Más y mejor Sociedad Civil

Por Juan Bolívar Díaz

            En estos días de renovación del alto funcionariado del Estado ha vuelto a escucharse la queja de dirigentes políticos, secundada absurdamente por algunos comunicadores, sobre la supuesta puja de la sociedad civil por apoderarse de cargos en el gobierno central, sobre todo  en los organismos de control, que en muchos casos tienen el imperativo constitucional o legal  de ser dirigidos por personas sin militancia política. 

            Es fruto de una cultura política que ha concebido al Estado como un botín, para el reparto de cargos y canonjías, aprovechamiento de oportunidad de enriquecerse a cualquier precio, especialmente por parte de quienes “se fajan” a hacer campañas electorales. El “dame lo mío” se ha expandido de arriba hacia abajo, creando una situación que deviene en espantosos reclamos y hasta chantajes que se formulan públicamente sin el menor escrúpulo.

            A consecuencia de esa cultura cada año el Estado abulta más, con nóminas y nominillas que, para colmo, ningún organismo público se atreve a certificar, por la falta de transparencia y el desorden. Un estudio del BID cuantificó los empleados en la nómina pública en 486 mil 732, a comienzos del 2019, con un incremento de 114 mil 783 en los últimos cinco años, equivalente al 31%. A ese ritmo hoy sobrepasan los 525 mil, que si les suman 152 mil pensionados, al 2017, más de 100 mil de las nóminas municipales y miles en nominillas hasta en los distritos municipales, es seguro que rondamos los 800 mil.

            Un estudio de Oxfam indica que el empleo público crece 5.2% por año, 2.8 veces más que el privado, con 61 mil 911 empleos por cada millón de habitantes, tercero más grande en la región latinoamericana, y que al 2018 el empleo público por millón de habitantes es 38.6% mayor que el promedio regional,  y 43.6% más que cinco países de América Central. 

Por cierto que en los últimos 24 años, no sólo se triplicó la nómina pública, sino que se acentuó una enorme disparidad, con salarios superiores a los del sector privado en los mandos altos y medios, sobre todo en los organismos autónomos y descentralizados donde reina un régimen de auto beneficios, que incluye espléndidas pensiones, dietas y representaciones. El Congreso, la justicia, órganos electorales, banca estatal y superintendencias tienen regímenes especiales de salubridad, en algunos casos con seguros internacionales, y pensiones que alcanzan hasta más de 100 veces el monto de lo que reciben la mayoría de los pensionados del Estado, subido el año pasado de 5 mil 117 a 8 mil pesos.               

            Por esas razones es que con cada cambio de gobierno se desata un huracán de persecuciones de los cargos públicos, sobre todo de los dotados de mayores privilegios. No se puede ignorar que hasta en las naciones desarrolladas y bien organizadas la alternabilidad de gobernantes implica cambios de millares de funcionarios, no sólo del más nivel, sino también sus asistentes y personal de confianza. Pero aquí la persecución de cargos supera los límites razonables, vinculado con la pobreza y la congelación de los salarios del sector privado y con ese 55% de los empleados que están en la informalidad. 

            Pero con tantos empleos, es ridículo que algunos pretendan que se despoja a los dirigentes políticos de sus derechos si no los ponen también a dirigir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes, lo que implica un centenar de cargos. Como si los que militan en la sociedad civil no fueran también ciudadanos y ciudadanas y como tales llamados a dirigir los órganos de control sobre  el universo de los cientos de miles de políticos y relacionados que constituyen el funcionariado público.

            Lo lamentable es que haya tan pocas instituciones y dirigentes sociales empeñados en garantizar la independencia de los órganos de control frente a un estado tan corrompido y dilapidador. Ahora que el presidente Luis Abinader se empeña en cumplir su promesa de no llevar dirigentes políticos a los órganos de control, sosteniendo que el Estado no es un botín partidista, deberíamos ver una lluvia de comunicados de respaldo. Que hablen al respecto las organizaciones empresariales y sindicales, que las iglesias se ocupen de algo más que de las tres excepciones a la penalización del aborto, que las universidades y los intelectuales se pronuncien por la reforma del Estado.

Necesitamos más y mejor sociedad civil para empezar a cambiar la cultura de aprovechamiento del Estado. Si lo dejamos solo a los políticos, todo seguirá igual.-   

El PLD va a su Congreso sin claro liderazgo y acosado por la fuerte atracción de Leonel

El mayor partido opositor enfrenta el desafío de renovar sus anquilosados organismos sin hacer una catarsis sobre su corrupción y dependiendo de la eficacia de las autoridades para documentarla y obtener las condenas demandadas por la sociedad.

Por Juan Bolívar Díaz

La incertidumbre es el signo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que enfrentaría por primera vez un congreso renovador de sus dirigentes sin un líder que lo unifique, y sin haber hecho una catarsis sobre su desguañangue en un ejercicio gubernamental que llegó a controlar casi absolutamente el Estado y gran parte de los organismos sociales.

El ahora principal partido de oposición está amenazado por el polo de atracción que representa su exlíder Leonel Fernández, mientras se teme que pasen factura los dirigentes relegados por el expresidente Danilo Medina cuando impuso la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien no pudo levantar vuelo ni para competir por el liderazgo del partido.

El desafío de su Congreso

La reunión del Comité Político del PLD del pasado domingo ratificó la convocatoria de su IX Congreso con el propósito de renovar sus dirigentes, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Comité Político y los organismos intermedios, anquilosados durante los últimos 16 años que estuvo en el gobierno, con un poder tan absoluto que para muchos era insuperable hasta las aplastantes derrotas tanto en las elecciones municipales de marzo como en las presidenciales de julio.

El desafío no es poco para una organización que durante casi dos décadas mantuvo los mismos dirigentes nacionales, incluyendo presidente y secretario general, y que apenas realizó ampliaciones de la matrícula de sus organismos superiores, constituido en refugio de una casta de dirigentes que se llegaron a sentir por encima de la sociedad y proclamaban que el poder era para utilizarlo, que no se cedía y que se imponía por encima de todo.

La otra maquinaria disciplinada por el genio del profesor Juan Bosch devino en una corporación con dirigencia inamovible y la ambición de poder terminó por dividirla profundamente, con la partida en octubre, tras una traumática convención electiva, de Leonel Fernández, quien encarnó el mayor liderazgo tras el final del fundador, y que condujo a los peledeístas al disfrute del poder durante sus primeros tres períodos de gobierno.

El congreso que está programado para iniciarse con el próximo mes de octubre y culminar con el año, enfrenta el desafío de la renovación, sin el liderazgo y el arbitraje que encarnó Bosch y sin la fuerza de moderación que se derivaba del poder ejercido por tres períodos presidenciales de Leonel  y los últimos dos de Danilo Medina, en virtud de la “repartición de los cobrecitos” y un presidencialismo cada vez más pronunciado, pero que no pudo evitar la división.

¿Podrá Danilo sobrevivir?

La primera interrogante sobre el próximo congreso peledeísta gira en torno a si el expresidente Medina podrá retener el poder que ejerció casi omnímodamente en la organización durante sus ocho años de gobierno, tras sus fracasos políticos del último cuatrienio, al intentar una segunda reelección consecutiva, al haber impuesto un candidato presidencial sacado del bolsillo a costa de la división del partido y por el fracaso en las elecciones generales, tras asumir que él las ganaría, aún sin ser candidato.

El principal hándicap de Medina es que ha quedado con una prohibición constitucional de volver a ser candidato presidencial, tras agotar los dos períodos de orden constitucional, y no se vislumbra posibilidad de que pueda cambiarlo para el próximo torneo electoral, dado que necesitaría dos terceras partes del actual Congreso Nacional.

Medina es  un gran trabajador de la política, armador de juegos, pero carece del carisma necesario para entusiasmar a sus partidarios. Su liderazgo de los últimos años estaba fundamentado en el poder del Presidente de la República, repartidor de favores que llevó a extremos el clientelismo y la corrupción de sus partidarios, perfeccionando los mecanismos de cooptación del liderazgo social iniciado en los períodos de su antecesor Fernández.

El infortunio de Medina fue tan grande que su delfín Gonzalo Castillo, fue incapaz de levantar vuelo para ser una real opción presidencial, pero ni siquiera para quedar con posibilidad de disputar ahora el liderazgo del PLD, pues ha quedado con más enemigos dentro del partido, donde lo consideran un impostor, que en el resto de la sociedad, donde se le percibe con piedad, al considerarse que “fue un invento de Danilo”.    .         

Varias facturas pendientes

Danilo Medina tiene varias facturas pendientes de quienes dentro de su partido se sintieron “traicionados” o por lo menos relegados en la carrera por la candidatura presidencial, a quienes había incentivado a buscarla sobre la base de que él no aspiraría a un tercer período consecutivo. Varios de ellos corrieron durante par de años con las riendas tensas, dándose cuenta del doble juego del mandatario, que siguió pretendiendo continuar.

Pero fue peor cuando en julio del 2019 a Medina se le cerraron las posibilidades de la segunda reforma constitucional y entonces se sacó de la manga la precandidatura de Gonzalo Castillo, y la impuso por encima de los que llevaban años persiguiéndola, para lo cual utilizó todo el poder del Estado, nombrando promotores a los ministros y altos funcionarios y forzando el retiro de varios aspirantes con viejos méritos partidistas. Luego selló la división del PLD y su salida del poder, al extender la votación por varias horas, cuando los cómputos de la elección primaria otorgaban la candidatura presidencial al expresidente Fernández.

Por lo menos el secretario general Reinaldo Pared Pérez, con influyentes hermanos, y otros dos precandidatos, Carlos Amarante Baret, y Manuel Crespo expresaron públicamente su indignación por el abuso del Estado en la campaña interna. Pared dejó por escrito que “se han violado todas las normas de equidad y justicia”. Amarante: “se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar”. Otro de los influyentes, Temístocles Montás, que con Leonel y Danilo constituía una trilogía de herederos de Bosch, se conformó con que le dieran la presidencia del PLD, mientras Francisco Domínguez Brito guardaba discreto silencio. Ninguno de ellos puso entusiasmo por la candidatura de Gonzalo y se cree que no apostarán por el liderazgo de un Danilo Medina, a no ser que esperen heredarlo de dedo.        

El polo de Leonel Fernández

El futuro del PLD está signado por el polo de atracción que representa en sus militantes medios y de bases el expresidente Fernández, que los llevó al poder por los primeros tres períodos y los prolongó por otros dos al imponer en el 2012 a Danilo Medina utilizando todo el poder del Estado, con un déficit fiscal de todo el Estado ese año del 8% , y más de 150 mil millones de pesos sólo del gobierno central.

Leonel con su nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) sigue atrayendo dirigentes medios y de las bases del PLD, y casi todas las semanas recibe desertores, en la última juramentó a 20 presidentes de comité intermedios capitalinos, y al recuperar dos de los senadores del PLD electos, desplazó a este como segunda fuerza senatorial. Con la ventaja de que no tiene impedimento para optar por la candidatura presidencial en el 2024 y podría incubar una posibilidad de relevar al debutante Partido Revolucionario Moderno.

El líder de la FP tiene otra ventaja: que aunque fue impulsor de la degeneración del peledeísmo histórico, que Temístocles Montás documentó el 19 de enero del 2019 en crisis orgánica, moral e ideológica, quedó superado por los escándalos de la gestión de Danilo Medina, ahora primera opción para pagar las desproporciones del poder y sancionar la corrupción. Hasta tácticamente habría que concentrarse en los últimos dos períodos.  

Necesidad de una catarsis

Para cualquier analista es obvio que el PLD necesitaría una profunda catarsis primero para regenerarse internamente y escoger nuevo liderazgo, dejando atrás una legión de momias políticas, y segundo para recuperar crédito ante la sociedad. Ninguna de las dos resultarán fáciles después que durante años fue aniquilada toda criticidad y dependerá en gran medida de la capacidad de las nuevas autoridades para documentar  y sancionar la enorme corrupción denunciada.

Podría ser contraproducente el desafío del presidente del PLD, Temístocles Montás, para que las nuevas autoridades procesen sus denuncias de corrupción,  por lo que ya el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, le recordó que él fue el único de los vinculados a los sobornos de Odebrecht que admitió, y por escrito, que había recibido financiamiento del agente de la constructora brasileña, Angel Rondón, para tres campañas electorales.

El desafío o la arrogancia son contraproducentes cuando hay tantos escándalos que pueden ser fácilmente documentados, por ejemplo el que ya fue tramitado el jueves al Ministerio Público, de los 1os 11 mil 500 millones de pesos en contratos para comprar asfalto repartidos nada menos que por Gonzalo Castillo, meses antes de asumir la candidatura presidencial peledeísta. Más imprudente porque la periodista Alicia Ortega  pudo documentar que violó la ley de Compras y Contrataciones, y José Rijo que se saltó la ley de presupuesto gastando diez veces lo establecido, y porque no resulta difícil rastrear los beneficiarios para encontrar vinculados. Tampoco será difícil demandar a Odebrecht que identifique los 28 seudónimos de los que, según documentó el consorcio internacional de periodistas de investigación, recibieron sobornos por 39 millones de dólares para la contratación de las plantas de Punta Catalina y otras obras del gobierno de Medina. La transnacional está obligada a identificarlos, por el acuerdo de lenidad de que fue beneficiaria. Y hay muchos casos más que originarían procesos judiciales con bastante fundamento.

Las nuevas autoridades no deberán inventar persecuciones ni apresurarse para caer en el vacío, pero están compelidas por la inmensa y sostenida demanda nacional, en gran medida generadora del cambio político de este año, de sanción a los que colocaron al país entre los líderes mundiales en corrupción y malversación, con decenas de denuncias públicas y según informes tan autorizados como los del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y los de Transparencia Internacional.-     

Vueltas y más vueltas a la noria

Por Juan Bolívar Díaz

Hay que mantener la esperanza de que pronto los dominicanos y dominicanas superemos esa constante histórica de darle vueltas a la noria, una y otra vez, en la misma dirección y con similares resultados. Es lo que está ocurriendo nuevamente a propósito de la elección de los cinco titulares y sus respectivos suplentes de la Junta Central Electoral, sobre el borrón y cuenta nueva que siempre encuentra multitud de auspiciadores, o sobre el debate de la legitimidad de las tres causales para interrumpir un embarazo. Menos justificable en medio de la triple crisis sanitaria, económica y social.

            Para que no tengan que buscarlo en internet, lo de vueltas a la noria alude a un artefacto primitivo o rueda girada por la fuerza de animales para extraer agua de los pozos, superado por la irrupción de la electricidad hace mucho más de un siglo. Pero entre nosotros la rueda del tiempo a menudo parece detenida.

            Lo de la JCE se repite cada cuatro años y pocas veces ha predominado la innovación, el nuevo camino para intentar que esa institución fundamental de la institucionalidad democrática salga definitivamente fortalecida y acreditada. Ese debate es propio de la cultura de la imposición, del abuso del poder, del presidencialismo y del continuismo a ultranza. 

            Es obvio que en las democracias modernas no hay que debatir si los árbitros electorales deben actuar con independencia de los poderes públicos y privados, atendiendo sólo al imperio de los principios constitucionales y de las leyes adjetivas. En muchos países ni siquiera existe como tal un organismo autónomo para administrar el registro civil y los procesos electorales, lo que es facultad de los ministerios correspondientes, o sea del gobierno de turno, como en España o Francia, y a nadie se le ocurre pensar que actuarán por encima de las normativas para favorecer al partido gobernante. 

            En la República Dominicana llegamos al extremo de que probablemente somos el único país que instala oficinas de la JCE en el exterior para funciones que universalmente corresponden a los consulados. Sin duda se debe a la cultura de la mañosería que genera desconfianza porque se impone sistemáticamente. Y se llega al extremo de sospechar que un funcionario electo pueda trabajar para beneficio de los nacionales del país vecino. 

            En esos países no se debatiría si un militante o dirigente político tiene derecho a formar parte del arbitraje electoral, pero aquí tiene sentido y razón, porque con efímeras excepciones, se eligen ejecutivos electorales para que actúen en beneficio de los intereses de los gobernantes. El extremo fue en la campaña electoral del 2016 cuando el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se negó a recibir y escuchar a todos los candidatos presidenciales de oposición que fueron a su sede. La actual composición  mejoró, pero de cinco titulares quedaron dos dirigentes del entonces partido gobernante y de un aliado. Nadie les niega seriedad, pero tenían conflicto de intereses con gobernantes que querían prevalecer por encima de la institucionalidad.

Si revisamos el récord, veremos que cada cuatro años se ha dado el mismo debate. Para la elección de los incúmbentes salientes en noviembre del 2016, como ahora Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la entonces vigorosa Iniciativas Democráticas, iniciativa empresarial impulsada por el presidente del CONEP Rafael (Papo) Blanco Canto, de la que huyó su sucesor, y otras entidades sociales e iglesias, coincidieron en reclamar árbitros independientes de todos los poderes, políticos y económicos, de diversa profesionalidad y con un perfil de  honestidad y valor civil. 

Vale recordar que los entonces opositores, el Partido Revolucionario Moderno, por separado, y después junto a otras 11 organizaciones políticas, se pronunciaron en términos coincidentes con las entidades de la sociedad civil, como puede comprobarse en comunicados publicados en HOY el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2016.

Si esos partidos y el ahora presidente de la nación, Luis Abinader, han empezado a actuar con coherencia ratificando que no impondrán unilateralmente ni llevarán dirigentes políticos a los órganos de control electoral, como han hecho con el Ministerio Público y prometen en la Cámara de Cuentas y las altas cortes judiciales, lo que tenemos que hacer todos es celebrarlo y apoyarlo como lo ha hecho hasta el expresidente Leonel Fernández, que consumó un gran secuestro partidario de esos órganos. 

En la sociedad dominicana sobran profesionales responsables que fortalecerían la institucionalidad democrática, con valor civil para no subordinarse a los poderes establecidos. Elijamos entre ellos para ver si pronto dejamos de dar vueltas a la noria y pasa a ser insustancial la independencia partidista.-    

El Gobierno de Abinader entre el diálogo, la coherencia y la demanda de justicia

Por Juan Bolívar Díaz

Coherente con sus planteamientos programáticos, el presidente Abinader dialoga con todos los sectores, privilegiando la crisis sanitaria y económica, y plantea una JCE apartidista, mientras reitera que no habrá borrón y cuenta nueva con la corrupción

Al agotar su tercera semana de gestión el presidente Luis Abinader afianza la característica consultiva de su gobierno, especialmente para enfrentar la triple crisis de salubridad, económica y social, mientras ratifica su compromiso de no politizar los organismos de control del Estado, incluyendo a la Junta Central Electoral (JCE).

Al mismo tiempo, el mandatario insiste en que no auspiciará una política de borrón y cuenta nueva frente a los actos de corrupción, consciente de que la eficiencia de la justicia, como la reestructuración del Estado son fundamentales para la recuperación de la confianza en las instituciones nacionales y para mantener firme apoyo en circunstancias tan adversas.

Consultar y rendir cuentas
El presidente Luis Abinader profundizó esta semana el carácter dialogante de su gobierno con sus visitas a los principales líderes de los partidos de oposición, encabezada por los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Alianza País, las cuales tuvieron unánime apoyo de la opinión pública. Ya antes había hecho lo mismo con el Colegio Médico Dominicano y el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue a llevar asistencia financiera para que pueda enfrentar las necesidades derivadas de la pandemia.

El nuevo mandatario ha dicho repetidas veces que realizará una gestión abierta a la consulta de los sectores organizados y de la ciudadanía y que también rendirá cuentas y responderá los cuestionamientos. En esta dirección se inscribieron los dos encuentros de total apertura realizados la semana anterior con directores de periódicos y de medios televisivos y radiofónicos, a los que prometió reuniones periódicas.

Abinader deja atrás una de las características de los gobiernos de sus antecesores Danilo Medina y Leonel Fernández, que no respondían cuestionamientos y evadían sistemáticamente los encuentros y preguntas de los medios informativos. Sus consultas se limitaron al alto empresariado y, ante la pandemia, Medina ni siquiera incluyó a los gremios de la salud.

Irónicamente, los dos ex presidentes, Medina y Fernández, fueron de los primeros consultados por Abinader, quienes expresaron respaldo a las disposiciones hasta ahora adoptadas contra el covid-19 y prometieron colaboración dentro de su responsabilidad crítica de opositores. Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, de Alianza País también mostraron satisfacción por la apertura.

Siguen las incertidumbres
Dos semanas y media es muy poco tiempo para cualquier gestión, pero el nuevo gobierno ha proclamado como prioridad absoluta la lucha contra el covid-19 consciente no solo de su estragos sobre la salud, con casi 100 mil contagios y superando las 1,800 víctimas mortales, sino del incierto panorama económico y social, con cerca de un millón de nuevos desempleados definitivos y suspendidos.

La pandemia ha seguido expandiéndose, mientras las nuevas autoridades de salud agotaron sus primeros días buscando insumos para las pruebas requeridas, autorizando nuevos laboratorios para su procesamiento y recuperando el Laboratorio Nacional, que encontraron atascado por una demanda muy superior a su capacidad. Por igual declararon prioritaria la contratación de un millar de médicos y mil 500 enfermeras para suplir las necesidades de personal sanitario, afectado por cientos de contagios.

La aprobación de otro presupuesto suplementario por más de 200 mil millones de pesos adicionales, que aproxima el déficit fiscal a los 500 mil millones de pesos, ha sido otra de las duras tareas del naciente régimen, que todavía no tiene certeza de dónde conseguirá financiamiento. Mientas el Banco Central sinceraba el drama nacional al revelar que en el primer semestre del año la economía cayó 8.5%, después de años creciendo sobre 5%, más preocupante porque la parálisis económica comenzó a mediados del tercer mes del año.

Una JCE independiente

La coherencia del presidente Abinader también se manifestó esta semana sobre la elección de los integrantes de la JCE, que debe ser renovada en noviembre, al reiterar su garantía de que será un órgano independiente, igual que el Ministerio Público y los organismos judiciales y de control. Lo trató con los expresidentes Fernández y Medina, a quienes se acusa de haber politizado todos esos órganos, con dirigentes partidarios, aunque en la última elección de la JCE y el Tribunal Electoral mejoró su composición. Fernández apoyó la escogencia de independientes.

Tras su reunión con Guillermo Moreno, Abinader declaró a la prensa que “nuestra posición es llevar a la Junta Central Electoral personas totalmente independientes de partidos políticos y es uno de los mensajes que llevamos, vamos a continuar con las relaciones bilaterales, y el compromiso del PRM es también la total independencia de la justicia”.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, explicó que aunque en su partido hay profesionales con suficiente capacidad para esa tarea, buscarán “personas con plena autonomía”. Probablemente se refería al dirigente perremeísta Eddy Olivares, quien tuvo un firme desempeño en la JCE durante dos períodos bajo la presidencia del exdirigentepeledeísta Roberto Rosario. Se le atribuye capacidad y responsabilidad para actuar con imparcialidad por lo que ha sido propuesto para presidir el órgano rector.

Pero la elección de un dirigente del PRM, conllevaría la integración de representantes de otros partidos, en un reparto político que la restaría independencia, por lo que ya Participación Ciudadana reiteró su rechazo. El movimiento cívico, al igual que la Finjus y otras entidades de la sociedad civil han abogado durante años por la despolitización de los órganos de control estatal. No es que aspiren a ángeles custodios, pero que no sean dirigentes de partidos, con conflictos de intereses, y en la sociedad abundan personas con el perfil adecuado, más después que la ley electoral estableció que no serán exclusivamente abogados.

El PRM tiene que ayudar
Como es normal en un país donde los altos sueldos y pensiones públicas a menudo superan los del sector privado, un partido que llega al poder puede perderse cuando su dirigencia y militancia se lanza tras los cargos y reproduce la cultura política de que el poder es para sacarle beneficios. Al PRM le corresponde darle un firme y sistemático apoyo a los empeños de su presidente por reestructurar la administración estatal, eliminando organismos inoperantes y fundiendo otros redundantes, así como tumbando cientos de botellas, directores, subdirectores, subadministradores y vicecónsules y supuestos diplomáticos.

La limpieza de las nóminas no solo permitirá ahorrar miles de millones de pesos, sino también evitar que siga creciendo el dispendio, porque si mantienen los políticos y familiares de los anteriores gobernantes, estarían obligados a colocar los propios, por elemental equidad. Es igual que el borrón, que se reproduciría en nueva corrupción. Eso no significa que se barra con todos los anteriores, sino con las botellas, los que cobran sin trabajar, y que respeten a quienes tengan méritos, incluso si son dirigentes políticos.

Nadie puede presumir que se trata de tareas fáciles ni que no se cometerán injusticias, pero este gobierno tiene por delante un panorama tan complejo que obliga a racionalizar el gasto público para mantener el respaldo de quienes lo eligieron buscando un cambio significativo. Y para reunir autoridad moral para reclamar mayores contribuciones de quienes pueden y deben. Para ello es necesario que no se pretenda cambiar de botellas ni mantener gastos privilegiados. Tienen que dar ejemplo renunciando a los barrilitos, y a las nominillas y los sueldos desproporcionados.-

Ayuda al periodismo profesional

Por Juan Bolívar Díaz

Una de las industrias más severamente afectadas por la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus que ha desatado la mayor crisis sanitaria de la época moderna es, después del turismo, la de los medios de comunicación social, especialmente de los periódicos que ya venían tambaleándose en todo el mundo por la irrupción de nuevas tecnologías de la comunicación.

La preocupación se extiende por toda Europa y América porque la pandemia está erosionando el sustento de los medios de comunicación, lo que tendrá repercusión sobre la libertad y la calidad de la información, dejando sin base el ejercicio profesional del periodismo, cuyo valor no podrá ser sustituido por la inmediatez y la accesibilidad a las redes, caracterizadas excesivamente por la superficialidad y muy expuestas a la falsedad y la manipulación.

Una “Nota Temática” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) acaba de advertir que la peor crisis económica del siglo pone en riesgo también la salud de los medios de comunicación y los empuja a la extinción. Recoge informes internacionales de que la recesión económica, ha reducido hasta en 70 por ciento su principal sustento, que es la publicidad.

La reconocida organización “Reporteros sin Fronteras” ha llamado a la Unión Europea a defender la seguridad de los periodistas, a combatir la erosión del estado de derechos y a apoyar a los medios de comunicación gravemente afectados por la pandemia. El Foro Mundial sobre el Desarrollo de Medios sostiene que la crisis impacta sobre el acceso a la información y la libertad de prensa.

La crisis de los medios es mayúscula en el país, y está amenazando seriamente la supervivencia de los periódicos y del periodismo radiofónico y televisivo, que por los recursos humanos que requieren, constituyen una alta proporción de sus costos operativos, aunque predomina un espeso silencio sobre el particular.

Todos los periódicos han caído en la insostenibilidad económica, lo mismo que los programas periodísticos de radio y televisión, y los despidos y suspensiones de empleados ya alcanzan tasas cercanas a la tercera parte. A la crisis del covid-19 se ha unido el cambio de gobierno que ha implicado una drástica disminución de la publicidad gubernamental.

En medio de la crisis, el Gobierno se ha propuesto reducir todos los gastos desproporcionados, entre ellos la propaganda política gubernamental que alcanzó niveles casi únicos en el mundo democrático.

Pero al coincidir con la drástica caída de las actividades económicas y la publicidad comercial y empresarial, se convierte en un detonante contra la estabilidad de los medios.

Nadie puede ignorar el aporte del periodismo profesional a la institucionalidad democrática, a la transparencia y a la lucha contra la depredación del patrimonio público.

Por eso hace tiempo que en naciones como Francia e Italia se está subvencionando la supervivencia de los medios, especialmente de los periódicos, de forma transparente, igualitaria, sin privilegios ni gado a grado para que el salvataje estatal no se convierta en una nueva alienación de la libertad de informar y opinar.

El presidente Luis Abinader, que muestra vocación de diálogo y búsqueda de consenso, debería reunirse con directores y administradores de medios para determinar qué salvataje se puede implementar en lo inmediato.

Por ejemplo, que el gasto público propagandístico y de bocinas políticas se destine a campañas masivas de educación, para la circulación vial, la disposición de los residuos, la defensa de la integridad de la mujer y la niñez, del medio ambiente, para la prevención de enfermedades, del embarazo de adolescentes, entre otros. Seguro que los medios contribuirían con tarifas especiales.

Se deben contemplar incentivos fiscales temporales, que impliquen las importaciones de papel y otros insumos, suspensión de los pagos impositivos adelantados sobre renta o de propiedad inmobiliaria, y el pago de decenas de millones de pesos de facturas atrasadas.

Nada gana el gobierno con el cierre de medios de comunicación y pierde la libertad de información, sobre todo el ejercicio del periodismo profesional, lo que no debe ocurrir en un proyecto político gubernamental de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.-

Por la vida y dignidad de la mujer

Por Juan Bolívar Díaz

            El mismo día en que se inició la primera legislatura del Congreso Nacional inaugurado el 16 de agosto fue renovado el debate sobre el proyecto de Código Penal y la pretensión de ratificar la penalización absoluta del aborto, desconociendo la razón universal que ha consagrado excepciones, las llamadas tres causales, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una mujer, si el ser en gestación se comprueba inviable, y cuando es fruto de una violación del sagrado cuerpo femenino. 

            La circunstancia de las graves crisis de salubridad, económica y social derivadas de la expansión del coronavirus no parecía la más propicia para traer al primer plano un tema que divide tan profundamente a la sociedad dominicana, pero en la Cámara de Diputados se insiste en privilegiarlo, y se envió a comisión de estudios tanto el proyecto de Código Penal como otro de “ley especial” sólo sobre las tres causales.

La separación parecería razonable, pero resulta engañosa, porque quitar del código las excepciones, reafirmaría la penalización absoluta, y en vez de ablandar a quienes imponen  dogmas religiosos a toda la sociedad, fortalecería su posición. Y si los legisladores se dejan chantajear ahora, no hay razón para creer que después recuperarán su libertad y el deber de acatar un sentimiento ciudadano que las encuestas han mostrado como absolutamente mayoritario.

Las tres causales para despenalizar la interrupción del embarazo, tal como fueron introducidas en el proyecto de Código Penal por el presidente Danilo Medina hace cuatro años,  se corresponden con criterios de casi absoluto dominio universal, sustentados en el derecho de la mujer a preservar su vida por encima de una gestación, cuando peligra por condiciones precarias de salud, o porque la concepción se ha realizado fuera del útero materno, lo que la condena a una peligrosa ruptura. 

La segunda causal es cuando los métodos de la ciencia demuestran que el ser en gestación está deformado o no tiene posibilidades de sobrevivir, resultando un atropello obligarla, bajo amenaza de prisión, a cargar esa frustración durante los largos meses del embarazo y posiblemente para el resto de su vida. Y la tercera es cuando el embarazo ha sido fruto de una violación, de violencia física y emocional. Estas dos causales atañen no sólo al derecho de la mujer a disponer y defender su cuerpo, sino también su dignidad humana. 

Se puede entender que numerosas confesiones religiosas  sustenten la prevalencia de la gestación como un dogma, como también que todavía la poderosa Iglesia Católica mantenga su oposición al uso de recursos del desarrollo científico para evitar el embarazo, y hasta que rechace el divorcio, como hace aún en Filipinas y en Chile hasta hace 16 años.

Lo que es inaceptable es que las iglesias quieran imponer sus dogmas a toda la sociedad, como hicieron durante siglos, desconociendo el inmenso desarrollo de los derechos y las libertades consagradas en las constituciones y los códigos internacionales. Hay que respetar los derechos de confesión religiosa, pero también los de los laicos. Como no se trata de imponer abortos, siempre podrán convencer a sus fieles de que no deben practicarlo.    

Con el agravante de que las jerarquías religiosas, casi absolutamente masculinas, además de discriminar a la mujer, desprecian su dignidad, sobre todo de la inmensa mayoría de limitados recursos económicos. Sabiendo que las pudientes abortan cuando lo desean, tanto en el país como en naciones vecinas donde está despenalizado, las sacrificadas son las que sólo pueden acceder a los servicios de los hospitales públicos donde el personal médico no corre el riesgo. Es decir que se trata de un dogma clasista.

No hay razón para que los legisladores dominicanos sigan bajo el chantaje o el oportunsmo de hacerse graciosos ante jerarquías religiosas, desconociendo las excepciones a la penalización del aborto consagradas en 133 países, además de otros 58 donde cualquier  aborto es libre. Sólo compartimos ese olor de santidad con Nicaragua y El Salvador y con los pequeñitos estados de Malta y El Vaticano.Hay que esperar que el Partido Revolucionario Moderno, con clara mayoría en ambas cámaras, cumpla la resolución de su Dirección Ejecutiva del 26 de julio del 2016, que apoyó las tres causales y concierte con otras fuerzas políticas que también la favorecen. Si quieren una justificación ante las jerarquías religiosas, que auspicien una amplia encuesta donde seguramente saldrá ratificada la prevalencia de la dignidad de la mujer.-                

Las iniciativas del Congreso deben corresponderse con la triple crisis

El gobierno del presidente Luis Abinader empieza concentrando su atención en la triple crisis, de salud, económica y social, y el Congreso bajo control de su partido está obligado a seguirle los pasos, evadiendo distracciones controversiales  

Por Juan Bolívar Díaz

Con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene que planificar su accionar para que se corresponda con las iniciativas del Poder Ejecutivo, concentrado en la prioridad de enfrentar la expansión  del coronavirus y sus críticas derivaciones económicas y sociales.

Los gestores de todo el gobierno tendrán que tener en cuenta las altas expectativas creadas en una ciudadanía consciente, con preponderancia de la clase media, que otorgó el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) bajo el compromiso del “cambio verdadero”.

Un discurso inspirador

La opinión pública acogió a unanimidad el discurso inaugural del presidente Luis Abinader Corona, inspirador por su llamado a la unidad nacional para enfrentar la triple crisis de salud, económica y social, por sus énfasis en las transformaciones del Estado y la manera de dirigirlo, por la energía con que expresó la urgencia de revocar la corrupción y la impunidad, con una Procuraduría General independiente, a la altura de las expectativas.

A punto de cumplirse la primera semana aún resuenan en la población los discursos de Abinader y del nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella, resaltando que ambos alcanzaron las mayores ovaciones de la Asamblea Nacional, con muy pocos invitados aparte  de los diplomáticos y delegados extranjeros, cuando se refirieron al compromiso de preservar los bienes oficiales, sancionar la corrupción pasada o futura,  y rescatar las instituciones democráticas, con un gobierno transparente y en disposición de consultar y rendir cuentas.

Como era de esperarse por la crisis de salubridad, que conllevaba más de 1,400 fallecidos y de 84 mil contagiados, en plena expansión, el discurso y el inicio del gobierno han estado centrados en establecer una nueva estrategia para superarla en el menor tiempo posible,  reparar sus daños económicos y sociales y poder abordar reformas como las fiscales.

La primera semana no alcanzó para concluir las consultas y ponderaciones sobre la forma en que se iniciará el año escolar, pero sí para anunciar disposiciones contra el Covid-19, resaltando un incremento de 15 mil millones de pesos para la salubridad pública, la contratación de un millar de médicos adicionales, multiplicación de los laboratorios y las pruebas de detección del virus, la incorporación del Colegio Médico y de los ayuntamientos a las acciones gubernamentales y una próxima consulta a todo el liderazgo nacional, además de la extensión hasta diciembre de los programas sociales de emergencia. De esa forma respondió reclamos generalizados desde el inicio de la crisis.

Un gabinete brillante

            La designación de Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General y Procuradora Adjunta, anunciada dos horas antes de la toma de posesión y las primeras juramentadas, fue la culminación de un gabinete caracterizado por la brillantez profesional y ética de casi todos los escogidos, aunque en un par de casos no parecían con buena ubicación, lo que disgustó a quienes aspiran a la perfección y alentó a los deseosos de encontrar las pifias de un manager que empezó con muy alto promedio de bateo, de carreras empujadas y anotadas.

            Resaltan las cualidades gerenciales del economista y empresario Abinader, que ha dejado amplia iniciativa a sus altos ejecutivos para armar sus propios equipos, que en muchos casos han sido constituidos con los mejores profesionales, muchos sin militancia partidista, y otros provenientes de la sociedad civil organizada, con frecuencia jóvenes y en su mayoría personas de edad media sin previo ejercicio gubernamental.  

            La designación de dos o tres miembros de mismas familias despertó críticas de quienes aspiran a la perfección de un sistema político que ha perdido confianza en grado extremo, pero exageradas al considerar, por ejemplo, que la designación del bien preparado  nieto del expresidente Hipólito Mejía, Juan Garrigó Mejía, como viceministro de gestión social, constituye nepotismo porque se madre es la alcaldesa capitalina. Tampoco lo es la designación, también como viceministra, de la abogada Dilia Leticia Jorge, hija del expresidente Jorge Blanco, porque su hermano, alto dirigente del PRM Orlando Jorge, es Ministro de Medio Ambiente. En el pasado gobierno había familias enteras, hasta con diez cargos públicos, comenzando por la  del mismo presidente de la República. Hasta ahora no se conoce de algún familiar directo de Abinader designado en su administración.

Desfase en el Congreso

            Donde hubo claro desfase fue en la Cámara de Diputados, cuando en la primera jornada del nuevo gobierno, su presidente Alfredo Pacheco se despachó anunciando la próxima aprobación del proyecto de Código Penal, sin las tres excepciones a la penalización del aborto, que se discuten desde su presentación por el presidente Danilo Medina en el 2016.         

Fue un error político comenzar poniendo sobre el tapete un proyecto tan polémico, que divide a la sociedad y distrae la atención al debut del gobierno y sus urgentes prioridades, más aún bajo el argumento de que sobre el tema no hubo consenso en las comisiones que lo consideraron en el pasado Congreso, justamente cuando iniciaba uno nuevo, y ahora bajo otro predominio político, precisamente del enunciante.

El traspié de Pacheco ocasionó que de inmediato la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, que agrupa 80 instituciones, especialmente de mujeres y el Foro Feminista le Salieran al frente, diciéndole que iba en dirección contraria a la “Resolución de la 19na. Sesión Ordinaria de la Dirección Ejecutiva del PRM, del 26 de julio de  2016, donde se aprobó apoyar las tres causales, que también están contenidas en el programa de gobierno”. Peor porque las mujeres no están satisfechas por su escasa participación en el nuevo gabinete. Al día siguiente Pacheco dio muestras de receptividad y enmendó el error, anunciando que el proyecto de Código Penal se va a una nueva comisión legislativa.

El desfase en el Senado fue la introducción de un proyecto de homenaje al expresidente Mejía, quien aún no anuncia su retiro de la actividad política, lo que pudiera ser válido en otras circunstancias, pero nada prioritario ante las grandes expectativas de cambio generadas por el presidente Abinader, que se definió como reformador del Estado.

Un gran reto del gobierno

            Tal vez por lo difícil que fue la ruta para poner fin al dominio peledeísta de  cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis, las expectativas de cambio superan las reales posibilidades. Hay incluso quienes esperan transformaciones más allá del centrista programa del PRM y del mismo presidente Abinader. No es el caso del Centro Social Juan Montalvo, entidad promotora de derechos de los sacerdotes jesuitas, la que proclamó esta primera semana, que “el gobierno tiene el reto de no alejarse de los principales reclamos sociales”, sosteniendo que muchos electores votaron por un cambio, sobre todo hastiados de las desmesuras del gobierno del PLD.  . 

            La prestigiosa institución religiosa se refirió específicamente a la participación social, rendición de cuentas, eliminación de la corrupción y la impunidad, así como de las “bocinas en los medios de comunicación”, y particularmente al escándalo Odebrecht, estimándolo inconcluso, y a la independencia de la justicia, ya abonada por el presidente Abinader, que ha dado pasos también con el anuncio de eliminar organismos inoperantes y refundir duplicidades.  

            El Congreso está desafiado desde las instancias sociales, a eliminar sus programas de “asistencia social”, que no es facultad de los legisladores, los denominados barrilitos y cofrecitos, símbolo del clientelismo y la malversación. Eso debería ser de las primeras iniciativas de la mayoría perremeísta, después que el nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella, el funcionario electivo que alcanzó mayor proporción de votos con el respaldo de 16 partidos, anunció su decisión de renunciar a todos los privilegios del cargo. Los senadores reciben, en proporción a sus representados, hasta más de un millón de pesos mensuales, además del pago de hotel y de una oficina con cinco asistentes en la capital y otra con diez en las provincias, local y servicios, guardaespaldas, exoneraciones de vehículos y combustibles.

La herencia de cargos

            La Cámara de Diputados tiene ya una oportunidad para mandar señales de cambio, por la renuncia de tres de sus miembros recién electos, Nelson Arroyo, Olmedo Caba y Josefa Castillo, que dejaron sus curules para dirigir los Institutos de Telecomunicaciones, y Recursos Hidráulicos, así como la Superintendencia de Seguros. Se discute públicamente el rumor de que querrían continuar el frecuente nepotismo de dejar en herencia a cónyuges o hijos las curules, cuando lo democrático sería escoger los del propio partido que les siguieron en votación en sus  jurisdicciones.

            Desde la barrida electoral del 5 de julio se ha dicho que mientras contiene y revierte la crisis sanitaria y sus secuelas de graves precariedades económicas, el descomunal incremento del desempleo y la pobreza, el nuevo gobierno tendrá que afianzarse en las reformas del Estado, en la fortaleza de la institucionalidad democrática, el control de todo género de malversación, corrupción e  impunidad. El presidente Abinader es de los que lo ha planteado y comenzó a dar ejemplos que deben ser seguidos por su partido y particularmente por el Congreso Nacional, que por demás tiene muchos proyectos prioritarios pendientes. El mismo Pacheco señaló entre  ellos., el de Ley del Agua y Ley de Participación 
Social, los que en vez de dividir, unifican a la población.         

            No hay dudas de que el PRM está sometido a prueba, y si no comienza por las cosas que unifican al país, incluso pequeñas, y que suponen ahorro del escaso dinero público, será difícil que llegue a las grandes. Y no deben olvidar el origen de su poder, particularmente el apoyo de las clases medias y de los sectores ilustrados y grupos sociales que aspiran a un país mejor organizado, con menos desigualdades y de mayor decencia política y respeto por los electores.- 

Cambio político en las circunstancias más adversas de la historia nacional

Ascienden por primera vez a la presidencia y vicepresidencia dos hijos de la etapa democrática de la República, y se produce una gran renovación del Congreso Nacional, con mayor participación de los jóvenes, aunque con retroceso en las mujeres

Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno que se instalará mañana bajo la presidencia del economista Luis Abinader, enfrenta las circunstancias más adversas para el inicio de una gestión en la historia de la República, con un horizonte incierto por el avance del coronavirus, cuyas consecuencias económicas y sociales aún no pueden cuantificarse.

 Como siempre prevalece la ilusión del cambio para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una mayor equidad económico-social para reducir la desigualdad y la pobreza,  lo que obligaría a las nuevas autoridades a una gran reingeniería del Estado para mantener la confianza de la población, mientras se supera la crisis de salud.

Indicadores de cambio 

Luis Abinader y la coalición de partidos y grupos sociales encabezada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganaron mayoría en las elecciones municipales y luego en las presidenciales y congresuales, bajo la consigna de que “ha llegado la hora del cambio verdadero”, aludiendo a las ocasiones anteriores en que las promesas reivindicativas quedaron en el olvido. Despojándose de la desconfianza en el sistema político que diagnostican las encuestas, gran parte de .la ciudadanía se acogió a la ilusión del cambio.

Esta vez la renovación no será sólo del Poder Ejecutivo, sino también del legislativo, ya que la matrícula total del Congreso Nacional, de 222 miembros, 32 senadores y 190 diputados, se renueva en 60%, con la salida de 134. Un estudio comparativo del Observatorio Político Dominicano, de Funglode, establece que 131 de ellos han tenido entre 10 y 38 años como legisladores. De los senadores 29 serán debutantes,  equivalentes al 91%,  y 105 de los 190 diputados, para un 55%.

 Por rangos de edad, la matrícula legislativa se rejuvenece, ahora con promedio de 51 años, 3 menos que en la legislatura que concluye. La participación juvenil alcanza mayor proporción en la Cámara de Diputados, donde habrá 19 legisladores entre 25 años, la edad mínima para esa representación, y 30 años. Y 35 tendrán menos de 40 años. Es relevante que la más joven, Olfanny Méndez, de 26 años, ha sido nominada para vicepresidente de la cámara baja, representando la provincia de Bahoruco, del suroeste, una de las más pobres.

La representación juvenil queda muy por encima del 10%,  la cuota mínima de ley, pero no así la de las mujeres, que aunque pasan de 3 a 4 en el Senado, retroceden de 56 a 52 curules en la Cámara de Diputados, 25 % del total de legisladores,  cuando la ley establece una cuota mínima de postulaciones del 40%.

Luis Abinader y Raquel Peña

El presidente Luis Abinader y la Vicepresidenta Raquel Peña, son los primeros nacidos en la etapa democrática iniciada con la decapitación de la tiranía de Trujillo que acceden a esas posiciones en el país, e incluso ambos después de la Revolución Constitucionalista de 1965. El nació en julio de 1967 y ella le antecedió 10 meses, en septiembre del 1966. El en Santo Domingo y ella en Santiago, pero ambos de ancestros cibaeños, y él además de libaneses. Será apenas el octavo presidente fruto de elecciones tras los 32 años del trujillismo. En promedio los 7 anteriores han gobernado por más de 8 años, Balaguer 22, Leonel 12 y Danilo 8, los tres perredeístas, Guzmán, Jorge blanco e Hipólito Mejía, sólo 4 años.    

 Los dos son destacados profesionales, él de la economía y ella de administración, empresarios y con experiencia gerencial en el sector privado, pero ninguno ha desempeñado cargos en el Estado. El se graduó de economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y realizó estudios de postgrado en tres universidades de Estados Unidos, incluyendo la de Harvard. Ella con licenciatura en Administración de Empresas, de la Universidad Católica Madre y Maestra, donde era vicerrectora administrativa al ser escogida para la candidatura. Tiene un máster en Administración de la Universidad de Quebec.

 A diferencia de la vicepresidenta, que no había tenido experiencia política, Luis Abinader la ejerció junto a su padre, y dirigió su campaña electoral cuando ganó la senaduría de Santiago en 1998. Rafael Abinader no sólo fue senador, sino también ministro de Finanzas en los gobiernos de Guzmán y de Hipólito, del Partido Revolucionario Dominicano. Luis Abinader fue candidato vicepresidencial en la boleta que encabezó Hipólito para el 2012, cuando quedaron en 47%. Hace 4 años debutó con la candidatura presidencial del entonces nuevo PRM, alcanzando el 35% del sufragio.

En la peores circunstancias

Luis Abinader asume la Presidencia en las circunstancias más difíciles en que haya iniciado gobierno algunoen la historia de la República. Sólo es le puede comparar con el inicio del presidente Joaquín Balaguer en 1966, tras la revolución constitucionalista de 1965 que se extendió a guerra civil por la invasión militar de Estados Unidos. El ideólogo trujillista se juramentó todavía con el país ocupado por tropas de Estados Unidos y otros países.

Balaguer asumió con el país dividido y tratando de recuperarse del trauma de la guerra, pero en el resto del mundo no había crisis, y por su misma intervención y por razones de la guerra fría y la influencia de Cuba, Estados Unidos destinó amplia ayuda al gobierno dominicano, lo mismo que  otros países y los organismos internacionales. Ahora la pandemia sacude a esos mismos países y los gritos de auxilio son generalizados.  

Otro inicio difícil, pero tampoco comparable al escenario actual, fue el del segundo gobierno de Leonel Fernández en el 2004, tras la crisis originada por las quiebras bancarias que incrementaron la pobreza en más de un millón de personas. Pero lo peor ya había pasado, y las reformas financieras y ajustes orientados por el Fondo Monetario Internacional se habían iniciado casi un año antes. Por ejemplo, la devaluación del peso que había sobrepasado 56 por dólar, se había reducido a 42.   

Lo peor de la actualidad es que el gobierno hereda una triple crisis, la de la pandemia que sigue en incremento a 5 meses y medio, con el contagio de 85 mil personas y casi 1,400 fallecidos, con una gestión desastrosa, al extremo de que en ambos renglones el país casi duplica la totalidad de los afectados de las demás naciones de las Antillas Mayores, es decir, más que Cuba, Jamaica y Puerto Rico y Haití juntos. Con el agravante de que la persistente  expansión del Covid-19 no permite evaluar todavía la magnitud de la crisis económica que ya sufre el país, y mucho menos sus repercusiones sociales.

El compromiso del cambio

Es generalizada la preocupación de que en tan adversas circunstancias el nuevo gobierno no podrá satisfacer muchas  expectativas de cambio, temiéndose que le tomará por lo menos el primer año la tarea de recuperar la salud y restablecer los niveles de empleo y productividad, con decenas de miles de pequeñas y medianas empresas quebradas y las estimaciones de desempleo y pobreza superando cualquier  coyuntura anterior.

El presidente Abinader ha reconocido que vendrá a “administrar una crisis”, por lo que ha comenzado a avanzar una serie de disposiciones tendentes a regenerar el Estado, que incluirán la supresión de organismos inoperantes, fusión de muchos que representan duplicidades, y una batida a la malversación, la corrupción y la impunidad.

Se espera que en su discurso inaugural, el nuevo mandatario anunciará un ambicioso programa de reformas para sus primeros meses, privilegiando el combate a la pandemia y la plena reanudación de las actividades económicas. Con precariedades y la capacidad de financiamiento limitada por la paralización que ha reducido drásticamente los ingresos fiscales, el gobierno tendría que apelar a la máxima austeridad y reducción de gastos superfluos para invertir mejor los escasos recursos.

No podrá prescindir del financiamiento, pero con las limitaciones advertidas desde un  par de años antes de la pandemia, incluso por el FMI, de que la nación entraba en la antesala de la insostenibilidad fiscal. Esta semana el economista dominicano Apolinar veloz, hasta hace dos años funcionario del FMI y con sólida experiencia en evaluaciones de economías de otros países, sostuvo en el digital Acento que sería necesario buscarse el auxilio de ese organismo para una renegociación de la deuda, que entre externa e interna ya sumaría 52,635 millones de dólares, el 59% del PIB.

Recomendaciones del BID      

El nuevo gobierno podrá ampararse en recomendaciones como la formulada esta semana en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Retos y Oportunidades Post Covid-19, del que dio cuenta HOY este viernes. Coincide con muchas de las formulaciones que ha presentado el nuevo presidente y su equipo económico.

 Se resume en políticas públicas para mayor eficiencia y reestructuración del gasto, para aumentar la inversión productiva, la reducción de pérdidas en el sector eléctrico y de “filtraciones” en los programas sociales, una reforma fiscal integral, que mejore la eficiencia, rediseñe impuestos, elimine exoneraciones y amplíe la base impositiva. Políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza. Racionalización de la contratación y de la política salarial, fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera y rescatar el proyecto de  Ley de Responsabilidad Fiscal que lleva años en el Congreso.

Por lo que planteó en numerosas ocasiones el candidato Abinader,  su estrategia sería ganar confianza con la reforma del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad, con el control de la corrupción y la proscripción de la impunidad, para acumular fuerza moral que le permita afrontar las demandas de fondo, como una reforma fiscal integral que reclame mayores contribuciones a los sectores sociales privilegiados.

La etapa a iniciarse este 16 de  agosto, debería marcar la reformulación definitiva del Estado dominicano, y su concepción de botín político, dejando atrás el caudillismo y .las viejas prácticas trujillistas de autoritarismo, presidencialismo a ultranza, providencialismo, clientelismo político, y gobernanza para mantener satisfechos o tranquilos a los poderes fácticos. Los que salen del poder tras 20 años de gobierno, comenzaron planteando la “liberación nacional” y terminaron ratificando las peores tradiciones trujillistas-balagueristas.

Con fundadas expectativas

 Por Juan Bolívar Díaz

Es una pena que las circunstancias por las que atraviesa el país y gran parte del mundo no sean propicias para la gran celebración que merece el cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo, cuando se instalará un nuevo Congreso Nacional y los ciudadanos Luis Abinader y Raquel Peña sean juramentados como presidente y vicepresidenta de la nación.

Hay muchas razones para celebrar, porque se trata de una gran renovación, no sólo del Poder Ejecutivo, con un gran equipo ministerial ya anunciado, sino también del Legislativo, en este último como hace muchos años no se producía, por ejemplo en el Senado donde apenas repiten 3 de sus 32 miembros, y es relevante que más de la mitad de los diputados serán debutantes y la mayoría jóvenes menores de 35 años, algo sin precedente. Positivo también que la primera mayoría ya ha nominada a la legisladora más joven, Olfanny Méndez de 26 años, como candidata a vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Hay que lamentar que el avance no haya incluido a las mujeres, que por el contrario tienen una ligera reducción en la Cámara de diputados, con apenas un 27 por ciento, y en el Senado una más pero sólo 12.5 por ciento de la matrícula. En ambos casos lejos de la cuota mínima de candidaturas que es 40 por ciento, lo que obliga a minuciosa revisión.

Muchas expectativas se han tejido tras las victorias electorales de marzo y julio, especialmente por  haberse producido superando un inmenso abuso del poder estatal, de la manipulación de los programas sociales y un gasto desmedido de dinero público. Debe ser aleccionador que casi todos los senadores perdieran con todo y sus barrilitos, algunos casi con dos décadas enquistados en el Congreso, reeligiéndose a base de privilegios.

La obligada austeridad y moderación en la celebración del cambio es propicia para una profunda reflexión sobre el devenir de la nación, y para fundamentar las expectativas a la luz de la crisis de salubridad, con derivaciones económicas y sociales que aún no pueden documentarse en su magnitud, ya que todavía no se vislumbra el horizonte en la contención del coronavirus.

Con una realidad tan compleja y desfavorable, los cambios estructurales se hacen más difíciles porque la mayor parte de las energías gubernamentales se consumirán en reparar techos,  puertas y ventanas del edificio social, por lo menos en el primer año. Eso obligará a la indulgencia con las nuevas autoridades. Pero estas tendrán que revalidarse sostenidamente atendiendo a las demandas y compromisos que no requieren muchos recursos y que,  por el contrario, implicarán economía.

Tal es el caso de la supresión o fundición de  órganos inoperantes o redundantes, la reducción de una buena cantidad de botellas y botellones, la proscripción de la malversación, de todo género de corrupción, y de la impunidad. Hay casos relevantes pendientes de acción judicial, e imprescindibles auditorías que podrían terminar en expedientes del Ministerio Público. No se trata de montar un circo ni de saltarse los procedimientos, por lo que deberán prevalecer la documentación y la objetividad, dejando atrás la aparatosidad de los allanamientos para producir detenciones.

La agudización del desempleo y la pobreza deberían propiciar la aplicación de los límites establecidos en la ley de salarios del Estado, para eliminar enormes distorsiones, como esa de que muchos funcionarios ganan dos y tres veces lo que reciben el presidente de la República y sus ministros.

El presidente electo ha presentado unas credenciales muy bien recibidas por la opinión pública, incluyendo su compromiso de un Ministerio Público independiente, sendero por donde debe transitar toda la justicia, incluyendo organismos como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo de inmediata renovación, o el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas para el año próximo.

El economista y empresario Luis Abinader ha prometido la revolución del imperio de la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. También un nuevo modelo de desarrollo económico-social, con disposiciones para reducir la desigualdad, pero sobre todo una regeneración moral y ética de la sociedad, y ahí estarán las más fundadas expectativas.- .                   

Concentrada la configuración partidista; 20 de 27 partidos sin personalidad jurídica

La Ley de Partidos del 2018 y una mayor bipolarización en las elecciones presidenciales del 5 de julio arrojan una drástica reducción de los partidos reconocidos y los dos más antiguos, PRD y PRSC, quedan como minoritarios

                                                   Por Juan Bolívar Díaz

   Las recientes elecciones generales producen una reconfiguración del partidarismo político, dejando apenas 7 partidos con personería jurídica, si se aplica el promedio en los tres niveles de votación, lo que implica que 20 perderían la personería jurídica y su derecho a la participación electoral, y 22 si fuere solo por el presidencial.

   El Partido Revolucionario Moderno (PRM), a 6 años de constituido,  emerge como mayor fuerza política, mientras los dos que dominaron el escenario de la segunda mitad del siglo pasado caen a la categoría de minoritarios, lo que implica que verán reducido drásticamente el subsidio estatal.                                                 

Debacle de los minoritarios

   Las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio arrojan una reconfiguración del partidarismo político nacional sin precedente, por la acentuación de la bipolarización del voto, pero más aún por la Ley de Partidos Políticos, 33-18 de agosto del 2018, que endureció las condiciones para mantener la vigencia de las organizaciones políticas. Su artículo 75 establece una nueva y primera causal de pérdida de la personería jurídica de los partidos, el no obtener por lo menos 1% de los votos válidos emitidos en la última elección nacional. La segunda causa es no alcanzar representación congresual o municipal. Antes de esa ley bastaba con ganar un regidor o director municipal para mantener la personería. Ahora son las dos condiciones a la vez.

   El cómputo final de los comicios de julio 5 indica que 20 de los 27 partidos participantes no alcanzaron el 1% en el promedio de votación de los niveles presidencial, senatorial y de diputados. Si se aplica sólo por el resultado presidencial serían 22 los excluidos, y sólo quedarían reconocidos el PRM, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el nuevo Fuerza del Pueblo, que postuló a Leonel Fernández,  el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC), que alcanzaron más del 1% tanto en el presidencial como en el promedio de las tres boletas. Alianza País (Al País) y Dominicanos por el Cambio, (DxC) quedaron en 0.96 y 0.77% en la boleta presidencial, pero en las otras dos lograron suficientes votos para promediar en las tres 1.37 y 1.05%, respectivamente. 

   Resalta que 12 partidos no alcanzaron siquiera el 0.50% del voto presidencial, y la mitad de esos ni siquiera llegó al 0.25. En el piso quedaron el Partido Demócrata Popular, con 0.10% y sólo con 0.8% son tres, los partidos Demócrata Institucional, Revolucionario Independiente, y el Nacional de Voluntad Ciudadana.

Una ley muy excluyente

   Los que pierden la personería jurídica ahora confrontan más dificultades para recuperarla, porque la nueva ley en su artículo 15.6 establece que para ser reconocido un partido tiene que presentar el aval del 2% de  los votos válidos emitidos en la última elección general, duplicando la proporción que se requería anteriormente. Como los votos válidos a nivel presidencial fueron 4 millones 103 mil, el 2% serían 82 mil  ciudadanos, cuando 12 partidos no alcanzaron ni 20 mil votos en julio, y 6 por debajo de 10 mil.

   La ley es tan severa que ahora se daría la contradicción de que 6 partidos que obtuvieron representación en la Cámara de Diputados, gracias a sus alianzas, y otro que consiguió un senador, el Bloque Institucional Social Demócrata, perderían la personería jurídica al no registrar el 1% de los votos válidos, ni en el nivel presidencial ni en el promedio de los tres. Los seis son los partidos  Humanista Dominicano, Revolucionario Social Demócrata, Frente Amplio, Popular Cristiano, Liberal Reformista y Cívico Renovador.

   Ya algunos de esos partidos han anunciado su disposición de recurrir ante el Tribunal Constitucional para que haga prevalecer la personería jurídica a todos los que tengan representación en el Congreso Nacional por mandato de los electores. 

La mayor bipolarización entre el PRM y el PLD, por lo menos en relación a las elecciones presidenciales del 2016, es de los factores que reconfiguran el cuadro  partidista. Esos dos totalizaron 81.67% del voto válido, mientras 4 años antes fue 77.04, entonces con participación de 26 partidos.

Se hunden los más viejos

   Es relevante que los dos partidos más antiguos, el PRD, desde 1939 con 81 años, y el PRSC, desde 1964, con 56, que se disputaron el poder político por décadas, perdieron la categoría de “mayoritarios”, al haber quedado con votación menor al 5% tanto en la presidencial como en el promedio. En la presidencial con 2.38 y 1.60%, y en el promedio de los tres niveles 3.59 y 2.95%, respectivamente.

   Estos dos partidos salen de la franja privilegiada del 80% del subsidio estatal que el artículo 61 de la Ley de Partidos ordena distribuir en partes iguales entre los que hayan obtenido más del 5% de los votos válidos en la última elección general. En el 2016 el PRD consiguió el 5.86 y el PRSC 5.62%. Para este 2020 el subsidio era de 1.610 millones de pesos, y el 80% 1,288 millones que entre 4 daba a 322 millones de pesos. Como el 20%, equivalente a 320 millones de pesos, se distribuía entre 22 partidos, en promedio les tocaba 14 millones 500 mil a cada uno de los “minoritarios”. Es decir que estos recibían 22 veces menos.   

   El PRD cayó abruptamente de una votación presidencial del 42% en el 2012, al 5.86 en 2016, tras la división provocada por la expulsión de  dirigentes como el expresidente Hipólito Mejía, quien acababa de obtener 47% del voto presidencial frente al 51% de Danilo Medina, lo que provocó la partida de muchos otros para constituir el PRM en el 2014. Pactando con el entonces presidente Leonel Fernández, el presidente del PRD, Miguel Vargas, consiguió el apoyo decidido del gobierno y de las cortes que controlaba, para  apropiarse del histórico partido,  pero quedó con una minoría.

 La decadencia del PRSC ha sido progresiva desde la salida del poder  de su caudillo Joaquín Balaguer, en 1996, quien gobernó 12 años consecutivos y después otros 10. Muerto el líder, el reformista ha aparecido como comodín aliándose indistintamente al PLD, al PRD, al PRM y este año al nuevo FP de Fernández. 

El gran salto del PRM

   A sólo 6 años de su constitución, el PRM es el partido que más rápido ha alcanzado la presidencia de la República, al alcanzar el 52.52%, incluyendo el 3.81% aportado por seis aliados, clave para superar la mayoría absoluta necesaria. Con ellos aseguró también la mayoría en ambas cámaras legislativas, y por igual en las elecciones municipales de marzo, con la mayoría de los municipios. Su votación presidencial propia se incrementó en 963 mil 138 votos, del 2016 al 20, al pasar de 1 millón 236,771 a 1 millón 998,407. Porcentualmente pasó de 26.82 a 48.70, para un incremento de 21.88 puntos.  

Por su parte el PLD perdió 17.25 puntos porcentuales, bajando de 50.22 a 32.97% de los votos válidos. Se redujo en 963 mil 138 sufragios, de 2 millones 315 mil 980 a 1 millón 352 mil 842. No sólo perdió la presidencia sino que colapsó en el Senado al caer de 30 a 6 escaños, incluyendo a sus aliados.

Debutando con su nuevo partido Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández alcanzó una votación para la presidencia por debajo de  lo que podía esperarse, víctima de la bipolarización, acentuada por el cansancio de la población y el miedo a una segunda vuelta en medio de la pandemia del Covid-19. Pero con 5.65% en el nivel presidencial y 5.17 en el promedio de los tres, logró quedar junto al PRM y el PLD  entre los “mayoritarios” con derecho a la franja privilegiada del subsidio estatal, vital para su potencial desarrollo. .   

De los partidos minoritarios más antiguos, los que quedaron peor situados en el voto presidencial fueron el PNVC y el PRI, ambos con sólo 0.08, y el PQDC, que obtuvo  0.32%. Otro con 0.08% fue el PDI, mientras la FNP quedaba en 0.20%.   

Reforma electoral integral

   A la luz del proceso electoral 2020, tanto la misión de observación electoral de la OEA, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, han demandado nuevas o reiteradas reformas electorales, que para esta última debe ser integral. Parten de las deficiencias, contradicciones e imprecisiones de las Leyes de Partido y del Régimen Electoral aprobadas en los últimos dos años. 

Una de las deficiencias del sistema de partidos está cifrada en las dificultades para que los emergentes puedan competir en un mercado sin reglas claras o normas que no se cumplen, tendiendo a eternizar la dominación de los establecidos. Se criticaba la desproporción de partidos, 27 reconocidos, la mayoría dependientes de alianzas, pero las nuevas normas van al extremo de la desaparición de tres cuartas partes, aún de varios con representación en el Congreso Nacional, lo que es casi un absurdo.            La realidad es que la configuración partidista pasó del minifundio al latifundio político, y con cerca de alambre de púa para que las nuevas opciones y las antiguas queden descalificadas. Aunque ya se plantean brechas para que al menos los 7 con representación congresual puedan saltar la verja y quedar en el sistema.-