Habrá que defender los beneficios de la elección municipal separada

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ

En las últimas semanas han cobrado intensidad los rumores del interés de sectores peledeístas por volver a unificar las elecciones, lo que requeriría una reforma constitucional, por donde también podrían intentar colar el proyecto reeleccionista

                   

Por Juan Bolívar Díaz

            En ámbitos políticos se anuncia como inminente un intento de pactar entre los grandes partidos la reunificación nuevamente de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales para mayo del 2020, lo que requeriría una reforma constitucional para colar la eliminación de la disposición transitoria que impide repostular al presidente Danilo Medina.

Dirigentes del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno (PRM) advierten de  los riesgos de considerar la reunificación de los comicios, por lo menos mientras exista el interés de modificar los postulados constitucionales sobre la reelección, en tanto líderes de partidos alternativos proclaman como fundamental mantener esa reforma de la Constitución del 2010.

Rumor que cobra fuerza

            Desde hace meses se escuchan clamores contra la separación de las elecciones, provenientes de la misma mayoría apabullante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en gran parte integrantes de la Asamblea Nacional que la instituyó en la Constitución promulgada por el presidente Leonel Fernández en el 2010, pero en las últimas semanas ha cobrado renovado impulso, tanto que algunos la ven como parte de los esfuerzos por abrir una brecha por lo menos a la eliminación de la disposición transitoria incluida en la Constitución promulgada por Danilo Medina en el 2015 para posibilitar su segunda postulación presidencial.

En un comunicado publicado el miércoles bajo la firma del diputado Fidel Santana, como presidente del Frente Amplio, se advierte que sectores oficialistas estarían contando con el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para una ley de convocatoria de la reforma constitucional con el pretexto de reunificar las elecciones, pero tratar de colar una brecha al continuismo. Dirigentes de por lo menos otros dos partidos opositores también expresan en privado sus temores de que “sectores perremeistas se dejen atrapar por el interés de volver a las elecciones unificadas”.

Altas fuentes del PRM confirman que han recibido tanteos, pero sostienen que eso no será posible de ninguna manera, “por lo menos antes de las elecciones primarias” que definirían las candidaturas del PLD. Uno de ellos avanzó que personalmente no estaría de acuerdo en volver a las elecciones conjuntas. De otro lado, Alfredo Pacheco, miembro de la dirección ejecutiva del PRM e influyente diputado, autorizó a publicar su rechazo, indicando que la versión “es parte de la rumoreología que difunden los oficialistas en interés de crear confusión”. Fue categórico en que el PRM está firme y unificado en el rechazo a todo intento por modificar la Constitución en la actual coyuntura política.

Arrastre presidencialista

Se atribuye a legisladores peledeístas el intento de ganar adeptos entre sus colegas de la oposición sobre la base de que al ser las elecciones municipales tres meses antes de las congresuales y presidenciales, los que ganen en las primeras ya no harían mucho esfuerzo para ayudarlos a mantener sus curules. Objetan que la Constitución estableciera el 24 de abril como fecha para que asuman los que resulten electos en las elecciones municipales de febrero, porque le estarían quitando más de tres meses al período de 4 años por el que los actuales fueron electos, sin haberlo especificado en una disposición transitoria, alegando que “eso podría crear un conflicto constitucional”.

Los abogados del propósito parten del temor de que una elección municipal adelantada fragmente más los resultados electorales, especialmente del PLD que ha dependido mucho del apoyo de 14 partidos aliados para mantener su control político. De hecho en las elecciones unificadas del 2016, el partido oficialista obtuvo en su boleta del nivel presidencial el 50.2 por ciento de los votos, para bajar en el congresual al 41.7 y caer al 35.7 por ciento en el municipal. Esos temores se intensifican ante los esfuerzos de casi todos sus partidos aliados de unificarse para competir en las municipales, compelidos por la Ley de Partidos que ya no les garantiza la personería jurídica por sacar un regidor, y los obliga a buscarse por lo menos el 1 por ciento en alguno de los niveles de votación, y el más viable sería el municipal.

La situación del PLD podría ser más frágil aún en los niveles locales, donde las confrontaciones entre los seguidores de los dos líderes que se disputan el partido y las candidaturas, podría abrir túneles por donde se cuelen los opositores. En algunos lugares, quienes resulten perdedores en las primarias podrían vengarse no participando en la campaña y hasta auspiciando votos por alternativos, sobre todo si provienen de organizaciones sociales. Los aliados peledeístas agrupados en “Juntos Podemos” han dicho que apostarían hasta el 50 por ciento de las candidaturas municipales y congresuales con dirigentes sociales y comunitarios, mientras la mayoría de los partidos opositores estarían contemplando una “Coalición Democrática”, que combinaría candidaturas de sus dirigentes y de líderes sociales.

Un plebiscito anticipado

            El temor de que los resultados de las elecciones municipales puedan representar una especie de plebiscito anticipado para las presidenciales y congresuales tres meses después, es otro de los factores que motivan el interés por reunificarlas. Sin el arrastre presidencial y con una alta proporción de alcaldes, regidores y directores de distritos que están en ventaja competitiva por los mismos puestos, existe el riesgo de que se materialice un mayor rechazo local. Muchos de ellos han perdido popularidad hasta entre sus propios compañeros de partido, por la generalización del sectarismo grupal.

Los dirigentes sociales que promueven la “Coalición Democrática” político-social parten precisamente de la importancia de las elecciones municipales adelantadas “para reivindicar la importancia del gobierno y el poder local” y proponen apelar a la amplia franja de electores insatisfechos con el partidarismo tradicional, especialmente a las mujeres que protagonizan el activismo comunitario y a los jóvenes. Tres millones de electores están en la franja de 18 a 35 años, y otros dos millones hasta los 50. El objetivo de esa plataforma sería el desplazamiento total del dominio estatal  peledeísta, o por lo menos la reducción significativa del mismo “de abajo hacia arriba”.

Para el PRM el temor al resultado municipal sería menor, porque la diferencia fue de sólo dos puntos entre su voto presidencial y el municipal, de 26.8 a 24.4. El PRSC casi multiplicó por tres el 5.6 por ciento presidencial al registrar 12.7 por ciento en el municipal, a lo que contribuyó que personificó la alianza con el PRM en la candidatura a alcalde del DN de David Collado, que superó a la alianza encabezada por el PLD. Para estos las elecciones separadas implican desventaja en términos de financiamiento de dos campañas frente a un PLD al que le sobren recursos por su hábito de usufructuar los recursos estatales.

Lucha por la supervivencia

Los condicionamientos para mantener la personería jurídica impuestos por la nueva Ley de Partidos (obtener alguna representación y el uno por ciento de los votos en algún nivel) ha creado un escenario más complejo para 15 de los 26 partidos que compitieron en las elecciones del 2016. Como se puede ver en el cuadro anexo, ninguno de estos alcanzó el uno por ciento y sólo dos más del medio por ciento  de la votación en el nivel presidencial, apenas uno pasó del 1 por ciento en el Congresual y sólo tres en el municipal.

Sea con alianzas o sin ella, esos 15 partidos minoritarios tienen que evadir el mismo escenario del 2016, cuando  al menos 11 de ellos hubiesen perdido la personería bajo los nuevos requerimientos. Las perspectivas apuntan una vez más a la bipolarización porque el cansancio del prolongado dominio peledeísta tiende a potenciar el voto útil por la alternativa que aparezca con mayores posibilidades, que hasta ahora sería por segunda vez el PRM, que se estrenó  encabezando una alianza que consiguió el 35 por ciento para su candidatura presidencial.

Desde dos semanas antes de los comicios del 2016 el PRM protagonizó algún nivel de concertación con otros 10 partidos de oposición, pero su apoyo a la Ley de Partidos rechazada por estos, los distanció y ahora resulta más difícil la consecución de acuerdos.

Partidos que promediaron menos del 1% en los

3 niveles de elecciones  en los comicios del 2016

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial              Congresual               Municipal

 

Total

 

Porciento %

De los aliados del PLD          
UDC 0.45 0.55 0.95 1.95 0.65
PCR 0.85 1.13 0.81 2.79 0.93
PTD 0.36 0.50 0.43 1.29 0.43
PPC 0.30 0.45 0.53 1.28 0.43
PAL 0.30 0.39 0.47 1.16 0.39
PASOVE 0.32 0.58 0.47 1.37 0.46
PDI 0.14 0.49 0.44 1.07 0.36
PLR 0.38 0.71 1.02 2.11 0.70
PDP 0.15 0.28 0.21 0.64 0.21
PNVC 0.10 0.24 0.12 0.46 0.15
PRI 0.13 0.24 0.14 0.51 0.17
De los aliados del PRM
DXC 0.64 0.89 1.02 2.55 0.85
Independientes
APD 0.35 0.45 0.28 1.06 0.35
FNP 0.35 0.87 0.46 1.68 0.56
PRSD 0.18 0.47 1.23 1.88 0.63

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  con el boletín final de la JCE  de  las elecciones  del 2016

 

 

Son las remesas, compadre

21_03_2019 HOY_JUEVES_210319_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

            El Centro de Investigación Económica y Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que honra el nombre del inolvidable sacerdote jesuita José Luis Alemán, acaba de dar un garrotazo al sostenido cuento propagandístico que busca fundamentar la eternización en el poder del presidente Danilo Medina, de que con sus llamadas visitas sorpresas ha reducido la pobreza rural a la mitad en apenas seis años, y que casi alcanzamos la autonomía alimentaria.

Las “Reflexiones sobre el impacto de las visitas sorpresas”, publicadas bajo la firma del economista Pedro Juan del Rosario, investigador asociado de ese centro, documentadas en estadísticas oficiales, liquidan los mayores elementos propagandísticos del régimen, sin llegar a cuestionar la validez de una práctica que, si bien implica un acercamiento del presidente Medina a los pequeños productores agropecuarios, ratifica el providencialismo y el paternalismo presidencialista que sostiene la pobreza institucional y la mascarada democrática nacional.

El análisis concluye en que es bajo el impacto positivo de las “visitas sorpresas” en la reducción de la pobreza y la desigualdad, debido a que el factor principal que la explica es el incremento del ingreso laboral, pero que éste está determinado principalmente por ingresos no agrícolas que se generan en actividades urbanas, que la creación neta de empleos en el área agropecuaria resulta negativa en el período 2012-18, y que la producción alimentaria queda lejos  del 85 por ciento de las demanda, como sostuvo Medina en su discurso del 27 de febrero pasado.

Basado en las encuestas nacionales de fuerza de trabajo del Banco Central, el estudio muestra que la desigualdad en la zona rural creció de 0.398 a 0.413 entre el 2012 y 2016, y se redujo de 0.399 a 0.387 entre 2016-17, por lo que no se puede sostener que las “visitas sorpresas” hayan tenido una causalidad positiva, “porque ha predominado un efecto distribución negativo respecto a la reducción de la pobreza”. Hay que recordar que el informe de la CEPAL de enero pasado se basa en los mismos datos para sostener que la República Dominicana fue el país de mayor incremento de la desigualdad entre 2012-16, entre 16 países analizados.

El estudio de la PUCAMAIMA evidencia que la desigualdad rural tuvo mayor incidencia que la urbana, que la mayoría de los ingresos de los residentes rurales se genera en actividades no agrícolas, que el sector agropecuario tiene el peor índice de productividad, que entre 2012 y 15, los agricultores residentes en zonas urbanas crecieron del 22 al 36 por ciento, que los datos oficiales no revelan un dinamismo extraordinario de la agropecuaria desde el 2012 que pueda asociarse a la reducción de la pobreza rural ni en términos de crecimiento ni de empleos.

Fundado en datos del Banco Central, de la Dirección de Aduanas, del BID y de la FAO, el estudio concluye que la autonomía alimenticia está lejos del 85 por ciento en que la cifró Danilo Medina, quedando en 60.6 por ciento ya que en el 2017 las importaciones  representaron el 39.4 por ciento del gasto en alimentos estimado en 281mil millones 878 mil pesos.

La propaganda de que las “visitas sorpresas” son la varita mágica de Medina pretende fundamentar “la necesidad” de su prolongación en el poder, con una inversión de 98 mil millones de pesos. Si con eso ha logrado reducir la pobreza rural a la mitad en sólo 6 años, bien vale que se le deje gobernar otros tantos para que acabe de una vez y para siempre con ese lastre nacional. Bastaría con sólo otros 2 mil millones de dólares en bonos.

Si algo ha reducido la pobreza en el país en la última década, son las remesas de los dominicanos que se fajan en el exterior, que en los últimos 8 años crecieron en 77 por ciento, y en 42 por ciento en los últimos 5, alcanzando 6 mil 500 millones de dólares en 2018. Entre el 2014 y 2018 las remesas registradas sumaron 27 mil 230 millones de dólares, que si les suman las informales, personales y por paquetes de bienes superan los 32 mil millones de dólares, es decir 16 veces la inversión de las visitas de Danilo.

El aporte de las remesas es una enorme contribución al ingreso monetario de las familias rurales y urbanas de clases bajas y medio bajas, sin el cual el país estaría en la prángana total. Los 6 mil quinientos millones de dólares del año pasado equivalen a 325 mil millones de pesos, más de la mitad de los ingresos nacionales y mucho más que los 262 mil 400 millones de pesos gastados en salarios del gobierno nacional y de los organismos autónomos y la seguridad social.-

 

La mitad de los partidos podría perecer por la nueva normativa

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La mitad de los partidos podría

perecer por la nueva normativa

Una veintena de los 27 partidos que participarían en las elecciones del 2020 corren riesgo de perder su personería jurídica, por la Ley de Partidos que endurece las exigencias para su subsistencia y les reduce el financiamiento estatal y por la institución del voto preferencial para regidores y vocales municipales  

Por Juan Bolívar Díaz

Con las normativas que establece la nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 33-18, doce de los 26 partidos que participaron en  las elecciones generales del 2016 hubiesen perdido su personería jurídica, con el agravante de que ahora las condiciones para recuperarla son mucho más gravosas y es menor el financiamiento estatal.

La mayor anticipación con que ahora hay que registrar las alianzas electorales se constituye también en un rompecabezas para esa forma tradicional de subsistencia de la mayoría de las agrupaciones políticas, las cuales tendrán que centrar su subsistencia principalmente en las adelantadas y separadas elecciones municipales, que serán en febrero próximo y en la búsqueda de candidaturas uninominales.

Verdadera ley del embudo

La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 33-18, promulgada en agosto pasado se ha constituido en una verdadera “ley del embudo” que hace más difícil la subsistencia de los partidos políticos minoritarios y alternativos, con el agravante de que también establece más condiciones para obtener o recuperar la personería jurídica.

Entretenidos como tuvieron durante más de un año por la discusión sobre el tipo de padrón para las elecciones primarias, aparentemente ni los partidos minoritarios cayeron en cuenta a tiempo de que la normativa que se configuraba se constituía en una “verdadera ley del embudo”, que ratificaba la distribución del  80 por ciento del subsidio estatal en partes iguales, sin ninguna escala, entre los que hayan obtenido más del 5 por ciento de los votos válidos de la última elección, sin especificar en cuál de sus niveles. Así el PLD, PRM, PRSC y PRD reciben cada uno lo mismo que el conjunto de los restantes 23 partidos reconocidos.

Pero el 20 por ciento a distribuir entre los que reciban menos del 5 por ciento de los votos, sí fue dividido en escalas, en el artículo 61 de la Ley 33-18. Entre los que hayan conseguido entre 1 y 5 por ciento se distribuye el 12 por ciento, que si se calcula sobre el nivel presidencial sólo beneficiaría a Al País, PHD, MODA y al BIS. Se adicionarían Frente Amplio, PUN y PQDC si la JCE decide aplicarlo en proporción de los tres niveles de votación. Y el 8 por ciento restante iría a los que hayan obtenido menos del 1 por ciento de los votos válidos, que serían 18 partidos, si es por el nivel presidencial, y 15 por el promedio.

A esta mayoría de los partidos se le reduce el subsidio en más de la mitad, ya que en la ley anterior se les distribuía entre todos por igual el 12 por ciento y sólo el 8 en función de la votación. La Ley 33-18 no contempla nada para los nuevos partidos, a diferencia de la anterior que los igualaba a los pequeños, lo que implica desigualdad para los emergentes, que esta vez ya agregaría a Opcion Democrática, con cinco solicitudes pendientes. La JCE aún no ha decidido cómo distribuirá a partir de este año el financiamiento estatal, pues hay quienes reclamarían que hasta que pasen las elecciones no se puede alterar la suma con que ya contaba la mayoría.   

Obligatorio 1% de los votos

Donde está el mayor desafío a los partidos minoritarios es en las condiciones para mantener su personería jurídica. En la Ley Electoral anterior 275-97, se establecía la condición de tener afiliados al menos el  2 por ciento de los votos de la última elección presidencial para solicitar reconocimiento, y la misma proporción para no perderlo. Pero el artículo 65 lo mantenía si el partido obtenía alguna representación en los niveles congresual o municipal.

La Ley Electoral 18-33 disminuye ambos porcentajes al 1 por ciento de los votos de la última elección, pero su artículo 75 consigna también la representación como condición para mantener el reconocimiento jurídico. Ahora se pierde por cualquiera de las dos condiciones, no obtener el 1% o no conseguir representación congresual o municipal. Las alianzas con los partidos grandes garantizaban conseguir al menos un regidor para mantener la personería, como ocurría generalmente. Otra diferencia, esta positiva para los minoritarios, es que en la ley anterior el porcentaje mínimo era del nivel presidencial, y ahora establece del “presidencial, congresual, municipal o de distrito municipal”. Ese o define.

En uno de los cuadros anexos se puede advertir que mientras el partido mayoritario (el PLD), obtenía 50.2% en el nivel presidencial, caía al 41.7 en el Congresual y al 35.7 en el municipal. El PRM también caía su votación propia del 26.8, presidencial, al 20.4 congresual, para repuntar al 24.4 en el municipal. El PRSC ascendía vigorosamente del 5.6 al 9.1 y 12.1 respectivamente. El PRD también subió, del 5.8 presidencial al 7.8 en los otros dos niveles. Todos los demás, excepto Al País, e inclusive los que fueron aliados a partidos mayoritarios, consiguieron más votación en los niveles congresual y municipal.

Apostar por los municipios

            Los resultados anteriores al 2016 marcan la misma pauta, por lo que la apuesta de los partidos minoritarios tiene que centrarse en la elección municipal, que esta vez antecederá en tres meses, en febrero, a la presidencial y congresual, fijadas para mayo del 2020. El mapeo por provincias y municipios permite establecer los lugares donde los partidos mayoritarios tienen menos dominio local, a menudo determinado por luchas internas insuperables, y ahí es donde los minoritarios tienen que apostar fuertemente, tanto para alcanzar el 1 % en algún nivel como para obtener representación congresual o municipal.

Los partidos minoritarios aliados al PLD han hecho consciencia de la situación y tienen actualizado el mapeo local y las luchas internas de los grandes, buscando colarse con una alianza que han denominado “Juntos Podemos”, que los comprometería sólo en los niveles congresual y municipal, porque están conscientes de que el apoyo al partido dominante en el presidencial, podría depender de quién sea su candidato. Unos prefieren a Danilo Medina y otros a Leonel Fernández, sin que falte alguno que pudiera irse con el PRM.

En Juntos Podemos hay varios que favorecen la candidatura presidencial de Fernández, como el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), la Fuerza Nacional Progresista (FNP), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC y el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), que tienen representación congresual y municipal.

Candidaturas uninominales

Los partidos minoritarios tienen otra dificultad para sobrevivir bajo el nuevo ordenamiento electoral, al entrar en vigencia el voto preferencial por regidores y vocales municipales, porque antes se les garantizaba representación, aunque fuera mínima, porque todas las candidaturas municipales eran indivisibles. Ahora los militantes de los partidos mayoritarios tenderán a votar por sus compañeros de partidos, dejando en desventaja a los aliados pequeños. Eso pasa hace años con el voto preferencial por los diputados.

Así las cosas, los partidos minoritarios que pacten con los grandes tendrían que hacerlo en base a cargos uninominales, como vicepresidente, senador, alcalde o director municipal, para tener mayores posibilidades de salvar su personería jurídica, consiguiendo representación, aunque sea en un pequeño municipio o distrito municipal. Pero también deberán agenciarse el 1% de los votos nacionales en alguno de los niveles. Una ventaja sería conseguir personificar la alianza en municipios o distritos donde lleven la candidatura a alcalde o director. En tal caso se le sumarían los votos de todos los electores que no marquen preferencia por regidores y vocales, y elevarían su “votación propia”. Debe recordarse que aún aliados a cada partido se le contarán los votos que se marquen en sus boletas para fines de la personería jurídica y el subsidio estatal.

Para eso y especialmente para determinar la fuerza de las candidaturas a senadores, será importante la reglamentación que haga la JCE de la nueva Ley del Régimen Electoral, que es contradictoria al efecto, porque mientras por un lado los artículos 104 y 267 parecen ratificar el tradicional arrastre, por otro los artículos 92 y 130 definen cuatro niveles indivisibles de votación: presidencial, senatorial, de diputados y municipal. Varios expertos sostienen que con tales artículos sería indispensable establecer la separación del voto por diputados y senadores.

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El calendario dificulta las alianzas

Hasta el calendario dificulta las alianzas en que tradicionalmente se han refugiado la mayoría de los partidos para mantener su reconocimiento legal. En la anterior Ley electoral las alianzas se podían registrar hasta 75 días antes de las elecciones. Pero el artículo 57 de la Ley 33-18 establece un límite del 20 por ciento de las candidaturas que los partidos pueden reservar para alianzas. Y que tendrán que ser notificadas a la JCE a más tardar 30 días antes del inicio de la precampaña electoral.

Como este año la precampaña inicia el 6 de julio, el límite para registrar alianzas será el 6 de junio, es decir 8 meses antes de las elecciones municipales y 11 meses antes de las presidenciales y congresuales. En la práctica eso significa que restan menos de tres meses para la negociación de alianzas, con cargos específicos. El límite del 20 por ciento dificulta las alianzas o coaliciones múltiples, teniendo en cuenta que los partidos mayoritarios también suelen reservar cargos para dirigentes partidarios y personalidades independientes a quienes no se les puede garantizar una candidatura mediante votación interna.

El panorama apunta a las incertidumbres, comenzando por los grandes desafíos de la elección primaria con diversos padrones, a la que se acogieron cinco partidos políticos, incluyendo tres de los mayoritarios, aunque uno, el PRD sólo para el candidato presidencial. Pero si algo luce posible es una drástica reducción de los partidos políticos, porque también será más difícil volver a conseguir la personería, ya que la ley 33-18 establece que tendrían que tener organismos operando en todos los municipios, y antes era sólo en los cabezas de provincias.-

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Partidos que promediaron  más del 1% en los 3 niveles

de elección en comicios del 2016

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial              Congresual               Municipal

 

Total

 

Porciento %

PLD y aliados          
PLD 50.22 41.79 35.76 127.77 42.59
PRD 5.86 7.83 7.84 21.53 7.18
MODA 1.18 2.12 1.69 4.99 1.66
BIS 1.00 2.11 2.26 5.37 1.79
PRM Y aliados
PRSC 5.62 9.16 12.17 26.95 8.98
PHD 1.30 1.29 0.98 3.57 1.19
PRM 26.82 20.43 24.48 71.73 23.91
F.A 0.60 1.06 2.07 3.73 1.24
Independientes  
PQDC 0.44 1.35 1.51 3.30 1.10
PUN 0.12 3.16 1.45 4.73 1.58
AL-PAIS 1.83 1.47 0.98 4.28 1.43

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  en base a los resultados finales

y el orden de la JCE de  las elecciones  del 2016

 

Partidos que promediaron menos del 1% en los 3 niveles

de elección  en los  comicios del 2016

   

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial  Congresual   Municipal

 

Total

 

Porciento %

De los aliados del PLD          
UDC 0.45 0.55 0.95 1.95 0.65
PCR 0.85 1.13 0.81 2.79 0.93
PTD 0.36 0.50 0.43 1.29 0.43
PPC 0.30 0.45 0.53 1.28 0.43
PAL 0.30 0.39 0.47 1.16 0.39
PASOVE 0.32 0.58 0.47 1.37 0.46
PDI 0.14 0.49 0.44 1.07 0.36
PLR 0.38 0.71 1.02 2.11 0.70
PDP 0.15 0.28 0.21 0.64 0.21
PNVC 0.10 0.24 0.12 0.46 0.15
PRI 0.13 0.24 0.14 0.51 0.17
De los aliados del PRM
DXC 0.64 0.89 1.02 2.55 0.85
Independientes
APD 0.35 0.45 0.28 1.06 0.35
FNP 0.35 0.87 0.46 1.68 0.56
PRSD 0.18 0.47 1.23 1.88 0.63

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  con el boletín final

y  el orden de la JCE  de  las elecciones  del 2016

 

 

 

 

 

 

 

Babel en la política dominicana

14_03_2019 HOY_JUEVES_140319_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

La maldición bíblica de la Torre de Babel parece signar la actividad política nacional contribuyendo a que cada vez sea mayor la proporción de dominicanos que desconfían de los partidos y sus líderes, especialmente los jóvenes que en alta proporción sólo sueñan con emigrar a otros lares en busca de mejores alientos de vida y esperanza.

Las encuestas han mostrado hasta la saciedad que más de dos tercios de la población desconfía de la política y que los partidos figuran entre las instituciones menos apreciadas, en porcentajes que oscilan entre 16 y 24 por ciento, pero nuestros políticos rehúsan darse por enterados y se confortan con que  todavía el 70 por ciento acude a las elecciones.

Están jugando con fuego, porque la experiencia regional indica un descalabro del partidismo político, con la desaparición o reducción de los que dominaron por décadas, como el PRI y el PAN en México, Adecos y copeyanos en Venezuela, el APRA y Acción Popular en Perú, el peronismo en Argentina, liberales y colorados en Colombia, Liberación Nacional en Costa Rica, y lo mismo en Panamá, Guatemala, El Salvador, Ecuador, y Bolivia. En muchos casos el declive de los partidos ha dado paso a inestabilidad y crisis política e institucional.

Es impresionante la algarabía que registra la política dominicana, por ejemplo que en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estén discutiendo todavía si celebrarán sus elecciones primarias con padrón abierto, cerrado, semi abierto o semi cerrado, siete meses después que ellos mismos impusieron la Ley de Partidos 33-18 que estableció modalidades específicas, y cuatro meses después de decidir que se acogerían al padrón abierto, para que todo el que esté en el registro nacional de electores pueda votar en la elección de sus candidatos.

Hace 9 días los peledeístas sorprendieron anunciando la posibilidad de utilizar el padrón semi abierto o semi cerrado, resultado de la exclusión de los ciudadanos que estén inscritos en otros partidos, modalidad que no incluyeron en la ley, tras años de debates y algarabías, aunque había precedentes de su uso en el país. Pero entre ellos hay disparidad, unos dicen que sólo es una propuesta y otros que fue decidido. Pero ahora en el Comité Político, variando la opción adoptada en noviembre por su  Comité Central, que según la ley 33-18 es el órgano autorizado, por nombre y apellido, para decidir.

Los argumentos para renunciar al padrón abierto son ridículos, como ese de que los opositores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podrían decidir las candidaturas del PLD. Asombra que no sepan que las instituidas primarias simultáneas, organizadas por la Junta Central Electoral, no permitirían doble voto. El PRM decidió padrón cerrado, es decir que sólo sus miembros elegirán sus candidatos. No podrán volver a su mesa o colegio para votar por las candidaturas del PLD. Sólo podrían hacerlo dejando de votar por los de su partido, y sería absurdo que quienes disputan sus candidaturas manden sus militantes a votar por otro partido.

Tampoco podrían votar por las candidaturas del PLD los militantes de los otros partidos que han optado por las primarias simultáneas, es decir, el PRD, Alianza País y Opción Democrática, a menos que quieran reducirlos o liquidarlos. Los que sí podrían votar en las primarias peledeístas son los militantes de los partidos que no se acogieron a las primarias simultáneas, llamados a elegir mediante asambleas en fechas diversas. Como están en el padrón nacional, nadie les puede objetar si se presentan a votar por candidatos del PLD. Pero eso lo sabían quienes bregaron más de un año por imponer el padrón abierto.

Otra sinrazón es la afirmación de que los del PRM están inscribiendo sin su consentimiento, es decir fraudulentamente, a “cientos de miles de peledeístas”. La lucha interna impediría una maniobra tan absurda, que les traería graves consecuencias si sólo algunos cientos demuestran que los inscribieron sin su consentimiento. Pero además, para qué si no van a concurrir a votar y sólo serviría para reducir la proporción de sus propios militantes, lo que no podría ser ocultado al ser la JCE quien cuenta los votos y emite resultados.

Esos ruidos son una distracción absurda, cuando llega a la mitad el mes en que se espera que el presidente Danilo Medina cumpla el plazo que se dio para informar si buscará la reelección que le prohíbe su propia Constitución, o si la reformará de nuevo “pagando el precio que sea necesario”, desde luego con los recursos del Estado, para perpetuarse en el poder.-

 

Ese Procurador debería irse

07_03_2019 HOY_JUEVES_070319_ Opinión8 APor Juan Bolívar Díaz

            El desaguisado, desacierto y agravio a toda la sociedad en que incurrió el lunes el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en sesión televisada del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), fue de tal magnitud que generó un rechazo instantáneo y casi unánime y debería provocar su renuncia o ser destituido para reparar la ofensa, no sólo a la magistrada Miriam Germán Brito, sino a toda la sociedad dominicana.

La dimisión o la cancelación sería la consecuencia del enorme desvarío de un funcionario de su categoría en cualquier democracia de siquiera mediana intensidad, pero como aquí no prevalece el menor respeto por las normativos, las leyes, y hasta la Constitución de la República, no hay razones para esperar que ocurra a menos que la indignación se traduzca en un clamor general, siguiendo el curso marcado por 16 organizaciones de mujeres y diversas personalidades.

El Procurador Rodríguez se descalificó por el ensañamiento con que trató a la magistrada Germán Brito, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, uno de los más acreditados símbolos de la honorabilidad judicial, pero también por las siguientes razones:

1.- Violó el  Reglamento 1-19, para la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura que este órgano adoptó apenas el 4 de febrero último para la evaluación de las candidaturas a integrar la Suprema Corte de Justicia, cuyo artículo 26 indica el   plazo en que pueden presentarse objeciones y  especifica que “cuando el Consejo le atribuya mérito, en principio, a una objeción o reparo, comunicará la misma al aspirante de que se trate para que en un plazo de 24 horas se pronuncie sobre el particular”.

2.- Jean Alain se comió el Párrafo I del mismo artículo, donde se establece que las objeciones “nunca podrán ser anónimas y deben contener los datos de quienes las formulan”. También el Párrafo II, donde se dispone que las objeciones “deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas”. Y el Párrafo III que ordena su presentación “bajo los mayores niveles de confidencialidad”.

2.- Como miembro del CNM, Alain Rodríguez fue de los firmantes del reglamento, y su comportamiento indica que lo burló, o ni siquiera conocía sus postulados, algo imperdonable en un Procurador General de la República.

3.- Comprometió al presidente de la República y del CNM, Danilo Medina, tanto que muy pocos creen que no fuera enterado por anticipado sobre los cargos denigrantes que él formularía contra una honorabilidad judicial. Y si no le anticipó, lo ha dejado como cómplice ridículo del desaguisado, al no haber impugnado tales violaciones al reglamento y al derecho constitucional a la legítima defensa, como le correspondía. Contrastó la actitud del presidente Medina con la que adoptó en la misma sesión al defender al magistrado Moscoso Segarra ante una objeción no moral, sino política.

4.- Jean Alain incurrió en un delito al difundir  evidencias de que la magistrada Germán Brito estaba sometida a espionaje ilegal, y demostró escasa capacidad investigativa, quedando en ridículo por las respuestas de la cuestionada, quien explicó que la “villa de lujo” que le atribuía era una herencia, en gran parte paterna, a un hijo con cierto grado de discapacidad, y no un testaferro. Y por  posteriores aclaraciones como la del reputado jurista Cristóbal Rodríguez, de que era a su oficina y no a la de un abogado del imputado Diaz Rúa, a quien Germán Brito enviaba paquetes de libros y discos.

Vale reconocer los gestos de dos destacadas mujeres. Primero la diputada Josefa Castillo, miembro del CNM, quien sin ser abogada, salió en defensa de los principios, y de la jueza Katia Miguelina Jiménez, quien retiró su candidatura a la Suprema Corte, indignada por el trato “vejatorio y humillante” a la magistrada Germán Brito. Ojalá se levanten miles para rechazar que Jean Alain generalice la discapacidad moral del ámbito en que ejerce su poder.

Ah, y si el Procurador trató de vengarse porque Miriam Germán opinó que las imputaciones originales a 14 personas, con las que él encubrió el escándalo Odebrecht, necesitaban investigación para rebasar sus vaguedades, también falló, porque un año después él mismo le dio la razón cuando ocho de aquellos fueron liberados del proceso judicial.-

 

 

 

 

La oposición no debería depender de que predomine Danilo o Leonel

09_03_2019 HOY_SABADO_090319_ El País11 A

Aunque la percepción general es que resulta muy difícil vencer los intentos reeleccionistas que siempre implican todo el poder del Estado, hay quienes creen que si el presidente Medina se impone sobre Leonel Fernández, habrá más posibilidades para la oposición   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En ámbitos de la oposición política ha surgido el debate sobre a cuál le convendría más que predominara en la lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que protagonizan en términos casi dramáticos el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.

La percepción generalizada indica que es más difícil enfrentarse a la reelección del presidente, que siempre implica el abuso total del Estado, que a un candidato alternativo, pero en lo que parece haber consenso es en que la oposición no debe depender de que se defina la pugna Danilo-Leonel y dejar que prosiga el enfrentamiento casi total entre ellos.

La necesaria concertación

            Los partidos de oposición, especialmente el Revolucionario Moderno (PRM), que aparece como la mayor alternativa en la percepción general y la encuestas, tienen como primer responsabilidad compactarse y superar las pequeñas guerrillas internas, cosa difícil estando por delante la definición de más de cuatro mil candidaturas, y tratar de concertar una gran coalición para enfrentar a un partido que ha gobernado cinco de los últimos seis períodos, con un dominio del Estado y de la sociedad casi de corte dictatorial.

Hay abundante consenso, y lo expresa la propuesta de Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, en que sólo una gran concertación política y social, que conecte con las mayores insatisfacciones y demandas de la población, podrá crear la sinergia imprescindible para vencer el inmovilismo y atraer a un alto porcentaje de la ciudadanía que tiene escasa credibilidad en los partidos políticos y percibe al peledeísmo como invencible. Ninguno de los partidos opositores por sí solo, y ni todos juntos, podrán superar los abusos del Estado sobradamente demostrados en los comicios del 2012 y 2016, sin comprometer a la sociedad organizada.

Tendrían que hacer oposición firme no sólo al gobierno de turno, sino al PLD como responsable de que en casi dos décadas no se haya podido resolver ninguno de los problemas básicos, que ellos pregonaban como superables en dos o tres años: educación, salud, electricidad, agua potable, alcantarillados, transporte, pobreza, narcotráfico, delincuencia e inseguridad, frontera y muy especialmente la corrupción y la impunidad.

Que siga la confrontación

            Sería errático que la oposición actuara en función de lo que perjudique o beneficie a Danilo o Leonel en la presente coyuntura, cuando ambos encarnan la misma corporación política, generadora de beneficios económicos y sociales sin precedentes, y por tanto muy consciente de la necesidad de mantener reglas que les permitan prolongarse infinitamente en el poder, o por lo menos hasta el bicentenario de la República, 2044, como plantea Fernández.

En el 2012, Leonel tuvo que guardarse los 2 millones de firmas que le entregaron en carretillas para que inventara una fórmula que violara su Constitución del 2010 y permitir que su rival corporativo Danilo Medina fuera el candidato. Como las encuestas daban ganador a Hipólito Mejía seis meses antes de la votación, el presidente Fernández anunció en Nueva York que invertiría 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo de su partido, y casi cuadruplicó la cifra, con un déficit fiscal superior a los 150 mil millones de pesos. Y Danilo fue presidente.

En el 2016, Leonel volvió a ceder para darle una segunda postulación al presidente Medina, ésta vez acordando una reforma constitucional que le prohíbe ser candidato de nuevo, pero la vendetta alcanza tal nivel que los danilistas sólo ven salvación cerrándole el paso a Leonel, quien por experiencia propia sabía lo que venía y desde el 2017 se lanzó a la calle para promoverse y hacer difícil la ruptura del pacto que hace cuatro años evitó la división.

Ahora el llamado a ceder será Danilo. Lo indican todas las encuestas, donde la oposición a otra reforma constitucional oscila entre 60 y 79 por ciento, 71 en la última Gallup-HOY. El análisis de la situación indica que si Danilo desconoce el pacto que impidió la división en el 2015, ésta vez será inevitable. Y están llegando al punto de no retorno, porque la confrontación se expande por el territorio, mientras Leonel moviliza miles de seguidores en cualquier acto, aunque sea la circulación de un libro, esta semana, o la desmesura de 32 libros en febrero.

Oposición a la reelección

Hay que dejar que ellos resuelvan o disuelvan. Las condiciones están dadas para lo segundo, pero es más previsible que predomine lo primero, ésta vez con un nuevo pacto para garantizar la integridad de la corporación política, impuesto de nuevo por quienes  prefieren mantenerse en el poder, más allá del interés inmediato de los dos máximos ejecutivos. Así como en el 2016 los vientos agitados por Leonel soplaban en favor de Danilo, ahora los agita Danilo, pero en dirección inversa, porque o cumple el pacto o se rompe la baraja.

Un planteamiento en discusión es que la oposición no debe embarcarse en una cruzada antireeleccionista, porque beneficiaría a Leonel en la confrontación de la corporación política. Ello implicaría abandonar una posición casi de principio, sobre lo nefasta que es la reelección para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. No le pueden dejar la anti reelección a un reeleccionista como Leonel, que reformó la Constitución para poder volver luego de tres períodos, y que intentó desconocer su propia carta magna en post de un cuarto.

Sería no sólo incoherencia, sino que generaría confusión al permitir que el expresidente ocupe el liderazgo de la oposición al continuismo de Danilo, cuando él tiene amplias posibilidades de predominar y luce que sería el continuista a ser enfrentado. Claro que muchos mantienen la teoría de que la presidencia lo puede todo, por lo que cantan el réquiem de Leonel, quien esta vez tendría que ser aplastado por completo, con todo el poder del Estado, lo que a las alturas de la confrontación, generaría una división y el mejor escenario para sustituir la corporación. Para evitarlo, podría predominar la advertencia del lúcido Felucho Jiménez: “la reelección está difícil, ninguno de los otros le gana a Leonel, pero éste no gana (la presidencia) sin el apoyo de Danilo; en consecuencia tenemos que entendernos o es pa¨fuera que vamos”. Cuál entre Danilo y Leonel

El mayor riesgo de que el Estado-Danilo aplaste a Leonel es la división, pero si se produce con tiempo, los incentivos económicos, los contratos, postulaciones y promesas podrían ayudar a recomponer el partido, aunque no sea en su totalidad. Ya el presidente dijo el 27 de febrero que está “dispuesto a pagar el precio que haga falta”, sin rendirse, para servir a la patria, “como nos obliga el llamado de la historia”.

El desguañangue institucional sería mayúsculo y probablemente sellaría un todos contra el predestinado, pero si éste usa el Estado para aplastar los de adentro, qué no hará a la hora de vencer a una oposición incoherente. Afianzaría la percepción fatalista de que “el presidente lo puede todo”, aunque no es cierto por las experiencias de Balaguer en 1978, los guzmancistas en 1982 e Hipólito Mejía en el 2004.

Si predomina Leonel, aún con un acuerdo político, la reunificación del PLD sería más difícil, y la irrupción del Estado en la campaña electoral menor, incluso podría haber boicot, a menos que sea bajo una previa reforma para volver a la Constitución del 2010, que restringiría a un solo período y alentaría la ilusión de los danilistas de volver en el 2024. Leonel sería un candidato también difícil de vencer, pero con la más alta tasa de rechazo en todas las encuestas, 22%, con 20 Hipólito, 15 de Danilo y 4% de Abinader, en la Gallup-HOY de octubre. El y sus principales ayudantes tendrían menos cosas positivas que exhibir después de tres periodos que Danilo con dos, aunque el hastío va ahora mismo contra este.

En cualquier caso, el poder del Estado en la campaña, la manipulación de los posesionarios de dos millones de tarjetas de subsidios, en gran proporción desvalidos, la abundancia infinita de recursos económicos, la posibilidad de crear decenas de miles de empleos temporeros, más de 30 mil en el 2016, el control de miles de comunicadores y la capacidad de comprar volverán a ser la diferencia. Sobre todo si se juega a la reelección.-

Danilo de tropiezo en tropiezo

El mayúsculo escándalo protagonizado por el Procurador General de la República en la evaluación de la jueza Miriam Germán y las evidencias de que se le espiaba y hasta se pidió y obtuvo la interceptación ilegal de su teléfono, embarraron al mismo presidente Medina, presente y sin reaccionar en su condición de titular también del Consejo Nacional de la Magistratura, y mostraron de nuevo que anda de tropiezo en tropiezo político.

Hasta en el propio gobierno hay alarma por las repercusiones del escándalo, agravado con explicaciones tan insostenibles como esa de que no sabían que el teléfono que se pedía intervenir era el de la presidenta de una Cámara Penal de la Suprema Corte. Es que cuando se marcha cuesta arriba las posibilidades de caídas y el cansancio son mayores. Buscan a toda costa asesorías para desviar la atención del sacudimiento generado por las graves violaciones al estatuto y la majestad del mayor órgano de la justicia, del derecho a la legítima defensa, y de groserías como la de la “villa de lujo” atribuida al mayor símbolo de la pulcritud judicial dominicana. Tal vez a eso obedece que el jueves abrieran juicio por el asesinato del abogado Juniol Ramírez hace un año y cinco meses. Pero la exclusión de responsabilidad en el crímen del director de la OMSA, como tantas veces se había anticipado, también genera indignación.

La situación generada, más la sorpresiva propuesta de cambiar el padrón abierto optado por el PLD para elegir sus candidatos por uno semi-abierto que excluiría a quienes estén inscritos en otros partidos, y distrae la atención abriendo un nuevo debate, parecen alejar las posibilidades de que Danilo Medina diga en este marzo, como prometió, si intentará burlar su propia Constitución. A menos que ya esté convencido de que los riesgos son muy altos

El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección

El pais.El presidente de la República Danilo Medina, se dirige a la nación desde la Asamblea Nacional, para rendir cuentas de las ejecutorias de su Gobierno durante el 2018.Hoy/Pablo Matos        27-02-2019

Con un discurso triunfalista que esboza un programa gubernamental de largo alcance con reformas que no ha logrado en 7 años, Danilo Medina dio el banderazo para intentar una nueva postulación a la presidencia que pondría en juego la institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El metamensaje del discurso de Danilo Medina ante el Congreso Nacional ha sido descifrado casi a unanimidad como el banderazo que inicia una ofensiva para buscar la brecha por donde pueda colarse una nueva postulación a la presidencia de la República, lo que pondría en juego la institucionalidad democrática y tal vez hasta la estabilidad económico-social.

Después de pintar un país a punto de superar la pobreza, sin abordar los déficits, endeudamiento y corrupción, el mandatario esbozó un programa de gobierno que supera con mucho los  15 meses que le quedan del mandato, incluyendo reformas que no ha podido emprender en 7  años, con una plegaria de abnegación y disposición a seguir sacrificándose.

Evidente tufo continuista

El discurso de este 27 de Febrero rebasó con mucho el informe de la gestión del año pasado, de orden constitucional, y se constituyó en un recuento de siete años de gobierno, con planes para otro cuatrienio, con un tono triunfalista que magnifica sus éxitos y reclama continuidad. Con 2 horas y media, supera en 30 minutos el del 2016 cuando daba inicio a su segundo período gubernamental consecutivo, y en 20 minutos los de los años 2017 y 18.

Cuando parecía agotado su extenso recuento de éxitos en sus casi 7 años de gobierno, Medina invitó a su audiencia a reflexionar “acerca de quiénes somos como nación, de dónde venimos y, sobre todo a donde queremos llegar”. Con un discurso bien diseñado discurre unos 10 minutos advirtiendo que “todos los esfuerzos pueden perderse de un plumazo”, para recordar los sacrificios y esfuerzos que ha realizado en la presidencia, y proclamar que “casi 7 años más tarde les digo nuevamente: estoy aquí para lo difícil. Sí para lo difícil”. Y entonces pronunció la frase mágica: “Estoy primero, día tras día, hora tras hora. Dispuesto a pagar el precio que haga falta, por servir a nuestra Patria”.

Medina quiso ser más efusivo y expresivo todavía, por lo que dos minutos después, casi atropellando las palabras por el cansancio de su largo discurso, habló como si no entrara en su último año de gobierno y buscara un nuevo mandato: “ustedes ya me conocen. No vengo a traerles trucos de magia, planes faraónicos ni palabras grandilocuentes. Soy un hombre sencillo que ama a su trabajo y su país. Nada Más”. Y cerró con estas perlas: “Elijo intentar nuevos caminos, buscarle la vuelta a los problemas, pero no rendirme jamás”… “Acompáñennos a seguir haciendo Patria juntos”… “No será un camino fácil, es cierto, pero es el único que vale la pena recorrer”… Como nos obliga el llamado de la historia”.

El crecimiento económico

Una vez más la tasa de crecimiento económico ha sido el factor más positivo del gobierno del PLD, que ha promediado 5.5 por ciento en 19 años, y lo más aprovechado en los recuentos y la propaganda. El año pasado con 7 por ciento, mientras la inflación quedaba en menos del 2 por ciento y con bastante estabilidad cambiaria.

Sobre esa base Danilo Medina, como antes Leonel Fernández, reclama un éxito grande en reducción de la pobreza, y aunque los organismos internacionales le dan algún crédito no tanto, al seguir estimando que el país está entre los de mayor crecimiento económico sostenido en 60 años, pero con una distribución tan desigual que no logra traducirse en mejoramiento considerable de los indicadores del desarrollo humano, entre los últimos 10 de 34 de la región, medido por los ingresos salariales, y la calidad de los servicios básicos de educación y salud. Peor cuando le adicionan agua potable, electricidad y transporte público.

Para justificar las altas cifras de hasta millón y medio rescatados de la pobreza y reducida la extrema pobreza casi hasta la desaparición, las nuevas metodologías han creado la categoría de “personas en condición de vulnerabilidad”, donde quedarían gran parte de los beneficiarios de subsidios que promedian 1,500 pesos por familia, y hasta ese 60 por ciento de los asalariados formales e informales, (éstos últimos el 59 por ciento) con ingresos inferiores a los 13 mil 400 pesos en que está estimado el costo de la canasta familiar del quintil poblacional más pobre.

Medina tiene base para reclamar méritos por haber acogido el clamor de mayor inversión en educación, (aulas, estancias infantiles, alimentación escolar) aunque todavía lejos de alcanzar la calidad mínima, y en servicios como el 911 y en el circuito vial. En los dos informes anteriores prometió concluir la remodelación y ampliación de 56 hospitales que inició sin planificación hace 6 años, pero todavía le quedan una veintena, incluyendo los mayores de la capital y Santiago. Las altísimas tasas de mortalidad materno-infantil, constituyen un baldón.

Demagogia continuista

            En varias fases del discurso presidencial del miércoles parecía que iniciaba un período, por la cantidad de planes anunciados, incluyendo reformas tan importantes como las de la Ley de Seguridad Social  y el Código Laboral, barajadas durante años y difíciles de materializar. Tanto que vio con fuerza el diálogo entre empleadores y sindicalistas, aunque éstos acababan de rechazar viejas demandas empresariales. Igual anunció un Plan de Mejora Regulatoria, una Ley de Marco Nacional de Cualificaciones y una Estrategia Nacional de Innovación. Pero evadió referirse a los pactos Fiscal y eléctrico, mucho más trascendentes y dispuestos desde meses antes que iniciara su gobierno en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

En su séptimo año, Medina dispone de golpe un incremento del 95 por ciento en el salario mínimo del sector público, de 5 mil 117 pesos, y en escala hasta los 30 mil pesos, lo mismo que las pensiones del Estado, en 80 por ciento también de 5 mil 117 pesos, aumentándolas en 60 por ciento. En ambos renglones totalizarían más de 100 mil personas y otras 70 mil si incluyen los trabajadores municipales, gran parte de ellos con menos de 5 mil pesos. Todo sin siquiera mirar hacia la Ley de Salarios del Sector Público, promulgada por el mismo Medina en su primer año de gestión. Esa erogación no fue presupuestada para este año y el presidente no dijo cómo la financiaría, lo que implica pura demagogia.

En el discurso aparece un mandatario preocupado por la paridad de género, aunque sólo tiene tres mujeres en el gabinete y altos cargos, y una impresionante cantidad de planes para ejecutar en beneficio de los jóvenes, incluyendo asegurar un primer empleo a 5 mil, menos del 1 por ciento del estimado de 600 mil que no pueden estudiar ni trabajar.

Discurso muy deficitario

            El rechazo al optimismo, la demagogia y las exageraciones del discurso fue generalizado, y el primer balde de agua fría lo recibió el presidente de inmediato, en el tedeum al que acudió en la catedral, cuando el Obispo auxiliar de Santo Domingo, Benito Angeles, abogó por los derechos y la dignidad de los trabajadores y por “una nueva luz que apague las oscuridades del mal, expresadas en la impunidad, la corrupción, la violencia, la inseguridad ciudadana y la indolencia”. Todavía fue más explícito al pedir que “encendamos las luces de una nueva esperanza ante los desafíos inéditos de nuestro tiempo que involucran las desigualdades sociales, las carencias de oportunidades, la inequidad y la injusticia”.

El presidente había presumido de una disminución a la tercera parte de la criminalidad, y citó el informe 2018 de la CEPAL que acredita al país una de las mayores reducciones de la “pobreza monetaria”, en los últimos años, pero ignoró que el mismo documento señala la RD como el único de los 14 países analizados donde la desigualdad creció entre 2014 y 2016.

El discurso presidencial fue deficitario en materia del gasto, de los déficits fiscal y comercial, del endeudamiento estatal a ritmo de casi 10 millones de dólares por día que preanuncia insostenibilidad fiscal, ni a los servicios básicos. No incluyó tampoco la menor referencia a la corrupción y la impunidad que han levantado la mayor movilización ciudadana de la historia nacional. Tampoco a los municipios a los que sustrae dos terceras partes del 10 por ciento de los ingresos nacionales que le asigna la ley, ni a la situación de la justicia.

Institucionalidad democrática        

Con un discurso de eminente corte continuista, el presidente Medina no podía incluir la menor referencia a la institucionalidad democrática, a la separación de poderes en que se fundamenta el Estado de Derecho, ni al respeto que debe a la Constitución y las leyes, en gran proporción reducidas a puras sugerencias. El proyecto reeleccionista fue preanunciado por su poderoso secretario administrativo, José Ramón Peralta, quien días antes dijo que sólo Danilo Medina garantiza la continuidad del PLD en el poder, y tras el discurso, el ministro de Hacienda y también muy cercano, Donald Guerrero, dijo que el presidente tiene un gran compromiso con  la bonanza que el país exhibe y si le piden la reelección sería muy difícil negarse.

El escenario para el discurso incluyó la movilización de varios miles de personas, en autobuses, muchos uniformados en vestuario y pancartas, para reclamar la continuidad de Medina, sin que se vislumbre cómo será superado el muro de la prohibición constitucional, ni el de la resistencia de una buena proporción de su propio partido, cuya integridad parece en juego, mucho menos el de la opinión pública nacional, donde un 70 por ciento se pronuncia en contra.

Ernesto Selman, vicepresidente del empresarial Centro de  Estrategias Económicas Sostenibles, y miembro del Comité Central del partido gobernante, advirtió esta semana que otra reforma constitucional podría generar incertidumbre entre los agentes económicos locales e internacionales. Mientras en múltiples círculos sociales predomina la preocupación por las implicaciones que tendría para la institucionalidad democrática y la estabilidad socio-política y económica. El presidente dijo que está haciendo historia, y la haría mayor si se convierte en el primero en lograr tres períodos presidenciales consecutivos y en reformar dos veces la Constitución para prolongarse en el poder.-

¿Por qué esperar al PRM?

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Por Juan Bolívar Díaz

Si fue un absurdo pretender que el principal partido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM) corriera apresurado a firmar un pacto eléctrico del que no hizo consenso, en una apresurada convocatoria de 48 horas después de 15 meses archivado, más inexplicable es que ahora no se le ponga en vigencia. Si el pacto es tan útil para superar los 50 años de atraso energético del país, y si lo quieren los grandes intereses empresariales, que lo apliquen ya.

La realidad es que el Pacto Eléctrico, como el Fiscal y el Educativo, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, promulgada en enero del 2012, es decir hace más de siete años. El de Educación resultó relativamente fácil desde que el presidente Danilo Medina honró el compromiso contraído con la sociedad civil en la campaña electoral del 2012 y acató la Ley General de Educación que destina al sector el 4 por ciento del producto bruto interno.

Al comienzo de su primer gobierno, en agosto del 2012, el mandatario convocó a la discusión del Pacto Fiscal, pero tan pronto los sectores empresariales y sociales exigieron algo más que otra de las múltiples reformas tributarias, el gobierno recogió y por la puerta de atrás  negoció con los más complacientes empresarios otro incremento impositivo cargado al consumo. Más de seis años después el Pacto fiscal sigue como simple sugerencia en vez de un mandato legal, porque no están dispuestos a recortar el enorme dispendio clientelista y rentista y  la creación de enormes fortunas en que se fundamenta el dominio político y social.

En enero del 2015, ya diseñada la campaña reeleccionista, el gobierno de Medina inició con entusiasmo las discusiones del Pacto Eléctrico con la participación de los sectores empresarial, sindical, social y político, bajo la cobija del Consejo Económico y Social (CES).

Justo un año después, en enero del 2016, el PRM anunció que se retiraba del intento de concertación porque el gobierno persistía en ignorar los reclamos de información y transparencia y el abordaje de asuntos fundamentales, como las enormes pérdidas de las distribuidoras de energía, a causa del desbordamiento del empleo y el gasto superfluo. Sus dirigentes dijeron que bajo ninguna circunstancia se prestarían a blindar, ni legitimar los contratos grado a grado, la opacidad del financiamiento de Punta Catalina, la violación a la ley general de electricidad y otras maniobras ilegales parecidas.

Sin el PRM, las discusiones para el pacto prosiguieron todo el 2016 y el 2017, con el disenso de todo el sector social y aún de una parte del empresarial. Hasta que en noviembre de ese año se anunció que en diciembre sería firmado. Durante 15 meses se cuestionó al gobierno sobre el destino del Pacto Eléctrico, hasta que el 18 de febrero pasado el presidente del CES, Agripino Núñez, convocó a su firma el día 20 “con la presencia y participación del excelentísimo Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez.

La convocatoria fue tan intempestiva que su mismo texto señalaba que quien no pudiera asistir podría firmar el pacto durante el resto de la semana. Ni siquiera el sector social ni grupos empresariales inconformes estaban dispuestos a participar en ese montaje a la medida del interés  del presidente Medina de atribuirse un éxito energético en su inminente discurso político de “rendición de cuentas”.

La politiquería gubernamental es la norma en nuestro endeble armazón social e institucional, sobre todo si hay por medio un nuevo proyecto continuista, pero lo que no se puede entender es que el alto empresariado pretendiera responsabilizar a la oposición política por los infinitos yerros, tan elementales como no haber transparentado los costos de las plantas de carbón, que rondan los 3 mil millones de pesos, o que las empresas estatales del sector eléctrico tengan 6 años sin presentar estados financieros auditados, como manda la ley. O que todavía el presidente Medina esté dando poderes para comprar energía sin el concurso legal.

El PRM se anotó un punto con su negativa a prestarse de comparsa, como corresponde a una oposición política responsable. Y dejó plantados a quienes quisieron chantajearlo, los mismos que luego excusan sus incoherencias y complicidades bajo el alegato de que aquí no hay oposición. Lo justificó el comunicado de la Secretaría de Energía del PLD pidiendo una reanudación del diálogo para dilucidar los disensos, que consideró “muy importantes”.-

 

Grupos políticos y sociales promueven coaliciones para diversificar el poder

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La propuesta más ambiciosa es la de la Coalición Democrática que pretende una sinergia político-social para desplazar al PLD, pero también una decena de partidos compelidos por las nuevas leyes persiguen alianzas de sobrevivencia en los niveles congresual y municipal   

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Nunca antes en el proceso democrático nacional se habían registrado tantos esfuerzos por alianzas o coaliciones de partidos para unas elecciones generales, determinados por el dominio político del Estado logrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por el cansancio generado por sus cinco gobiernos de los últimos seis a partir del 1996 y por la Ley de Partidos.

El proyecto más ambicioso se expresa en la llamada “Coalición Democrática por un Gobierno de Regeneración Nacional”, que pretende una conjunción de toda la oposición para desplazar al PLD del gobierno o por lo menos reducir su monopolio del poder, pero muchos partidos minoritarios buscan también unirse para no desaparecer por las nuevas normativas.

Muchos buscan alianzas

Desde el año pasado se plantean alianzas de partidos y sociales para desplazar al PLD del gobierno, promovidas por la experiencia de los comicios del 2012 y 2016, cuando el partido gobernante avasalló abusando de todos los recursos del Estado para afianzar un dominio electoral sin precedentes, que se extiende a las más diversas instancias sociales mediante mecanismos de cooptación como repartos de cargos, subsidios, contratos y exenciones.

Casi todos los partidos de oposición han formulado planteamientos sobre la necesidad de unirse para enfrentar “al monstruo” que domina la sociedad, entre ellos el Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Alianza País, Frente Amplio, Opción Democrática y Dominicanos por el Cambio. Todos estos y otros cinco pasaron más de dos años en un esfuerzo de concertación, pero sufrieron un tropiezo cuando los dos primeros y mayores apoyaron la Ley de Partidos promovida por la facción peledeísta del presidente Danilo Medina.

Partidos que no se aliaron en el 2016, aunque tienen posiciones políticas similares, como Alianza País y Opción Democrática, ahora persisten en constituir una coalición, aunque tuvieron un tropiezo cuando la Junta Central Electoral les rechazó su propuesta de ir coaligados desde las elecciones primarias a celebrarse el 6 de octubre próximo. Estos tratan de atraerse a otros como el Revolucionario Social Demócrata, el Partido Humanista y Dominicanos por el Cambio.

Por otro lado se mueven una decena de partidos, aliados del PLD, pero que buscan conformar una alianza para las elecciones municipales y congresuales, compelidos por la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que les ha puesto más difícil su sobrevivencia jurídica. Están dispuestos a ofrecer la mitad de las candidaturas a dirigentes sociales para atraerse votación.

La Coalición Democrática

El proyecto más ambicioso es el de la Coalición Democrática (CD) proclamada el 11 de noviembre en Santo Domingo por unos 500 militantes sociales y replicada posteriormente por otros 300 en Santiago, así como en otras ciudades, sobre la base de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social.

Los lineamientos de la CD están contenidos en 20 prioridades políticas e institucionales y económico-sociales con el objetivo de rescatar la institucionalidad democrática, combatir la corrupción y la impunidad, contener el proceso de insostenibilidad fiscal, restablecer la posibilidad de competencia electoral y echar las bases para un nuevo modelo de desarrollo que estimule la competitividad, el desarrollo y la equidad en la distribución del ingreso.

Como no se trata de una nueva organización política, sino un espacio de concertación, la Coalición trabaja sin publicidad, aunque sí lo hacen varios de los grupos que la integran como el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Bien Común y el Congreso Cívico, con ramificaciones en múltiples regiones y en Nueva York y Florida. Los informes disponibles indican que ya han constituido una mesa de concertación con la mayoría de los partidos de oposición, en la que los lineamientos básicos han tenido absoluto consenso.

La CD parte de la necesidad de unir partidos políticos y dirigentes sociales en torno a candidaturas de los mejores cuadros de los partidos y provenientes de los grupos sociales para generar una sinergia que supere el inmovilismo y el pesimismo de amplios segmentos que han perdido confianza en el partidismo político, bajo las premisas de que se  unen ahora o habrá peledeísmo por muchos años. En la opinión pública prevalece la convicción de que la unidad de la oposición crearía un nuevo escenario de competencia electoral.

El proyecto Juntos Podemos

Una docena de partidos minoritarios están empeñados en crear su propia coalición y también convencidos de que si se juntan con grupos sociales y ciudadanía, lograrán una representación significativa en los municipios y el Congreso Nacional, compelidos por las nuevas normativas de la Ley de Partidos que deja sin personaría jurídica a los que no alcancen el uno por ciento de la votación, aunque obtengan algún  cargo legislativo o en los ayuntamientos, como era hasta ahora.

En Junto Podemos confluyen la mayor parte de los 14 partidos que fueron aliados al PLD en las elecciones del 2016, pero quieren incorporar a otros de oposición para alianzas en las elecciones municipales de febrero del 2020, que serían una especie de referéndum para las de tres meses después. A la cabeza aparece José Francisco  Peña Guaba y su Bloque Institucional Social Demócrata que en el 2016 logró ganar la senaduría de San José de Ocoa, en una alianza variopinta, incluso contra el PLD, a quien sin embargo apoyó al nivel presidencial.

Han tenido la habilidad de realizar un mapeo nacional partiendo de las debilidades provinciales y municipales de los partidos dominantes, especialmente del PLD, ya manifiestas en los resultados del 2016. En esos comicios la votación propia del PLD, sin sus 14 partidos aliados, fue de 50.2 por ciento en el nivel presidencial, pero cayó al 41.7 en el congresual y a 35.7 en el municipal. Juntos Podemos no se define como un proyecto de oposición al PLD, sino de supervivencia política, y deja a quienes lo integren en libertad de decidir a qué candidato presidencial respaldarán. Sus principales promotores son funcionarios del actual gobierno.

Un oligopolio político

Aunque en las pasadas elecciones participaron 26 partidos políticos, e igual número están habilitados para el 2020, aparte de otros cuatro que persiguen reconocimiento, el sistema político tiene una tradición oligopólica, descansando casi siempre en dos, desde el 2016 el PLD y el PRM. El PRSC y el PRD, completan  “los mayoritarios”, porque superaron el 5% del sufragio.

A diferencia de lo ocurrido en  toda América Latina, en el país no ha habido emergentes que rompan abruptamente el dominio político, y de hecho apenas dos candidatos alternativos han rebasado el 1 por ciento en elecciones presidenciales en el “período democrático” iniciado en 1978, Elías Wessin con el 1.89 en 1982 y Guillermo Moreno, con 1.37 y 1.83 en 2012 y 2016.

Ha habido candidatos presidenciales de izquierda, como Narciso Isa Conde, Rafael Fafa Taveras, Max Puig, José González Espinosa y Raúl Pérez Peña.  De derecha como Vincho Castillo, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, Francisco Augusto Lora, Pedro Candelier y Luis Julián Pérez. Del centro como César Estrella Sadhalá, Eduardo Estrella, Rafael Abinader, Roberto Saladín o Hatuey de  Camps. También dirigentes populares como Ramón Almánzar y el sacerdote Antonio Reynoso. Como se puede advertir en el cuadro anexo, de 32 candidaturas presidenciales, sólo dos superaron el uno por ciento y tres el 0.50.

Esos resultados tan concentrados no son por falta de méritos, que en muchos sobraban, sino por un sistema político hecho a la medida de los dominantes, por el financiamiento público y privado, por el clientelismo y el abuso de los recursos públicos de los que han usufructuado los poderes del Estado.

Una ley agravante

La ley de Partidos 33-18 agrava la situación de los partidos minoritarios, algunos de los cuales llevan múltiples elecciones adheridos a los dominantes para mantener la personería jurídica. La nueva normativa los pone contra la pared, porque antes bastaba con que obtuvieran algún cargo congresual o municipal, en una alianza para mantener su reconocimiento, pero ahora se requiere que también obtengan al menos el 1 por ciento de la votación.

Si se mide por los resultados de las elecciones del 2016, sólo 12 de los 26 partidos hubiesen mantenido el reconocimiento, al haber obtenido más del 1 por ciento en los tres niveles de elección, presidencial, congresual y municipal. Con el agravante de que ahora los requisitos para nuevos registros son mayores: según el artículo 15 de la Ley 33-18, el 2 por ciento de los votos de la última elección, y tener organismos de dirección y operando en cada municipio. A diferencia de cuando fueron habilitados la mayoría de los partidos, que había un mercado de listados para avalarlos, ahora la JCE verifica por muestreo la validez del apoyo ciudadano.

La nueva legislación también contiene dificultades para los pequeños, como el límite del 20 por ciento de candidaturas para alianzas, aunque hay una contradicción entre la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral. Esta última parece abrir espacio a las coaliciones, más allá de las alianzas, cuando en sus artículos 168 y 269 plantea que “para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad”. Juristas como Francisco Alvarez Valdez y Fernando Henríquez entienden que la coalición supera el límite de las alianzas y podría permitir mayores posibilidades de candidaturas comunes, pero eso dependerá del reglamento que habrá de dictar la JCE.

El tiempo también pone límites, porque según la ley 33-18 y su reglamento, las alianzas   y coaliciones tienen que definirse el 7 de junio, según la Ley 33-18.-

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    Resultados obtenidos por los candidatos alternativos

                          Elecciones Presidenciales 1978-2016

 

Candidato                             partido                     año             votos          %

Guillermo Moreno                 Alianza País            2016           84,399     1.83

Elías Wessin Chávez              PQDC                     2016           20,403     0.44

Pelegrín Castillo                     FNP                        2016           16,283      0.35

Minou Tavárez M.                  APD                       2016           16,256      0.35

Hatuey de Camps                   PRSD                     2016             8,264     0.18

Soraya Aquino                        PUN                       2016              5,678     0.12

Guillermo Moreno                Alianza País           2012           62,290     1.37

Eduardo Estrella                   DXC                        2012             9,340      0.21

Julián Serulle                       Frente Amplio         2012            6,550      0.14

Max Puig                               APD                           2012             5,064      0.11

Eduardo Estrella                 PRSD                        2008           19,309      0.47

Guillermo Moreno              MIUCA                    2008           18,136      0.44

Pedro J. Candelier               PAP                         2008              6,118      0.15

Rafael Flores Estrella          FR                            2004              4,737      0.13

Ramón Almánzar                PNA                          2004             4,195      0.12

Raúl Pérez Peña                  PAD                          2004              1,834     0.05

Ramón Almánzar                    PNA                     2000               5,961     0.19

José González Espinosa       PTD                     2000               6,138     0.19

César Estrella Sadhalá         UNIDO                  2000               3,359     0.11

José R. Abinader                  ASD                      1996                3,907     0.13

Antonio Reynoso                  MIUCA                  1994              22,548    0.75

Marino V. Castillo                 FNP                      1990                 5,956     0.31

Roberto Saladín                   PPC                     1990                 4,196     0.22

Marino Vinicio Castillo        FNP                      1986                 6,502     0.31

Jorge Martínez Lavandier  PDN                      1986                  1,197     0.06

Elías Wessin                       PQD                      1982                33,991    1.89

Narciso Isa Conde              PCD                      1982                11,180     0.62

Rafael  Abinader                ASD                       1982                  8,879     0.49

Rafael Fafa Taveras           IU                          1982                  5,906    0.33

Francisco A.  Lora              MIDA                     1978                13,300    0.81

Narciso Isa Conde             PCD                       1978                  9,828    0.59

Luis Julián Pérez              MSN                       1978                7,782     0.47

Elaborado por Juan Bolívar Díaz

 

 

 

 

Pobreza, corrupción e inseguridad

21_02_2019 HOY_JUEVES_210219_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque los funcionarios públicos lo niegan sistemáticamente y aún con la reducción de la tasa de homicidios que indican las estadísticas oficiales, la percepción de que se incrementa la delincuencia y la inseguridad en el país es ya generalizada, constituyéndose en una de las mayores preocupaciones nacionales y trasciende al ámbito internacional, como quedó manifiesto en la reciente advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Así como es un craso error ignorar la creciente inseguridad, lo es también pretender que el problema se resuelve con simple “mano dura”, que en sentido general quiere decir matar delincuentes pobres en los barrios. Más engañoso aún es la propensión de los segmentos de mayor edad a soñar con los tiempos del jefe, cuando la población rondaba la tercera parte de la actual, con dos tercios en las zonas rurales y cuando en los barrios urbanos todos se conocían.

No es por casualidad que la criminalidad en general y la correlativa inseguridad son mayores en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Jamaica, Haiti y República Dominicana. Es que está asociada a la pobreza, a las extremas desigualdades, debilidades institucionales, corrupción e impunidad. También a la promoción de falsas ilusiones, como por ejemplo las 30 mil bancas legales de apuestas y loterías y más del doble que se estima operan ilegalmente, en detrimento de los más pobres y menos educados.

Hay una propensión a atribuir los altos niveles de delincuencia a los dominicanos deportados desde Estados Unidos, es una forma de esconder la cabeza, como el avestruz, buscando una falsa explicación y rehuyendo la realidad de que esta sociedad es una gran fábrica de delincuentes. Debería bastar con las estadísticas para advertir que la inmensa mayoría de quienes cometen asaltos y robos, a menudo con crueles asesinatos, son menores de 30 años, que no han salido del país. No se trata de delitos de alta tecnología, sino de vulgares asaltos, a punta de cuchillos y pistolas que proliferan cada vez más, a nivel individual o en bandas que se la buscan a cualquier precio.

Hasta que no cambiemos la actual estructuración social no recuperaremos la seguridad, aunque volvamos a llevar a más de 400 anuales las brutales ejecuciones de reales o sospechosos delincuentes, que a menudo derivan en asesinatos vulgares, incluso de inocentes, y que terminan embruteciendo y pervirtiendo las fuerzas del orden público y la seguridad, frecuentemente vinculadas a la criminalidad.

No habrá seguridad para nadie en esta sociedad, mientras el 22.5 por ciento de los jóvenes, ahora mismo unos 600 mil, no tengan oportunidad de estudiar ni de alcanzar un empleo y ellos perciban que los privilegiados no respetamos las normas sociales y que una proporción significativa de los que administran la cosa pública se aprovechan y se apropian lo que debería permitir mayores oportunidades sociales. Habrán desertado de la escuela en el nivel secundario, pero no serán ciegos ni sordos para no ver ni escuchar sobre las extremas injusticias del ordenamiento social. Para muchos de ellos el narcotráfico y el asalto serán su oportunidad.

La criminalidad seguirá en incremento mientras cantemos que somos la sociedad de mayor crecimiento económico, pero al mismo tiempo una de las más desiguales del continente, donde las capas privilegiadas exhiben impúdicamente sus riquezas y dan riendas sueltas al consumismo. Los signos exteriores de la acumulación de riquezas generan efectos de frustración, resentimiento, odio, venganza y violencia.

Así mismo, la impunidad ante la enorme corrupción, manda el mensaje de que cada quien tiene derecho a buscársela como se le ocurra, sin respeto a ninguna norma y sin temor a las consecuencias de sus actos. La enorme acumulación de expedientes de saqueos y de crímenes atribuidos a grupos de poder político, económico, militar o policial es un estímulo a la descomposición general.

La criminalidad y la inseguridad persistirán hasta que no hagamos conciencia de que urge empezar a reparar las tantas ventanas rotas de nuestro edificio social para reivindicar el orden y el respeto a las normas éticas, sociales y legales que permiten la convivencia armónica de los seres humanos.-