Leonel lanza su proyecto ante intento de liquidarlo

reLa lucha en el PLD por cerrar toda posibilidad de retorno al poder de Leonel Fernández se sobrepone a la institucionalidad democrática y si logran imponer la elección de candidatos con padrón abierto, terminarán desguañangando los partidos

                                               Por Juan Bolívar Díaz               

            Lo que tiene en dificultades al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es una sórdida y adelantada lucha por el predominio de la corriente gobernante empeñada en cerrar definitivamente las posibilidades de que el expresidente Leonel Fernández obtenga la candidatura presidencial para el 2020 y pueda retornar al poder.

Aunque el presidente Danilo Medina tiene el control de una gran mayoría del Comité Político de su partido, un conjunto de factores políticos e institucionales le dificultan imponer las elecciones primarias con padrón electoral abierto como es su preferencia, por lo que Fernández aprovecha para lanzar mover su proyecto “RD-2044”.

Prolongada indecisión

            Una vez más el Comité Político del PLD no pudo lograr acuerdo sobre lo que para algunos es fundamental en el proyecto de ley de partidos, obligar a todos a elegir sus candidatos con el padrón general de ciudadanos. Como es característica en ese partido, no hubo confrontación abierta, pero quedaron bien claras las diferencias y los protagonistas. También que alrededor de dos terceras partes de los 34 titulares del organismo respaldan la posición del presidente Danilo Medina, que es ahora quien reparte los sobrecitos, como diría su antecesor.

Pero a pesar de una proporción tan alta a favor de la posición oficial, no se decidió otra cosa que reenviar el caso ante una novedosa instancia, un consejo de unos cinco expertos constitucionalistas que dirían si la obligatoriedad del padrón abierto estaría acorde con la Constitución de la República.

Como la desconfianza ya es pauta, ahora muchos se preguntan quién tendrá la última palabra en la integración de ese consejo de sabios constitucionalistas, con el problema de que varios de los más reconocidos en esa materia están ya en funciones oficiales, como Olivo Rodríguez Huerta embajador en España, y otros, como Eduardo Jorge Prats, son consultores de organismos estatales. Habrá quienes no se sentirían cómodos en una tarea difícil con el gobierno tratando de ignorar una sentencia de inconstitucionalidad sobre la materia en disputa.

Como no se ha indicado plazos, para la constitución del consejo ni para que evacuen sus conclusiones, el reenvío parece sin tiempo limitado, quedando en el aire el trabajo de la Comisión Congresual Bicameral que estudia el proyecto, en teoría sujeta a los plazos reglamentarios hace tiempo vencidos. De hecho esa comisión está en receso hace más de un mes, subordinada a la voluntad de la cúpula del partido gobernante. Pero al fin de cuentas el proyecto de ley de partidos se ha discutido a lo largo de los  cuatro períodos que el PLD ha agotado en el poder, además del de Hipólito Mejía, en un interregno.

Cerco muy generalizado

            Dentro del danilismo hay quienes quisieran pasarle el rolo al temido “vengativo Leonel Fernández”, pero el repartidor Medina no se caracteriza por dejarse dominar de la emotividad y debe reconocer  que el escenario nacional no favorece su posición, porque se ha generalizado el rechazo a las primarias obligatorias con padrón abierto.

De hecho cada semana son más los sectores que se pronuncian al respecto, muchos sin entender por qué se ha podido convertir en fundamental tal obligatoriedad, cuando en apenas un puñado de naciones democráticas se ha impuesto tal mecanismo de elección de candidaturas. Ante una pregunta en el telediario Uno+Uno, Felucho Jiménez reconoció haber sido portador de la sugerencia de que se aprobaran las primarias dejando a cada partido escoger el tipo de padrón, en cualquier caso con verificación de la Junta Central Electoral. Adujo que lo rechazaron. De hecho el proyecto de ley establece, y eso fue consensuado, que cada partido tendrá que someter su padrón a la JCE y actualizarlo en febrero de cada año.

El padrón abierto no tiene el apoyo completo de ningún partido, pues divide tanto al PLD como al PRD, que es el segundo que oficialmente lo ha apoyado. La oposición encabezada por el PRM y el PRSC, ha militado en contra, advirtiendo que su imposición implicaría una crisis institucional y que lo llevarían a los órganos constitucionales. El Foro Permanente de Partidos, que agrupa a una docena de aliados del PLD, también ha rechazado la imposición, lo mismo que las instituciones sociales y hasta empresariales.

Pero el mayor obstáculo que frena los ímpetus es que ya la Suprema Corte declaró inconstitucional en el 2005 la “Ley de Primarias” 286-04 que establecía  la elección simultánea de los candidatos de todos los partidos, bajo responsabilidad de la JCE y con  padrón abierto. Y la sentencia 023-2017, del 27 de septiuembr4e pasado, sobre un conflicto en el PRSC planteó que lo “legal, lógico y democrático” es que sean los delegados de cada partido quienes escojan sus candidatos, validándolo en “la facultad de libre autodeterminación de los partidos” establecida en el artículo 216 de la Constitución.

Ultimo chance de Leonel

            Leonel Fernández advirtió los riesgos institucionales del padrón abierto en la reunión del Comité Político, fundándoseo básicamente en lo constitucional y evadiendo confrontar la posición del grupo gobernante. Más confrontativo ha sido el doctor Franklin Almeyda, de los principales fundadores del PLD. Mientras legisladores y dirigentes que hablan bajo reservas, advierten que la propuesta se sazona con ingredientes antileonelistas.

Un activo diputado confió que “Leonel sabe que no puede dejarse atrapar ni vencer como cuando la reforma constitucional que permitió repostular  y reeligir a Danilo, porque sería el final de su liderazgo”. Es la razón por la que la noche siguiente a la infructífera reunión de la cúpula, el expresidente estaba en Barahona, con sus files, promoviendo su proyecto “República Dominicana 2044”, año hasta el cual debería gobernar el partido morado para completar la obra de salvación nacional, según lo proclamó el mismo Leonel en el 2010.

La oficina de prensa de Leonel Fernández distribuyó una información del acto de martes 3 en Barahona, indicando que asistieron  representantes de los sectores empresariales, académicos, comunitarios, políticos y funcionarios provinciales y municipales. Agregó que allí se presentó todo “un vasto conjunto de infraestructuras” contempladas para la provincia de Barahona en el “proyecto RD-2044”. La promoción de la precandidatura de Fernández comenzó hace meses en reuniones similares y en las redes sociales. El ex senador Bautista Rojas y el ex procurador general Radhamés Jiménez, aparecen entre los principales animadores.

Liquidarían los partidos     

En privado, un veterano izquierdista aconsejaba que no se hiciera tanta oposición al establecimiento de las primarias obligatorias simultáneas, con padrón abierto, “para ver si esos partidos corruptos se acaban de joder”, convencido de que potenciarían a los lúmpenes y traficantes para determinar candidatos en todos los niveles, desde la presidencia a las regidurías.

La compra de votos que se practica hace tiempo en la elección general se extendería a la primaria, o de candidatos. En congresuales y municipales, donde se pueden definir candidatos por cientos y hasta decenas de votos, los traficantes de toda laya y los administradores estatales podrían comprar miles de votos para vencer a sus propios compañeros de partido.

Mil votos a mil pesos, solo costarían un millón de pesos, suma apenas inicial para buscar una candidatura a regidor. Y el mercado de compra estaría en dos tercios del padrón que en el 2020 andaría sobre 7 millones. El promedio de votantes en las Congresuales y municipales separadas apenas pasaba del 50 por ciento.

Si se trata de candidaturas presidenciales las  complicaciones serían mucho mayores, pues 100 mil votos comprados a mil pesos sólo costarían  100 millones de pesos, lo que gastan algunos candidatos a senadores y a alcaldes. Con la adición de que el control de los poseedores de tarjetas de los programas sociales del gobierno sería otra fuente de obtención de votos, que podrían ser no sólo para el precandidato favorito en el propio partido, sino también para el preferido en el contrincante.

Agréguese el caos en que devendría el cómputo de los votos de cada uno de unos 48 mil precandidatos en cuatro boletas separadas por los partidos mayoritarios. En el 2016, la JCE pasó dos semanas para computar los votos preferenciales para 190 diputados, con menos de 2 mil  candidaturas.-

RD sub líder mundial en corrupción y en desconfianza en los políticos

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La evaluación de la República Dominicana sufrió un fuerte retroceso de 12 escalones, revocando tres años de avances, en el Indice de Competitividad Global 2017-18 del Foro Económico Mundial, colocándose en la posición 104 entre 137 países   

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana perdió los avances logrados en los tres años anteriores en el Indice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial publicado esta semana, sufriendo un retroceso sin precedente de 12 escalones, pasando del 92 al 104 entre 137 países evaluados.

Las peores puntuaciones las registró el país en corrupción (favoritismo en las decisiones de los funcionarios y desvío de fondos públicos), y en confianza en los políticos, en los escalones 136, 135 y 136, respectivamente, quedando en estos como sublíder  mundial, y los mayores retrocesos en entorno macroecnómico y mercados financieros.

Impactante retroceso

Resultó impactante el fuerte retroceso sufrido por la RD en la evaluación anual comprendida en el ICG correspondiente al 2017-18, publicado esta semana por el Foro Económico Mundial radicado en Suiza, perdiendo 12 de los 13 escalones que había ascendido en los tres años anteriores, pasando de la posición 92  a la 104 en el ranking mundial y la quinta peor de América Latina.

El país casi ha vuelto a la posición 105 que ocupaba en el índice de 2012-13 y 2013-14, tras lo cual mejoró 4, 3 y 6 escalones en los 3 siguientes, hasta el publicado en septiembre del 2016. Hay que tomar en cuenta que hace cuatro años la evaluación llegó a un máximo de 148 países, que el año pasado fue 138 y ahora se redujo a 137.

De 20 naciones de América Latina incluidas en la evaluación de este año, Dominicana sólo ha quedado mejor situada que El Salvador, Paraguay, Venezuela y Haití, que aparecen en los escalones 109, 117, 127 y 128 respectivamente. En la cima regional está Chile, posición 33, seguido de Costa Rica, en la 47, Panamá en la 50 y México en la 51. Luego siguen Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, Guatemala y Argentina. Es relevante que RD queda peor que cak todos sus socios regionales centroamericanos, Además de Costa Rica, Panamá y Guatemala, también Nicaragua y Honduras.

El ICG es un acreditado certificado de competitividad, definido  como “el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad en un país y que fomentan el nivel de prosperidad al que puede aspirar una población”. Contiene 12 pilares y 116 renglones y se elabora en base a encuestas, que este año abarcaron a 14 mil ejecutivos de 137 países, y con “datos duros” de al menos 8 organismos internacionales.

Causales del retroceso

            RD registró el mayor retroceso en América Latina, con su descenso de 12 escalones, seguida de Panamá y Honduras, con caída de 8, ambas mejor posicionadas. En la región los mayores ascensos de este año fueron alcanzados por Argentina, Trinidad-Tobago  y Nicaragua, con 12,11 y 10 escalones respectivamente. Costa Rica y Jamaica sumaron 7 y 5.

Llama la atención que la mayor caída dominicana se registrara en el pilar “Entorno Macroeconómico”, vinculado al crecimiento y la estabilidad económica, justo en el que mejor se sitúa el país, donde el año pasado ocupaba el escalón 26 y ahora perdió casi lo mismo, quedando en el 49, que sigue siendo el mejor, seguido de “Tamaño del Mercado”, en el 68, “Sofisticación en Negocios” 85, y “Aprestamiento Tecnológico” en el 87.

En otro de sus mejores pilares, el “Desarrollo de Mercados Financieros”, cayó 12 escalones, para quedar en el 99, y en “Eficiencia en Mercados de Bienes” perdió 9. En “Eficiencia del Mercado Laboral”, en “Aprestamiento Tecnológico” y en “Sofisticación de Negocios”, se perdieron 8 escalones en cada uno.

Visto el informe por renglones, el país ocupa el mejor, número 1 en el mundo, por su baja inflación, y el 2 por el bajo impacto de la malaria en los negocios. También excelente en costo del terrorismo, ubicado en el escalón 15, incidencia de la malaria en el 26, y en deuda pública en el 36, pese al incremento sostenido de la misma en los últimos años.

En otros renglones del informe donde RD tiene buena valoración, entre los escalones 38 y 48, se cuentan la calidad de la infraestructura portuaria y aérea, intensidad de competencia local, en predominio de la inversión extranjera, y en impacto de la tuberculosis. Regulación de los intercambios y calidad de los servicios financieros se sitúan  bien, por debajo del escalón 70.

Corrupción y la política

El pilar que hunde el país, en la posición 129 de los 137 evaluados, es el referente a  “Instituciones”, en tres de cuyos renglones aparece como segundo líder mundial, posición 136, en “Confianza en Políticos”, sólo superado por Brasil en la 137, y en los referentes a corrupción que lidera Venezuela en el escalón 137. En favoritismo de los funcionarios  136, en desvío de fondos públicos 135, en efectividad de políticas antimonopolios la 133, y en la 131 en  eficiencia del gasto público.

Si los anteriores renglones justifican el clamor nacional contra la corrupción, hay otros dos que avalan la lucha contra la impunidad, la confiabilidad de la policía, en el escalón 132 y en el 130 la independencia judicial. Pero debe observarse que el sector privado no queda tampoco bien parado, ya que en comportamiento ético empresarial el país está en el escalón 132, lo que quiere decir que sólo 5 países están peor.

Es notable que la mayor inversión en educación, desde el año 2012, no se refleja aún en apreciación de la calidad de la educación, que cayó del escalón 124 al 128, la calidad de la educación primaria en el 124, y mucho peor en calidad en la enseñanza de ciencias y matemáticas, en el 133 de 137.

El lastre institucional

Tras conocerse el descenso dominicano en el Indice de Competitividad Global, el director ejecutivo del estatal Consejo Nacional de Competitividad, reaccionó positivamente aceptando los desafíos que implica, anunciando que el gobierno se ha trazado nuevas pautas, incluyendo iniciativas legales  para mejorar el funcionamiento del Estado. Rafael Paz refirió propósitos de mejorar el entorno competitivo para potenciar las capacidades de los sectores productivos, especialmente el aletargado industrial.

Sin embargo, los más graves problemas que lastran la competitividad y el desarrollo  y nacional son de orden institucional, como queda reflejado en el ICG y lo han diagnosticado desde hace años informes como el de Jacques Attalí y el Banco Mundial. Entre ellos resaltan la corrupción, las actividades monopólicas, el tráfico de influencia y la inoperancia de la justicia que garantiza impunidad.

Muchos de los problemas institucionales se derivan de la forma de hacer política y la constante histórica de que los que llegan al poder optan como prioridad su prolongación indefinida para lo cual abusan de los poderes del Estado y enriquecen a sus personeros. Así mismo, subordinan las medidas de fondo, generalmente conflictivas, que implican la resolución de los más graves atavismos para el desarrollo integral. La corrupción es no sólo gubernamental, sino social y relevantemente empresarial. Se corrompe abajo con el clientelismo, al medio con la distribución de puestos y privilegios y arriba con el rentismo.-

                       Indice de Competitividad Global (2017-18)

                           Posición de la República Dominicana                                                                                                                               (Entre 137 países)             (Entre 138 países)

Pilares                                                                2017-2018                         2016-2017

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Instituciones                                                              129                                   123

Infraestructura                                                           101                                   101

Entorno macroeconómico                                         49                                     26

Salud y educación primaria                                     105                                   108

Educación superior y capacitación                           93                                     95

Eficiencia mercado de bienes                                   115                                    106

Eficiencia mercado laboral                                        117                                    109

Desarrollo mercado financiero                                  99                                      87

Aprestamiento tecnológico                                        87                                       79

Tamaño del mercado                                                 68                                        67

Sofisticación en negocios                                           85                                       77

Innovación                                                                   120                                     114

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Elaborado por JBD con datos del Foro Económico Mundial

 

                                    Indice de Competitividad Global (2017-18)

                               Las 10 mejores puntuaciones  de RD

(Entre 137 países)             (Entre 138 países)

Renglones                                                                2017-2018                         2016-2017

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Inflación                                                                          1                                        1

Impacto de la malaria en los negocios                      2                                      27

Costo por terrorismo                                                  15                                      36

Incidencia de malaria                                                26                                        19

Deuda pública                                                             36                                        31

Calidad infraestructura portuaria                           38                                       46

Intensidad competencia local                                   42                                       21

Predominio de inversión extranjera                       45                                        41

Impacto tuberculosis en los negocios                     47                                        92

Calidad infraestructura transporte aéreo               48                                        50

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Elaborado por JBD con datos del Foro Económico Mundial

 

                                    Indice de Competitividad Global (2017-18)

                                            Las 10 peores puntuaciones de RD

(Entre 137 países)             (Entre 138 países)

Renglones                                                                2017-2018                         2016-2017

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Confianza en políticos                                                       136                                         130

Favoritismo en decisiones de funcionarios públicos   136                                         128

Desvío de fondos públicos                                                 135                                         133

Efectividad políticas anti monopólicas                           133                                         132

Calidad enseñanza ciencias y matemáticas                    133                                         131

Confiabilidad de la policía                                                  132                                         133

Comportamiento ético empresarial                                  132                                         130

Eficiencia gasto público                                                       131                                         111

Independencia judicial                                                        130                                         127

Calidad sistema educativo                                                   128                                        124

Calidad de instituciones de investigación científica      128                                         124

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Elaborado por JBD con datos del Foro Económico Mundial

 

Indice de Competitividad Global (2017-18)

Los mayores retrocesos de República Dominicana

Pilares                                                             2016-17           2017-18           Diferencia

Entorno macroeconómico                                26                    49                    23

Desarrollo de mercados financieros                87                    99                    12

Eficiencia en mercado de bienes                     106                   115                     9

Eficiencia del mercado laboral                        109                    117                    8

Aprestamiento tecnológico                                79                     87                     8

Sofisticación de negocios                                   77                     85                     8

Instituciones                                                       123                   129                    6

Innovación                                                           114                   120                    6

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Elaborado por JBD con datos del Foro Económico Mundial

 

 

 

 

La imposición del padrón abierto agravaría la crisis del sistema político

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Si el sector que ahora hegemoniza el PLD impone el padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, frustraría los esfuerzos de años por una legislación de consenso y generaría mayor desconfianza y confrontación política

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Para establecer la obligatoriedad del padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, el Comité Político del Partido de la Libración Dominicana (PLD) tendría que pasar por encima de una parte de su misma estructura, ignorar la posición de 24 partidos reconocidos, de la Junta Central Electoral y de entidades sociales.

La experiencia universal indica que la democracia interna de los partidos se puede garantizar con diversos sistemas de elección de candidaturas y dirigentes, por lo que no se justificaría una imposición que ya fue declarada  inconstitucional  por la Suprema Corte de Justicia, y que generaría un agravamiento de la crisis político-institucional de la nación.

Reenvío al 2 de Octubre

            El tema se ha tornado tan conflictivo que divide al mismo PLD, cuyo Comité Político de 35 miembros no pudo dirimirlo en la reunión convocada al efecto para el pasado sábado 16, que se extendió por 7 horas, excesivas para lo aprobado,  y terminó reenviándolo para el lunes 2 de octubre, acentuando la convicción sobre su improcedencia cuando el secretario general del partido, Reinaldo Pared, lo calificó como “controvertido”.

El portal oficial del PLD, informa que acordaron respaldar que eleven la cuota de las mujeres al 40 por ciento de los cargos directivos y las candidaturas legislativas  y al 50 de las municipales, mantener en 2 por ciento de los votantes en la última elección para el reconocimiento de nuevos partidos y reducirlo al 1 en segunda instancia. También ratificaron  la inequitativa distribución del financiamiento estatal con 80 por ciento para los que saquen más del 5  por ciento del sufragio y el 20 a los demás en partes iguales, aunque diversos partidos y sectores sociales han propuesto 70-30 y más escalones de equidad, para que no reciban igual un partido que obtenga 50 o el 5 por ciento, ni tanta diferencia del 5 al 4 por ciento, o del 2 al menos del 1 por ciento, como ahora.

Otro acuerdo en el Comité Político fue adelantar la precampaña electoral al período mayo-agosto antes de las elecciones, lo que extendería a 5 meses las campañas electorales  municipales que deben celebrarse el tercer domingo de febrero,  y a 9 meses las presidenciales y congresuales del tercer domingo de mayo. Así el PLD contradice la demanda de achicar los períodos de campaña para reducir sus costos. La comisión bicameral que discute el proyecto de ley había consensuado que las primarias fueran entre agosto y octubre.

24 partidos contra 2  

No hay explicación racional para que los seguidores del presidente Danilo Medina  pretendan imponer la obligatoriedad de las primarias con padrón universal abierto contra  una parte del PLD y casi todo el sistema político y las instituciones sociales que más se ocupan de la institucionalidad democrática, como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia y Fundación Prensa y Derecho, que han manifestado su rechazo ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto y que ha pretendido lograr consenso.

Al comienzo de esta semana, los partidos de oposición que han venido formulando reclamos de reformas político-electorales tras los comicios del año pasado, recurrieron de nuevo ante la Junta Central Electoral para expresar su oposición radical a que les impongan el padrón universal abierto en la elección de sus candidatos, advirtiendo que de ser aprobado por el congreso bajo dominio del PLD, recurrirían en demanda para que la ley sea declarada  inconstitucional.

En el grupo figuran los partidos de oposición de mayor votación en los últimos comicios, como el Revolucionario Moderno, el Revolucionario Social Cristiano y la Alianza País. También el Quisqueyano Demócrata, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Opción Democrática, Partido Humanista Dominicano y Alianza por la Democracia.

Por otro lado el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, que agrupa a una veintena de partidos reconocidos, celebró un taller y luego formalizó sus conclusiones sobre el proyecto de Ley de Partidos, planteando “que las elecciones internas de los partidos deben ser realizadas con el padrón de miembros de cada organización”.

El PRD con padrón abierto

            La mayoría de los partidos del Foro Permanente fueron aliados del PLD en las elecciones del 2016, pero no se han sumado al esfuerzo por imponer el padrón abierto. El aliado que sí lo ha hecho es el Partido Revolucionario Dominicano, contradiciendo opiniones anteriores de su presidente Miguel Vargas Maldonado, actual canciller del gobierno de Medina.

Cuando Vargas Maldonado fue vencido 53.4 a 46.6 por ciento por el expresidente Hipólito Mejía en la primaria del PRD efectuada el 6 de maro del 2011 para la candidatura presidencial del año siguiente, adujo que fue el resultado de “la votación de entre 200 y 400 mil peledeístas y reformistas”, que según él preferían como candidato a su contrincante, aunque los votos válidos computados fueron sólo 967 mil 900. Y tanto él como Mejía aseguraban contar con un millón de seguidores.

Ese certamen es paradigmático de los que se oponen al padrón abierto en las primarias, porque fue el origen visible de la división del más antiguo partido de la historia nacional. Y el padrón utilizado no fue abierto por completo como se aboga ahora. Por tres elecciones seguidas, desde la que escogió precisamente a Vargas candidato presidencial para el 2008, el PRD utilizó el mismo “padrón semi-abierto”, resultado de cruzar el padrón universal de la JCE con el de los otros partidos mayoritarios, para excluir a los militantes de estos.

Pese a la diferencia de casi 7 puntos porcentuales (70 mil votos), Vargas nunca aceptó su derrota y se convirtió en un Caballo de Troya en la campaña electoral que finalmente perdió Mejía con 47 por ciento del sufragio.

Declarada inconstitucional

            Una poderosa opositora a las primarias con padrón abierto obligatorio es la Junta Central Electoral, que sometió el proyecto de Ley de Partidos, el cual deja a cada agrupación la opción de decidir si lo hace con el padrón propio o el universal. El presidente de la JCE ha advertido de las complejidades que implicaría unas  primarias con padrón abierto, simultáneas y organizadas y computadas por esa institución, y que tendría un costo económico similar a una elección nacional.

El doctor Julio César Castaños es coherente con la posición que sostuvo antes de presidir la JCE, pues fue precisamente la Fundación Derecho y Democracia, entonces bajo su presidencia, quien llevó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 286-04 del 15 de agosto del 2004 que estableció la elección de los candidatos de los partidos mediante el voto universal, y organizadas de forma simultánea por la JCE.

El 16 de marzo del 2005, tras ser debidamente apoderada del recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte d e Justicia que presidía el doctor Jorge Subero Isa, con una pléyade de juristas sin militancia política, declaró la inconstitucionalidad de la ley. Uno de los motivos fue que no indicaba la fuente del financiamiento de esa votación universal. Ahora tampoco, y unos aspiran a que los pague por completo el Estado y otros a que una parte salga del actual financiamiento estatal a las organizaciones políticas. En cualquiera de los dos casos sería incrementar la carga del presupuesto nacional.

¿ Deciden Danilo y Leonel?

            Después de tantos años de búsqueda de consenso sobre la Ley de Partidos, sería frustratorio que sólo los intereses de Danilo Medina y Leonel Fernández decidieran un aspecto tan importante como imponer a todos los partidos un único método de elección de candidatos, cuando la votación con el padrón de militantes podría ser también un mecanismo democrático, razón por la cual el proyecto de ley en discusión establece que tiene que estar registrado en la JCE y actualizado cada año. El padrón abierto sólo rige en Argentina, Chile, Uruguay  recientemente se estableció en Honduras.

La imposición abriría las puertas a conflictos internos, y aumentaría la suspicacia sobre tan pronunciado interés. La convocatoria al universo en un país de tanta tradición de trampas y fraudes electorales, permitiría la compra masiva de votos entre una masa que sin incentivos materiales no acudiría. Aun en las elecciones congresuales y municipales, cuando fueron separadas, no se pasó de la mitad de los convocados. Para el 2020 la mitad de los electores serían alrededor de 3 millones y medio, bien amplio para el tráfico de votos a favor de candidatos propios o de otros partidos.

Los opuestos a la elección de candidatos con padrón universal abierto no ocultan sus temores de que una imposición del PLD al respecto, promovida por el grupo que hegemoniza el poder, conlleve los riesgos de empleo del patrimonio público para incentivar votos, para imponer la reelección y motivar otra reforma constitucional, para favorecer a un emergente continuista o para favorecer que en otros partidos ganen los preferidos del poder. Aducen que el control del millón de pobres que tienen tarjetas de subsidios del Estado sería una fuente de perversión. La imposición agudizaría la confrontación y la crisis del sistema político nacional.-

La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina

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Aunque asoma el gusanillo de la reelección, las perspectivas dificultan otra reforma constitucional para posibilitarla, por lo que contemplan un relevo alternativo al “vengativo  Leonel Fernández”, más posible si eligen  candidato con padrón abierto.  

Por Juan Bolívar Díaz

Prosiguiendo la constante historia nacional, el presidente Danilo Medina acariciará mientras pueda la posibilidad de prolongarse en el poder, aunque sus perspectivas lucen desfavorables, por lo que el realismo político le está aconsejando buscarse alguna alternativa para evitar que pueda volver “un vengativo Leonel Fernández”.

Como advirtió esta semana el dirigente del PLD Monchy Rodríguez, para los suyos Medina sigue siendo el mejor activo de cara a las elecciones del 2020, pero el eficiente superministro Gustavo Montalvo adelantó hace un mes la opción alternativa: promover caras nuevas para el relevo, gente “comprometida con los cambios profundos en marcha”.

Una constante histórica

            Como ha sido constante en la historia nacional, todos los presidentes que concluyen siquiera un período, y Medina va agotando el segundo, se consideran imprescindibles y gobiernan con el interés primario de continuar en el poder. Las excepciones fueron los perredeístas Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, porque tenían como líder del partido a un antireeleccionista de la categoría de José F. Peña Gómez, y aún así el primero lo intentó. Desaparecido el carismático líder popular, otro perredeísta, Hipólito Mejía, no resistió la tentación de abandonar el “principio peñagomista” y modificó la Constitución, para inscribirse como el único que ha fracasado en el intento.

Heureaux, Trujillo y Balaguer han sido los mayores reeleccionistas de la historia dominicana, con elecciones controladas, y le sigue Leonel Fernández, quien logró tres períodos en la aún incipiente democracia. Sus seguidores los proclamaban regalo divino  imprescindible. Repercute el que “mientras Balaguer respire, que nadie aspire”, como predominó en su partido hasta su muerte en 2002, tras agotar seis períodos de gobierno , aunque fracasó buscando  el séptimo, a los 94 años, ciego y discapacitado físicamente.

La consigna balaguerista retumbó hace dos semanas cuando el director de Etica del gobierno, refiriéndose a Medina planteó: “aprovechemos a este hombre mientras Dios le tenga el aliento en el cuerpo”. Lidio Cadet aseguró luego que no estaba promoviendo la reelección, pero su recomendación quedó flotando en el viento. Otros, como Monchy Rodríguez, Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Lucía Medina, Radhamés Camacho y Domingo Contreras, han expresado  su preferencia por la continuidad de Danilo, pero con prudencia han advertido que “todavía no es tiempo para hablar de eso”.

Leonel no pudo en 2012

            Los que se aferran al determinismo histórico deberían tomar en cuenta que Leonel Fernández fracasó en el intento de buscar un tercer período consecutivo  para el 2012, aunque sus fervientes “ingenieros constitucionalistas”, sostenían que era posible recién proclamada  la Constitución del 2010, que modificó el dos períodos y nunca jamás para establecer la reelección sin límites pero alternada. De nada valieron los “dos millones de firmas” que entregaron en carretillas al presidente Fernández en el Palacio de los Deportes..

Entonces a Leonel no le faltaba liderazgo en su partido y apoyo popular y le seguía sobrando carisma y recursos económicos para comprar todo lo que fuere necesario, como en efecto hizo a lo largo de la campaña incurriendo en un histórico déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos para que en mayo del 2012 su compañero de partido Danilo Medina pudiera ganar las elecciones

De los más diversos sectores sociales, incluyendo a los conservadores y reverentes del poder, como los empresariales y eclesiales, se levantaron voces pidiendo  respeto a la recentina Constitución. Los reeleccionistas quedaron atrapados, pues no podían alegar que a Leonel no se le podía aplicar la nueva carta magna, del período alternativo, porque entonces le tocaba la anterior del nunca jamás.

Fernández lo entendió para optar por el continuismo partidista a través de Medina. Fue lo que no pudo hacer Antonio Guzmán, quien acarició la ilusión de la reelección sin contemplar a tiempo el continuismo a través de su vicepresidente Jacobo Majluta para los comicios de 1982. Cuando llegaron a apoyar  su precandidatura presidencial, resultó tarde para evitar el triunfo de su contrincante Jorge Blanco.

Muy difícil para Danilo

            Imposible no es en un país tan presidencialista y sin institucionalidad democrática, pero será muy difícil que Danilo Medina pueda repostularse en el 2020, sin un alto costo   en su propio partido y en el electorado, tanto que podría generar el relevo total, por cansancio de un peledeísmo que no respeta mínimamente ni sus propias normas. Son muchos los que en el PLD y en el mismo entorno del presidente lo entienden, razón por la que se contempla el continuismo indirecto, con un relevo grupal.

Danilo mismo es menos propenso a las decisiones bajo emotividad que Leonel. Y atravezará por el mismo reto de ignorar su propia Constitución, la que él reformó para posibilitar su reelección del 2016, bajo el argumento de que merecía una segunda oportunidad, la que se pactó a duras pruebas después del discurso de mayo del 2015 de Leonel Fernández donde advirtió el peligro de un Trujillo del siglo 21.

La división del PLD y la repostulación de Medina fue posible con el pacto de en el Comité Político para volver la Constitución a los dos períodos consecutivos y nunca jamás, con la adición de una disposición transitoria de que en caso de que el mandatario de turno se postulara y ganara la presidencia para el período 2016-20, no podría ser candidato para el siguiente ni nunca más, ni siquiera a la vicepresidencia.

Resultará muy riesgoso para la unidad partidaria proponerse otra reforma constitucional para desconocer lo pactado hace 4 años. En el ámbito nacional podría encontrarse tanta oposición, por la misma causa, como la que venció a Leonel en el 2011. El escenario ahora parece más difícil por la emergencia de la Marcha Verde, como  expresión de la generalizada indignación generada por la corrupción y la impunidad,  además de que el crecimiento económico empieza a reducirse aunque el endeudamiento del gobierno central haya alcanzado a 12 millones de dólares (571 millones de pesos) cada día entre abril del 2016 y abril del 2017,

La fórmula Montalvo

En el danilismo es difícil encontrar un funcionario más eficiente, frío y honesto que el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, pero también alguien más renuente al debate público. Por eso hay que tener en cuenta que el 12 de agosto declaró tajantemente, sin hablar de esperar tiempo ni circunstancias, que el presidente Medina sólo estará en el gobierno hasta el 16 de agosto del 2020  “y ni un día más”. Añadió que el próximo candidato del PLD “debe estar comprometido con los cambios profundos en marcha y ofrecer nuevas medidas para el progreso”, y abundó que “en mi humilde opinión, el PLD debe reciclarse y mostrar caras nuevas en el 2020”.

El planteamiento no podía ser más claro y apunta en la dirección de aquel danilista que el año pasado advirtió en privado que “en el 2020 no podemos permitir el retorno de un Leonel vengativo. Los leonelistas descifraron el mensaje y le salieron al paso, encabezados por Franklin Almeyda, quien llegaría a sostener que Montalvo y otros ministros relevantes de Danilo son “políticos análogos, porque no están al ritmo del desarrollo”, al tiempo que proclamó que quien está en la era digital es Leonel Fernández.

Quieren el padrón abierto

            La persistencia de los danilistas por establecer en la ley de partidos que las elecciones primarias deben ser con el padrón universal abierto, para que todo ciudadano pueda votar en la elección de candidatos, estaría relacionada con la línea de las caras nuevas. Parten de la convicción de que sin Danilo de candidato no asoma nadie que pueda vencer a Leonel si es sólo con el voto de los peledeístas. Descartan a Montalvo porque los adictos a la corrupción lo consideran peligroso; “no tiene seguidores”, dicen abiertamente. En el danilismo se señalan como alternativas a los ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Andrés Navarro, pero se cree que quedarían muy cortos frente a Leonel.

Cualquiera de ellos, con el apoyo del presidente y del poder, tendría más posibilidades si el candidato se escoge con voto universal. Podría operar  la magia del control de las tarjetas de los programas sociales y otros incentivos para llevar gente a las primarias. Permitirían mayor margen de maniobras desde la infinitamente poderosa fuerza de la presidencia de la nación.

Todo eso podría estar sobre el tapete este fin de semana cuando el Comité Político del PLD tiene una cita para decidir si apoyan el padrón abierto en la Ley de Partidos.-

 

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De la Constitución del 2015

            Artículo 124: …”El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Vigésima disposición transitoria: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ninguno otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”

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Hace rato comenzaron a cultivar la ilusiónj de continuar, Recon0ocen que en las actuales circunstancias, con gobierno y Danilo a la defensiva por Odebrech. Catalna-Marcha Verde, no es tiempo apropiado.

Parece una consiugna que Monchy Rodríguez repitió, aunque acariciándola.

Pronunciamientos como el de Lidio Cadet.

Ni Danilo ni Leonel

Expectativas de la primaria con padrón universal abierto

Si no es Danjilo, nadie le gana a LF en el PLD.

Transferrir apoyo externo a un candidato emergente: Nvarro, Glonzalo Castillo, José Ramón Peralta…

Luce inviable la elección primaria simultánea con padrón de la JCE

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Las plantas Catalina se convierten en calvario del presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
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Las reformas político-electorales dependen del presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
Presidente de la República, Danilo Medina.

La JCE da un paso al frente al advertir sobre sus facultades para contener las prematuras campañas electorales y su presidente llama al liderazgo político a concertar sobre las reformas político-electorales debatidas por más de 20 años.                                          

La clara advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) de que podría hacer uso de sus facultades constitucionales para regular las actividades de los partidos y candidatos constituye una presión adicional para la aprobación definitiva de las reformas político-electorales que se discuten hace ya más de dos décadas.

Igual fue certero el presidente del organismo, Julio César Castaños, al plantear un pacto del liderazgo político para viabilizar las reformas electorales, iniciativa que corresponde al presidente Danilo Medina en su doble condición de jefe del Estado y líder principal de su Partido de la Liberación Dominicana con absoluto control del Congreso.

Sorpresivo comunicado

Sorprendió a la opinión pública la publicación el lunes 21 de agosto de un comunicado firmado por el Pleno de la JCE que censura la precipitación de dirigentes y grupos de los partidos que han comenzado actividades de promoción de candidaturas para las elecciones del 2020, con más de dos años de anticipación al período de 90 días que establece el artículo 87 de la Ley Electoral 275-97.

Recuerdan que la Constitución le da facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campañas y el acceso equitativo a los medios de comunicación, “como advertencia y para subrayar” que podrían impedir la campaña “improcedente e inoportuna”, pidiendo cesarla, “sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento”.

La advertencia fue interpretada como doble, dirigida también, implícitamente, a los actores del Congreso Nacional que desde comienzo del siglo dan vueltas al proyecto de Ley de Partidos, y que han rehuido la adaptación de la Ley Electoral al marco de la Constitución proclamada en enero del 2010 que consigna las facultades citadas.

Para las elecciones congresuales y municipales de mayo del 2010, las presidenciales del 2012 y las generales del 2016, se había reclamado a la JCE que, ante la resistencia a actualizar la legislación electoral, utilizara sus facultades constitucionales para reglamentar y evitar los abusos de partidos y candidatos, especialmente los gobernantes, que determinaron una extrema desigualdad  en la competencia. Los anteriores titulares de la JCE lo evadieron, aunque desde el 2011 enviaron al Congreso y promovieron sendos proyectos de leyes de partidos y del Régimen Electoral.

Acogida de la advertencia

La advertencia de la JCE fue bien acogida por la opinión pública, incluso por la dirección de los partidos, incluyendo a algunos de los que ya realizan actividades de promoción de candidaturas, sin que faltara quien, como Hipólito Mejía, argumentara que no se da por aludido porque no realiza campaña, sino que promueve la inscripción de nuevos miembros y la reinscripción de los viejos en su Partido Revolucionario Moderno.

Pero Mejía fue el primero que comenzó a promover reuniones y  ruedas de prensa de grupos que lo respaldan para la candidatura presidencial y hasta designó al antiguo miembro de la JCE Eddy Olivares como su vocero personal. Pronto Luis Abinader le siguió activando a los suyos también con miras a los comicios del 2020, y ambos ya han realizado reuniones organizativas de activistas regionales y provinciales.

En el PLD ha habido también promoción de candidaturas, pero hasta ahora sin un involucramiento directo y abierto de sus principales líderes y potenciales  candidatos, el presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, aunque han aparecido vallas y pancartas. Dirigentes del PLD y aliados han planteado la candidatura a la reelección de Medina, aunque  necesitaría otra reforma de la Constitución que explícitamente la prohíbe. Y hay en las redes un merengue que la proclama, interpretado por un cotizado grupo musical. Partidarios de Fernández ya realizan reuniones, hasta ahora sin convocatorias públicas. También se le promueve en las redes electrónicas. Las “visitas sorpresas” de Medina son vistas como mecanismo permanente de promoción. Igual el asistencialismo del también aspirante Reinaldo Pared, a través del financiamiento del “barrilito de los senadores”.

Qué es campaña electoral

            El comunicado de la JCE recordó oportunamente los derechos de asociación, reunión y libre expresión, que no deben ser confundidos con las actividades de campañas electorales, ya que a nadie se le puede prohibir expresar su intención de competir por cargos públicos, aún en entrevistas y artículos en los medios de comunicación, ni reunirse en privado con seguidores, ni dictar conferencias.

Pero se cae en la categoría de campaña electoral cuando se convocan y realizan actividades públicas para promover aspiraciones, se organizan y pagan grupos de activistas, dentro o fuera de los partidos, se coloca promoción en los medios de comunicación o en calles, edificios y carreteras, o se auspician movilizaciones grupales o masivas, y repartos asistencialistas a nombre de aspirantes a candidaturas.

Hace muchos años que se considera que los políticos dominicanos “viven eternamente en campaña”. Para los últimos comicios la promoción comenzó tres años antes y se generalizó a dos años, implicando un alto costo de millones de pesos para conseguir  las candidaturas a regidores, decenas de millones para legisladores y cientos y hasta miles de millones para las presidenciales. La inversión fue tan alta que muchos precandidatos frustrados por el reparto antidemocrático de candidaturas, tuvieron que ser compensados con dinero, cargos o contrataciones de compras y obras públicas, aún a nivel municipal.

La limitación del tiempo de las campañas es objetivo fundamental de las reformas electorales, porque su extensión determina el alto costo de la política en el país, en gran parte cubierto con recursos sustraídos a los diversos estamentos del Estado, o aportados por empresarios y traficantes de drogas que buscan rentabilidad o protección. 

El pacto por las reformas

            El doctor Castaños Guzmán, quien ya antes había sido miembro de la JCE y promotor de las reformas político-electorales sabe bien que las mismas no se han materializado por falta de voluntad política de los gobernantes, aunque se promueven desde el consenso de la Fundación Siglo XXI en 1993-94.

Aunque su Partido Reformista participó de ese primer consenso, el presidente Balaguer no autorizó que lo firmaran. El primer proyecto de ley de partidos lo elaboró la Comisión de Reforma y Modernización del Estado de Leonel Fernández, consensuado con partidos y sociedad civil en 1999. Entregado al mandatario, nunca lo envió al Congreso. El segundo por fue una revisión del anterior, también consensuada en el Consejo Nacional de Reforma del Estado, de Hipólito Mejía, quien lo recibió y tampoco lo remitió al Congreso. El presidente Medina no ha hecho el mínimo esfuerzo al respecto, Y como Fernández ha ignorado la adecuación de la legislación electoral a la Constitución del 2010.

El pacto de Leonel Fernández y Miguel Vargas del 2009, también incluyó la aprobación de la ley de partidos, compromiso firmado en la Universidad Católica Madre y Maestra durante la campaña del 2012 por los candidatos presidenciales, incluyendo al luego presidente Danilo Medina.

El proceso indica que los gobernantes han preferido mantener un sistema electoral atrasado, de escasas regulaciones y ausencia de sanciones disuasorias de los abusos del Estado y del secretismo en el financiamiento. De ahí que tanto el pacto político por las reformas, como su posterior aprobación en el Congreso, es ahora responsabilidad fundamental del presidente Danilo Medina.

El Régimen Electoral  

El proyecto de Ley de partidos, con una decena de presentaciones en el Congreso, sigue pendiente, entrampado en aspectos fundamentales como la transparencia y límites del gasto y del financiamiento de partidos y candidatos, incluyendo el privado, de la equidad de género tanto en las candidaturas como en la dirección de los partidos, y de las sanciones efectivas. También del voto preferencial y las elecciones primarias, si con padrón propio o universal y si en la misma fecha y bajo organización de la JCE.

Si tanto tiempo y energías ha costado la ley de partidos, será todavía más difícil la del Régimen Electoral. Ambas son leyes orgánicas, implicando la aprobación de los dos tercios de cada cámara legislativa y consenso entre los partidos. Si cuesta tanto el consenso sobre las normativas de la competencia interna, serán  más complicadas cuando implica el poder del Estado entre distintos partidos.

Sobre todo porque la ley del Régimen Electoral es la que limitaría y sancionaría  los abusos del presupuesto nacional y de los poderes del Estado, garantizaría los derechos ciudadanos a elegir, la independencia de los organismos de control y la equidad de las campañas electorales. Los que controlan los poderes del Estado siempre son negligentes en actualizar las legislaciones.-

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De la Constitución de la República

Artículo 216. Partidos Políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los rincipios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son:

1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;

2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular;

3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Artículo 212. Junta Central Electoral. Párrafo IV. La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límite en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

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La oposición no logra capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El principal partido de oposición está muy ocupado en una prematura lucha interna por la candidatura presidencial para dentro de casi 3 años, reproduciendo el pasado perredeísta y mostrando incapacidad para sintonizar con las demandas ciudadanas

A falta de encuestas, la percepción más generalizada es que la oposición no ha podido capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno, con su principal agrupamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfrascado ya en una lucha interna por la candidatura presidencial tres años antes de la próxima elección.

El Gobierno de Danilo Medina parece haber recuperado la iniciativa tras 8 meses a la deriva, con una ofensiva que lanzó a los medios de comunicación a los altos funcionarios al concluir el primer año del período constitucional mientras los líderes de la oposición brillaban por su ausencia.

Una tremenda maquinaria

Llamó la atención que la maquinaria propagandística del gobierno copara en gran proporción los espacios de televisión y radio y hasta de los periódicos, con reproducción en las redes sociales, durante las últimas tres semanas al concluir el primer cuarto del segundo período constitucional del presidente Danilo Medina, que según la Constitución habrá de dar paso a otro dentro de tres años.

De esa forma, los medios fueron inundados de las realizaciones gubernamentales, hasta la exageración de que las “visitas sorpresas” del presidente crearon medio millón de empleos en cinco años, lo que de haber sido cierto habría invertido la migración campo y pequeñas comunidades hacia las concentraciones urbanas. De ahí la afirmación del secretario general del Partido de la Libración Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, de que son “mezquinos, miopes y mediocres” quienes no aprecian que el país tiene otro nuevo redentor.

La táctica gubernamental prefirió hablar del primer año del período y privilegió los cinco acumulados, como forma de evadir el desgaste y el rechazo que acumuló el gobierno de Medina en los últimos meses, virtualmente cercado por las protestas populares que se han expandido en la MarchaVerde.

Con una coordinación centralizada desde el Palacio Nacional, los voceros gubernamentales acapararon los espacios de entrevistas, mientras los opositores guardaron una asombrosa discreción. Medios que quisieron guardar proporción, no encontraron disponibles a los principales personeros opositores como Luis Abinader, Hipólito Mejía, Federico Antún o Guillermo Moreno.

Una oposición entretenida

            De acuerdo con los resultadlos de las pasadas elecciones, el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), el Revolucionario Social Cristiano, (PRSC) y Alianza País fueron los que más votos obtuvieron, para sus candidaturas presidenciales, al margen de las alianzas,  tras el triunfante PLD, con proporciones de 27 por ciento, casi 6 y casi 2 por ciento, respectivamente.

De ellos el PRSC ha enfrentado un proceso de división con impugnaciones contenciosas y fallos adversos a su actual dirección, quedando virtualmente fuera del debate, aunque su vicepresidente Guillermo Caram es uno de los más contundentes críticos de la política gubernamental, especialmente en el ámbito económico, que en la primera mitad del año ha acusado indicadores de contracción.

Guillermo Moreno sigue siendo uno de los mejores expositores de la política nacional, tanto en sus presentaciones televisivas como en sus artículos semanales en el periódico Diario libre, pero sufre de períodos de invisibilidad, hasta para los medios que aprecian sus capacidades. Al líder de Alianza país le sobran capacidades y honestidad, pero le faltan ingredientes para convertirte en alternativa, de ahí que con tres candidaturas presidenciales no haya llegado al 2 por ciento de los votos.

            Minou Tavárez Mirabal y Eduardo Estrella son dos líderes también de buen discurso y prestigio por su pulcritud, pero no han podido levantar estructuras  partidarias consistentes.

El PRM reproduce al PRD

            El colmo de la ineficiencia parece ser el PRM que está reproduciendo las prácticas políticas que dividieron y casi desaparecieron al Partido Revolucionario Dominicano, del cual son el último desgajamiento. En mayo cuando faltaban tres años para la próxima elección presidencial ya los dos principales líderes del PRM habían comenzado el activismo grupal tratando de asegurarse la candidatura presidencial. El primero en lanzarse al activismo grupal fue Hipólito Mejía, en mayo, convencido de que perdió de Luis Abinader para los comicios del 2016, “porque no hizo campaña”. O compelido por el desastroso resultado de la elección primaria en abril del 2015, donde el joven y emergente Abinader le venció con votación de 70 a 29 por ciento.

Hace más de un mes que el candidato del 2016 sucumbió también al activismo grupal y en las últimas semanas ambos se mueven por el país como si faltaran meses para la elección primaria. Su prioridad no es terminar de organizar un partido que se constituyó a la carrera entre el 2014 y el 16 para sustituir al PRD en la competencia por el poder, sino posicionar sus seguidores.

El resultado es en primer lugar la distracción, pues el primer objetivo es vencer al compañero de partido, no al contrincante externo, y como la lucha interna es larga, la misma consumirá gran parte de sus recursos económicos y humanos, generando rivalidades que luego resultan insuperables cuando tienen que enfrentarse a la elección nacional.

Violan su propio pacto

            Consciente de que los intereses del partido debían prevalecer sobre los grupales o individuales, Mejía y Abinader firmaron un pacto el 16 de enero pasado, en un comunicado dirigido a “simpatizantes, militantes y dirigentes del PRM” en el que se comprometían “a dedicarse, única y exclusivamente, a ejecutar los trabajos institucionales, absteniéndose de promover candidaturas hasta que lleguemos al momento que para tal efect0o se establece en los propios estatutos, tal como lo reiteró la Resolución de la Dirección Ejecutiva de fecha 21 de junio del 2016”.

El documento, firmado también por Andrés Bautista y Jesús Vásquez, como presidente y secretario general del partido, expresaba la voluntad de dedicarse todos a “trabajar con el mayor espíritu unitario, con esmero y dedicación, para salir airosos de nuestra responsabilidad estatutaria” de celebrar en septiembre la convención nacional que sellaría la organización del PRM en todo el país.

Según los informes recabados, ya el objetivo de septiembre está perdido y hay dudas que lo logren para antes de Navidad, a menos que se produzca un alto en la desenfrenada competencia interna, que los perredeístas consideraban buena “para dinamizar la organización”. En aquel caso podría explicarse siendo un partido con años de consolidado a nivel nacional y aún así generó divisiones insalvables, entre Guzmán y Jorge Blanco, entre este y Majluta, entre Majluta y Peña Gómez y finalmente entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas.

Ls primera etapa de la consolidación del PRM estaba cifrada en la reorganización de todos los municipios, y habría alcanzado a 138, faltando 20. La segunda sería un nuevo registro de militantes, abriendo inscripciones y reinscripciones, etapa que aún no comienza. Para culminar en una convención que elegiría todos los cargos a nivel nacional, provincial, municipal y local, así como los llamados frentes de masas.

Ignoran el clamor nacional

            Aunque gran parte de la dirección y la militancia del PRM ha participado en el movimiento de la Marcha Verde, excepto Hipólito Mejía quien dijo que “no soy hombre de marchas ni de tirar piedras”, parece que no han podido descifrar las razones de la indignación  nacional que se expresa masivamente en las calles.

Cuando inmensas multitudes ponen contra la pared al Gobierno y su partido exigiendo castigo de la corrupción y fin de la impunidad, los perremeistas están preocupados por la candidatura presidencial del 2020. Cuando gran parte de la sociedad lucha por una ley de partidos y otra del régimen electoral que acorte campañas como forma de reducir el costo de la política, del clientelismo y el rentismo, y el abuso de los recursos públicos y del poder, los del PRM adelantan en años su precampaña.

Esas cegueras políticas no fueran tan dañinas ni repugnantes si no estuvieran enfrentados a una maquinaria política que controla y abusa de todos los poderes del Estado, con una experiencia política única y capacidad para comprarlo y dividirlo todo, incluso los partidos de oposición. Y desde las instancias propagandísticas del gobierno no han faltado incentivos para lograr el éxito de que Mejía y Abinader destrocen la mayor opción de poder de la oposición. Entre los opositores no han faltado quienes crean que pudieran ser beneficiarios del apoyo del presidente Medina para contener la posibilidad de un regreso del “Leonel vengativo”, que alude a la forma con que los danilistas le cerraron el paso al expresidente, Quirino incluido, en el 2015-16.

Algo nuevo deberá surgir

La indignación de la Marcha Verde no ha cedido a pesar del empeño gubernamental y sus miles de propagandistas y existe el convencimiento de que en la medida en que persevere y se acerque al 2020, el gobierno y el PLD tendrán que atender siquiera parte de sus reclamos, Y que si no ocurre así, ni hay una estructura partidaria que se comprometa con el sentimiento nacional, para el 2020 podría emerger una alternativa sorpresa, como ha ocurrido en muchos países, últimamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, y antes en América del Sur.

Para ganarse el espacio político abierto por las clases medias y sectores populares cada vez mayores, la oposición partidaria tendría que diferenciarse mucho más del partido gobernante. Por ejemplo, renunciando a barrilitos y cofrecitos  y presentando gestiones municipales y legislativas insospechadas de corrupción y reproducción del clientelismo, el rentismo y el patrimonialismo.

En el PRM hay otro problema serio, que los  intereses personales están por encima dee los colectivos. No se explica que acabaran de reelegir a Alfredo Pacheco como vocero en la camára de Diputados, donde hay excelentes emergentes, estando imputado por el escándalo Odebrecht. Tampoco se entiende que Andrés Bautista, también imputado, no haya puesto su cargo a disposición del partido. Como presidente se supone que no podrá hablar de Odebrecht hasta que no quede despejada la acusación que le afecta. Más aún si él ha sido tomado como rehén político, que es lo que parece, por la debilidad y hasta falsedades de lo que se le imputa.-

La mejor opción para Venezuela

Por Juan Bolívar Díaz
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En las actuales perspectivas nacionales e internacionales, la mejor opción que aparece a la vista es una transacción política que implique un reconocimiento del mandato presidencial hasta comienzos del 2019, la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional y un calendario electoral con un claro compromiso de respeto a la voluntad democráticamente expresada por el pueblo de Venezuela.

Es evidente que el nivel de confrontación interna dificulta los acuerdos, con un gobierno que persiste en el camino de la imposición dictatorial y sectores de oposición que sólo contemplan el final del régimen. Pero es a las autoridades a quienes corresponde la iniciativa de transacción, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Maduro y sus partidarios podrán extender la crisis y con suerte llegar hasta el final del actual período constitucional, pero no podrán prolongarse más allá sin hacer pagar a Venezuela un costo incalculable, no sólo en inestabilidad, represión política y ruptura institucional, sino también con un agravamiento de la crisis económica y social que hace tiempo alcanza proporciones insostenibles.

El aislamiento internacional del gobierno venezolano rebasa con mucho los exabruptos de un Donald Trump que acaba de tirarle un balón de oxígeno con su amenaza de invasión militar. Se trata de una fanfarronada absolutamente insostenible en el actual concierto internacional, independientemente de las repercusiones que podría tener en un territorio tan grande y diverso como el venezolano. La América Latina de hoy dista muchísimo de la de 1965, cuando Estados Unidos logró un precario apoyo para convertir su invasión a la República Dominicana en una “Fuerza Interamericana de Paz”.

Pero es obvio que Maduro tiene un cerco político internacional que abarca a casi las dos terceras partes de las naciones del continente, especialmente de las de mayor peso económico, político y poblacional. Al que se suma la Unión Europea, convencidas de que el autoritarismo del chavismo ha derivado en un régimen dictatorial.

De nada sirve no reconocer la realidad venezolana. Maduro carece del liderazgo y el carisma de Chávez, pero sobre todo de los petrodólares que durante más de una década permitieron políticas sociales que se traducían en el amplio respaldo popular que se manifestó repetidas veces en las urnas. En lo externo permitieron al régimen extender su influencia a múltiples países de la región. Pero ahora ya no hay Chávez ni petrodólares.
El resultado es que Nicolás Maduro apenas consiguió la mitad de los votos para ser electo presidente en el 2014, y que la oposición obtuvo dos tercios en los comicios para elegir la Asamblea Nacional al final del 2015.

Como todo parece indicar el deterioro del apoyo popular de Maduro está en ascenso en gran medida estrangulado por la crisis económica, y que el régimen parece empeñado en alejarse de los procedimientos democráticos, tratando de mantenerse a toda costa en el poder. El pueblo que eligió a Maduro fue también el que eligió, en mucho mayor proporción, la Asamblea Legislativa que el ejecutivo ha desconocido.

El mundo democrático tiene que seguir presionando una solución en Venezuela, un pacto de respeto a los procedimientos democráticos, con plenas garantías para todos, por parte del gobierno, que debe aceptar la mediación internacional, Decisiones como la unilateral convocatoria de una asamblea constituyente que sustituye a la Asamblea Legislativa, sólo conducirá a la tragedia. Los dominicanos estamos en el deber de ayudar a restaurar la convivencia democrática en Venezuela, con una posición más activa que la que ha sustentado el gobierno nacional.

Un año a la defensiva política con creciente endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz
Presidente de la República, Danilo Medina.

Presidente de la República, Danilo Medina.

El presidente Danilo Medina agota el primer año de su segundo período de gobierno a la defensiva por el escándalo de Odebrecht que lo salpica,  y sin afrontar los problemas de fondo de la economía, sustentada en un vertiginoso endeudamiento .

            Al agotar el primer cuarto de su segundo período constitucional, el gobierno del presidente Danilo .Medina aparece empeñado en salir de la defensiva en que lo dejaron los escándalos de corrupción, especialmente el devastador de Odebrecht que hizo estallar la indignación de la Marcha Verde.

Su mayor mérito sigue siendo el crecimiento económico, aunque fundado en un insostenible endeudamiento que en el primer semestre de este año alcanzó 12.31 millones de dólares (584.7 millones de pesos) por día, evadiendo el mandato legal y los reclamos de la sociedad por un pacto fiscal, ley de responsabilidad fiscal y reformas políticas.

Quinto año de gobierno

El presidente Danilo Medina llega el miércoles 16 a su quinto año de gobierno y primero del segundo cuatrienio tratando de salir de la trinchera defensiva en que quedó sumido desde el fin del 2016 por el escándalo de Odebrecht y otros que han sacudido la conciencia ciudadana durante mucho tiempo adormecida frente a ese fenómeno.

En los últimos días los altos funcionarios del gobierno fueron enviados a los programas de televisión y los periódicos a pregonar sus logros y el mismo mandatario ha roto su silencio para defenderse en discursos improvisados en Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana. Medina también ha incrementado sus viajes por el país, cada vez menos sorpresivos y más reiterativos en ofertas de pequeños financiamientos y en inauguración de escuelas, convertidas en su mayor realización gracias al acatamiento de la ley de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para educación.

Impactado por una intensa lucha por el predominio partidario con el expresidente de la nación y presidente del PLD, Leonel Fernández, Medina no ha podido concertar una acción eficaz con su partido para evadir el cerco de la marcha verde, en especial en el plano judicial, donde una instancia que imputa a 14 personas no parece sostenible ni siquiera en la propia familia gobernante, lesionada en algunos miembros relevantes.

El PLD: amagar y no dar

            Por más que se haya pretendido simular, el poderosos Comité Político del PLD, único de sus organismos que se mantiene vigente, no ha logrado concertar acciones para defenderse de la avalancha originada por las confesiones de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de la constructora brasileña, y ni siquiera ha podido emitir un pronunciamiento formal a ocho meses del estallido en vísperas de la Navidad del 2016.

La imputación por supuestos sobornos de tres de los propios miembros del Comité Político, considerada selectiva hasta en los predios peledeístas, ha contribuido a la inacción, aunque voceros como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y el ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baret han amenazado con sacar los peledeístas a las calles a defender su gobierno, pero esa tarea ha quedado limitada a los altos funcionarios.

El hecho de haber imputado a dos de los que aspiraban a la candidatura presidencial del PLD para el 2020, Temístocles Montás y Radhamés Segura, amplió la disensión interna más allá del grupo del expresidente Fernández, donde hay quienes entienden que es a Medina a quien le toca defenderse de lo que pudiera ser tan dañino como fueron para Leonel Fernández las revelaciones del enorme déficit fiscal tras concluir su gobierno   en 2012, y peor aún las pagadas declamaciones del narcotraficante Quirino Paulino en 2015.

No han parado la marcha

            Las  capacidades políticas de los peledeistas no han sido suficientes para detener el ascenso de la Marcha Verde, que todavía se expande por todo el país, a la vista de la muestra del pasado fin de semana en Nagua. Fracasaron en atribuir el movimiento cívico a los partidos de oposición, a grupos empresariales pretendidamente disgustados o al patrocinio extranjero, tanto como en las expectativas de que fuera efímera.

Cuando a finales de mayo la Procuraduría General presentó la instancia de impugnaciones, la maquinaria propagandística gubernamental pretendió dar por cerrado el escándalo, pero la insustancialidad del documento lo diluyó rápidamente, aumentando la indignación, sobre todo cuando quedó evidente que el 75 por ciento del financiamiento de Odebrecht llegó en el gobierno de Medina, dejando fuera del expediente a los danilistas.

            También resultaron contraproducentes el informe de la comisión presidencial sobre la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, manchada desde su origen por  conflictos de intereses y el acuerdo de la Procuraduría con la Odebrecht, en tanto han evadido exigir a la empresa que entregue la información detallada a que se comprometió a cambio de la impunidad. Haber ignorado las sobrevaluaciones de obras y el financiamiento electoral que salpica al gobierno de Medina, ha contribuido a mantener la indignación.

Es demasiada corrupción

            Si bien fueron las revelaciones de Odebrecht lo que detonó la crisis del gobierno de Medina apenas comenzaba su segundo período, una cadena de escándalos han contribuido  a erosionar su credibilidad y apoyo, incluso algunos heredados de su predecesor, como el de sobornos en la compra de los aviones Tucano por 92 millones de dólares.

Pero a ello se adicionó el de la OISOE, estallado con el suicidio allí de un contratista bajo extorsión mafiosa que develó medio centenar de expedientes presentados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Igual la venta a precio vil a una empresa del barrio Los Tres Brazos y el tráfico de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que generó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en San Pedro de Macorís y el “suicidio” de un desesperado comprador que se sintió estafado.

A pesar de algunos esfuerzos, el país no ha logrado mejorar su posicionamiento en las evaluaciones internacionales referente a las instituciones y la corrupción. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial 2016-17 lo mantiene en el escalón 123 en el pilar de institucionalidad, en el 133 en desvío de los fondos públicos y en confiabilidad de la policía, 132 en políticas antimonopolios, 128 en favoritismo de los funcionarios, y 111 en despilfarro del gasto gubernamental. Eso entre 139 países evaluados.

Algunos esfuerzos fallidos

Aunque el gobierno iniciado hace cinco años ha realizado esfuerzos por mejorar la administración pública y controlar el dispendio, parece que se esfumaron. Fracasaron la mayoría de las comisiones de veeduría auspiciadas y el dispendio ha reflotado en términos escandalosos, como las recientes revelaciones de que el expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez gastó en 6 años más de 7 mil millones 380 millones de pesos en ayudas sociales clientelares, donaciones y publicidad política.

Se acredita al ministro de educación Andrés Navarro la depuración de casi 4 mil personas que cobraban como maestros, lo que debería extender a la nómina de empleados administrativos, que creció 78 por ciento, con 33 mil 307 designaciones tras la aplicación del 4% del PIB para educación, lo que Educa denunció hace un año  como insostenible. El mismo Navarro había limpiado la nómina de Relaciones Exteriores cancelando más de 900 botellas, pero su sucesor Miguel Vargas Maldonado ha recién designado 45 asesores con sueldos promedio de 122 mil pesos, incluyendo a nueve que aspiraron a diputados.

Estabilidad por endeudamiento

El gobierno de Danilo Medina llega a su quinto año con el mérito de haber mantenido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, sobre 6 por ciento el año pasado, aunque en la primera mitad del 2017, se ha reducido al 4 por ciento, con indicadores preocupantes que obligaron a una reducción de tasas de intereses y del encaje legal para incentivar financiamiento productivo por 20 mil 423 millones de pesos.

En sus primeros meses, el régimen intentó acatar el mandato de  la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el pacto fiscal, pero lo desechó ante los reclamos sociales de ajuste del gasto, reducción del dispendio y de la malversación. Luego  ha persistido en desestimarlo, lo mismo que la reclamada ley de responsabilidad fiscal.

Pese a las advertencias ha seguido sustentando el crecimiento en el endeudamiento, que del 2013 al 15 creció en US$791.8 millones por año, pero en el 2016 se disparó a US$3,459.67 millones, equivalentes a US$9.61 millones por día, 456 millones de pesos, según el informe de Crédito Público de abril pasado. Pero ya en el primer semestre del 2017 la deuda del sector público no financiero creció en US$2, 215.5 millones, igual a 369.2 millones mensuales, US$12.31 millones diarios, equivalentes a 584 millones de pesos cada 24 horas. La deuda representa ya el 52 por ciento del PIB y 41 por ciento de las recaudaciones.

Sobran razones para cuestionar si eso es sostenible a mediano plazo en una economía que no aumenta sus exportaciones, duplicadas por las importaciones.

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Fuente: Dirección General de Crédito Público. Elaboración cortesía de José Rijo Presbot