¡Por fin brillaron Las Estrellas!

31_01_2019 HOY_JUEVES_310119_ Deportes3 B

Por Juan Bolívar Díaz

Hace unos años cuando veíamos a profesores universitarios dejar aflorar lágrimas en una derrota de las Aguilas, aunque habían ganado 4 de los últimos 10 torneos, vaticinamos con tristeza: a llorar vamos en Macorís el día que vuelvan a ganar Las Estrellas. La victoria se escapó durante más de medio siglo, especialmente en 12 ocasiones que fueron a la final, con tan mala suerte que a veces se desplomaban inexplicablemente después de todo el torneo en la cima, o cuando en la serie final los dos lanzadores estelares sufrieron lesiones en un accidente automovilístico. EDn el 2000 pelearon con las Aguilas hasta el hálito 27. En el 2015 brillaron de primeras en la serie regular y en la seminal, pero se apagaron después de hacer 24 carreras en los dos primeros de la ronda definitiva.

No valió en alguna final ni el incienso del obispo, porque “el fucú” reaparecía una y otra vez para frustrar a los aficionados beisboleros más leales, con un equipo que data del 1910, al que sólo se le acreditaban tres coronas, en 1936, 1954 y 1968. La frustración y el sufrimiento parecían patrimonio de Macorís, la jurisdicción que más estrellas ha aportado al beisbol.

Cada año se nos prometía el año verde, hasta que resultó ahora, con una impresionante determinación de directivos, entrenadores, jugadores y aficionados, que comenzaron a celebrar desde que el equipo concluyó la semi final en primer lugar. La noche del miércoles 23 de enero se rompió el maleficio y los macorisanos lloraron repasando el largo calvario, algunos evocando a Domínguez Charro cuando cantó al viejo negro del que fuera principal puerto del país: embárcate en la leve piragua imaginaria de tu inconsciente mártir y llora inconsolable en esta noche lánguida, sólo un millar de estrellas verán correr tus lágrimas”.

Macorís, la ciudad más pluricultural, de aportes españoles, africanos, árabes, cocolos y haitianos, celebró acompañada de casi todos los aficionados del beisbol dominicano, vitoreando a los Mallén y los Tatis, a Lake y Sirí y a esos lanzadores nativos y cubanos que no permitieron carrera a los Toros en sus últimas 24 entradas. Y recordó a su legión de estrellas, desde Tetelo Vargas, Chico Conton, Walter James, el Mulo Jiménez, Vidal Nicolás, Bell Arias, Ricardo Carty, Rafael Batista, Rafaelín Ramírez, Alfredo Griffin, Félix José, Silvano Quesada, Radhamés Liz…

Los petromacorisanos han celebrado durante 4 noches y tres días, como si el pueblo se hubiese levantado para recuperar el esplendor de la danza de la caña y del azúcar, o si su puerto recuperaba la dinámica y se remozaban sus vetustos edificios y sus calles se vacunaban contra las inundaciones. Por allí asomaba Pedro Mir con su Son del Ingenio, en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, y que siguiendo el carril de la carreta un boyero se extingue con la tarde.

Aunque siempre he rehuido todo fanatismo, durante toda la vida mantuve mi afición por las Estrellas, concurriendo a sus juegos apenas 4 o 5 veces por año, prevenido contra las mil frustraciones y decepciones, empuñando los retazos de aquel domingo 29 de agosto de 1954, cuando a los 9 años mi padre, el estrellita impenitente don Nico Díaz, me llevó al viejo estadio para ver el triunfo de las Estrellas Orientales, y desfilar con los guloyas en carnaval de ramos verdes, vitoreando a Tetelo, a Papito Mateo y Manolete Cáceres, al Carrao Bracho, Wenceslao González y Valentín Arévalo, con Ramón Bragaña de mánager, cubano como Tony Pacheco que las llevaría a la victoria del 1968.

Seguros de que esta vez saldrían victoriosos, los directivos orientales confeccionaron miles de banderas para que no sacrificaron los árboles, y las telas verdes escasearon. De los ingenios quebrados, de todos los rincones orientales, y de los más diversos sectores sociales llegaron los danzantes para la celebración que duró hasta la noche del sábado.

Y resucitó René del Risco cuando sentado en el parque Salvador, frente al Bebe y Vete esculpía la figura central de Ahora que Vuelvo Ton, evocando los años que van cayendo con todo su peso sobre los recuerdos, sobre la vida vivida, y el pasado comienza a enterrarse en algún desconocido lugar, en una región del corazón y de los sueños en donde permanecerán, intactos tal vez, pero cubiertos por la mugre de los días…

 

RD desperdició oportunidad de ayudar a restaurar la democracia en Venezuela

26_01_2019 HOY_SABADO_260119_ El País11 A

Bajo presión internacional el gobierno dominicano se suma al desconocimiento del nuevo período de gobierno de Nicolás Maduro, después de haber desperdiciado, con una mediación parcializada, la oportunidad de contribuir a la restauración de la democracia venezolana

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La crisis venezolana ha alcanzado el temido punto de no retorno que presagia agravamiento de la convivencia democrática, de mayor ruptura institucional y de los procedimientos democráticos, con un agobio económico insostenible, y casi total aislamiento internacional tras el generalizado rechazo a la legitimidad del nuevo período de gobierno que inició Nicolás Maduro.

El Gobierno dominicano se ha sumado al concierto internacional que declara la ilegitimidad del gobierno de Maduro, después de haber desperdiciado absurdamente durante dos años la oportunidad de contribuir a la búsqueda de una salida democrática a la peor crisis institucional, económica y social de la historia de Venezuela.

Una crisis sin retorno

             La crisis política, institucional y económica que por varios años abate a Venezuela entró esta semana en un nivel sin aparente retorno después que el presidente Nicolás Maduro se juramentó para  un nuevo período de 6 años, en medio de un desconocimiento sin precedente de las elecciones celebradas en mayo pasado, adelantadas unilateralmente en medio año, con rechazo de la oposición política que se negó a participar por falta de condiciones para competir.

No se recuerda un precedente de rechazo casi unánime de la comunidad internacional a unas elecciones ni a un gobierno, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, con la gran mayoría de sus miembros, especialmente de los mayores, exceptuando a México, de la Unión Europea y de organismos internacionales, así como una veintena de expresidentes. También es inédito el consenso internacional en reconocer como “presidente legítimo”, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se erigió presidente de Venezuela hasta nuevas elecciones, después que ese órgano, bajo control de la oposición, proclamara ilegítimo el nuevo período de Maduro.

Maduro pretende desconocer la dimensión y consecuencias de su aislamiento internacional, atribuyéndolo al imperialismo norteamericano, aunque hace tiempo que rebasa con mucho el interés de Estados Unidos. El anuncio de la ruptura de  las relaciones diplomáticas y de la expulsión de los representantes diplomáticos y consulares norteamericanos es una medida temeraria porque puede desatar respuestas que agraven la situación, por ejemplo si se cumple el anuncio estadounidense de que mantendrá su representación  en Venezuela. Se descarta la posibilidad de una intervención militar.

El aislamiento del gobierno venezolano y las presiones internacionales en su contra se han elevado tanto en los últimos meses que Maduro ha venido perdiendo apoyo de gobiernos  de la región a quienes había beneficiado con facilidades de financiamiento al petróleo, como el caso de la República Dominicana, cuyo canciller anunció que no reconocerá el nuevo gobierno de Maduro, un giro de 180 grados, y luego sumándose a unos 15 países de la región que han reconocido a Guaidó como presidente. .

Un colapso casi total

            El problema del gobierno de Maduro es que la crisis no es sólo diplomática, sino también institucional y económica, con graves dificultades para mantener suministros de alimentos, medicinas y equipos y materiales de todo género, con déficits fiscales y de intercambio comercial que han destrozado la economía de la nación, especialmente después que terminó el boom petrolero que llevó el barril de ese combustible sobre los 100 dólares el barril, situándose ahora por menos de la mitad.

Las versiones sobre inflación el año pasado pasan del millòn por ciento, pero sería suficiente considerar que al comenzar este año, el gobierno produjo un incremento salarial de 300 por ciento en un intento por compensar la devaluación del peso. La represión política, altas tasas de criminalidad, entre las mayores del mundo, con creciente inseguridad y desempleo, han generado una masiva huida hacia el exterior, estimada sobre 2 millones de venezolanos.

El jueves decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles a demandar el final del periodo autocrático, que ya muchos califican como dictadura. Fue en una de múltiples concentraciones, en la que Guaidó se proclamó presidente legítimo. La repuesta fue tan violenta que cobró más de dos docenas de vidas. Con fuego dentro del país y aislamiento casi total en el exterior, no se vislumbra la menor estabilidad y por el contrario se pueden esperar agraviantes desbordamientos.

Mientras el presidente Donald Trump  no descarta ninguna vía para sacar a Maduro del poder, la Rusia de Putin teme un baño de sangre y los mandos militares leales al gobierno de Maduro denuncian que se intentaría un  golpe de Estado, parecen extinguirse las posibilidades de una solución negociada ,temiéndose agravamiento de la represión y la violencia.

Maduro se las juega todas  

            El proceso tras la muerte del carismático Hugo Chávez en marzo del 2013, indica que Nicolás Maduro está dispuesto a jugárselas todas bajo cualquier circunstancias, lo que contribuye a que sus oponentes descarten salida que no sea su deposición. La precariedad de su triunfo electoral, tras la desaparición del líder de la “Revolución Bolivariana”, con apenas 50.6% del sufragio, en unos comicios donde el gobierno tuvo las máximas ventajas, indicó que Venezuela entraba en una nueva etapa.

Sin el Chávez que lograba sobre el 60 por ciento de los votos en numerosas consultas, el régimen comenzó a resquebrajarse. La respuesta fue primero la unilateral convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente,  en la que la oposición no participó alegando manipulaciones. Se esperaba que el objetivo fuera una nueva reforma constitucional, pero en la práctica se trató de un golpe de Estado institucional, al despojar a la Asamblea Nacional de sus funciones.

El paso siguiente fue el adelanto de las elecciones presidenciales que deberían efectuarse a final del 2018. Aunque en principio la fijaron para abril de ese año, se materializaron un mes después, sin participación de la oposición, y lo peor es que la decisión fue unilateral justo cuando oposición y gobierno llevaban dos meses de intensas negociaciones buscando solución a la crisis. Por demás, se prohibía la participación de líderes y de la Mesa de la Unidad Democrática que había alcanzado éxito en la elección de la Asamblea Nacional el 30 de julio del 2017.  El régimen no dejó opción a la oposición que no fuera la abstención, con lo que Maduro  evitaba exponerse a otra derrota electoral que le costaría el gobierno.

Penosa mediación de RD

            Ahora que casi toda la comunidad internacional aísla y desconoce el régimen de Maduro, el presidente Danilo Medina ha roto sus vínculos con el madurismo y no sólo se ha sumado a la declaración de ilegitimidad del nuevo período gubernamental, sino que también ha reconocido como Presidente a Guaidó, demandando nuevas elecciones.

Pero fue penoso el papel jugado por el gobierno dominicano, con el presidente Medina participando intensamente en una mediación que se parcializó con el régimen venezolano. Fue tanto que la cancillería dominicana montó un escenario para que los opositores firmaran el acuerdo que proponía el gobierno venezolano, que ellos rechazaban porque ignoraba sus reclamos de garantías para participar en las elecciones que habrían de celebrarse al final del 2018.

Los opositores pedían un nuevo consejo electoral independiente, libre participación de todos los partidos y candidatos, restablecimiento de los pode4res de la Asamblea Nacional legítimamente electa, y liberación de presos políticos. Lo peor fue que el adelanto de las elecciones en 6 meses se anunció unilateralmente en Caracas mientras en Santo Domingo las dos partes negociaban solución conjunta.

Una oportunidad perdida

Una mediación menos complaciente pudo haber presionado al gobierno venezolano a atender los reclamos de la oposición y evitado decisiones políticas fundamentales unilaterales en medio de las conversaciones, pero aparentemente pudo más la  gratitud del gobierno dominicano con el venezolano que había dado facilidades de financiamiento petrolero al país por más de 4 mil millones de dólares, utilizados hasta para apoyo presupuestario.

Esa pudo haber sido la razón de la confabulación del gobierno de Medina con el de Maduro, ingratitud ante la histórica deuda por la reiterada solidaridad venezolana con los dominicanos desde el nacimiento de la Repùblica, pero lo que no se ha explicado nunca ha sido la del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, quien por momentos apareció más complaciente aún y renunció al papel del facilitador de acuerdos.

En “El Tema de HOY” del 3 de febrero del 2018 se advertía que la continuidad impuesta de Maduro bloquearía la solución de la crisis venezolana y que “no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistirá otros seis años”. Las actuales circunstancias no auguran más que mayores sufrimientos para los venezolanos, y una salida que podría ser muy explosiva.-

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Cronología mínima de la crisis venezolana

Marzo del 2013:Muere el presidente Hugo Chávez, tras 14 años de gobierno y Nicolás Maduro asume el poder, convocando elecciones en 30 días.

Abril del 2013:Maduro es electo presidente con el 50.6% del sufragio. Pese a la desigual competencia, el opositor Henrique Capriles alcanza el 49.4%

Abril del 2015:La opositora Mesa de la Unidad Democrática gana dos terceras partes de los escaños en la elección para nueva Asamblea Nacional

2016-2017:Los órganos del poder electoral y judicial rechazan la solicitud de un referéndum con apego a la Constitución para revocar el mandato de Maduro

Marzo del 2016:Se inicia un diálogo oposición-gobierno con la mediación de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos

Mediados del 2017:La confrontación gobierno-oposición alcanza altgos niveles de violencia que se extiende por cien días

Julio del 2017:La oposición se abstiene de participar en la elección de una Asamblea Constituyente convocada por el gobierno, el que obtiene la totalidad de los delegados

Agosto del 2017:La asamblea Constituyente empieza a asumir las tareas de la Asamblea Nacional, desconocida de facto por el gobierno.

Septiembre del 2017: El presidente Danilo Medina releva a Leonel Fernández en la mediación, que se intensifica a fin de año. También queda excluido Torrijos

Enero del 2018:La Asamblea Constituyente y el Consejo Electoral anuncian elección presidencial para el 8 de abril, adelantándola 8 meses, sin consulta a la oposición

Enero del 2018:Fracasa definitivamente el diálogo celebrado durante dos meses en Santo Domingo con participación directa de Medina y Rodríguez Zapatero

Mayo del 2018:Se celebran las elecciones sin participación de la oposición y Maduro se da por reelecto, aunque la abstención pasó del 50%

Durante el 2018:La República Dominicana apoya la posición de Venezuela frente a los reclamos de la OEA y el Grupo de Lima por el el restablecimiento de la democracia. Al final se abstiene

Enero del 2019: Maduro se juramenta para nuevo período de 6 años, con muy amplio rechazo internacional. El Gobierno dominicano se suma en la OEA a la declaración de ilegitimidad

 

Solidaridad con Puerto Rico

24_01_2019 HOY_JUEVES_240119_ Opinión8 APor Juan Bolívar Díaz

Gracias a la convocatoria de las intelectuales Chiqui Vicioso y Verónica Sención, se acaba de constituir el Comité Dominicano de Solidaridad con Puerto Rico, hermano país antillano declarado en quiebra económica, golpeado inclementemente por el huracán María a finales del 2017, y en proceso de desintegración, por la huida masiva de sus pobladores, por mala gestión de sus gobernantes y por el proceso de desculturización a que ha sido sometido.

Nunca Puerto Rico había atravesado por una situación tan lastimosa. De repente como que le cayeron todas las desgracias tras las elecciones de noviembre del 2016 que produjeron el fenómeno Donald Trump. A principios del 2017 el gobernador Rosselló pedía a la junta federal de supervisión fiscal que su país pudiera acogerse a la ley de quiebra, al no tener cómo afrontar el acoso de los acreedores por una deuda sobre los 73 mil millones de dólares.

A fin de ese año el huracán María, uno de los fenómenos atmosféricos más letales de la historia, deja a Borínquen en la ruina. La indiferencia y la discriminación, cuando no la burla, ha sido la respuesta del gobernante que predica el aislamiento y la supremacía norteamericana.

Los puertorriqueños no han podido recuperarse de la devastación del huracán, cuyo costo supera el nivel de su impagable deuda, y el trauma general fue tan grande que pasaron meses antes que pudiéramos enterarnos de que las pérdidas incluían tres mil vidas humanas. Todavía 16 meses después quedan comunidades que no han recuperado el servicio de energía eléctrica y el agua potable y los niveles de pobreza han alcanzado los dominicanos, hasta 40 por ciento.

Por cierto, llama la atención que mientras tres o cuatrocientos mil puertorriqueños han huido en ese lapso hacia territorio de Estados Unidos, escapando del desempleo y las precariedades, millares de dominicanos hayan seguido arriesgando la vida, cruzando el canal de la Mona para llegar a Borínquen. La Armada Dominicana acaba de informar que sólo en los últimos cinco meses decomisó 154 embarcaciones, una cada día, que serían utilizadas para esos viajes clandestinos y que rescató o detuvo a 911 personas. Ya Efe había informado que en sólo 48 horas de la segunda semana del 2019, las autoridades frustraron 7 de esos viajes ilegales.

Al justificar la expresión de la solidaridad dominicana, Chiqui Vicioso resaltó como grave peligro para la puertorriqueñidad que ya más boricuas viven en Estados Unidos, 5.4 millones, mientras en la isla sólo quedan 3 millones. Las medidas de constreñimiento del gasto impuestas por interventores federales han incluido el cierre de 179 escuelas y la reducción del estudiantado en una tercera parte. Así las cosas, la lengua hispánica y la cultura, que con tanta fiereza han defendido los borinqueños durante un siglo, pueden estar más que nunca en peligro, una vigorosa razón para que se exprese la hermandad y solidaridad de los dominicanos.

Sin que se lo propusieran las convocantes, la reunión donde quedó constituido el Comité de Solidaridad con Puerto Rico se produjo el 11 de enero, cuando se cumplían 180 años del nacimiento del antillanista Eugenio María de Hostos, uno de los más firmes eslabones de la fraternidad entre nuestros dos pueblos.

Hay que agradecer a Chiqui y a Fidelio Despradel, los anfitriones, y celebrar la presencia de Danny Rivera y su compañera Raquelita, puertorriqueños y dominicanos de entrega y convicciones, y de una treintena de intelectuales, artistas, escritores y comunicadores que animan la solidaridad, que en este caso es mucho más espiritual y cultural que material.

Pronto deberemos proclamar aquí ese comité de solidaridad, rescatando los nexos históricos entre nuestros pueblos, y realizar una visita a Puerto Rico, esta vez no por yolas, para expresar gratitud por los tantos de los nuestros que durante décadas han sido acogidos en esa tierra del edén y perla de los mares, como también nosotros recibimos a cientos de ellos cuando vinieron tras la danza de la caña y el azúcar a comienzos del siglo pasado. –

El proyecto reeleccionista sigue confrontando serias dificultades

19_01_2019 HOY_SABADO_190119_ El País12 B

Con tantos factores adversos, el presidente Medina no podría lanzarse en marzo a buscar otra reelección, que sería traumática, y en julio podría ser tarde para detener a Leonel Fernández, quien se afianza como posible candidato del partido que él entronizó en el poder

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Aunque aumentan las afirmaciones de que ya cuentan con los votos necesarios para eliminar la prohibición constitucional de otra reelección del presidente Danilo Medina y las denuncias de intentos de compras de legisladores, los factores objetivos siguen indicando serias dificultades internas y externas para el acariciado proyecto continuista.

Las señales que dan los poderes fácticos -empresariales, transnacionales y religiosos-, no avalan una segunda reforma constitucional reeleccionista del mismo presidente, ni menos otro camino que pudiera romper la frágil institucionalidad democrática y poner en riesgo una estabilidad macroeconómica de por sí encaminada a la insostenibilidad fiscal.

Auge de la confrontación

Con el inicio del año tomó mayor fuerza la confrontación que se desarrolla a nivel nacional entre el grupo que encabeza el presidente Medina y promueve el continuismo, y el expresidente Leonel Fernández, lanzado al medio de la calle en búsqueda de restaurar su liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y asegurar la candidatura presidencial para el 2020 para un cuarto período presidencial.

            Unos y otros han inundado los medios de comunicación y desatado especulaciones, con sus afirmaciones de que ya han asegurado los votos de legisladores necesarios para reformar la Constitución y eliminar la disposición transitoria que prohíbe repostular a Danilo, mientras del otro lado, se multiplican las acciones políticas bajo el predicamento de que está en juego la democracia y la unidad del PLD porque la decisión de Leonel no tiene marcha atrás en ninguna circunstancia.Ante quienes dudan que él se vaya a enfrentar a Danilo, Leonel deja claro que no tendría alternativa frente a un proyecto que, a su juicio, devendría en una dictadura. Se afirma que ha sostenido que si echa para atrás, hasta sus seguidores lo lincharían, porque ya la confrontación se generalizó a lo largo del país, y los suyos “se la están jugando”.

            Una treintena de diputados leonelistas salieron en rueda de prensa a desmentir que hayan sido cooptados por sus contrincantes, mientras se hacen públicas denuncias, como la del diputado del opositor Frente Amplio Fidel Santana, de que las ofertas de compras de votos llegan a 35 millones de pesos, además de apartamento y camioneta. Las declaraciones públicas y los rumores llegaron a considerar que la extensión de la legislatura decretada por el presidente de la República incluiría el proyecto de reforma constitucional, cosa que se duda sea posible.

Factores internos adversos

            A diferencia de lo que ocurría hace cuatro años, cuando más del 70 por ciento favorecía una oportunidad de reelección para Danilo, ahora esa misma proporción la rechaza, por entender que él pactó y promulgó la Constitución que le impide volver a postularse y juró ante la sociedad que la del 2016 sería su última. También por el desgaste de una gestión que no ha podido resolver ninguno de los graves problemas nacionales, y porque los terceros períodos han sido desastrosos, y hasta Balaguer fracasó en 1978, también con todo el poder del Estado. Gedeón Santos,  embajador ante la OEA, advirtió sobre lo negativo que resultan  los terceros períodos  consecutivos, en artículo en el Listín Diario del miércoles.

En el 2015 Leonel Fernández fue conminado a dar una segunda oportunidad a Danilo, en base a un acuerdo de 15 puntos, donde no sólo se le inhabilita para repostularse a partir del 2020, sino que también dispone “fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos” para futuras reformas constitucionales. Adicionalmente se establece que las decisiones del Comité Político del PLD serán en base al consenso, y en su defecto por sus tres cuartas partes.

Aquel pacto, firmado por Medina, Fernández y todo el Comité Político, buscaba evitar una división del PLD, por lo que los leonelistas argumentan que lo correspondiente ahora es cumplirlo, mientras siguen en ampaña. Hay quienes lo subestiman olvidando que fue él quien llevó a los peledeistas al disfrute del poder, incluyendo a Danilo, pues sin su apoyo en el 2012, con un déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos, éste no hubiese alcanzado la presidencia.

Para los comicios del 2016 el pacto fue de “reelección por reelección”, algo que se ve difícil repetir ahora sin abonar una rebelión de las bases y los dirigentes que tienen aspiraciones en todos los niveles. Si Leonel no acepta la reforma constitucional, auto erigido en defensor de la institucionalidad democrática, sería peligrosa una elección primaria que dividiría el PLD de arriba abajo. Tal vez por eso es que hasta el secretario general, dirigentes y  precandidatos presidenciales opuestos a Leonel, desestiman otra reforma constitucional reeleccionista.

Pesados factores externos

            Los poderes fácticos tradicionales han rechazado una nueva reforma constitucional, comenzando por las principales organizaciones empresariales, y por su Fundación Institucionalidad y Justicia que en múltiples ocasiones ha dicho que pondría en juego la institucionalidad democrática nacional. Hasta sectores empresariales que se sienten cómodos con Danilo y lo preferirían sobre Leonel, expresan temores de que una imposición del poder desate una crisis institucional que ponga en juego el crecimiento y  la estabilidad macroeconómica cada vez más amenazados por sostenidos déficits fiscales solventados por un galopante endeudamiento.

Los líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, se han pronunciado casi a unanimidad contra el proyecto continuista, incluyendo a los predicadores de multitudes protestantes. El arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozorio, no desaprovechó  el Día del Poder Judicial, el 7 de enero, para señalar entre los “graves vicios nacionales” además del enriquecimiento ilícito, “la justificación del poder mediante la fuerza,  la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo”. En diciembre el arzobispo de Santiago, Freddy Bretón,  reiteró advertencias sobre las constantes reformas constitucionales reeleccionistas.

Los poderes fácticos externos, comenzando por Estados Unidos, serían copartícipes de la  preocupación de que forzar la continuidad de Danilo desestabilice el país y coloque la precaria institucionalidad democrática nacional a nivel de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, agravando la inestabilidad regional.

Le faltarían casi 40 votos

Para lograr una nueva reforma constitucional, los danilistas tendrían que aniquilar los esfuerzos que desde agosto del 2017 realiza Leonel para posicionarse como alternativa, exitosos según las encuestas, pero enfrentan un círculo vicioso, pues no lo lograrían mientras el presidente tenga el veto constitucional, y para superarlo necesitarían conseguir los votos de gran parte de los 36 diputados y 6 senadores que siguen a Leonel, o buscarlos en el principal bloque opositor.

En los comicios del 2016 el PLD y sus aliados consiguieron 127 diputados y 28 senadores para totalizar 155 en la Asamblea Nacional. De estos 36 diputados y 6 senadores peledeistas siguen actualmente a Leonel y 4 de los aliados perredeístas se pasaron al PRM, con lo cual los danilistas contarían con 109 votos y le faltarían 39 para completar los dos tercios de la reforma constitucional. Podrían conquistar parte de los 15 reformistas, y algunos del PRM, que en la reforma del 2015 perdió dos. Los líderes del PRM juran que su bloque está firme y lo mismo aducen los leonelistas.

Buena parte de los analistas entienden que, aunque esta vez no haya dinero de Odebrecht, como se afirma que hubo hace 4 años, el Estado tiene suficientes recursos para comprarse tres docenas de legisladores. Habría que corromper a muchos si no media un pacto formal como el logrado por Danilo con el PRD en el 2015, que le sumó una treintena, a los cuales se les garantizó la repostulación en las nóminas peledeístas. Ahora habría más repugnancia social y política y mayor quiebra institucional que en el 2015 para imponer otra vez la reforma constitucional.

Forzaría un frente unitario

            El expresidente Hipólito Mejía, con suficiente experiencia por haber fracasado cuando forzó una reforma constitucional para repostularse en el 2004, dividiendo su partido, le advirtió esta semana a Danilo Medina que hacer lo mismo en las actuales circunstancias lo llevaría, junto a familiares y seguidores, a un suicidio político. Es que una compra masiva de legisladores resquebrajaría el sistema partidista con un costo institucional y político muy fuerte en el PLD y en la sociedad y forzaría sería un gran estímulo a los esfuerzos que ya se realizan desde ámbitos sociales y partidistas por una gran coalición socio-política para enfrentar la dominación peledeísta.

Tras la reforma constitucional todavía los danilistas tendrían que imponerse en las primarias abiertas de octubre, apelando también al abuso de los recursos estatales para incentivar votos, los que profundizaría las heridas internas y aún si no se produjera una división, alguna proporción de los heridos reduciría las posibilidades de triunfo en las elecciones del próximo año.

Los costos y riesgos serían tantos que hay quienes creen que Danilo mantendrá su frialdad y no se lanzará a la aventura, por lo menos en las actuales circunstancias, que difícilmente cambien de aquí a febrero, y en julio, fecha límite por las primarias, podría ser tarde para detener a Leonel Fernández. Le podría pasar como a los guzmancistas que esperaron muy tarde para entender que no lograrían imponer la repostulación de Antonio Guzmán en 1982, y cuando apoyaron a su vicepresidene Jacobo Majluta, ya fue imposible detener a Salvador Jorge Blanco. Danilo tendría que declinar en febrero e intentar una alternativa, o negociar un pacto. como en el 2015, pero ahora los vientos soplan en favor de su archi rival Leonel Fernández.-

Distribución de la Asamblea Nacional

(En base a los resultados de los comicios 2016)

Partidos                      Diputados      Senadores      Total

PLD + aliados*          127                  28                    155

PRM + aliados**        46                     2                      48

PRSC + aliados           14                      1                       15

BIS + aliados                 1                      1                         2

Al País                             1                                                 1

PQDC                              1                                                 1

Totales                    190                 32                  222

*Ahora del PLD+aliados: 105 danilistas y 46 leonelistas

**A sus 48 legisladores El PRM sumó 4 perredeístas exaliados del PLD

Responsabilidad del Gobierno

17_01_2019 HOY_JUEVES_170119_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina tiene tanta suerte que todavía los partidos de oposición no le han exigido que explique al país su política de combate al narcotráfico y los esfuerzos que hace su gobierno para esclarecer acontecimientos tan graves como el asesinato del coronel Daniel Ramos Alvarez, comandante de la policía preventiva en Bani a manos de un grupo pandillero y el silencio que rodea la incautación de mil kilogramos de cocaína hace dos meses en el puerto de Haina.

Se generaliza la percepción de impune incremento del narcotráfico en el país, y una evidencia es que el año pasado las autoridades incautaron cerca de 6 mil kilogramos de cocaína, casi la mitad en el último trimestre. Para los entendido, el incremento de las incautaciones implica mayor tráfico, y se trafica más por las rutas donde se abren mejores facilidades para transportar una de las mercancías más lucrativas, que según la ONU genero US$320 mil millones en el 2017.

Expertos internacionales estiman que apenas entre 10 y 20 por ciento de las drogas ilegales caen en manos de las autoridades, y que la isla de Santo Domingo es uno de los puentes para su traslado, especialmente de cocaína, hacia los insaciables mercados de Estados Unidos y Europa.

El 16 de noviembre pasado fue incautado un cargamento de mil kilos de cocaína traídos a Haina Oriental por el buque San Amérigo, pero extrañamente se le permitió la partida ese mismo día con su capitán y sus 21 tripulantes libres, sin que hasta la fecha se haya informado quién era el destinatario de la mercancía, aunque desde el primer momento se dijo que había oficiales de la DNCD involucrados. Lo informó el 29 de noviembre el presidente de la DNCD, mayor general Eugenio Matos de la Cruz, quien lo reiteró el 5 de diciembre, precisando que había oficiales bajo arresto e investigación. Cumplidos dos meses, el caso es de misteriosa impunidad.

Lo ocurrido en el barrio Santa Cruz de Baní el 8 de enero no estremecerá tanto como aquella ejecución de siete narcotraficantes colombianos y la desaparición de un cargamento de cocaína, ocurrida en el 2008 en Paya, también Baní, que involucró a oficiales de la Marina de Guerra dominicana, pero también tiene ribetes escandalosos y desafía la capacidad, honestidad y credibilidad de los investigadores. HOY ha dado cuenta de contrariedad entre una comisión de alto nivel policial y el Procurador fiscal, que investigan el caso.

Son muchas las explicaciones que se necesitan para esclarecer este asesinato, por ejemplo: por qué el coronel Ramos, quien no era agente anticarcóticos, fue quien acudió al lugar donde operaba un negocio de drogas que ahora la DNCD dice que había sido intervenido 20 veces y su principal operador, Rafael Antonio Díaz, sometido en varias ocasiones a la justicia, pero permanecía en libertad. En vez de aligerar la carga de las autoridades, esa explicación la complica.

Hay que despejar la responsabilidad de los dos oficiales acompañantes de la víctima en el operativo, sin tropa de respaldo, que lo abandonaron herido, ahora que el senador por la provincia, Wilton Guerrero, denunciara que “el coronel Ramos fue llevado a una emboscada”. Como se le consideraba un oficial honesto, cabe preguntar si lo asesinaron por tratar de imponer autoridad.

El senador Guerrero, como su colega de Pedernales Dionis Sánchez, no sólo denunciaron la proliferación del narcotráfico en la región sur, sino la complicidad de las autoridades, hasta con detalles de sobornos por semana. La posibilidad de involucramiento de oficiales anticarcóticos, no sería ninguna novedad, pues ya en el 2013 se extraditó a Estados Unidos al ex contralmirante Francisco Hiraldo Guerrero, condenado allí por asociarse al narcotráfico siendo nada menos que jefe de operaciones de la DNCD.

Por cierto, los dos senadores denunciantes no son de la oposición, sino figuras relevantes del partido gobernante, lo que agrava el desafío de las autoridades judiciales y policiales, pero también del Gobierno, que debería enfrentar la proliferación del tráfico interno, por pagos en especies, y las matanzas de las bandas de narcotraficantes, antes que sea demasiado tarde. Hay varios casos de matanzas con signos del narcotráfico sin esclarecer, como la triple de anteayer en La Romana, una doble en julio también en Baní, y la cuádruple del 28 de diciembre en Guerra.-

 

Un 2019 cargado de incertidumbres y con aumento del costo de la política

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La posibilidad de que el presidente Medina intente buscar otra reelección, con consecuencias impredecibles a nivel de su partido y en la sociedad, el desafío de las elecciones primarias y el proyecto de reforma del régimen electoral configuran un panorama de incertidumbres    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La institucionalidad democrática será sometida a duras pruebas en el año que recién comienza, cuando se definirá si el presidente Danilo Medina intentará un nuevo proyecto reeleccionista, si se aprobará la discutida reforma del régimen electoral, con los desafíos de las primarias simultáneas para la elección de las candidaturas y la aplicación de la Ley de Partidos.

Todo apunta a un incremento del costo de la política, contrario a la demanda social, por el costo de las elecciones primarias, tanto en lo organizativo con cargo al presupuesto nacional, como en la inversión de decenas de miles de precandidatos, con el agravante de que al final del año hasta los candidatos a regidores y vocales municipales ya estarán invirtiendo por el voto preferencial.

La mayor incertidumbre     

La mayor incertidumbre está determinada por la decisión que adoptará el presidente Danilo Medina sobre la posibilidad de procurar una segunda reforma constitucional que le abra paso a la postulación presidencial el próximo año y las repercusiones que pudiera tener en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en una sociedad cuyo liderazgo la rechaza, al igual que una alta proporción de la ciudadanía, 71 por ciento en la encuesta Gallup-HOY de octubre pasado.

La generalidad espera que el mandatario defina su posición en marzo como expresó en una entrevista en agosto, pero en un almuerzo navideño con periodistas digitales él advirtió que podría ser en julio como también dijo en la misma ocasión, cuando adelantó que ya tenía tomada su decisión. La mayoría de la opinión pública apuesta a que Medina no resistirá la eterna tentación nacional del continuismo en el poder, pero hay quienes le atribuyen suficiente templanza para entender los riesgos.

Las perspectivas del proyecto continuista siguen limitadas, con un amplio rechazo que algunos explican en que ya Medina reformó la Constitución en el 2015 para posibilitarse la reelección, ocasión en la que juró en discurso público que sería su última postulación presidencial, tal como quedó consagrada en un transitorio constitucional que él pactó y promulgó.

Una opción por el continuismo agravaría la confrontación entre los dos líderes del PLD, y supondría un desafío fuerte para el expresidente Leonel Fernández, quien desde agosto del 2017 reúne fuerzas internas y ha proclamado que su aspiración a la nominación presidencial no tiene regreso. Importantes dirigentes del partido sin militancia en los dos grupos contendientes parecen evadir el riesgo de división y se inclinarían por un pacto de alternabilidad, con una reforma constitucional que permita la repostulación de Medina, pero a partir del 2024.

Ley del Régimen Electoral

La segunda legislatura del 2018 termina hoy sin que esté cerca la aprobación de la nueva Ley del Régimen Electoral, contemplada en un proyecto introducido al Congreso por la Junta Central Electoral en el 2011, con el expreso objetivo de adaptarla al marco de la Constitución promulgada en enero del 2010 por el presidente peledeísta Leonel Fernández. Desde entonces ha sido reintroducida varias veces, la última a comienzo del 2018.

Los legisladores y los partidos pasaron casi todo el año concentrados en la Ley de Partidos, relegando la del Régimen Electoral, de mayor trascendencia para el cumplimiento del mandato constitucional de elecciones “con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”. Una comisión bicameral tiene a su cargo la concertación, y sus principales miembros, de los partidos mayoritarios, reiteraron esta semana su interés en aprobarla. Sin embargo, reconocen que eso depende de la voluntad política de los organismos superiores de los partidos, y algunos no ven señales positivas.

La reforma del régimen electoral sería fundamental para sancionar efectivamente los abusos de los poderes del Estado en las campañas, bien evidenciados en los últimos comicios y que determinaron que los partidos opositores le negaran legitimidad y durante dos años, hasta la aprobación de la Ley de partidos, reclamaran unidos equidad en las competencias electorales.

Entre las metas pendientes se citan separar la elección de los diputados y senadores, limitar y transparentar el financiamiento y gasto de campañas, prohibir que los altos funcionarios sean directores de campañas en las jurisdicciones, el acaparamiento de los medios de comunicación y de la publicidad en vías públicas y las inauguraciones de obras y aumento de programas sociales en los períodos electorales y sanciones reales a los abusos de los recursos del Estado.

El desafío de las primarias

La celebración de elecciones primarias simultáneas, organizadas por la JCE, por primera vez en virtud de la Ley de Partidos 33-18, es otro de los fuertes desafíos del sistema electoral dominicano para este año. Las primarias serían celebradas el primer domingo de octubre, día 6, y cinco partidos se ha acogido a la misma, mediante tres diferentes modalidades que complicarían la gestión de los colegios de votación: El PLD con padrón universal o abierto, que permitiría el voto de cualquier ciudadano para todas sus candidaturas. El PRD apta por el mismo padrón, pero sólo para elegir candidato presidencial. Alianza País y Opción Democrática han solicitado primarias con padrón universal para todas sus candidaturas, pero en una coalición no contemplada en la Ley 33-18. Y el PRM que mantuvo su opción de elegir sus candidaturas con su propio padrón de miembros. Los restantes 22 partidos reconocidos optarían por métodos menos complicados, como la asamblea de delegados.

Aunque la ley establece un período de campaña de tres meses, del 7 de julio al 6 de octubre, hace tiempo que numerosos aspirantes están en campaña abierta por todo el país promoviéndose para presidente, senador, diputado y alcalde, sin que nadie les haya  hecho desistir. Incluso las vallas promocionales en calles y carreteras, prohibidas por la ley (artículo 44) aún dentro del período de precampaña, se cuentan ya por centenares y si algo tan visible no se puede cumplir, hay razones para dudar que se logre en la transparencia del financiamiento y los límites de gastos.

Aún con cinco partidos en primarias simultáneas, una proyección de la JCE sugiere que podrían tener que contar votos individuales en boletas diferentes a 33 mil 819 precandidatos, aproximadamente el doble de los participantes en los últimos comicios nacionales. El reglamento estableció un tope de 10 precandidatos por partido para los cargos Uninominales, (presidente, vicepresidente, senador y alcalde) y tres para los plurinominales, (diputados, regidores y vocales). No se sabe cómo harían los partidos en los casos en que haya más aspirantes.

Mayor costo económico

Si algo queda claro en relación a la Ley de Partidos es que, en vez de abaratar el costo de la política, como se reclama, se encarecerá. El costo de las primarias simultáneas aún para 5  partidos, se ha estimado sobre 3 mil millones de pesos, suma que duplicará el estimado de 1,506 millones de pesos del total del financiamiento a todos los partidos durante el año 2019, en virtud de la Ley Electoral 275-97 que se aplica desde los comicios de 1998, a razón de medio por ciento en los años de elecciones y un cuarto por ciento de los ingresos ordinarios del Estado en los demás.

Si se cuenta sólo lo que recibirían los cinco partidos que han optado por las primarias simultáneas, a razón de 301 millones por los tres mayores y unos 25 millones de pesos por el binomio AP-OD, lo aportado por los partidos apenas alcanzaría 928 millones de pesos, menos de la tercera parte del costo total estimado, lo que implica un financiamiento público de dos tercios. Con el agravante de que esos partidos gastarían todo el subsidio estatal del año sólo en la elección de sus candidatos.

La inversión individual de los precandidatos también se elevará pese a que la Ley 33-18 establece límites de gastos, muy elevados según los estimados, pues atendiendo al número de empadronados, los aspirantes a la presidencia podrían gastar hasta unos 700 millones de pesos cada uno, y muchos millones los que busquen los demás cargos electivos. Con serias dudas de que alguien pueda controlarlos realmente y obligar a cumplir algo que tiene tantas brechas para la burla. Otra fuente de encarecimiento es que esta vez en las elecciones municipales separadas se elegirán los 1,164 regidores, 1164 suplentes y 753 vocales mediante voto preferencial, un total de 3,081 aspirantes promoviéndose y tratando de comprar votos a partir de octubre, sino antes.

Dura misión para la JCE

La gestión de las primarias abiertas simultáneas de octubre, la supervisión de las asambleas de delegados, y el calendario ya regresivo para las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y congresuales de mayo del 2020, con sus incrementos de costos, serán un dramático desafío para la JCE, que tendrá que iniciar sus preparativos este año. Sin contar la fiscalización para que se cumpla siquiera mínimamente la nueva Ley de Partidos. Para las primarias se requerirá un entrenamiento nuevo las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que operarían los colegios.

La JCE está presentando un novedoso sistema de computación electrónica, en el que también habrá que invertir millones de pesos, para poder procesar los votos para las decenas de miles de precandidatos. Y tendrá que desarrollar una campaña motivacional para ver si la participación siquiera se acerca al promedio de 50 por ciento que registraron las elecciones congresuales y municipales cuando fueron separadas de las presidenciales, entre 1998 y 2010.

Por encima de todo el mayor desafío es a la unidad de los partidos, a su fortalecimiento, a que las complicadas primarias no desaten una guerra autodestructiva y no generen una lluvia de impugnaciones que las hagan inmanejables. Sin duda que son muchas las incertidumbres políticas que conlleva este 2019.-

Por el rescate de la justicia

 10_01_2019 HOY_JUEVES_100119_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

Si algo quedó claro a propósito de la celebración el 7 de enero del “Día del Poder Judicial”, fue el generalizado clamor porque sean desatados definitivamente los nudos que postergan y envilecen el tercer poder del Estado, con graves repercusiones sobre la institucionalidad democrática, más contundente por encontrarnos en vísperas de una renovación de las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

La responsabilidad de elegir a 12 nuevos titulares de la Suprema Corte recae en particular sobre el presidente Danilo Medina quien, además de presidir también el Consejo Nacional de la Magistratura, dispone de los votos de seis de sus ocho integrantes, por lo que los reclamos le aluden directamente, con la esperanza de que se coloque sobre el interés partidista y contribuya a rescatar el órgano superior del Poder Judicial del secuestro político en que lo sumió su antecesor.

La expectativa se nutre del reconocimiento de que las decisiones del Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Medina mejoraron la composición de los órganos concernidos, como en la renovación parcial de la Suprema Corte, posteriormente del Tribunal Superior Electoral y recientemente de una parte del Tribunal Constitucional.

Sin duda que el clamor de la sociedad civil, en sus múltiples expresiones, ha sido fundamental para que comenzara a reducirse el secuestro político de las altas cortes, lo que se renovó el pasado lunes por parte de la Fundación Institucionalidad y Justicia, del Colegio de Abogados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los arzobispos de Santo Domingo y Santiago en sus respectivas homilías, e innumerables articulistas y comentaristas. Lo reclamaron también recientemente otras instituciones especializadas como Participación Ciudadana, y entidades empresariales como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Industrias y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

Hay suficientes indicadores de generalización de la percepción de que la justicia dominicana no se corresponde con las luchas de las últimas décadas por elevar la institucionalidad democrática. Las encuestas nacionales y hasta las internacionales, como la reciente Latinobarómetro, establecen que la credibilidad de la justicia dominicana apenas alcanza el 21 por ciento. En los últimos dos índices de competitividad global del Foro Económico Mundial, la independencia judicial ha quedado relegada a las posiciones 130 y 125 entre 137 y 140 países.

La escasa independencia e integridad del poder judicial está determinado no sólo por la politización de los organismos superiores, al servicio de la impunidad, sino también por su postergación económica, pues apenas se le entrega la mitad de l que establece la ley. En contraste con lo que se le atribuye al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a quienes les sobren los recursos para repartir a discreción y para malversar.

Al referirse a la coyuntura, la FINJUS ha reclamado que “el proceso de evaluación de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia que manda la Constitución y la Ley se realice asumiendo todas las garantías y profesionalidad requeridas”, y que “a la luz de las necesidades de un mejor servicio de justicia, más imparcial, eficiente  e independiente, la ciudadanía debe unirse para reclamar al Consejo Nacional de la Magistratura que tome sus decisiones con un sentido de Nación, cerrando toda posibilidad de beneficiar intereses particulares de cualquier tipo”.

Por su parte el arzobispo Francisco Ozoria enarboló el desafío de rescatar la credibilidad de la justicia, mientras el arzobispo Freddy Bretón especificaba que el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la justicia, juega un rol determinante para garantizar la paz, la confianza y la estabilidad.

El rescate de la justicia es fundamental para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Ahí está la responsabilidad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente del ciudadano presidente Danilo Medina.-

 

 

Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática

29_12_2018 HOY_SABADO_291218_ El País11 AAunque fundamentado en un ya alarmante endeudamiento público, el crecimiento económico con estabilidad salva la gestión gubernamental de un año signado por la crisis del partido oficial con el continuismo amenazando la precaria institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento económico otra vez sobre el 6 por ciento, con estabilidad cambiaria y muy baja inflación es el aspecto más positivo del 2018 en la República Dominicana, aunque una vez más se fundamenta en un alarmante incremento de la deuda pública, que ya llega a ser estimada sobre el 60 por ciento del producto bruto interno.

En términos democráticos e institucionales el año marca una deriva determinada por una profunda confrontación en el partido gobernante y una vez más los pujos continuistas que condicionan la gestión gubernamental, sin el menor avance en la lucha contra el flagelo de la corrupción y la impunidad generalizada y con deterioro de la salubridad y la seguridad social.

Los elementos positivos

El crecimiento económico, que este año repuntó sobre el 6 por ciento, tras un  2017 en que se había reducido por debajo de 5, sigue siendo lo más positivo de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, con estabilidad cambiaria y de precios, con una inflación alrededor del 2 por ciento.

Hay consenso entre los economistas en que el crecimiento sigue impulsado por la demanda interna y por la locomotora norteamericana, con incremento en el turismo y las remesas, que aportan más de 12 mil millones de dólares, para compensar parcialmente los fuertes déficits comerciales. Este “año de las exportaciones” registra un modesto crecimiento de estas estimado en 9 por ciento, pero se cree que las importaciones ascenderán en mayor proporción, por el  incremento de la factura petrolera que al tercer trimestre alcanzó los 700 millones de dólares.

Otro elemento positivo del año lo constituyó la expansión del sistema de vigilancia y asistencia 911 a una treintena de comunidades, como la mayor inversión para contener la delincuencia que en dos ocasiones obligó a las autoridades a reforzar la policía con efectivos militares. Se hicieron esfuerzos también por controlar el flujo de inmigrantes haitianos, aunque viciado por la prevalencia de un discurso de odio y estigmatización de una mano de obra que sigue sosteniendo dos renglones fundamentales, la agricultura y la construcción, pública y privada.

El gobierno se anotó dos reconocimientos, primero al sacar el país de la veintena de naciones que durante décadas persistieron en desconocer diplomáticamente la realidad de la República Popular China y por haber auspiciado una renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional con un 75 por ciento de consenso, mejorando el comportamiento de las anteriores decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura y reduciendo la politización de las altas cortes.

Crecimiento con esteroides

Lo malo del crecimiento económico nacional es que siguió fundado en un galopante endeudamiento externo e interno por el déficit fiscal de toda una década. Es significativo que el 2018 comenzó con una colocación de bonos internacionales por 1,800 millones de dólares y termina con una aprobación congresual por más del doble, autorizando bonos por 190 mil millones de pesos, equivalentes a 3,800 millones de dólares.

El economista Pavel Isa Contreras acuñó la frase de crecimiento económico con esteroides en agosto, cuando junto a sus colegas Apolinar Veloz y Ernesto Selman convino en señalar como insostenible el ritmo de incremento de la deuda estatal. Veloz, hasta hace meses funcionario del  Fondo Monetario Internacional, cuantifica la deuda consolidada de todo el Estado en casi 50 mil millones de dólares al término del año.

Como se puede ver en el cuadro anexo, Apolinar Veloz, quien también ha sido gerente general del Banco Central, además de sumar la deuda del sector público no financiero de 33.6 millones de dólares y la del sector bancario público de 12.8 millones, para totalizar 46.4. millones de dólares, le agrega las del sector eléctrico público, de los ayuntamientos, de fideicomisos, de red viales y los 708 millones de dólares que reclama la Odebrecht por las plantas de Punta Catalina, para totalizar 49 mil 927 millones de dólares, equivalentes al 64.92 por ciento del producto bruto.

Eso implica que cada dominicano (10.5 millones) enfrenta  una factura por 4 mil 755 millones de dólares,  237 mil pesos. El monto total de la deuda estatal se incrementa sobre los 3 mil millones de dólares anuales, sin que el gobierno se haya acogido a las recomendaciones nacionales y de organismos internacionales sobre lo inaplazable de un pacto fiscal que, por demás, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012.

El fantasma continuista

Como es constante en la historia nacional, el fantasma de la reelección presidencial planeó a lo largo del año sobre la institucionalidad democrática, lo que junto a la prematura lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) marcó el debate nacional, distrayendo la opinión pública y condicionando las actuaciones y programas gubernamentales.

Cuando se esperaba que el presidente Danilo Medina reconociera que la Constitución que ya él modificó tres años antes para viabilizar su reelección le prohíbe volver a ser candidato, el mandatario remitió para marzo o junio próximo fijar su posición al respecto. El miércoles dijo en un agasajo a periodistas digitales que podría ser en junio y no en marzo como la generalidad esperaba. Ya este año el Tribunal Constitucional rechazó un recurso que pretendía una declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria que le impide a Medina volver a postularse a la presidencia. El dictamen indica que no se puede asumir que la Constitución sea inconstitucional.

Ahora en diciembre se conoció otro recurso que pretende habilitar la repostulación de Medina, a través del Tribunal Superior Electoral, bajo el mismo argumento de que la prohibición le viola sus derechos constitucionales, implementada por uno de los partidos minoritarios de menor vigencia, el Partido Demócrata Popular. Una benevolente sonrisa fue la respuesta de un versado especialista ante la remota posibilidad de que este tribunal pretenda pasar por encima del encargado de juzgar la constitucionalidad de los actos públicos.

Presidencialismo infinito

El presidente ha mantenido silencio, aunque en su presencia altos funcionarios y dirigentes políticos aprovechan los actos públicos para formular reclamos continuistas y se difundieron en las redes sociales y medios electrónicos media docena de spots promocionales de la reelección, con idéntica manufactura y línea gráfica profesional.

El activismo auto promocional del gobierno implicaba hasta octubre una inversión publicitaria diaria de unos 10 millones de pesos, de acuerdo con un monitoreo profesional privado de la publicidad. Mientras el mandatario acentuaba sus “visitas sorpresas”, donde distribuye los recursos que le niega a los ayuntamientos, a la justicia, y a la salubridad pública, que este año registró un inconcebible incremento de las muertes neo-natales, a ritmo 9.4 por día y crecimiento del 30 por ciento en relación al mismo período del 2017. Los municipios recibieron el 3 por ciento de los ingresos fiscales, aunque su ley orgánica les destina el 10.

Con una docena de duplicaciones, bajo dependencia directa de la presidencia, que incluyen programas sociales y hasta municipales, el resultado es el debilitamiento institucional y el fortalecimiento del acendrado presidencialismo nacional. Por todo eso se mantiene la incertidumbre sobre si el presidente Medina logrará “por algún medio”, imponer su continuidad en el poder en el 2020.

Pobre Ley de Partidos

La tendencia del presidente Medina en el PLD procuró a toda costa imponer en la ley de partidos el padrón abierto como mecanismo para elegir candidaturas y sus senadores llegaron a aprobarlo como obligatorio y de ejecución simultánea para todos los partidos, lo que no pasó en la Cámara de Diputados, aunque posteriormente se le encontró “un bajadero” para que su mayoría en el órgano superior de su partido pudiera hacerlo propio.

Tras 20 años de debates se terminó aprobando una Ley de Partidos que incorpora importantes demandas como la transparencia del financiamiento, mayor equidad de género, y límites a los tiempos y gastos de campaña. Pero quedó también con débil régimen de sanciones que la hace vulnerable y con planteamientos de dudosa constitucionalidad, como prohibir la postulación a cargos electivos de quienes no estén inscritos en un partido, penalizar (esa si severa) con cárcel a quien “difunda informaciones que afecten la imagen de algún candidato”, y prohibir las alianzas a nuevos partidos, mientras mantuvo un régimen muy desigual de distribución del financiamiento público.

El debate sobre la Ley de Partidos expuso todo el año la encarnizada lucha interna en el PLD y terminó disolviendo la concertación que durante más de dos años habían mantenido una docena de partidos políticos, encabezados por el mayor de la oposición, el Revolucionario Moderno, que a principios de año logró estrenar con éxito su nuevo padrón de miembros, con el cual renovó sus dirigentes en todos los niveles nacionales. Esa fractura fue contradictoria con los planteamientos dentro del mismo PRM y desde múltiples instancias partidistas y sociales, de la necesidad de una gran coalición para rescatar la devaluada institucionalidad democrática.

Los interminables debates partidistas habrían contribuido al incremento de la desconfianza en los partidos y en las instituciones democráticas, que por primera vez caen por debajo del 50 por ciento en encuestas y al manifiesto deseo de irse del país expresado por la mitad de los dominicanos, y hasta el 60 por ciento de los jóvenes de 18 a 25 años.-

 

 

Somos hermanos en humanidad

27_12_2018 HOY_JUEVES_271218_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Para quienes asumimos con profundidad las esencias fraternales del cristianismo, la Navidad es siempre un período de introspección, de examen de conciencia siguiendo la metodología de ver, juzgar y actuar, para revisar la coherencia y corregir el rumbo cuando detectamos que nos hemos desviado de la senda.

Esta fiesta es mucho más que el consumismo de comer y beber, de comprar, regalar y recibir cosas materiales, porque todos los caminos nos conducen siempre a las esencias del mensaje del Jesús de Galilea, que nació en Belén, hijo de muy humildes y anónimos trabajadores, signados por el destino de migrantes y refugiados que ha correspondido a una inmensa mayoría de los seres humanos, desde los remotos orígenes de la vida.

La Navidad nos invita siempre a la fraternidad, a la solidaridad, al acercamiento al mandato cristiano de amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Eso es muchísimo más que la confesión religiosa, que levantar los brazos en un templo y darse golpes de pecho. Tampoco tiene que ver  con dar limosnas o dejar caer migajas de las mesas de la abundancia, tratando de acallar nuestras conciencias, rodeados de carencias, privaciones y exclusiones permanentes.

En su mensaje de este 25 de diciembre, el Papa Francisco, cultor de la humildad y la sencillez del divino maestro, nos ha recordado que “el mensaje de la Navidad es que Dios es Padre bueno y nosotros somos hermanos”. También que “la salvación pasa a través del amor, la acogida y el respeto de nuestra pobre humanidad, que todos compartimos en una gran variedad de etnias, de lenguas, de culturas, pero todos somos hermanos en humanidad. Entonces nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son una riqueza”.

El Pontífice nos invita a redescubrir los nexos de fraternidad que nos unen como seres humanos y vinculan a todos los pueblos, advirtiéndonos que sin esa visión cristiana “nuestros esfuerzos por un mundo más justo no llegarían muy lejos, e incluso los mejores proyectos corren el riesgo de convertirse en estructuras sin espíritu”.

En estos tiempos en que se riega tanto odio y se proclama confrontación en nuestro país y nuestra isla, cobra mayor fuerza y justeza el reclamo papal de “fraternidad entre personas de toda nación y cultura”, como también “entre personas con ideas diferentes, capaces de respetarse y de escuchar al otro”, así como también entre personas de diversas religiones.

Francisco no predica la exclusión de nadie, ni reclama exclusividades, ni siquiera en el ámbito de las religiones, donde también vislumbra el encuentro y el diálogo ecuménico, en un mundo profundamente conturbado, cada vez de mayores desigualdades, violencias y estigmatizaciones, donde se acentúa una distribución de las riquezas  concentrada en el uno por ciento de la humanidad, generando una inseguridad generalizada.

En estos días de Navidad debemos sentir rechazo por este mundo de pocos estadistas y reducción de paradigmas, y reafirmar los anhelos de nuevos liderazgos con reivindicación del respeto a la diversidad, de la ética, de las prácticas democráticas, de los organismos intermedios, de la sociedad civil y de la participación, de nueva reformulación de la política, como ciencia del bien común y no para la apropiación del poder y las riquezas.

Que la fuerza de la Navidad se expanda en profundidad espiritual y nos impacte, impulsándonos a trabajar más arduamente todos los días del próximo año por constituir una sociedad donde quepan todos los sueños y nuestros hermanos no tengan que seguir ahogándose en el Canal de la Mona en intento desesperado por encontrar hálitos de vida y progreso. Y porque no sigamos acumulando tasas tan elevadas de muertes maternas e infantiles, de embarazos de adolescentes, de pobreza y exclusión, y que el agua potable y la electricidad sean definitivamente  patrimonio de todos. Amén.-

 

 

           

A dos años del escándalo Odebrecht prevalece una burlesca impunidad

22_12_2018 HOY_SABADO_221218_ El País11 A

Cumplidos ayer dos años del destape del mayor escándalo transnacional de corrupción, en el país no se han investigado las sobrevaluaciones en obras por casi 6 mil millones de dólares, ni el financiamiento electoral y el proceso judicial luce revestido de burlesca impunidad

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Dos años después del estallido del escándalo de corrupción en contratación de obras con la constructora Odebrecht en una docena de países, el 21 de diciembre del 2016 tras investigaciones judiciales en Estados Unidos, en la República Dominicana prevalece la impunidad a pesar de haber liderado proporcionalmente los sobornos confesados por la empresa.

Ni siquiera se ha realizado la auditoría de costos sobre 17 obras contratadas por el Estado dominicano, mucho menos se han investigado las admisiones de ejecutivos de la constructora sobre financiamiento de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina y de que sus operaciones mafiosas transnacionales fueron trasladadas al país evadiendo la justicia brasileña.

Muy escasas expectativas

            Han transcurrido 19 meses desde que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas, doce de ellas exfuncionarios y legisladores, por los sobornos que Odebrecht confesó en el país por 92 millones de dólares, de un total internacional de 788 millones, y seis meses de que decidió procesar sólo a 7, sin que el caso haya pasado de la fase de instrucción, sin que alguno guarde prisión.

La impunidad prevaleciente determinó una deficiente investigación nacional, contrastando con las de Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y El Salvador donde una decena de presidentes, expresidentes y vicepresidentes han sido investigados, procesados y arrestados tras diligentes indagatorias, las cuales en varios casos demostraron que los sobornos fueron hasta el triple de lo admitido por la constructora.

En el caso dominicano las imputaciones se han basado sólo en lo que Odebrecht ha confesado ante la justicia de Estados Unidos y Brasil, con escasas especificaciones o pruebas fehacientes de sus sobornos en el país para que los jueces puedan dictar sentencias y sólo en dos o tres casos se han reunido evidencias suficientes de enriquecimiento ilícito.

El escándalo desató las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia nacional, expresadas en la Marcha Verde, que pusieron presión al gobierno y sus fiscales, a lo que se atribuyó las imputaciones originales al cabildero de Odebrech y su abogado, y a 12 funcionarios y legisladores en mayo del 2017, pero de esta docena, 8 quedaron liberados 13 meses después, en junio pasado, 3 de ellos miembros del mayor órgano directivo del partido gobernante, mientras se incluyó a un tercero de la oposición política. La percepción generalizada es que se juega al paso del tiempo y la reducción de la demanda de castigo.

El liderazgo dominicano

            La República Dominicana fue el tercer país en los niveles de los sobornos admitidos por Odebrecht, detrás de Brasil y Venezuela, pero el primero en términos proporcionales, de población, territorio y tamaño de la economía. Fue también después de Brasil, el lugar escogido por la constructora para establecer su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que manejaba sobornos y financiamientos de campaña, según confesiones de sus ejecutivos Fernando Miglaccio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha.

Otra implicación particular del país fue que aquí estaban en plena asesoría de la segunda campaña electoral del presidente Danilo Medina Joao Santana y Mónica Moura, identificados múltiples veces como los expertos de Odebrecht en asistencia política, tras sus éxitos en los procesos que llevaron al poder a Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Despachaban en el Palacio Nacional (único caso conocido) hasta el 22 de febrero del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña para ser apresados y procesados.

El ministerio público y los organismos de control se han negado sistemáticamente a investigar los pagos recibidos por Joao y Mónica en el país: entidades sociales documentaron ante la PGR que en los años 2013-14 empresas peruanas de Odebrecht hicieron 16 transferencias por un total de 4 millones 396 mil dólares a la compañía Cine&Art 2013 constituida por los asesores electorales en Santo Domingo. En julio pasado la diputada Faride Raful presentó una certificación de la Contraloría General de la República de que esa empresa y otra de los mismos asesores, Polis Caribe, recibieron contratos del gobierno dominicano por más de mil 300 millones de pesos.

Serias inconsistencias

            El expediente judicial armado por la PGR está cargado de inconsistencias, desde las primeras imputaciones, cuando el procurador Jean Alain Rodríguez  dijo que “están todos los que son y son todos los que están”. A los 13 meses ya no estaban 8 de los 14 imputados, y se agregó un séptimo nuevo, Jesús Vásquez, quien había sido el secretario general del principal partido opositor, uniéndolo a su expresidente Andrés Bautista. Junto al exdirector del INAPA Roberto Rodríguez, y del agente de Odebretch Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga.

Al final, en el expediente que tramita el juez Francisco Ortega hay 3 procesados por sobornos del período de gobierno de Hipólito Mejía 2000-04, incluyendo a 2 que presidieron el Senado cuando se aprobaron apenas 2 de los 17 contratos de Odebrecht, por un 5% de los US$5,957 millones involucrados en las obras. Del período 2004-16, cuando contrataron el 95% con múltiples escalamientos de costos, sólo quedan procesados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el senador Tommy Galán.

Es inconsistente que ostentando el partido gobernante casi todos los senadores y mayoría absoluta de los diputados, tuvieran que sobornar a un solo legislador para aprobar, casi siempre al vapor y unanimidad oficialista, sus mayores contratos, incluyendo el de las plantas de carbón que involucran el 40% del total contratado. De esos años no se imputa soborno a ningún presidente de las cámaras legislativas. Los miembros del Comité Político del PLD, senador Julio César Valentín, Rhadamés Segura, exadministador de la CDEEE, y el exministro Temístocles Montás, imputados en el 2016, quedaron liberados en junio pasado.

Si se quiere otra grave inconsistencia, vale verificar que el centenar de transferencias a cuentas de Rondón, en que se fundamentan las acusaciones de sobornos, fueron realizadas entre el 2007 y enero del 2015, todas durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina y cuando tenían total control de ambas cámaras legislativas.

Sistema de impunidad      

Una demostración de que el caso Odebrecht cabalga sobre el sistema de impunidad prevaleciente en el país, es que a 2 años del escándalo no se hayan realizado las correspondientes auditorías forenses de las obras contratadas, y que la empresa transgresora haya seguido construyendo, amparada en un acuerdo con la PGR homologado por un juez el 19 de abril del 2007, el cual obligaba a la constructora a entregar toda la información que permitiría procesar a los beneficiarios de sus sobornos. Nunca se le ha exigido, por lo que el acuerdo fue bautizado como de silencio e impunidad.

Se creía que la auditoría era fundamental para determinar si hubo sobrevaluaciones que justificaran unos sobornos que la empresa ni la PGR han documentado de forma convincente. En realidad en casi todas las obras hubo escalamientos de precios con adendas a los contratos originales, en algunos casos hasta superiores al 100%, como en las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino y en la circunvalación de La Romana, todas ejecutadas en los gobiernos de Fernández y Medina. Las plantas de carbón no se sabe aún en cuánto terminarán sobre el contrato original de US$ 2 mil 40 millones, pues la constructora reclama otros US$708 millones.

Los ejecutivos de Odebrecht dieron testimonio judicial de que para obtener contratos mediante sobornos y financiamientos de campañas electorales, tenían un patrón de incremento de costos de alrededor del 22 por ciento, lo que en las contrataciones dominicanas implicarían unos US$ mil 119 millones.

Por más vueltas que se le dé al escándalo Odebrecht, lo que asoma es una burlesca impunidad sustentada en el control político de la justicia, en el paso del tiempo y el olvido, y sobre todo en que baje la marea de la Marcha Verde que obligó a las primeras 14 imputaciones, ya luego revocadas en su mayoría.              

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Omisiones y contrastes en la justicia de RD

  • La empresa Odebrecht siguió construyendo
  • La PGR no ha exigido el cumplimiento de su acuerdo con la constructora
  • No se han realizado las auditorías para determinar sobrevaluaciones denunciadas
  • No investigan los admitidos financiamientos de campañas electorales
  • Ignoran testimonios de que Odebrecht operó aquí su departamento de sobornos
  • No se investigan los pagos a los asesores del presidente Medina Joao y Mónica
  • En RD no hay un solo preso, aunque RD lideró el escándalo después de Brasil
  • Hay 3 procesados por el 5% del total contratado, y sólo 2 del 95%
  • Los 2 presidentes del Senado que aprobó el 5% están procesados, ninguno del 95%
  • De 14 originalmente imputados, liberaron 8, tres altos dirigentes del PLD
  • Todas las transferencias a Rondón fueron en los gobiernos del PLD, 2007-15
  • Un solo legislador responsabilizado de los sobornos del 95% contratado
  • Un expediente judicial, cargado de vaguedades y a paso de hicotea

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