Es inaplazable la reactivación económica y la transparencia del gasto del Gobierno

Aún sin avance en contener el coronavirus, el Gobierno tendrá que disponer esta semana el reinicio de las actividades de la economía formal, con las máximas previsiones posibles, y responder los requerimientos de transparencia del gasto extraordinario.

        Por Juan Bolívar Díaz

A dos meses y medio de la llegada del coronavirus al país y a más de 8 semanas del estado de excepción para combatirlo, los resultados siguen siendo desalentadores mientras cada día crecen los reclamos de reinicio de las actividades de la economía formal, porque la informal sigue rompiendo la cuarentena impuesta.

El Gobierno consiguió lo que la oposición anunció como última prórroga del estado de excepción que ya cumple dos meses, en medio de reclamos políticos y sociales de que rinda cuenta pormenorizada de los recursos extraordinarios que ha dispuesto para subsidios sociales y estímulos financieros.

Resultados inconsistentes

La curva de la expansión del Covid-19 en el país no ha podido ser detenida y muestra inconsistencias en una semana que comenzó con tres jornadas que acumularon 1,253 contagios, entre viernes 8 y domingo 10, para un incremento de 14 por ciento, habiendo alcanzado un pico de 506 en un  solo día, que mostró alivio a mitad de semana al caer tres días seguidos por debajo de 300 casos, para volver ayer sobre los 400.

 No han faltado esfuerzos gubernamentales en las últimas semanas, cuando por fin se ha logrado realizar mayor número de pruebas para detectar el virus y aislar sus portadores, aunque todavía el ministro de Salud admitía que no disponen de los insumos suficientes, pero aun así lanzaron un fuerte operativo de descontaminación en el gran Santo Domingo, que acumula el 47 por ciento y ayer tenía el 51 por ciento de los hospitalizados.

Un nuevo vistazo al récord de la Universidad Johns Hopkins, en el cuadro anexo, permite apreciar que RD se mantiene junto a México y Panamá con los peores resultados frente al Covid-19 entre las 15 naciones más grandes de América Central y el Caribe, donde también se incluye a Colombia y Venezuela, y si se verifica todo el continente, sólo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú y Ecuador, se agregan con mayor incidencia.

Los registros muestran que la pandemia no ha causado grandes estragos en la región, aún en países más pobres que RD, como Haití, Jamaica y casi todos los centroamericanos, lo que algunos atribuyen a factores climáticos, de población más joven y más acostumbrada a sobrevivir en condiciones precarias de salubridad.   

Sin divisarse el pico

La situación dominicana es de incertidumbre, pues mientras el cuerpo social presenta cada día mayores signos de agotamiento en la cuarentena de dos meses, la representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial, Alma Morales, sostuvo esta semana   que el país “no cumple satisfactoriamente ninguno de los requisitos para descontinuar la cuarentena y retomar la normalidad”. No advierte que se esté aplanando la curva, con inconsistencia en los resultados que varían por semanas. 

Esas consideraciones siguen en la cuenta del Gobierno que por primera vez se abrió a consultar con las organizaciones empresariales, sindicales y religiosas, sobre el curso a seguir, presionado por las demandas de reactivación económica provenientes de los más diversos sectores sociales. Pero los gobernantes persistieron en ignorar a la oposición política, a semanas de unas elecciones para renovar el Gobierno, lo mismo que a los gremios de la salud y a entidades como la Alianza por el Derecho a la Salud, que agrupa medio centenar de organizaciones que trabajan en el sector a nivel nacional.

Todos los sectores consultados se debatieron en la disyuntiva de continuar la cuarentena por tiempo indefinido o reiniciar las actividades económicas. Pero en general prevalece el criterio de que ya urge planificar la reapertura con las mayores previsiones para evitar una mayor expansión de la pandemia.

Hay fuertes advertencias

Si no fuere suficiente el incremento día a día de las actividades comerciales informales y el movimiento vehicular, incluyendo ya los normales taponamientos del tránsito,  las autoridades han empezado a recibir advertencias más fuertes, como las formuladas por asociaciones empresariales nacionales. Ayer el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, amenazó con reabrir sus operaciones la próxima semana.

Aparte de denuncias de inminentes quiebras de establecimientos comerciales de todo género, sus voceros se quejan cada vez más agriamente de que mientras los pequeños y medianos establecimientos son obligados a permanecer cerrados, los supermercados y las grandes tiendas por departamentos “hacen zafra” vendiendo no solo alimentos, sino también productos de todo género, incluyendo ferreteros, vestuarios, calzados, adornos, de limpieza, panadería, heladería, licores. Las asociaciones de la micro, pequeñas y medianas empresas también han reclamado en los mismos términos.

La realidad es que cada día son más los talleres de todo género, peluquerías, salones de belleza, pequeñas tiendas, y sobre todo los vendedores ambulantes, que reanudan sus actividades a la vista de todo el que quiere ver, aunque en los conciliábulos gubernamentales se hable de “reabrir la economía”. Parecen ignorar que el 57 por ciento de los trabajadores dominicanos son informales y que el 95 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas.

Con última prórroga

Inconformes con la negativa del gobierno a tomarles en cuenta y la escasez de transparencia, los partidos de oposición que controlan la Cámara de Diputados le aprobaron lo que proclamaron como última prórroga del estado de excepción, bajo el compromiso con legisladores oficialistas de que se darán pasos para una reapertura  de las actividades sin descuidar las medidas preventivas para evitar la expansión del Covis-19. El Gobierno debió ya reconocer la realidad del mercado de trabajo por lo menos ajustando el toque de queda para que esa efectivamente nocturno, a partir de la s7 de la noche,  cuando ya se oculta el sol.

En principio los opositores planteaban una extensión de sólo 10 días del período excepcional, pero accedieron a 15, no los 25 que volvió a pedir el Gobierno, denunciando que los gobernantes han politizado la emergencia nacional, buscando mejorar el posicionamiento electoral de los candidatos oficialistas, mal parados por meses  en las encuestas y golpeados por el resultado de las elecciones municipales del 15 de marzo, tras el aborto de febrero.            

La proximidad de las elecciones presidenciales y congresuales, que debieron celebrarse mañana 17 de mayo, pero reprogramadas para el 5 de julio, es un factor determinante en las actitudes de Gobierno y oposición y particularmente en el estado de excepción que limita derechos de reunión y de tránsito. Con el paso de los días proliferan los cuestionamientos a los candidatos oficialistas que estarían aprovechando los recursos estatales y la emergencia para promoverse. Se señala el caso de la actual vicepresidenta y candidata al mismo cargo, Margarita Cedeño, quien esta semana anunció que extenderán hasta el mes de julio el programa de subsidios “quédate en casa”, al cual el 24 de abril anunció en discurso televisado que agregarían 70 mil familias. La Ley del Régimen Electoral establece que los funcionarios que sean aceptados como candidatos deben tomar licencia de sus cargos. La dirección del gabinete social y los repartos de subsidios corresponden al funcionariado gubernamental, no son funciones vicepresidenciales.

Reclamo de transparencia

Los reclamos de transparencia en el manejo de la crisis de salubridad ya no provienen sólo de los opositores políticos, sino también de las instituciones sociales más comprometidas con la defensa del orden institucional y la lucha contra la corrupción, como son el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) que denunció que “persisten distorsiones e inobservancias sistemáticas  de  la Ley de Compras y Contrataciones”, y reclamó total transparencia en los gastos por la pandemia.

 PC sostuvo que los informes del Gobierno al Congreso sobre usos de fondos de emergencia carecen de información financiera que permita medir su efectividad y costos y reclamó relación de donaciones recibidas por el Gobierno, detalles de ejecución presupuestaria destinada a la asistencia a instituciones y personas y de los fondos para asistencia, relación de compras bajo el estado de emergencia, cantidad de beneficiarios y distribución geográficas del programa “quédate en casa” y las medidas monetarias y financieras adoptadas por el Banco Central, con los  montos y beneficiarios, entre otros aspectos.

Eso en una semana donde el Ministerio de Defensa se vió precisado a revocar una contratación de equipos tras la denuncia periodística de irregularidades, cuarto escándalo vinculado a compras dentro del periodo de emergencia. Esta semana, tras denuncias públicas, las autoridades informaron un mes después que una docena de oficiales son investigados sobre un cargamento de 350 kilos de cocaína embarcados en un avión que salió de Puerto Plata para Bruselas.

Esta semana también hubo cuestionamientos a la operación triangular con que el Banco Central recompró a cuatro AFP bonos que les había vendido por 40 mil millones de pesos, para que éstas a su vez los invirtieran en nuevos bonos del Ministerio de Hacienda, lo que implica una emisión monetaria por esa suma. Ya van 52 mil millones de pesos los traspasos inorgánicos del Banco Central al Gobierno, contando los 12 mil millones atribuidos al comienzo de la crisis de salud, para financiar subsidios.                

CONTAGIOS Y FALLECIDOS POR EL  COVID-19

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE, 14 DE MAYO DE 2020                                                                            

PAÍS POBLACIÓN (Millones) CONTAGIADOS FALLECIDOS LETALIDAD %
MEXICO      127.8 42.595 4.477     10.5
RD       10.5 11.196   409     3.6
PANAMA        4.2 8.944    117     2.8
COLOMBIA        50.3 12.930     509       3.9
CUBA        11.2  1.830      79        4.3
PUERTO RICO         3.2  2.427    117   4.8
HONDURAS         9.2  2.255      123        5.4
COSTA RICA         5.0   815 8          0.9
GUATEMALA        17.3   1.342    29         2.1
EL SALVADOR        6.6   1.112     20      1.7
VENEZUELA       28.8    440      10       2.2
HAITI       11.1       234          18          7.6
NICARAGUA         6.5       25       8       32.0
JAMAICA   2.9      509       9          1.7
TRINIDAD Y TOBAGO        1.3        116          8          6.8


FUENTE:  UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS, coronavirus.jhu.edu

El Gobierno ha quedado atrapado por la pobreza y poca concertación

La necesidad de los trabajadores informales y de las pequeñas y medianas empresas han roto la cuarentena en su octava semana, mientras los funcionarios lucen atrapados con pobre resultado en el control del coronavirus y temiendo aún mayor expansión

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno dominicano perdió el tiempo apostando al mercado, con licitaciones ineficientes y lentitud de respuestas, tanto que aún no dispone de los insumos suficientes para las pruebas del coronavirus, manteniendo el peor resultado en la región, sin que se pueda vaticinar para cuándo podrá controlarse su expansión, sobre todo en las grandes urbes.

Mientras tanto, los trabajadores informales, el 55% de los empleados en el país, y las pequeñas y medianas empresas agotaron sus posibilidades de mantener el confinamiento y están imponiendo la ley del mercado laboral, reanudando todo tipo de actividades, por encima de unas autoridades atrapadas por el temor real de mayor expansión del Covid-19.      

La pobreza se ha impuesto

Basta ver las fotografías y los videos difundidos por todos los medios para advertir que en esta octava semana de la cuarentena impuesta por el coronavirus se han reanudado gran parte de las actividades comerciales, de los trabajadores informales, 55% de los empleados, y de las pequeñas y medianas empresas, el 95% de las unidades productivas nacionales. Hasta los taponamientos del caótico tráfico vehicular hicieron su reaparición en el gran Santo Domingo, donde vive el 40% de la población del país.

 La ruptura del confinamiento se ha advertido también en Santiago y la mayoría de las grandes ciudades, especialmente en los suburbios de la pobreza urbana, en los mercados populares, mientras los vendedores ambulantes empezaron a retomar el control de las vía públicas. Pequeñas tiendas de todo género, abrieron parcialmente, igual que lavanderías, peluquerías y salones de belleza que se reactivan discretamente, con una puerta entreabierta,  o que ofrecen servicios a domicilio, lo mismo que todo género de técnicos, sean de computadoras, electricistas o plomeros, mientras las trabajadoras y vigilantes domésticos que se habían quedado en casa, se están reintegrando a sus labores.

Contrasta que las autoridades han seguido empeñadas en mantener el toque de queda nocturno, acatado durante más de siete semanas por más del 99% de la población, pero han observado impasibles la reanudación de tantas actividades entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, tal vez por reconocimiento de la realidad económico social y temores de que la represión pudiera agravar la situación.

El hambre, no falta miedo

Es el hambre, la necesidad de sobrevivir de la mayoría de los trabajadores que dependen de lo que ganan cada día, lo que impulsa la ruptura de la cuarentena, no porque hayan perdido el miedo a la pandemia, como especuló el ministro de Salud Pública a mitad de semana al reconocer la realidad. Desde el principio se advirtió que los trabajadores informales no resistirían  muchas semanas el confinamiento. Tampoco los que dependen de pequeñas y medianas empresas, muchas con costos fijos, a los cuales sería difícil alcanzar con los subsidios estatales. Parece que hubo poca disposición en las autoridades para valerse de las asociaciones populares, por ejemplo las de los decenas de miles de transportistas, de pequeños productores o de cooperativas, para garantizarle el subsidio mínimo.

Aun los que alcanzan el subsidio mejorado a 5 mil pesos mensuales no pueden aguantar mucho cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobres es de 14 mil 200 pesos. Y aún una alta proporción de los empleados formales suspendidos, que ya alcanzan el millón, por diversas razones no han podido recibir los 8,500 pesos de subsidio anunciado. Mientras es secreto a voces que gran parte de las empresas empiezan a dar notaciones de incapacidad o falta de voluntad para pagarles la parte que se contempló en el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados.

Por otra parte, las asociaciones de comerciantes y de pequeñas y medianas empresas han denunciado discrimen por cuanto al comercio mediano y bajo se le mantiene cerrado, mientras los supermercados y grandes tiendas por departamentos venden no sólo alimentos, sino vestuarios, calzados, artículos del hogar, ferreteros, de limpieza y otros que ellos están impedidos de comercializar. Otros venden por internet todo género de mercancías y ofrecen servicios, como de lavandería que implican movilidad de empleados internos y de transportadores. Eso ha influido en la decisión de muchos de reactivar sus medios de vida, al igual que el temor a la quiebra de pequeñas y medianas empresas con costos fijos y de financiamientos, y particularmente de productores agropecuarios, de frutas y vegetales, víctimas del cierre de hoteles y restaurantes, de las exportaciones y de los mercados binacionales fronterizos, así como de las dificultades de transporte y comercialización.

Persistencia en el dilema

Ya hace par de semanas que se viene advirtiendo que las autoridades nacionales han quedado atrapadas en el dilema de mantener la cuarentena o reabrir progresivamente las actividades para evitar que la necesidad la imponga caóticamente o con mínimos controles,  como ya está ocurriendo. Por un lado está la recomendación de los organismos de salubridad internacional de mantener el confinamiento para evitar mayor expansión del covid-19, y por el otro el daño económico-social de la parálisis.

La discusión es universal, y aún en naciones más golpeadas por la pandemia, ya se inicia la reactivación, buscando reparar los daños de la paralización, como Estados Unidos, el país de mayor número de contaminados y muertos. Igual se debate en España, Italia y Reino Unido, que le siguen en orden de afectados. En todos como aquí, ha habido divergencias hasta entre los funcionarios gubernamentales.

La diferencia con República Dominicana es que ninguno de aquellos tiene los niveles de pobreza que registra este país y ni por asomo más de la mitad de su fuerza productiva en la informalidad, dependiendo de lo que producen día a día. Esto ha querido ignorarlo el gobierno dominicano, reiterando esta semana que todavía no hay fecha para la reactivación, cuando el mercado laboral la está imponiendo.

Hay quienes creen que expresamente están dejando que la realidad se imponga sin hacer mayores esfuerzos por contenerla. De esa forma el gobierno evadiría pagar el costo de un temido incremento de la contaminación por efecto de la reanudación de las actividades.

Muchos errores acumulados

Desde el principio se advirtió que para enfrentar la pandemia era imprescindible una gran concertación nacional que comprometiera a todos los sectores políticos y sociales, Contradictoriamente no lo planteó el gobierno sino la oposición política y los sectores sociales, sin recibir siquiera una respuesta de cortesía. Concertando hubiesen podido compartir ahora los riesgos de la oportunidad de la reapertura.

Entre los errores iniciales se anota que el gobierno perdió el tiempo al privilegiar los negocios, con un mercado muy limitado de suplidores de los productos necesarios para enfrentar la pandemia, por la enorme demanda, y cuando más de la mitad de las primeras licitaciones, realizadas con horas de plazo, fueron atribuidas a una empresa vinculada con capital de 100 mil pesos, que sólo el día del inicio de la emergencia se registró para ofertarlos, por lo que no pudo cumplirlas por falta de experiencia y relaciones comerciales. No se acudió directamente a empresas nacionales y de zonas francas que podían suplirlos.

Otro error notable fue que el gobierno evadió apelar a tratados firmados con China para adquirir directamente los productos imprescindibles, y garantizar su rápido y masivo transporte, dando oportunidad a que avioncitos, ni siquiera cargueros, de su candidato presidencial viajaran a ese lejano país para traer pequeños cargamentos. Todavía esta semana el ministro de Salud Público hubo de admitir que aún no disponen de los insumos necesarios para las pruebas que permiten la detección y el combate temprano del coronavirus. Hasta el Ayuntamiento del DN anunció el reparto de un millón de mascarillas, y empresas privadas las consiguieron por decenas de miles, antes que el gobierno. Al concluir abril todavía el Colegio de Enfermeras denunciaba la falta de equipos de protección en los hospitales. Las autoridades han evadido concertar hasta con el Colegio Médico Dominicano.

Con los peores resultados regionales

 En el trasfondo de la indecisión de las autoridades nacionales sobre la reapertura gradual y controlada de las actividades productivas, que incluye diferencias públicas entre los ministros de la Presidencia, de Hacienda y de Salud Pública, está el pobre resultado logrado hasta ahora en el control de la pandemia, en parte por el desaprovechamiento de las 8 semanas que el cuerpo social dominicano pudo resistir en cuarentena.

 Al día de ayer, con 9,376 personas contagiadas y 380 fallecidas, la RD seguía cosechando los peores resultados del Covid-19 en la región centroamericana y del Caribe, sólo superada proporcionalmente por Panamá, que registraba  7,868 enfermos y 225 decesos. Por proporción poblacional el país está peor que México, y Colombia y en todo el continente  sólo lo superan Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú y Brasil.

En la semana del 1 al 7 de mayo, los contaminados en RD pasaron de 6,972 a 9,095, sumando 2,123, para un 30%, y los fallecidos ascendieron a 373, con 80 más sobre 293, para un incremento de 27%. Los datos indican que la curva de crecimiento no ha podido ser detenida, con un bajo promedio de pruebas de 754 por día, lo que podría estar ocultando una expansión peor. Ha mejorado mucho la proporción de recuperados que en dos semanas se triplicó al 24%, aunque en el mundo es de 33%.-

El interés electoral predomina sobre la crisis de salud y sus consecuencias

La RD registra los peores resultados del coronavirus en la región del Caribe y Centroamérica, con el agravante de que se encuentra en transición hacia un nuevo gobierno que tendrá que enfrentar una grave crisis económica y social       

                                               Por Juan Bolívar Díaz

La región del Caribe y Centroamérica registra una baja incidencia de contaminación y muertes a causa del coronavirus, y la República Dominicana está a la cabeza de los más afectados, dos meses después que se registrara el primer caso y transcurriendo la séptima semana de un período de emergencia y confinamiento de la población.

La coyuntura electoral, en medio de una severa crisis política y de credibilidad en las instituciones, ha dificultado las posibilidades de contener la pandemia y empezar la planificación para enfrentar sus consecuencias económicas y sociales, que podrían sumir el país en la peor conturbación de su etapa de incipiente democracia.

Entre peores en la región

Aunque hace dos semanas el presidente Danilo Medina presumió de buenos resultados dominicanos frente al coronavirus, para hacerlo tuvo que apelar a la comparación con los desastres de España y Estados Unidos. Si se analiza en relación al continente y a la región del Caribe y Centroamérica entonces RD está entre los peores.

Entre los 13 mayores países de la región, incluyendo a México, Colombia y Venezuela, RD tiene el peor resultado. Panamá le supera en la proporción poblacional contaminada, 0.15 a 0.06%, pero la tasa de letalidad, es decir los fallecidos como porcentaje de los enfermos, es superior en el país 4.3 a 2.8 por ciento.

Sólo México acumula más contagiados que RD, 17,799 a 6,972, pero con porcentaje de 0.01, versus 0.06, porque la población  mexicana, de 127,7 millones, es 12 veces superior a la dominicana, estimándola en 11.1 millones.

En el cuadro anexo resalta la alta letalidad de Haití, Honduras y Puerto Rico,  y  pero los tres con muy bajo número de contagiados. La letalidad en Colombia es ligeramente superior a la dominicana, 4.5 a 4.3, pero la proporción de contaminados es mucho menor, 0.01 por ciento.

Un vistazo a las estadísticas sudamericanas, indica que la mayoría de los países también registran menores porcentajes de afectados y fallecidos. Ecuador es el peor, seguido de Perú. Brasil lidera con 79,685 contagiados, pero con población de 211.4 millones, para quedar en un bajo porcentaje de 0.037 contaminados. Todos estos cálculos con datos del periódico El País, de Madrid y de BBC Mundo al 30 de abril.

El gran dilema nacional

Transcurriendo la séptima semana desde que se inició la emergencia nacional por el coronavirus, el 19 de marzo, la población dominicana presenta claros signos de fatiga mientras las autoridades se debaten en el dilema de mantener indefinidamente las restricciones, incluido el cierre de casi todas las actividades productivas, o dar inicio a una reactivación ya programada, porque desde la semana pasada circula un calendario elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, según el cual esa etapa iniciaría el 11 de mayo. El mismo ministerio se cuidó de advertir que no es un documento oficial.

No  es sólo el gobierno que teme fijar posición al respecto, también importantes sectores empresariales y la oposición política, pues todos temen favorecer unas decisión que pudiera desatar una mayor expansión de la pandemia, que no ha entrado con fuerza en los sectores populares, después de haberse iniciado en las clases medias y altas más vinculadas a los países precursores. Sin quererlo, el gobierno incentivó las expectativas de reactivación cuando esta semana reanudó el trabajo de los altos funcionarios, con personal fundamental.

 Entre los empresarios, la posición más favorable al inicio de la reactivación la ha expresado la Asociación de Industrias, seguida de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas, que incluso ha publicado un protocolo a seguir para proteger a empleados  y clientes. Este sector es el más castigado por la parálisis, con gastos fijos, temiendo quiebras masivas. La presión de los trabajadores por cuenta propia y los chiriperos se manifiesta cada día más en la proporción que sale a las calles buscándose el sustento diario.

Alrededor de 850 mil empleados de más de 50 mil empresas formales tienen sus contratos suspendidos, y aunque una parte recibe subsidio del gobierno, no alcanzan a cubrir el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, situado en 14 mil 200 pesos mensuales. Muchas empresas que han estado aportándole una parte del salario, también comienzan a declararse en incapacidad para prolongarlo.

Repercusiones económicas      

La alta dependencia de factores externos, como el flujo turístico, de remesas, inversión extranjera y del financiamiento, particularmente en bonos soberanos en los últimos años, determina más severas repercusiones económicas y sociales derivadas de la pandemia que golpea duramente a Estados Unidos, España, Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, principales socios en esos renglones.

El turismo está paralizado en todo el mundo y nadie se atreve a vaticinar cuánto tiempo necesitará para recuperarse, con un desempleo que en Estados Unidos ha sumado 30 millones de personas y una recesión de 4.8 por ciento en el primer trimestre, agravada a partir del cuarto mes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió esta semana que la caída del turismo en la región del Caribe, donde RD es principal destino, implicará una regresión de 6.2% del producto interno. Todavía después que se reanuden los vuelos y se recupere el empleo, faltará tiempo para que muchos recuperen la confianza en viajar. Las remesas también caerán, ya 20 por ciento en marzo pasado, pero estas sólo dependerán de la recuperación del empleo. Turismo  y remesas generaron el año pasado 15 mil millones de dólares en la RD.

Las perspectivas son de que en el mejor de los casos, como adelantaron el Banco Mundial y la CEPAL, la economía dominicana quedará este año en crecimiento cero, Pero analistas económicos nacionales creen que podría ser peor. Al anunciar un crédito de 650 millones de dólares al país el jueves, el FMI advirtió que el Covid-19 ha perturbado la economía nacional “Y ha creado urgentes necesidades de balanza de pagos y financiamiento fiscal”, que cuando la pandemia retroceda será necesario volver a una consolidación fiscal y flexibilidad cambiaria para mantener reservas internacionales, garantizar que la relación deuda pública BID se mantenga sostenible y en ruta descendente.

La peor crisis en décadas

La recesión económica y el desempleo y la consiguiente caída de los ingresos fiscales, configuran lo que ya se advierte como la peor crisis económica en todo el período de la incipiente democracia dominicana. Se le compara con la guerra civil que siguió a la invasión militar norteamericana de 1965 que frenó el triunfo de la revolución constitucionalista y con la del 2003-04 por las quiebras bancarias.

Ahora como en 1965 el país ha vivido semanas de parálisis económica, con toque de queda, y aquella vez con mayor número de víctimas mortales, pero con un entorno internacional sin problemas, que buscaba ayudar al país, incluyendo a Estados Unidos, que amortiguó su violenta irrupción con asistencia financiera y alimentaria, mercado preferencial y que abrió sus fronteras a unas inmigración que en medio siglo llevó a su territorio cerca de dos millones de dominicanos. De esa forma contribuyó a la enfriar la caldera social.

La crisis bancaria del 2003 fue también local y los organismos internacionales prestaron rápida asistencia, sin que afectara el turismo ni las remesas, y el país tenía mayor capacidad de endeudamiento que ahora, cuando está llegando a límites de sostenibilidad. La colocación de bonos internacionales con la que se ha financiado el déficit presupuestal, se verá en dificultades en la misma proporción que caigan los ingresos fiscales y se agudicen el desempleo y la pobreza.    

Los intereses electorales

La circunstancia de que la crisis se desencadenara en la etapa final de la campaña electoral para elegir nuevo presidente y Congreso ha dificultado una respuesta concertada y más efectiva y sigue condicionando las políticas públicas y el apoyo de la oposición. Desde el primer momento el gobierno jugó a administrar solo la crisis, pretendiendo encontrar en ella una oportunidad para mejorar el pobre posicionamiento de sus candidatos. Ni por cortesía ha respondido las sugerencias y reclamos de concertación de los partidos de oposición.

En vez de asumir la responsabilidad de buscar asistencia internacional y comprar directamente los insumos y equipos para responder a la emergencia, prefirió dejar que avioncitos del candidato presidencial fueran tan lejos como a China para traer pequeños cargamentos, cuando pudo apelar a acuerdos bilaterales para traer un carguero, incluso con mercancías de empresas que quedaron varadas en ese país por falta de transporte normal.

Todavía el pasado domingo tras el desorden del peregrino que llegó a Puerto Plata con escolta policial, de militares, defensa civil y 911 y congregó una multitud, el gobierno no sólo pretendió culpar al principal partido opositor, porque el alcalde local imprudentemente  prestó un vehículo con altoparlante, sino que permitió que las brigadas del candidato presidencial Gonzalo Castillo llegaran allí a desinfectar en el horario de toque de queda, en vez de hacerlo los organismos del Estado.

 La instrumentalización de la pandemia con interés electoral, llevó a candidatos opositores, especialmente a Luis Abinader del PRM, a una desigual competencia con los mucho mayores recursos del oficialista. Y aun así todavía discuten qué hacer con 15 mil pruebas que entregó al laboratorio de la Universidad Autónoma, sin que recibieran autorización para utilizarlas. La consecuencia es que la oposición ha endurecido sus posiciones  alejando más la concertación reclamada por todos los sectores sociales, no sólo para enfrentar la pandemia, sino también sus consecuencias económicas y sociales. Y no sólo en las 15 semanas que restan al actual gobierno, sino para el que debe comenzar en agosto con el rancho ardiendo.-   

CONTAGIOS COVID-19 REGION DEL CARIBE AL 30 DE ABRIL DE 2019                                                                                  

PAIS POBLACIÓN CONTAGIADOS % CONTAGIADOS FALLECIDOS LETALIDAD %
MEXICO 127,792,000 17.799 0.013 1.731 9.7
RD 11,128,000 6.972 0.062 301 4.3
PANAMÁ 4,175,000 6.378 0.15 178 2.8
COLOMBIA 50,322,000 6.211 0.012 278 4.5
CUBA 11,210,000 1.561 0.013 61 3.9
PUERTO RICO 3,194,000 1.539 0.0005 92 6.0
HONDURAS 9,158,000 771 0.008 71 9.2
COSTA RICA 5,022,000 713 0.014 6 0.8
GUATEMALA 17,263,000 585 0.003 16 2.7
EL SALVADOR 6,623,000 395 0.006 9 2.3
VENEZUELA 28,870,000 331 0.001 10 3.0
HAITI 11,123,000 74 0.0006 15 20.3
NICARAGUA 6,465,000 14 0.0002 3 21.4
           

FUENTES: DIARIO EL PAIS DE ESPAÑA Y BBC MUNDO                              

El supremo interés nacional demanda concertación para generar confianza

Al cumplirse un mes de la emergencia el país luce rezagado ante la expansión del coronavirus, con divergencias, hasta en el gobierno, sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria, económica y social, asomando lo que sería un grave conflicto institucional.

                               Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, la Junta Central Electoral (JCE) aplazó para julio las elecciones presidenciales y congresuales, pero ya hay quienes cortejan una grave crisis institucional empezando a condicionar a la sociedad a la posibilidad de que no puedan celebrarse dentro del período constitucional.

Mientras tanto, el balance del primer mes de la declaratoria de emergencia para enfrentar el coronavirus arroja pesimismo y genera divergencias hasta en el seno del gobierno dentro de un ambiente general de desconfianza y temores a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia.    

Un balance desolador

Por donde quiera que se le pase balance al mes de la emergencia dominicana por el coronavirus, que se cumple mañana, el resultado es desolador, con más de 4 mil personas contaminadas y una tasa de letalidad de 4.8 por ciento, entre las tres más altas del continente, y una lenta recuperación de apenas 6 por ciento, cuando en el mundo es de 25 por ciento.

Tan pobre resultado es vinculado al escaso número de pruebas realizadas, unas 12 mil desde que el primero de marzo apareció en el país el primer contaminado, por la lentitud con que las autoridades de salud respondieron el desafío, privilegiando los negocios de empresas vinculadas al poder político y porque en principio se dejó al candidato presidencial oficialista la iniciativa para la búsqueda de los medicamentos instrumentos y productos necesarios para prevenir y combatir la pandemia, lo que llevó al principal candidato opositor a participar en una competencia que politizó la crisis.

Durante las primeras semanas el grito se generalizó de parte de los gremios de médicos y enfermeras, así como de sectores sociales reclamando cuestiones tan elementales como mascarillas, desinfectantes o guantes. Las personas pasaban entre 5 y 10 días esperando que les hicieran pruebas para determinar si estaban contaminadas. La pandemia se extendió  principalmente en el distrito Nacional, y provincias del Cibao, como la Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Sánchez Ramírez, y María Trinidad Sánchez.

Hay quienes estiman que el virus no ha ocasionado mayores estragos porque entró por la clase media-alta, con mayor capacidad para aislarse y recibir tratamiento, y se cita como prueba que la mayor concentración urbana y de pobreza del país, la provincia Santo Domingo, es de las de menor tasa de contaminados.   

Divide hasta el gobierno

Con casi todas las actividades nacionales paralizadas, después de 4 semanas de reclusión casi absoluta, los últimos días marcaron una fatiga, con tendencia al relajamiento del aislamiento, aumentó el tránsito vehicular  y los medios de transporte después del asueto de la semana santa, cuando se prohibió salir de las ciudades. Empezó a sentirse la presión de los trabajadores informales, estimados en 57 por ciento de los empleados, unos 2.4 millones de personas, que en su mayor  parte no han podido ser alcanzados por los programas de asistencia implementados por el gobierno.

Empezó el debate sobre la conveniencia de normalizar progresivamente las actividades, lo que dividió la comisión de emergencia del gobierno, quedando en evidencia el miércoles cuando el ministro de Salud Pública expresó su convicción de que es necesario un cierre total de por lo menos una semana para contener la expansión de  la pandemia. El mismo día el Ministro de la presidencia dijo que no se contempla esa posibilidad.

Los empleados formales suspendidos por las empresas alcanzaron esta semana los 800 mil, acogiéndose al fondo de asistencia creado por el gobierno, que les garantiza hasta 8 mil pesos, bajo el compromiso de que las empresas completen el salario, pero esto último no está ocurriendo en gran proporción de las más de 40 mil que se han acogido al programa oficial.

Al igual que en Estados Unidos, en el país ha comenzado a debatirse si se puede mantener por largo tiempo la suspensión de actividades, por los costos que tiene para la economía, por quiebras masivas de empresas y sus consiguientes repercusiones sociales, pero los salubristas, encabezados por la Organización Mundial de la Salud, enfatizan que sólo manteniendo un fuerte aislamiento se podría contener la expansión del virus que ya ha cobrado más de 146 mil vidas, con 2 millones 169 mil contaminados.

Cargos contra el gobierno

Al gobierno no sólo se le ha acusado de lentitud en afrontar la pandemia, sino también de haber privilegiado los negocios y evadido comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales, determinando extrema lentitud en la llegada de los suministros necesarios y comprando a precios sobrevaluados. Las limitaciones del tráfico internacional de mercancías han contribuido, pero candidatos presidenciales, entidades empresariales y el ayuntamiento del DN han podido traer cargamentos de suministros.  

Gobiernos como los de Perú y Brasil apelaron a sus relaciones con China para comprarle millones de pruebas, mascarillas, ventiladores y vestuario de protección. Esta semana Roberto Santana, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-China se quejó por televisión de que el gobierno dominicano no haya mostrado interés en un intercambio directo con las autoridades chinas, las que habrían podido incluso facilitar un carguero para traer mercancías de emergencia. Recordó que ambos países firmaron un paquete de protocolos de intercambios y asistencias. Ha trascendido que importadores dominicanos acreditados tienen mercancías de emergencia varadas en China, por falta de transporte internacional.

Las autoridades nacionales prefirieron iniciar licitaciones de emergencia para comprar hasta desinfectantes vías especuladores, cuando pudieron adquirirlos de fabricantes nacionales y de zonas francas, derivando en escándalos, como las adjudicaciones de compras por casi 3 mil millones de pesos por el Sistema Nacional de Salud, que no pudieron ser cumplidas y se perdió una semana. Entre ellas hubo adjudicaciones por 1,515 millones de pesos a una empresa habilitada en el registro mercantil para esos suministros el mismo día en que se decretó la emergencia. La misma apareció en otras denuncias de compras del Ministerio de Salud, documentada esta semana por el Partido Revolucionario Moderno. Se le adjudicaron compras sobrevaluadas por 292 millones de pesos en una licitación que duró 28 minutos. El mayor escándalo fue la denuncia de las compras de emergencia, con enormes sobrevaluaciones, del Instituto Nacional para la Primera Infancia, que provocó la renuncia de su directora y la destitución de su plana mayor.      

Como llanero solitario

Desde el comienzo de la pandemia, en medio de una crisis electoral, causada por la suspensión de las elecciones municipales en febrero, los líderes de la oposición han reclamado al presidente que despeje toda intención de aprovechamiento político de la crisis y que busque concertar con todos los sectores políticos y sociales. A esa  posición se han sumado dirigentes empresariales y de instituciones sociales como Participación Ciudadana,  la Finjus y el Centro Social Juan XXIII, así como religiosos y medios de comunicación.

Los candidatos presidenciales opositores Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno han estado al frente de los reclamos, planteando la necesidad de concertación con el triple objetivo de enfrentar la crisis de salubridad, la parálisis económica y sus derivaciones sociales y el desafío de elegir nuevo gobierno y congreso antes del 16 de agosto. No han conseguido siquiera una respuesta cortés del gobierno de Danilo Medina.

En una declaración conjunta ayer viernes los partidos de oposición endurecieron su actitud, demandando “una actuación responsable, sensible, eficiente y ética del gobierno para combatir el alarmante incremento del Covid-19”, resaltando que sólo en la primera mitad de abril los contaminados aumentaron de 1,284 a 3,755, y los fallecidos de 57 a 183.

Plantearon que “Ante una crisis sanitaria, económica y político-electoral inédita y de una gravedad extrema, que demanda una salida integral y pactada por el conjunto de sectores políticos, sociales y ciudadanos, corresponde al Presidente de la República, como Jefe del Estado, responsable de la ejecución de políticas y del presupuesto, convocar y crear las condiciones para la concertación de voluntades”.

Se agrava a desconfianza

En los  ámbitos opositores se agrava día a día la desconfianza en la gestión gubernamental de la crisis y se esperaba que anoche el presidente Danilo Medina desautorizara el incipiente curso de opiniones de sus voceros mediáticos, que ya consideran  imposible celebrar las elecciones antes del 16 de agosto cuando deben renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo. Contribuyen a la incertidumbre destacados abogados que ya plantean alternativas para una situación sin precedente que generaría una crisis institucional. Algunos insinúan la continuidad de Medina, mediante novedosas interpretaciones constitucionales, y un senador oficialista planteó extender el mandato actual por un año. La desconfianza viene desde que tras la división de su partido, en octubre, el presidente Medina proclamó que “Yo voy a ganar las elecciones”, sin ser candidato. Le atribuyen por lo menos la intención de provocar otra reforma constitucional que le permita volver a optar por la presidencia a partir del 2024.

Ha llamado la atención que el gobernante PLD no ha aprobado formalmente la nueva fecha para las elecciones, 5 de julio, establecida el lunes por la JCE, como lo han hecho los partidos de oposición. Su presidente, Temístocles Montás, se abstuvo de opinar hasta que su Comité Político fije posición.

El aplazamiento de las elecciones de mayo fue avalado por todos los partidos, y predominó que fuera lo más tarde posible antes del límite de agosto, para dar tiempo a una contención del COVID-19 que permita reanudar las actividades nacionales. Para el cambio de gobierno faltan aún 4 meses por lo que no se justifica presumir imposibilidad. En ese período tendrá que mejorar la situación para reactivar las actividades nacionales, y si se renueva el trabajo y transporte masivo, no hay que descartar que también se pueda votar. Dotar a cada elector de una mascarilla y guantes, saldría más barato que una crisis institucional.-            

Urge concertación para las elecciones que se espera puedan celebrarse en julio

El país encabeza Latinoamérica en expansión del coronavirus y en su tasa de letalidad, mientras asoma el tráfico de influencia al otorgarse el 53% de compras estatales a una empresa de $100 mil que acaba de acreditarse para suplir mercancías de emergencia

Por Juan Bolívar Díaz

Crédito de imagen: Periódico Hoy

Con el inicio de la Semana Santa se llega al límite de tiempo razonable para que la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos dominantes reconozcan que no hay condiciones para que las elecciones presidenciales y congresuales puedan celebrarse el 17 de mayo, y ya otros proponen que sean aplazadas hasta julio próximo.

De hecho la solicitud del gobierno para que el Congreso extienda por otros 25 días el estado de emergencia aprobado en principio hasta el 13 de abril, para prolongarlo hasta el 8 de mayo, tiene implicaciones políticas al mantener limitadas las reuniones, manifestaciones públicas y la libre circulación.

Una semana santísima

La que se inicia mañana Domingo de Ramos será una Semana Santa especial, sin cultos para los fieles en los templos, por decisión de sus jerarquías y del gobierno, que además prohibió la concurrencia a los balnearios y congregaciones, con el país sometido, por otras dos semanas a partir a un toque de queda de 5 de la tarde y 6 de la mañana, fundamental para tratar de contener la expansión de la pandemia del coronavirus.

 Esta semana comenzó con 719 contagiados y 28 fallecimientos, y ayer acumuló 1488 y 68, con incrementos del 107 y 143 por ciento, respectivamente. Ayer temprano RD encabezaba América Latina en tasa de letalidad del Covid-19, con 4.7% de fallecimientos por contagiados, seguida por Brasil y Ecuador con 3.5 y 3.4% respectivamente. Estos dos con más contagiados, 6,836 y 2,758, y fallecimientos, 241 y 95, pero con poblaciones muy superiores, 210 millones de brasileños y 17 millones de ecuatorianos.

Con casi todas las actividades paralizadas y prohibición de las interrelaciones sociales, mientras la curva de la pandemia sigue ascendiendo, sin visos todavía de que se detendrá en el país y la región, ni en naciones de estrechos vínculos como Estados Unidos y España, no hay perspectivas de que las elecciones presidenciales y congresuales puedan efectuarse el 17 de mayo. Bolivia, que tenía también presidenciales el 3 de mayo, las suspendió sin fecha fija hace más de una semana, aunque allá hasta ayer sólo registraban 132 contagios y 9 decesos.          

No tendrían legitimidad

Si el sistema político persiste en realizar las elecciones en las circunstancias que se prevén para las próximas semanas, podrían abocarse a un nuevo Gobierno y un Congreso Nacional de escasa legitimidad porque una alta proporción de la ciudadanía no estaría en condiciones de acudir a las urnas, por temor al contagio de la pandemia. Sería grave por la  crisis económica que tendrían que enfrentar, que demandará importantes reformas fiscales y grandes sacrificios para recuperar el crecimiento económico, atender la salubridad, y enfrentar el desempleo y el incremento de la pobreza que se prevén.

La JCE tiene la responsabilidad constitucional de organizar los procesos eleccionarios, garantizando el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegida, pero en estas  circunstancias dejaría fuera el 8 por ciento que representan los casi 600 mil dominicanos empadronados en el exterior, 67% en Estados Unidos, 14% en España, 6% en Puerto  Rico, y 2% en Italia, en los países más asolados por la pandemia, que no permiten concentraciones. En el exterior se elige no sólo al presidente, sino también 7 diputados.

 Aunque la JCE ha proseguido su calendario organizativo, tal vez esperando que sean los partidos quienes tomen la iniciativa de aplazamiento, por sus propias condiciones laborales sus ejecutivos deben ser conscientes de las dificultades que tendrían para echar a andar una maquinaria de 143 mil 484 operadores, de los que 80 mil tendrían la misión de habilitar los colegios electorales, sin contar los delegados de los partidos políticos.

Con el país cerrado y los vuelos internacionales suspendidos, tampoco podría contarse con las misiones de observadores ni los asesores del exterior considerados fundamentales. Pero si ni siquiera los fieles pueden ir a las iglesias en Semana Santa, cómo se podrá convencer a toda la ciudadanía de que acuda a los centros de votación.

Iniciativa de los pequeños

A falta de iniciativa de los partidos mayoritarios, los pequeños, agrupados en el Foro Permanente de los Partidos Políticos de RD, han presentado una propuesta de aplazamiento de las elecciones, hasta el domingo 12 de julio, dejando abierta la posibilidad de una segunda votación el 26 de julio. Plantean reabrir las posibilidades de alianzas para reducir las opciones desde la primera vuelta, extender el horario de votaciones y limitar a la mitad la cantidad de electores por colegio para reducir los acercamientos humanos. Pero eso se anularía al requerirse el doble de locales, que serían en los mismos centros, y porque también duplicaría los operarios y delegados de los partidos.

En los diversos sectores políticos y sociales se ha discutido la posibilidad de aplazar las elecciones, y en general se ven imposibles para mayo, pero ninguno de los grandes quiere tomar la iniciativa, esperando que el tiempo lo dictamine, o que la JCE reconozca las dificultades y convoque a consulta. Convienen en que entre mayo y agosto la pandemia estaría en retroceso. Podrían evaluarlo el lunes de resurrección, 13 de abril, a 34 días de la fecha programada y justo cuando se ha programado imprimir las boletas electorales.

Debe asumirse que los agrupados en el Foro Permanente de Partidos llevarán su propuesta a la JCE, con petición de que convoque a consulta. Pero también pudiera hacerlo la Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero, con representantes de la sociedad civil. En cualquier caso tendría que predominar el más amplio consenso político-social, para que en agosto se pueda instalar el nuevo gobierno que prevé la Constitución, pues en caso contrario habría un vacío de poder, porque la carta magna no contempla la posibilidad de que no se elijan las autoridades cada cuatro años.

A quien favorece seguir    

 En principio se calculaba que al gobernante Partido de la Liberación Dominicana le convenía el aplazamiento de las elecciones, buscando ganar tiempo, a la luz de las encuestas que han llegado a dar posibilidad de triunfo en primera vuelta al opositor Partido Revolucionario Moderno  y 6 partidos aliados que postulan al economista Luis Abinader. Los resultados de las elecciones municipales ratificaron sus preferencias.

Sin embargo, de las mismas encuestas y de los resultados aparece otra lectura, que Abinader domina en los grandes centros urbanos y los ámbitos de clases medias, mientras el poder gobernante del PLD y su candidato Gonzalo Castillo tienen mucho mayores recursos para incentivar la votación en las medianas y pequeñas comunidades y los sectores sociales bajos.

En los grandes municipios la votación de marzo quedó en torno al 40%, sobre todo en el gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata, que concentran sobre el 40% de los electores. En los pequeños predominó sobre 60%. En los grandes centros urbanos los riesgos y el temor al contagio del Covid-19 son mayores, lo que habría influido el 15 de marzo, cuando comenzaba la grave crisis. Sin el voto del exterior, la oposición perdería una gran ventaja que se le atribuye allí, donde el poder gubernamental del PLD queda anulado.

Con el panorama de necesidad en que estaría la población pobre en mayo, crecen las las posibilidades de ser incentivada a votar. El PLD por lo menos forzaría la segunda vuelta, contando con seguir sacando ventaja de los repartos sociales, multiplicados por la emergencia, con un candidato que gasta por millones y todo el apoyo del Estado.

Aprovechamiento sin tregua

Las primeras adjudicaciones de contrataciones para adquirir instrumentos y materiales para afrontar la crisis del Covid-19, publicadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), muestran la falta de escrúpulos y la disposición a aprovecharse de toda circunstancias de que se acusa a los gobernantes. En el primer paquete de compras, por 2 mil 879 millones de pesos, se le otorgó el 53%, $1,515.7 millones, a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas tiene un capital de 100 mil pesos, registrada como propiedad de Efraín Santiago Báez Fajardo, a su vez gerente, y de José Andrés Familia.

Hasta hace dos semanas, esa empresa se dedicaba a diseños, planeación y financiación de proyectos de arquitectura e ingeniería, en sus múltiples renglones, pero el 19 de marzo, el mismo día en que el presidente Danilo Medina decretó el Estado de Emergencia que, entre otras cosas, libera de trámites las contrataciones, notificó al registro de la Cámara de Comercio que también se dedicaría al “Suministro general de equipos médicos, productos quirúrgicos y para examen y control de pacientes y suministro para tratamiento y cuidado de enfermos”. Sólo le faltó mencionar el coronavirus.

 Y una semana después, sin tener almacén, ni representar alguna distribuidora de productos de la emergencia, sin la menor experiencia en ese negocio, la Tools & Resources recibió la mayor parte de las contrataciones para entrega en 6 días. Y en la notificación se hace contar que tiene que actualizar su  especialidad ante la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Lo mismo ocurrió con otra empresa beneficiaria del 12% del monto contratado, la Gedco Inversuply.

Cuando se comparan los precios de la contratación con los ofertados hace poco por empresas acreditadas en esos suministros, se encuentra una enorme sobrevaluación, en su mayoría entre 65 y 200% en materiales como termómetros digitales, desinfectantes, mascarillas, guantes, overoles y cubre caras y lentes de protección. Pero alcanza hasta 1,500% en botas de gomas. .           

El director del SNS, Chanel Rosa, un funcionario bien reputado, admitió ayer por televisión que esas empresas pudieron haber aprovechado la escasez para elevar precios, y al mismo tiempo indicó que al concluir el plazo de entrega parece que no podrían cumplir y ahí terminaría el negocio. La Tools está vinculada a un consorcio de construcciones beneficiario de contratos millonarios del Ministerio de Obras Públicas, cuando era su titular el actual candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Mientras tanto, los médicos y enfermeras seguirán pagando con decenas de contaminados por carecer de la debida protección.

Sin unidad nacional nos acaba el virus y no habrá elecciones por varios meses

Por Juan Bolívar Díaz

Los enormes desafíos que representa para el país el progresivo avance de la pandemia mundial del Covid-19, que ya paraliza casi todas las actividades y amenaza prolongarse por meses, obliga a un gobierno ya desgastado por el final de su período a fomentar una amplia unidad nacional, para reducir el costo en la salubridad y en desestabilidad económica.

Las perspectivas indican que las elecciones no podrán celebrarse en mayo, pero debe esperarse un poco para ver por cuánto tiempo han de ser aplazadas, para lo cual será imprescindible  un amplio consenso entre las fuerzas políticas y sociales, desafiadas a privilegiar el supremo interés nacional, incluso para el nuevo período gubernamental.    

Incertidumbre histórica

La pandemia del coronavirus constituye un sacudimiento mundial sin precedente, no sólo por su dimensión en la salubridad y el costo en vidas humanas, sino también por el desguañangue que dejará en la economía globalizada, desestabilizando hasta países desarrollados, dejando desolación humana y mayores niveles de pobreza.

Que al día de ayer Estados Unidos ya lideraba el mundo en cantidad de personas infectadas por el virus, superando a China donde primero apareció, con España, Italia encabezando el número de víctimas, 4,158 y 7,503, la Unión Europea en profunda crisis humanitaria y de parálisis casi total, debería ser suficiente aviso para que en la República Dominicana se entienda la dimensión de las amenazas.

Irónicamente han sido los países donde primero se difundió el Covid-19 los que han tenido éxito en contenerlo, mientras la pandemia avanza incontenible poniendo de rodillas hasta a las mayores economías occidentales, como la de Estados Unidos donde se está aprobando un salvataje económico histórico de 2.2 billones de dólares. Los costos en vidas humanas y salubridad general, así como económicos son incuantificables, hablándose de cifras que estremecen y causan pánico universal.

Este mundo de tantos avances tecnológicos y científicos, con expansión cósmica, de repente es sacudido y desestabilizado por un virus, como si la naturaleza estuviera pasando factura por la inmensa depredación del planeta y por las insostenibles concentraciones de la riqueza que afianzan la exclusión y la pobreza y hasta revierten el estado de bienestar labrado tras la catástrofe de la segunda guerra mundial.

Estremecimiento nacional

Transcurridos dos tercios del período de emergencia de 15 días indicado en el decreto 320 del 19 de marzo, las perspectivas lucen cada día más inciertas con un avance incontenible del Covid-19. Entonces los contaminados eran sólo 34 y una sola víctima mortal. Ayer los afectados se habían multiplicado 17 veces para alcanzar a 581 y los fallecidos eran 20 veces. Sólo de lunes a viernes el crecimiento de los enfermados fue entre 19 y 26% de día a día, y entre el martes y ayer viernes, las víctimas mortales, pasaron de 6 a 20, incremento de 233%.

Las estadísticas indican que los múltiples esfuerzos de las autoridades sanitarias no han logrado contener la expansión. Se tiene la impresión de que a nivel nacional el Covid-19 se ha diseminado más en las clase medias y  medias altas, con múltiples víctimas de actividades sociales, como una cena benéfica en San Pedro de Macorís, de donde salió una docena de contaminados. También hubo varios en una boda celebrada en Punta Cana, y de un coctel en Santo Domingo. Según el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, en San Francisco de Macorís proliferó por el carnaval, la campaña política y algunas fiestas, aunque se teme que influyera la primera dominicana que llegó del exterior con el virus y se le permitió irse a su casa, donde hizo vida social. San Francisco acumula el 10% de los contaminados y el 60% de los fallecimientos, con 12 de 20.

Que los hospitales públicos no hayan tenido fuerte presión, parece indicador de que la pandemia no ha penetrado fuerte en los sectores más vulnerables, que no pueden acumular alimentos por más de tres o cuatro días, y que dependen de trabajos informales de los que sacan la subsistencia día a día. Son los que tendrían mayores dificultades para una cuarentena total que podría ser necesaria.

Desestabilidad económica

Las perspectivas ya apuntan a que el país quedará desestabilizado económicamente por la caída de la producción, de las exportaciones a mercados contraídos y en recesión, y sobre todo por la reducción del turismo y las remesas, que el año pasado generaron 7 mil 500 y 7 mil 87 millones de dólares, respectivamente. Nadie puede predecir cuánto tiempo tomará una significativa reactivación del turismo internacional, pero pocos creen que ocurrirá este año. Con la contracción en Estados Unidos y la reducción del empleo, que sólo esta semana implicó allí 3 millones 280 mil puestos, las remesas tendrían fuerte caída, más aún con la situación de España e Italia, otros importantes refugios de la diáspora dominicana.

Otra actividad económica en grave dificultad será el de las zonas francas. Entre estas y el turismo, ambos ahora paralizados, generan más de 300 mil empleos directos y otros tantos indirectos. Las arcas del Estado quedarán vacías por la reducción de las recaudaciones, por el salvataje que de entrada se lleva 30 mil millones de pesos, hasta 12 mil millones ilegalmente del Banco Central.

Todas esas precariedades se traducirán en mucho mayor endeudamiento público y particular, sin que se llegue al extremo de expropiar los más de 500 mil millones de pesos acumulados en los fondos de pensiones de los trabajadores durante casi dos décadas, como algunos han propuesto. Se configura un panorama nada halagüeño para el nuevo gobierno a iniciarse en agosto,  sobre el que ya pendía la necesidad de una profunda reforma fiscal.

La prioridad nacional

Las perspectivas del Covid 19 y las de la economía justifican la propuesta del principal candidato presidencial opositor Luis Abinader, de unir todas las voluntades nacionales para enfrentar la grave crisis, la cual ha recibido respaldo en otros sectores políticos y en los ámbitos sociales y de opinión pública. De hecho, Abinader, como Leonel Fernández y Guillermo Moreno, también candidatos presidenciales, y organizaciones profesionales y sociales, han estado por delante del gobierno, no sólo en el reclamo de unidad nacional, sino también pidiendo inversión en las pruebas para detectar a tiempo el virus, en mayores controles y en la asistencia a cientos de miles de empleados suspendidos, y  a los más de 2 millones de trabajadores informales.

Esta semana el presidente Danilo Medina atendió las demandas sobre control de la enfermedad y de asistencia económico-social, pero sin aludir a las peticiones e ignoró las propuestas de unidad nacional ante la crisis. Pretender que con los repartos anunciados se conjuga la situación puede ser un error político. La concertación no sólo crearía una sinergia nacional alentadora, sino que disminuirían la responsabilidad del gobierno ante una posible complicación y extensión de la pandemia y sus consecuencias económico-sociales.

Será fácil llegar a los 800 mil que ya están en el programa comer es primero, acumulados en 18 años, donde están los cientos de miles de la extrema pobreza y desempleados crónicos, aumentándole la dotación de sus tarjetas a 5 mil pesos, pero una ardua tarea incorporar en poco tiempo y con justicia a los otros 700 mil anunciados. También es fácil llegar, a través de las empresas, a los empleados suspendidos. Pero muy difícil alcanzar a la mayoría de los más de dos millones de trabajadores informales, de las mini-empresas informales, talleres, salones de belleza, de los vendedores y chiriperos, de la construcción y jornaleros agrícolas, y de todos los oficios, profesionales y técnicos. Con poder para protestar, será difícil mantenerlos en cuarentena por muchos días.

Por demás, el presidente Medina debería reconocer que está al término de su gobierno y con candidatos presidenciales en turno, a los cuales convendría consultar o escuchar para alentar la unidad y la cooperación nacional y para evadir toda tentación de aparecer como llanero solitario que buscaría beneficio político de la inmensa desgracia. Eso corresponde también a los opositores, pero el primer mandatario debería sembrar el ejemplo.

Para cuándo las elecciones

Con el país casi en cuarentena total, no lucen factibles las elecciones programadas para el 17 de mayo, y parece difícil un cambio significativo en  las 7 semanas que faltan. Pero al mismo tiempo no hay que precipitar una decisión, y se puede esperar siquiera a que pase la Semana Santa a comenzar en 8 días, para una evaluación de las posibilidades.

El lunes de resurrección será el 13 de abril, a 34  días de la fecha de los comicios, suficientes para seguir adelante con la organización que no ha detenido la Junta Central Electoral, o para apreciar cuánto tiempo sería necesario de aplazamiento. Con el 16 de agosto para instalar el nuevo gobierno, las elecciones pudieran ser aplazadas hasta por dos meses, a julio. En caso de una segunda vuelta, dos o tres semanas después, como se hace en otros países. Con obligada austeridad convendrían campañas electorales cortas.

La JCE tiene facultad constitucional (artículos 211-212), para adoptar las medidas correspondientes a fin de garantizar el derecho a elegir y ser elegido, más aún en una grave crisis nacional e internacional, y la Ley del Régimen Electoral en su artículo 18.7 le faculta para “convocar elecciones extraordinarias cuando proceda, de acuerdo con la Constitución y la ley” y también su artículo 92.2 sobre elecciones extraordinarias.

En el peor escenario nacional, si las elecciones no pudieran celebrarse antes del 16 de agosto, entonces tendría que mediar una reforma constitucional para nueva fecha. Pero en cualquiera de las alternativas,  tiene que mediar un consenso entre los partidos y las organizaciones sociales empeñadas en la restauración de la credibilidad herida en los frustrados comicios municipales de febrero. En Bolivia todos los partidos se pusieron de acuerdo para aplazar unas elecciones presidenciales que estaban programadas para el 3 de mayo, a la espera de poder determina una fecha procedente, que garantice la participación de la ciudadanía. En el caso dominicano incluye a 595 mil residentes en el exterior, la gran mayoría en Nueva York, también en grave situación por la pandemia. 

El PRM ganó el 52% de las alcaldías y en 26 de los 38 mayores municipios

El PLD obtuvo el 41% de las alcaldías y sólo pudo ganar en 10 de los 38 mayores municipios, mientras la abstención alcanzó el 51% pero en 56 pequeños municipios votó entre el 60 y el 81%, la proporción del voto total fue de 43% el PRM y 40% el PLD

Por Juan Bolívar Díaz

Al concluir el cómputo preliminar de las elecciones municipales del domingo, el Partido Revolucionario moderno (PRM) quedó como la principal fuerza política del país, ganando 82 alcaldías, 52% del total, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedó desplazado de la primacía que ostentaba desde las elecciones generales del 2004, quedando con el control de 64 alcaldías, el 41%.

 El PRM y sus aliados fueron ganadores en la mayoría de los centros urbanos del país, consiguiendo la victoria en 26 de los 38 mayores municipios, el 68%, y contribuyendo a la victoria de sus aliados en San Juan de la Maguana e Higüey para completar 28, equivalentes al 74% de los mismos, mientras el PLD  se imponía en mayor proporción en los pequeños y medianos.

43 a 40% en el voto total

Anoche la JCE, a petición de HOY, entregó un cuadro con la votación total por partidos, en la s elecciones municipales del domingo 15,donde el PRM y sus aliados aparecen encabezando con 43%, y el PLD 40%, con 1,503 mil 076 votos para el primero, y 1,415 mil 860 para el segundo. El PRSC y aliados aparecen con 210 mil 472, para un 6%. El PRD solo acumuló 55 mil 900 votos y con aliados 5,178. Fuerza del Pueblo no encabezó muchas alianzas, por las circunstancias de tiempo en que se forjó. 

Según el informe, la votación general alcanzó a 3 millones 497 mil 193, un 49.12 del total de empadronados que era 7 millones 487 mil 40. Los votos nulos sumaron 179 mil 261, equivalentes a l 5.13%. Pero el cómputo final arroja una victoria del PRM y sus aliados, en 82 de los 158 municipios, para un 52%, mientras el PLD salía adelante en 64 para un 41% del total. Los partidos Revolucionario Social Cristiano y Revolucionario Dominicano, que dominaron el escenario político de la segunda mitad del siglo pasado, quedaron relegados, logrando ganar sólo en 7 y 3 de los municipios, respectivamente, por sus alianzas. El Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y el Partido Popular Cristiano (PPC)  obtuvieron los dos restantes.

El cómputo concluyó la noche del jueves, cuando pudieron procesar la totalidad de los colegios de San Pedro de Macorís y San Cristóbal, donde los resultados fueron estrechos en favor del PRM y aliados. En el primero arrojó una diferencia de 512 sufragios, y menos del 1%, con 29.91 a 29.09, y allí se generaron tensiones que llevaron el miércoles a una renuncia del presidente de la Junta Electoral Municipal, que luego retiró. En San Cristóbal la diferencia fue de 1,042 votos, con porcentajes de 43.34 a 41.83%, de 1.51%.

En relación a los 106 alcaldes ganados en el 2016, el PLD retrocedió en 42, equivalentes al 42%, en tanto el PRM avanzó de 30 a 82, con ganancia neta de 52, que representan un incremento de 173%,

En los grandes municipios

La victoria del PRM y sus aliados fue contundente en la mayoría de los grandes centros urbanos del país, incluyendo el Distrito Nacional y las  cabeceras de las 31 provincias. De los 38 municipios más poblados, se impuso en 26 para un 68%, que alcanza a 28 y al 74% cuando se le agregan los de San Juan de la Maguana e Higüey, donde contribuyó a las candidaturas del PRSC y al BIS, que personificaron alianzas locales. El PLD sólo pudo ganar en 10 de los grandes municipios, y en sus tres mayores, Santiago, Santo Domingo Norte y Moca, habría contado con el voto total de los peledeístas antes de la división que originó el Partido Fuerza del Pueblo, liderado por Leonel Fernández, que no postuló a nadie en los mismos. Los tres alcaldes electos allí son señalados como leonelistas.

La victoria del PMR fue arrolladora en el gran Santo Domingo, donde ganó en el DN y en 5 de los 7 municipios de la provincia más poblada, los de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Guerra. En los dos mayores, DN y SDE con votación de 60 y 58%. El PLD sólo ganó Santo Domingo Norte, con 54% y Boca Chica, por 31 a 28% del PRM. Ahí el Partido Cívico Renovador alcanzó 18% y el PRD 12%, único caso en todo el país que hubo 4 partidos con más del 10%.

Fue notorio que el PLD ganó las alcaldías de una gran proporción de los pequeños y medianos municipios, especialmente en la franja fronteriza y en el sur profundo. Pero en esta región perdió en todos los grandes municipios, al igual que en la región oriental,  ambas en las que dominó absolutamente el PRM.

La abstención fue el 51%   

La JCE informó que los concurrentes a los comicios municipales fueron 3 millones 496 mil 882 ciudadanos, de los 7 millones 487 mil 040 empadronados, para un porcentaje del 49%, ligeramente por encima del 47% que promedió el voto en las cuatro elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales entre los años 1998 y 2010. Pero se quedó muy lejos del 70% que se dijo en actitud de votar en varias de las encuestas publicadas en este año. Se cree que el anuncio del aislamiento del país, por el coronavirus, apenas 12 horas antes de abrirse las urnas, incrementó los temores a contraer la enfermedad y redujo la participación.

Siempre ha sido mayor la participación en los pequeños y medianos municipios, pero esta vez se acentuaron las diferencias. En el DN sólo votó el 43%, y en los 3 grandes municipios de  la provincia Santo Domingo apenas entre 37 y 39%. En Santiago 38, La Vega, Puerto Plata, Moca, San Cristóbal, por debajo del promedio. En cambio hubo pequeños como Cristóbal donde votó 81%, Jaquimeyes y la Ciénega 79%, Fundación 78% y El Peñón y Los Cacos 76%. En otros 55 municipios la votación osciló entre 60 y 70%.       

Esas diferencias se reflejaron en que la distancia de votación total no fuera mayor entre el PLD y el PRM con sus aliados. Promedio de votación alta en los pequeños del PLD, y muy baja en los grandes que dominó el perremeísmo. Los peledeístas ganaron poco más de la mitad de los distritos municipales, muchos de ellos con entre 5 y 20 colegios electorales.

 Hubo un factor adicional que contribuyó a reducir la diferencia entre los dos mayores bloques de partidos: En la mayoría de los grandes centros urbanos los votos nulos pasaron del 5% y en muchos del 7 y hasta 8%, mientras en la mayoría de los pequeños y medianos oscilaban entre 1 y 3%. Se puede atribuir al tamaño de las boletas y a que en las grandes ciudades las disputas logran anular más votos que en las pequeñas, donde la gente se conoce y hay menor tendencia a pedir anulación del voto. Aunque puede presumirse mayor nivel educativo en las urbes.

La proyección para mayo

La interpretación de los resultados, consonantes con las encuestas independientes de enero y febrero, no permiten una proyección firme para la elección presidencial, aunque mantienen la posibilidad de un triunfo en primera vuelta del candidato presidencial del PRM Luis Abinader, como ya indicó la Greenberg-Diario libre. Más aún si aumenta la participación de los empadronados del 49% alcanzado ahora, al promedio del 70% en las presidenciales de las últimas cuatro décadas. Eso tomando en cuenta los altos porcentajes registrados por el PRM en los grandes municipios, donde ahora fue menor la proporción de concurrentes.

Es obvio que las elecciones de mayo estarán dependiendo del nivel que alcance el coronavirus en el país y el efecto disuasorio del voto que pueda provocar. Pero también podría acentuar el bipartidismo por cansancio de votaciones y deseo de la población de salir de la incertidumbre. Más aún cuando todas las encuestas independientes proyectan una victoria sobre el 60% para Luis Abinader en una eventual segunda  vuelta.

Por demás, la dispersión del voto en las municipales es muy grande, porque las alianzas fueron múltiples y parciales, apenas en el 20% de las candidaturas, y lo mismo ocurrirá en las elecciones congresuales, pero en la presidencial los partidos aliados llevan un mismo candidato.

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2020

CABECERAS DE PROVINCIAS Y PRINCIPALES CENTROS URBANOS

% % Votos Resultados  % Resultados %
Municipios Electores Votantes Nulos PRM y A PLD y A
Azua 50,317 56.30 3.54 53.31 44.83
Baní 81,879 41.14 7.55 57.81 34.05
Barahona 47,039 50.90 4.34 44.17 42.56
Bonao 56,742 39.48 7.01 46.32 25.86
Comendador 11,653 64.38 3.95 38.85 36.98
Cotui 43,660 61.33 2.57 54.26 43.37
Dajabón 20,959 64.44 2.69 50.80 46.66
Distrito Nacional 858,890 43.21 4.88 57.46 32.27
El Seibo 32,596 58.85 5.32 50.93 37.90
Hato Mayor 37,398 57.07 4.42 48.49 23.69
Jimaní 4,692 76.96 1.30 39.87 60.13
La Romana 127,524 37.43 4.29 20.04 32.38
La Vega 169,359 45.36 7.39 57.96 30.05
Mao 31,803 49.01 4.34 54.36 35.61
Moca 86,090 43.09 4.91 41.12 52.94
Monte Planta 20,293 67.58 3.81 41.80 35.75
Montecristi 18,932 64.27 2.23 43.64 46.76
Nagua 37,764 48.27 3.34 44.06 30.98
Neyba 21,394 66.32 2.59 42.50 53.66
Pedernales 10,486 60.52 3.58 48.10 35.61
Puerto Plata 113,979 45.69 4.56 54.50 40.09
Salcedo 34,781 54.71 4.39 41.14 43.10
Samaná 27,258 50.64 5.70 45.28 32.73
San Cristóbal 153,154 48.78 7.83 43.36 41.80
San Francisco de Macorís 136,312 36.85 7.68 51.53 37.69
San Ignacio de Sabaneta 30,576 61.13 2.65 48.01 36.17
San José de Ocoa 25,029 56.06 2.87 40.69 55.28
San Pedro de Macorís 159,251 42.58 8.85 29.91 29.09
Santiago de los Caballeros 464,126 34.33 6.70 38.38 49.62
Santo Domingo Este 676,540 37.04 6.26 59.83 34.70
Santo Domingo Norte 315,491 39.44 7.86 38.42 53.53
Santo Domingo Oeste 271,943 38.67 6.60 52.23 29.22
Los Alcarrizos 129,757 41.40 8.77 41.27 37.23
Bajos de Haina 61,755 48.00 5.80 49.97 39.22
Boca Chica 54,476 51.41 5.25 28.04 30.80
Pedro Brand 25,429 56.06 4.31 40.30 35.99
Resultados  % Resultados %
PRSC y A PLD y A
San Juan de la
Maguana
66,325 55.88 6.49 52.23 44.9
Resultados  % Resultados %
BIS y A PLD y A
Higüey  118,865 42.83 4.7 54.38 41.88

Abinader y el PRM se consolidan y podrían ganar en primera vuelta

El colapso de las elecciones municipales del 16 de febrero parece haber generado una avalancha contra el partido gobernante y su candidato que aparece a la deriva al perder preferencias en cuatro encuestas independientes entre enero y febrero

                                                   Por Juan Bolívar Díaz

LA ROMANA. El candidato presidencial Luis Abinader, afirmó que a unos días de las elecciones del domingo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana está desesperado porque sabe que las tienen perdidas. Abinader estuvo acompañado por el candidato a alcalde José Ignacio Morales, El Artístico, Los regidores Carmen Quezada y Luis Cornielle, así como Iván Silva, candidato a senador. Estuvo acompañado por los dirigentes nacionales de su campaña Nelson Arrollo, director ejecutivo, César Cedeño y Geanilda Vásquez. Hoy/Fuente Externa 11/02/20

Las encuestas Greenberg para el Diario Libre y la de MarkPenn-SIN, publicadas esta semana muestran un afianzamiento de la candidatura presidencial del  Partido Revolucionario Moderno (PRM), que por primera vez aparece con preferencias que le permitirían triunfar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo próximo.

Por su parte el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato presidencial Gonzalo Castillo lucen a la deriva, en relación a las preferencias del mes de enero pasado, con una acentuada distancia del primer lugar, lo que se atribuye en parte al colapso de las elecciones municipales del 16 de febrero.

Encuesta independiente  

La Greenberg para el Diario Libre, publicada esta semana, es la tercera  encuesta independiente de los partidos, y una cuarta auspiciada por un grupo empresarial, no publicada, que en dos meses otorga una amplia ventaja a Luis Abinader en las preferencias para la elección presidencial de mayo. Es la primera que le otorga posibilidad de ganar en la ronda inicial, con 52 por ciento de las intenciones de voto. Las cuatro le marcan amplia ventaja en caso de ser  necesaria una segunda con Gonzalo Castillo de contrincante..

Resalta el curso ascendente que mantiene Abinader, en seis semanas, pasando de 43 por ciento que registró en la Mark-Penn a principio de enero, a 52 por ciento en la Greenberg, realizada entre el 21 y de 24 de febrero, para un incremento de 9 puntos, mientras Castillo se reducía en 4 puntos, de 28 a 24 por ciento, en el mismo lapso. Leonel Fernández perdió 2 puntos, del 19 al 17 por ciento.

Para la eventual segunda vuelta la ventaja del perremeísta ha sido cada vez más rotunda, ascendiendo 12 puntos, de 56 a 68 por ciento, frente al peledeísta, quien a su vez desciende 8 puntos, del 35 al 27 por ciento, para 41 puntos de diferencia. Las tres encuestas de enero midieron también a Abinader en segunda vuelta frente a Leonel Fernández, con resultado de 62 a 28 por ciento. La de febrero no contemplo ese escenario.

La Greenberg recoge la abrupta caída de las preferencias por el PLD, a la mitad desde abril del 2016, cuando 53 por ciento se identificaba con ese partido, mientras ahora sólo registró 27 por ciento. La opinión favorable por ese partido se redujo más abruptamente, cayendo 28 puntos, de 51 a 23 por ciento. En tanto, un 51 por ciento se mostró dispuesto a apoyar al PRM en las elecciones municipales. En la Gallup-HOY de enero, los dos partidos aparecieron empatados a 42.2 por ciento. El PRM ya registró mayor simpatía en la Mark-Penn 37 a 21 y en la empresarial 39 a 36 por ciento.

Ventaja en la municipal

La primera medición de una encuesta independiente sobre preferencias para las elecciones municipales fue también conocida esta semana, la de Mark-Penn limitada a sólo cuatro municipios, los tres mayores, Santo Domingo Este (SDE), Distrito Nacional (DN) y Santiago, así como Higuey. En tres saca ventaja el PRM, que aparece perdiendo en Santiago, donde el actual alcalde peledeísta Abel Martínez registra 40 por ciento frente a 32% del perremeísta Ulises Rodríguez, pero todavía con un alto 21 por ciento de indecisos.

Las candidaturas de Manuel Jiménez y Carolina Mejía del PRM en los dos municipios más grandes del país, SDE y el DN, superan la mitad con 52 y 53 por ciento, y en Higüey el perremeísta Rafael Duluc, apareció por encima de Karen Aristy, postulada por el PLD, por 44 a 39 por ciento.

El voto para senadores en esos municipios urbanos apareció dividido, con claras ventajas para la perremeísta Faride Raful, por 36 a 22, frente al peledeísta Rafael Paz (DN),  y para Amable Aristy, del Partido Liberal Reforimista-PLD, superando a Virgilio Cedano del PRM, por 53 a 27 por ciento en Higuey. Dentro del margen de error quedan las ventajas de Cristina Lizardo, del PLD, 33 a 30 por ciento, frente a Antonio Taveras Guzmán del PRM, (SDE), así como la de Eduardo Estrella, que por el PRM, por la mínima de  37 a 36 por ciento, frente a Julio César Valentín del PLD en Santiago.

La medición de Mark Penn/Stagwell fue en base a muestras para esos cuatro  municipios, que oscilaron entre 791 en SDE y 613 en Higüey, con margen de error entre 3.1 y 3.5 por ciento. Nadie ha medido preferencias municipales mayores, pero en base a las preferencias presidenciales, se cree que el PRM tendería a ganar en muchos de los mayores, y que el PLD sacaría ventajas, sobre todo por el poder estatal y local, en los medianos y pequeños. Aunque la ventaja de Abinader, pudiera alimentar sus candidaturas municipales.          

Motivos de una avalancha

Los registros de las cuatro encuestas independientes, se ratifican y son superados parcialmente en las investigaciones del Centro Económico del Cibao para el PRM, y en otras atribuidas al patrocinio oficialista. Todas marcan una avalancha en favor de Luis Abinader, que desde hace dos años empezó a emerger como favorito para el 2020.

Las causas recurrentes son el cansancio de la población con la gestión del PLD en los últimos 16 años y en 20 de 24, por el desgaste natural que genera el usufructo continuo del gobierno, precipitado por la división del PLD tras sus elecciones primarias del 6 de octubre, y más recientemente por el colapso de las elecciones municipales del 16 de febrero, que en gran proporción se le atribuye al poder gubernamental. En la Mark Penn hasta 25 por ciento responsabiliza al gobierno del fracaso, 18 al PLD y hasta 35 por ciento a la JCE, pero apenas llega al 4 por ciento los que lo atribuyen al PRM y el 6 a la Fuerza del Pueblo.

Desde hace cuatro años la valoración del gobierno y del PLD se han reducido aceleradamente en todas las mediciones independientes. En la Gallup-HOY de mayo del 2018, ya el 78 por ciento se pronunciaba por un cambio y el 58 por ciento pedía específicamente que gobernara otro partido. Ahora en la Greenberg el 77 por ciento desea ver el país en un rumbo diferente. Y 72 por ciento cree que el cambio lo representa Abinader. Es relevante que así opina el 75 por ciento de los menores de 30 años.

En la encuesta del Diario Libre resalta que la corrupción aparece como la mayor preocupación de los entrevistados, 45 por ciento, y más del 50 entre los menores de 30 años, seguido del desempleo y la seguridad ciudadana.         

Posibilidades de Abinader

Con un discurso moderado, fundado en propuestas de un equipo asesor de alto nivel en las materias básicas de economía, sociología y ciencias políticas, Abinader tiene muchas posibilidades de proseguir atrayendo votantes para alcanzar la presidencia en la primera vuelta. Las ventajas del poder podrían restarle algunos puntos en mayo. Pero parece muy difícil que pueda perder la ventaja de 41 puntos que le acaba de otorgar la encuesta Greenberg para la segunda vuelta en junio frente a su más cercano competidor, que en ese escenario está a 23 puntos del 50 por ciento.

La tendencia es más firme cuando se advierten las dificultades que ha tenido el candidato oficialista Gonzalo Castillo para desplegar sus potencialidades, con una imagen de favorabilidad muy reducida, de apenas 21 por ciento en la Greenberg. Otro factor que le perjudica severamente es que tiene a Leonel Fernández detrás, con 17 por ciento en esta encuesta, sólo 7 puntos menos. Las investigaciones indican que sólo una minoría de los leonelistas lo favorecerían en la eventual segunda vuelta, al considerar que fue fruto de  la imposición del poder estatal, lo que generó la división.

Hasta hace poco a Abinader se le veía con poco carisma y un discurso muy suave, pero ha superado su oratoria y se ha dedicado a formular propuestas sectoriales y pactó con otros 6 partidos y una coalición social unos Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y sometió a consideración de la sociedad un proyecto de programa de gobierno a punto de quedar fraguado por sus técnicos.

El mismo economista y empresario ha pedido que no lo consideren un predestinado y que mientras aparece un nuevo mesías, lo tomen en consideración a él. No faltan quienes creen que al país le convendría pasar por varios presidentes que no lleguen con la aureola carismática y mesiánica que los impulsa a creerse imprescindibles llaneros solitarios, que en vez de dedicarse a gobernar para resolver los grandes problemas, lo supeditan todo a su “vocación de poder eterno”.    

Una gran oportunidad para el PLD

Las elecciones municipales reconvocadas para el próximo día 15 representan una buena oportunidad para que el PLD pueda comenzar a detener la avalancha que parece arrollarlo. Se espera que empleará todo el poder del Estado para ganar en muchos municipios, sobre todo los pequeños y medianos. Tiene 106 de las 158 alcaldías en juego, lo que de entrada le otorga ventajas competitivas, aunque también rechazos.

Su gran ventaja en el 2016 la obtuvo del abuso del poder estatal, y de alianzas con 14 partidos, ahora reducidos. El PLD sólo consiguió en sus boletas el 36 por ciento del sufragio municipal. Mientras el PRM con el 24 por ciento, sólo obtuvo 30 alcaldías, mostrando vigor en las de mayor población.

Las posibilidades del PLD para retomar aliento, dependerán también del porcentaje que acuda a votar en las municipales, dado el alto rechazo que le arrojan las encuestas. Hasta un 70 por ciento dice que concurriría a las urnas, pero se duda que llegue a esa proporción, que es el promedio en las eleciones presidenciales de las últimas décadas, mientras en las municipales y congresuales separadas fue del 50 por ciento. El colapso de febrero y la desconfianza podrían reducir votantes, pero también generar votos de castigo.-                 

Porcentajes de preferencias electorales en 4 encuestas independientes

                                                           Enero-febrero del 2020

Mark-Penn    Gallup-Hoy    Empresarial   Greensberg

8-10 enero      16-21 enero    Enero             21-24 febrero

Por quién votaría hoy

Luis Abinader              43                 42                 45                      52    

Gonzalo Castillo           28                 31                 26                      24

Leonel Fernández        19                 15                13                      17

En segunda vuelta

Luis Abinader            56                  58                61                       68

Gonzalo Castillo          35                  36                37                   27                             

La Penn es publicada por Noticias SIN, la Greenberg por el Diario Libre, y la empresarial es una encuesta no publicada, pero en manos del autor JBD

El presidente y su partido evaden discutir las garantías electorales

Danilo Medina desaprovechó la oportunidad de su extenso discurso para referirse a los reclamos generalizados de pacto para garantizar elecciones libres y democráticas y devolver la confianza en las instituciones, y su partido también guarda silencio 

             Por Juan Bolívar Díaz

Todo parece indicar que el presidente Danilo Medina está evadiendo el reclamo de equidad democrática y transparencia en las elecciones generales que alcanzó dimensiones históricas al expresarse masivamente y por todos los medios y sectores nacionales, mientras su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados guardan un espeso silencio.

Un intento de mediación protagonizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) no acaba de rendir frutos por las dificultades en integrar una comisión de notables que facilite un diálogo político de alto nivel, mientras las aplazadas elecciones municipales están a dos semanas y se cree que los oficialistas buscarían otra dilación.

Prevalece la desconfianza

A dos semanas de la nueva fecha para celebrar las elecciones municipales frustradas el 16 de febrero prevalece la desconfianza entre los actores políticos, sin que se haya ofrecido la menor explicación de si fueron errores humanos o manipulación criminal lo que impidió la votación, con el agravamiento de que no se espera que las investigaciones solicitadas a la Organización de Estados Americanos concluya antes.

Sigue extrañando que la Junta Central Electoral no haya emitido un comunicado formal con las explicaciones de sus técnicos sobre lo ocurrido en el sistema de voto automatizado, indicando lo que impidió su operación, o por lo menos lo que presumen que pudo haber ocurrido. Si fue por deficiencias humanas o del diseño, lo que contradicen las múltiples pruebas previas, debieron ser comprobadas y admitidas para reducir la desconfianza  derivada y evitar que se generalizara la convicción de que se trató de un asalto criminal como  denunciaron los opositores al enterarse del colapso en víspera de la votación, o del sabotaje que denunciaron el PLD y sus aliados la tarde de la frustración y que la Procuraduría General asumió con un “sainete de investigación”, detenido luego por disposición presidencial. .  

La investigación solicitada a la OEA no ha comenzado formalmente y se descarta que puedan concluir antes de la nueva cita electoral del 15 de marzo, lo que justifica más el clamor nacional por un pacto político social que reste presión a la JCE y genere confianza, sobre todo en los partidos de oposición que han denunciado reiteradas veces que el PLD y su gobierno violentan la equidad democrática preconizada en la Constitución y las leyes.

Semana de definiciones

Esta semana comenzó con una marcha multitudinaria de 13 partidos opositores que tras responsabilizar al PLD y su gobierno de lo que consideran fue un asalto a las elecciones, que afecta la estabilidad de la nación, enarbolaron un pliego de diez garantías de equidad y transparencia. Fue seguido por el comunicado de casi un centenar de asociaciones empresariales con enérgica condena al colapso electoral y reclamo de sanciones, y  formulando un “llamado al liderazgo político nacional para que, con la madurez que ameritan las circunstancias suscriban un gran acuerdo que recoja los compromisos necesarios para que se respete el voto y así garantizar la plena democracia”.

Al día siguiente la Fundación Institucionalidad y Justicia, entidad del empresariado con treinta años  de lucha por el fortalecimiento democrático, fue específica al pedir energía  “para eliminar la inequidad por el uso de recursos estatales para promover candidaturas”, perseguir y condenar todos los delitos electorales, especialmente la compra de votos, integrar la Procuraduría Especial para estos fines, en consulta con los partidos, y que los órganos públicos se manejen con moderación, razonabilidad y ponderación.

El pleno del Consejo Económico Social, un órgano estatal de participación social, sorprendió cuando formuló “un llamado a las autoridades responsables a preservar la estabilidad política, social, económica e institucional del país” y un “pacto político que contribuya a restablecer la confianza necesaria para la celebración de un proceso electoral libre, transparente y democrático”.

La mayor expresión de la indignación y reclamo de respeto a los derechos políticos lo constituyó el “Trabucazo” en la Plaza de la Bandera, por donde desfilaron durante 12 horas decenas de miles de personas, con participación de relevantes artistas y comunicadores, en lo que puede ser la mayor manifestación política de la historia nacional, tras diez días de concentraciones y marchas en múltiples ciudades del país y de las naciones que concentran emigrantes dominicanos. Los cacerolazos y otras expresiones de protesta proliferaron hasta en los restaurantes de clases altas, decretando una mayúscula insatisfacción impactante en el proceso electoral.

Ya en noviembre fue publicado un “Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral”, suscrito por decenas de entidades y personalidades religiosas, académicas y sociales y personalidades, y en enero la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una  pastoral con fuertes reclamos para la libre elección.

Oportunidad desperdiciada  

Con tan amplio consenso nacional hubo quienes creyeron que el presidente Danilo Medina aprovecharía su comparecencia anual ante el Congreso Nacional para ofrecer alguna repuesta que contribuyera a superar lo que se considera una grave crisis política e institucional y a restablecer la confianza en las instituciones. Pero creyó suficiente expresar su coincidencia con el clamor, especialmente de los jóvenes, para que se investiguen las causas del colapso electoral.

El mandatario ignoró las propuestas de pacto político y social, de los partidos y de tant diversos sectores, que lo incluyen por su condición de jefe del Estado y de director de la campaña electoral de su partido, hasta el punto de haber proclamado públicamente “yo voy a ganar las elecciones” y luego que no hay forma de que las pierdan.

 Mientras trascendió que hasta ayer no había fructificado una gestión emprendida a comienzo de semana por dirigentes del CONEP para constituir una comisión mediadora que promovería el pacto político-social propuesto por diversos sectores. Desde la oposición política se reclama que sea plural o diversa, mientras desde el poder se inclinan por personalidades moderadas, incluyendo al retirado exrector Agripino Núñez Collado, cuestionado por haber aceptado presidir la comisión que investigó el contrato de las plantas de carbón del actual gobierno siendo del consejo directivo de una de las empresas ejecutoras de la polémica obra.

Riesgos de complicaciones

Por todos los sectores se expanden los temores de que en el actual clima de incertidumbre y desconfianzas, la cita electoral dentro de dos semanas agrave la crisis político-institucional y repercuta sobre la estabilidad económica y social. Más aún en momentos de graves dificultades para el turismo, la mayor actividad económica nacional, derivadas de la expansión del coronavirus, que está provocando drástica reducción de viajes y hasta suspensión de eventos internacionales.

Las encuestas publicadas en lo que va del año, incluyendo las dos más acreditadas durante décadas en el país, han arrojado consistente y amplia ventaja al principal partido de oposición, el PRM. Fuentes de crédito testimonian que una “encuesta jumbo”, con 5 mil entrevistas, auspiciada por las máximas organizaciones empresariales le otorgó 49% de preferencias al candidato perremeísta Luis Abinader, y avasallante ventaja a su partido en las mayores provincias y municipios, antes del colapso electoral.

Persiste preocupación por el silencio del partido de gobierno y que buscaría retrasar acuerdos para ver si pueden provocar otro aplazamiento de las elecciones municipales, y hasta la reunificación con las presidenciales y congresuales de mayo, como se planteó cuando  Danilo Medina capituló en su empeño por reformar la Constitución para aspirar a otro período de gobierno. Requeriría la reforma constitucional y se adelantaba que incluiría rehabilitar a Medina para que volviera a postularse a partir del 2024, por lo que cayó en el vacío.

Un discurso de autocomplacencia

El discurso del 27 de febrero en la última presentación de memoria anual del presidente Danilo Medina ha sido definido como de una especie de “canto a mí mismo”, donde el mandatario magnificó los aspectos que se le reconocen a su gestión gubernamental, como la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, la inversión en escuelas y alimentación escolar, más atención a las pequeñas empresas y al crédito agrícola.

No fue la memoria del 2019, sino de sus 7 años y medio de gobierno, con múltiples manipulaciones de cifras y sin abordar aspectos medulares, como la quiebra institucional, que doblega el Congreso, la justicia, el Ministerio Público y los ayuntamientos, así como los organismos de control, y el uso de los recursos públicos para afianzar un enorme entramado de dominación social y de la comunicación.

Otros déficits de la pieza oratoria fueron el de  la corrupción y la impunidad que agobian al país y se inscriben en los mayores escalones de las mediciones internacionales, y el deterioro persistente de los servicios, incluyendo la calidad de la salud, de la seguridad social,   la seguridad pública y hasta de la calidad de la  educación pese a la inversión del 4% del PIB en ese sector. Tampoco se refirió el mandatario a los déficits fiscales consecutivos y al consiguiente endeudamiento que duplicó la deuda pública en su período.

El incremento del empleo, hasta reducir el desempleo a un 6%, cuando en España es 14 y en Francia 9%,  y la reducción de la pobreza fueron  sobredimensionados, y en esto último se ignoró el aporte de las remesas de la diáspora dominicana que sólo en el 2019 envió al país 7 mil 87 millones de dólares, a la tasa actual 375 mil 611 millones de pesos, que promedian 35 mil 714  pesos por cada uno de los 10.5 millones de habitantes. Se apropió hasta de las inversiones privadas en la producción agropecuaria y en energía limpia, cuando él construyó la mayor planta, pero de carbón, que en 7 años y medio todavía ni genera plenamente ni ha reducido las tarifas, como se prometió.   

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Bajo protestas y ante la marcha opositora, el gobierno admite crisis y busca negociar

Al sexto día del sabotaje a las elecciones municipales, con el crecimiento exponencial de las protestas y el anuncio de una marcha de todos los partidos opositores, el gobierno pareció admitir la crisis y dispuso suspender su ofensiva judicial y planteó tregua

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento exponencial de las protestas por lo que se entiende como sabotaje de las elecciones municipales el pasado domingo, y la convocatoria para mañana de una marcha  de los 14 partidos de oposición y grupos sociales parece haber convencido al gobierno de que el país afronta una fuerte crisis política e institucional y a disponerse a buscar solución.

El presidente Danilo Medina dispuso ayer suspender la “pantomima de investigación” de su Ministerio Público que implicaba a un escolta del candidato presidencial opositor Luis Abinader, mientras la Junta Central Electoral (JCE) suspendía a su director de informática y la embajada de Estados Unidos informaba que espera elecciones libres, justas y transparentes.

Múltiples acontecimientos

Al caer la semana y en la sexta jornada tras lo que ha parecido como sabotaje a las elecciones municipales, el gobierno pareció ayer admitir que el país afronta una seria crisis político-institucional y se abrió a una negociación con la oposición, disponiendo de inmediato la suspensión de la “investigación” que llevaba a cabo la Procuraduría General de la República, incluyendo torturas, enfocada en inculpar del colapso electoral al coronel Antonio Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial de 7 partidos, Luis Abinader, y al técnico de telecomunicaciones Manuel Regalado, libertados de inmediato. Mientras el Comité de Derechos Humanos declaraba que ambos han sido utilizados como “chivos expiatorios” para tapar a los autores y responsables del intento de fraude electoral”.

Por otro lado el pleno de la JCE solicitó ayer el apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conformar un equipo de técnicos que puedan auditar los equipos del Sistema de Voto Automatizado que se utilizaría en las elecciones municipales, dando “respuesta a la  ciudadanía que demanda, legítimamente, una explicación de lo acontecido”, y anunció la suspensión de su  director de informática, Miguel Ángel García, hasta que se realice la investigación internacional para establecer las causas que impidieron el voto automático y determinaron la suspensión de los comicios municipales.

Al mismo tiempo el consejero de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos, Chase Beamer, informó que “Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos electorales en la República Dominicana” y reiteró su “apoyo a los procesos electorales, con elecciones libres, justas y transparentes”.

Y Participación Ciudadana acusó al Procurador Jean Alain Rodríguez de intento de desplazar gran parte de los fiscales para garantizar control e impunidad desde  el Ministerio Público.

Como si no pasara nada

La crisis electoral empezó a trascender la noche del sábado por denuncias de la oposición de que estaban manipulando las computadoras a utilizarse en las elecciones del día 16 y estallaría temprano del domingo cuando fue generalizado que las boletas electrónicas aparecían incompletas. Luego se informó que los técnicos de la JCE supieron del problema desde el mediodía sabatino, y por eso concurrieron a los centros de votación tratando, inútilmente, de corregir la anomalía, sin haber informado a los delegados de los partidos ni a los asesores y observadores.

La JCE repitió el error al reconvocar las elecciones, ahora para el 15 de marzo, sin previa consulta con los partidos, que desde el domingo se acusaban unos a otros. El PLD y aliados dijeron en comunicado que lo ocurrido había sido “un sabotaje” y culpaban a “diferentes sectores de la oposición”. Los partidos opositores culpaban a los oficialistas del colapso del sistema automatizado “para evitar una aplastante derrota”.

Con la convocatoria a nuevos comicios y un discurso del presidente Danilo Medina en la jornada del lunes, llamando a la moderación y la prudencia, con discreto pedido de investigación, tanto la JCE como el gobierno actuaban “como si no pasara nada”, y el partido de gobierno guardaba silencio,  aunque toda la oposición los responsabilizaba del colapso sin precedente y se generalizaba la percepción de una grave crisis.

El miércoles la JCE celebró una maratónica audiencia con los delegados técnicos de los partidos y el jueves se informó que se dispuso otorgar otros 1,506 millones de pesos a los partidos para “compensar sus gastos perdidos” y ayer en la mañana el candidato oficialista,  Gonzalo Castillo, reanudaba la publicación de páginas de promoción en los diarios y propaganda en los medios electrónicos, en violación de la ley electoral que la prohíbe hasta que se proclame el inicio de la campaña presidencial, lo que ha hecho por meses sin intervención de la abrumada JCE.

“Justicia o esto se va a jodé”

De repente apareció un actor inesperado, cuando grupos de jóvenes sin militancia partidista y miembros del partido Alianza País comenzaron a concurrir a la Plaza de la Bandera, frente a la JCE a demandar explicaciones sobre por qué les impidieron ejercer su derecho al voto. El lunes aparecieron apenas dos o trescientos, que se multiplicarían exponencialmente cada noche, hasta sumar de 8 a 10 mil el jueves. Pero las convocatorias se reproducían y en Santiago también se hicieron diarias y masivas.

 Las protestas se extenderían por otras ciudades grandes como Puerto plata, La Vega, San Cristóbal y hasta en pequeñas como Villa Altagracia y Verón, y en el exterior a Nueva York, París, Londres, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Zurich y Florida. Por todas partes se incorporaban artistas  y comunicadores que llenaban las redes con afiches y expresiones artísticas. El poeta callejero Rosado montó una canción en el escenario de la Plaza de la Bandera, con fuertes expresiones de apoyo incluyendo un estribillo de “justicia o esto se va a jodé”, que se reproducía por todas las redes y en periódicos digitales.

La rapidísima condena de la JCE y del gobierno a las bombas lacrimógenas lanzadas contra los jóvenes de la plaza la noche del martes, no impidió la multiplicación de las protestas y la indignación que desde entonces dominan las redes sociales, mientras los analistas vinculan el estallido con los protagonismos de los jóvenes en las crisis de los últimos años en Egipto, Grecia, España, Nueva York y Chile. La característica común es que los protagonistas iniciales han sido jóvenes de las clases medias sin militancia partidista.

El gobierno se preocupa

El estallido de las protestas comenzó a preocupar al gobierno desde el miércoles, cuando ministros acudieron a los medios de comunicación y a entidades empresariales expresando disposición a respaldar la investigación internacional que desde el comienzo reclamaba la oposición y los manifestantes. Desde ese día se generalizó la convicción de que hay una crisis político institucional, después que fuera admitida por el presidente de la JCE, quien concedió que tenía su credibilidad en suspenso, pidió excusa a la población, y llegó a proclamar que “la Junta tiene que nacer de nuevo”.

El anuncio de los 14 partidos de la oposición, respaldados por grupos sociales, de una “Gran Marcha por la Democracia” para mañana domingo por la avenida 27 de febrero, hasta la plaza de la Bandera, facilitaría que el gobierno aceptara una mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada para promover algún acuerdo. Los partidos adelantaron que en su manifestación presentarán demandas de garantías para elecciones libres con equidad y sin irrupción del Estado, tanto en marzo como en las presidenciales y congresuales de mayo.

En la mañana de ayer el presidente del CONEP, Pedro Brache, hacía contactos con líderes de oposición, con una propuesta de tregua hasta que se realice la investigación por parte de la OEA o de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), como demandaba la oposición, que había pedido la permanencia en el país de personal de esas instituciones hasta las elecciones presidenciales.

La proclama opositora               

Dirigentes de los 14 partidos opositores, que incluyen las dos coaliciones que postulan a Luis Abinader y a Leonel Fernández, de 7 y 6 partidos respectivamente, y Alianza País que sustenta la candidatura de Guillermo Moreno, establecían las demandas que formularán al gobierno y a la coalición que postula a Gonzalo Castillo, las cuales serán proclamadas en la marcha de mañana, cuando les llegó información sobre la disposición del gobierno