualización del IDSS, incluyendo el problema de la doble afiliación, y el establecimiento de las tarifas de los servicios profesionales.

En octubre del 2002 el Consejo Nacional de la Seguridad Social llegó a aprobar un Plan Básico de Salud que se estimó viable, pero la crisis financiera del año siguiente lo desequilibró, sin que hasta la fecha haya sido actualizado, aunque la Superintendencia de Salud ha presentado numerosos proyectos que no han satisfecho por lo menos al sector empleador.

El IDSS sigue entrampado en sus deficiencias históricas, que incluyen déficits y excesiva burocratización, sin que se hayan apreciado suficientes esfuerzos para adecuarlo al nuevo sistema. El sector empresarial dijo esta semana que hace seis meses se llegó a firmar un acuerdo para resolver el problema de la doble afiliación, pero luego el sector sindical pidió su reconsideración y hasta la fecha nada se ha movido.

El CONEP estima que los afiliados al IDSS son 701 mil y la Superintendencia de Salud calcula 618 mil. Según los empresarios al quitarle al seguro estatal las dobles afiliaciones, poco menos de 200 mil, le quedarían 500 mil clientes, que al sumársele cónyuges e hijos pasarían del millón, lo que en vez de reducir, aumentaría el universo del IDSS.

Tanto el sector sindical como el profesional, básicamente el Colegio Médico, reclaman que la doble afiliación, eliminada expresamente en el artículo 141 de la ley 87-01, se mantenga cinco años a partir de la entrada en vigencia del Régimen Contributivo. La ley da cinco años pero a partir de dos meses antes de su vigencia, que la Suprema Corte de Justicia estableció en mayo del 2001, por lo que el plazo se vence dentro de tres meses. La misma ley daba un plazo, ya vencido, de dos años para que los seguros médicos privados mantuvieran los empleados públicos acogidos a sus servicios.

El tercer aspecto fundamental, el de las tarifas de servicios, tropieza con resistencias de los sectores profesionales y de las clínicas privadas.

Escenario de consenso

Más que sustituir el escenario de negociación, lo que haría falta es que alguien con suficiente liderazgo presionara a los sectores sobre los que descansa la seguridad social para que transen diferencias y hagan cumplir la ley.

Lo ideal sería que el mismo presidente Leonel Fernández reivindicara la trascendencia de la ley 87-01 y la asumiera como prioridad de gobierno, convirtiéndose él mismo en su impulsor ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. También podría asumirla a través del vicepresidente Rafael Alburquerque, a quien ya el año pasado encargó darle seguimiento, o en última instancia encargando al Secretario de Trabajo, José Ramón Fadul, quien es presidente ex oficio del Consejo.

Tal vez por la magnitud de recursos que reclama la plena vigencia de la ley, esta no ha lucido como prioridad del actual gobierno, como tampoco lo fue del anterior a pesar de las ponderaciones que acompañaron su promulgación.

El mes pasado el presidente Fernández anunció su propósito de convocar una reunión cumbre para impulsar el sistema de seguridad social. Surgida la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, se consideró que la cumbre tendría por marco el Consejo Económico, Social e Institucional o el Diálogo Nacional. Empero sectores empresariales y organizaciones sociales han planteado que debe emplearse el mecanismo institucional, es decir el Consejo Nacional de Seguridad Social, donde están representados los sectores que tienen que transar.

El Consejo Económico, Social e Institucional está integrado sólo por organizaciones sociales. El Diálogo Nacional es más amplio, pero incluye muchas instituciones que incluso desconocen la ley, lo que implicaría pérdida de tiempo.

En última instancia, si el gobierno quiere que sea Monseñor Núñez Collado quien asuma el liderazgo o la promoción del consenso, éste podría actuar como “facilitador” o mediador en el mismo Consejo de Seguridad Social.

Tal vez en el organismo haga falta alguien que obligue a transar, que ponga urgencia y sacuda la rutina de las reuniones. Es inconcebible, por ejemplo, que casi a 5 años de promulgada la ley se siga debatiendo el problema de la doble afiliación. Sería más razonable que colegio médico y sindicatos pidieran un año de gracia a favor del IDSS, pero no que sigan tratando de ignorar la ley.

En vez de aferrarse en ese aspecto a un cumplimiento a rajatabla de la ley, a lo mejor los empresarios tendrían que admitir que es preferible un aplazamiento limitado a un desconocimiento perpetuado. Parece que es necesario que alguien obligue a buscar soluciones.

En cualquier caso, ha quedado demostrado que la ley 87-01 es compleja y que los intereses en juego son múltiples. Hasta en sociedades de más fuerte institucionalidad, como Estados Unidos, se ha evidenciado que no es fácil modificar el sistema de seguridad social, y ni siquiera los planes de salud. Cuando Bill Clinton llegó al poder en 1993 pregonando un compromiso al respecto, encargó esa reforma a su esposa Hillary y algún tiempo después hubo de relevarla, ante la realidad de que se encaminaba al fracaso.-

El Presidente Mejía se impuso en el PRD

Por Juan Bolívar Díaz
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Tal como se había previsto, el agrónomo Hipólito Mejía ha logrado imponerse en la lucha interna del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y hoy será proclamado su candidato oficial, en un parto con cesárea que tomó nueve meses de confrontaciones y desgaste de su imagen, la del partido y el gobierno.

Mientras tanto, el mandatario y su grupo el PPH dejan a sus últimos contrincantes pendientes del conflictivo proyecto de ley de lemas que permitiría la multiplicidad de candidaturas con sumatoria de votos para una segunda vuelta cuyas posibilidades de materializarse se agotan más con cada día que pasa, en tanto se proponen cobrar hoy mismo la rebeldía de Hatuey de Camps

No deja de ser sintomático que Mejía sea proclamado candidato presidencial apenas a dos días de una de las más contundentes manifestaciones de rechazo de un gobierno que se registra en la historia del país, y que ha ratificado las obvias dificultades de editar en el plano nacional la victoria interna.

[b]PACTO CON CESÁREA[/b]

Siempre se advirtió que era muy difícil que un presidente en ejercicio no terminara imponiendo su candidatura presidencial dentro de cualquier partido dominicano, aún en uno como el Revolucionario Dominicano, que había convertido en principio el planteamiento antireeleccionista que sustentó desde su fundación en 1939 durante el exilio antitrujillista.

Desde el último domingo de abril del año pasado, cuando proclamó su aspiración continuista, después de casi tres años negándolo, el agrónomo Mejía ha tenido que transitar un largo y doloroso camino para convertirse nuevamente en candidato presidencial del PRD. Esta vez sin el amplio consenso interno y externo que logró en 1999.

Para conseguirlo tuvo que enfrentar y ganarse la hostilidad de por lo menos 7 dirigentes de su partido que dando crédito a su palabra de que no buscaría la repostualción habían lanzado sus precandidaturas, entre ellos a su vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, al presidente del partido, Hatuey de Camps, y al secretario general Rafael Suberví Bonilla. Además de Emmanuel Esquea, Ramón Alburquerque, Rafael Abinader y Rafael Flores Estrella.

Auxiliado por los recursos que da el poder, y que según propia y reciente proclama “es para usarlo”, el presidente y su grupo partidario el PPH aplicaron una táctica que ha resultado victoriosa, dividiendo primero a los siete y luego apabullando a los últimos tres que se le enfrentaron.

Para ello contó con las ambiciones y falta de realismo de sus opositores internos que fueron incapaces de ponerse de acuerdo para enfrentar unidos el proyecto continuista, aunque lo consideraron nefasto para el partido y para la nación.

El 9 de septiembre del año pasado, los siete precandidatos que se le oponían firmaron un “Pacto estratégico por la unidad y la victoria del PRD”, en el cual se comprometían en el plazo de diez días a establecer un mecanismo para seleccionar entre ellos uno que enfrentara a Mejía. Unos obstruyeron la selección y otros terminaron abandonando el grupo, para juntarse con Mejía y auspiciar una conflictiva reunión del Comité Ejecutivo Nacional perredeísta, que a su vez convocaría la votación primaria para elegir el candidato.

Luego fue tarde cuando Ortiz Bosch, Suberví y Esquea cayeron en cuenta de que el poder no dejaría de usarse ni siquiera en la lucha interna, y la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral hizo el resto para abrir las puertas a la proclamación de la candidatura a la reelección.

[b]UN REGALO ENVENENADO[/b]

El PPH logró imponerse, pero de forma pírrica luego que el grupo de los tres dejara solo al presidente Mejía. La improvisación de un contrincante ficticio, en la persona del doctor Frank Joseph Tomen, no logró darla mayor credibilidad a la elección.

Mientras concretaban la elección y proclamación de Mejía, los oficialistas pusieron en práctica otra táctica: envolvieron a Milagros Ortiz y Rafael Suberví en el absurdo de la ley de lemas, con lo cual le restaron credibilidad y respeto fuera de los ámbitos del PRD y aún entre sus cuadros más coherentes.

Ortiz y Suberví, junto a Emmanuel Esquea, habían auspiciado la aplicación del principio de la ley de lemas, que consiste en la sumatoria de votos, para la elección del candidato perredeísta. Fueron inducidos a traspasarlo a la elección nacional, con un proyecto de ley, que se sabía de antemano que sería objeto de amplio rechazo y pocas posibilidades de materialización hasta por razones de tiempo, y cuando varios partidos ya habían seleccionado sus candidaturas en base a la legislación tradicional vigente.

El PPH le prometió respaldo al proyecto, dándolo por clavo pasado, pero el mismo no se había sentido en el Congreso hasta este jueves cuando lo aprobó en primera lectura el Senado, después que tuvieron que sacarlo de la Cámara de Diputados donde tiene dificultades hasta con cuadros oficialistas.

Ante los contundentes argumentos de inconstitucionalidad del proyecto de ley de lemas, se le dio un lavado cosmético y el presidente Mejía prometió que antes de promulgar esa ley, de ser aprobada, la sometería a la Suprema Corte de Justicia para que determine si está acorde con la Constitución. Lo mismo que ya habían advertido que harían instituciones sociales como la fundación Institucionalidad y Justicia y el movimiento Participación Ciudadana.

[b]EL PPH ATANDO CABOS[/b]

Ante la necesidad de minimizar la división interna, el PPH hace algunos esfuerzos por lo menos para aparentar que quiere la aprobación de la ley de lemas, pero algunos en su propio seno siguen diciendo que “eso es un allante” y reconocen que es muy difícil que “ese mamotreto” consiga mayoría en la Cámara de Diputados, que pase la prueba de la Suprema Corte y que haya tiempo para aplicarla el 16 de mayo.

Pero las expectativas de convertirse en candidatos de Milagros Ortiz y Rafael Suberví seguirán pendientes del proyecto, que en el mejor de los casos requerirá aún más de una semana para pasar por ambas cámaras. El presidente de los Diputados ha prometido vistas públicas y los senadores consultas con la Junta Central Electoral.

Luego, por más diligente que sea la Suprema Corte de Justicia, habrá que darle siquiera dos o tres semanas para que pueda evacuar una sentencia, lo que lo llevaría, si pasa, al mes de marzo, dejando apenas 10 semanas para que los candidatos adicionales puedan hacer campaña.

Mientras el hacha va y viene, el presidente Mejía y su PPH, corriendo solitos sobre la pista de los candidatos y con todo el poder en las manos, estarán atando hasta los últimos cabos internos para amarrar a los cuadros medios y bajos del partido blanco que todavía no controlan.

Por si faltaba algún entretenimiento adicional, Eligio Jáquez dijo el miércoles ante los medios de comunicación Corripio que el mandatario contempla llevar a Ortiz Bosch o a Suberví para candidato vicepresidencial. Estos dos, sin embargo, no fueron tan cándidos para tragarse también ese caramelo y rechazaron tajantemente esa posibilidad.

En cuanto a Hatuey de Camps, será destituído no porque sea necesario para inscribir la candidatura del presidente, cosa que ya está resuelta con el dictamen de la JCE que antecedió a la votación interna, sino porque es la presidencia de los partidos quien recibe y administra los fondos públicos que se asigna a las organizaciones políticas, el 0.5 por ciento del presupuesto para este 2004, equivalente a 600 millones de pesos. Cerca de la mitad tocarían al PRD, por la proporción de votos obtenidos en las últimas elecciones.

El PPH demostrará hasta dónde está dispuesto a llegar si este sábado sustituye también al secretario general Rafael Suberví Bonilla. La lógica y la necesidad indican que está llamado a sobrevivir en el cargo, pues no es determinante en el manejo de los fondos ni en nada y su destitución lo empujaría a posiciones más duras, siendo el más recuperable de los precandidatos opositores.

Desde el punto de vista legal, la convención perredeísta de este sábado tiene facultad para relevar tanto a Hatuey como a Suberví. Pues fue la misma instancia que los designó en esos puestos cuando ratificó la candidatura de Hipólito Mejía en 1999.

[b]CIRCUNSTANCIA SINTOMÁTICA[/b]

Si para imponerse a lo interior de su partido en un parto traumático y solitario el PPH y Mejía necesitaron 9 meses para ganar, en el plano nacional sólo dispondrán de 14 semanas.

No deja de ser sintomático que su proclamación se produzca hoy a sólo dos días del repudio colectivo en que se convirtió la convocatoria del paro de 48 horas formulada por grupos sin poder orgánico ni social y con el país virtualmente apagado.

Vale la pena advertir que la contundente paralización de actividades unió las voluntades de sectores tan distantes y disímiles como el empresariado, la iglesia, los profesionales, obreros y grupos populares.

Como lo dijo en el discurso que dirigió al país en ocasión del paro de actividades, el presidente Mejía cifra sus expectativas en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en el mejor de los casos entraría en vigencia para mediados de febrero. Los analistas económicos estiman que podría iniciar la recuperación, pero de ninguna forma revocaría ni en todo el año la degradación del nivel de vida registrado en los últimos 15 meses.

Recuerdan que si bien el acuerdo implica el suministro de divisas, en su mayor parte están atadas a programas específicos y lo ocurrido en septiembre indica que cualquier desviación determinaría una nueva suspensión, con efectos económicos y políticos que serían catastróficos para el gobierno.

El presidente y su grupo han vivido el último año con la ilusión del golpe de efecto y la recuperación, aunque la realidad les ha golpeado sistemáticamente. En marzo-abril era la guerra en Irak la que le beneficiaría, sobre todo con el apoyo a Estados Unidos. Luego en mayo fue la visita presidencial a Washington. Para agosto los Juegos panamericanos, y en septiembre la compra de las acciones de la Unión Fenosa, que les permitiría “resolver el problema energético”.

Pero todo se les ha ido tornando cada vez más oscuro.-

El 2002 deja mal parado al gobierno y su partido

Por Juan Bolívar Díaz

Tras su resonante victoria electoral en mayo, la segunda mitad del año marcó un considerable deterioro económico y político

             El año que concluye marcó un deterioro de la imagen del gobierno del presidente Hipólito Mejía, sacudido por la crisis de la economía internacional, problemas energéticos, escándalos de corrupción y por dispersión e incoherencia en su propio seno y en relación a su Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

            El apabullante triunfo del partido de gobierno en los comicios congresionales y municipales de mayo pareció desvanecerse rápidamente en una segunda mitad del año que fue de conflictos políticos y deterioro económico, con la mayor devaluación de la última década que ha iniciado un proceso inflacionario, poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica de los últimos años.

            Una limitadísima reforma constitucional y la elección unilateral de los jueces electorales por parte del Congreso Nacional crearon un infructífero ambiente de confrontación política que rebasó el límite de los partidos e involucró a las instituciones más activas de la sociedad civil.

Dos mitades desiguales        

            Dividido el año por la mitad, el balance es muy desigual para el gobierno perredeísta. En la primera todavía no hizo impacto local la crisis que sacude a la economía internacional y que ha puesto a las naciones latinoamericanas a nivel de la “década pérdida” de los ochenta, con un decrecimiento económico, aumento del desempleo y la pobreza y graves sacudimientos en la mayoría.

            Altos niveles de inversión, fruto de endeudamiento externo e interno, particularmente de los bonos soberanos colocados el año anterior, permitieron al gobierno concluir cientos de obras en todo el país, en lo que pareció una justa política de descentralización, registrándose entre enero y junio un crecimiento del 6 por ciento en el producto bruto interno, con una inflación de 3 por ciento.

            En el primer mes del año el gobierno estrenó nuevo jefe de la Policía Nacional, y con el general Jaime Marte Martínez se registraron varios meses de reducción de la delincuencia y de las ejecuciones extrajudiciales que en forma de “intercambios de disparos” habían mantenido el país como fuerte violador de derechos humanos en los informes de los organismos internacionales.

            Con una campaña electoral relativamente pacífica y sin mayores usos visibles de los recursos estatales, el partido de gobierno cosechó un resultado apabullante al triunfar en 29 de las 32 provincias, y en más del 90 por ciento de los municipios, aunque no alcanzó el control de la Cámara de Diputados.

            Las irregularidades electorales registradas en Santiago, dentro de un resultado muy estrecho, dejaron sombras sobre los comicios, pero objetivamente pudieron inscribirse entre los más libres en la historia de la nación y de la región latinoamericana.           

            Al comenzar el año el presidente Mejía se la lució cuando apeló a la Suprema Corte de Justicia para que dictaminara sobre la constitucionalidad de la ley que había convocado la una Asamblea Revisora de la Constitución, como forma de contener el protagonismo de sus propios legisladores. La Corte anuló la ley y el inicio de la campaña electoral contuvo a los nuevos constitucionalistas.

            El primer mandatario viajó plácidamente a Belice, Ecuador, México, Costa Rica, Italia, España y Marruecos, mientras su partido se reafirmaba como la mayor fuerza política nacional, repitiendo los éxitos de las dos eleccionales nacionales anteriores. Los viajes del mandatario segirían en la seguntad mitad del año, incluyendo a varias ciudades de Estados Unidos, Canadá, Japón y Taiwán, en lo que ya se estima una frecuencia exagerada.

Con la partida de Balaguer    

La mala fortuna del gobierno comenzó justamente al iniciarse el segundo semestre, con la enfermedad y muerte (el 14 de Julio) del expresidente Joaquín Balaguer, quien se había constituído en el gran aliado del presidente Mejía.

El final del inmenso caudillo inició un proceso de renovación del liderazgo en su partido, que ha transcurrido sin mayores sobresaltos, pero se reflejó negativamente para los intereses políticos del gobierno, al menos en el Congreso Nacional.

Baste recordar que uno de sus últimos actos fue facilitar la restauración de la reelección presidencial y disponer que sus legisladores aprobaran la reducción del porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta. Esto último quedó anulado por el interés partidario, tan pronto murió el caudillo

En julio fue la reforma constitucional, convertida en un “parto de los montes”, luego de 19 meses de incertidumbres y amenazas, que llegaron a incluir la eliminación de la inamovilidad de los jueces y hasta la prolongación del período de los legisladores.

En agosto se registró el secuestro del empresario santiagués Fernando Capellán Díaz, lo que inició un ciclo que afectaría posteriormente a las familias Najri, Dumé y Polanco, sembrando inseguridad y sensación de desbordamiento de la delincuencia.

Los meses del verano marcaron un agudo deterioro del servicio energético y en septiembre fue el discurso presidencial que anunció la eliminación del subsidio a la electricidad y el aumento de la tarifa energética, en promedio alrededor del 40 por ciento, que activaría la inflación y llevaría al máximo el disgusto de la población, sin que se materializara la promesa de que desaparecerían los apagones.

Fue justamente a partir de agosto que se incrementó el deterioro del valor del peso, llevándolo en menos de 90 días de 18 a 24 por dólar, hasta que en la segunda semana de diciembre se logró un retroceso al 21 por dólar, que todavía está por verse si resulta ratificado.

Confrontación política

La confrontación política, la exclusión y la aplanadora grupal, incluso dentro del partido de gobierno, caracterizó el proceso de reforma constitucional, acelerado tan pronto pasaron los comicios de mayo.

Fue montado sobre el desconocimiento del pacto para la reforma constitucional que habían firmado en septiembre del 2001 los tres partidos mayoritarios y el presidente Hipólito Mejía, e incluyó presiones y abusos políticos, incluyendo la “conquista” de diez legisladores del opositor Partido de la Liberación Dominicana.

La matrícula de 34 diputados perredeístas que habían rechazado la restauración constitucional de la reelección presidencial se vio reducida a una decena, en medio de denuncias, en el propio partido de gobierno, de compras de conciencia y chantajes.

La reforma constitucional quedó en un fiasco, al haber sido limitada a eliminar los colegios electorales cerrados (algo que “se caía de la mata”) y a restablecer la reelección presidencial, pese a que el primer mandatario y líder de sus propulsores juraba y rejuraba que de ninguna forma se repostularía.

Al final, hasta los que dedicaron enormes recursos a promvoer la reelección han tenido que retroceder, dejaron herida la unidad del PRD, renegaron de los principios partidarios y se enfrentaron a las organizaciones más activas de la sociedad civil. Una confrontación inútil.

El otro escenario de enfrentamiento político fue montado para la elección de la Junta Electoral, en septiembre, cuando la aplanadora senatorial del PPH-PRD insistió en desconocer los reclamos de los partidos de oposición y la sociedad civil por una integración plural del organismo. Hasta el senador perredeísta Ramón Alburquerque admitiría que llevaron al tribunal dos funcionarios del gobierno.

En medio del desconcierto y las incertidumbres el presidente Mejía hubo de convocar un diálogo político en octubre, que semanas después originó un nuevo pacto para ampliar el número de jueces y dividir las funciones de la Junta Central Electoral, sin que se lograra poner fin a los arrebatos senatoriales. Ni siquiera en medio de la corrida cambiaria y cuando se buscaba consenso para otra emisión de bonos soberanos.

Escándalos de corrupción

Ya cuando comenzó el año la percepción de la opinión pública, y la reflejaron las encuestas, era de que la corrupción estaba en crecimiento. El 21 de enero lo denunció el obispo de Higuey, Monseñor Ramón de la Rosa, en presencia del presidente Mejía.

Numerosos funcionarios de nivel medio del gobierno quedaron embarrados en denuncias de corrupción a lo largo del año. Aunque el mayor escándalo fue el protagonizado por el jefe de la avanza de seguridad del presidente, el coronel Pepe Goico Guerrero. También el involucramiento de funcionarios gubernamentales, sin identificar, por un piloto detenido en Miami con un cargamento de drogas.

El cónsul y luego diputado Radhamés García quedó preso en junio, agarrado in fraganti con un tráfico de chinos desde Haití. El vicecónsul Freddy peña Méndez fue arrestado con un cargamento de 43 kilos de cocaína. Sin que faltaran funcionarios involucrados en asesinatos con características de ajustes de cuentas, en robos de cheques gubernamentales y otros delitos.

Otro gran escándalo lo constituyó la denuncia del sicario Carlos Everst involucrando a oficiales de la Policía en el asesinato del senador Darío Gómez. El manejo del caso dejó muchas incógnitas en la opinión pública.

Opacadas las realizaciones

Con el presidente Mejía en innumerables polémicas y boches, con un Senado beligerante y excluyente, con retrocesos en la estabildiad macroeconómica, aumento de la corrupción y de la inseguridad, el panorama el balance del año es poco halagueño para el gobierno y para la sociedad dominicana.

Opacadas han quedado muchas realizaciones, incluyendo una mejoría en las políticas sociales, el inicio de la reforma de la seguridad social, la aprobación del código monetario y financiero tras diez años en el Congreso, y la promulgación de la nueva ley sobre lavado de dinero.

El mismo pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, recién firmado con el empresariado, clara muestra de concertación gubernamental, queda como una promesa, a la luz de las dificultades para cumplir el acuerdo para superar el enfrentamiento por los jueces electorales.

La imagen de pugnacidad y arrogancia que proyectan líderes y legisladores del partido de gobierno, en especial del PPH, la confrontación infructífera y la política de exclusión han impedido que la opinión pública evalúe con justicia el peso de los factores exógenos en los problemas de la economía nacional.

Ya las encuestas de agosto-septiembre proyectaban el deterioro de la imagen del gobierno. Las próximas podrían ser devastadoras, como parece haber sido para el gobierno del PRD este año 2002 que dice adios.-

El balance del 2001

Por Juan Bolívar Díaz

            La realización de importantes reformas sociales y tributarias durante mucho tiempo postergadas, especialmente la de seguridad social, y el mantenimiento de un relativo crecimiento con estabilidad macroeconómica son los mayores éxitos que puede anotarse el país en el año 2001.

            La persistencia de un clima de incertidumbre constitucional, de prácticas que favorecen la corrupción como la contratación y las compras de grado a grado, de las dificultades para redistribuir el ingreso y combatir la pobreza y el aumento de la delincuencia y las muertes a manos de agentes policiales, conforman el balance negativo.

              El marco internacional no pudo ser más frustratorio en este año en que el terrorismo y la guerra se impusieron sobre los anhelos de paz, y el precio del petróleo y la desaceleración, cuando no la recesión económica, gravitaron negativamente sobre la economía nacional, como en la generalidad de las naciones en vías de desarrollo.         

Adelantan las reformas

            El año comenzó con el paquete de reformas tributarias aprobadas en diciembre del 2000 que redujeron los aranceles a un máximo del 20 por ciento, compensado en la elevación de los impuestos selectivos al consumo, el alza del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios (ITEBIS) y el adelanto del 1.5 por ciento de las ventas netas como impuesto sobre la renta.

            Como quedaría patente meses más tarde, cuando entró en vigencia un nuevo sistema internacional de valoración aduanal, el país tenía años de retraso en la reducción arancelaria y todavía tendrá proseguirla para ponerse a tono con la globalización económica y los compromisos suscritos.

            Otras reformas aprobadas por el Congreso Nacional fueron las relativas al sistema nacional de salud y a la seguridad social, lográndose un consenso después de una década de discusiones sobre el particular.

            Los beneficios del nuevo sistema nacional de seguridad social, que garantiza cobertura médica al universo de la población y da inicio a un régimen de pensiones que combina la contribución individual con la solidaridad social, tardarán años en verse, si es que la sociedad dominicana es capaz de organizarlo debidamente. Pero este año se sembraron los cimientos.

            También se aprobó en este 2001 otra ley de larga discusión, la que trata de organizar la producción, transmisión y venta de electricidad, llamada a dar un impulso determinante a la lucha contra el flagelo nacional de los apagones, que tanto ha limitado el desarrollo nacional de las últimas décadas, penalizando a las micro, pequeñas y medianas empresas y restando competitividad a los sectores productivos.

            La ley que crea el Defensor del Pueblo pudo ser otro renglón positivo de este año, pero los afanes de los partidos políticos por acapararlo todo obstruyeron su ruta y restaron brillo a un año que pudo haber sido bien exitoso para el Poder Legislativo.

            La institución de las circunscripciones electorales con voto preferencial para la elección de los diputados es otro paso de avance institucional en este año, llamado a repercutir en un mejoramiento de la representación legislativa.

Incertidumbre constitucional

            El éxito legislativo quedó ensombrecido por el alto grado de incertidumbre derivado de los desorbitados esfuerzos de senadores y diputados por reformar la constitución a espaldas de la sociedad, pretendiendo autoprolongarse el mandato, bajo pretexto de unir las elecciones congresionales y municipales a celebrarse en mayo próximo con las presidenciales del 2004.

               A esos afanes se opusieron instituciones de la sociedad civil, lo que generó un largo enfrentamiento entre estas y legisladores, los cuales llegaron a proclamarse absolutamente independientes de los partidos y de la ciudadanía, negando la participación de los sectores organizados de la sociedad no partidista.

            Contradictoriamente, la rebelión legislativa abrió espacio para la concertación entre sectores de la sociedad civil, el liderazgo de los partidos y el Poder Ejecutivo. Fruto de ello fue la creación, en marzo, mediante decreto presidencial, de la Comisión Especial para recomendar la forma y el contenido de una reforma constitucional.

            Poco después del informe de esta comisión, se produjo una relampagueante negociación que culminó a fines de septiembre en la firma del Pacto para la Reforma Constitucional, una transacción que abre las puertas a la institución de la asamblea constituyente por elección popular, a cambio de que el actual Congreso haga otras tres reformas para eliminar los colegios electorales cerrados, reducir el porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta y formalizar los diputados ante el Parlamento Centroamericano.

            Aunque han persistido los esfuerzos legislativos por desconocer el pacto suscrito por los líderes de los tres partidos mayoritarios y el Presidente de la República, con el agregado para restablecer la reelección presidencial, la concertación de los políticos y la sociedad civil logró contener en gran medida los desbordamientos constitucionales.

Relativo crecimiento

            Aunque menor que los años anteriores, el que el país concluya el año con un crecimiento del producto bruto interno del 3 por ciento no deja de ser un éxito, significativo por cuanto duplica el crecimiento que registran los países desarrollados en un período de desaceleración y recesión económica.

            Esa tasa supera el crecimiento poblacional del país y es más significativa para una nación importadora total de petróleo cuando el precio del combustible se mantuvo en la mayor parte del período por encima de los 25 dólares el barril.

            El crecimiento pudo haber sido mayor sin los estallidos terroristas del 11 de septiembre y la guerra que les han seguido, con repercusiones significativas sobre el turismo, que ha disminuido en el país por primera vez desde el gran despegue de los años ochenta.

            Desde luego hay que considerar que esa tasa de crecimiento fue posible por la emisión de los bonos soberanos que aumentaron el endeudamiento externo en 500 millones de dólares, y por un acelerado endeudamiento de corto plazo, aunque los beneficios de éste apenas ha comenzado a recibirse.

            Pese a las reformas tributarias que generaron parálisis en la primera mitad del año, las autoridades monetarias han mantenido controles sobre el gasto fiscal, aunque con exceso de gasto corriente, logrando concluir el año con inflación por debajo del 5 por ciento, y con estabilidad cambiaria.

            El gobierno logró incrementar los ingresos fiscales en un 21 por ciento, pero fracasó en implementar una política efectiva de combate a la pobreza. El pregonado paquete social ofertado por el presidente Hipólito Mejía para compensar el incremento impositivo, no ha podido materializarse, mientras el gobierno elevaba desproporcionadamente el gasto corriente.

            La elevación del empleo en el Estado es el camino escogido para compensar, restringiéndolo a los partidarios políticos, especialmente a los que se fajaron en la campaña. La desproporción fue tan grande que hasta en las fuerzas armadas los efectivos se incrementaron en unos 7 mil miembros, hasta llegar a la astronómica cifra de 40 mil.

Poca transparencia

            El desafío nacional de combatir y reducir la corrupción, previniéndola y sancionándola, quedó corto una vez más y el gobierno perdió moral para sustentar los procesos abiertos contra autoridades del gobierno anterior.

            La falta de transparencia en el endeudamiento externo con empresas de fachada, con suministros amarrados, la falta de concursos para la asignación de obras y para las compras estatales, siguieron configurando un marco propicio a la corrupción administrativa.

            A comienzos del año el gobierno enfrentó denuncias de tráfico en Bienes Nacionales, lo que llevó a la cárcel a cuatro funcionarios, lo que no deja de ser un precedente, pero luego ha sido muy lento en responder a denuncias de corrupción tan concretas como las que se formularon sobre el subsidio al gas propano.

            El departamento anticorrupción de la Procuraduría General de la República ensayó algunos esfuerzos preventivos, pero ni desde el poder Ejecutivo ni en el Legislativo se sintió empeño alguno por concretar el paquete de proyectos de leyes radicados en el Congreso para mejorar los mecanismos de combate al abuso de los bienes públicos.

            Los proyectos pendientes persiguen la autonomía de la Contraloría General de la República, instituir una fiscalía anticorrupción, hacer más efectiva la ley sobre declaración de bienes de los funcionarios y establecer nuevas y más efectivas normas para las compras y contratas del Estado.

            Si bien se adelantó en el proceso por la malversación de fondos por más de mil 400 millones de pesos en el llamado Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) del pasado gobierno, la justicia sigue siendo excesivamente lenta en esta y otras materias. Mientras las autoridades investigativas fallaron o no tuvieron éxito en el esclarecimiento de otros expedientes.

            En resumen, el año no ha sido fructífero en la respuesta al desafío de la corrupción que afecta el cuerpo social dominicano.

            Finalmente, el período registra un incremento en la tasa de delincuencia, cuyas causas debe buscarse en la falta de mecanismos efectivos de prevención, en una deficiente policía que al parecer sólo sabe responder a balazos, en la masificación de la pobreza, y en el efecto demostración que tiene por un lado la concentración de la riqueza y por otro la impunidad de la corrupción.

            La respuesta policial de más de 200 muertos, muchos de ellos realmente ejecutados, entre los que había delincuentes reales y supuestos, así como algunos inocentes, siguió siendo un gran desafío a la conciencia nacional y mantiene el país en el mapa de las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.-

 

PLD y PRD tras pacto con Balaguer

Por Juan Bolívar Díaz

         El insustituible líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) podrá hacer cualquier apuesta en las próximas diez semanas y como quiera saldrá ganando, ya que los otros dos partidos mayoritarios, incluido el de gobierno, girarán en torno a él hasta que venza el plazo para registrar alianzas con miras a los comicios de mayo próximo.

          Las recientes visitas de líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) al doctor Joaquín Balaguer insuflan nuevas energías a la naturaleza política de este extraordinario caudillo que ha doblegado a sus contrincantes de varias generaciones.

           Mientras tanto, la elección de los candidatos de estos dos partidos para los comicios legislativos y municipales está condicionada por las negociaciones que desde ya se encaminan para buscar un pacto político, las que siguen dependiendo de la voluntad individual de Balaguer, lo que a su vez castra las posibilidades de vuelo de los suyos.

Una sola basílica

            Por más que duela a quienes durante décadas han adversado la autocracia balaguerista, que ha tenido sobradas expresiones en el ejercicio de gobierno como dentro de su propio partido, no se puede negar la extraordinaria capacidad del caudillo para mantenerse vigente en el drama político nacional, pese a sus 95 años, a su ceguera y a su virtual parálisis física.

            En el lapso de dos semanas Balaguer ha recibido la visita del líder del PLD, el ex-presidente Leonel Fernández, y del presidente Hipólito Mejía y los dirigentes perredeístas Hatuey de Camps y Rafael Suberví Bonilla. Ambos encuentros han estado vinculados a los comicios de mayo próximo.

            A raíz de la visita de Fernández, el 27 de noviembre, se llegó a publicar que éste y Joaquín Balaguer habían acordado candidaturas comunes en casi todas las provincias, cosa que fue rápidamente rechazada por los reformistas. El propio Leonel Fernández desmintió la especie, pero de cualquier forma quedó patente el interés del partido morado por restablecer sus relaciones con el líder colorado.

            Esas relaciones estuvieron congeladas desde la campaña electoral pasada cuando fracasaron los intentos de acercamiento de los peledeístas a los reformistas. Ahora, como ocurrió para las elecciones congresionales y municipales de 1998, los seguidores de Juan Bosch han vuelto a hacer público su interés en un pacto con Balaguer.

            El pasado lunes, justo a las dos semanas de su encuentro con Fernández, Balaguer recibió la visita del presidente Hipólito Mejía y los dos máximos dirigentes perredeístas. Aquí quedó más obvio que hablaron de la posibilidad de candidaturas comunes. Así lo han declarado los dirigentes perredeístas.

            Después de esta junta, quedó claro que perredeístas y peledeístas se disputarán el amor de Joaquín Balaguer seguramente hasta el mismo 2 de marzo próximo, cuando concluye el plazo para registrar alianzas para las elecciones del 16 de mayo próximo y se verán nuevas peregrinaciones a la basílica de la Máximo Gómez 25.

            El artículo 62 de la Ley Electoral establece que las alianzas, pactos o fusiones deberán ser registradas en la Junta Central Electoral a más tardar 75 días antes de los comicios. El tribunal tiene en su agenda reunirse el 7 de marzo para conocer las solicitudes y pronunciarse antes del 17 de ese mes, fecha en que vence otro plazo, el de inscripción de candidaturas, 60 días antes de los comicios, según la ley.

Una de cal y otra de arena

            Los reformistas tienen razón para mostrarse orgullosos de su líder y para proclamar su reivindicación ante los hijos políticos de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, sus mayores contrincantes de por vida, quienes no sólo abjuraron de los métodos balagueristas de hacer política, sino que lo acusaron de recurrir el fraude y las tramperías para alcanzar el poder y mantenerlo.

            El nonagenario político debe su supervivencia política a los líderes de los dos partidos que le han disputado el poder. En los años sesenta fueron la intervención militar norteamericana y la intensificación de la guerra fría los factores determinantes de que pudiera volver al poder tras su asilo de 1962. En 1985 las luchas intestinas del perredeísmo lo resucitaron y condujeron de regreso al poder, cuando el PLD hacía una oposición más radical.

            A partir de 1994 y con la introducción del 50 por ciento como requisito para ser electo presidente, Balaguer pasó a ser árbitro supremo. El Frente Patriótico, con el abrazo que reunió a balagueristas y peledeístas, consagró la nueva etapa del caudillo, que ya cuenta pocas posibilidades de volver a la presidencia de la nación.

            Peña Gómez se negó al acercamiento con Balaguer que le propusieron y el caudillo metió brazos y manos para impedirle el triunfo electoral en los comicios de 1996 cuando él no pudo repostularse en virtud de las reformas constitucionales con que se selló la crisis política del 94.

            A partir de ahí el realismo político llevó a peledeístas y perredeístas a disputarse el favor del caudillo hasta el día de hoy, estableciendo su residencia de la Máximo Gómez como el lugar preferido de las peregrinaciones políticas.

            En los comicios de 1998 ni en los del 2000 hubo alianza y cada uno de los tres partidos mayoritarios llevó sus propias candidaturas. Sin embargo, fue obvio que los reformistas y el mismo Balaguer tuvieron entonces mayor sintonía con el PRD, aparentemente por haber quedado frustrados por el trato que les brindó el gobierno del PLD que ellos habían contribuido a crear.

            Pero orgullo a parte, los reformistas cosechan desventajas del protagonismo en que sus opositores mantienen a Balaguer. La primera es que el caudillo se reafirma y cierra el paso a la emergencia definitiva de un nuevo liderazgo, sembrando desconcierto.

             Segunda: el solito sigue tomando las decisiones a nombre del partido, haciéndole girar en torno a su eje, lo que provoca frustración y frena el desarrollo de una estructura democrática más competitiva.

            Y la tercera es que quien hace de juez no batea ni anota carreras y en consecuencia tiende a ser considerado como fuera de competencia.

Motivos para pactar

            Cada uno de los tres partidos mayoritarios tiene sus motivos para intentar pactar con otro. El menos urgido sigue siendo el PRD y el más el PLD, puesto que sus simpatías parecen más amplias precisamente en los mayores centros urbanos, donde tiene que competir con su rival perredeísta, históricamente afianzado en ellos. El reformismo mantiene hegemonías en regiones y provincias específicas, como Elías Piña, La Altagracia, y San Pedro de Macorís.

            Aun descontando el desgaste que produce el ejercicio del gobierno cuando hay tantas deudas sociales y económicas pendientes, si cada uno de los partidos se va por su lado, el PRD podría mantener una cómoda ventaja en los comicios de mayo próximo, según la percepción generalizada y las encuestas.

            Se descarta que pueda repetir la barrida de 1998, cuando ganó 24 senadurías, más de la mitad de los diputados y 95 de los 115 municipios, pero mantiene fuerzas para hacer un papel airoso.

            Aunque la última encuesta Hamilton para HOY lo colocó en ascenso, el PLD es el primero consciente de sus dificultades para competir con sus propias fuerzas contra los dos partidos más tradicionales. La apertura a la masificación decidida en su congreso de principio de año, tiende a darle el aliento necesario para valerse de sus propias fuerzas.

            El reformismo que las encuestas tienden a relegar al tercer lugar, tiene que aprovechar el cortejo de los otros dos para sacar ventajas con una alianza puntual, es decir en aquellas provincias donde carezca de fuerzas para imponerse por sí solo. No le conviene una alianza total ni con el partido de gobierno ni con el que le disputa el segundo lugar en las preferencias electorales.

Deshojando margaritas

            Como Balaguer es un hombre sin prisas ni tiempo llegará hasta finales de febrero sin tomar decisión, deshojando margaritas para ver si pacta con el perredeísmo o con el peledeísmo, apostando a quien le ofrezca más.

            Parece que dirigentes y militantes de su partido prefieren al PRD, pues se han entendido mejor con su gobierno que con el del PLD. Pero en términos de candidaturas congresionales y municipales el peledeísmo tiene menores exigencias y puede ofrecer más.

            Los perredeístas cuentan con una ventaja competitiva, y es que al tener el poder pueden compensar de otras formas, por ejemplo, ofreciendo o manteniendo puestos en el tren gubernamental y garantizando el control de una de las cámaras legislativas.

            Aunque para los reformistas es vital quedar bien en los comicios para buscar colocación con miras a la presidencia dos años después, para ellos puede ser vital, por el momento, buscar la segunda posición, lo que los puede inducir al pacto con el PRD en detrimento del partido morado.

            Ello dependerá también del grado de deterioro o éxito que tenga el gobierno en las encuestas a fines de febrero. Porque a los colorados tampoco les conviene aparecer aliados de un partido en retroceso, aunque conserve el control del gobierno.

            Por el momento, el PLD ha reservado las senadurías de 25 provincias y las alcaldías de igual número de municipios, cabeceras de las mismas, para fines de pacto. Los perredeístas están a la zaga pues no han podido ni siquiera ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha para celebrar sus convenciones. Los reformistas están eligiendo en todas partes, pero todos están conscientes de que al final solo Balaguer tomará las decisiones.-