La JCE sólo puede suspender la promoción de candidaturas

Acento.com.do/Archivo/Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE.Acento.com.do/Archivo/Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE.

En un ambiente de crispación política en que el intento de otra reforma reeleccionista de la constitución parece condicionarlo todo, la JCE intenta contener la promoción ilegal de candidaturas, pero se excede al hablar de las “actividades proselitistas”

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Tiene que conseguir respaldo la resolución, un poco tardía, de la Junta Central Electoral que intenta contener el desbordamiento de las actividades de promoción de candidaturas en abierta violación de la Ley de Partidos 33-18, aunque el texto incurre en un exceso al disponer la suspensión de las “actividades proselitistas”.

Con la necesaria precisión, que ha de expresarse en la reunión convocada para el miércoles 29 con los partidos, la decisión debería contribuir a mejorar el clima político contaminado por las ráfagas continuistas que intentan otra reforma constitucional, amenazando  el orden institucional de la nación.

Era urgente la contención     

La esencia de la Resolución 10-2019 de la JCE, que remite a las limitaciones de los períodos de campaña establecidos en la Ley de Partidos, era urgente hace tiempo para la prevalencia de una normativa que se discutió por más de dos décadas y que tiene entre sus objetivos fundamentales limitar los extensos períodos de campaña electoral y los enormes costos que tiene la democracia dominicana, los cuales incentivan la irrupción del dinero y los recursos del Estado, del tráfico de influencias y de actividades ilícitas.

Esa ley estableció que la pre-campaña electoral, o período de promoción de los aspirantes a las candidaturas electorales de los partidos, “será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”. El reglamento emitido por la JCE en diciembre pasado precisó que se inicia el 7 de julio, hasta las elecciones primarias tres meses después.

Una extrema flexibilidad del órgano regulador, con los dirigentes políticos que ya habían adelantado actividades propias de la pre-campaña, la llevó a instituir algo que no está en la ley: “el Período Previo de Pre-campaña” (pre-pre), cuando lo que procedía era hacer acatar la normativa en un plazo razonable de días o semanas, para no afectar eventos ya programados.

El desbordamiento fue tan flagrante que muchos aspirantes a candidaturas ignoraron no sólo las limitaciones del pre-pre, sino también las de la pre-campaña misma, que el artículo 43 relega “a lo interno de los partidos”, en sus locales o en recintos cerrados, y el 44 prohíbe afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, altoparlantes y cualquier otro instrumento fuera de los locales, así como la promoción por medios radiales y televisivos.

El reclamo social de que prevaleciera la ley fue intenso, y hace dos semanas que lo formalizo ante la JCE el movimiento cívico Participación Ciudadana.

Promoción de candidaturas   

La JCE tuvo que dar dos plazos, el último en diciembre, para lograr que desmontaran cientos de vallas en carreteras y calles, mientras en el partido de gobierno se desarrollaba una intensa campaña con actos multitudinarios en centros deportivos y transmisiones de radio y televisión. El primero fue el expresidente Leonel Fernández, y posteriormente los partidarios de la re postulación del presidente Danilo Medina se lanzaron de lleno a organizar actos masivos provincia por provincia. Algunos de esos actos fueron transmitidos por cadenas de radio y televisión y redes sociales,  y se llegó al extremo de que el ministro de Obras Públicas difundió por estos medios una extensa promoción de la candidatura de Medina, aunque el mandatario tiene un impedimento constitucional para optar de nuevo por la presidencia.

Otros precandidatos del partido gobernante también montaron vallas y realizaron actos masivos públicos promoviendo sus aspiraciones, especialmente el exministro de Educación Carlos Amarante Baret y el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez. Por todo el país los alcaldes aspirantes a la reelección encontraron recursos para promoverse y ya habían comenzado también los aspirantes a senadores, diputados y hasta a regidores.

El generalizado desafío a la Ley 33-18 en cuestiones tan visibles,  comprobables a simple vista, ha dejado en ridículo disposiciones más complejas de la misma, mucho más difíciles de documentar, como las violaciones a los límites del financiamiento privado y del gasto. De hecho habría que preguntar si los cientos de millones de pesos gastados en el pre-pre por quienes usufructúan el poder, serán objeto de contabilidad. Se desconoce si la JCE ha puesto en vigencia “la unidad especializada de control financiero de los partidos¨, instituida en los artículos 66 y 67 de la misma ley.

La mayor sanción

            Tanto de la Ley de Partidos, como de la del Régimen Electoral 18-09, se ha criticado que tienen un régimen de sanciones poco disuasorio de los delitos electorales, hasta el punto que en ambos textos las mayores penalidades se reservaron para quienes por las redes sociales u otros medios de comunicación difundieran informaciones “que afectaran la imagen” de  candidatos y dirigentes políticos, lo que ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Pero en la de partidos hay por lo menos una sanción drástica, contenida en su artículo 78, numeral 8, donde se establece que “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.

Si se fuera a cumplir esta ley, como correspondería sin que tenga que darse ningún plazo, habría una gran renovación de candidatos por todo el país, empezando por los presidenciales, a la cabeza de los cuales se iría Leonel Fernández, el que más actividades de promoción de sus aspiraciones ha realizado, muchas masivas, en locales públicos y a través de  medios de comunicación, pero por igual quedarían anuladas casi todas las precandidaturas, incluyendo las también promovidas de Luis Abinader e Hipólito Mejía del principal partido opositor, aunque estos no han realizado actos masivos en estadios ni parques, ni colocaron vallas ni han pagado spots de radio y televisión. Pero nadie cree que la JCE tenga fuerza ni siquiera para intentar dar vigencia a esa sanción. Al fin de cuenta en la cultura nacional las leyes son puras sugerencias.

El tufo salomónico

Es obvio la JCE  tiene exceso de responsabilidades con los agregados de organizar las elecciones primarias de los partidos, el adelanto en tres meses de las elecciones municipales y  las previsiones para el cómputo del voto preferencial, ahora también por los regidores y vocales. Tal vez eso explique que no haya querido entrar en contradicciones con los partidos, y menos con el que controla todos los poderes del Estado, el presupuesto y muchas otras cosas.

A eso se atribuye la salomónica resolución que suspendió el voto de arrastre de los senadores en las 26 provincias menores pero lo mantuvo en el Distrito Nacional y las cinco mayores provincias, a pesar de que la Ley del Régimen Electoral establece tres veces que  son cuatro los niveles separados de elección, especificando el de los senadores como segundo.

En la Resolución 10-2019  “Que suspende las actividades proselitistas en el Período Previo de Precampaña”, asoma otra vez el tufo salomónico, y se  exceden las facultades del organismo, entre las cuales no está suspender las actividades proselitistas de los partidos, que es un derecho inalienable. Ninguna ley ha limitado en el tiempo ese derecho constitucional. Lo que se regula son los periodos y medios de promoción de candidaturas y de campañas electorales.

En el último considerando, esta resolución señala las “visitas casa por casa” entre las que han excedido el período pre-pre, lo que implica al opositor PRM en las violaciones, ya que hace poco dedicó un fin de semana a esa labor. Pero, según se anunció, no fue para promover candidatos, sino de inscripción de miembros y para rechazar la reforma constitucional reeleccionista. Ninguno de los dos objetivos está en las prohibiciones legales.

Seguro que la JCE precisará los alcances de su resolución en la reunión convocada con los partidos, donde sí tiene que insistir en el estricto cumplimiento de la ley, y hasta recordar que está autorizada a “declarar la inadmisibilidad” de candidaturas promovidas a destiempo.

Reino de incertidumbres

            Mientras se hacen esos tímidos esfuerzos por la prevalencia de las normativas, la lucha interna en el Partido gobernante sigue condicionando y contaminando el curso de los acontecimientos, apenas a dos semanas que comiencen a caer los plazos para la pre-campaña, ya que el 7 de junio los partidos  tienen que hacer las reservas de las candidaturas para eventuales alianzas. Eso afecta particularmente al PLD en tanto los aliados podrían cambiar dependiendo de quién se imponga en el control del partido y/o encarne su  candidatura presidencial.

Como en las semanas anteriores, se vuelve a anunciar que ya un grupo de senadores estarían listos para introducir el proyecto de ley de convocatoria de la asamblea revisora de la Constitución, pero todo sigue dependiendo de que el presidente Danilo Medina decida correr la aventura de una fuerte fractura de su partido, cuando dirigentes de su más alto organismo, como Felucho Jiménez, dan por hecho de que están al borde de la división, y otros guardan distancia de los focos de enfrentamientos.

Con gran oposición interna y 68 por ciento de la ciudadanía rechazando otra reforma constitucional reeleccionista, Medina tiene una enorme responsabilidad. De lo que no hay dudas es que una vez más el afán continuista en el poder sacude los cimientos de la institucionalidad democrática y mantiene la nación al garete por un período que ya se antoja excesivo.-

Atascada la maquinaria continuista; Danilo reconocería sus limitaciones

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZA un año de la elección presidencial la opinión pública sigue dominada por el intento sin precedente de una segunda reforma constitucional para la continuidad del mismo mandatario, lo que luce cada vez más riesgoso para la institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Fracasado el publicitado intento de hacer aprobar en la reunión del lunes 13 el proyecto de buscar una nueva reforma constitucional pro reelección, y a pesar de una ofensiva provincial en favor del presidente Danilo Medina, el propósito luce atascado, sin que se vislumbre la brecha por donde pueda ser colado.

Cada vez parece pesar más el enorme rechazo social, que ratifican las encuestas, a la segunda reelección consecutiva para un tercer período presidencial de Medina, a lo que se suman hasta factores internacionales, por lo que crece la convicción de que el pragmatismo llevará al mandatario a declinar, aunque intentaría acuerdo para una candidatura de consenso en su partido.

Ni intentaron sacar cabeza

            Constituyó un revés para los promotores del continuismo gubernamental que ni siquiera pudieran sacar la cabeza en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del pasado lunes 13, tras dos semanas de persistentes versiones de que allí quedaría sellado el proyecto, que el mes de mayo sería definitivo y hasta que el Ministro de la Administración Pública Ramón Ventura Camejo repetiría la hazaña del 2015 cuando tomó la iniciativa que culminó en un acuerdo para modificar la Constitución pro reelección de Medina.

Ni Camejo ni ningún otro propulsor de la reelección sacaron la cabeza en la reunión, cuya agenda fue ratificada horas antes por el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y representantes del presidente del partido, Leonel Fernández, ambos aspirantes a la candidatura presidencial. Y el encuentro transcurrió como si no hubiese una magna confrontación en el seno del partido entre los grupos que encabezan sus dos líderes. Se abocó a ratificar la aprobar la convocatoria de una reforma estatutaria que permita la elección de los candidatos mediante primarias abiertas, y a discutir las opciones tras la salomónica resolución de la Junta Central Electoral sobre el voto de arrastre a los senadores.

            Aunque pocos dirigentes peledeístas quieren referirse públicamente al tema, no son pocos los que admiten en privado que resultaría riesgoso presentar en el Comité Político una resolución que contradiga el acuerdo que ese organismo hizo hace 4 años “para salvar la unidad del partido”, el cual implicó la reforma para habilitar la candidatura a la reelección de Danilo, pero también el compromiso de consignar en la Constitución que él no podrá ser candidato presidencial para el 2020 y “nunca más”, como en efecto se hizo.

No estamos en el 2015

Tres reconocidos abogados constitucionalistas, que incluso han sido consultores de organismos estatales y guardan distancia de la oposición política, advirtieron el miércoles que las circunstancias de ahora no son las del 2015, y que los riesgos de imponer otra reforma constitucional son tan elevados que generarían crispación y una perturbación que podría resultar traumática para la sociedad dominicana. Hace cuatro años las encuestas arrojaban hasta dos tercios en favor de un segundo período para Medina, similar a la proporción que ahora rechaza un tercero.

Las opiniones de Cristóbal Rodríguez, Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio tuvieron más significación por sus respectivas posiciones políticas moderadas, especialmente la del último, persistente consultor de instituciones estatales y abogado del Partido Revolucionario Dominicano, principal aliado político del gobierno al que se considera dispuesto a respaldar nuevamente otra postulación de Medina. Condicionaron la reforma constitucional a que sea fruto de un consenso social y político que está lejos de vislumbrarse.

Es que nadie ignora que el presidente Medina no tiene consenso ni en su propio partido, y mucho menos en el resto de la sociedad, para intentar la segunda reelección consecutiva, ni los dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional necesarios para reformar la Constitución, y que para lograrlos tendría que utilizar el poder económico y político del Estado, en desmedro de la institucionalidad de los partidos y de la democracia misma.

Resistencia en dos frentes

            Para modificar la Constitución los danilistas necesitan pelear al mismo tiempo en dos frentes, interno y externo. El primero está encabezado por Leonel Fernández, quien encarnó los tres primeros gobiernos del PLD, que retiene la presidencia del partido, y se ha mantenido en medio de la calle desde agosto del 2017, buscando de nuevo la candidatura presidencial. En su favor opera no sólo el liderazgo, la gratitud y lealtad que mantiene en amplios segmentos de la dirección y militancia de su partido, sino también el hecho de que ya él declinó dos veces consecutivas en beneficio de la candidatura de Medina, cuyo primer triunfo en el 2012 fue en gran medida debido a que aquel metió el Estado entero en la campaña electoral, gastando en exceso fiscal más de 150 mil millones de pesos.

El problema se complica porque Leonel aparece firme en que “esta vez no hay marcha atrás”, ratificando que defenderán la Constitución y la democracia, lo que fue ratificado esta semana por 36 diputados peledeístas con un duro pronunciamiento. Junto a 6 senadores, serían 42 votos del PLD  en la asamblea nacional. Si le suman los 46 del Partido Revolucionario Moderno que también esta semana publicaron su decidido rechazo a la reforma constitucional, ya serían 13 votos más de los 75 que impiden los dos tercios. Sin contar por lo menos la mitad de la docena de reformistas, y los de 6 diputados  de partidos minoritarios, incluyendo tres que fueron electos en las boletas peledeístas. También faltarían varios perremeistas que, como Ginett Bournigal estiman innecesario firmar un documento al respecto.

Muchos consideran que el gobierno tiene poder para comprar treinta votos, pero la resistencia dentro y fuera del PLD llega a niveles que crea dudas. Peledeístas y reformistas han prometido denunciar en “un paredón moral” a quien venda su voto, y los líderes del PRM han ratificado que expulsarán a quien traicione la línea partidaria.

Hasta factores externos

Entre los ingredientes que han atascado el proyecto continuista aparecen los recientes resultados de las encuestas más acreditadas del mercado electoral dominicano, la Gallup-HOY y la de Mark Penn-Sin, manteniendo el rechazo a otra reforma constitucional reeleccionista cerca de los dos tercios. Según El Caribe del 8 de mayo, el rechazo promedió 64% en 14 encuestas publicadas desde marzo del 2018. En la última Penn fue 61%, pero en la Gallup 68, con el agravante de que un 62% dijo que no votaría por Medina si lograra ser postulado.

Los factores externos tampoco han sido favorables para el proyecto continuista, incluyendo la nada disimulada preferencia expresada por la embajadora Bernstein por la alternabilidad democrática, al ponderar lo beneficioso que es el sistema estadounidense de dos períodos presidenciales y nunca más, como indica la Constitución que promulgó Medina.

En esa dirección se inscribió el jueves el senador Bob Meléndez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EU, en una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, expresando “profunda preocupación” por los esfuerzos para reformar la Constitución dominicana a fin de permitir al presidente Medina “una segunda reelección sin precedente”.

Meléndez recordó que a principio del año el Senado aprobó una resolución reafirmando el compromiso con los principios democráticos en Bolivia y en toda América Latina y el Caribe “respaldando los límites del período presidencial con controles razonables contra una historia de golpes, corrupción y abusos de poder”. Pidió que EU “utilice todas las herramientas diplomáticas a su disposición para subrayar la importancia de la gobernabilidad democrática” en la RD.

La iniciativa ocurrió pocos dis después que el principal precandidato opositor, Luis Abinader, anduviera por Washington denunciando los riesgos del continuismo dominicano. Y es que una segunda reforma constitucional seguida para mantenerse en el poder, colocaría  la nación al nivel de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, donde la carta magna se reforma cada vez que es necesaria en aras del continuismo en el poder. Con esos dos vecinos, y con Cuba y Haití, lo que menos quiere arriesgar EU es la inestabilidad política en RD.

La gran opción de Danilo

Cada vez son más los que entienden que son grandes los riesgos a que se expondría el presidente Danilo Medina, tanto para su partido como para la sociedad dominicana, intentar “lo que nunca se ha hecho” en materia de reelección, dos reformas constitucionales consecutivas por el mismo mandatario. Ya esta semana los diputados de su partido Juan Comprés, Carlos Quiñonez y Demóstenes Martínez  le recordaron que fue él mismo quien redactó el transitorio de su Constitución que le prohíbe ser candidato en el 2020 y nunca más.

Las ambiciones de algunos seguirán produciendo actos como los anunciados para este domingo en la metrópoli capitalina, pero la sagacidad de Medina le deben llevar a seguir el ejemplo de Leonel Fernández, quien en situaciones desfavorables desestimó los clamores de que reformara la Constitución para proseguir en el poder en el 1998 y en el 2012, y logró mantenerse vigente hasta ahora. La primera vez dejó el Senado reunido un sábado, esperando el proyecto de reforma, tras comprobar que le faltarían votos, aunque habían “conquistado” casi todos los reformistas y algunos perredeístas. Y hasta la fecha Fernández dice que otros querían arrastrarlo.

Con todo el poder que heredó y el que ha acumulado, Danilo podría buscarse una negociación en su partido, para una candidatura de consenso, o que se le garantice seguridad, y hasta quitarle el “nunca más” para después del 20, evadiendo lo que cada vez más luce como una peligrosa aventura política. Puede ser que lo sepa hace tiempo y que hasta lo tenga decidido, pero crea necesitar un clamor mayor en su favor para imponer la transacción más favorable.-

La encuesta Gallup-HOY muestra un fuerte deseo de cambios políticos

A1Una significativa mayoría expresa fatiga por el gobierno del PLD y rechazo a la reelección del presidente Danilo Medina, mientras emerge Luis abinader como opción alternativa 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana indica que el presidente Danilo Medina mantiene un nivel de aprobación alrededor de la mitad de la población, pero con más de dos tercios rechazando la posibilidad de que reforme de nuevo la Constitución para  poder optar por un tercer período de gobierno consecutivo.

Aunque el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue registrando las mayores preferencias, estas se reducen significativamente en medio de la lucha de fracciones que casi lo dividen, mientras el precandidato presidencial Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) emerge como firme alternativa para los comicios del 2020.

La mayoría quiere cambios

Si algo queda claramente manifestado en la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es la insatisfacción de la ciudadanía y su anhelo de cambios políticos, sociales y económicos, reflejando el hastío con el partido que ha controlado casi todos los poderes estatales y sociales en los últimos 15 años, y en 19 de 23. Aunque el PLD sigue registrando las mayores preferencias partidistas, con 39%, seguido por el PRM con 22, un alto 24% confiesa que no prefiere a ninguno. Si las elecciones fueran ahora 38% votaría por el PLD y 25% por el PRM, con 18% que no responde. En la reciente encuesta Mark Penn-SIN el 59% manifestó que no tiene preferencia partidista, con el PLD en 23 y el PRM en 13%.

En la Gallup, el 58% prefiere que la República sea gobernada por un partido diferente, y sólo el 35% dijo preferir que siga el PLD. El 46% cree que “se necesita un cambio radical, tal vez hasta revolucionario”, con otro 32% favoreciendo “un gran cambio”, para sobrepasar las tres cuartas partes.

El deseo de cambio es coherente con el hecho de que alrededor de dos terceras partes muestran insatisfacción con las condiciones de la economía (68% las cree mala o muy mala, con sólo 13% que las aprecias buenas) y con la forma en que opera el sistema democrático en el país (65% contra 32), mientras 71% plantea que las cosas en el país van por mal camino, con sólo 17% que las ve por buen camino. Mientras el 71% cree que el crecimiento económico a quien beneficia es a los ricos.

Está difícil la reelección      

A pesar de la movilización de los funcionarios, legisladores y otros devotos del presidente Danilo Medina que en las últimas semanas intensifican su promoción de una reforma constitucional para que el mandatario pueda optar por un tercer período de gobierno consecutivo, sólo el 29% de los encuestados de Gallup la favorecen, mientras más de dos tercios, 68%, la rechazan, lo que implica que el proyecto sólo avanzó 3 puntos, en relación a la de septiembre pasado, que registro 71% de oposición, pero un punto más que en marzo del 2018, cuando fue de 67%. En la reciente de Mark Penn el rechazo a la reforma constitucional fue del 61%.

A pesar de esos altos porcentajes de rechazo a una segunda reforma de la constitución para la continuidad de Danilo Medina, y de que le faltarían entre 35 y 40 votos para lograr los dos tercios necesarios, son muchos los que piensan que lo conseguirá “por cualquier medio”. Pero tropieza con el hecho de que el 45 % de los encuestados por Gallup dice que en tal caso “con toda seguridad” no votaría por él, más el 19% cree que no le votaría, para totalizar 64% También es significativo que el 42% de los que se manifestaron simpatizantes del PLD no favorecen la reforma constitucional, y 31% dice que no votarían por Medina, si la consiguiera.

El rechazo al continuismo es muy superior al 53% que estima que Medina ha hecho un buen gobierno, y al 49% que aprueba su gestión de más de 6 años, empate técnico con el 48%  que la desaprueba. El mandatario llegó a registrar hasta 91% de aprobación en la Gallup-HOY de agosto del 2014, con descenso desde entonces al 80% en el 2015, al 62 en el 2017, para estabilizarse en 48% en septiembre del 2018, aumentando ahora un punto.

Abinader el mejor situado

            En el análisis de los resultados de esta última Gallup-HOY resalta que el precandidato presidencial del PRM Luis Abinader es quien avanza más entre los que aparecen compitiendo por la presidencia de la nación en el 2020, siendo el único que aparece con certezas de alcanzar  la candidatura presidencial entre los dos partidos que proyectan una bipolarización.

A la pregunta “a quien le gustaría que fuera el próximo presidente”, consigue un 21% de las preferencias, superando en 4 puntos el 17 que logra Medina y en 8 el 13%  que se decanta por el expresidente Leonel Fernández. El 33% considera a Abinader como el líder de la oposición política, muy lejos de los expresidentes Hipólito Mejía y Fernández, señalados por el 8%.

El economista y empresario registra una abrumadora ventaja en la competencia por la candidatura presidencial del PRM, con 78% frente al 10 de Hipólito Mejía, entre los simpatizantes de su partido, y 82 a 7% por ciento entre sus miembros, que son los llamados a elegir sus candidatos. Hace 4 años, en abril del 2015, Abinader fue escogido por primera vez candidato presidencial por votación de 70 a 29% teniendo de contrincante a Mejía.

Mientras los peledeístas superan la crisis que casi los divide por la candidatura presidencial, Abinader luce el principal candidato opositor, con perspectivas de crecimiento si se tiene en cuenta la baja tasa de rechazo que le marcan las encuestas. La reciente de Mark Penn lo coloca segundo en favorabilidad tras Margarita Cedeño, y en bajo rechazo después de David Collado. Si por la unidad del PLD se impone la propuesta de “ni Danilo ni Leonel”, según esta encuesta, Abinader le gana a cualquier otro 39 a 32%.

Leonel sigue bien firme

El balance indica que una vez más quien ostenta la presidencia de la República supera en posibilidades a quienes buscan reemplazarlo dentro de su propio partido, pero dadas las severas dificultades que arroja la encuesta para que Medina pueda modificar la Constitución y constituirse en candidato unificador del PLD, las perspectivas indican que Leonel Fernández sigue siendo una alternativa firme, muy por encima de los otros competidores dentro de su partido.

Si no fuera por el impedimento constitucional y el rechazo a otra reelección, Medina tendría las mayores probabilidades de ser el candidato del PLD. El 24% cree que él será el próximo presidente, contra el 17% que creen que lo será Fernández o Abinader. El 49% lo preferiría de candidato muy arriba del 28 que se inclina por Leonel, pero entre los miembros del PLD la ventaja se reduce con 47 a 36%. En los máximos organismos peledeístas, Comité Político y Comité Central, el dominio de los danilistas es absoluto, pero se reduce en las bases, según las encuestas. La de Mark Penn arrojó entre los peledeístas una diferencia de sólo 5 puntos: 43 a 38%, indicativa de que un aplastamiento del Estado a Leonel puede acarrear alto costo.

La Gallup indica que contando con el impedimento constitucional de Danilo, Leonel conseguiría el 50% de las preferencias para la candidatura presidencial entre los simpatizantes del partido y el 53% de los miembros, con su esposa Margarita Cedeño en segundo lugar, con 6 y 5% respectivamente. Después de ellos, sólo Reinaldo Pared, en el primer caso, alcanza 4%, y todos los demás aspirantes menos del 2%. Incluyendo a Danilo, en esta encuesta Leonel aparece empatado con 17% en la competencia con Abinader, y en la de Mark Penn le lleva un punto, 21 a 20%, indicando que si fuere candidato contra Abinader le ganaría 38 a 33%. Aunque con amplias indefiniciones que beneficiarían al del PRM por su baja tasa de rechazo, mientras el expresidente la tiene alta. En la Gallup el 21% dijo que nunca votaría por Leonel.

Más resultados relevantes

              La encuesta Gallup-HOY muestra un panorama preocupante para la democracia dominicana, devastador para los partidos, con bipolarización PLD-PRM, sin que ni el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con el 4.5%,  ni el Reformista Social Cristiano (PRSC), con 2.5%,  alcancen el 5% necesario para mantener la categoría de “mayoritarios”, con acceso a la franja privilegiada que recibe el 80% del subsidio estatal. Entre los alternativos sólo Alianza País y el Partido Demócrata Institucional se levantan sobre el 1 por ciento de las preferencias.

La mayor aprobación del gobierno de Medina sigue registrándose en la inversión en educación, donde alcanza tasa del 66%. La corrupción sigue en los peores niveles, con aprobación de sólo 17 por ciento, con 69% marcando el fracaso en su combate, lo mismo que el 61% en cuanto a la inseguridad ciudadana. Un 57% ve con preocupación el año que queda de la actual gestión y sólo 39% con esperanza. Y la población aparece dividida en tercios iguales entre quienes creen que el país está en progreso, estancado o avanzando, con cada vez más pobre apreciación sobre las instituciones del Estado.-

La República no merece volver a la iniquidad electoral del 2016

Con cualquiera que sea su candidato el PLD se encamina a repetir las iniquidades e iniquidades de las elecciones del 2016, mientas la oposición no acaba de comprender que sólo con una gran coalición podrían cambiar el curso político de la nación

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto continuista del presidente Danilo Medina, con todos los pujos autoritarios que hacen temer una dictadura, y los afanes del expresidente Leonel Fernández por volver al poder, ambicionando un cuarto período de gobierno, configuran otro proceso electoral tan inequitativo y abusivo como el del 2016, cuyos resultados nunca fueron admitidos por los opositores.

Pero como si hubiese pasado mucho tiempo, la oposición política parece haberlo olvidado y una vez más se encamina al “matadero electoral”, sin entender que la dominación política impuesta por el partido gobernante impide la competencia y garantiza su eternización en el poder, aunque la sociedad está dando muestras de fatiga peledeísta.

Indicios de repetición

Las denuncias de los principales partidos opositores de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está copando las reestructuraciones de las juntas electorales municipales, sumadas a los recientes escándalos en el control de la justicia y las presiones sin precedentes sobre jueces del Tribunal Superior Electoral, despiertan temores de que se pueda reproducir un proceso electoral como el del 2016, tan abominable que ninguno de los partidos de oposición le reconoció legitimidad.

Esta vez hay una diferencia importante, ya que las presiones política y sociales impidieron que la dominación peledeísta mantuviera al frente de la Junta Central Electoral (JCE) a un dirigente partidista de la categoría de Roberto Rosario o a un incondicional como Mariano Rodríguez en el TSE, los dos ahora en abierta campaña junto a su jefe político Leonel Fernández. En ambos organismos los presidentes y otros dos miembros son considerados independientes, pero los dos restantes, de cinco en cada uno, son cuadros políticos de la alianza gubernamental.

Pero las descomunales presiones, amenazas e intentos de chantajes hechos públicos por la reciente sentencia del TSE indican la disposición a utilizar todos los recursos del poder para amedrentar y conseguir objetivos políticos, o por lo menos mediatizar decisiones como, por ejemplo, que la JCE desconozca los cuatro niveles de elección establecidos en la nueva Ley del Régimen Electoral, para mantener el arrastre de los senadores que reclama el PLD.

Claros signos de riqueza

         Si algo es evidente en la actual lucha por las candidaturas del PLD para el próximo año es que le sobran los recursos económicos a los grupos danilistas y leonelistas, pero también a varios de los que llevan meses en campaña por la nominación presidencial, aunque las encuestas no les favorezcan. Ninguno de ellos tenía fortuna, ni pasaban de profesionales de clase media cuando llegaron al gobierno.

Temístocles Montás, precandidato presidencial, denunció esta semana que el expresidente Leonel Fernández estaba gastando 25 millones de pesos en el espectáculo de mañana para su gran lanzamiento en el Estadio Olímpico, donde actuarán diez grupos artísticos, encabezados por algunos de la categoría de Sergio Vargas, Fernando Villalona y el Alfa.

El ex ministro de Economía no incluyó el costo de recoger durante más de un año las dos millones de firmas que según se anuncia respaldarían la candidatura de Fernández. Pero fue unilaterales, pues no se refirió a los cuatro grupos artísticos que amenizarán hoy sábado un acto de promoción del presidente Danilo Medina en el teatro United Palace del alto Manhattan, Nueva York, encabezados por Mozart la Para y Toño Rosario. Sobre los 25 millones de pesos se estimó el costo de la reciente manifestación reeleccionista de Santiago, como parte de un festival provincial que se vienen repitiendo por todo el paísy que este fin de semana abarcara cuatro.

Les sobran los recursos

            Es obvio que al PLD le sobre los recursos económicos y logísticos, en gran proporción derivados del Estado, no sólo por lo que sus dirigentes han acumulado personalmente, sino también por su capacidad para recaudar, mediante el tráfico de influencia y el reparto de contrataciones y compras. Y tanto Medina como Fernández tienen miles de activistas y comunicadores en las nóminas públicas y cualquiera que predomine será candidato con enormes ventajas frente a los de oposición, sobre todo si logra imponerse el actual presidente, para lo cual tendrá que pagar un costo económico y en ruptura institucional infinito. Ya en el primer trimestre del año el glasto publicitario del gobierno pasó de los 10 millones de pesos diarios que mantuvo en el 2018 a 11.6 millones, con una inversión de $1,042 millones.

Hay en la oposición quienes cifran expectativas en una posible división del PLD, por el nivel de encono y arrebato que alcanza la confrontación, no sólo entre las cabezas, sino también en el territorio, llegando a ser insostenible en muchas localidades. Pero los peledeístas han demostrado un amor al poder por encima de lo normal y al final podrían terminar pactando, como en ocasiones anteriores, conscientes de que lo necesitan para mantener el poder. Se recuerda el pacto del anterior proceso electoral, pero no tanto l de l 2012 cuando, como ahora, Leonel Fernández reunió  más de dos millones de firmes para su continuidad en la presidencia, que le entregaron “los ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista, Díaz Rúa y Freddy Pérez, en el Palacio de los Deportes. Pretendían que él podía ser repostulado en contradicción con su propia Constitución del 2010 y la anterior del 2002, una prohibía la reelección seguida y la otra establecía dos períodos y “nunca más”.

Aquella vez Fernández logró entender que los vientos no le favorecían, entregó las carretillas de firmas al partido y se dedicó en cuerpo y alma a llevar al poder a su contradictor Danilo Medina. A final del 2011 prometió en Nueva York que gastaría 40 mil millones de pesos para que su partido siguiera en el poder, y terminó gastando más de 150 mil millones, con un déficit fiscal sin precedente, hasta  llevar a Medina al Palacio  Nacional en el 2012.

El matadero electoral 2016

Fue el profesor Juan Bosch, fundador del PLD, quien acuñó la especia de “matadero electoral” refiriéndose a los comicios en los que Joaquín Balaguer lograba reelegirse al comienzo de los setenta. Y eso fue justo lo que ocurrió en el 2016, pero escenificado por su PLD quince años después de su muerte. En el cuadro anexo se sintetizan las inequidades e iniquidades de ese proceso electoral, extraídas de los seis informes de la observación electoral del movimiento  Participación Ciudadana, fechados entre noviembre del 2015 y julio del 2016.

Son documentos fundamentados en estadísticas del Sistema Informativo de la Gestión Financiera del Estado, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y de monitoreo del propio movimiento cívico y de una entidad privada que cuantifica la inversión publicitaria general. Los informes de finales de la campaña fueron tan impactantes que en algunos casos conllevaron moderación, por ejemplo, en el gasto publicitario.

Un análisis minucioso, como el realizado por el experto fiscal José Rijo acerca a los niveles del abuso de los recursos públicos en esa última campaña electoral, indica, por ejemplo, que en mayo del 2016 el Ministerio de Educación multiplicó por 13 el promedio mensual de sus pagos en viáticos, elevándolo a $23.5 millones: que triplicó el gasto en combustible de $9,9 a $26.4 millones, y que su partida de ayudas y donaciones a personas fuera incrementada en 79%. Mientras el gobierno triplicaba su gasto en asfaltado de calles y carreteras para alcanzar a $77 millones por día, durante los primeros cuatro meses del 2016, cuando su déficit fiscal montó sobre $34 mil millones de pesos, aunque en el mismo período del año anterior había registrado superávit de $3,500 millones.

Desafío a la oposición      

El monopolio del poder y los enormes recursos acumulados por el PLD constituyen un desafío a la oposición política, que ésta vez no debería esperar a dos semanas antes de los comicios, como ocurrió en el 2016, para darse cuenta de que por separado no tienen ninguna posibilidad de cambiar los abusos de la campaña electoral ni mucho menos vencer la maquinaria de dominación peledeísta, y ni siquiera obtener importante representación congresual o municipal.

Persisten los intentos de volver con multiplicidad de candidaturas nacionales, algunos intentando una tercera y hasta cuarta opción con unos cuantos miles de pesos y desconociendo que el electorado muestra una fatiga del PLD, por lo que ahora, más que nunca, tenderá a refugiarse en la bipolarización, con quien tenga mayor posibilidad de contrapeso, y rechazará los llaneros solitarios.

No es que falten candidatos meritorios en la oposición, sino que sobra poder de dominación que les cierra el paso y los excluye, sembrando una imagen de invencibilidad que a  su vez promueve el pesimismo, la resignación, la inmovilidad y el descreimiento en las alternativas por parte de las mayorías, no sólo en los dependientes de los favores y manipulaciones gubernamentales, sino también dela ciudadanía más consciente, deseosas de cambio y pulcritud política.-

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Resumen de las iniquidades electorales del 2016

  • El Estado irrumpió con toda su fuerza y recursos en la campaña electoral
  • “Conquistaron” el bloque de legisladores del PRD y los leonelistas para reformar la Constitución y poder repostular a Danilo Medina.
  • La repostulación incluyó el 90% de los senadores, 80% de los diputados y 60% de los alcaldes del PLD, por simple resolución de la directiva
  • Dirigentes del PLD dirigieron y parcializaron la JCE, el TSE y las juntas electorales municipales
  • El presidente de la JCE llegó al extremo de negarse a recibir a los 6 candidatos de oposición que visitaron el organismo días antes de la votación
  • La JCE impuso la automatización del cómputo sin las mínimas previsiones, con total fracaso y graves irregularidades
  • El TSE llegó al extremo de proclamar candidato a alcalde del DN por el PRM a Rafael Suberví, pero ni éste lo asumió
  • 39 ministros y altos funcionarios del gobierno dirigieron la campaña electoral del PLD en todas las provincias y el DN
  • Múltiples inauguraciones de obras públicas fueron convertidas en campaña electoral con documentado abuso de recursos públicos
  • En abril 2016 DM “puso en servicio” la segunda línea del metro capitalino, que operó en realidad en agosto del 2018
  • El gobierno desbordó el déficit fiscal a $34 mil millones en enero-abril del 2016, cuando en igual período del 2015 tuvo superávit de $3,500 millones
  • Enero-febrero la publicidad gubernamental sube 100% en relación a ese período del 15, y gasta $1,136 millones en el primer trimestre
  • Sólo el Poder Ejecutivo gasta en publicidad (enero-febrero) $840 millones $ 14 millones por día
  • Todos los ministerios colocan anuncios políticos en diarios, radio y tv, especialmente en los programas de cientos de “bocinas”
  • Desde el 2015 el gobierno encabeza los diez mayores anunciantes del país, por encima de telecomunicaciones, comercios y bebidas, y el PLD es el décimo
  • El PLD y sus aliados reciben el 60% del subsidio estatal a los partidos.
  • Dirigentes de entidades estatales organizan comidas y cocteles donde recaudan cientos de millones de pesos entre empresarios, suplidores y contratistas
  • Monitoreo de PC en febrero: el PLD 70% de las vallas, 79.3% de la publicidad en prensa, radio y tv, con los aliados el 81.5%, el PRM 16.8%
  • Desde enero se pagan $27 millones por día a 33 mil empleados transitorios y en nominillas. OISOE lo incrementa en 677%, Educación en 211% y  MOPC 68%
  • En mayo M. de Educación multiplica por 13 el gasto en viáticos y aumenta 79% las “ayudas y donaciones” a personas

 

Ahora las democracias ya no mueren manu militari, sino de inanición política

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

Sobran razones al arzobispo Francisco Ozoria y a todos los que temen que el país se encamina a un nuevo tipo de dictadura, que ya no se define por los sables, el asesinato y el exilio, sino por el socavamiento de las bases institucionales y el predominio caudillista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

No sería racional sostener que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina es una dictadura clásica del siglo pasado, como la definió el general peruano Manuel Odría cuando le pidieron que explicara su afirmación de que él gobernaba con la religión y el deporte (1948-56), y respondió: “que quien no comulga conmigo, lo deporto”.

Tal como sostienen los académicos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro de septiembre pasado “Cómo Mueren las Democracias”, éstas ya no fracasan de forma dramática a manos de generales, sino de líderes electos que socavan poco a poco las bases institucionales, en pasos apenas apreciables.

La dictadura según Ozoria

Han tenido que manipular al Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para intentar descalificarlo por su advertencia de que “si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia una dictadura”, tras quejarse de que la actual estructura gubernamental no respeta la independencia de poderes en que se fundamenta la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución. Y le sobran razones tanto a él como a otros prelados, sacerdotes, ministros de diversos credos y dirigentes políticos y sociales que en las últimas semanas denuncia la erosión de las frágiles bases de la democracia dominicana, en aras del continuismo en el poder.

Los detonantes han sido dramáticos: la impudicia con que a la vista de todos el presidente Medina manejó el Consejo Nacional de la Magistratura, colocando en un paredón de calumnias y mentiras al mayor símbolo de la independencia judicial, Miriam Germán, para sustituir sin la correspondiente evaluación a casi la mitad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en violación de la Constitución, varias leyes y el reglamento del organismo. Y luego por las presiones, amenazas y acciones intimidatorias contra los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por la sentencia que afecta a un partido aliado del gobierno, lo que Participación Ciudadana definió como ominosa advertencia contra otros órganos, entidades y ciudadanos.

Es obvio que en el país no hay presos políticos ni los asesinatos y deportaciones que caracterizaron las dictaduras desde el inicio de la República, pero es cuasi dictatorial que se sustituyan jueces clamando falsedades, o que al presidente del TSE le despojaran de su escolta en plena calle, y que ministros y el mismo Procurador General lo citaran de madrugada, o que se revele que  en dos años se solicitaron 17 mil 637 interceptaciones de teléfonos bajo el pretexto de una investigación judicial, muchos de ellos con nombres ocultos, porque no procedían.

Baja calidad democrática

La pobreza institucional de la nación quedó documentada en el reciente informe sobre Calidad de la Democracia en la República Dominicana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resumido en El Tema de HOY del 30 de marzo último, en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe, sólo mejor que Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. De 100 indicadores, sólo registramos 20 como satisfactorios, con 32 aceptables y 48 deficitarios.

“Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial  y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las leyes… aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país” (página 98 del informe).

“La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado. Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia ante situaciones con potencial desestabilizador” (página 129).

“La República Dominicana presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público” (página 140).

El control casi absoluto del PLD

  • Mantiene la presidencia de la nación desde el 2004, en elecciones profundamente desiguales, con abuso del Estado y grandes déficits fiscales en las campañas electorales
  • Absoluto control del Poder Legislativo, arrebatando hasta la única senaduría opositora en el 20l0
  • Reformas constitucionales en el 2010 y 2015 para garantizarse el control del Estado
  • Dirigentes del PLD controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público
  • Elección de una mayoría de dirigentes y allegados en los órganos electorales
  • Apropiación de dos tercios del 10 por ciento de los ingresos fiscales que la ley destina a los ayuntamientos, a los que sustrajo $184 mil millones sólo en el lapso 2013-18
  • Violación sistemática de leyes fundamentales, como la del sistema financiero, la de salarios públicos, y la de Estrategia Nacional de Desarrollo
  • Manipulación de la opinión pública con tres mil comunicadores en las nóminas estatales, inversión publicitaria de $10 millones por día y presión a independientes.
  • Utilización de jueces y árbitros electorales para destruir o reducir partidos opositores
  • El Comité Político del PLD, 35 miembros, decide hasta las reformas constitucionales
  • Cooptación de gran parte del liderazgo político, sindical,profesional, artístico, y dirigentes sociales mediante empleos, becas, compras y contrataciones.
  • Creación de miles de empresas de dirigentes y allegados, mediante corrupción y privilegios
  • Controles sobre 1 millón 200 mil personas, mediante programas sociales que apenas promedian 30 dólares mensuales
  • Incorporación a las nóminas y nominillas públicas de decenas de miles de dirigentes del PLD
  • En el 2016 designaron 33 mil empleados temporeros, activistas electorales

La muerte de la democracia

            En un libro de 335 páginas, Levitsky y Ziblatt sostienen que la democracia se bate en retirada en muchas partes del mundo, incluido los Estados Unidos, sobre todo tras el apogeo de Donald Trump, víctima de los políticos, no de los generales, que abusan de los mismos mecanismos que les permitieron acceder al poder, desconociendo las reglas de la tolerancia mutua y la contención institucional, “apresando a los árbitros, marginando a los actores clave, y reescribiendo las reglas del juego para inclinar el campo en contra de sus adversarios” (página 206).

“Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas, Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos” (página 13).

Con múltiples ejemplos americanos y de otros continentes, los autores dedican un capítulo 4 a describir cómo se realiza “La subversión de la democracia”. Con frecuencia el desmantelamiento es paulatino. “Al principio puede resultar imperceptible…siguen celebrando elecciones, los políticos de oposición siguen ocupando escaños en el Congreso y la prensa sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco (página 95).

“Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad…Y las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas y desenterrar material para chantajearlas…despidiendo a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por leales” (página 96).

Una descripción local

El libro de Levitsky y Ziblatt parece una descripción del proceso seguido por el PLD en el poder. Subraya que “La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rasgo de disidencia… A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura… también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición e intentan silenciar a figuras culturales populares o de reputación moral (páginas 103-104).

“Los autócratas que pretender consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución,, el sistema electoral y otras instituciones de modo que resultan desfavorable o debilitan a la oposición” (página 106). Para que el sistema constitucional funcione, debe darse un delicado equilibrio entre el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. El Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia” (páginas 147-148).

Los autores sostienen que “Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe realizarse mediante sistemas democráticos… La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.

La maldita reelección

            Como siempre en la historia nacional, detrás de grandes intentos por subvertir el orden institucional, se encuentro un proyecto de prolongación indefinida en el poder, lo que se ha llamado “la maldita reelección”, y eso comenzó a tomar cuerpo desde antes de la mitad del segundo período del presidente Medina, pese a una prohibición constitucional por él mismo auspiciada en el 2015, como ha quedado documentado en esta página:

  • “Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política”. 14 de abril del 2018, cuando su Senado aprobó el absurdo proyecto de ley que buscaba imponer a todos los partidos el padrón abierto para elegir candidatos.
  • “Otra reelección de Danilo Medina le saldrá muy cara a la nación” (25 de agosto del 2018).       
  • “Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática” (29 de diciembre del 2018).
  • “El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección” (2 de marzo del 2019)
  • “La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región” (30 de marzo del 2019)
  • “Nuevo escándalo: el PLD y su Gobierno socavan la institucionalidad democrática” (13 de abril del 2019).

 

Nuevo escándalo: el PLD y su gobierno socavan la institucionalidad democrática

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

 

Las presiones e intimidaciones contra jueces del Tribunal Electoral, tras la escandalosa ofensiva que sacó a Miriam Germán de la Suprema Corte, repercute sobre otras instituciones y buscarían allanar el camino al temido asalto constitucional reeleccionista 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Hay indicios de consternación en la sociedad dominicana por las presiones desatadas contra la mayoría de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anularon una convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), principal aliado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al extremo de ser amenazados con juicio político.

Ante una situación que pudiera ser subsanada, el gobierno prefirió un nuevo escándalo político, apenas dejando atrás el protagonizado con las violaciones constitucionales, legales y reglamentarias en que incurrió el Consejo Nacional de la Magistratura con la Suprema Corte de Justicia, lo que indica una escalada contra la institucionalidad democrática.

¡Expectativas y presiones!

Con esas dos palabras encabezaba HOY su portada del pasado lunes 8, informando que “Grandes expectativas y un ambiente inusual de presiones se han creado desde mediados de la semana pasada en relación con la sentencia que será leída hoy por el Tribunal Superior Electoral tocante a una convención del Partido Revolucionario Dominicano”. Agregaba que la sentencia se habría filtrado al PRD y esferas del gobierno, originando presiones y acciones “que de conocerse escandalizarían a la sociedad” y que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica había sido enterada.

Las primeras indagatorias periodísticas del lunes antes de emitirse el veredicto develaron el escándalo. Ministros del gobierno (el Listín Diario luego informaría que cuatro, tres de ellos dirigentes del PLD), habían efectuado llamadas y otros mecanismos de presión sobre el presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo para que revirtiera el dictamen que anula la 34 Convención del PRD celebrada en diciembre del 2017, recurrida ante ese tribunal por un grupo de dirigentes disidentes del secuestro democrático en que cayó ese partido a partir del 2013.

Al doctor Liranzo lo interceptaron el viernes 5 en plena calle para retirarle la custodia militar que le corresponde, acción que fue revocada después que se evidenció su inutilidad al leerse la sentencia a media mañana del lunes. También sustituyeron al coronel jefe de seguridad de las instalaciones del TSE, y medios informaron que hasta el Procurador Jean Alain Rodríguez había citado al titular de ese tribunal. Aunque todas esas informaciones tuvieron profusa difusión por todos los medios, hasta anoche nadie del gobierno ni del PLD las había desmentido.

Hubo más, pues el abogado Julio Cury, quien sostiene que el presidente Danilo Medina puede repostularse sin modificar la Constitución, twiteó planteando que la procuraduría debería investigar quién es el propietario del penthouse donde se presume que vive el doctor Liranzo con su esposa, sembrando dudas sobre su legitimidad, y recordando el inicio de la campaña sucia contra la jueza Miriam Germán hasta su destitución, sin motivación, en violación de la Constitución, la Ley del Consejo de la Magistratura y el reglamento de evaluación.

Una intimidación general

            No causó mucha sorpresa que diputados y dirigentes del PRD gritaran contra el presidente del TSE y los jueces Santiago Sosa y Rafaelina Peralta, que habían sostenido su sentencia, pese a los votos disidentes de los otros dos miembros, Arístides Madera y Cristian Perdomo. Pero el escándalo cobró mayor dimensión cuando Reinaldo Pared, presidente del Senado, secretario general del PLD y miembro del Consejo de la Magistratura, planteó una investigación de la cámara de Diputados para determinar si procede un juicio político a los  magistrados que se atrevieron a emitir un fallo que pone en aprietos a un partido aliado.

El presidente de la Cámara, Radhamés Camacho, se mostró presto a examinar el pedido, mientras en los medios de comunicación la legión de comentaristas del gobierno pregonaba las consecuencias de desafiar al poder, ya fuera desde los partidos opositores como de las instituciones del Estado. Todo ello generó alarma en los diversos sectores, con rechazos tajantes de líderes políticos e instituciones sociales como Participación Ciudadana, Finjus, dirigentes evangélicos, con gran acogida en los medios informativos y editoriales como los del Listín Diario y El Día, que lo denunciaron “inadmisible abuso de poder” y “Amenaza inaceptable”.

Participación Ciudadana estimó que “se trata de un mensaje mordaza, que va mucho más allá del TSE, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad civil, entidades públicas, aún a aquellas autónomas como la Junta Central Electoral”. Esta tiene pendiente fallar sobre controversias que envuelven al partido gobernante, como el arrastre de los senadores por el voto de los diputados, y el reglamento de la nueva Ley Electoral, y el Tribunal Constitucional (TC) tiene para emisión fallos sobre una decena de impugnaciones de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos. El mensaje también puede estar dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo, donde algunos pretenden buscar amparo sobre  “el derecho del Presidente” a la reelección

Una sentencia bien fundamentada

La sentencia TSE-012-2019 está bien fundamentada a juicio de juristas como Servio Tulio Castaños y Francisco Alvarez Valdez. Está contenida en 79 páginas, seguidas de los dos votos disidentes, más extensos, que la llevan a 173. Tiene 123 consideraciones y, contrario a lo que algunos alegan, acata sin discutirla la del TC que acogió en revisión la primera anulación de la convención del PRD dictada por el TSE en marzo del 2018, acogiendo la impugnación de un grupo de dirigentes perredeístas porque no se les convocó previamente a la sesión de su Comisión Política que originó el proceso convencional.

El TC consideró que el TSE se había excedido al aplicar estándares ordinarios de derechos que no figuraban en los estatutos del PRD. Pero como los impetrantes también objetaban el siguiente paso del proceso, por falta de quorum en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del partido que convocó la Convención para diciembre del 2017, con las audiencias de rigor se revisó ese alegato. El acta de esa reunión aportada por el PRD dice que asistieron 975 de un listado de 1176 miembros registrado en la JCE, pero sin constancia de fiscalización de este organismo, y el notario público sólo certificó las firmas del presidente y el secretario, sin referirse a los asistentes.

En minucioso relato, el dictamen indica que los dirigentes del PRD presentaron un listado de 1257 asistentes, 81 más de los registrados en la JCE, pero sólo aparecen las firmas de 471 en la casilla correspondientes y otras 42, al dorso del listado para totalizar  513, pero 33 de éstos no figuran en el listado registrado en la JCE, por lo que sólo 480, quedaron documentados como asistentes, faltando 109 para la mitad más uno de los 1176 miembros legalizados. En consecuencia el TSE declaró nula la reunión del CEN por falta de quorum, como alegaron los impetrantes, lo que deja sin efecto la convocatoria de  la Convención y las decisiones que ésta tomó, entre ellas una reforma estatutaria y la reelección del presidente Miguel Vargas, la presidenta en funciones Peggy Cabral, el Secretario general Tony Peña Guaba y el secretario de Organización, Rafael (Fiquito) Vásquez, para el período 2017-21.

Obliga a otra convención

            La sentencia es un grave tropiezo para la autocracia impuesta en el PRD por el actual canciller de la República Miguel Vargas, desde que inició su alianza con el PLD, primero con el presidente Leonel Fernández, y luego con el actual mandatario, pero no es catastrófica en sí misma, pues la situación tiene una salida, que no es desafiar un tribunal que, según el artículo 214 de la Constitución “es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo   sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos”. Carece de legalidad la reacción  de que la dirección sigue en funciones.

Los dirigentes afectados pueden volver al TC, pero ahora es difícil que pueda objetar la nueva sentencia, fundada en los estatutos del PRD y en  principios constitucionales y legales. Pero también es un camino largo, que obligaría a audiencias y consumiría las siete semanas que faltan para el plazo del 7 de junio en que, según la Ley de Partidos, deberán hacerse las reservas de hasta el 20 por ciento de las candidaturas para alianzas en los comicios del próximo año. Sin autoridad legítima eso no será viable. Lo procedente sería convocar otra vez el CEN para que decida una nueva convención al menos para elegir los dirigentes. Ahora tendría que ser acorde con el artículo 18, numeral 6 de la Ley Electoral 15-19, que establece la responsabilidad de la JCE, de “organizar, administrar, supervisar y arbitrar, conjuntamente con los partidos” la elección de candidatos y dirigentes. No podrán impedir a tiros la votación de los persistentes disidentes encabezados por Guido Gómez Mazara, quien competía por la presidencia, como ocurrió en la convención de  marzo del 2014 que “reeligió” a Vargas y los suyos, pese a lo cual fue reconocido por los entonces titulares del TSE. Mientras tanto se asume que la JCE no podrá entregar los 25 millones de pesos mensuales que este año corresponderían al PRD, lo que ya fue objetado formalmente por los disidentes.

Suenan las alarmas

            Las acciones y hasta intento de juicio político al TSE, sin suturarse el desparpajo de falsedades, espionajes y calumnias para sacar de loa Suprema Corte al mayor símbolo de la independencia judicial Miriam Germán,  detonado alarmas en la oposición política y la sociedad. Parecería inscribirse en el discurso del presidente Medina del 27 de febrero cuando se manifestó “dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria”. En este escándalo, como en el del Consejo de la Magistratura, el silencio del presidente Danilo Medina luce ominoso.

En plena campaña por la postulación para la reelección del mandatario, gastando decenas de millones de pesos en actos provinciales multiplicados cada fin de semana, con reiteradas afirmaciones de que “la reelección va como quiera”, por vía de la compra de votos para una asamblea revisora de la Constitución, o bajo alegato de que se viola el derecho de Danilo Medina, la reacción ante el dictamen del TSE constituye una escalada que deja en jaque la institucionalidad democrática.-

La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región

Calle El Conde en la actualidad. HOY/Rafael Segura Imagen Digital / 4/01/008

Un informe del PNUD coloca el país en la posición 20 de 24 de América Latina y el Caribe en el índice de elecciones libres y justas, sólo superando a Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela y sostiene que su progreso económico no se refleja en lo institucional y social

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Un informe entregado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)coloca el país entre los cinco de peor calidad democrática de 24 evaluados en América Latina y el Caribe, con puntuación de 54 sobre 100, con deficiencia en 48 por ciento de 108 indicadores, 32 por ciento aceptables y sólo 20 por ciento satisfactorios.

El estudio indica que los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales, sino  estructurales y contrastan con el progreso económico, que no se refleja en el institucional y social, con creciente desconfianza en las instituciones estatales y los partidos políticos, registrando una reducción de la libertad de expresión.

Democracia en descenso

El informe parte de los avances logrados por la República Dominicana, al haber encabezado la transición democrática a partir de 1978, pero con degradación a principios de los noventa. Tras el fraude electoral de 1994 cayó a la puntuación más baja, 0.28 en el índice de Democracia Electoral del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, para alcanzar la más alta, 0.72 en el 2002.

Las “grandes mejoras” registradas en el periodo de reformas, desde 1994 a principios de la década del 2000, se evaporan desde mediados de la década del 2010, con retrocesos en calidad de las elecciones,  uso arbitrario de la publicidad estatal, autocensura y falta de diversidad de opinión en los principales medios de comunicación, niveles muy bajos de transparencia en la financiación privada de los partidos y deficiencias democráticas en las prácticas partidistas.

En el 2017 la puntuación dominicana se redujo a 0.54 colocándose en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe incluidos en el índice de democracia electoral, donde sólo aparecen con peor puntuación Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, esta última con 0.27, siendo la mejores Costa Rica, Chile y Uruguay, entre 0.89 y 0.86. En elecciones libres y justas el país mantiene la misma puntuación y posición, pero Nicaragua y Venezuela en el último escalón con 0.28, mientras Chile encabeza con 0.97, seguido de Costa Rica y Uruguay, con 0.96.

Dimensiones y componentes

La calidad democrática medida por el estudio del PNUD, de 196 páginas,  parte de seis dimensiones: Derechos políticos y sistema electoral, Derechos fundamentales, Estado de Derecho, Calidad de la gestión pública, Calidad de vida y equidad social y económica, y Cultura política democrática. Estas dimensiones tienen a su vez 22  componentes desagregados en 108 indicadores.

El semáforo de indicadores dominicanos arroja un déficit democrático en el 48 por ciento de los indicadores, con sólo 20 por ciento satisfactorios y 32 por ciento aceptables. El informe partió de cruces y sistematización de fuentes de variada adscripción ideológica y metodológica, como 15 índices y encuestas de organismos multilaterales y de organizaciones internacionales de la sociedad civil, y nueve encuestas nacionales con datos oficiales de entidades estatales.

En la primera dimensión, Derechos políticos y electorales, hay 30 indicadores, en los que RD recibe partes iguales entre satisfactorios, deficitarios y aceptables, Con la puntuación más baja entre 23 países de la región, y la peor desde la transición democrática iniciada en 1978, en medios de comunicación críticos y en compra de votos, por una práctica generalizada en el territorio y por la mayoría de los actores políticos relevantes.

En censura gubernamental la posición 20 de 23 países, y en libertad de expresión sólo supera a Honduras, Nicaragua y Venezuela. Recoge el índice de Freedom House que hasta el 2000 tenía al país en la categoría de libre, pero desde entonces lo degradó a parcialmente libre. También es alto el déficit en  libertad de asociación, sólo mejor que Ecuador, Venezuela y Nicaragua. En injerencia del gobierno en los partidos de oposición, solo superado por Venezuela y Nicaragua.

Sistema frágil y vulnerable

En ninguno de los 14 indicadores de Derechos fundamentales el país tiene una situación satisfactoria, con 7 aceptables y otros tantos deficitarios, entre estos derechos de mujeres e inmigrantes. En Estado de Derecho, de 21 indicadores sólo 2 aparecen satisfactorios y 4 aceptables, con 15 deficitarios. Aparece mejor en Calidad de la gestión pública, con 3 indicadores satisfactorios, 6 aceptables y 4 deficitarios. Peor en Calidad de vida y equidad, con 5 satisfactorios y 5 aceptables, pero 16 deficitarios. Y en Cultura Política 3 indicadores aceptables y 1 satisfactorio.

Se observa un Poder Ejecutivo con amplio margen de discrecionalidad, lo que afecta negativamente el imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales. Como positivo se destaca alto nivel de participación cívica, tercero mejor en la región y en democracia local y gestión municipal.

En las consideraciones finales del estudio se plantea que un balance tan deficitario de la calidad democrática de la RD, con sólo 20 por ciento de indicadores satisfactorios, “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales, de origen interno o externo”.  Plantea que “los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales, sino estructurales, afectan a los pilares de la institucionalidad y tienen efecto sobre la relación de la ciudadanía con el poder y consigo misma, así como sobre las dinámicas de poder entre las tres ramas vertebradoras del Estado”.

Contrastes con la economía   

El informe refleja el contraste de los déficits de la democracia dominicana con el crecimiento del producto bruto interno en las primeras dos décadas del siglo. “El progreso económico no fue acompañado por progreso institucional ni social, ni por una mejora sustancial en la distribución de la riqueza. Las desigualdades económicas, sociales y políticas están presentes y son transversales a todas las dimensiones, componentes e indicadores estudiados”, se expresa en las consideraciones finales.

No se puede llegar a otras consideraciones cuando se registra un aumento progresivo de la desconfianza de la ciudadanía en todas las instituciones fundamentales del Estado y en los partidos políticos, ampliamente documentada en el estudio coordinado por la Unidad de Gobernabilidad Democrática del PNUD en el país, con participación del Instituto de investigación para el Desarrollo y con la asesoría de la politóloga dominicana Rosario Espinal y del uruguayo Miguel Manzi.

Concluye en que el resultado de los indicadores, con sólo 20 por ciento satisfactorio “no autoriza a ser complaciente, sino que obliga a las y los dirigentes nacionales, en los ámbitos político, económico, académico y social, a actuar sobre las prioridades que señalan las evidencias, con la urgencia que reclaman las circunstancias”.

Sostiene que la democracia dominicana sigue en construcción, “acosada por amenazas globales y tentaciones autoritarias”, y que no hay mejor proyecto ni obligación más severa para sus dirigentes que preservarla y fortalecerla, y que a esos propósitos quiere contribuir el informe presentado el 26 de marzo, justo al concluir la misión del español Lorenzo Jiménez de Luis, quien estuvo durante más de cinco años y medio como Representante Residente del PNUD en la República Dominicana, y fue condecorado la semana pasada por el gobierno.-

Habrá que defender los beneficios de la elección municipal separada

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ

En las últimas semanas han cobrado intensidad los rumores del interés de sectores peledeístas por volver a unificar las elecciones, lo que requeriría una reforma constitucional, por donde también podrían intentar colar el proyecto reeleccionista

                   

Por Juan Bolívar Díaz

            En ámbitos políticos se anuncia como inminente un intento de pactar entre los grandes partidos la reunificación nuevamente de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales para mayo del 2020, lo que requeriría una reforma constitucional para colar la eliminación de la disposición transitoria que impide repostular al presidente Danilo Medina.

Dirigentes del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno (PRM) advierten de  los riesgos de considerar la reunificación de los comicios, por lo menos mientras exista el interés de modificar los postulados constitucionales sobre la reelección, en tanto líderes de partidos alternativos proclaman como fundamental mantener esa reforma de la Constitución del 2010.

Rumor que cobra fuerza

            Desde hace meses se escuchan clamores contra la separación de las elecciones, provenientes de la misma mayoría apabullante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en gran parte integrantes de la Asamblea Nacional que la instituyó en la Constitución promulgada por el presidente Leonel Fernández en el 2010, pero en las últimas semanas ha cobrado renovado impulso, tanto que algunos la ven como parte de los esfuerzos por abrir una brecha por lo menos a la eliminación de la disposición transitoria incluida en la Constitución promulgada por Danilo Medina en el 2015 para posibilitar su segunda postulación presidencial.

En un comunicado publicado el miércoles bajo la firma del diputado Fidel Santana, como presidente del Frente Amplio, se advierte que sectores oficialistas estarían contando con el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para una ley de convocatoria de la reforma constitucional con el pretexto de reunificar las elecciones, pero tratar de colar una brecha al continuismo. Dirigentes de por lo menos otros dos partidos opositores también expresan en privado sus temores de que “sectores perremeistas se dejen atrapar por el interés de volver a las elecciones unificadas”.

Altas fuentes del PRM confirman que han recibido tanteos, pero sostienen que eso no será posible de ninguna manera, “por lo menos antes de las elecciones primarias” que definirían las candidaturas del PLD. Uno de ellos avanzó que personalmente no estaría de acuerdo en volver a las elecciones conjuntas. De otro lado, Alfredo Pacheco, miembro de la dirección ejecutiva del PRM e influyente diputado, autorizó a publicar su rechazo, indicando que la versión “es parte de la rumoreología que difunden los oficialistas en interés de crear confusión”. Fue categórico en que el PRM está firme y unificado en el rechazo a todo intento por modificar la Constitución en la actual coyuntura política.

Arrastre presidencialista

Se atribuye a legisladores peledeístas el intento de ganar adeptos entre sus colegas de la oposición sobre la base de que al ser las elecciones municipales tres meses antes de las congresuales y presidenciales, los que ganen en las primeras ya no harían mucho esfuerzo para ayudarlos a mantener sus curules. Objetan que la Constitución estableciera el 24 de abril como fecha para que asuman los que resulten electos en las elecciones municipales de febrero, porque le estarían quitando más de tres meses al período de 4 años por el que los actuales fueron electos, sin haberlo especificado en una disposición transitoria, alegando que “eso podría crear un conflicto constitucional”.

Los abogados del propósito parten del temor de que una elección municipal adelantada fragmente más los resultados electorales, especialmente del PLD que ha dependido mucho del apoyo de 14 partidos aliados para mantener su control político. De hecho en las elecciones unificadas del 2016, el partido oficialista obtuvo en su boleta del nivel presidencial el 50.2 por ciento de los votos, para bajar en el congresual al 41.7 y caer al 35.7 por ciento en el municipal. Esos temores se intensifican ante los esfuerzos de casi todos sus partidos aliados de unificarse para competir en las municipales, compelidos por la Ley de Partidos que ya no les garantiza la personería jurídica por sacar un regidor, y los obliga a buscarse por lo menos el 1 por ciento en alguno de los niveles de votación, y el más viable sería el municipal.

La situación del PLD podría ser más frágil aún en los niveles locales, donde las confrontaciones entre los seguidores de los dos líderes que se disputan el partido y las candidaturas, podría abrir túneles por donde se cuelen los opositores. En algunos lugares, quienes resulten perdedores en las primarias podrían vengarse no participando en la campaña y hasta auspiciando votos por alternativos, sobre todo si provienen de organizaciones sociales. Los aliados peledeístas agrupados en “Juntos Podemos” han dicho que apostarían hasta el 50 por ciento de las candidaturas municipales y congresuales con dirigentes sociales y comunitarios, mientras la mayoría de los partidos opositores estarían contemplando una “Coalición Democrática”, que combinaría candidaturas de sus dirigentes y de líderes sociales.

Un plebiscito anticipado

            El temor de que los resultados de las elecciones municipales puedan representar una especie de plebiscito anticipado para las presidenciales y congresuales tres meses después, es otro de los factores que motivan el interés por reunificarlas. Sin el arrastre presidencial y con una alta proporción de alcaldes, regidores y directores de distritos que están en ventaja competitiva por los mismos puestos, existe el riesgo de que se materialice un mayor rechazo local. Muchos de ellos han perdido popularidad hasta entre sus propios compañeros de partido, por la generalización del sectarismo grupal.

Los dirigentes sociales que promueven la “Coalición Democrática” político-social parten precisamente de la importancia de las elecciones municipales adelantadas “para reivindicar la importancia del gobierno y el poder local” y proponen apelar a la amplia franja de electores insatisfechos con el partidarismo tradicional, especialmente a las mujeres que protagonizan el activismo comunitario y a los jóvenes. Tres millones de electores están en la franja de 18 a 35 años, y otros dos millones hasta los 50. El objetivo de esa plataforma sería el desplazamiento total del dominio estatal  peledeísta, o por lo menos la reducción significativa del mismo “de abajo hacia arriba”.

Para el PRM el temor al resultado municipal sería menor, porque la diferencia fue de sólo dos puntos entre su voto presidencial y el municipal, de 26.8 a 24.4. El PRSC casi multiplicó por tres el 5.6 por ciento presidencial al registrar 12.7 por ciento en el municipal, a lo que contribuyó que personificó la alianza con el PRM en la candidatura a alcalde del DN de David Collado, que superó a la alianza encabezada por el PLD. Para estos las elecciones separadas implican desventaja en términos de financiamiento de dos campañas frente a un PLD al que le sobren recursos por su hábito de usufructuar los recursos estatales.

Lucha por la supervivencia

Los condicionamientos para mantener la personería jurídica impuestos por la nueva Ley de Partidos (obtener alguna representación y el uno por ciento de los votos en algún nivel) ha creado un escenario más complejo para 15 de los 26 partidos que compitieron en las elecciones del 2016. Como se puede ver en el cuadro anexo, ninguno de estos alcanzó el uno por ciento y sólo dos más del medio por ciento  de la votación en el nivel presidencial, apenas uno pasó del 1 por ciento en el Congresual y sólo tres en el municipal.

Sea con alianzas o sin ella, esos 15 partidos minoritarios tienen que evadir el mismo escenario del 2016, cuando  al menos 11 de ellos hubiesen perdido la personería bajo los nuevos requerimientos. Las perspectivas apuntan una vez más a la bipolarización porque el cansancio del prolongado dominio peledeísta tiende a potenciar el voto útil por la alternativa que aparezca con mayores posibilidades, que hasta ahora sería por segunda vez el PRM, que se estrenó  encabezando una alianza que consiguió el 35 por ciento para su candidatura presidencial.

Desde dos semanas antes de los comicios del 2016 el PRM protagonizó algún nivel de concertación con otros 10 partidos de oposición, pero su apoyo a la Ley de Partidos rechazada por estos, los distanció y ahora resulta más difícil la consecución de acuerdos.

Partidos que promediaron menos del 1% en los

3 niveles de elecciones  en los comicios del 2016

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial              Congresual               Municipal

 

Total

 

Porciento %

De los aliados del PLD          
UDC 0.45 0.55 0.95 1.95 0.65
PCR 0.85 1.13 0.81 2.79 0.93
PTD 0.36 0.50 0.43 1.29 0.43
PPC 0.30 0.45 0.53 1.28 0.43
PAL 0.30 0.39 0.47 1.16 0.39
PASOVE 0.32 0.58 0.47 1.37 0.46
PDI 0.14 0.49 0.44 1.07 0.36
PLR 0.38 0.71 1.02 2.11 0.70
PDP 0.15 0.28 0.21 0.64 0.21
PNVC 0.10 0.24 0.12 0.46 0.15
PRI 0.13 0.24 0.14 0.51 0.17
De los aliados del PRM
DXC 0.64 0.89 1.02 2.55 0.85
Independientes
APD 0.35 0.45 0.28 1.06 0.35
FNP 0.35 0.87 0.46 1.68 0.56
PRSD 0.18 0.47 1.23 1.88 0.63

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  con el boletín final de la JCE  de  las elecciones  del 2016

 

 

La mitad de los partidos podría perecer por la nueva normativa

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La mitad de los partidos podría

perecer por la nueva normativa

Una veintena de los 27 partidos que participarían en las elecciones del 2020 corren riesgo de perder su personería jurídica, por la Ley de Partidos que endurece las exigencias para su subsistencia y les reduce el financiamiento estatal y por la institución del voto preferencial para regidores y vocales municipales  

Por Juan Bolívar Díaz

Con las normativas que establece la nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 33-18, doce de los 26 partidos que participaron en  las elecciones generales del 2016 hubiesen perdido su personería jurídica, con el agravante de que ahora las condiciones para recuperarla son mucho más gravosas y es menor el financiamiento estatal.

La mayor anticipación con que ahora hay que registrar las alianzas electorales se constituye también en un rompecabezas para esa forma tradicional de subsistencia de la mayoría de las agrupaciones políticas, las cuales tendrán que centrar su subsistencia principalmente en las adelantadas y separadas elecciones municipales, que serán en febrero próximo y en la búsqueda de candidaturas uninominales.

Verdadera ley del embudo

La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 33-18, promulgada en agosto pasado se ha constituido en una verdadera “ley del embudo” que hace más difícil la subsistencia de los partidos políticos minoritarios y alternativos, con el agravante de que también establece más condiciones para obtener o recuperar la personería jurídica.

Entretenidos como tuvieron durante más de un año por la discusión sobre el tipo de padrón para las elecciones primarias, aparentemente ni los partidos minoritarios cayeron en cuenta a tiempo de que la normativa que se configuraba se constituía en una “verdadera ley del embudo”, que ratificaba la distribución del  80 por ciento del subsidio estatal en partes iguales, sin ninguna escala, entre los que hayan obtenido más del 5 por ciento de los votos válidos de la última elección, sin especificar en cuál de sus niveles. Así el PLD, PRM, PRSC y PRD reciben cada uno lo mismo que el conjunto de los restantes 23 partidos reconocidos.

Pero el 20 por ciento a distribuir entre los que reciban menos del 5 por ciento de los votos, sí fue dividido en escalas, en el artículo 61 de la Ley 33-18. Entre los que hayan conseguido entre 1 y 5 por ciento se distribuye el 12 por ciento, que si se calcula sobre el nivel presidencial sólo beneficiaría a Al País, PHD, MODA y al BIS. Se adicionarían Frente Amplio, PUN y PQDC si la JCE decide aplicarlo en proporción de los tres niveles de votación. Y el 8 por ciento restante iría a los que hayan obtenido menos del 1 por ciento de los votos válidos, que serían 18 partidos, si es por el nivel presidencial, y 15 por el promedio.

A esta mayoría de los partidos se le reduce el subsidio en más de la mitad, ya que en la ley anterior se les distribuía entre todos por igual el 12 por ciento y sólo el 8 en función de la votación. La Ley 33-18 no contempla nada para los nuevos partidos, a diferencia de la anterior que los igualaba a los pequeños, lo que implica desigualdad para los emergentes, que esta vez ya agregaría a Opcion Democrática, con cinco solicitudes pendientes. La JCE aún no ha decidido cómo distribuirá a partir de este año el financiamiento estatal, pues hay quienes reclamarían que hasta que pasen las elecciones no se puede alterar la suma con que ya contaba la mayoría.   

Obligatorio 1% de los votos

Donde está el mayor desafío a los partidos minoritarios es en las condiciones para mantener su personería jurídica. En la Ley Electoral anterior 275-97, se establecía la condición de tener afiliados al menos el  2 por ciento de los votos de la última elección presidencial para solicitar reconocimiento, y la misma proporción para no perderlo. Pero el artículo 65 lo mantenía si el partido obtenía alguna representación en los niveles congresual o municipal.

La Ley Electoral 18-33 disminuye ambos porcentajes al 1 por ciento de los votos de la última elección, pero su artículo 75 consigna también la representación como condición para mantener el reconocimiento jurídico. Ahora se pierde por cualquiera de las dos condiciones, no obtener el 1% o no conseguir representación congresual o municipal. Las alianzas con los partidos grandes garantizaban conseguir al menos un regidor para mantener la personería, como ocurría generalmente. Otra diferencia, esta positiva para los minoritarios, es que en la ley anterior el porcentaje mínimo era del nivel presidencial, y ahora establece del “presidencial, congresual, municipal o de distrito municipal”. Ese o define.

En uno de los cuadros anexos se puede advertir que mientras el partido mayoritario (el PLD), obtenía 50.2% en el nivel presidencial, caía al 41.7 en el Congresual y al 35.7 en el municipal. El PRM también caía su votación propia del 26.8, presidencial, al 20.4 congresual, para repuntar al 24.4 en el municipal. El PRSC ascendía vigorosamente del 5.6 al 9.1 y 12.1 respectivamente. El PRD también subió, del 5.8 presidencial al 7.8 en los otros dos niveles. Todos los demás, excepto Al País, e inclusive los que fueron aliados a partidos mayoritarios, consiguieron más votación en los niveles congresual y municipal.

Apostar por los municipios

            Los resultados anteriores al 2016 marcan la misma pauta, por lo que la apuesta de los partidos minoritarios tiene que centrarse en la elección municipal, que esta vez antecederá en tres meses, en febrero, a la presidencial y congresual, fijadas para mayo del 2020. El mapeo por provincias y municipios permite establecer los lugares donde los partidos mayoritarios tienen menos dominio local, a menudo determinado por luchas internas insuperables, y ahí es donde los minoritarios tienen que apostar fuertemente, tanto para alcanzar el 1 % en algún nivel como para obtener representación congresual o municipal.

Los partidos minoritarios aliados al PLD han hecho consciencia de la situación y tienen actualizado el mapeo local y las luchas internas de los grandes, buscando colarse con una alianza que han denominado “Juntos Podemos”, que los comprometería sólo en los niveles congresual y municipal, porque están conscientes de que el apoyo al partido dominante en el presidencial, podría depender de quién sea su candidato. Unos prefieren a Danilo Medina y otros a Leonel Fernández, sin que falte alguno que pudiera irse con el PRM.

En Juntos Podemos hay varios que favorecen la candidatura presidencial de Fernández, como el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), la Fuerza Nacional Progresista (FNP), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC y el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), que tienen representación congresual y municipal.

Candidaturas uninominales

Los partidos minoritarios tienen otra dificultad para sobrevivir bajo el nuevo ordenamiento electoral, al entrar en vigencia el voto preferencial por regidores y vocales municipales, porque antes se les garantizaba representación, aunque fuera mínima, porque todas las candidaturas municipales eran indivisibles. Ahora los militantes de los partidos mayoritarios tenderán a votar por sus compañeros de partidos, dejando en desventaja a los aliados pequeños. Eso pasa hace años con el voto preferencial por los diputados.

Así las cosas, los partidos minoritarios que pacten con los grandes tendrían que hacerlo en base a cargos uninominales, como vicepresidente, senador, alcalde o director municipal, para tener mayores posibilidades de salvar su personería jurídica, consiguiendo representación, aunque sea en un pequeño municipio o distrito municipal. Pero también deberán agenciarse el 1% de los votos nacionales en alguno de los niveles. Una ventaja sería conseguir personificar la alianza en municipios o distritos donde lleven la candidatura a alcalde o director. En tal caso se le sumarían los votos de todos los electores que no marquen preferencia por regidores y vocales, y elevarían su “votación propia”. Debe recordarse que aún aliados a cada partido se le contarán los votos que se marquen en sus boletas para fines de la personería jurídica y el subsidio estatal.

Para eso y especialmente para determinar la fuerza de las candidaturas a senadores, será importante la reglamentación que haga la JCE de la nueva Ley del Régimen Electoral, que es contradictoria al efecto, porque mientras por un lado los artículos 104 y 267 parecen ratificar el tradicional arrastre, por otro los artículos 92 y 130 definen cuatro niveles indivisibles de votación: presidencial, senatorial, de diputados y municipal. Varios expertos sostienen que con tales artículos sería indispensable establecer la separación del voto por diputados y senadores.

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El calendario dificulta las alianzas

Hasta el calendario dificulta las alianzas en que tradicionalmente se han refugiado la mayoría de los partidos para mantener su reconocimiento legal. En la anterior Ley electoral las alianzas se podían registrar hasta 75 días antes de las elecciones. Pero el artículo 57 de la Ley 33-18 establece un límite del 20 por ciento de las candidaturas que los partidos pueden reservar para alianzas. Y que tendrán que ser notificadas a la JCE a más tardar 30 días antes del inicio de la precampaña electoral.

Como este año la precampaña inicia el 6 de julio, el límite para registrar alianzas será el 6 de junio, es decir 8 meses antes de las elecciones municipales y 11 meses antes de las presidenciales y congresuales. En la práctica eso significa que restan menos de tres meses para la negociación de alianzas, con cargos específicos. El límite del 20 por ciento dificulta las alianzas o coaliciones múltiples, teniendo en cuenta que los partidos mayoritarios también suelen reservar cargos para dirigentes partidarios y personalidades independientes a quienes no se les puede garantizar una candidatura mediante votación interna.

El panorama apunta a las incertidumbres, comenzando por los grandes desafíos de la elección primaria con diversos padrones, a la que se acogieron cinco partidos políticos, incluyendo tres de los mayoritarios, aunque uno, el PRD sólo para el candidato presidencial. Pero si algo luce posible es una drástica reducción de los partidos políticos, porque también será más difícil volver a conseguir la personería, ya que la ley 33-18 establece que tendrían que tener organismos operando en todos los municipios, y antes era sólo en los cabezas de provincias.-

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Partidos que promediaron  más del 1% en los 3 niveles

de elección en comicios del 2016

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial              Congresual               Municipal

 

Total

 

Porciento %

PLD y aliados          
PLD 50.22 41.79 35.76 127.77 42.59
PRD 5.86 7.83 7.84 21.53 7.18
MODA 1.18 2.12 1.69 4.99 1.66
BIS 1.00 2.11 2.26 5.37 1.79
PRM Y aliados
PRSC 5.62 9.16 12.17 26.95 8.98
PHD 1.30 1.29 0.98 3.57 1.19
PRM 26.82 20.43 24.48 71.73 23.91
F.A 0.60 1.06 2.07 3.73 1.24
Independientes  
PQDC 0.44 1.35 1.51 3.30 1.10
PUN 0.12 3.16 1.45 4.73 1.58
AL-PAIS 1.83 1.47 0.98 4.28 1.43

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  en base a los resultados finales

y el orden de la JCE de  las elecciones  del 2016

 

Partidos que promediaron menos del 1% en los 3 niveles

de elección  en los  comicios del 2016

   

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial  Congresual   Municipal

 

Total

 

Porciento %

De los aliados del PLD          
UDC 0.45 0.55 0.95 1.95 0.65
PCR 0.85 1.13 0.81 2.79 0.93
PTD 0.36 0.50 0.43 1.29 0.43
PPC 0.30 0.45 0.53 1.28 0.43
PAL 0.30 0.39 0.47 1.16 0.39
PASOVE 0.32 0.58 0.47 1.37 0.46
PDI 0.14 0.49 0.44 1.07 0.36
PLR 0.38 0.71 1.02 2.11 0.70
PDP 0.15 0.28 0.21 0.64 0.21
PNVC 0.10 0.24 0.12 0.46 0.15
PRI 0.13 0.24 0.14 0.51 0.17
De los aliados del PRM
DXC 0.64 0.89 1.02 2.55 0.85
Independientes
APD 0.35 0.45 0.28 1.06 0.35
FNP 0.35 0.87 0.46 1.68 0.56
PRSD 0.18 0.47 1.23 1.88 0.63

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  con el boletín final

y  el orden de la JCE  de  las elecciones  del 2016

 

 

 

 

 

 

 

La oposición no debería depender de que predomine Danilo o Leonel

09_03_2019 HOY_SABADO_090319_ El País11 A

Aunque la percepción general es que resulta muy difícil vencer los intentos reeleccionistas que siempre implican todo el poder del Estado, hay quienes creen que si el presidente Medina se impone sobre Leonel Fernández, habrá más posibilidades para la oposición   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En ámbitos de la oposición política ha surgido el debate sobre a cuál le convendría más que predominara en la lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que protagonizan en términos casi dramáticos el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.

La percepción generalizada indica que es más difícil enfrentarse a la reelección del presidente, que siempre implica el abuso total del Estado, que a un candidato alternativo, pero en lo que parece haber consenso es en que la oposición no debe depender de que se defina la pugna Danilo-Leonel y dejar que prosiga el enfrentamiento casi total entre ellos.

La necesaria concertación

            Los partidos de oposición, especialmente el Revolucionario Moderno (PRM), que aparece como la mayor alternativa en la percepción general y la encuestas, tienen como primer responsabilidad compactarse y superar las pequeñas guerrillas internas, cosa difícil estando por delante la definición de más de cuatro mil candidaturas, y tratar de concertar una gran coalición para enfrentar a un partido que ha gobernado cinco de los últimos seis períodos, con un dominio del Estado y de la sociedad casi de corte dictatorial.

Hay abundante consenso, y lo expresa la propuesta de Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, en que sólo una gran concertación política y social, que conecte con las mayores insatisfacciones y demandas de la población, podrá crear la sinergia imprescindible para vencer el inmovilismo y atraer a un alto porcentaje de la ciudadanía que tiene escasa credibilidad en los partidos políticos y percibe al peledeísmo como invencible. Ninguno de los partidos opositores por sí solo, y ni todos juntos, podrán superar los abusos del Estado sobradamente demostrados en los comicios del 2012 y 2016, sin comprometer a la sociedad organizada.

Tendrían que hacer oposición firme no sólo al gobierno de turno, sino al PLD como responsable de que en casi dos décadas no se haya podido resolver ninguno de los problemas básicos, que ellos pregonaban como superables en dos o tres años: educación, salud, electricidad, agua potable, alcantarillados, transporte, pobreza, narcotráfico, delincuencia e inseguridad, frontera y muy especialmente la corrupción y la impunidad.

Que siga la confrontación

            Sería errático que la oposición actuara en función de lo que perjudique o beneficie a Danilo o Leonel en la presente coyuntura, cuando ambos encarnan la misma corporación política, generadora de beneficios económicos y sociales sin precedentes, y por tanto muy consciente de la necesidad de mantener reglas que les permitan prolongarse infinitamente en el poder, o por lo menos hasta el bicentenario de la República, 2044, como plantea Fernández.

En el 2012, Leonel tuvo que guardarse los 2 millones de firmas que le entregaron en carretillas para que inventara una fórmula que violara su Constitución del 2010 y permitir que su rival corporativo Danilo Medina fuera el candidato. Como las encuestas daban ganador a Hipólito Mejía seis meses antes de la votación, el presidente Fernández anunció en Nueva York que invertiría 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo de su partido, y casi cuadruplicó la cifra, con un déficit fiscal superior a los 150 mil millones de pesos. Y Danilo fue presidente.

En el 2016, Leonel volvió a ceder para darle una segunda postulación al presidente Medina, ésta vez acordando una reforma constitucional que le prohíbe ser candidato de nuevo, pero la vendetta alcanza tal nivel que los danilistas sólo ven salvación cerrándole el paso a Leonel, quien por experiencia propia sabía lo que venía y desde el 2017 se lanzó a la calle para promoverse y hacer difícil la ruptura del pacto que hace cuatro años evitó la división.

Ahora el llamado a ceder será Danilo. Lo indican todas las encuestas, donde la oposición a otra reforma constitucional oscila entre 60 y 79 por ciento, 71 en la última Gallup-HOY. El análisis de la situación indica que si Danilo desconoce el pacto que impidió la división en el 2015, ésta vez será inevitable. Y están llegando al punto de no retorno, porque la confrontación se expande por el territorio, mientras Leonel moviliza miles de seguidores en cualquier acto, aunque sea la circulación de un libro, esta semana, o la desmesura de 32 libros en febrero.

Oposición a la reelección

Hay que dejar que ellos resuelvan o disuelvan. Las condiciones están dadas para lo segundo, pero es más previsible que predomine lo primero, ésta vez con un nuevo pacto para garantizar la integridad de la corporación política, impuesto de nuevo por quienes  prefieren mantenerse en el poder, más allá del interés inmediato de los dos máximos ejecutivos. Así como en el 2016 los vientos agitados por Leonel soplaban en favor de Danilo, ahora los agita Danilo, pero en dirección inversa, porque o cumple el pacto o se rompe la baraja.

Un planteamiento en discusión es que la oposición no debe embarcarse en una cruzada antireeleccionista, porque beneficiaría a Leonel en la confrontación de la corporación política. Ello implicaría abandonar una posición casi de principio, sobre lo nefasta que es la reelección para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. No le pueden dejar la anti reelección a un reeleccionista como Leonel, que reformó la Constitución para poder volver luego de tres períodos, y que intentó desconocer su propia carta magna en post de un cuarto.

Sería no sólo incoherencia, sino que generaría confusión al permitir que el expresidente ocupe el liderazgo de la oposición al continuismo de Danilo, cuando él tiene amplias posibilidades de predominar y luce que sería el continuista a ser enfrentado. Claro que muchos mantienen la teoría de que la presidencia lo puede todo, por lo que cantan el réquiem de Leonel, quien esta vez tendría que ser aplastado por completo, con todo el poder del Estado, lo que a las alturas de la confrontación, generaría una división y el mejor escenario para sustituir la corporación. Para evitarlo, podría predominar la advertencia del lúcido Felucho Jiménez: “la reelección está difícil, ninguno de los otros le gana a Leonel, pero éste no gana (la presidencia) sin el apoyo de Danilo; en consecuencia tenemos que entendernos o es pa¨fuera que vamos”. Cuál entre Danilo y Leonel

El mayor riesgo de que el Estado-Danilo aplaste a Leonel es la división, pero si se produce con tiempo, los incentivos económicos, los contratos, postulaciones y promesas podrían ayudar a recomponer el partido, aunque no sea en su totalidad. Ya el presidente dijo el 27 de febrero que está “dispuesto a pagar el precio que haga falta”, sin rendirse, para servir a la patria, “como nos obliga el llamado de la historia”.

El desguañangue institucional sería mayúsculo y probablemente sellaría un todos contra el predestinado, pero si éste usa el Estado para aplastar los de adentro, qué no hará a la hora de vencer a una oposición incoherente. Afianzaría la percepción fatalista de que “el presidente lo puede todo”, aunque no es cierto por las experiencias de Balaguer en 1978, los guzmancistas en 1982 e Hipólito Mejía en el 2004.

Si predomina Leonel, aún con un acuerdo político, la reunificación del PLD sería más difícil, y la irrupción del Estado en la campaña electoral menor, incluso podría haber boicot, a menos que sea bajo una previa reforma para volver a la Constitución del 2010, que restringiría a un solo período y alentaría la ilusión de los danilistas de volver en el 2024. Leonel sería un candidato también difícil de vencer, pero con la más alta tasa de rechazo en todas las encuestas, 22%, con 20 Hipólito, 15 de Danilo y 4% de Abinader, en la Gallup-HOY de octubre. El y sus principales ayudantes tendrían menos cosas positivas que exhibir después de tres periodos que Danilo con dos, aunque el hastío va ahora mismo contra este.

En cualquier caso, el poder del Estado en la campaña, la manipulación de los posesionarios de dos millones de tarjetas de subsidios, en gran proporción desvalidos, la abundancia infinita de recursos económicos, la posibilidad de crear decenas de miles de empleos temporeros, más de 30 mil en el 2016, el control de miles de comunicadores y la capacidad de comprar volverán a ser la diferencia. Sobre todo si se juega a la reelección.-

Danilo de tropiezo en tropiezo

El mayúsculo escándalo protagonizado por el Procurador General de la República en la evaluación de la jueza Miriam Germán y las evidencias de que se le espiaba y hasta se pidió y obtuvo la interceptación ilegal de su teléfono, embarraron al mismo presidente Medina, presente y sin reaccionar en su condición de titular también del Consejo Nacional de la Magistratura, y mostraron de nuevo que anda de tropiezo en tropiezo político.

Hasta en el propio gobierno hay alarma por las repercusiones del escándalo, agravado con explicaciones tan insostenibles como esa de que no sabían que el teléfono que se pedía intervenir era el de la presidenta de una Cámara Penal de la Suprema Corte. Es que cuando se marcha cuesta arriba las posibilidades de caídas y el cansancio son mayores. Buscan a toda costa asesorías para desviar la atención del sacudimiento generado por las graves violaciones al estatuto y la majestad del mayor órgano de la justicia, del derecho a la legítima defensa, y de groserías como la de la “villa de lujo” atribuida al mayor símbolo de la pulcritud judicial dominicana. Tal vez a eso obedece que el jueves abrieran juicio por el asesinato del abogado Juniol Ramírez hace un año y cinco meses. Pero la exclusión de responsabilidad en el crímen del director de la OMSA, como tantas veces se había anticipado, también genera indignación.

La situación generada, más la sorpresiva propuesta de cambiar el padrón abierto optado por el PLD para elegir sus candidatos por uno semi-abierto que excluiría a quienes estén inscritos en otros partidos, y distrae la atención abriendo un nuevo debate, parecen alejar las posibilidades de que Danilo Medina diga en este marzo, como prometió, si intentará burlar su propia Constitución. A menos que ya esté convencido de que los riesgos son muy altos