El PLD tras el voto de los asalariados estatales, el 25% del padrón electoral

El gobierno irrumpe cada vez más en la campaña electoral buscando descontar las desventajas de las encuestas y el presidente Medina instruye para que su maquinaria partidista procure a los que sean reportados sin asistir a los colegios electorales

Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente Danilo Medina en Santiago, donde proclamó que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, y la orden de comprar alimentos, electrodomésticos y materiales de construcción para repartos, parecen indicios de inseguridad, pero implicarían mayor irrupción del gobierno en la campaña electoral.

Como en procesos electorales anteriores, el PLD trataría de manipular la conciencia de los empleados estatales, los retirados y los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, que representan la cuarta parte de los 7 millones 377 mil 374 ciudadanos empadronados para votar en los comicios de este año.

Danilo dirige la campaña

El discurso del presidente Danilo Medina en una asamblea de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago el pasado domingo 2 indica que el mandatario dirige la campaña electoral oficialista, y estaría mostrando inseguridad en los resultados de los próximos comicios municipales, lo que despierta temores de una mayor irrupción del gobierno al final del proceso y de cara a los presidenciales de mayo.

Causó preocupación la afirmación presidencial de que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, considerada inapropiada para un jefe de Estado en cualquier democracia, aún de mediana intensidad. Pero el mandatario fue más lejos al dar públicas instrucciones a los dirigentes de su partido para que se preparen a montar una plataforma para acarrear electores el día de la votación.

El presidente sostuvo que esa plataforma es fundamental “porque es la única forma de saber quiénes quieren votar por el PLD, dónde están y cuál compañero lo va a llevar a votar“. Precisó que el día 16 “se harán cortes parciales cada dos o tres horas del día, y vamos a saber de antemano quiénes no han ido a votar en cada mesa electoral. Entonces la maquinaria que ustedes tienen organizada se tiene que encargar de llevar a la gente a votar”.

Los términos tan tajantes del domingo recordaron los empleados por el mismo Medina el 21 de octubre cuando, al responder el discurso de renuncia de Leonel Fernández al PLD, del día anterior, proclamó que con los que se quedaran en el partido “yo voy a ganar las elecciones”.

Por encima de las leyes

Al asumir públicamente la dirección de la campaña de su partido, el presidente se coloca por encima de las leyes electorales y de la Función Pública que prohíben a los funcionarios del Estado aprovechare de su jerarquía para favorecer intereses partidistas, pero también incentiva a violar la prohibición de realizar labores proselitistas prohibidas desde dos días antes de las elecciones y durante la jornada de votación. Es  cierto que es una práctica política el acarreo de electores hacia los centros de votación, como también el llevar allá fotos de candidatos, logos e identificaciones partidarias, que son formas de propaganda.

Pero otra cosa es que el Jefe del Estado adelante instrucciones en discurso público para desatar plataformas y maquinarias proselitistas a partir de información extraída de las mesas electorales, que deberían formar parte del secreto del voto, como lo es sin duda la identidad de quienes hayan acudido a votar mucho antes de la hora límite, que ésa vez no será tan vulnerable como ocurrió en las elecciones primarias de octubre, origen de impugnaciones.

La plataforma a la que se refirió el mandatario es un programa informático de los empleados estatales y los beneficiarios de subsidios sociales. Ya en la observación electoral del 2010 del movimiento Participación Ciudadana pudo establecer la operación de “oficinas de asistencia técnica del PLD” en los alrededores de los centros de votación. A partir del mediodía empezaban a recibir reportes de los delegados del partido en las mesas de votación  de los no habían acudido a votar. Si eran empleados o tarjetahabientes estatales eran mandados a buscar por activistas que se encargaban de decirles que así como sabían que no habían votado, también determinarían por quién lo hicieran.

El peso de los asalariados

Ya para las elecciones del 2016 los que recibían algún ingreso mensual del Estado, como empleados, pensionados o beneficiarios de los programas asistencialistas fueron estimados en 23 por ciento. Actualizados ahora, pasarían de la cuarta parte de un padrón que para mayo está determinado por 7 millones 377 mil 374 electores.

No hay unanimidad en cuanto a la totalidad de los empleados del Estado, que según la Contraloría General eran 631,369 en el primer trimestre del 2019. El economista senior del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco los cuantificó el año pasado en 634, 407, partiendo de los cotizantes a la seguridad social. Si le suman los de una parte de los ayuntamientos, el poder judicial, Congreso Nacional y JCE que no están en el sistema, más los becarios, se aproximan a los 700 mil que estimó el movimiento Participación Ciudadana.

Pero la falta de transparencia no permite alcanzar la cifra definitiva. Por ejemplo en la OISOE la nómina oficial a abril del año pasado era 25.6 millones de pesos mensuales, mientras otra nómina no transparentada de personal nominal sumaba 21.9 millones de pesos, según lo documentó la periodista Nuria Piera..

Tampoco hay certeza de cuántos son los beneficiarios de los subsidios sociales. A la mitad del 2019 las tarjetas emitidas sumaban 2 millones 608 mil,  en los programas comer es primero, bono gas, bono luz, asistencia escolar, ayuda a envejecientes e incentivos a educación superior. Pero gran parte tenían dos, otros tres, y algunos hasta cuatro tarjetas. Se estima que las personas podrían ser unas 1,200. Sumadas a los 700 mil empleados darían un total de 1 millón 900 mil receptores de pagos estatales mensuales. Para un 25.75 por ciento del padrón electoral.

Por supuesto que esa totalidad no son votantes del PLD, y ahora menos por cuanto ese partido acaba de sufrir una profunda división, pero ellos parten del principio de que todos le deben lealtad. Por eso un senador y un diputado dijeron públicamente que los empleados públicos que no apoyen sus candidaturas deben ser despedidos, como en efecto ha hecho el mismo presidente Medina con numerosos funcionarios, diplomáticos y del servicio consular.         

Otras fuentes de ventajas

Hay mucha formas más de sacar beneficio electoral a los numerosos programas adicionales de ayuda, que existen en la mayoría de las entidades estatales, incluyendo los ayuntamientos, cuyas nóminas tampoco son transparentes. Una forma de verlos es midiendo el gasto general del gobierno en capítulos como pasajes, gastos de transporte, combustibles o publicidad. Un cuadro anexo, con información del sistema de información financiera del gobierno, marca el enorme crecimiento registrado en enero, en relación al mismo mes del año pasado, explicable por la campaña electoral, como se documentó en el 2016.

Además de los subsidios sociales (en cuadro anexo) que el año pasado tuvieron una asignación de 15,400 millones de pesos, la presidencia de la República se asigna otras sumas millonarias para asistencias sociales y donaciones de múltiples categorías. Este año la asignación para el Gabinete de Políticas Sociales, en el Presupuesto Nacional, alcanza a 29 mil 184.4 millones de pesos. El Plan Presidencial contra la Pobreza tiene asignados 3 mil 789 millones, y los Comedores económicos 1,664.4 millones de pesos.

Gran parte de esas ayudas se entregan a nombre del presidente de la nación, y a través de dirigentes políticos, gobernadores y legisladores, lo que se acentúa en los períodos electorales. Otra ventajas oficialistas se derivan de los barrilitos y cofrecitos que se distribuyen generosamente entre  los legisladores, privilegiando a los oficialistas.

Reparto genera alarma

Uno de esos programas, acentuados en la campaña electoral generó alarma esta semana, cuando se denunció que el Plan Social de la Presidencia dispuso compras de materiales de construcción, alimentos y electrodomésticos y enseres del hogar por 846 millones de pesos. El principal partido de oposición, el PRM, levantó una instancia, amparada en la prohibición de programas sociales extraordinarios en la campaña, consignada en la Ley del Régimen Electoral.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños, primero recomendó al gobierno que por propia iniciativa suspendiera esas compras y cuando funcionarios dijeron que él se había excedido, fue más directo indicando que esas actividades y las inauguraciones estaban efectivamente vedadas en la campaña electoral.  

Al escándalo debe atribuirse que tres de los principales diarios, HOY, Listín Diario y El Caribe, coincidieran ayer viernes en editorializar desaprobando las muestras de inequidad en la campaña electoral en beneficio del partido de gobierno, mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia recomendaba al gobierno actuar con “prudencia y racionabilidad”.  

En los ámbitos opositores se cree que el gobierno incrementará más aún su irrupción en la campaña, por las desventajas que le han atribuido las encuestas a las candidaturas oficialistas y el auge del PRM.  Esperan que nada de eso cambie “la avalancha en favor de un cambio de gobierno que se advierte en todos los sectores sociales”. Mientras sociólogos, como Wilfredo Lozano y César Pérez, creen que los abusos del poder incluso podrían ser contraproducentes y generar votos a favor de la oposición en sectores poco entusiasmados.

Posibles Gastos Clientelares del Gobierno (Millones DOP)

                                                        Enero 2019    Enero 2020    Variación % 

Pasaje y gastos de transporte              6.1                 38.9               537

Prendas y artículos de vestir                4.1                 20.6               402

Electrodomésticos                                  2.2                   8.4               282

Combustibles y lubricantes                 65.8               203.5              209

Prestaciones económicas                    10.4                 20.3                 95

Publicidad y propaganda                   137.0               188.6                38

Pago de personal transitorio             699.1               787.0                13

Beneficiarios de los programas sociales (2019)

                                                DOP

Programa                              Estipendio mensual/beneficiario     Beneficiarios

Comer es Primero                                           848                             831,000

 Bono Gas                                                          225                             958,000

Bono Luz                                                           378                              452,000

Asistencia Escolar                                           243                              254,000

Ayuda Envejecientes                                      382                                87,000

Incentivo Educación Superior                     453                                 26,536

Presupuesto 2019  $15,400 millones DOP                        

Gallup-HOY muestra consolidación de Abinader y la primacía del PRM

Mucha aproximación a los resultados arrojados por la encuesta Mark Penn y una empresarial, todas de las primeras tres semanas de enero, según las cuales Luis Abinader tiene alta probabilidad de alcanzar la presidencia de la nación este año

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ratificó la consolidación de Luis Abinader como el candidato presidencial favorito para los comicios de mayo próximo, y la primacía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras la división en octubre del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al igual que otras dos encuestas independientes realizadas en enero, la Gallup indica que Abinader ganaría ampliamente en una segunda vuelta en julio, contra el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, situado como segunda opción, o contra el expresidente peledeísta Leonel Fernández, postulado ahora por un nuevo partido, Fuerza del Pueblo (FDP).

Ratificada una tendencia

Los resultados de la Gallup-Hoy de enero consolidaron una tendencia que se manifestaba en la serie de la misma encuesta desde hace tres años, cuando se veía emerger a Luis Abinader como favorito para las elecciones presidenciales del 2020, pero ahora con clara mayoría, sin la concurrencia del presidente Danilo Medina y con el expresidente Leonel Fernández postulado por un nuevo partido, tras la división del PLD.

Si las elecciones fueran ahora el candidato del PRM alcanzaría una votación de 42% , superando por 11 puntos a Gonzalo Castillo, del PLD, que registra 31% y por 26 a Fernández, quien aparece con un 15.5%. Ramfis Domínguez Trujillo, cuya candidatura por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana mantiene incertidumbres, porque no se sabe que haya renunciado a la ciudadanía norteamericana, registro un 5.8% de preferencias y Guillermo Moreno, de Alianza País, 1.2%.

La ventaja de Abinader se amplía a 45%, si fuera solo contra Gonzalo y Leonel, que registran 32 y 19%. Y ante las preguntas quien cree usted que gane y quién le gustaría que ganara, en ambas 45%, contra 32 y 31 de Gonzalo y 12 y 16 de Leonel, respectivamente. 

Ya en octubre del 2017, Gallup-HOY presentó a Abinader encabezando las preferencias electorales para el 2020, con 8 puntos sobre Danilo  Medina y 11 más que Leonel Fernández. Un año después los tres registraron un empate técnico. En la encuesta de mayo del 2019, el perremeista retomó la delantera al ser preferido por el 21%, frente a 17 de  Medina y 13 de Fernández. En todas las mediciones Abinader tenía otra ventaja, al aparecer con la certeza de la candidatura presidencial de su partido, el año pasado con 78 a 10% de preferencias, frente a Hipólito Mejía. En octubre ganó por 74 a 21%. Mientras Danilo y Leonel protagonizaban una feroz disputa que terminó rompiendo la unidad de su partido.   

Cómodo en segunda vuelta

Las preferencias para primera vuelta indican que será necesaria la segunda, entre los dos más votados, aunque un 57% cree que alguno de los candidatos podría alcanzar la mayoría en la votación de mayo. Sólo en las primeras elecciones, las de 1996, tras la reforma constitucional de 1994 que instituyó la mayoría absoluta para ganar la presidencia, fue necesaria la segunda votación. En esa ocasión Francisco Peña Gómez superó a Leonel Fernández 46 a 39% en primera vuelta, pero el apoyo del presidente Balaguer y su partido invirtió el resultado en la segunda, cuando el peledeísta ganó la presidencia 51 a 49%.  

Luis Abinader aparece en esta Gallup-HOY con cómoda ventaja para una eventual segunda vuelta, sea que se enfrente a Gonzalo como a Leonel. En el primer caso con 22 puntos de diferencia al registrar 58  a 36%, y en el segundo 57 a 31, distancia de 26 puntos. Tan amplias ventajas en ambos casos, pueden estar determinadas por el abismo de la división del PLD, pues los seguidores de los dos protagonistas se excluyen recíprocamente. El 68% cree que el PLD perderá las elecciones porque Leonel se llevó una parte de su militancia, y el 53% cree que fue una buena decisión del expresidente al formar un nuevo partido. La reciente encuesta de Mark Penn indica que sin Leonel de candidato, Abinader pasaría en primera vuelta con 53% de la votación. Otra patrocinada por empresarios lo eleva a 61 contra 35%.

La inclinación por una candidatura de oposición tampoco es sorprendente, pues es creciente la proporción que en las encuestas se manifiesta por un cambio de gobierno. En mayo del 2019, Gallup-HOY registró 58% prefiriendo que gobernara un partido diferente al PLD. Ahora subió al 65%. En las elecciones presidenciales del 2016, el PLD obtuvo, sin aliados, el 50%, pero ya mayo del año pasado sólo lo prefirió en Gallup el 39%, ahora ha caído a segundo lugar en simpatías, superado por primera vez por el PRM, 43 a 38% en intención de votos, y 39 a 36 en simpatías.

Desgaste y fatiga del PLD

Los resultados de esta Gallup eran previsibles por el desgaste que en cualquier democracia, aún de baja intensidad como la dominicana, se produce en un partido tras cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis. La fatiga social se manifiesta en todas partes, ya a viva voz y hasta en los abucheos en los estadios deportivos, lo mismo que en la Basílica de Higuey o en actividades en Nueva York. La Marcha Verde fue en los dos años anteriores la mayor expresión del creciente descontento con la gestión peledeísta, a la que se le atribuyen los niveles más altos de corrupción e impunidad en la historia nacional. 59% estimó en esta encuesta que ahora hay más corrupción y otro 29% dijo que igual.

La encuesta Gallup-HOY se diseña con una muestra representativa nacional de 1,200 entrevistas, y por ello no podría indicar perspectivas para las elecciones municipales a celebrarse en dos semanas, en 158 municipios y 235 distritos municipales. Una pregunta general de por qué partido votaría arrojó un empate exacto a 42.2% entre el PRM y el PLD.

La insatisfacción que registra la Gallup-HOY, con 73% estimando que las cosas van por mal camino en el país, y 72% que las condiciones de la economía son malas o muy malas, contribuyen al auge de la oposición, y más aún cuando la población expresa agobio por la delincuencia y la inseguridad, el desempleo, la corrupción y el costo de la vida, señalados como los principales problemas nacionales.

A pesar de eso, la gestión de casi 8 años del presidente Danilo Medina es aprobada por el 56% de los encuestados, aunque el 33% cree que el país está estancado y otro 27% lo ve en decadencia. A la pregunta sobre lo que se aprecia mejor en el gobierno, sólo la educación alcanza alto porcentaje, de 58%, las “visitas sorpresas” 5% y sólo otro cuatro renglones, incluyendo el sistema de asistencia 911, pasan del 4%. Esas opiniones contradictorias se vienen registrando en casi todas las encuestas desde hace años.   

Encuestas independientes

Llama la atención los resultados tan aproximados que arrojan las dos encuestas más acreditadas y antiguas en el mercado nacional, la Gallup-HOY y la de Mark Penn/Stagwell que gestiona Bernardo Vega y patrocina Noticias SIN, y una tercera auspiciada por un grupo empresarial, realizadas a partir de la primera semana de enero. La primera empresarial fue registrada en esta página el 2 de noviembre. Ambas han llegado a nuestras manos.

El cuadro anexo evidencia que las diferencias entre las tres encuestas, en los aspectos principales, quedan dentro del margen de error de más o menos 3%. El orden de las preferencias para las presidenciales, en primera y segunda vuelta, se mantiene, en favor de la candidatura de Luis Abinader, con Gonzalo en segundo lugar y Leonel en tercero. Se evidencia un tripartidismo, y dejan en la insignificancia a los dos partidos más antiguos del país, el Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano. Entre los emergentes apenas asoman Guillermo Moreno y Ramfis Domínguez Trujillo.

Los mejores porcentajes de preferencias los registra Abinader en la de Mark Penn y en la empresarial, alcanzando en esta última 61 y 62 por ciento para una segunda vuelta. En las tres el orden de simpatías por los partidos es el mismo, PRM, PLD y FDP. También registran una alta proporción de ciudadanos que se dicen en disposición de votar, aún en las municipales. La Gallup con 70% dispuesto a votar en las presidenciales, justo el promedio que ha predominado en esas elecciones desde 1978, y el 60% para las municipales, superior en 10 puntos al promedio de 50 que votó en las congresuales y municipales, separadas de las presidenciales, en cuatro certámenes entre 1998 y 2010.

Las fortalezas de Luis Abinader  

El balance de las tres encuestas de enero no patrocinadas por partidos ni el gobierno, indica que Luis Abinader tiene muchas posibilidades de ser investido presidente este año, lo que dependerá en gran parte de su manejo y de la campaña de la coalición de partidos y grupos sociales que lo postulan. Una de sus ventajas es su discurso, tan ponderado que a menudo parece conservador. Reduce las posibilidades de errores catastróficos.

Tiene mayor ventaja en el área metropolitana, del Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, después en la región norte, y menor en el Este, pero se cae hasta 10 puntos menos en el sur. Diferencia también entre urbano y rural, con ventaja en el primero. En las tres encuestas se encuentran diferencias de hasta más de 12 puntos entre las preferencias por género en primera vuelta, predominando los hombres. 47 a 35% en la Gallup, 47 a 38 en la Penn y 46 a 39 en la empresarial. Se repite en los escenarios de segunda vuelta.

Y por edades llama la atención que en todos los escenarios de las tres encuestas, Abinader saca mucha ventaja en el primer rango, entre 25 y  34 años, se cae hasta 10 puntos en el segundo, de 35 a 44 años, y vuelve a subir mucho a partir de los 45 años.

 

            EN LA SIGUIENTE PAGINA EL CUADRO CITADO EN EL TEXTO

Preferencias electorales en 3 encuestas independientes

    Enero 2020

                                      Gallup-Hoy                                    16-21  Enero Mark Penn 8-10 Enero *Empresarial
¿Por quién votarían hoy?            
Abinader 42 43 45
Gonzalo 31 28 26
Leonel 15 19 13
Moreno  1   3   2
¿Por quién votarían hoy? Sólo 3
candidaturas
                 
Abinader 45   52
Gonzalo 32   25
Leonel 19   21
¿Quién cree que ganaría?            
Abinader 45   48
Gonzalo 32   32
Leonel 12   11
¿Por quién votaría en 2da vuelta?          
Abinader vs. Gonzalo 58
36
56
35
61 37
Abinader vs. Leonel 57
31
57
31
62 28
¿Por qué partido simpatizan?                
PRM 43 37 39
PLD 37 21 36
F. del Pueblo 8 11  
PRD   3 3
Alianza País   2  
PRSC   1 1

*La tercera encuesta fue patrocinada por empresarios, en la primera

semana de enero. Sus resultados  están en poder del autor Juan B. Díaz.

El juicio de las exclusiones

Por Juan Bolívar Díaz

Nadie sabe lo que va a ver y con lo que tropezará en este mundo nuestro tan absurdo. Llegamos el viernes al tribunal donde se juzga a Marino Zapete, bajo cargos de difamación e injuria sin pensar que seríamos tratados como revoltosos peligrosos. Un pelotón policial nos cerró el paso a la sala de audiencia. Temimos que estaría abarrotada por personeros. Pero al asomar la cabeza advertimos que los asientos estaban vacíos.

Los colegas seguían llegando y comenzó una ruidosa protesta. Nos remitieron a la secretara del tribunal, quien informó que el juez había decidido que sólo entrara un noticiario que con anticipación había solicitado instalar equipos de televisión. De nada valieron las explicaciones de que sólo portábamos cámaras, celulares o libretas y que nunca hubo que pedir permiso con anticipación. Estábamos excluidos. Los demandantes y el juez Franny González no querían periodistas donde se juzgaría precisamente un presunto delito de prensa.   

Cuando la protesta aumentaba, un oficial trajo lo que parecía un inicio de arreglo: que entraran Huchi Lora y Juan Bolívar, y luego sumaron a la presidenta del Colegio de Periodistas, Mercedes Castillo. Fue un momento de desconcierto, pues dudábamos si debíamos aceptar esa discriminación por notoriedad, pero como el juicio había empezado, preferimos ser testigos. Fuera siguió la protesta, con golpes tan fuertes a la puerta, que casi hacían imposible la audiencia, pero el magistrado no se daba por aludido. Al ver que no entraba más nadie, llamamos al oficial para  advertirle que fuera había colegas como el insigne Ramón de Luna, decano del periodismo nacional. Lo introdujo de inmediato.

Tratando de evadir el remordimiento de conciencia nos concentramos en la audiencia, cuanto lo permitía el ruido exterior, para escuchar que la defensa recusaba al tremendo juez, porque no sólo dejaba fuera a los periodistas, sino que dos días antes también había excluido a casi todos los testigos y los elementos de prueba presentados por Zapete.

Este sería el juicio de las exclusiones, reviviendo aquel de 1996 cuando el teniente y juez Juan Severino me condenó a 6 meses de cárcel y a una multa de 2 millones de pesos, excluyéndonos del juicio, aberración y linchamiento político por la publicación del libro “Trauma Electoral” que documentó el dramático fraude de las elecciones de 1994. Me costó 2 años lograr, con eficientes abogados, que la Suprema Corte anulara aquel mamotreto. No es posible reeditar aquello. No se puede impedir que Marino presente los documentos que justifican su afirmación de que la señora Maybeth Rodríguez se benefició de contratos otorgados grado a grado por cientos de millones de pesos, por el entonces Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, precisamente uno de los testigos excluidos.

Los abogados defensores presentaron agravantes: que ya se habían cursado las citas judiciales, cuando la parte acusadora hizo oposición, y que el juez las revocó, sin notificarlo previamente a la parte interesada para que ejerciera el derecho a refutar.

No se entiende que  el juez considere irrelevante relevante que se pueda interrogar,  como testigo, a quien firmó los contratos. Es tan relevante como los contratos y el acta de la asamblea de la empresa Asimra del 22 de septiembre del 2015, certificados, cuya segunda resolución da potestad a la señora Rodríguez para firmar contratos y cheques y abrir cuentas bancarias, “en su condición de gerente y apoderada de la empresa”.

Copias legalizadas demuestran que ella firmó contratos con el ministro Castillo, violando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, basados en un decreto presidencial anterior. Que no aparezca como accionista, como se aduce, no le resta complicidad y responsabilidad en un acto ilegal.  

Con esa documentación no hay juez que pueda condenar a Zapete. Sólo el abuso de poder, y el deseo de escarmentar a los periodistas que defienden el patrimonio público, como mandan sus deberes profesionales y ampara la Constitución, pueden explicar esa farsa. Se ha convertido en un boomerang al evidenciar los excesos del ministro Castillo, quien en buen juicio debería explicar cómo pasó por  encima de la ley para beneficiar a empresas relacionadas. Ya Alicia Ortega documentó otro paquete más grande de contratos otorgados grado a grado, por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de convertirse en candidato presidencial oficialista.

Esa demanda es un absurdo, que terminará tan mal como comenzó y tendrá alto costo para el gobierno. Ahí ya tienen las condenas contundentes de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Comité Internacional  para Protección de los Periodistas. Si Marino es condenado, podrá contar con mi compañía en la prisión. Preparo maleta y espero, finalmente,  conocer por dentro La Victoria o a la inmunda cárcel de Azua.-            

Transparencia Internacional certifica fracaso del gobierno con la corrupción

El gobierno del presidente Danilo Medina, que comenzó creando una Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, proclamando un Código de Pautas Éticas y creando comisiones de veeduría social, dejará el país peor en el Índice de Percepción de la Corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional (TI) 2019, publicado esta semana, certifica el fracaso del gobierno de Danilo Medina en combatir la corrupción, después de haberse iniciado en el 2012 proclamando un Código de Pautas Éticas y creando una comisión para vigilarlo.

El IPC 2019 muestra que la República Dominicana sólo obtiene una puntuación de 28 sobre 100, y ocupa el escalón 137 entre 180 países evaluados, con retrocesos en ambos renglones, lo que la deja entre las naciones de mayor corrupción en América Latina, igualada a Paraguay, y sólo superada por Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Retroceso sobre el 2018

El informe dado a conocer a nivel mundial en Berlín, y en Santo Domingo por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de TI, muestra que en el último año la puntuación dominicana se redujo de 30 a 28, y en el ranking mundial cayó del escalón 129 al 137. El año anterior había tenido un ligero repunte, de 29 a 30 puntos, y había disminuido seis posiciones de la 135 a la 129. En los tres últimos años siempre entre 180 países evaluados.

En todo el continente, la RD recibe una peor puntuación que el 78 por ciento de las naciones y con 15 puntos por debajo del promedio regional, que es de 43. Los mejores evaluados en América son Canadá, con nota de 77, Estados Unidos 69,  y chile 67, así como  las islas caribeñas, Bahamas y Barbados, con 64 y 62 puntos sobre 100.

A nivel mundial los países de mejor puntuación en transparencia y menor corrupción son casi todos del norte de Europa, excepto Nueva Zelandia, empatada con Dinamarca en el liderazgo, con 87 puntos, y Singapur, que iguala a Finlandia, con  86. Les siguen Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos (Holanda),Alemania, Luxemburgo, Islandia y Austria, Canadá y Reino Unido, que registran desde 85 a 77 puntos.

Al analizar el IPC, Participación Ciudadana encontró que de 110 países con ingresos por cápita iguales o inferiores a la RD, con un promedio aproximado a los 8 mil 50 dólares, el 62 por ciento están mejor posicionados, aunque se ha demostrado que los países con mayores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menos corrupción.

Fracaso durante 14 años

En análisis del récord del IPC de TI desde el 2006, cuando comenzó a abarcar a 180 países, muestra que RD ha seguido un deterioro persistente en materia de corrupción, que incluye la falta de transparencia y la impunidad, mientras en muchos países han logrado mejoría. En el 2006 tenía la misma puntuación de 28 sobre 100, pero estaba en la posición 99 del ranking mundial, es decir 38 menos que la 137 del 2019.

 El retroceso es más visible en el gobierno del presidente Danilo Medina, ya que en su comienzo en el 2012, alcanzó 32 puntos y la posición 118, para de ahí en adelante ascender hasta la actual 137, es decir 19 escalones peores. En el 2015 apareció en el 103, pero con sólo 168 países evaluados, es decir 12 menos. De todas formas implicó una mejoría, que se agravó hasta alcanzar ahora la peor puntuación y posición en el ranking.

El fracaso es más significativo al recordar, como lo hizo Participación Ciudadana, que el país oficializó el IPC de TI al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012 en que inició el gobierno de Medina. Allí se fijó como meta que RD alcanzaría una puntuación de 51 sobre 100 para este 2020. Los 28 puntos registrados en el último Indice, apenas superan la mitad de lo esperado en reducción de la corrupción.

Se perdió el rumbo inicial

El revés es más significativo porque el actual mandatario inició su gestión proclamando un Código de Pautas Eticas y emitiendo el Decreto 486-12, que creó la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) También el Ministerio de la Presidencia auspició la formación de comisiones de veeduría social, con participación de representantes sociales, que con los años fueron desapareciendo en la medida en que no se cumplían las expectativas de transparencia.

El decreto atribuía 42 responsabilidades a la DIGEIG, que en su mayoría no han sido cumplidas, resaltando entre ellas, el Código de Etica, según el cual además de la Declaración Jurada de Bienes, los altos funcionarios gubernamentales tendrían que entregar un informe financiero anual, (artículo 7) entre el 15 y30 de agosto, especificando la evolución de su patrimonio, incluyendo cónyuge. No hay registro de que un solo funcionario lo haya hecho y tampoco que se le reclamara.

Como es tradición, en el primer período del gobierno de Medina, hubo más esfuerzos por controlar la corrupción y la malversación, pero la brújula empezó a perderse a partir de la búsqueda de su reelección, que al decir general incluyó una compra masiva de legisladores para hacerla posible mediante una reforma constitucional.

Los Grandes escándalos

Pero lo peor le estalló al gobierno en diciembre del 2016, apenas comenzado el segundo período, con las revelaciones del escándalo de corrupción internacional de Odebrecht, que implicó relevantemente al país. Con el agravante de que el Ministerio Público ha evadido investigar los sobornos del período de gobierno de Medina, especialmente  sus demostrados vínculos con el asesor político-electoral de Odebrecht Joao Santana.

Las sombras en la contratación de la mayor obra del actual mandatario, las plantas de carbón de Planta Catalina, han perseguido y seguirán persiguiendo a su régimen. Todavía no se han realizado auditorías de las obras contratadas con Odebrech y hace poco el consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación impactó la opinión pública al revelar registros de sobornos por 55 millones de dólares en obras del actual gobierno, incluyendo 20 por las plantas de carbón. Se publicaron 28 seudónimos de los receptores de esos sobornos, que están en los registros de Odebrecht, pero nadie en el gobierno se ha dado por aludido.

Otros escándalos de corrupción durante el actual gobierno se registraron en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Consejo Estatal del Azúcar, en los cuales hubo un suicidio y varios muertos de por medio. En la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) se reveló el escándalo de la venta de todo un barrio a “precio de vaca muerta”.

Desafío a nuevo gobierno

 La preocupación por los altos niveles de corrupción en el país, han aumentado en los últimos años en el país y tuvieron su mayor expresión en el movimiento Marcha Verde que durante el 2017 y 18 sacudió el país, llevando a las calles a cientos de miles de personas. Mientras las encuestas la registran como uno de los principales males, con hasta 80 por ciento considerando que empeora.

La convicción generalizada es que al gobierno de Medina le cayó la noche para ponerle límite a la corrupción, la malversación y la impunidad. Y que será uno de los grandes desafíos del gobierno a instaurarse en agosto próximo. “La guerra total a la corrupción y la impunidad” es el punto 1.2 de las prioridades políticas e institucionales suscritas por la Coalición Democrática por el Cambio, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y proclamada en noviembre por 6 partidos.

Analistas políticos concuerdan en que la corrupción y la impunidad han detonado un deterioro institucional que alcanza niveles cada vez más preocupantes, mientras múltiples expresiones de la Sociedad Civil la tienen como prioridad. Lo peor es que se teme que, como es tradicional, la malversación y el clientelismo de los años electorales, dispare aún más la corrupción y la impunidad.- 

 Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

                               2001-2019: República Dominicana

Año Puntuación Cantidad de países evaluados Posición del país
2001 3.1/10 91 63
2002 3.5/10 102 59
2003 3.3/10 133 70
2004 2.9/10 91 87
2005 3.0/10 157 84
2006 2.8/10 180 99
2007 3.0/10 180 99
2008 3.0/10 180 102
2009 3.0/10 180 99
2010 3.0/10 178 101
2011 2.8/10 183 129
2012 32/100* 176 118
2013 29/100 176 123
2014 32/100 174 126
2015 33/100 168 103
2016 31/100 174 120
2017 29/100 180 135
2018 30/100 180 129
2019 28/100 180 137

Valioso apoyo a la democracia

Por Juan Bolívar Díaz

Por ahí ruedan voceros oficiales y oficiosos   ofendidos por la posición sostenida por la Conferencia del Episcopado Dominicano y el gobierno de Estados Unidos respaldando los reclamos nacionales para que el proceso electoral en marcha se realice con las garantías de  “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, que consagran los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.

En particular los que pretenden ganar las elecciones a cualquier precio y por encima de todo, se sienten ofendidos con esta “nueva expresión de la injerencia norteamericana” y tratam de evadir la Carta Pastoral de los obispos reviviendo  la complicidad que tuvo la Iglesia Católica con la tiranía de Trujillo y con el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch, como si no hubiese pasado más de medio siglo.

En ninguno de los dos casos tienen razón quienes pretenden mantenerse en el poder a cualquier costo. Nadie debe preferir que ningún estado extranjero, ni tampoco  los pastores religiosos tengan que mediar para que funcionen las instituciones democráticas. Tampoco   que haya que apelar a un gobierno extranjero para financiar y realizar una auditoría a los equipos para la elección de las autoridades nacionales. Como tampoco deberíamos tener necesidad de que la sociedad civil se ponga en pie para garantizar el derecho a elegir y el respeto a la voluntad popular.     

Ese nacionalismo es insostenible en un mundo tan interrelacionado, donde los conceptos de soberanía han quedado  relativizados por principios jurídicos y tratados internacionales, que incluyen sanciones para aquellos países que los violenten, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001 por el conglomerado de naciones del continente.

Se trata de posiciones hipócritas: justifican  que el gobierno de Danilo Medina se haya  asociado con Estados Unidos para aislar y sancionar a la Venezuela de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo se ofenden porque el comunicado de la embajada norteamericana donde se anunció el financiamiento de la auditoría al sistema informático electoral, precisa que Estados Unidos apoya “la realización de elecciones libres, justas y transparentes”.

La diplomacia norteamericana ha reiterado su decisión  de contribuir para que la institucionalidad democrática salga fortalecida del proceso electoral, como cuestión básica para mantener la estabilidad política y económica de la nación. Es del interés nacional, aunque también de Estados Unidos. Para la isla es más que suficiente la penosa y terrible situación de ingobernabilidad de Haití, y los conflictos que proliferan por el continente, especialmente en la subregión, que incluyen a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y más allá a Colombia y Ecuador, Bolivia y Chile.

Sin el menor rubor hay que celebrar que la posición de Estados Unidos coincida con el interés nacional y hasta agradecerla, lo que en realidad viene ocurriendo desde la transición democrática de 1978. La mayoría de las reformas políticas, y socioeconómicas  realizadas en el país en las últimas décadas han contado con el apoyo financiero de instituciones norteamericanas. La promoción de la institucionalidad no ha sido excepción desde el proyecto de Iniciativas Democráticas auspiciado por la AID en la década de los noventa.

En cuanto a las iglesias, particularmente a la jerarquía católica, hay que agradecerle también su defensa de los derechos sociales y políticos, en lo que se han distinguido muchos pastores. En su Carta Pastoral de la semana pasada, los obispos fueron bien clareos al rememorar su pronunciamiento de hace justo 60 años que rompió un largo silencio  y contribuyó a la liquidación de la tiranía de Trujillo.

Plantean que “en esta hora decisiva para el futuro de nuestro país, quieren llegar a las conciencias con el mismo espíritu de 1962, “dentro de un “contexto social y político diferente, pero frente a un proceso con muchas demandas similares,  y fundamentalmente la necesidad de elecciones libres. Tras advertir sobre la ola de convulsiones sociales que sacuden el continente, dicen que “la política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad”.       Los dos planteamientos de la semana pasada contienen un mensaje bien claro para todo el que tenga capacidad para leer y escuchar.-   

La Carta Pastoral y el apoyo de EU fortalecen el proceso democrático

A un mes de las elecciones municipales y  a cuatro de las presidenciales y congresuales, la Pastoral del Episcopado Dominicano y el apoyo político-financiero de EU respaldan los reclamos de la sociedad dominicana de elecciones libres, justas y transparentes

Por Juan Bolívar Díaz

El Obispo de de Santo Domingo Francisco Ozoria, ofrecio una misa en la catedral con motivo del día de los Santos Reyes,6 de enero 2020/foto cortecia del Episcopado Dominicano

Todos los interesados en la institucionalidad democrática y la estabilidad política y económica de la nación deberían acoger la propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) de un pacto nacional sobre las propuestas prioritarias de la sociedad con “el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia”.

La pastoral católica y el apoyo de Estados Unidos a la auditoría previa a los equipos y programas a utilizarse en las próximas elecciones, constituyen un claro compromiso de esos poderes con los reclamos de múltiples sectores de un proceso electoral justo, equitativo y libre de marrullerías e injerencias antidemocráticas.

Una contundente advertencia

La carta pastoral de los obispos católicos, comienza con una advertencia contundente sobre los grandes movimientos contestatarios en Latinoamérica y una proclama sobre la necesidad de hacer prevalecer los principios fundamentales que deben normar la política y la convivencia, lo que a lo largo del documento se sustentan firme y reiteradas veces.

El primer párrafo explica la preocupación del Episcopado por los próximos comicios  nacionales, comenzando por los municipales de febrero, “para obtener garantía de éxitos en los segundos”. Y en el siguiente se considera oportuno “retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal”. Entonces recuerdan que aquel “emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico”, impuesto por la tiranía de Trujillo. Señala que aunque vivimos en una época distinta gracias al sacrificio de muchos dominicanos, “aún restan muchos obstáculos por superar”.

El tercer párrafo contiene una clara advertencia cuando dice: Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos.”

Refieren mensajes anteriores que exhortan a vivir en valores, tomando como referencia los propuestos por el preámbulo de la Constitución Dominicana, y luego se plantea   la urgencia de “un comportamiento ético en nuestra sociedad”, invitando a reflexionar acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes desafíos.

Un ejercicio democrático

El punto 11 de la carta reclama a todo gobernante “sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación”. El 15 advierte que “Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias”.

Más adelante plantea que “El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y mantenerse en el poder”. Reclama “a quienes pretenden dirigir los destinos del país reconocer la dignidad de toda persona humana, como sujeto de derechos, que nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden público”.

El punto 17 indica que, como máximo responsable de la organización de los comicios, “la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos”, y que “No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome acción”. Llama a cooperar para que desempeñen con profesionalidad y decoro sus delicadas funciones, de singular trascendencia en el inacabado proceso de preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.

Agenda política episcopal

El documento contiene exhortaciones a los candidatos, a los medios de comunicación, a los actores políticos y a los electores, y aboga por los derechos de la juventud, de las mujeres, expresando preocupación por la violencia “que sacude a nuestra sociedad”, a la corrupción “cáncer que arrastra la RD”, y claman por que se promuevan las condiciones para establecer un Poder Judicial imparcial, sujeto al imperio de la ley, capaz de administrar justicia y dirimir los conflictos sin inclinar la balanza hacia ningún lado”.

Los obispos han pedido a los candidatos agenda de acciones concretas “para enfrentar los graves problemas del país”, sin que falten “temas como la corrupción administrativa y los caminos para combatirla; la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer; la violencia ciudadana generalizada”. Y luego se extienden al cambio climático, políticas energéticas, respeto al orden jurídico y constitucional y a las políticas sociales y combate a la pobreza, relevando la educación.

Proponen “un pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la nación. Dicho pacto debe incluir el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia que garanticen los derechos de todos y una especial dedicación a los sectores menos pudientes de la sociedad”. En la exhortación final los obispos vuelven a recordar la pastoral de 1960, ahora “dentro de un  contexto social y político diferente, pero con un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la necesidad de unas elecciones libres”.

Contexto de la pastoral

La pastoral episcopal llega en un contexto político donde se advierten serios conflictos por el poder, ya que el presidente Danilo Medina, sin ser candidato, proclamó en discurso público el 21 de julio que “yo voy a ganar las elecciones”, tras unas primarias donde irrumpió el gobierno se generaron graves conflictos. En una reunión el lunes con los candidatos de su partido, el mandatario proclamó que a cada uno le dará asistencia financiera.

La generalidad de los partidos opositores, que conforman dos de tres  polos electorales configurados, con el partido oficial, han formulado severas advertencias de que no permitirán la irrupción del gobierno en el proceso electoral, con los abusos fiscales y la desigualdad que caracterizaron los comicios anteriores. Ya esta semana trascendió que en el Ministerio de Educación han designado 8 mil empleados temporeros, que no son otra cosa que activistas electorales. En el 2016 Participación Ciudadana certificó que hubo 33 mil en ese y otros ministerios y organismos estatales.

La preocupación se han expandido por los medios de comunicación y las entidades sociales, que en diciembre lanzaron un “Manifiesto por la Transparencia Electoral”, abogando por elecciones libres y equitativas en consonancia con los principios constitucionales y las leyes electorales y de la Función Pública. Llamó la atención que entre los firmantes aparecen dos de los obispos y los rectores de las dos universidades católicas,  un obispo emérito episcopal, y dirigentes de la Confederación de Unidad Evangélica, junto a destacados empresarios, comunicadores y dirigentes de decenas de entidades sociales.

El pacto propuesto fue aceptado de inmediato por los candidatos Luis Abinader y Gonzalo Castillo, del principal partido opositor y del gobernante, mientras el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, uno de los propulsores del Manifiesto por la Transparencia Electoral, dijo que trabajan en el protocolo para el acuerdo. Han sostenido dos reuniones con la JCE y otra con el Tribunal Superior Electoral.         

Apoyo financiero y político de EU     

La semana concluyó con el anuncio de que Estados Unidos va a financiar la auditoría previa de los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo, que ha sido una condición reclamada por los partidos de oposición. Se hará bajo responsabilidad del Instituto Federal para Sistemas Electorales (IFES) de los Estados Unidos, que ya en 1994 fue clave en la documentación de las irregularidades que viciaron las elecciones y generaron una grave crisis política.

Pero el anuncio del respaldo, formulado por la embajada de Estados Unidos en el país no se queda lo técnico-financiero, y expresa que “apoya la realización de elecciones libres, justas y transparentes en la República Dominicana y en todo el mundo”. Porque una RD “democrática, próspera y segura es del interés de ambos países”.

Con tales planteamientos EU sintoniza plenamente con los reclamos políticos y sociales, y constituyen reiteración de otros formulados por la embajadora Robin Bernstein y por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien el 11 de julio pasado llamó por teléfono al presidente Medina para recordarle su compromiso con la legitimidad democrática y las elecciones libres, y el respeto a la Constitución, lo que contribuyó a frenar el proyecto de reforma constitucional que pretendía su prolongación para un tercer período de gobierno.

En sectores políticos y sociales se celebra el nuevo apoyo norteamericano a las elecciones libres, justas y transparentes que se reclama, y se espera que el presidente de la nación vuelva a interpretarlo en toda su significación.-

Fuertes desafíos políticos y económicos en 2020, por elecciones y nuevo gobierno

Las elecciones generales de febrero y mayo ponen a prueba de nuevo la institucionalidad democrática, y la estabilidad política y hasta económica de la nación, lo que se extenderá todo el año por el inicio de un nuevo gobierno en agosto próximo 

Por Juan Bolívar Díaz

Las debilidades institucionales determinan, una vez  más, que las elecciones generales se constituyan en una nueva prueba para la estabilidad política y económica de la República Dominicana, obligando a los segmentos más influyentes de la sociedad civil a actuar como moderadores para evitar un desmadre del proceso.

Las perspectivas apuntan hacia un cambio del partido que ha gobernado el país en los últimos cuatro periodos y en 20 de 24 años, lo que implicaría importantes reformas políticas y económicas para apuntalar la institucionalidad democrática y garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo nacional, extendiéndose por todo el nuevo año 2020.

¿Elecciones democráticas?

La República afronta el reto de unas elecciones municipales dentro de sólo 5 semana, y una presidenciales y congresuales tres meses después, como siempre con las interrogantes de si quienes detentan el dominio de casi todo el Estado y gran parte de las entidades sociales, permitirán la competencia democrática, bajo los principios de “libertad, transparencia, equidad y objetividad” que instituyen los artículos 211y 212 de su Constitución.

Eso no debería estar en discusión, pero la irrupción del gobierno con todos los recursos del Estado en las elecciones, incrementada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mantiene incertidumbres sobre la limpieza electoral, y si alcanzó niveles sin precedente en el 2016, cuando las encuestas adelantaban una cómoda victoria de la reelección del presidente Danilo Medina, hay razones para temer peor abuso del Estado, tras la división de su partido y ahora con resultados muy desfavorables en las  investigaciones.

Si involucraron a casi todos los altos funcionarios en la elección del candidato presidencial del PLD, para favorecer al delfín del presidente Medina, con casi monopolio de la publicidad, pocos dudan que será peor cuando se trate de mantener el control del Estado. Hace 4 años 39 ministros y altos funcionarios salieron al territorio a dirigir la campaña electoral peledeísta, y designaron 33 mil empleados temporeros. En ministerios como Educación y Obras Públicas multiplicaron hasta 13 veces el gasto en viáticos, ayudas y donaciones, aparte de decenas de miles de dirigentes y militantes empleados fijos del Estado y miles colocados por legisladores, gobernadores, dirigentes municipales y locales.  

La inequidad en la propaganda política marcó hasta un 80 por ciento en favor de las candidaturas peledeístas, mientras el gobierno duplicó su gasto publicitario y, con el control total de los órganos electorales, ignoró todo reclamo de los partidos opositores, así como las denuncias periodísticas y de la observación electoral de Participación Ciudadana.             

Reto del equilibrio fiscal

 Entre los retos que trascienden el mero interés electoral se cuenta el evitar el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral, lo que en el 2012 alcanzó la desmesura de más de 150 mil millones de pesos, como déficit fiscal del gobierno central, que junto al del Banco Central y otras entidades autónomas se llegó a estimar en 200 mil millones de pesos, un 8 por ciento entonces del PBI.

La “inversión política” del 2012 fue varias veces mayor que los 40 mil millones de pesos que el presidente Leonel Fernández anunció, en Nueva York, en noviembre del 2011, que gastaría para garantizar el triunfo de Danilo Medina, cuando las encuestas lo situaban hasta 16 puntos por debajo de Hipólito Mejía, entonces candidato presidencial por el PRD. Logró superarlo 51 a 47 por ciento.

Hace cuatro años, en el 2016, el desbordamiento fue menor, 34 mil millones de pesos de déficit entre enero y abril, cuando las encuestas indicaban hasta el 61 por ciento de preferencias por la reelección de Medina, con que fue reelecto, frente a 35 por ciento de Luis Abinader, por el recién constituido Partido Revolucionario Moderno.   

Esta vez los temores por el desbordamiento fiscal en la campaña electoral son mayores por los signos de preocupación derivados del conflictivo escenario internacional, incluyendo una reducción del crecimiento económico, drástica en América Latina, que fue significativa también en el país en el último año, de 7 al 5 por ciento del PIB, con una fuerte caída del turismo, que llegó a perder hasta 60 por ciento de las reservas para la actual temporada y el próximo año, aunque recuperó la mitad en el último trimestre. Este año trae  mayores dificultades a sectores productivos por nuevas desgravaciones que impone el TLC con Estados Unidos.      

La responsabilidad social

 Al no estar en juego la reelección presidencial, los temores por el desbordamiento  fiscal deberían ser menores, pero el peledeísmo  hace tiempo convirtió en “principio político” que el poder no se cede y hay que utilizarlo en la dimensión que sea posible en aras del partido. En el 2012 no estaba en juego una reelección del presidente y no se había producido la división del año pasado.

Los temores por la calidad democrática del actual proceso electoral han pasado de los partidos políticos a importantes segmentos sociales, incluyendo empresariales, sobre todo porque tras la división del PLD en octubre pasado, el presidente Medina proclamó en un discurso que con lo que quedaba de su partido “yo voy a ganar las elecciones”. De ahí el Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral” emitido al comenzar diciembre y que ha nucleado al Foro Ciudadano y decenas de organizaciones sociales, religiosas, académicas, gremiales y a connotados líderes empresariales, comunicadores e intelectuales.

El esfuerzo ha incluido a dos obispos y los rectores de las dos universidades católicas que operan en Santo Domingo, así como a dirigentes del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, y de instituciones como el Centro Social Juan XXIII y Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana y otras. Ya han visitado la Junta Central Electoral, expresando su preocupación por “las prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.

La presión ciudadana por el ejercicio de la real democracia encuentra mejores perspectivas esta vez por nuevos mandatos legales que procuran la equidad y transparencia, por órganos electorales más independientes, y por las convicciones generalizadas de que la repetición de las iniquidades e inequidades del 2016, esta vez conllevarían mayores riesgos de desestabilidad por el hastío generado por un prolongado dominio político. Hace 4 años los partidos de oposición rechazaron reconocer la legitimidad del proceso electoral.

Alternabilidad democrática

 Al comenzar el año las percepciones generalizadas indican la posibilidad de una alternabilidad de partido gobernante, lo que en una democracia, aún de mediana intensidad, no debería causar incertidumbres, cuando históricamente está demostrado aquí y en todo el mundo que la prolongación de los gobernantes corroe la institucionalidad democrática..

 Aquí y ahora son pocos los que discuten que la ciudadanía está mostrando evidencias de fatiga y hastío frente al dominio peledeísta, y que su prolongación luce remota tras la división del PLD que originó un tercer polo electoral encabezado por su ex-presidente y líder Leonel Fernández, y se reconoce el auge del principal partido de oposición y su candidato presidencial Luis Abinader.

Con cinismo político o vergüenza ajena, lo que muchos discuten es si el presidente Danilo Medina permitirá su desplazamiento del poder. Sobreestiman el presidencialismo, como lo hicieron durante más de dos años cuando el actual mandatario, con todo el poder del Estado, se empeñó en buscarse una nueva reforma constitucional para prolongarse. Tras ese fracaso parecería más difícil lograrlo a través de un delfín que no acaba de mostrar mayores méritos políticos que representar la confianza y continuidad de Medina.

A veteranos observadores, el proceso de desgaste del gobierno y las circunstancias nacionales e internacionales que le desfavorecen, les recuerdan el proceso de 1978 cuando se decía que no había forma de vencer el dominio político, económico y militar-policial que ejercía el presidente Balaguer. Resultó traumático pero se alcanzó, y con un candidato como Antonio Guzmán que carecía de habilidades discursivas y expresiones programáticas, aunque suplidas por el entonces líder del PRD José Francisco Peña Gómez. Guzmán como Abinader era un empresario, centrista y con grandes habilidades para la negociación política.

Una pesada herencia financiera

El gobierno que resulte de las elecciones de mayo recibirá una pesada herencia fiscal, y estará obligado a producir de inmediato importantes cambios de políticas para mejorar substancialmente el gasto público, reduciendo el clientelismo, la malversación, la corrupción y el dispendio, a fin de legitimarse para el pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que el presidente Medina ha evadido apoyándose en un galopante endeudamiento que duplicó la deuda consolidada del Estado.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, al igual que los centros de investigación económica nacional, han coincidido en la necesidad de poner límites a más de una década de déficits fiscales consecutivos, para garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación. Quien llegue a gobernar en agosto y pretenda desconocerlo, se arriesga a que la bomba le explote en las manos.

Según últimos informes del FMI la deuda consolidada del Estado compromete ya el 54.6% del PIB, pero el economista dominicano Apolinar Veloz, con experiencia de fiscalizador del mismo organismo, la lleva hasta el 60%, al sumar compromisos no registrados por el Ministerio de Hacienda, que la mantiene en 46 mil millones de dólares y por debajo del 50% del PIB.

El presupuesto del 2020 conlleva un déficit por $96 mil millones. El pago de intereses implica casi la cuarta parte de los ingresos fiscales. Por amortización de capital e intereses de la deuda externa habrá que pagar este año US$ 2 mil 508 millones, equivalentes a $130 mil 416 millones. y de deuda interna otros $136 mil 566 millones, para totalizar $266 mil 982 millones, el 36% de los ingresos ordinarios estimados en 750 mil 800 millones de pesos.-

2019: total predominio de la política, freno al continuismo y división del PLD

Gran parte de las energías nacionales estuvieron concentradas en la actividad política, con incertidumbres, debilitamiento de la institucionalidad democrática y emergencia del PRM, pero se mantuvo el crecimiento económico,  aunque con más endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz

El fracaso del proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina, que detonó la división del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la emergencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como principal alternativa de poder, fueron los acontecimientos políticos más trascendentes del año que concluye.

En un año de muchas incertidumbres políticas e institucionales, el crecimiento económico sufrió una desaceleración, especialmente en el turismo, con incremento de déficits y del endeudamiento para financiar déficits mientras los escándalos de corrupción seguían exponiendo la persistencia de la impunidad y ausencia de controles.

El dominio de la política

La aprobación de una nueva orgánica Ley del Régimen Electoral, promulgada a mitad de febrero, marcó el inicio de un año en que la política iba a predominar absolutamente en la atención pública nacional. Su implementación, junto a la Ley de Partidos promulgada en agosto anterior, consumiría las energías de la Junta Central Electoral (JCE) con repercusiones en los tribunales Constitucional y Superior Electoral con dictámenes de inconstitucionalidad sobre seis de sus predicamentos, relevantemente la eliminación del arrastre de los senadores por el voto a los diputados y el derecho a ciudadano a ser postulado a cargos electivos sin tener que ser miembro de un partido.

La celebración por primera vez de elecciones primarias para escoger candidatos, organizadas por la JCE, ocupó la atención pública hasta más allá de su materialización el 6 de octubre, dejando una estela de derivados que han seguido repercutiendo sobre el quehacer político en los últimos dos meses del año.

 Las expectativas de que las reformas electorales, que incluyen la celebración de las elecciones municipales, separadas de las presidenciales y congresuales en el mismo año, redundarían en reducción del activismo político y su costo, rodaron por el suelo cuando los  partidos excedieron las normativas, sin poder encontrar el mínimo valladar, y ni siquiera se ha implementado la dispuesta Procuraduría Especial para perseguir los delitos electorales.

Fuerte división del PLD

El debut de las elecciones primarias arrojó un resultado negativo fundamental, al detonar una fuerte división del PLD, tras varios años de confrontaciones internas que envolvieron a los dos líderes que han presidido la nación en cinco de los últimos seis períodos gubernamentales. La irrupción del gobierno, hasta el grado de haber designado a una treintena de ministros y altos funcionarios como jefes de la campaña interna del delfín del presidente Danilo Medina, su ministro de Obras Pública Gonzalo Castillo, extremó la confrontación. La abierta compra de votos y la desmesura del gasto del candidato auspiciado por el gobierno, más un estrecho resultado electoral, abonaron la división.

El resultado de las encuestas conocidas tras la división del PLD, indica que la facción peledeísta del presidente Medina sobreestimó su fuerza y subestimó la capacidad y decisión  del presidente Leonel Fernández, quien protagoniza un fraccionamiento tan importante que lo deja cercano al candidato oficialista tras obtener una votación primaria de mínima diferencia.

El efecto inmediato es que el PLD perdió su larga hegemonía y se produjo una recomposición del escenario político con tripartidismo y con el principal partido opositor, el PRM, pasando a encabezar las preferencias para las elecciones del próximo año, con su  candidato presidencial Luis Abinader registrando amplia ventaja sobre el candidato oficialista y el expresidente Leonel Fernández, quien ha logrado ser postulado por 6 partidos.

Frenado el continuismo

Si algo hay que acreditar como positivo en el ámbito político durante el 2009, fue el fracaso de los mayúsculos esfuerzos desatados por Danilo Medina y sus seguidores, para comprar los votos para una segunda reforma constitucional reeleccionista consecutiva. La resistencia, todavía desde dentro del partido gobernante, de la facción de Leonel Fernández, del principal partido opositor y amplios sectores sociales, decretaron el fracaso del proyecto continuista.

Los desaforados esfuerzos por la repostulación de Medina, generaron gran crispación e incertidumbres, suficientes para que el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamara personalmente al presidente Medina y le recordara el debido respeto a la Constitución, lo que contribuyó al frenazo y demostró que, aunque el presidencialismo dominicano sigue siendo  demasiado fuerte, no siempre es todo poderoso ni invencible.

La resignación de Medina, el 22 de julio, fue seguida por otro fracaso, al no poder viabilizar un proyecto, que partió de la dirección de lo que queda del otra dominante Partido Reformista Social Cristiano, que buscaba la reforma constitucional para rehabilitar las posibilidades de Medina de  volver a postularse a la presidencia, después del 2020.

De cualquier forma, Danilo Medina mostró una gran capacidad de maniobra y a  aferrado al poder, logró imponer decidió impulsar a uno de los suyos en la candidatura presidencial del PLD, llegando luego a proclamar que con lo que queda del partido, “Yo voy a ganar las elecciones del 2020”, despertando temores por la institucionalidad democrática.    

   Persistió el crecimiento económico

Aunque el año arrancó con lentitud, las medidas monetarias y la colocación de bonos lograron reactivar la economía para al final conseguir un crecimiento que podría llegar al 5% del PIB, aunque menor en 2 puntos al 7% del 2018 y en desaceleración. El mayor mérito del gobierno del presidente Medina siguió siendo el mantener una de las más altas tasas de crecimiento de la región, con estabilidad de precios y baja devaluación, aunque este año el Banco Central tuvo que hacer esfuerzos para moderarla.

Como ha ocurrido en los últimos once años consecutivos, el déficit fiscal, que terminará cercano a los 150 mil millones de pesos, ha tenido que ser financiado con fuerte endeudamiento, el cual ya ronda por el 53% del PIB y sobre 50 mil millones de dólares, sumando la deuda de todos los organismos del Estado, incluyendo la flotante como la contraída con contratistas, suplidores, generadores eléctricos y por fideicomisos. Sólo el pago de los intereses se lleva casi la cuarta parte de los ingresos fiscales.    

El mayor revés económico lo sufrió el turismo, que por primera vez en cuatro décadas  podría concluir este año en reducción, tras una cadena de muertes de turistas, el atentado que casi mata al astro beisbolero David Ortiz, y la militarización del Congreso Nacional cuando se pretendió imponer la reforma constitucional continuista.

Con un déficit externo de alrededor del 1.5% del PIB, y reducción del ingreso fiscal presupuestado en unos 18 mil millones de pesos, la estabilidad económica y cambiaria  y la mejoraría del ingreso familiar siguieron siendo impulsados en gran proporción por las remesas de los dominicanos que trabajan en el exterior, que este año crecen alrededor del 9% para sobrepasar los 7 mil millones de dólares, unos 365 mil millones  de pesos, lo que equivale a más de la mitad de las recaudaciones fiscales.

Mal en salud y educación

Relegando los ayuntamientos y la salubridad el gobierno no pudo terminar todavía este año la tercera parte de los 56 hospitales cuya remodelación comenzó hace 7 años,  lo que a juicio de la Alianza por el Derecho a la Salud ha ocasionado el colapso de los servicios. La incidencia del dengue estableció un récord de 18 mil casos, con 47 muertes oficiales, aunque el Colegio Médico estima 30 mil con un centenar de decesos. En el 2018 sólo se reportaron 1,558 afectados. La malaria se duplicó de 480 a 822, hasta fines de noviembre.

Al llegar diciembre el gobierno recibió un golpe con el informe de las pruebas PISA que dejaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, en matemáticas, ciencias y comprensión de lectura entre 70 países, evidenciando gran retraso en la calidad de la educación, tras 7 años de la inversión en el sector del 4% del PIB.

Los informes internacionales, como los del Foro Económico Mundial, el Barómetro de las Américas, Transparencia Internacional y Oxfam siguieron arrojando precarios resultados en manejo de los fondos públicos y credibilidad de las instituciones.  

Corrupción e impunidad

La impunidad siguió prevaleciendo aún en grandes casos, como las revelaciones de 28 seudónimos de personas que recibieron 55 millones de dólares como sobornos de Odebrecht para las contrataciones de las plantas de carbón de Punta Catalina y otras obras del actual gobierno. La Procuraduría General ni siquiera se ha dignado responder la denuncia internacional y menos exigir la documentación a la constructora brasileña..

Sin investigación queda también la denuncia de que antes de salir en agosto del ministerio de Obras Públicas para buscar la candidatura presidencial Gonzalo Castillo entregó contratos por 11 mil 500 millones de pesos para compras de asfalto, cuando sólo tenía asignados para ese renglón 2 mil 500 millones, y desconociendo las licitaciones que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Tal como apuntó el balance anual de Participación Ciudadana, la justicia siguió débil y con pocos resultados, y la Cámara de Cuentas no mostró vigor ni independencia para fiscalizar el gasto gubernamental. Mientras los procesados por el mayúsculo escándalo de los sobornos de Odebrecht se redujeron a 6,  de 14 que habían imputado, para un juicio que se estima burlesco.  

Las autoridades nacionales quedaron mal taradas también con el escape del narcotraficante César Emilio Peralta, capturado después en Colombia, tras operar durante años una red criminal que exportó toneladas de drogas a Estados Unidos. Fue el mayor escándalo del año, y autoridades norteamericanas no dudaron en sostner que tuvo amparo en la corrupción y la impunidad prevalecientes en el país. –

Reivindicación de la Navidad

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez parece más difícil encontrar en las festividades navideñas el espíritu que las originó,  su significado determinado esencialmente por el nacimiento de Jesús de Galilea, el enviado de Dios o el mesías, o el líder más exitoso de la historia, que llegó al mundo para proscribir el ojo por ojo y diente por diente y predicar el amor y la solidaridad entre los seres humanos, como fundamento de la paz.

Tal vez se deba a que la enorme concentración de la riqueza está rompiendo todos los parámetros de la convivencia y determinando que la existencia social sea hoy una lucha cuesta arriba por la supervivencia, en medio de profundos resentimientos que cada vez con más frecuencia estallan en el mundo. La explosión social en Chile, por ejemplo, hizo añicos en algunas semanas un progreso y orden social edificado en décadas, basado en la exclusión y la concentración, con abismos cada vez más profundos. 

O a lo mejor esté determinado por la violencia institucional y el fracaso de las instancias internacionales de paz que han creado un estado de desazón tan grande que nos vamos acostumbrando a las matanzas. Ahí está, como ejemplo, la que se realiza sistemáticamente contra los palestinos, justo en las tierras donde Jesús dejó sembrado su evangelio de conciliación entre los pueblos y seres humanos.

 Más probablemente porque muchos pueblos, líderes y hasta pastores han prostituido el evangelio adoptando modelos de vida y existencia que depredan la condición humana, practican un genocidio ecológico y siembran un consumismo hedonista que no respeta lo más elemental de la supervivencia del planeta que heredamos.

Por encima de todo eso, de las fiestas cada vez más paganizadas, los que creemos en las esencias del cristianismo tenemos que salir a reivindicar el espíritu y significado de la Navidad, deteniéndonos a mirar a nuestro alrededor, no para dar limosnas ni falsos abrazos de paz, sino para solidarizarnos con los que siguen sufriendo hambre y sed de justicia.

No tiene sentido que nos llamemos cristianos si sólo vamos a los templos a darnos golpes de pecho y abrir los brazos, ignorando la advertencia de Jesús, registrada por San Mateo 7,21.24-27, de que no basta gritar ¡señor señor! para entrar al reino de los cielos, sino el que hacer la voluntad del padre. “Que todo el que oye mis palabras y no hace caso a lo que digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, y la casa se derrumbó. ¡Fue un completo desastre!”. Pero los peores de todos son esos abundantes pastores que predican un evangelio de resignación ante la pobreza, la exclusión y la opresión. Los que piden a sus fieles que cierren los ojos y se arrodillen a esperar el reino de los cielos, en vez de luchar por el amor y la solidaridad aquí en la tierra que predicó Jesús. Fue a esos a quienes se refirió Carlos Marx cuando teorizó sobre la religión como opio del pueblo.

Pero los peores de todos son esos abundantes pastores que predican un evangelio de resignación ante la pobreza, la exclusión y la opresión. Los que piden a sus fieles que cierren los ojos y se arrodillen a esperar el reino de los cielos, en vez de luchar por el amor y la solidaridad aquí en la tierra que predicó Jesús. Fue a esos a quienes se refirió Carlos Marx cuando teorizó sobre la religión como opio del pueblo.

Reivindicar la Navidad no es una teoría incierta ni ilusionista, sino recuperar la solidaridad, lo que nos obliga a rechazar con fuerzas todo género de opresión, de engaño, de manipulación política, social y hasta religiosa, a militar entre los que luchan por el reinado de la fraternidad humana aquí y ahora, para que se vaya materializando aunque sea de a poquito.  

Es también un sistemático viaje introspectivo a la profundidad de la condición humana para espantar los demonios del egoísmo, de la justificación de la corrupción cuando se trata de intereses personales. Es una firme mirada llena de respeto a los que nos rodean, una invitación a compartir lágrimas, alegrías, el pan y los plátanos de cada día.             Debemos defender las fiestas navideñas, pero acompañadas de profunda y auténtica  religiosidad, que es expandir el yo individual para descubrir el nosotros, pasajeros de una nave colectiva donde predomine el grito de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a nosotros mismos. Sin tregua, sin hipocresía, con pasión desterrando el sectarismo y el fundamentalismo, adscribiéndonos al augurio de paz para todos los hombres y mujeres de buena voluntad.-  

La sociedad civil decide impulsar un proceso electoral transparente

la lucha contra la corrupción realizo una marcha por la Zona Colonial comenzado de la Plaza España donde agrupo cientos de gentes de diferente clases sociales la marcha termino en la Puerta del Conde. Santo Domingo Republica Dominicana. 29 de Septiembre de 2007.
Foto Pedro Sosa.

Uno de los acontecimientos más positivos tras el inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales de febrero ha sido el surgimiento de una concertación de organizaciones y personalidades de los ámbitos religiosos, académicos y sociales para  promover un proceso electoral transparente que fortalezca la institucionalidad democrática,

En una reunión con partidos políticos, los propulsores comenzaron el miércoles a presentar los lineamientos de su “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, y ya tienen cita para entregarlo la próxima semana a la Junta Central Electoral (JCE), mientras tratan de incorporar las organizaciones empresariales.

Una iniciativa ciudadana

El Manifiesto es una iniciativa de la Mesa de Justicia y Transparencia del Foro Ciudadano, constituido por cientos de organizaciones y redes sociales, ahora bajo coordinación del Centro Juan XXIII, que es un agrupamiento de intelectuales, académicos y profesionales católicos. Fue dado a conocer en rueda de prensa el 4 de diciembre en el local de esta entidad, que en la parroquia Santísima Trinidad.

El primer encuentro del núcleo tuvo efecto el pasado miércoles 11 con dirigentes de partidos políticos en un salón de la Universidad Católica Madre y Maestra, cuyo rector, reverendo Alfredo de la Cruz Balderas, es parte de los promotores, al igual que el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, monseñor Jesús Castro, quien además es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Aunque fueron invitados formalmente todos los partidos, no asistieron los del bloque que encabezan el Partido de la liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, que postulan a Gonzalo Castillo para la presidencia. Si estuvieron representados los principales de la oposición, los del bloque  que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, postulando a Luis Abinader, y el bloque que lidera el nuevo partido La Fuerza del Pueblo y el Reformista Social Cristiano, que impulsan la candidatura presidencial de Leonel Fernández. También la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Se informó que predominó un pleno respaldo a la iniciativa.

Una Comisión de Seguimiento ya tiene cita para entregar el Manifiesto el miércoles a la JCE, y con la meta de hacer lo mismo con el Tribunal Superior Electoral y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Esperan lograr la firma de un compromiso  entre los partidos para alcanzar un proceso electoral transparente y competitivo en enero, antes de las elecciones municipales del 16 de febrero.           

Objetivos del Manifiesto

El Manifiesto Ciudadano comienza planteando que “La democracia es la obra de todos. El derecho ciudadano a elegir y alternar sus autoridades a través del voto libre, personal, directo y secreto en un estado de derecho es el principal mecanismo de legitimación popular de los gobernantes”. Plantean que, no obstante, los procesos electorales dominicanos se caracterizan por “prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.

Es por eso que han decidido “convocar a todas y todos los dominicanos sin excepción, a no escatimar esfuerzos y sacrificios para rescatar la credibilidad de las elecciones nacionales previstas en el año 2020 y así salvaguardar nuestra democracia y la indispensable legitimización de sus instituciones y representantes”. Dicen estar conscientes de que la manipulación de las elecciones “facilita esa misma corrupción que impunemente roba y malversa el erario y el patrimonio público”.

La convocatoria señala las responsabilidades que corresponden a la JCE, el TSE, al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio Público, a los partidos y movimientos políticos, a los medios y redes de comunicación, así como a la sociedad civil. A la JCE le pide hacer cumplir los planteamientos constitucionales y legales para la transparencia y equidad de los procesos electorales, con una serie de disposiciones específicas.

Al Poder Ejecutivo se le llama a no comprometer las finanzas públicas en beneficio de candidaturas, que los funcionarios se abstengan a la Ley de Función Pública, y que pongan en funcionamiento la Procuraduría para perseguir los delitos electorales. A los partidos “comprometerse públicamente con la transparencia y la equidad el proceso electoral venidero, por medio de la firma y respeto de un acuerdo” a ser consensuado.        

Principales propulsores

Además de, Foro Ciudadano y los rectores de las dos universidades católicas capitalinas, entre los propulsores aparece también el Obispo de Baní-San Cristóbal, Víctor Masalles, el obispo emérito episcopal Julio César Holguín, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Metropolitano de Mujeres, Participación Ciudadana, el Centro Montalvo, Centro de Investigación y Promoción Social, Consejo de Desarrollo Cívico Social, Ciudad Alternativa, Santiago Somos Todos y las fundaciones Masada, Solidaridad, Testimonio y Trópico. Así mismo entidades de bases como Acción Comunitaria para el Progreso, Articulación Nacional Campesina, Cooperativa de  Producción Social del Habita y la Vivienda, Comité para Defensa de los Derechos Barriales, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales.

Un vocero del movimiento indicó que sua Comisión de Seguimiento está constituida por  el rector Alfredo de la Cruz Baldera, el reverendo Fidel Lorenzo, el empresario Franklin Báez Brugal, los académicos Rafael Toribio,  Fernando Ferrán y Fernando Peña, Jaime González, del Centro Juan XXIII, los comunicadores María Asela Alvarez y Huchi Lora, Mario Fernández, de Santiago Somos Todos,  la sindicalista Eulogia Familia y Ricardo González, del Foro Ciudadano.  

Entre las tareas inmediatas de los comisionados está la ampliación de las instituciones sociales en el movimiento, incluyendo las organizaciones empresariales, algunas de las cuales también expresan preocupación porque el proceso electoral en marcha no devenga en confrontaciones y pérdida de legitimidad que pongan en peligro no solo la institucionalidad democrática, sino también la estabilidad económica y social.

Volver a la concertación

A los propulsores del Manifiesto Ciudadano les mueve el objetivo de fortalecer la credibilidad de los partidos y la ciudadanía en los órganos rectores del proceso electoral, en especial la JCE, partiendo de que la misma necesita un fuerte apoyo para organizar un proceso electoral como dispone la Constitución y las leyes del Régimen Electoral y de Partidos Políticos.

 Partieron de los conflictos en que devino el proceso de la elección primaria hasta el punto de haber provocado la división del partido gobernante y dejando incertidumbres sobre el voto automatizado y la credibilidad en los resultados electorales. Sólo el mercado de compra y venta de votos que operó públicamente en las primarias, ha sido señalado como suficiente para motivar la presencia activa de la sociedad civil en el seguimiento al proceso electoral de febrero y mayo, más allá del trabajo de observación electoral que hace 25 años realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana.

Estarían procurando levantar una participación como el proyecto de Iniciativas Democráticas que movilizaron a la sociedad civil por la limpieza de las elecciones de 1996, 2000 y hasta el 2004, y que apoyaron firmemente a la JCE y contribuyeron al mejoramiento de esos procesos después del traumático fraude electoral de 1994 que llevó al Pacto por la Democracia, reduciendo a dos años el período gubernamental.

“Pacto por una campaña decente”  

 Aunque el Partido de la Liberación Dominicana no asistió a la convocatoria del “Manifiesto Ciudadano” el miércoles en la PUCMM, al día siguiente el coordinador de su Comisión de Estrategia de Campaña Electoral”, Francisco Javier, emplazó al PRM y su candidato Luis Abinader “a que diga que él está dispuesto a firmar un pacto por una campaña decente. Eso tras denunciar que en enero se pondría en práctica una “campaña negativa” contra su candidato Gonzalo Castillo.

La demanda peledeista podría canalizarse en el marco de la iniciativa ciudadana, donde podrían precisarse los términos de campaña negativa y de campaña sucia, porque negativo puede ser todo lo que denuncie hasta errores, limitaciones y actitudes de un partido o candidato. Campaña sucia es la que se fundamenta en mentiras, inventos o manipulaciones o distorsiones.

Abinader y los también candidatos presidenciales Leonel Fernández y Guillermo Moreno, así como dirigentes opositores han dicho que no están dispuestos a permitir inequidades y abusos del poder del Estado, como los denunciados en las últimas elecciones generales, cuando incluso la oposición no reconoció la legitimidad de la reelección del presidente Danilo medina, y en las primarias de octubre pasado.-