La Carta Pastoral y el apoyo de EU fortalecen el proceso democrático

A un mes de las elecciones municipales y  a cuatro de las presidenciales y congresuales, la Pastoral del Episcopado Dominicano y el apoyo político-financiero de EU respaldan los reclamos de la sociedad dominicana de elecciones libres, justas y transparentes

Por Juan Bolívar Díaz

El Obispo de de Santo Domingo Francisco Ozoria, ofrecio una misa en la catedral con motivo del día de los Santos Reyes,6 de enero 2020/foto cortecia del Episcopado Dominicano

Todos los interesados en la institucionalidad democrática y la estabilidad política y económica de la nación deberían acoger la propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) de un pacto nacional sobre las propuestas prioritarias de la sociedad con “el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia”.

La pastoral católica y el apoyo de Estados Unidos a la auditoría previa a los equipos y programas a utilizarse en las próximas elecciones, constituyen un claro compromiso de esos poderes con los reclamos de múltiples sectores de un proceso electoral justo, equitativo y libre de marrullerías e injerencias antidemocráticas.

Una contundente advertencia

La carta pastoral de los obispos católicos, comienza con una advertencia contundente sobre los grandes movimientos contestatarios en Latinoamérica y una proclama sobre la necesidad de hacer prevalecer los principios fundamentales que deben normar la política y la convivencia, lo que a lo largo del documento se sustentan firme y reiteradas veces.

El primer párrafo explica la preocupación del Episcopado por los próximos comicios  nacionales, comenzando por los municipales de febrero, “para obtener garantía de éxitos en los segundos”. Y en el siguiente se considera oportuno “retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal”. Entonces recuerdan que aquel “emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico”, impuesto por la tiranía de Trujillo. Señala que aunque vivimos en una época distinta gracias al sacrificio de muchos dominicanos, “aún restan muchos obstáculos por superar”.

El tercer párrafo contiene una clara advertencia cuando dice: Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos.”

Refieren mensajes anteriores que exhortan a vivir en valores, tomando como referencia los propuestos por el preámbulo de la Constitución Dominicana, y luego se plantea   la urgencia de “un comportamiento ético en nuestra sociedad”, invitando a reflexionar acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes desafíos.

Un ejercicio democrático

El punto 11 de la carta reclama a todo gobernante “sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación”. El 15 advierte que “Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias”.

Más adelante plantea que “El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y mantenerse en el poder”. Reclama “a quienes pretenden dirigir los destinos del país reconocer la dignidad de toda persona humana, como sujeto de derechos, que nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden público”.

El punto 17 indica que, como máximo responsable de la organización de los comicios, “la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos”, y que “No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome acción”. Llama a cooperar para que desempeñen con profesionalidad y decoro sus delicadas funciones, de singular trascendencia en el inacabado proceso de preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.

Agenda política episcopal

El documento contiene exhortaciones a los candidatos, a los medios de comunicación, a los actores políticos y a los electores, y aboga por los derechos de la juventud, de las mujeres, expresando preocupación por la violencia “que sacude a nuestra sociedad”, a la corrupción “cáncer que arrastra la RD”, y claman por que se promuevan las condiciones para establecer un Poder Judicial imparcial, sujeto al imperio de la ley, capaz de administrar justicia y dirimir los conflictos sin inclinar la balanza hacia ningún lado”.

Los obispos han pedido a los candidatos agenda de acciones concretas “para enfrentar los graves problemas del país”, sin que falten “temas como la corrupción administrativa y los caminos para combatirla; la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer; la violencia ciudadana generalizada”. Y luego se extienden al cambio climático, políticas energéticas, respeto al orden jurídico y constitucional y a las políticas sociales y combate a la pobreza, relevando la educación.

Proponen “un pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la nación. Dicho pacto debe incluir el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia que garanticen los derechos de todos y una especial dedicación a los sectores menos pudientes de la sociedad”. En la exhortación final los obispos vuelven a recordar la pastoral de 1960, ahora “dentro de un  contexto social y político diferente, pero con un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la necesidad de unas elecciones libres”.

Contexto de la pastoral

La pastoral episcopal llega en un contexto político donde se advierten serios conflictos por el poder, ya que el presidente Danilo Medina, sin ser candidato, proclamó en discurso público el 21 de julio que “yo voy a ganar las elecciones”, tras unas primarias donde irrumpió el gobierno se generaron graves conflictos. En una reunión el lunes con los candidatos de su partido, el mandatario proclamó que a cada uno le dará asistencia financiera.

La generalidad de los partidos opositores, que conforman dos de tres  polos electorales configurados, con el partido oficial, han formulado severas advertencias de que no permitirán la irrupción del gobierno en el proceso electoral, con los abusos fiscales y la desigualdad que caracterizaron los comicios anteriores. Ya esta semana trascendió que en el Ministerio de Educación han designado 8 mil empleados temporeros, que no son otra cosa que activistas electorales. En el 2016 Participación Ciudadana certificó que hubo 33 mil en ese y otros ministerios y organismos estatales.

La preocupación se han expandido por los medios de comunicación y las entidades sociales, que en diciembre lanzaron un “Manifiesto por la Transparencia Electoral”, abogando por elecciones libres y equitativas en consonancia con los principios constitucionales y las leyes electorales y de la Función Pública. Llamó la atención que entre los firmantes aparecen dos de los obispos y los rectores de las dos universidades católicas,  un obispo emérito episcopal, y dirigentes de la Confederación de Unidad Evangélica, junto a destacados empresarios, comunicadores y dirigentes de decenas de entidades sociales.

El pacto propuesto fue aceptado de inmediato por los candidatos Luis Abinader y Gonzalo Castillo, del principal partido opositor y del gobernante, mientras el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, uno de los propulsores del Manifiesto por la Transparencia Electoral, dijo que trabajan en el protocolo para el acuerdo. Han sostenido dos reuniones con la JCE y otra con el Tribunal Superior Electoral.         

Apoyo financiero y político de EU     

La semana concluyó con el anuncio de que Estados Unidos va a financiar la auditoría previa de los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo, que ha sido una condición reclamada por los partidos de oposición. Se hará bajo responsabilidad del Instituto Federal para Sistemas Electorales (IFES) de los Estados Unidos, que ya en 1994 fue clave en la documentación de las irregularidades que viciaron las elecciones y generaron una grave crisis política.

Pero el anuncio del respaldo, formulado por la embajada de Estados Unidos en el país no se queda lo técnico-financiero, y expresa que “apoya la realización de elecciones libres, justas y transparentes en la República Dominicana y en todo el mundo”. Porque una RD “democrática, próspera y segura es del interés de ambos países”.

Con tales planteamientos EU sintoniza plenamente con los reclamos políticos y sociales, y constituyen reiteración de otros formulados por la embajadora Robin Bernstein y por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien el 11 de julio pasado llamó por teléfono al presidente Medina para recordarle su compromiso con la legitimidad democrática y las elecciones libres, y el respeto a la Constitución, lo que contribuyó a frenar el proyecto de reforma constitucional que pretendía su prolongación para un tercer período de gobierno.

En sectores políticos y sociales se celebra el nuevo apoyo norteamericano a las elecciones libres, justas y transparentes que se reclama, y se espera que el presidente de la nación vuelva a interpretarlo en toda su significación.-

Fuertes desafíos políticos y económicos en 2020, por elecciones y nuevo gobierno

Las elecciones generales de febrero y mayo ponen a prueba de nuevo la institucionalidad democrática, y la estabilidad política y hasta económica de la nación, lo que se extenderá todo el año por el inicio de un nuevo gobierno en agosto próximo 

Por Juan Bolívar Díaz

Las debilidades institucionales determinan, una vez  más, que las elecciones generales se constituyan en una nueva prueba para la estabilidad política y económica de la República Dominicana, obligando a los segmentos más influyentes de la sociedad civil a actuar como moderadores para evitar un desmadre del proceso.

Las perspectivas apuntan hacia un cambio del partido que ha gobernado el país en los últimos cuatro periodos y en 20 de 24 años, lo que implicaría importantes reformas políticas y económicas para apuntalar la institucionalidad democrática y garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo nacional, extendiéndose por todo el nuevo año 2020.

¿Elecciones democráticas?

La República afronta el reto de unas elecciones municipales dentro de sólo 5 semana, y una presidenciales y congresuales tres meses después, como siempre con las interrogantes de si quienes detentan el dominio de casi todo el Estado y gran parte de las entidades sociales, permitirán la competencia democrática, bajo los principios de “libertad, transparencia, equidad y objetividad” que instituyen los artículos 211y 212 de su Constitución.

Eso no debería estar en discusión, pero la irrupción del gobierno con todos los recursos del Estado en las elecciones, incrementada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mantiene incertidumbres sobre la limpieza electoral, y si alcanzó niveles sin precedente en el 2016, cuando las encuestas adelantaban una cómoda victoria de la reelección del presidente Danilo Medina, hay razones para temer peor abuso del Estado, tras la división de su partido y ahora con resultados muy desfavorables en las  investigaciones.

Si involucraron a casi todos los altos funcionarios en la elección del candidato presidencial del PLD, para favorecer al delfín del presidente Medina, con casi monopolio de la publicidad, pocos dudan que será peor cuando se trate de mantener el control del Estado. Hace 4 años 39 ministros y altos funcionarios salieron al territorio a dirigir la campaña electoral peledeísta, y designaron 33 mil empleados temporeros. En ministerios como Educación y Obras Públicas multiplicaron hasta 13 veces el gasto en viáticos, ayudas y donaciones, aparte de decenas de miles de dirigentes y militantes empleados fijos del Estado y miles colocados por legisladores, gobernadores, dirigentes municipales y locales.  

La inequidad en la propaganda política marcó hasta un 80 por ciento en favor de las candidaturas peledeístas, mientras el gobierno duplicó su gasto publicitario y, con el control total de los órganos electorales, ignoró todo reclamo de los partidos opositores, así como las denuncias periodísticas y de la observación electoral de Participación Ciudadana.             

Reto del equilibrio fiscal

 Entre los retos que trascienden el mero interés electoral se cuenta el evitar el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral, lo que en el 2012 alcanzó la desmesura de más de 150 mil millones de pesos, como déficit fiscal del gobierno central, que junto al del Banco Central y otras entidades autónomas se llegó a estimar en 200 mil millones de pesos, un 8 por ciento entonces del PBI.

La “inversión política” del 2012 fue varias veces mayor que los 40 mil millones de pesos que el presidente Leonel Fernández anunció, en Nueva York, en noviembre del 2011, que gastaría para garantizar el triunfo de Danilo Medina, cuando las encuestas lo situaban hasta 16 puntos por debajo de Hipólito Mejía, entonces candidato presidencial por el PRD. Logró superarlo 51 a 47 por ciento.

Hace cuatro años, en el 2016, el desbordamiento fue menor, 34 mil millones de pesos de déficit entre enero y abril, cuando las encuestas indicaban hasta el 61 por ciento de preferencias por la reelección de Medina, con que fue reelecto, frente a 35 por ciento de Luis Abinader, por el recién constituido Partido Revolucionario Moderno.   

Esta vez los temores por el desbordamiento fiscal en la campaña electoral son mayores por los signos de preocupación derivados del conflictivo escenario internacional, incluyendo una reducción del crecimiento económico, drástica en América Latina, que fue significativa también en el país en el último año, de 7 al 5 por ciento del PIB, con una fuerte caída del turismo, que llegó a perder hasta 60 por ciento de las reservas para la actual temporada y el próximo año, aunque recuperó la mitad en el último trimestre. Este año trae  mayores dificultades a sectores productivos por nuevas desgravaciones que impone el TLC con Estados Unidos.      

La responsabilidad social

 Al no estar en juego la reelección presidencial, los temores por el desbordamiento  fiscal deberían ser menores, pero el peledeísmo  hace tiempo convirtió en “principio político” que el poder no se cede y hay que utilizarlo en la dimensión que sea posible en aras del partido. En el 2012 no estaba en juego una reelección del presidente y no se había producido la división del año pasado.

Los temores por la calidad democrática del actual proceso electoral han pasado de los partidos políticos a importantes segmentos sociales, incluyendo empresariales, sobre todo porque tras la división del PLD en octubre pasado, el presidente Medina proclamó en un discurso que con lo que quedaba de su partido “yo voy a ganar las elecciones”. De ahí el Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral” emitido al comenzar diciembre y que ha nucleado al Foro Ciudadano y decenas de organizaciones sociales, religiosas, académicas, gremiales y a connotados líderes empresariales, comunicadores e intelectuales.

El esfuerzo ha incluido a dos obispos y los rectores de las dos universidades católicas que operan en Santo Domingo, así como a dirigentes del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, y de instituciones como el Centro Social Juan XXIII y Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana y otras. Ya han visitado la Junta Central Electoral, expresando su preocupación por “las prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.

La presión ciudadana por el ejercicio de la real democracia encuentra mejores perspectivas esta vez por nuevos mandatos legales que procuran la equidad y transparencia, por órganos electorales más independientes, y por las convicciones generalizadas de que la repetición de las iniquidades e inequidades del 2016, esta vez conllevarían mayores riesgos de desestabilidad por el hastío generado por un prolongado dominio político. Hace 4 años los partidos de oposición rechazaron reconocer la legitimidad del proceso electoral.

Alternabilidad democrática

 Al comenzar el año las percepciones generalizadas indican la posibilidad de una alternabilidad de partido gobernante, lo que en una democracia, aún de mediana intensidad, no debería causar incertidumbres, cuando históricamente está demostrado aquí y en todo el mundo que la prolongación de los gobernantes corroe la institucionalidad democrática..

 Aquí y ahora son pocos los que discuten que la ciudadanía está mostrando evidencias de fatiga y hastío frente al dominio peledeísta, y que su prolongación luce remota tras la división del PLD que originó un tercer polo electoral encabezado por su ex-presidente y líder Leonel Fernández, y se reconoce el auge del principal partido de oposición y su candidato presidencial Luis Abinader.

Con cinismo político o vergüenza ajena, lo que muchos discuten es si el presidente Danilo Medina permitirá su desplazamiento del poder. Sobreestiman el presidencialismo, como lo hicieron durante más de dos años cuando el actual mandatario, con todo el poder del Estado, se empeñó en buscarse una nueva reforma constitucional para prolongarse. Tras ese fracaso parecería más difícil lograrlo a través de un delfín que no acaba de mostrar mayores méritos políticos que representar la confianza y continuidad de Medina.

A veteranos observadores, el proceso de desgaste del gobierno y las circunstancias nacionales e internacionales que le desfavorecen, les recuerdan el proceso de 1978 cuando se decía que no había forma de vencer el dominio político, económico y militar-policial que ejercía el presidente Balaguer. Resultó traumático pero se alcanzó, y con un candidato como Antonio Guzmán que carecía de habilidades discursivas y expresiones programáticas, aunque suplidas por el entonces líder del PRD José Francisco Peña Gómez. Guzmán como Abinader era un empresario, centrista y con grandes habilidades para la negociación política.

Una pesada herencia financiera

El gobierno que resulte de las elecciones de mayo recibirá una pesada herencia fiscal, y estará obligado a producir de inmediato importantes cambios de políticas para mejorar substancialmente el gasto público, reduciendo el clientelismo, la malversación, la corrupción y el dispendio, a fin de legitimarse para el pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que el presidente Medina ha evadido apoyándose en un galopante endeudamiento que duplicó la deuda consolidada del Estado.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, al igual que los centros de investigación económica nacional, han coincidido en la necesidad de poner límites a más de una década de déficits fiscales consecutivos, para garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación. Quien llegue a gobernar en agosto y pretenda desconocerlo, se arriesga a que la bomba le explote en las manos.

Según últimos informes del FMI la deuda consolidada del Estado compromete ya el 54.6% del PIB, pero el economista dominicano Apolinar Veloz, con experiencia de fiscalizador del mismo organismo, la lleva hasta el 60%, al sumar compromisos no registrados por el Ministerio de Hacienda, que la mantiene en 46 mil millones de dólares y por debajo del 50% del PIB.

El presupuesto del 2020 conlleva un déficit por $96 mil millones. El pago de intereses implica casi la cuarta parte de los ingresos fiscales. Por amortización de capital e intereses de la deuda externa habrá que pagar este año US$ 2 mil 508 millones, equivalentes a $130 mil 416 millones. y de deuda interna otros $136 mil 566 millones, para totalizar $266 mil 982 millones, el 36% de los ingresos ordinarios estimados en 750 mil 800 millones de pesos.-

2019: total predominio de la política, freno al continuismo y división del PLD

Gran parte de las energías nacionales estuvieron concentradas en la actividad política, con incertidumbres, debilitamiento de la institucionalidad democrática y emergencia del PRM, pero se mantuvo el crecimiento económico,  aunque con más endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz

El fracaso del proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina, que detonó la división del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la emergencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como principal alternativa de poder, fueron los acontecimientos políticos más trascendentes del año que concluye.

En un año de muchas incertidumbres políticas e institucionales, el crecimiento económico sufrió una desaceleración, especialmente en el turismo, con incremento de déficits y del endeudamiento para financiar déficits mientras los escándalos de corrupción seguían exponiendo la persistencia de la impunidad y ausencia de controles.

El dominio de la política

La aprobación de una nueva orgánica Ley del Régimen Electoral, promulgada a mitad de febrero, marcó el inicio de un año en que la política iba a predominar absolutamente en la atención pública nacional. Su implementación, junto a la Ley de Partidos promulgada en agosto anterior, consumiría las energías de la Junta Central Electoral (JCE) con repercusiones en los tribunales Constitucional y Superior Electoral con dictámenes de inconstitucionalidad sobre seis de sus predicamentos, relevantemente la eliminación del arrastre de los senadores por el voto a los diputados y el derecho a ciudadano a ser postulado a cargos electivos sin tener que ser miembro de un partido.

La celebración por primera vez de elecciones primarias para escoger candidatos, organizadas por la JCE, ocupó la atención pública hasta más allá de su materialización el 6 de octubre, dejando una estela de derivados que han seguido repercutiendo sobre el quehacer político en los últimos dos meses del año.

 Las expectativas de que las reformas electorales, que incluyen la celebración de las elecciones municipales, separadas de las presidenciales y congresuales en el mismo año, redundarían en reducción del activismo político y su costo, rodaron por el suelo cuando los  partidos excedieron las normativas, sin poder encontrar el mínimo valladar, y ni siquiera se ha implementado la dispuesta Procuraduría Especial para perseguir los delitos electorales.

Fuerte división del PLD

El debut de las elecciones primarias arrojó un resultado negativo fundamental, al detonar una fuerte división del PLD, tras varios años de confrontaciones internas que envolvieron a los dos líderes que han presidido la nación en cinco de los últimos seis períodos gubernamentales. La irrupción del gobierno, hasta el grado de haber designado a una treintena de ministros y altos funcionarios como jefes de la campaña interna del delfín del presidente Danilo Medina, su ministro de Obras Pública Gonzalo Castillo, extremó la confrontación. La abierta compra de votos y la desmesura del gasto del candidato auspiciado por el gobierno, más un estrecho resultado electoral, abonaron la división.

El resultado de las encuestas conocidas tras la división del PLD, indica que la facción peledeísta del presidente Medina sobreestimó su fuerza y subestimó la capacidad y decisión  del presidente Leonel Fernández, quien protagoniza un fraccionamiento tan importante que lo deja cercano al candidato oficialista tras obtener una votación primaria de mínima diferencia.

El efecto inmediato es que el PLD perdió su larga hegemonía y se produjo una recomposición del escenario político con tripartidismo y con el principal partido opositor, el PRM, pasando a encabezar las preferencias para las elecciones del próximo año, con su  candidato presidencial Luis Abinader registrando amplia ventaja sobre el candidato oficialista y el expresidente Leonel Fernández, quien ha logrado ser postulado por 6 partidos.

Frenado el continuismo

Si algo hay que acreditar como positivo en el ámbito político durante el 2009, fue el fracaso de los mayúsculos esfuerzos desatados por Danilo Medina y sus seguidores, para comprar los votos para una segunda reforma constitucional reeleccionista consecutiva. La resistencia, todavía desde dentro del partido gobernante, de la facción de Leonel Fernández, del principal partido opositor y amplios sectores sociales, decretaron el fracaso del proyecto continuista.

Los desaforados esfuerzos por la repostulación de Medina, generaron gran crispación e incertidumbres, suficientes para que el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamara personalmente al presidente Medina y le recordara el debido respeto a la Constitución, lo que contribuyó al frenazo y demostró que, aunque el presidencialismo dominicano sigue siendo  demasiado fuerte, no siempre es todo poderoso ni invencible.

La resignación de Medina, el 22 de julio, fue seguida por otro fracaso, al no poder viabilizar un proyecto, que partió de la dirección de lo que queda del otra dominante Partido Reformista Social Cristiano, que buscaba la reforma constitucional para rehabilitar las posibilidades de Medina de  volver a postularse a la presidencia, después del 2020.

De cualquier forma, Danilo Medina mostró una gran capacidad de maniobra y a  aferrado al poder, logró imponer decidió impulsar a uno de los suyos en la candidatura presidencial del PLD, llegando luego a proclamar que con lo que queda del partido, “Yo voy a ganar las elecciones del 2020”, despertando temores por la institucionalidad democrática.    

   Persistió el crecimiento económico

Aunque el año arrancó con lentitud, las medidas monetarias y la colocación de bonos lograron reactivar la economía para al final conseguir un crecimiento que podría llegar al 5% del PIB, aunque menor en 2 puntos al 7% del 2018 y en desaceleración. El mayor mérito del gobierno del presidente Medina siguió siendo el mantener una de las más altas tasas de crecimiento de la región, con estabilidad de precios y baja devaluación, aunque este año el Banco Central tuvo que hacer esfuerzos para moderarla.

Como ha ocurrido en los últimos once años consecutivos, el déficit fiscal, que terminará cercano a los 150 mil millones de pesos, ha tenido que ser financiado con fuerte endeudamiento, el cual ya ronda por el 53% del PIB y sobre 50 mil millones de dólares, sumando la deuda de todos los organismos del Estado, incluyendo la flotante como la contraída con contratistas, suplidores, generadores eléctricos y por fideicomisos. Sólo el pago de los intereses se lleva casi la cuarta parte de los ingresos fiscales.    

El mayor revés económico lo sufrió el turismo, que por primera vez en cuatro décadas  podría concluir este año en reducción, tras una cadena de muertes de turistas, el atentado que casi mata al astro beisbolero David Ortiz, y la militarización del Congreso Nacional cuando se pretendió imponer la reforma constitucional continuista.

Con un déficit externo de alrededor del 1.5% del PIB, y reducción del ingreso fiscal presupuestado en unos 18 mil millones de pesos, la estabilidad económica y cambiaria  y la mejoraría del ingreso familiar siguieron siendo impulsados en gran proporción por las remesas de los dominicanos que trabajan en el exterior, que este año crecen alrededor del 9% para sobrepasar los 7 mil millones de dólares, unos 365 mil millones  de pesos, lo que equivale a más de la mitad de las recaudaciones fiscales.

Mal en salud y educación

Relegando los ayuntamientos y la salubridad el gobierno no pudo terminar todavía este año la tercera parte de los 56 hospitales cuya remodelación comenzó hace 7 años,  lo que a juicio de la Alianza por el Derecho a la Salud ha ocasionado el colapso de los servicios. La incidencia del dengue estableció un récord de 18 mil casos, con 47 muertes oficiales, aunque el Colegio Médico estima 30 mil con un centenar de decesos. En el 2018 sólo se reportaron 1,558 afectados. La malaria se duplicó de 480 a 822, hasta fines de noviembre.

Al llegar diciembre el gobierno recibió un golpe con el informe de las pruebas PISA que dejaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, en matemáticas, ciencias y comprensión de lectura entre 70 países, evidenciando gran retraso en la calidad de la educación, tras 7 años de la inversión en el sector del 4% del PIB.

Los informes internacionales, como los del Foro Económico Mundial, el Barómetro de las Américas, Transparencia Internacional y Oxfam siguieron arrojando precarios resultados en manejo de los fondos públicos y credibilidad de las instituciones.  

Corrupción e impunidad

La impunidad siguió prevaleciendo aún en grandes casos, como las revelaciones de 28 seudónimos de personas que recibieron 55 millones de dólares como sobornos de Odebrecht para las contrataciones de las plantas de carbón de Punta Catalina y otras obras del actual gobierno. La Procuraduría General ni siquiera se ha dignado responder la denuncia internacional y menos exigir la documentación a la constructora brasileña..

Sin investigación queda también la denuncia de que antes de salir en agosto del ministerio de Obras Públicas para buscar la candidatura presidencial Gonzalo Castillo entregó contratos por 11 mil 500 millones de pesos para compras de asfalto, cuando sólo tenía asignados para ese renglón 2 mil 500 millones, y desconociendo las licitaciones que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Tal como apuntó el balance anual de Participación Ciudadana, la justicia siguió débil y con pocos resultados, y la Cámara de Cuentas no mostró vigor ni independencia para fiscalizar el gasto gubernamental. Mientras los procesados por el mayúsculo escándalo de los sobornos de Odebrecht se redujeron a 6,  de 14 que habían imputado, para un juicio que se estima burlesco.  

Las autoridades nacionales quedaron mal taradas también con el escape del narcotraficante César Emilio Peralta, capturado después en Colombia, tras operar durante años una red criminal que exportó toneladas de drogas a Estados Unidos. Fue el mayor escándalo del año, y autoridades norteamericanas no dudaron en sostner que tuvo amparo en la corrupción y la impunidad prevalecientes en el país. –

La sociedad civil decide impulsar un proceso electoral transparente

la lucha contra la corrupción realizo una marcha por la Zona Colonial comenzado de la Plaza España donde agrupo cientos de gentes de diferente clases sociales la marcha termino en la Puerta del Conde. Santo Domingo Republica Dominicana. 29 de Septiembre de 2007.
Foto Pedro Sosa.

Uno de los acontecimientos más positivos tras el inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales de febrero ha sido el surgimiento de una concertación de organizaciones y personalidades de los ámbitos religiosos, académicos y sociales para  promover un proceso electoral transparente que fortalezca la institucionalidad democrática,

En una reunión con partidos políticos, los propulsores comenzaron el miércoles a presentar los lineamientos de su “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, y ya tienen cita para entregarlo la próxima semana a la Junta Central Electoral (JCE), mientras tratan de incorporar las organizaciones empresariales.

Una iniciativa ciudadana

El Manifiesto es una iniciativa de la Mesa de Justicia y Transparencia del Foro Ciudadano, constituido por cientos de organizaciones y redes sociales, ahora bajo coordinación del Centro Juan XXIII, que es un agrupamiento de intelectuales, académicos y profesionales católicos. Fue dado a conocer en rueda de prensa el 4 de diciembre en el local de esta entidad, que en la parroquia Santísima Trinidad.

El primer encuentro del núcleo tuvo efecto el pasado miércoles 11 con dirigentes de partidos políticos en un salón de la Universidad Católica Madre y Maestra, cuyo rector, reverendo Alfredo de la Cruz Balderas, es parte de los promotores, al igual que el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, monseñor Jesús Castro, quien además es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Aunque fueron invitados formalmente todos los partidos, no asistieron los del bloque que encabezan el Partido de la liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, que postulan a Gonzalo Castillo para la presidencia. Si estuvieron representados los principales de la oposición, los del bloque  que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, postulando a Luis Abinader, y el bloque que lidera el nuevo partido La Fuerza del Pueblo y el Reformista Social Cristiano, que impulsan la candidatura presidencial de Leonel Fernández. También la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Se informó que predominó un pleno respaldo a la iniciativa.

Una Comisión de Seguimiento ya tiene cita para entregar el Manifiesto el miércoles a la JCE, y con la meta de hacer lo mismo con el Tribunal Superior Electoral y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Esperan lograr la firma de un compromiso  entre los partidos para alcanzar un proceso electoral transparente y competitivo en enero, antes de las elecciones municipales del 16 de febrero.           

Objetivos del Manifiesto

El Manifiesto Ciudadano comienza planteando que “La democracia es la obra de todos. El derecho ciudadano a elegir y alternar sus autoridades a través del voto libre, personal, directo y secreto en un estado de derecho es el principal mecanismo de legitimación popular de los gobernantes”. Plantean que, no obstante, los procesos electorales dominicanos se caracterizan por “prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.

Es por eso que han decidido “convocar a todas y todos los dominicanos sin excepción, a no escatimar esfuerzos y sacrificios para rescatar la credibilidad de las elecciones nacionales previstas en el año 2020 y así salvaguardar nuestra democracia y la indispensable legitimización de sus instituciones y representantes”. Dicen estar conscientes de que la manipulación de las elecciones “facilita esa misma corrupción que impunemente roba y malversa el erario y el patrimonio público”.

La convocatoria señala las responsabilidades que corresponden a la JCE, el TSE, al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio Público, a los partidos y movimientos políticos, a los medios y redes de comunicación, así como a la sociedad civil. A la JCE le pide hacer cumplir los planteamientos constitucionales y legales para la transparencia y equidad de los procesos electorales, con una serie de disposiciones específicas.

Al Poder Ejecutivo se le llama a no comprometer las finanzas públicas en beneficio de candidaturas, que los funcionarios se abstengan a la Ley de Función Pública, y que pongan en funcionamiento la Procuraduría para perseguir los delitos electorales. A los partidos “comprometerse públicamente con la transparencia y la equidad el proceso electoral venidero, por medio de la firma y respeto de un acuerdo” a ser consensuado.        

Principales propulsores

Además de, Foro Ciudadano y los rectores de las dos universidades católicas capitalinas, entre los propulsores aparece también el Obispo de Baní-San Cristóbal, Víctor Masalles, el obispo emérito episcopal Julio César Holguín, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Metropolitano de Mujeres, Participación Ciudadana, el Centro Montalvo, Centro de Investigación y Promoción Social, Consejo de Desarrollo Cívico Social, Ciudad Alternativa, Santiago Somos Todos y las fundaciones Masada, Solidaridad, Testimonio y Trópico. Así mismo entidades de bases como Acción Comunitaria para el Progreso, Articulación Nacional Campesina, Cooperativa de  Producción Social del Habita y la Vivienda, Comité para Defensa de los Derechos Barriales, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales.

Un vocero del movimiento indicó que sua Comisión de Seguimiento está constituida por  el rector Alfredo de la Cruz Baldera, el reverendo Fidel Lorenzo, el empresario Franklin Báez Brugal, los académicos Rafael Toribio,  Fernando Ferrán y Fernando Peña, Jaime González, del Centro Juan XXIII, los comunicadores María Asela Alvarez y Huchi Lora, Mario Fernández, de Santiago Somos Todos,  la sindicalista Eulogia Familia y Ricardo González, del Foro Ciudadano.  

Entre las tareas inmediatas de los comisionados está la ampliación de las instituciones sociales en el movimiento, incluyendo las organizaciones empresariales, algunas de las cuales también expresan preocupación porque el proceso electoral en marcha no devenga en confrontaciones y pérdida de legitimidad que pongan en peligro no solo la institucionalidad democrática, sino también la estabilidad económica y social.

Volver a la concertación

A los propulsores del Manifiesto Ciudadano les mueve el objetivo de fortalecer la credibilidad de los partidos y la ciudadanía en los órganos rectores del proceso electoral, en especial la JCE, partiendo de que la misma necesita un fuerte apoyo para organizar un proceso electoral como dispone la Constitución y las leyes del Régimen Electoral y de Partidos Políticos.

 Partieron de los conflictos en que devino el proceso de la elección primaria hasta el punto de haber provocado la división del partido gobernante y dejando incertidumbres sobre el voto automatizado y la credibilidad en los resultados electorales. Sólo el mercado de compra y venta de votos que operó públicamente en las primarias, ha sido señalado como suficiente para motivar la presencia activa de la sociedad civil en el seguimiento al proceso electoral de febrero y mayo, más allá del trabajo de observación electoral que hace 25 años realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana.

Estarían procurando levantar una participación como el proyecto de Iniciativas Democráticas que movilizaron a la sociedad civil por la limpieza de las elecciones de 1996, 2000 y hasta el 2004, y que apoyaron firmemente a la JCE y contribuyeron al mejoramiento de esos procesos después del traumático fraude electoral de 1994 que llevó al Pacto por la Democracia, reduciendo a dos años el período gubernamental.

“Pacto por una campaña decente”  

 Aunque el Partido de la Liberación Dominicana no asistió a la convocatoria del “Manifiesto Ciudadano” el miércoles en la PUCMM, al día siguiente el coordinador de su Comisión de Estrategia de Campaña Electoral”, Francisco Javier, emplazó al PRM y su candidato Luis Abinader “a que diga que él está dispuesto a firmar un pacto por una campaña decente. Eso tras denunciar que en enero se pondría en práctica una “campaña negativa” contra su candidato Gonzalo Castillo.

La demanda peledeista podría canalizarse en el marco de la iniciativa ciudadana, donde podrían precisarse los términos de campaña negativa y de campaña sucia, porque negativo puede ser todo lo que denuncie hasta errores, limitaciones y actitudes de un partido o candidato. Campaña sucia es la que se fundamenta en mentiras, inventos o manipulaciones o distorsiones.

Abinader y los también candidatos presidenciales Leonel Fernández y Guillermo Moreno, así como dirigentes opositores han dicho que no están dispuestos a permitir inequidades y abusos del poder del Estado, como los denunciados en las últimas elecciones generales, cuando incluso la oposición no reconoció la legitimidad de la reelección del presidente Danilo medina, y en las primarias de octubre pasado.-

El Abusador y las pruebas PISA dos heridas en el alma nacional

El caso del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, El Abusador, protegido durante años por autoridades nacionales, y el resultado de las pruebas PISA vuelven a evidenciar la urgencia de restaurar la credibilidad en las instituciones y la eficiencia

Por Juan Bolívar Díaz

La captura esta semana en Colombia del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador, tras haber escapado del país, pone sobre el tapete el alto grado de complicidad de las autoridades nacionales con esa actividad criminal y el nivel de la corrupción que socaba las instituciones.

Otro acontecimiento abrumador de la semana ha sido el resultado de las pruebas PISA que colocaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, entre 79 países, en comprensión de la lectura, matemáticas y ciencias, revelador del fracaso de las políticas educativas de las últimas décadas y la incapacidad para superarlas.

Una historia repetida

La captura de El Abusador en Colombia, tras escapar de la República Dominicana es una historia repetida, esta vez después de un espectacular como ineficiente operativo nacional, pues ocurrió anteriormente con otros grandes narcotraficantes, como Figueroa Agosto, Toño Leña y Arturo del Tiempo. Otros relevantes, como Ernesto Quirino, fueron arrestados en el país, pero virtualmente por agentes del Departamento contra Narcóticos de los Estados Unidos (DEA).

En todos esos casos ha quedado de manifiesto la complicidad de autoridades dominicanas, a menudo de tan alto nivel, que ni los estadounidenses se atreven a identificar porque han sido financiadores de gobernantes, políticos y legisladores activos. La DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a menudo se conforman con el desmantelamiento de las bandas. En pocas ocasiones los organismos nacionales de inteligencia, policiales, militares  y antidrogas han sido eficientes, y han dilatado los requerimientos de las agencias norteamericanas, como ocurrió durante varios meses en el caso de El Abusador.

 El involucramiento de altos oficiales militares y policiales ha quedado evidente en casos como el de la matanza de Paya, Baní, en el 2008, cuando 7 narcotraficantes colombianos fueron ejecutados por altos oficiales de la Marina de Guerra para quedarse con el dinero que acumulaban. En el 2013 el general Francisco Hiraldo Guerrero, quien era nada menos que el director de operaciones de la DNCD, fue extraditado a Estados Unidos y allí condenado tras ser delatado como protector de narcotraficantes. En el 2017 fue capturado en Puerto Rico el coronel del Ejército Nacional Rafael Collado con un cargamento de 860 paquetes de cocaína. En septiembre pasado, el periódico Acento desplegó, sin ser desmentido, un informe confidencial de que 6 generales y 28 coroneles militares y policiales, incluyendo a tres ex presidentes de la DNCD, estaban bajo observación de la DEA.

Un reinado público

El caso más evidente de enriquecimiento sospechoso y de fácil seguimiento puede haber sido el de El Abusador, quien salió de la nada para acumular una gran cantidad de empresas, vinculadas al espectáculo, el entretenimiento y mobiliarias, que exhibía en las redes yates, autos de lujo y hasta joyas, y quien dejaba las propinas en maletines por donde pasaba. Se le vinculó a altas autoridades militares y policiales, así como a ministros y políticos, lo que explica que ni siquiera atendiera unos 50 requerimientos impositivos que le fueron formulados, pero no les intervenían sus empresas.

En el comunicado del departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras su arresto, se llegó a afirmar que Peralta pudo operar mucho tiempo una red criminal que envió toneladas de drogas a ese país gracias a la corrupción y la complicidad de autoridades que predomina en la República Dominicana.

En la madrugada del domingo 18 de agosto El Abusador estaba en un espectáculo artístico en el hotel Hard Rock de Punta Cana, donde fue saludado por un popular bachatero, y se le vio salir del establecimiento a media tarde de ese día, escoltado por dos vehículos, uno de los cuales ocupado por oficiales policiales. Unas 36 horas después, al amanecer del lunes 20, fue montado el espectáculo de 50 allanamientos, con decenas de fiscales y cientos de agentes que intervinieron sus propiedades, y detuvieron a algunos de sus colaboradores, pero no pudieron atrapar al hombre de vida pública. Y las autoridades dijeron que el operativo había sido minuciosamente preparado durante algún tiempo.

Autoridades en ridículo

 Si las máximas autoridades de persecución del crimen quedaron mal paradas por el ineficiente operativo de agosto, cuando fue evidente que El Abusador fue alertado, ahora tras su captura en Colombia, han quedado en ridículo, al haber pretendido atribuirse el mérito. La Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD se disputaron una rueda de prensa la tarde del lunes 2, tras la captura, que se realizó alrededor de las 6 en el local de la primera, aunque había sido convocada a las 4 para la sede de la segunda.

Un comunicado escrito de la PGR dice que el arresto “fue posible gracias a un proceso de coordinación entre la PGR, la DNCD, y con el apoyo de alguaciles federales de los Estados Unidos liderados por los marshalls de Colombia”. Luego dice que a través de una labor de inteligencia llevada a cabo por la DNCD, se determinó el paradero del Abusador y que de inmediato se efectuó su apresamiento.

O las autoridades colombianas son mezquinos, o las locales fantasiosas, porque en las abundantes declaraciones ofrecidas por el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Colombia, en Cartagena, donde fue apresado el narcotraficante, no aparece la menor referencia a la contribución de las autoridades nacionales. Más bien se ha encargado de contradecir la versión nacional de que El Abusador salió del país una semana antes. Sanabria dice que estaba en Colombia desde fines de agosto o principio de septiembre. En realidad hasta fines de noviembre aquí se hicieron numerosos operativos masivos supuestamente “orientados por labores de inteligencia”, supuestamente para capturarlo. La percepción es que se buscaba atenuar la ineficiencia y complicidad en el caso. Mientras se han difundido por radio grabaciones de conversaciones telefónicas, donde el perseguido ofrecía entregarse si le dejaban en libertad a su esposa y para que atendiera sus hijos.

El pisoteo de las PISA       

El otro caso de consternación de la semana fue la revelación de los resultados de las pruebas PISA donde los estudiantes dominicanos de 15 años quedaron en el último lugar, entre 79 países en capacidad para asimilar la lectura y en matemáticas y ciencias. Con una muestra de 5 mil 674 alumnos de 234 escuelas públicas y privadas.

El resultado fue parcialmente sorprendente, al repetir los niveles del 2015, cuando han pasado 7 años desde que las autoridades gubernamentales decidieron acatar la ley de 1997 que disponía invertir el4% del PIB en educación, pero no del todo, si se toma en cuenta que en los índices de competitividad global del Foro Económico Mundial la educación dominicana ha seguido apareciendo en los últimos cinco o seis lugares de 142 y 144 países.

Sería mezquino atribuir la mayor responsabilidad al actual gobierno, que ha destinado unos 900 mil millones de pesos a la educación, por la acumulación de atrasos en los estudiantes,  o a la Asociación de Profesores, aunque ambos tengan su cuota. Es indiscutible que con la inversión del 4% el gobierno de Danilo Medina ha hecho esfuerzos, ha logrado  mejorías de aulas, alimento a los estudiantes, y tanda extendida, aunque ha privilegiado mucho el cemento y el empleo administrativo, con ministros que no eran técnicos en educación ni maestros, dos de los cuales fueron luego precandidatos presidenciales, uno de ellos con un gasto de decenas de millones de pesos en más de un año de campaña política.

 La ADP tiene una cuota en el “luchismo” que la ha caracterizado, aunque fue empujada a ello por los años de salarios miserables y falta de materiales didácticos. Tiempos hubo con presidentes intelectuales en que no había ni tiza ni borradores en las escuelas. La mayor  responsabilidad ha sido de las políticas sostenidas por décadas, por gobiernos que centran el desarrollo en las construcciones visibles, en vez de la educación. También las universidades, que convertidas en simples fábricas de profesionales, forjaron maestros con enormes deficiencias. Esos que Educa estima que tomará 25 años renovarlos. El clientelismo, la politiquería y el triunfalismo de la “revolución educativa” pregonada con enorme gasto publicitario, han quedado en cuestionamiento, mientras el actual ministro de Educación  acaba de ser designado para encabezar la campaña electoral oficialista en Santiago.

Fortaleza institucional

Los dos acontecimientos lacerantes de la semana vuelven a remitirnos a la necesidad que tiene esta sociedad de hacer un alto y recuperar los cauces institucionales, proscribir la corrupción, reducir el clientelismo y la politiquería y privilegiar la planificación y la inversión reproductiva. Se escuchó el miércoles al ministro Antonio Isa Conde proclamar que parece necesario un sacudimiento telúrico para que esta sociedad comience a superar tantos atavismos. Y ayer en un artículo en HOY, Isdidoro Santana, hasta hace poco ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Isidoro Santana, tras denunciar la corrupción, la delincuencia, el mal funcionamiento de los servicios públicos, la evasión de impuestos, que permiten generalizar la conducta delictiva y criminal, escribió que “tendría que pasar algo muy grande” para superarlos.

Todos los diagnósticos y estudios indican que el crecimiento económico de las últimas 6 décadas no ha generado proporcional desarrollo humano, y que las precariedades institucionales, el desconocimiento de la Constitución y las leyes, el clientelismo y el rentismo, corroen y castran las energías sociales.

 Una vez más deberíamos echarle una ojeada al Reporte Harvard de, 2012, y al Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la RD, 2010-20, conocida como “Comisión Attalí”  Este último privilegia la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que entonces se discutía y fue promulgada en el 2012, quedando pendiente gran parte de sus mandatos. Atrás quedaron los 7 lineamientos, con 77 propuestas de Jacques Attalí, el primero de los cuales pregona la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, con múltiples recomendaciones que duermen el sueño eterno.-  

MINI RESUMEN DEL INFORME ATTALI (2010-20)

  • Del 1970 al 2008, crecimiento económico  anual sobre 5.5%, debido en parte a estabilidad política a partir de la segunda mitad década del setenta.
  • Economía vulnerable, orientada al consumo, poca innovación, no anticipa  la educación a largo plazo. Sociedad poco educada, aún no preparada para el futuro.
  • Estado endeudado sin gran margen de maniobra fiscal.
  • El país se arriesga a no tener una segunda oportunidad, más aún cuando el cuerpo social no ha aprovechado el impulso económico.
  • El pueblo tiene un sentimiento de abandono que lo lleva al individualismo  y a desconfiar de las instituciones con desempleo endémico, mercado informal considerable, política de salud  poco eficaz, y criminalidad en aumento.
  • La Estrategia Nacional de Desarrollo debe ser desplegada a partir del 2011 con eficacia y rapidez.
  • Es fundamental la restauración de la credibilidad del Estado y de la confianza de los ciudadanos.
  • El país debe reformar su modelo de desarrollo económico y social para asegurar un crecimiento a largo plazo, con un verdadero contrato social.
  • La confianza entre la población, las instituciones y el sector privado será determinante para reformar el país.

Urge otro pacto por la democracia para superar la desconfianza política

Con el presidente de la República envuelto en el proceso electoral, la Junta Central Electoral debería buscarse un nuevo pacto por la democracia para superar las desconfianzas e incertidumbres y garantizar la estabilidad nacional        

Por Juan Bolívar Díaz

La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de combinar la automatización de la votación municipal de febrero con el conteo manual de los votos y un nuevo intento de auditar los equipos y programas informáticos debería ser respaldada por todos los partidos para comenzar a disipar las incertidumbres predominantes sobre las elecciones del 2020.

Pero al mismo tiempo luce imperativo que el organismo rector de las elecciones asuma un liderazgo conciliatorio que conllevaría la firma de un nuevo “Pacto por la Democracia”, donde se ratifiquen normativas que garanticen un proceso electoral limpio y equitativo para que el próximo año predomine la voluntad popular.                                                                          

Otra salida salomónica

La resolución anunciada el jueves por la JCE de implementar el voto electrónico en el 60 por ciento de las mesas de votación y conteo manual en la totalidad, con un nuevo intento para la previa auditoría de los equipos y programas, debería ser aceptada por todos los partidos, con algunas otras garantías para superar la desconfianza predominante.

Hay que esperar que esta propuesta salomónica tenga mejor suerte que la de mayo pasado cuando la JCE dictaminó que se mantendría el arrastre de los senadores en el voto congresual en el Distrito Nacional y las seis mayores provincias y se eliminaría en las restantes, lo que anuló el Tribunal Constitucional al hacer prevalecer el voto senatorial separado en todas las jurisdicciones.

La nueva resolución no parece chocar con ningún precepto constitucional o legal y recoge los reclamos de los más renuentes y desconfiados. El voto automático sería en los 17 municipios más grandes, que concentran el 60 por ciento de los colegios de votación, con 61 por ciento de los electores. Son los que tienen más de 13 regidores y suplentes, y donde sería muy complejo computar el voto preferencial por miles de candidatos a regidores y vocales.

Como la JCE convocó a los partidos para una reunión hoy sábado para “crear un equipo técnico especializado que permita examinar y hacer recomendaciones” para el uso del voto automatizado y conteo manual”, todavía hay posibilidad de garantías adicionales, en especial para la demandada auditoría de los equipos y programas informáticos. Ha propuesto la firma de auditores PKF Guzmán Tapia, y deberá precisar esta oferta y si queda alguna alternativa. Esa auditoría no es un capricho, sino una recomendación fundamentada a nivel internacional, donde la automatización de las elecciones ha sido limitada a unos pocos países.

El conteo de los alcaldes

De la resolución de la JCE debe asumirse y precisarse que el conteo de los votos para los alcaldes y directores de los distritos municipales se haría manualmente, determinando el partido ganador en cada jurisdicción y la proporción de los regidores y vocales, con sus respectivos suplentes. Eso sería transmitido y publicado de inmediato, si no hay diferencia con lo arrojado por la computadora en los municipios donde se utilice la automatización.

Para un segundo momento quedaría la verificación de los votos preferenciales por los regidores y vocales, para lo cual se aceptaría el resultado de la automatización, asumiendo que no habría interés de hacer fraude entre los competidores de un mismo partido, ni posibilidad de una programa que altere en ese nivel la voluntad de los electores, por la misma razón que hace difícil el cómputo manual, es decir, por la multiplicidad de candidaturas.

En el 40 por ciento de las mesas, donde no habrá automatización del voto, todo el proceso será manual, y por igual se computaría y transmitiría primero el resultado en las candidaturas a alcalde y director municipal, y luego se determinaría cuáles fueron los electos de cada partido para regidores y vocales.    

  ——————————————————————————————————                           Garantías adicionales de la JCE  

Para fortalecer la propuesta de voto automatizado y conteo manual, la JCE podría añadir algunas garantías adicionales que infundan confianza, como las siguientes:

  • Que la JCE asumirá plenamente su responsabilidad constitucional de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones
  • Una campaña contra la compra y venta de votos, con decisión de perseguirla y sancionarla
  • Disposición de hacer cumplir los límites de tiempo y lugar de todo género de propaganda partidista, con énfasis en los centros de votación
  • Mantenimiento inflexible del horario de votación, sólo prorrogable por una hora en las mesas donde se decida a unanimidad, si hubo retraso en su apertura
  • Que el voto asistido para personas con discapacidades sólo se autorice a cónyuges, padres o hijos para evitar sustituciones interesadas y engaños
  • Que la publicación de cómputos sólo pueda iniciarse una hora después del cierre oficial de la votación, que incluiría la eventual prórroga por retraso
  • Límites para impedir que los partidos más pudientes monopolicen las estaciones de radio y televisión en los días finales de la campaña    

Razones para desconfiar

La JCE tiene que sobreponerse a toda sospecha y hasta a los excesos en que incurren dirigentes políticos, y reconocer que hay razones tradicionales y coyunturales para que predomine la desconfianza y la incertidumbre, incluyendo las malas prácticas registradas durante el proceso de las recientes elecciones primarias.

El signo más ominoso que amenaza el proceso electoral fue la enfática afirmación en el discurso público del presidente Danilo Medina el 21 de octubre, tras la renuncia de Leonel Fernández al PLD, donde le ofreció “una pela en mayo” y añadió que  “con estos hombres y mujeres que están aquí, yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones”. Algo probablemente inédito en un jefe de Estado sin ser candidato.

Con ese discurso Medina se comprometió a repetir la irrupción del gobierno, con  en la campaña electoral, como ocurrió en las elecciones del 2012 y 2016, en esta última con 33 mil activistas pagados como empleados temporeros, enormes déficits fiscales, multiplicación de la publicidad pagada por el Estado y designación de 39 ministros y altos funcionarios como jefes locales de campaña, con alto incremento del gasto en vehículos, combustible, dietas, empleados públicos y otros medios.

Grave denuncia pendiente

Muchos de esos abusos del Estado ya se vieron en la campaña de las recientes primarias y son de los factores que contribuyeron a la división del partido gobernante. Para más desconfianza ahí está la documentada denuncia de 39 contratos por 11 mil 500 millones de pesos para comprar asfalto caliente, otorgados por Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, en los meses antes de lanzarse tras la candidatura presidencial del PLD, incluyendo a nueve empresas que habían importado ese material.

Como no podía ser de repente que se advirtiera la necesidad de asfaltar 2 mil 730 kilómetros de carreteras y calles, y sin previa apropiación presupuestal por tan alta suma, tienen bases las afirmaciones de que violó la Ley de Compras y Contrataciones y la de Presupuesto, por obvio interés de promoción política o de obtener comisiones o contribuciones para campaña electoral.

Aunque todo eso lo expuso por televisión, con enorme audiencia nacional, la periodista Alicia Ortega, y partidos opositores e instituciones sociales han demandado una investigación y las sanciones correspondientes, el silencio de las autoridades y del candidato del PLD, aparece también como ominoso. A pesar de que la denuncia se convirtió en escándalo, ni siquiera se han molestado en poner en duda los datos concretos imputados.

Un pacto por la democracia 

Más allá del acuerdo sobre automatización parcial del voto, las autoridades electorales tienen que reconocer que hay razones suficientes para la desconfianza en el sistema electoral y en la prevalencia de las normas constitucionales, legales y hasta de la mínima decencia política. En toda la oposición política existe la resolución de resistir los abusos del Estado que se adelantaron en las primarias. Eso lo repiten los líderes del bloque de partidos que postula a Leonel Fernández y los que conforman la Coalición Democrática que encabeza el PRM, que postula a Luis Abinader. Por  igual el candidato de Alianza País, Guillermo Moreno, quien ha repetido que no aceptará un “matadero electoral”. Eso se dimensiona por la fatiga que registran las encuestas y se advierte sobre la prolongada gestión peledeísta.  

La JCE ha prometido una resolución sobre los límites gubernamentales en la campaña electoral, pero hay quienes temen que no tenga suficiente fuerza para garantizar la equidad, para lo cual debería recibir un claro apoyo de la sociedad civil organizada, sobre todo del empresariado, las iglesias y las academias. Y de todos los interesados en la preservación de la estabilidad política, económica y social, para evitar estallidos político-sociales como los que sacuden la región.

El presidente Danilo Medina debería ser el primero y más interesado en dejar un legado de armonía y prevalencia democrática e institucional. Pero, al estar muy involucrado, habrá que ayudarlo con una salida suave, como sería un nuevo pacto por la democracia, como el del 1994 que, por cierto, permitió el ascenso de su partido al poder por primera vez. Ojalá lo entienda la JCE y tome la iniciativa para disipar incertidumbres y ganar confiabilidad.-

El PLD en desconcierto y a la defensiva mientras se afianzan Leonel y la oposición

La validación de la candidatura de Leonel Fernández, las concertaciones de la oposición,  las denuncias de las contrataciones del candidato Gonzalo Castillo, las encuestas y la desconfianza interna afectan el proyecto peledeista de continuidad en el poder   

Por Juan Bolívar Díaz

Por Juan Bolívar Díaz

El dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que validó la candidatura presidencial de Leonel Fernández, aceptada de inmediato por la Junta Central Electoral (JCE), las denuncias de contrataciones irregulares del candidato presidencial Gonzalo Castillo y un brote de   desconfianza interna afectaron esta semana al Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Las posibilidades de los gobiernistas se vieron reducidas al perder el control de la Cámara de Diputados y por decenas de acuerdos entre los partidos opositores para candidaturas comunes al Senado y alcaldías, mientras siguen trascendiendo encuestas que generalizan la percepción de que Luis Abinader se afianza como primer opción para las elecciones presidenciales.

 Leonel, primer candidato

La validación de la candidatura presidencial de Leonel Fernández  por el TSE se constituyó en el principal acontecimiento político de la semana y un revés para la estrategia del PLD, cuyos voceros y abogados, apostaban a que estaba inhabilitado por las leyes de Partidos y del Régimen Electoral. Irónicamente el expresidente y líder peledeísta, se constituyó en el primer candidato aceptado de inmediato por la JCE, en virtud del Reglamento Contencioso Electoral que establece como vinculantes para todos los órganos electorales las decisiones del TSE.

 El dispositivo de la sentencia, que sacudió los ámbitos políticos el lunes, se originó en una instancia que buscaba la nulidad de la decisión del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de convertirse en “La Fuerzas del Pueblo” y postular a Fernández como candidato presidencial, lo que aprovecharon sus abogados de éste para formular un pedimento de validación. El texto completo de la sentencia de 5 jueces está pendiente de emisión con un voto disidente.

Todavía quedan quienes esperan que el Tribunal Constitucional (TC), con varias instancias relacionadas, haga prevalecer las leyes electorales que buscan evitar que un perdedor en primaria pueda ser postulado por otro partido en el mismo certamen. Pero parece difícil que reúnan los 9 votos votos necesarios, de 13, sobre todo tras el dictamen del TSE, y con precedentes de que el TC ha privilegiado la supremacía sobre esas leyes del precepto constitucional del derecho a elegir y ser elegido. En lo inmediato, el dictamen ha dejado a la ofensiva a los leonelistas para seguir cooptando dirigentes y militantes de su antiguo partido.

Brotes de incertidumbres

La división del PLD que generó un nuevo bloque de diputados, constituido por 27 leonelistas, mostró esta semana otra de sus consecuencias, que el gobierno ya no tiene el control del Congreso Nacional, como ocurría desde las elecciones del 2006, a través de las dos cámaras. En rueda de prensa se mostraron a la ofensiva como nuevos opositores, motivando su negativa a aprobar el presupuesto complementario del 2019 por 22 mil millones de pesos, sometido por el gobierno. Lo declararon inconstitucional.

El bloque leonelista hizo causa común con los diputados del mayor bloque opositor, el del PRM con 52 miembros, y con parte del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, que postula a Leonel Fernández para presidente, también para bloquear un proyecto de préstamo por 90 millones de dólares para remodelaciones en la zona colonial de Santo Domingo. Eso genera incertidumbre sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020, bajo estudio del Congreso,  el cual contempla financiamiento para cubrir déficit sobre 110 mil millones de pesos.

En el Partido Revolucionario Moderno predomina la decisión de no aprobar ningún nuevo proyecto legislativo que aumente los compromisos de deuda del Estado antes de las próximas elecciones, y mucho menos si consideran que el gobierno pudiera derivar de ellos  recursos para gastar en la campaña electoral.

El choque de dos Félix

Otro brote de las incertidumbres en el PLD lo constituyó el choque frontal entre dos  Félix, compañeros durante años en su Comité Político, Félix (Felucho) Jiménez y Félix Bautista, cuando el primero dijo que este en vez de ser candidato a senador por San Juan debería estar preso, motivando una agria réplica. El incidente sacó a la luz pública la desconfianza que prevalece entre los peledeístas sobre senadores y alcaldes seguidores de Leonel Fernández, que aseguraron su repostulación en la elección  primaria y han permanecido en el partido.

Esa es la situación de los senadores Bautista, Dionis Sánchez, José Rafael Vargas y Amarlis Santana. Esta última dijo públicamente que Leonel les recomendó que se quedaran en el partido para no perder las candidaturas que ganaron. Es la misma situación del alcalde de Santiago, Abel Martínez y de otros de menor jerarquía, igual que algunos diputados. Ellos podrían beneficiarse de los votos de los danilistas como de los leonelistas, pero nada garantiza que no puedan inducir a sus seguidores a votar por Leonel en el nivel presidencial y por otros de los ahora opositores en otros niveles, ya que al suprimirse el arrastre de los senadores, son 4.

La incertidumbre y desconfianza, que afectarían la campaña electoral, incluye a la vicepresidenta Margarita Cedeño, que en la campaña para las primarias esperó a la última semana para apoyar la precandidatura de su esposo Leonel Fernández, con beso y abrazo público. Tras la división ha permanecido en el comité político del PLD, pero tan pronto se produjo la sentencia del TSE en favor de la candidatura de su esposo, dijo que las sentencias de los tribunales “son para cumplirlas”.  

En su discurso de confrontación, tras la división formal del PLD, el presidente Danilo Medina planteó que los leonelistas que quisieran podían seguir en el partido, pero advirtió que tendrían que actuar con lealtad, porque “tontos no somos”. La situación no es de fácil solución, ya que, según la Ley de Partidos, los electos en las primarias no pueden ser despojados de sus candidaturas. Mientras tanto, el danilismo no puede colocar los suyos en esas candidaturas.          

Gonzalo Castillo en apuros

Otro de los reveses recién registrados por el PLD es la situación en que ha quedado su candidato presidencial Gonzalo Castillo, tras el informe de  la periodista Alicia Ortega que documenta cómo otorgó contratos sin concursos, a 39 empresas, algunas vinculadas a él y 9 sin experiencia en el renglón, para la compara de asfalto caliente por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de lanzarse a la competencia electoral. Los declararon de urgencia y en convocatorias de un día para otro,  para la compra de asfalto caliente, superando muchas veces la suma que tenía destinada para eso, lo que violaría las Leyes de Presupuesto y de Compras y Contrataciones.

  En lo que se ha denominado como “festival del asfalto”, el entonces ministro de Obras Públicas parece haber descubierto de un día para otro que necesitaba asfaltar nada menos que 2 mil 730 kilómetros de calles y carreteras. El anunció su renuncia como ministro de Obras Públicas el 31 de julio, para buscar la candidatura presidencial, pero sus contratos siguieron firmándose en paquetes el 13 de agosto y el 4 de septiembre.

 En cualquier democracia de mediana intensidad, las escandalosas revelaciones habrían generado la renuncia del candidato, cuya aparente ingenuidad es tal, que tras decir que actuó apegado a la ley, pidió que lo investigue la Dirección de Etica Gubernamental, cuyo titular es nada menos que Lidio Cadet, compañero en el Comité Político del PLD y precisamente quien presidió la comisión electoral del partido que proclamó su victoria en su conflictiva elección primaria. Pudo haber pedido, como corresponde y ha sido demandado, una investigación de la Procuraduría Anticorrupción del Ministerio Público.

El auge de la  oposición

 Otras ocurrencias que han dejado al PLD a la defensiva fueron las decenas de pactos locales para candidaturas senatoriales y municipales registrados al caer el plazo el lunes, de cara a las elecciones del próximo año. La  JCE informó que se registraron 200 alianzas, las cuales involucran una madeja sin precedente de los 27 partidos reconocidos, incluidos los tres grandes bloques que postulan a Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, así como a los partidos que llevan otros cuatro candidatos presidenciales.

El PRM hizo pactos locales para 24 senadurías que incluyó a los partidos que postulan a Fernández, y en 5-6 provincias con el partido Alianza País que postula para presidente a Guillermo Moreno. La sumatoria de votos locales busca hacer difícil la reelección de la mayoría de los senadores peledeístas que cuentan con muchas ventajas de financiamiento.

 Los opositores han aparecido a la ofensiva, mientras trascienden encuestas que ratifican la percepción de que la división del PLD dejó a Luis Abinader encabezando las preferencias presidenciales para el 2020, y al PRM en ascenso. Eso incluye encuestas auspiciadas por el gobierno y del ámbito perremeísta.

 Mientras tanto esta semana se publicó el reputado estudio sobre cultura democrática del Barómetro de las Américas, donde sigue cayendo la valoración del trabajo del  presidente Danilo Medina, quien registró un 41% como bueno y muy bueno, cuando en el 2016 había marcado 64% y 78% en el 2014. Hay que tomar en  cuenta que la encuesta base del estudio fue realizada entre abril y mayo pasado, antes que Medina tuviera que declinar su proyecto de reelección y cinco meses antes de la división de su partido, de la cual fue uno de los protagonistas, por lo que ahora podría ser todavía menor.-     

La gran inequidad electoral justifica el acuerdo de candidaturas al Senado

Calculan que múltiples candidaturas de oposición determinarían que el partido de gobierno se quede con el control del Senado, por las ventajas de que disfrutan los senadores, que en su mayoría buscan reelegirse con abundancia de recursos estatales

Por Juan Bolívar Díaz

El acuerdo de 12 partidos opositores para llevar candidaturas senatoriales comunes en 24 provincias, a pesar de sus diferencias programáticas persigue garantizar un Senado plural que no quede en manos del partido gobernante, independientemente de quien gane la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año.

 La decisión ha sido más difícil para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, cuyo candidato presidencial aparece encabezando preferencias en encuestas, porque arriesga perder simpatías en sectores sociales que rechazan tanto la gestión del presidente Danilo Medina como la de Leonel Fernández, involucrado en el acuerdo.

Acuerdo de 12 partidos

El pacto para llevar candidaturas comunes en 24 de las 32 senadurías, anunciado el jueves por 12 partidos, se venía gestando desde hace meses, y tomó fuerza tras la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la constitución de un nuevo partido por el expresidente Leonel Fernández. Involucra a éste y a otros cinco partidos que apoyan su candidatura presidencial, el Reformista Social Cristiano y cuatro de  los que hace más de un año habían constituido la coalición Juntos Podemos, el Quisqueyano Demócrata Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, Fuerza Nacional Progresista, y Partido de la Unidad Nacional. También incluye a los cinco que suscriben un pacto nacional con el PRM, el Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano, el Revolucionario Social Demócrata, Dominicanos por el Cambio y la Alianza por la Democracia.

El documento constitutivo indica como propósito esencial garantizar una profunda renovación en la composición y representatividad del Senado “y consecuentemente el final del monopolio irritante que mantiene el gobierno y la cúpula del PLD sobre este importante poder del Estado”. Se fundamenta en la creciente preocupación de diversos sectores por el “profundo resquebrajamiento que ha experimentado nuestro sistema institucional”.

 Los mismos suscribientes reconocen que entre ellos “han existido y persisten importantes diferencias sobre el discurrir político nacional”, pero que no es menos cierto que en estos momentos los intereses generales de la sociedad deben ser colocados por encima de los particulares. De las 24 candidaturas senatoriales pactadas, 12 corresponden al PRM y otra a su aliado Dominicanos por el Cambio (Eduardo Estrella en Santiago), 7 al nuevo partido de Leonel, 3 al PRSC y la otra al BIS.

Ventajas de los senadores

23 de los actuales senadores buscan la reelección, 19 del PLD, más dos aliados, Amable Aristy y Félix Vásquez, de La Altagracia y Sánchez Ramírez, y los dos del PRM, José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla, de Puerto Plata y El Seibo. Estos dos sólo llevan un período como legisladores, pero los del gobierno hasta tres y cuatro períodos, con las ventajas de haber recibido financiamiento para “asistencia social”, los llamados barrilitos, que en las seis mayores provincias y DN, aportan hasta 1 millón 200 mil pesos mensuales. 14.4 millones por año y 57.6 millones por cuatrienio, y proporciones menores en las demás. Esta asignación auto conferida, no está amparada en ninguna ley, y la Constitución no les atribuye funciones de asistencia social.

 Otra ventaja que tienen es que el Senado les paga una oficina provincial, con hasta 10 asesores o asistentes, y otros tantos en la sede central, con vehículos, combustibles, choferes, y escoltas. Los que buscan reelegirse cuentan con apoyo adicional de los partidos mayoritarios que se quedan con el 80% del financiamiento político estatal. Y los del gobierno ganan apoyo mayor por tráfico de influencia, y del reparto de alimentos, electrodomésticos, materiales de construcción, y les nombran cientos de empleados activistas como empleados temporeros en los organismos estatales, especialmente durante las campañas electorales.

El ventajismo de los senadores, que los prolonga en el Congreso, determina que pocos militantes opositores quieran las candidaturas a senadores, y las rechazan también dirigentes sociales y personalidades acreditadas, que no cuentan con medios económicos para competir. Y los nuevos candidatos del partido gobernante, cuentan con que a ellos se les dará mayor apoyo. En ese contexto es que se produce el pacto en el nivel senatorial, convencidos de que sólo la sumatoria  de los votos de toda la oposición puede modificar la composición del Senado.

El PRM corre riesgo

Los dirigentes del PRM están conscientes de que corren riesgo de perder simpatías en los sectores sociales que muestran mayor rechazo al PLD, lo que implica también al expresidente Fernández, quien agotó tres de los cinco períodos de gobierno de ese partido, y a quien se considera corresponsable del secuestro de las instituciones democráticas, de la corrupción y del monopolio del poder que ha conllevado, y sin cuyas desmesuras políticas y financieras Danilo Medina no habría alcanzado la presidencia en el 2012, por 51 a 47% frente a Hipólito Mejía.

El expresidente Mejía nunca ha perdonado a Leonel los abusos del poder en su contra,  por lo que no simpatiza con el acuerdo, pero no lo ha hecho público como su hija, la secretaria general Carolina Mejía, aunque esta dejó constancia de que acata la decisión del partido. Alianza País, el partido que encabeza Guillermo Moreno, rehusó formar parte del acuerdo que incluyó al leonelismo. Aunque todavía este fin de semana, cuando el plazo para alianzas cae el lunes, seguían gestiones para apoyo mutuo sólo con el PRM y sus cinco aliados nacionales.

Los perremeístas calcularon los riesgos y ya el 6 de noviembre publicaron un comunicado en varios diarios planteando que aunque  habían conformado una coalición político-social por el cambio, con otros cinco partidos, buscaban acuerdos locales con diversas fuerzas políticas para asegurar “un congreso plural e independiente que cumpla sus funciones como primer poder del Estado”. Recordaron pactos de sectores antagónicos en 1962, 1965 y 1978.

Entienden que los abusos del poder gubernamental, permitirían al PLD mantener el control del Senado, aun perdiendo la presidencia de la nación, concentrando recursos públicos en dos tercios de las provincias de menor población. En tal caso un gobierno del PRM vería limitadas sus posibilidades de grandes transformaciones institucionales, políticas y sociales. Por lo menos buscan garantizar diversidad y mayor equilibrio de poderes.

Sobran los precedentes

Tanto en el país como en el mundo sobran los precedentes de acuerdos políticos entre sectores antagónicos, de diversidad ideológica, y hasta confrontaciones. Sólo hay que  verlos ahora mismo en España, y antes los de Nelson Mandela en Sudáfrica, o en la concertación chilena para dejar atrás la dictadura de Pinochet, cuando los herederos de Salvador Allende pactaron con demócratas cristianos y otros responsables de la caída del gobierno socialista.

En el país, Juan Bosch buscó el voto de los trujillistas para ganar las elecciones de 1962, y su PRD concertó con los balagueristas para  la insurrección constitucionalista de 1965. Rafael Chaljub recordó en reciente artículo la alianza multisectorial planteada por el Movimiento Popular Dominicano (MPD) en 1968 para enfrentar la cuasi dictadura de Balaguer. Juan Bosch también unió a “mansos y cimarrones”  desde 1972 con su proyecto de “Pacto por la Dignidad Nacional”, que reunió a partidos de izquierda y derecha, y José Francisco Peña Gómez se la jugó a finales del 1973 con el Acuerdo de Santiago que juntó al PRD con el MPD, el PRSC, todavía social cristiano, y con PQD de Elías Wessin, 8 años antes el “genocida de San Isidro, cuando sus aviones bombardearon a los constitucionalistas.

La táctica peñagomista de amplia alianza terminó haciendo posible sacar del poder a Balaguer, pese al empleo de todos los poderes del Estado,  las Fuerzas Armadas y la Policía, y al intento de desconocer los resultados electorales de 1978. Y los peledeístas justificaron su “Frente Patriótico” de 1996 con Balaguer  y otros sectores con los que se habían enfrentado, como un escalón para alcanzar el poder y completar los sueños de los Trinitarios fundadores de la República. Aunque luego se declararon balagueristas y superaron a estos en corrupción. Ahora estigmatizan el acuerdo del PRM limitado al Senado, porque incluye a los leonelistas.

La coalición por el cambio     

El PRM buscará limitar los efectos colaterales del acuerdo para las candidaturas senatoriales, al proclamar el próximo sábado 23 la Coalición Democrática por el Cambio, ya acordada con cinco partidos y numerosos grupos sociales, que incorpora candidaturas de activistas sociales y busca responder las insatisfacciones de amplios sectores, como las manifiestas en el movimiento Marcha Verde.

Ese pacto contiene unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración  Nacional”, que serán firmados en un acto a realizarse en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 10 de la mañana. Ese sería su pacto fundamental y de carácter estratégico, que persigue un gobierno encabezado por el economista Luis Abinader,  mientras el acuerdo senatorial quedaría como táctico. 

Habrá que esperar que, como en 1996 la táctica no se coma la estrategia. Aunque hay una diferencia fundamental, del “Frente Patriótico” PLD-PRSC dependió la llegada de los peledeístas al gobierno, y el acuerdo de los perremeístas está limitado a la pluralidad del Senado y por tanto del Congreso Nacional.-   

La autopsia fiscal de Oxfam marca grandes retos del próximo gobierno

Cuantifica la corrupción administrativa en promedio de $41 mil millones anuales y propone reorientar otros $43 mil millones de una estimación de “irregularidades en uso de recursos públicos” de $154 mil millones, en base al presupuesto del 2019 

Por Juan Bolívar Díaz

La evaluación de los gastos e ingresos del gobierno dominicano recién publicada por la organización internacional Oxfam contiene abundante información clasificada que muestra una pesada herencia y podría ayudar al próximo gobierno a enfrentar los retos de la sostenibilidad económica y la inversión social y productiva.

Partiendo del promedio de la corrupción de los últimos 20 años, y de las ineficiencias del gasto y la malversación, el documento sugiere que se podrían reorientar 85 mil millones de pesos, cifra conservadora ante los 123 mil millones que ha estimado la secretaría de Políticas Públicas del principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM)

La ruta del Pacto fiscal  

La autopsia presentada por la representación en el país de Oxfam , que opera en más de 100 naciones, pretende ayudar al debate del presupuesto para el 2020 y de los contenidos y propuestas de quienes postulan para las próximas elecciones referentes a la justicia fiscal y la reducción de las desigualdades. Se presenta como “la hoja de ruta y acciones concretas de parte del Ejecutivo para propiciar el impostergable pacto fiscal que requerirá el país” en el próximo período gubernamental.

El estudio presenta al país como el tercero de más baja inversión social en América Latina y el Caribe, sólo por delante de Guatemala y Haití, promediando 8.1% del producto bruto  interno (PBI), que descendería al 7.8% en el 2022, cuando el promedio regional es de 11.2. Sostiene que con tan baja inversión será imposible cumplir los compromisos del desarrollo sostenible y de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

La ley de END promulgada en enero del 2012 dispuso los pactos por la educación, fiscal y eléctrico, pero apenas se ha materializado el primero, y los otros debieron entrar en vigor en el 2015. El eléctrico se discutió durante dos años y a fines del 2018 se llegó a anunciar su inminente firma, pero quedó engavetado. El pacto fiscal se comenzó a considerar al inicio del gobierno de Danilo Medina en el 2012, pero fue abandonado tan pronto los sectores empresarial y social pusieron en la mesa la reducción de la malversación y el gasto clientelar. El gobierno impuso otra simple reforma tributaria y ni siquiera tras la reelección de Medina en el 2016 se retomó el mandato legal.

La sostenibilidad fiscal

Con una diferencia de 246 mil millones de pesos (US$ 4,736 millones de dólares) entre ingresos y gastos presupuestados para el 2020, este será el onceno año consecutivo de déficits fiscales solventados con un financiamiento que en ese período más que duplicó la deuda consolidada de todo el Estado, generando reiteradas advertencias de los organismos internacionales especializados y de economistas dominicanos sobre lo ineludible del pacto fiscal para garantizar la sostenibilidad financiera del país.

Mientras se va generalizando la convicción de que cualquiera que constituya el próximo gobierno, y sobre todo si es de un partido diferente al actual, tendrá que emprender la ruta del pacto fiscal para procurar mayores recursos para la inversión social y el desarrollo, para mantener un crecimiento económico significativo, y garantizar la sostenibilidad fiscal. Que la pista del endeudamiento se va estrechando y sin las correcciones correspondientes la bomba que se ha ido armando en estos años podría estallarle en las manos a las nuevas autoridades.

Podría repetirse la ocurrencia del gobierno de Hipólito Mejía que, al comenzar en el 2000, heredó la bomba de Banínter, pero no la desarmó y le explotó en las manos y lo hundió apenas iniciaba su segunda mitad. Herencia malhadada fue también la recibida por el gobierno de Salvador Jorge Blanco en 1982, fruto de los desequilibrios que pagó la democracia a partir de 1978 cuando no se pudieron mantener las deudas sociales impuestas por los 1os años autocráticos de Balaguer. La demanda inducida del régimen de Antonio Guzmán produjo desequilibrios, atizados por el alza del petróleo y la caída de los precios de las exportaciones nacionales. Las duras políticas de ajustes del FMI en la “década perdida de América Latina”, hundieron políticamente a ese gobierno y su partido, y contribuyeron a devolver al poder a Balaguer en 1986.

Legitimar mayores tributos

Las conclusiones del estudio patrocinado por Oxfam comienzan indicando que el gobierno dominicano “necesita cuanto antes allanar el camino para situar la ruta hacia una reforma fiscal integral. Son muchos los pasos que habría que dar para ello, pero el fundamental va en la ruta de ganar confianza y legitimidad para convocar un proceso abierto y democrático de pacto fiscal”.

Después indica que se ha demostrado que con voluntad política de poner la casa en orden en corto plazo se podrían realizar ajustes para garantizar derechos, de al menos el 1% del PIB, equivalente a $43 mil 750 millones. A lo largo del informe se muestran los indicadores de corrupción, malversación, duplicidades e ineficiencias que consumen más del 10% del presupuesto nacional, determinando la necesidad de remediarlos.

Como es convicción general también recomienda reformular la base tributaria para hacerla menos regresiva con mayores gravámenes a la propiedad inmobiliaria y a la renta, partiendo de que RD tiene una de las más bajas presiones tributarias de la región latinoamericana, después de Guatemala y Paraguay, estimada en 13.9 del PIB, cuando el promedio es de 22.8%. También que está entre los 5 países que más dependen de los impuestos a los bienes y servicios, con un 29% menos que la región en impuestos directos, al patrimonio y la renta. Así mismo urge la revisión de los sistemas de incentivos.

La corrupción y dispendio

“Ningún gobierno con tantos casos de corrupción y ejemplos de dispendio de recursos públicos puede presentar ante la sociedad una propuesta legítima de reforma impositiva, en el marco de un pacto fiscal”, plantea el estudio de Oxfam, dirigido  por el economista Rafael Jóvine y con Airon Fernández Gil de investigador asociado. Citan las evaluaciones de Transparencia Internacional que sitúan al país entre los 10 de mayor corrupción en América Latina y el Caribe, y el segundo donde más creció en el 2018, según el Latinobarómetro.

Plantean que los casos de desfalcos al fisco recogidos en el período 1998-18 arrojan un estimado anual de $41 mil 629 millones. Y cuando recogen múltiples tipos y casos de malversación, dispendio, clientelismo y gastos irregulares, estiman que envuelven $154 mil 760  millones, de los cuales podrían reorientarse $ 43 mil 750 millones, que desglosan en gastos discrecionales, potencialmente clientelistas, asignaciones directas a despachos de ministros y directores, y a casi 60 instituciones públicas que duplican funciones o no rinden cuentas, así como en incremento de recursos sin justificar al Congreso Nacional y 10 ministerios.

Estos estimados son más conservadores que los presentados en el 2017 en un estudio auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo que plantea hasta un 3.8% del PIB, que este año serían unos 165 mil millones de pesos, en gasto ineficiente y malversación. Miguel Ceara Hatton, director de la secretaría de Políticas Públicas del PRM los estima en 2.8% del PIB, unos $122 mil millones en el 2019. Ya en la campaña electoral del 2016 plantearon que se ahorrarían gran parte de esa suma para reorientar las políticas sociales y la inversión pública.

Líderes en empleo público

El estudio de Oxfam ataca una de las bases fundamentales del clientelismo político dominicano, la macrocefalia del Estado, con el tercer escalón en el liderato latinoamericano, con un registro de 61 mil 911 empleados públicos por cada millón de habitantes, sólo superado por Panamá y Uruguay. Es 38.6% superior al promedio de 15 países de la región analizados y 35% más que los cinco centroamericanos evaluados.

Sostienen que nada ha crecido tanto como el empleo público, al 5.2% de promedio anual, cuando en las otras categorías ocupacionales aumenta apenas en 1.8%. Que el gasto en remuneraciones de empleados públicos pasó del doble en seis años, de $89 mil 142 millones en el 2012, a $189 mil 459 millones en el 2018. Que para ajustar la proporción de empleados públicos al promedio regional en RD habría que sacar de la nómina a 178 mil 618 personas. Eso implicaría un ahorro anual de $71 mil 800 millones.

 Por supuesto que ningún gobierno podría emprender un ahorro de tal magnitud, pero si producir en primer lugar un congelamiento, y reducir progresivamente la macrocefalia, incluso con reubicación de empleados en actividades reproductivas y de servicios. Para eso cualquier nuevo gobierno tendría que producir “el milagro” de planificar y ejecutar para el desarrollo, lo que obligaría a reducir el clientelismo y a racionalizar el gasto, aplicando innumerables leyes y normativas ya existentes, o auspiciando otras, incluyendo una de sostenibilidad y racionalidad fiscal.

Mientras tanto hay que agradecer a Oxfam la “Autopsia Fiscal” que acaba de entregar a la sociedad dominicana, en un momento oportuno, en el que se deberían esperar propuestas para resolver los desafíos del desarrollo, la equidad y la sostenibilidad.-   

Análisis referentes a la crisis del PLD (2017-19)

Por Juan Bolívar Díaz

FotoAcento.com.do/Archivo/Danilo Medina y Leonel Fernández.
  1.  9 de Diciembre 2017: El PLD entra en su peor crisis, sin árbitros ni organismos operantes

https://acento.com.do/2017/politica/8516308-pld-entra-peor-crisis-sin-arbitros-organismos-operantes.-analisis -juan-bolívar-díaz

  • 17 de Marzo 2019: Danilistas cosechan primer tropiezo en el viejo camino del reeleccionismo

3)  14 de abril: Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política

4) 2 de junio 2018: La división en el PLD sigue bloqueando la Ley de Partidos

5) 16 de junio 2019: Leonel le cierra el paso a Danilo, pero lo lastran Bautista y Díaz Rúa

6) 15 de septiembre 2018: Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD

7) 3 de noviembre 2018 : Falta mucho para que el PLD logre salir de su agobiante Torre de Babel

https://hoy.com.do/falta-mucho-para-que-el-pld-logre-salir-de-su-agobiante-torre-de-babel/

8) 2 de febrero 2019:  El PLD en la hora de los hornos; DM y LF se entienden o se dividen

https://acento.com.do/2019/politica/8647900-pld-la-hora-los-hornos-dm-lf-se-entienden-se-dividen-analisis-juan-bolivar-diaz/

9) 1 de junio 2019: El PLD sigue en la incertidumbre sin que surja la brecha reeleccionista

10) 29 de junio 2019: Con la militarización del Congreso el reeleccionismo ya cobra su costo

11) 13 de junio 2019: El continuismo danilista desafía a toda la sociedad dominicana

12) 20 de junio 2019: Parece que la reforma constitucional está congelada por la falta de votos

13) 27 de julio 2019 : La sociedad frenó el continuismo y probó que el poder no es absoluto

14) 14 de septiembre 2019: Un desafío definitivo de Danilo a Leonel que podría generar la división del PLD

   Todos estos trabajos fueron publicados originalmente en el períodico Hoy.