Discurso en la Proclamación de la Coalición Democrática por el Cambio

Juan Bolívar Díaz

Foto: Acento.com.do

Señor Luis Abinader, Candidato presidencial de la Coalición Democrática por el Cambio

Señor Hipólito Mejía, expresidente de la República

Doctora Milagros Ortiz Bosch, exvicepresidenta de la República

Señoras y señores dirigentes de los Partidos Revolucionario Moderno, Revolucionario Social Demócrata, Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio,  y Alianza por la Democracia

Señoras y señores dirigentes y militantes de las agrupaciones Movimiento Independiente por el Rescate Democrático, Congreso Cívico, Bien Común, Conciencia Nacional y muchos otros llegados desde todo el país.

Compañeras y compañeros:

 Agradezco sinceramente la encomienda de proclamar hoy aquí la Coalición Democrática por el Cambio.

Venimos de un largo proceso de concertación de lo que se configura como la mayor alianza político-social de carácter electoral de la historia política nacional.

Esta Coalición Democrática por el Cambio y la Regeneración Nacional que hoy proclamamos tiene la particularidad de ser fruto de la conjunción de  preocupaciones de dirigentes políticos y de agrupaciones sociales, de profesionales, académicos y activistas vinculados a las luchas por el 4% del PIB para la educación, por la protección del medio ambiente y rescate de riquezas mineras y a la inmensa movilización de la Marcha Verde contra la corrupción y por el fin de la impunidad.

Hace ya un año se elaboró el anteproyecto de Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico Social, concertadoen una decena de encuentros sociales celebrados en todas las regiones del país, y luego con los partidos políticos preocupados por cambiar el derrotero en que se encuentra la nación.

Aquí estamos hoy, líderes de 6 partidos políticos afines en planteamientos programáticos y prácticas democráticas y  dirigentes de otras agrupaciones políticas y sociales, en especial de las tres entidades que iniciaron el camino: el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, el Congreso Cívico y Bien Común. Así como personalidades de todos los ámbitos de la sociedad.

 Estamos aquí para comprometernos en el rescate de la política como la actividad digna de ocupar la atención de los seres humanos, que planteó el fundador Juan Pablo Duarte. Para recoger y recomponer  los pedacitos de institucionalidad democrática que nos va dejando la mayor corporación para la expoliación de la nación de nuestra historia. Venimos al rescate de la independencia de los poderes del Estado, en que se sustenta la democracia. Pero también de la independencia de  los sindicatos, de las academias, de las organizaciones gremiales y profesionales, comunitarias, y hasta políticas, subordinadas, cooptadas y divididas por la rapacidad gobernante. 

Estamos aquí para exorcizar los demonios de la corrupción y su secuela de impunidad que sustraen una alta proporción de los recursos que genera nuestro pueblo. Que según estudio del BID nuestra malversación representa el 3% del PIB, este año 165 mil millones de pesos. Estamos convencidos de que la corrupción generalizada desde arriba se reproduce en la delincuencia común, que ambas son responsables de la inseguridad ciudadana y que no habrá seguridad para nadie en el reinado de la impunidad.

Hemos llegado aquí para levantar la dignidad nacional ante las evaluaciones internacionales que sitúan nuestro país en el liderazgo en corrupción pública y en falta de ética empresarial, en poca transparencia, en  desconfianza en la justicia, en la policía, en la actividad política, en déficit democrático. Aparecemos también en los últimos escalones en calidad educativa, en inversión y calidad de la salud, en mortalidad materno-infantil, embarazos de adolescentes y matrimonio infantil, en cantidad de instituciones burocráticas, en proporción de empleados públicos por habitantes y hasta en feminicidios. Todas estas y muchas otras afrentas rebasan los niveles soportables de vergüenza.

Estamos aquí pretendiendo iniciar una gran revolución social. Sí, la revolución del imperio de la ley, de los preceptos fundamentales plasmados desde la primera Constitución de la República y ampliados al ritmo de nuestro tiempo. Es sobre el respeto a la institucionalidad democrática y a nuestros pactos y compromisos sociales que podremos abrir los surcos claros para que quepan todos los sueños, los de los padres fundadores, y de quienes durante  175 años han regado con sangre, sudor y lágrimas nuestros valles y montañas.

Ahí están los diagnósticos que, como diría el genial FreddyBerasGoico, nos dejan desnudos en medio de la calle y con las manos en los bolsillos, absurdamente desconcertados, cuando escuchamos que este es de los países de mayor crecimiento en casi seis décadas de incipiente democracia. Pero al mismo tiempo de los que más hemos desperdiciado las oportunidades de traducirlo en desarrollo humano, por los altos grados de corrupción,  malversación y concentración del ingreso que generan extrema desigualdad.

Nos deslumbramos con el auge de construcciones y de los vehículos, pero al completar la segunda década de este siglo, todavía el 45% de nuestras viviendas no tienen agua potable dentro, y dos tercios sufren apagones que van desde una a 16 horas diariamente. Nos hacen recordar la estrofa merenguera de comienzo del siglo pasado: “ya Santiago tiene lo que no tenía, una planta eléctrica y agua en tubería”. Pero Santiago, como el resto del país, tiene cientos de miles  de plantas eléctricas e inversores, y de cisternas para agenciarse esos servicios vitales, y comprar agua de botellones y por tanques.

Pregonamos un falso desarrollo y crecimiento económico, porque se fundamenta en el endeudamiento y en las remesas demás de dos millones de dominicanos que huyeron del país en 6 décadas, y que este año están enviando 7 mil millones de dólares, que hoy significan 364 mil millones de pesos, más de la mitad de todos los ingresos fiscales del año y 20% más que todo lo que paga el Estado en sueldos, pensiones y subsidios sociales.

¡Qué visitas sorpresas ni visitas sorpresas!, que han representado una inversión de 42 mil millones de pesos en 7 años, 6 mil millones anuales, apenas el 2% del monto de las remesas en este 2019. Pura propaganda política. 

El otro falso fundamento del crecimiento económico pregonado es el endeudamiento, especialmente por 11 años consecutivos de déficits fiscales, que sobrepasaron la deuda pública consolidada, incluyendo la flotante y la clandestina, de los 55 mil millones de dólares, más del60% del PIB. Eso significa que cada dominicano que nace ya no llega con un pan o un plátano bajo el brazo, sino con una factura por 5 mil dólares, o 260 mil pesos. Porque en los últimos 19 años la deuda pública consolidada creció en 968%.

Entre los grandes desafíos del gobierno de regeneración nacional que propugnamos están las reformas y ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera de la nación, evitando que la bomba de la deuda nos explote en las manos y que empuje a cientos de miles de dominicanas y dominicanos a peores niveles de pobreza. El saneamiento no podrá implicar recesión, sino reorientación del gasto, supresión de la franja de corrupción y malversación, de las duplicidades, del rentismo y del clientelismo.

En nuestros lineamientos incluimos verdaderas políticas sociales que mejoren la calidad de vida en: agua potable, vivienda, transporte, salubridad, y medio ambiente, sin atar ni adormecer las conciencias de los más vulnerables, promoviéndolos para que liberensus fuerzas espirituales y para que se levanten y anden por sus propios medios.

El rescate que concebimos es integral, de todo el territorio, teniendo como base el municipio con su ayuntamiento, eje transversal del desarrollo y la institucionalidad democrática, haciendo más justa la inversión pública, privilegiando las zonas de más apremios. Ninguna nación ha podido lograr apreciables niveles de desarrollo e institucionalidad sin una efectiva política de descentralización, basada en sus recursos y atributos naturales, históricos y culturales.Esto implica una política de relacionamiento activo entre el gobierno central y los gobiernos locales bajo el compromiso de la ley, de la transparencia, la eficiencia y la participación social comunitaria.

Lo que nos proponemos es un nuevo tipo de alianza, una real coalición política que reivindique la autoestima de la ciudadanía e incorpore plenamente a los jóvenes, y a la mujer dominicana que supera cada vez más su histórica subordinación y alcanza mayor proporción que los hombres en la capacitación profesional. Ellas tienen que ser el centro de nuestras políticas, son nuestras madres, hermanas, hijas, esposas. Son las compañeras en la hora inicial y en la final de la existencia. Tenemos que liberarlas de toda esclavitud, de la discriminación, de la violencia machista.

Hace falta convencer a los jóvenes que ellos son la sal de la tierra y que tienen que sacarse el avión y la yola dela cabeza, porque las fronteras de la migración se están cerrando y aquí es donde tendremos que edificar un futuro auspicioso para todas y todos.

Tenemos que liberar a los que han sido subyugados por las tarjetas plásticas promovidas por la práctica clientelista,que nomejora la calidad de los servicios sanitarios de la mayoría y cuyas dotaciones son apenas boronas que se dejan caer de la mesa de quienes confiscan el futuro de los más pobres.

Hay que sacudir y convencer a los indiferentes, reanimar a los pesimistas y resignados, conmover a los que tienen un  medio de vida, pero  rodeados de pobreza, de frustraciones, de abandono y atropellos.

Nuestro objetivo es empeñar todas las fuerzas espirituales de nuestra sociedad para ganar las elecciones de febrero y mayo del próximo año. No será una tarea fácil porque la corporación gobernante ha roto todas las reglas de la competencia democrática y se prepara una vez más para utilizar todos los recursos del poder para mantenerse gobernando y saqueando impunemente. Porque han convertido en principio fundamental la aberración de que el poder es para usarlo y que no se cede. Desde ya toda la oposición y todas y todos los dominicanos preocupados por la convivencia y la decencia política tenemos que erguirnos para decirle al presidente Danilo Medina que él no puede ganar las elecciones, como proclamó, porque no es candidato, que no tiene derecho a retorcer las reglas para hacer campaña electoral. Que eso no se permite en ninguna democracia.

Sería una extrema irresponsabilidad permitir que se repitan las iniquidades e inequidades políticas del 2012 y del 2016, cuando todo el gobierno fue involucrado en las campañas electorales duplicando el gasto en publicidad, disparando los déficits fiscales con 33 mil empleados temporeros, y cuando 39 ministros y altos funcionarios fueron jefes locales de campaña, abusando de los recursos del Estado, yextorsionando a diestra y siniestra para gastar diez veces más que todas las opciones alternativas juntas.

También hay que hacer saber a los responsables de los órganos electorales que están obligados a cumplir los preceptos constitucionales que les responsabilizan de equidad, transparencia y libertad en las competencias electorales. ¡Que no podemos asistir a otra feria de compra y venta de votos, como la que vimos en las recientes elecciones primarias! ¡Que a nadie le queden dudas de que aquí esta vez jugamos limpio o se rompen las barajas!

Por todas partes el cuerpo social muestra fatiga por los desmanes del poder, con claros indicios de que llegó el final. ¡Porque el cambio va y el PLD se va!

¡El cambio va!Esas tres palabras nos resultan particularmente memorables. Porque fueron exactamente las tres palabras del título que encabezó la portada del diario El Sol, que yo dirigía, en la madrugada del 17 de mayo de 1978, cuando las juntas electorales habían sido ocupadas y el cómputo paralizado por las hordas que pretendían eternizarse en el poder.

De nuevo ¡el cambio va! Y no para arriar las banderas democráticas en aras del caudillismo que aplasta las instituciones. Va con un Congreso plural, que deberá cumplir su función de legislar y de fiscalizar al Poder Ejecutivo, con legisladores que no reproduzcan privilegios. El cambio va con un gobierno consultivo y participativo. Va para recuperar la independencia de la justicia, del ministerio público, de los órganos de control y para garantizar posibilidades de competencia democrática en los sucesivos procesos electorales.

En una docena de encuentros realizados por todo el país nos han preguntado una y otra vezqué garantía tenemos de que no pasaremos de un simple cambio de presidente y de partido. Y le hemos respondido que nadie nos va a firmar un certificado de garantía. Que la garantía la ponemos todosy todas con nuestra participación decidida. Que se sacudan y no sigan sentados en el quicio de la casa viendo pasar el funeral de la patria. Que la participación social, sin reclamar cargos electivos o ejecutivos,  nos dará energías y calidad moral para exigir a los políticos que cumplan los compromisos empeñados.

Estamos juntándonos con lo mejor de la política, y animamos a los que faltan en esta coalición a que salgan de la zona del puritanismo, de la auto-exclusión, y que arrimen sus hombros para el gran convite político-social al que estamos convocando.

Nos anima el hecho de que tenemos un candidato presidencial que no juega con cartas marcadas, ni pretende ser pitcher, cátcher y bateador al mismo tiempo. Que con un discurso firme y racional, fundado en valores y principios democráticos, viene pregonando un programa de gobierno y enarbolando preceptos éticos, con sensibilidad para promover la justicia y la inclusión.

A nuestro candidato algunos le encuentran un gran defecto, dicen que no le ven suficiente carisma, que la gente no se arrodilla ni inclina la cabeza a su paso. Es porque esperan un nuevo encantador de multitudes, como tantos que se han enseñoreado sobre nuestro pueblo, cuando en realidad este país lo que necesita es ser gobernado por ciudadanos racionales que no se crean sobre el bien y el mal, que no pretendan que ellos por sí solos son los arquitectos diseñadores, ingenieros constructores, albañiles, pintores y decoradores de la edificación nacional. Necesitamos gobernantes que sepan encarnar un proyecto colectivo y que no opten por gobernar en función de lo que convenga para prolongarse indefinidamente en el poder.

Hemos escuchado a nuestro candidato respondiendo a los que quieren otro imprescindible, diciéndoles que tienen razón, porque él no es ese predestinado, pero que mientras hace aparición ese iluminado, aquí está él, dispuesto a trabajar con todos por el plátano y la esperanza. Llega, como Mercedes Sosa, cantando con todas la voces, todas, con todas las manos, todas. Porque toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano,¡libera tu esperanza, con un grito en la voz!

Aquí está nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, armando un gran concierto, la coalición Democrática por el Cambio y la regeneración nacional.-

El PLD en desconcierto y a la defensiva mientras se afianzan Leonel y la oposición

La validación de la candidatura de Leonel Fernández, las concertaciones de la oposición,  las denuncias de las contrataciones del candidato Gonzalo Castillo, las encuestas y la desconfianza interna afectan el proyecto peledeista de continuidad en el poder   

Por Juan Bolívar Díaz

Por Juan Bolívar Díaz

El dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que validó la candidatura presidencial de Leonel Fernández, aceptada de inmediato por la Junta Central Electoral (JCE), las denuncias de contrataciones irregulares del candidato presidencial Gonzalo Castillo y un brote de   desconfianza interna afectaron esta semana al Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Las posibilidades de los gobiernistas se vieron reducidas al perder el control de la Cámara de Diputados y por decenas de acuerdos entre los partidos opositores para candidaturas comunes al Senado y alcaldías, mientras siguen trascendiendo encuestas que generalizan la percepción de que Luis Abinader se afianza como primer opción para las elecciones presidenciales.

 Leonel, primer candidato

La validación de la candidatura presidencial de Leonel Fernández  por el TSE se constituyó en el principal acontecimiento político de la semana y un revés para la estrategia del PLD, cuyos voceros y abogados, apostaban a que estaba inhabilitado por las leyes de Partidos y del Régimen Electoral. Irónicamente el expresidente y líder peledeísta, se constituyó en el primer candidato aceptado de inmediato por la JCE, en virtud del Reglamento Contencioso Electoral que establece como vinculantes para todos los órganos electorales las decisiones del TSE.

 El dispositivo de la sentencia, que sacudió los ámbitos políticos el lunes, se originó en una instancia que buscaba la nulidad de la decisión del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de convertirse en “La Fuerzas del Pueblo” y postular a Fernández como candidato presidencial, lo que aprovecharon sus abogados de éste para formular un pedimento de validación. El texto completo de la sentencia de 5 jueces está pendiente de emisión con un voto disidente.

Todavía quedan quienes esperan que el Tribunal Constitucional (TC), con varias instancias relacionadas, haga prevalecer las leyes electorales que buscan evitar que un perdedor en primaria pueda ser postulado por otro partido en el mismo certamen. Pero parece difícil que reúnan los 9 votos votos necesarios, de 13, sobre todo tras el dictamen del TSE, y con precedentes de que el TC ha privilegiado la supremacía sobre esas leyes del precepto constitucional del derecho a elegir y ser elegido. En lo inmediato, el dictamen ha dejado a la ofensiva a los leonelistas para seguir cooptando dirigentes y militantes de su antiguo partido.

Brotes de incertidumbres

La división del PLD que generó un nuevo bloque de diputados, constituido por 27 leonelistas, mostró esta semana otra de sus consecuencias, que el gobierno ya no tiene el control del Congreso Nacional, como ocurría desde las elecciones del 2006, a través de las dos cámaras. En rueda de prensa se mostraron a la ofensiva como nuevos opositores, motivando su negativa a aprobar el presupuesto complementario del 2019 por 22 mil millones de pesos, sometido por el gobierno. Lo declararon inconstitucional.

El bloque leonelista hizo causa común con los diputados del mayor bloque opositor, el del PRM con 52 miembros, y con parte del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, que postula a Leonel Fernández para presidente, también para bloquear un proyecto de préstamo por 90 millones de dólares para remodelaciones en la zona colonial de Santo Domingo. Eso genera incertidumbre sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020, bajo estudio del Congreso,  el cual contempla financiamiento para cubrir déficit sobre 110 mil millones de pesos.

En el Partido Revolucionario Moderno predomina la decisión de no aprobar ningún nuevo proyecto legislativo que aumente los compromisos de deuda del Estado antes de las próximas elecciones, y mucho menos si consideran que el gobierno pudiera derivar de ellos  recursos para gastar en la campaña electoral.

El choque de dos Félix

Otro brote de las incertidumbres en el PLD lo constituyó el choque frontal entre dos  Félix, compañeros durante años en su Comité Político, Félix (Felucho) Jiménez y Félix Bautista, cuando el primero dijo que este en vez de ser candidato a senador por San Juan debería estar preso, motivando una agria réplica. El incidente sacó a la luz pública la desconfianza que prevalece entre los peledeístas sobre senadores y alcaldes seguidores de Leonel Fernández, que aseguraron su repostulación en la elección  primaria y han permanecido en el partido.

Esa es la situación de los senadores Bautista, Dionis Sánchez, José Rafael Vargas y Amarlis Santana. Esta última dijo públicamente que Leonel les recomendó que se quedaran en el partido para no perder las candidaturas que ganaron. Es la misma situación del alcalde de Santiago, Abel Martínez y de otros de menor jerarquía, igual que algunos diputados. Ellos podrían beneficiarse de los votos de los danilistas como de los leonelistas, pero nada garantiza que no puedan inducir a sus seguidores a votar por Leonel en el nivel presidencial y por otros de los ahora opositores en otros niveles, ya que al suprimirse el arrastre de los senadores, son 4.

La incertidumbre y desconfianza, que afectarían la campaña electoral, incluye a la vicepresidenta Margarita Cedeño, que en la campaña para las primarias esperó a la última semana para apoyar la precandidatura de su esposo Leonel Fernández, con beso y abrazo público. Tras la división ha permanecido en el comité político del PLD, pero tan pronto se produjo la sentencia del TSE en favor de la candidatura de su esposo, dijo que las sentencias de los tribunales “son para cumplirlas”.  

En su discurso de confrontación, tras la división formal del PLD, el presidente Danilo Medina planteó que los leonelistas que quisieran podían seguir en el partido, pero advirtió que tendrían que actuar con lealtad, porque “tontos no somos”. La situación no es de fácil solución, ya que, según la Ley de Partidos, los electos en las primarias no pueden ser despojados de sus candidaturas. Mientras tanto, el danilismo no puede colocar los suyos en esas candidaturas.          

Gonzalo Castillo en apuros

Otro de los reveses recién registrados por el PLD es la situación en que ha quedado su candidato presidencial Gonzalo Castillo, tras el informe de  la periodista Alicia Ortega que documenta cómo otorgó contratos sin concursos, a 39 empresas, algunas vinculadas a él y 9 sin experiencia en el renglón, para la compara de asfalto caliente por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de lanzarse a la competencia electoral. Los declararon de urgencia y en convocatorias de un día para otro,  para la compra de asfalto caliente, superando muchas veces la suma que tenía destinada para eso, lo que violaría las Leyes de Presupuesto y de Compras y Contrataciones.

  En lo que se ha denominado como “festival del asfalto”, el entonces ministro de Obras Públicas parece haber descubierto de un día para otro que necesitaba asfaltar nada menos que 2 mil 730 kilómetros de calles y carreteras. El anunció su renuncia como ministro de Obras Públicas el 31 de julio, para buscar la candidatura presidencial, pero sus contratos siguieron firmándose en paquetes el 13 de agosto y el 4 de septiembre.

 En cualquier democracia de mediana intensidad, las escandalosas revelaciones habrían generado la renuncia del candidato, cuya aparente ingenuidad es tal, que tras decir que actuó apegado a la ley, pidió que lo investigue la Dirección de Etica Gubernamental, cuyo titular es nada menos que Lidio Cadet, compañero en el Comité Político del PLD y precisamente quien presidió la comisión electoral del partido que proclamó su victoria en su conflictiva elección primaria. Pudo haber pedido, como corresponde y ha sido demandado, una investigación de la Procuraduría Anticorrupción del Ministerio Público.

El auge de la  oposición

 Otras ocurrencias que han dejado al PLD a la defensiva fueron las decenas de pactos locales para candidaturas senatoriales y municipales registrados al caer el plazo el lunes, de cara a las elecciones del próximo año. La  JCE informó que se registraron 200 alianzas, las cuales involucran una madeja sin precedente de los 27 partidos reconocidos, incluidos los tres grandes bloques que postulan a Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, así como a los partidos que llevan otros cuatro candidatos presidenciales.

El PRM hizo pactos locales para 24 senadurías que incluyó a los partidos que postulan a Fernández, y en 5-6 provincias con el partido Alianza País que postula para presidente a Guillermo Moreno. La sumatoria de votos locales busca hacer difícil la reelección de la mayoría de los senadores peledeístas que cuentan con muchas ventajas de financiamiento.

 Los opositores han aparecido a la ofensiva, mientras trascienden encuestas que ratifican la percepción de que la división del PLD dejó a Luis Abinader encabezando las preferencias presidenciales para el 2020, y al PRM en ascenso. Eso incluye encuestas auspiciadas por el gobierno y del ámbito perremeísta.

 Mientras tanto esta semana se publicó el reputado estudio sobre cultura democrática del Barómetro de las Américas, donde sigue cayendo la valoración del trabajo del  presidente Danilo Medina, quien registró un 41% como bueno y muy bueno, cuando en el 2016 había marcado 64% y 78% en el 2014. Hay que tomar en  cuenta que la encuesta base del estudio fue realizada entre abril y mayo pasado, antes que Medina tuviera que declinar su proyecto de reelección y cinco meses antes de la división de su partido, de la cual fue uno de los protagonistas, por lo que ahora podría ser todavía menor.-     

Coalición Democrática por el Cambio

Por Juan Bolívar Díaz

Este sábado 23 de noviembre será proclamada la Coalición Democrática por el Cambio por parte de seis partidos políticos y representantes de diversos agrupamientos sociales que suscribirán los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social, durante un acto programado para las 10 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Debo advertir a mis lectores, como ya lo he hecho con mis televidentes, que me encuentro entre los profesionales, dirigentes y activistas sociales que han promovido la conformación de esa coalición, en base a unos lineamientos programáticos fundamentales, que procuran la recuperación de la independencia de los poderes del Estado, una reforma política e institucional, la proscripción de la corrupción y políticas para saldar las deudas acumuladas con gran parte de la sociedad dominicana.

 Procede la advertencia porque  he sido designado coordinador nacional del movimiento que impulsa la coalición, y ello implica que tengo una posición política definida. He tomado licencia en el movimiento cívico Participación Ciudadana, desde el que he promovido reformas políticas e institucionales durante sus 26 años de existencia. Entrando en el tercer cuarto de siglo de existencia, no me parece justo seguir de observador certificando los resultados de las inequidades e iniquidades electorales, como el abuso de recursos estatales y la compra de votos.

En los pocos años de utilidad que me quedan, pretendo los cambios políticos e institucionales, impulsando un nuevo tipo de gobierno. No pasaré a formar parte de ningún partido, en lo que no he tenido experiencia, entre otras razones porque prefiero mantener mi  independencia y desde ella exigir coherencia con los cambios políticos, sociales y económicos que se pregonan.

No me mueve la persecución de cargos electivos o ejecutivos, lo que he declinado numerosas veces a lo largo de mi vida, porque he preferido ser periodista más que político. Tuve un “desliz” entre 1984-86, cuando acepté ser embajador de la República en Perú y Bolivia. Pero ya al año empecé a gestionar el retorno a la profesión del periodismo.

Aunque haga ahora una incursión en la política activa, mis lectores y televidentes pueden tener la confianza de que mantendré los principios de la ética profesional, que me obligan al respeto a los receptores de mis mensajes, a evadir las manipulaciones y a mantener el culto a la diversidad y a la multiplicidad de voces, intereses y aspiraciones.

Promuevo la Coalición Democrática convencido de que esta nación está urgida de cambios profundos que rescaten el imperio de la Constitución, las leyes y las normativas reglamentarias. Porque es urgente poner límites a la corrupción que carcome el alma nacional y a la correlativa impunidad que alienta la delincuencia arriba, al medio y abajo, generando una inseguridad generalizada.

Aliento la Coalición convencido de que este país no puede seguir endeudándose irresponsablemente al ritmo de 600 millones de pesos cada día, que no es justo hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos para seguir sustentando el enorme enriquecimiento de unos cuantos, amparados en el más descarado robo del patrimonio público, en rampante rentismo para mantener el apoyo de los poderes económicos, y del clientelismo para comprar la conciencia de los más vulnerables.

 Promuevo la Coalición Democrática porque la suerte de la nación no debemos dejarla sólo en manos de los políticos, que estos necesitan fuerzas que impulsen su renovación, y porque en última instancia ellos no son responsables exclusivos de nuestras carencias. Si fueran sólo los políticos, la sociedad ya hubiese resuelto cambiándolos. Los atavismos, la corrupción y la descomposición tienen raíces en todos los ámbitos de la sociedad.

Estoy en la Coalición abandonando la zona de confort en que me desenvuelvo, invitando a todos los dominicanos sensibles a aunar esfuerzos por cambiar el curso de la nación, abandonando la indiferencia, el conformismo, el pesimismo y hasta el cinismo que amenaza vencernos.-

La gran inequidad electoral justifica el acuerdo de candidaturas al Senado

Calculan que múltiples candidaturas de oposición determinarían que el partido de gobierno se quede con el control del Senado, por las ventajas de que disfrutan los senadores, que en su mayoría buscan reelegirse con abundancia de recursos estatales

Por Juan Bolívar Díaz

El acuerdo de 12 partidos opositores para llevar candidaturas senatoriales comunes en 24 provincias, a pesar de sus diferencias programáticas persigue garantizar un Senado plural que no quede en manos del partido gobernante, independientemente de quien gane la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año.

 La decisión ha sido más difícil para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, cuyo candidato presidencial aparece encabezando preferencias en encuestas, porque arriesga perder simpatías en sectores sociales que rechazan tanto la gestión del presidente Danilo Medina como la de Leonel Fernández, involucrado en el acuerdo.

Acuerdo de 12 partidos

El pacto para llevar candidaturas comunes en 24 de las 32 senadurías, anunciado el jueves por 12 partidos, se venía gestando desde hace meses, y tomó fuerza tras la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la constitución de un nuevo partido por el expresidente Leonel Fernández. Involucra a éste y a otros cinco partidos que apoyan su candidatura presidencial, el Reformista Social Cristiano y cuatro de  los que hace más de un año habían constituido la coalición Juntos Podemos, el Quisqueyano Demócrata Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, Fuerza Nacional Progresista, y Partido de la Unidad Nacional. También incluye a los cinco que suscriben un pacto nacional con el PRM, el Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano, el Revolucionario Social Demócrata, Dominicanos por el Cambio y la Alianza por la Democracia.

El documento constitutivo indica como propósito esencial garantizar una profunda renovación en la composición y representatividad del Senado “y consecuentemente el final del monopolio irritante que mantiene el gobierno y la cúpula del PLD sobre este importante poder del Estado”. Se fundamenta en la creciente preocupación de diversos sectores por el “profundo resquebrajamiento que ha experimentado nuestro sistema institucional”.

 Los mismos suscribientes reconocen que entre ellos “han existido y persisten importantes diferencias sobre el discurrir político nacional”, pero que no es menos cierto que en estos momentos los intereses generales de la sociedad deben ser colocados por encima de los particulares. De las 24 candidaturas senatoriales pactadas, 12 corresponden al PRM y otra a su aliado Dominicanos por el Cambio (Eduardo Estrella en Santiago), 7 al nuevo partido de Leonel, 3 al PRSC y la otra al BIS.

Ventajas de los senadores

23 de los actuales senadores buscan la reelección, 19 del PLD, más dos aliados, Amable Aristy y Félix Vásquez, de La Altagracia y Sánchez Ramírez, y los dos del PRM, José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla, de Puerto Plata y El Seibo. Estos dos sólo llevan un período como legisladores, pero los del gobierno hasta tres y cuatro períodos, con las ventajas de haber recibido financiamiento para “asistencia social”, los llamados barrilitos, que en las seis mayores provincias y DN, aportan hasta 1 millón 200 mil pesos mensuales. 14.4 millones por año y 57.6 millones por cuatrienio, y proporciones menores en las demás. Esta asignación auto conferida, no está amparada en ninguna ley, y la Constitución no les atribuye funciones de asistencia social.

 Otra ventaja que tienen es que el Senado les paga una oficina provincial, con hasta 10 asesores o asistentes, y otros tantos en la sede central, con vehículos, combustibles, choferes, y escoltas. Los que buscan reelegirse cuentan con apoyo adicional de los partidos mayoritarios que se quedan con el 80% del financiamiento político estatal. Y los del gobierno ganan apoyo mayor por tráfico de influencia, y del reparto de alimentos, electrodomésticos, materiales de construcción, y les nombran cientos de empleados activistas como empleados temporeros en los organismos estatales, especialmente durante las campañas electorales.

El ventajismo de los senadores, que los prolonga en el Congreso, determina que pocos militantes opositores quieran las candidaturas a senadores, y las rechazan también dirigentes sociales y personalidades acreditadas, que no cuentan con medios económicos para competir. Y los nuevos candidatos del partido gobernante, cuentan con que a ellos se les dará mayor apoyo. En ese contexto es que se produce el pacto en el nivel senatorial, convencidos de que sólo la sumatoria  de los votos de toda la oposición puede modificar la composición del Senado.

El PRM corre riesgo

Los dirigentes del PRM están conscientes de que corren riesgo de perder simpatías en los sectores sociales que muestran mayor rechazo al PLD, lo que implica también al expresidente Fernández, quien agotó tres de los cinco períodos de gobierno de ese partido, y a quien se considera corresponsable del secuestro de las instituciones democráticas, de la corrupción y del monopolio del poder que ha conllevado, y sin cuyas desmesuras políticas y financieras Danilo Medina no habría alcanzado la presidencia en el 2012, por 51 a 47% frente a Hipólito Mejía.

El expresidente Mejía nunca ha perdonado a Leonel los abusos del poder en su contra,  por lo que no simpatiza con el acuerdo, pero no lo ha hecho público como su hija, la secretaria general Carolina Mejía, aunque esta dejó constancia de que acata la decisión del partido. Alianza País, el partido que encabeza Guillermo Moreno, rehusó formar parte del acuerdo que incluyó al leonelismo. Aunque todavía este fin de semana, cuando el plazo para alianzas cae el lunes, seguían gestiones para apoyo mutuo sólo con el PRM y sus cinco aliados nacionales.

Los perremeístas calcularon los riesgos y ya el 6 de noviembre publicaron un comunicado en varios diarios planteando que aunque  habían conformado una coalición político-social por el cambio, con otros cinco partidos, buscaban acuerdos locales con diversas fuerzas políticas para asegurar “un congreso plural e independiente que cumpla sus funciones como primer poder del Estado”. Recordaron pactos de sectores antagónicos en 1962, 1965 y 1978.

Entienden que los abusos del poder gubernamental, permitirían al PLD mantener el control del Senado, aun perdiendo la presidencia de la nación, concentrando recursos públicos en dos tercios de las provincias de menor población. En tal caso un gobierno del PRM vería limitadas sus posibilidades de grandes transformaciones institucionales, políticas y sociales. Por lo menos buscan garantizar diversidad y mayor equilibrio de poderes.

Sobran los precedentes

Tanto en el país como en el mundo sobran los precedentes de acuerdos políticos entre sectores antagónicos, de diversidad ideológica, y hasta confrontaciones. Sólo hay que  verlos ahora mismo en España, y antes los de Nelson Mandela en Sudáfrica, o en la concertación chilena para dejar atrás la dictadura de Pinochet, cuando los herederos de Salvador Allende pactaron con demócratas cristianos y otros responsables de la caída del gobierno socialista.

En el país, Juan Bosch buscó el voto de los trujillistas para ganar las elecciones de 1962, y su PRD concertó con los balagueristas para  la insurrección constitucionalista de 1965. Rafael Chaljub recordó en reciente artículo la alianza multisectorial planteada por el Movimiento Popular Dominicano (MPD) en 1968 para enfrentar la cuasi dictadura de Balaguer. Juan Bosch también unió a “mansos y cimarrones”  desde 1972 con su proyecto de “Pacto por la Dignidad Nacional”, que reunió a partidos de izquierda y derecha, y José Francisco Peña Gómez se la jugó a finales del 1973 con el Acuerdo de Santiago que juntó al PRD con el MPD, el PRSC, todavía social cristiano, y con PQD de Elías Wessin, 8 años antes el “genocida de San Isidro, cuando sus aviones bombardearon a los constitucionalistas.

La táctica peñagomista de amplia alianza terminó haciendo posible sacar del poder a Balaguer, pese al empleo de todos los poderes del Estado,  las Fuerzas Armadas y la Policía, y al intento de desconocer los resultados electorales de 1978. Y los peledeístas justificaron su “Frente Patriótico” de 1996 con Balaguer  y otros sectores con los que se habían enfrentado, como un escalón para alcanzar el poder y completar los sueños de los Trinitarios fundadores de la República. Aunque luego se declararon balagueristas y superaron a estos en corrupción. Ahora estigmatizan el acuerdo del PRM limitado al Senado, porque incluye a los leonelistas.

La coalición por el cambio     

El PRM buscará limitar los efectos colaterales del acuerdo para las candidaturas senatoriales, al proclamar el próximo sábado 23 la Coalición Democrática por el Cambio, ya acordada con cinco partidos y numerosos grupos sociales, que incorpora candidaturas de activistas sociales y busca responder las insatisfacciones de amplios sectores, como las manifiestas en el movimiento Marcha Verde.

Ese pacto contiene unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración  Nacional”, que serán firmados en un acto a realizarse en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 10 de la mañana. Ese sería su pacto fundamental y de carácter estratégico, que persigue un gobierno encabezado por el economista Luis Abinader,  mientras el acuerdo senatorial quedaría como táctico. 

Habrá que esperar que, como en 1996 la táctica no se coma la estrategia. Aunque hay una diferencia fundamental, del “Frente Patriótico” PLD-PRSC dependió la llegada de los peledeístas al gobierno, y el acuerdo de los perremeístas está limitado a la pluralidad del Senado y por tanto del Congreso Nacional.-   

Penosa caída de Evo Morales

Por Juan Bolívar Díaz

La abrupta caída del gobierno de Evo Morales, el primer indígena presidente, tras una serie de desaciertos políticos que incluyeron un auténtico fraude electoral, es un capítulo penoso del macondismo latinoamericano, que sume a Bolivia en profunda crisis institucional,  y deja una lección para políticos y gobernantes.

Es justo deplorar este final de un gobernante que había reivindicado la raza originaria, preterida durante los cinco siglos, aunque constituye más de la mitad de la población boliviana, y sobre el 90  por ciento sumado el mestizaje, que rescató también  la riqueza de hidrocarburos, multiplicando siete veces sus ingresos, y auspició políticas de inclusión social, y redistribución que redujeron la pobreza a menos de la mitad. Sus 14 años de gobierno constituyen el mayor  período de estabilidad político-social, crecimiento económico y prosperidad de Bolivia. No se le vinculó a la rampante corrupción latinoamericana ni fue un dictador ni persecutor de opositores.

Pero para ser rigurosos, lo ocurrido el domingo no fue un clásico golpe de estado, aunque con algunos de sus componentes, porque también hubo algo de autogolpe, derivado del abuso  con que Evo quiso mantenerse a toda costa en el poder, manipulando la institucionalidad democrática, hasta incurrir en un escandaloso fraude electoral, minuciosamente documentado por una amplia y muy diversa misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Evo fue víctima del mesianismo y el caudillismo latinoamericano que constituye en insustituibles a líderes y gobernantes. Tras 14 años de gobierno, se buscaba a cualquier precio un cuarto período. Fue incapaz de promover sucesores, aunque tuvo colaboradores de alta categoría como su mismo vicepresidente Alvaro García.

Electo por primera vez en el 2005, con el 54 por ciento de la votación, auspició una nueva Constitución que le permitió reelegirse en el 2009; una cláusula transitoria establecía que sólo sería posible esa vez, pero luego se buscó una complaciente interpretación constitucional que le permitió una tercera elección en el 2013. No conforme, ya para el 2015 andaba en búsqueda de otra reforma constitucional, decidiendo someterla a un plebiscito, contando con la mayoría sobre el 60 por ciento de sus dos elecciones anteriores.  Pero el electorado ya dio muestras de fatiga ante el relajo constitucional y el 51.3 por ciento le dijo que no. Apeló de nuevo a la interpretación y encontró jueces complacientes que dictaminaron que su derecho a la reelección estaba por encima de su Constitución. Candidato para la elección del 20 de octubre, buscando el cuarto período, Evo era consciente de la merma de su apoyo, marcado por el resultado del plebiscito y las encuestas. Tenía que ganar en primera vuelta, lo que era posible superando por 10 puntos al segundo, si lograba pasar del 40 por ciento. Al computarse  el 81 por ciento, cuando  sólo registraba 7 puntos de ventaja, se dejó de transmitir resultados por 16 horas, y al reanudarse quedó a centímetros de la meta, que alcanzó en el último 5 por ciento del escrutinio.

Tras dos semanas de protestas y violencia, a la defensiva ante la opinión pública nacional e internacional, Morales accedió a que una misión de la OEA realizara una auditoría técnica al proceso electoral, cuyo informe preliminar presentado el domingo es minucioso en detalles que configuran un fraude electoral. Se comprobó alteración y falsificación de actas, que parte del procesamiento se hizo fuera de los locales electorales, que resultados fueron redirigidos a un servidor no oficial, y graves fallos y abusos tecnológicos, en la cadena de custodia de los  documentos electorales, en la integridad de las actas y en las proyecciones estadísticas. El 38 por ciento de 178 actas de la votación en Argentina presentaron inconsistencias, como mayor número de votos que de votantes.

El mismo domingo, cuando la OEA recomendó repetir la elección, Evo lo aceptó, lo que implícitamente era una aceptación del fraude electoral. Se multiplicaron las protestas y los actos de violencia y ahí llegó la recomendación militar de que renunciara. Lo hizo sin estar obligado, lo que hubiese podido evadir de haber mantenido el apoyo mayoritario.

 Tras la documentación del fraude, correspondía era que junto al anuncio de nuevas elecciones, Evo declinara repostularse, abriendo espacio a que otro de los suyos lo pudiera relevar, lo que pudo evitar su penoso final y el desastre institucional. Si no se puede justificar la petición militar, mucho menos el fraude electoral, pues ambas cosas quedan indisolublemente vinculadas. El relajo constitucional y la adicción al poder fueron las causas mediatas e inmediatas de este penoso final. Frente a Evo, como ante Maduro, Daniel Ortega o Danilo Medina, hay que sustentar los valores democráticos y el rechazo al abuso del Estado y el fraude electoral. Aunque duela.-

La autopsia fiscal de Oxfam marca grandes retos del próximo gobierno

Cuantifica la corrupción administrativa en promedio de $41 mil millones anuales y propone reorientar otros $43 mil millones de una estimación de “irregularidades en uso de recursos públicos” de $154 mil millones, en base al presupuesto del 2019 

Por Juan Bolívar Díaz

La evaluación de los gastos e ingresos del gobierno dominicano recién publicada por la organización internacional Oxfam contiene abundante información clasificada que muestra una pesada herencia y podría ayudar al próximo gobierno a enfrentar los retos de la sostenibilidad económica y la inversión social y productiva.

Partiendo del promedio de la corrupción de los últimos 20 años, y de las ineficiencias del gasto y la malversación, el documento sugiere que se podrían reorientar 85 mil millones de pesos, cifra conservadora ante los 123 mil millones que ha estimado la secretaría de Políticas Públicas del principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM)

La ruta del Pacto fiscal  

La autopsia presentada por la representación en el país de Oxfam , que opera en más de 100 naciones, pretende ayudar al debate del presupuesto para el 2020 y de los contenidos y propuestas de quienes postulan para las próximas elecciones referentes a la justicia fiscal y la reducción de las desigualdades. Se presenta como “la hoja de ruta y acciones concretas de parte del Ejecutivo para propiciar el impostergable pacto fiscal que requerirá el país” en el próximo período gubernamental.

El estudio presenta al país como el tercero de más baja inversión social en América Latina y el Caribe, sólo por delante de Guatemala y Haití, promediando 8.1% del producto bruto  interno (PBI), que descendería al 7.8% en el 2022, cuando el promedio regional es de 11.2. Sostiene que con tan baja inversión será imposible cumplir los compromisos del desarrollo sostenible y de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

La ley de END promulgada en enero del 2012 dispuso los pactos por la educación, fiscal y eléctrico, pero apenas se ha materializado el primero, y los otros debieron entrar en vigor en el 2015. El eléctrico se discutió durante dos años y a fines del 2018 se llegó a anunciar su inminente firma, pero quedó engavetado. El pacto fiscal se comenzó a considerar al inicio del gobierno de Danilo Medina en el 2012, pero fue abandonado tan pronto los sectores empresarial y social pusieron en la mesa la reducción de la malversación y el gasto clientelar. El gobierno impuso otra simple reforma tributaria y ni siquiera tras la reelección de Medina en el 2016 se retomó el mandato legal.

La sostenibilidad fiscal

Con una diferencia de 246 mil millones de pesos (US$ 4,736 millones de dólares) entre ingresos y gastos presupuestados para el 2020, este será el onceno año consecutivo de déficits fiscales solventados con un financiamiento que en ese período más que duplicó la deuda consolidada de todo el Estado, generando reiteradas advertencias de los organismos internacionales especializados y de economistas dominicanos sobre lo ineludible del pacto fiscal para garantizar la sostenibilidad financiera del país.

Mientras se va generalizando la convicción de que cualquiera que constituya el próximo gobierno, y sobre todo si es de un partido diferente al actual, tendrá que emprender la ruta del pacto fiscal para procurar mayores recursos para la inversión social y el desarrollo, para mantener un crecimiento económico significativo, y garantizar la sostenibilidad fiscal. Que la pista del endeudamiento se va estrechando y sin las correcciones correspondientes la bomba que se ha ido armando en estos años podría estallarle en las manos a las nuevas autoridades.

Podría repetirse la ocurrencia del gobierno de Hipólito Mejía que, al comenzar en el 2000, heredó la bomba de Banínter, pero no la desarmó y le explotó en las manos y lo hundió apenas iniciaba su segunda mitad. Herencia malhadada fue también la recibida por el gobierno de Salvador Jorge Blanco en 1982, fruto de los desequilibrios que pagó la democracia a partir de 1978 cuando no se pudieron mantener las deudas sociales impuestas por los 1os años autocráticos de Balaguer. La demanda inducida del régimen de Antonio Guzmán produjo desequilibrios, atizados por el alza del petróleo y la caída de los precios de las exportaciones nacionales. Las duras políticas de ajustes del FMI en la “década perdida de América Latina”, hundieron políticamente a ese gobierno y su partido, y contribuyeron a devolver al poder a Balaguer en 1986.

Legitimar mayores tributos

Las conclusiones del estudio patrocinado por Oxfam comienzan indicando que el gobierno dominicano “necesita cuanto antes allanar el camino para situar la ruta hacia una reforma fiscal integral. Son muchos los pasos que habría que dar para ello, pero el fundamental va en la ruta de ganar confianza y legitimidad para convocar un proceso abierto y democrático de pacto fiscal”.

Después indica que se ha demostrado que con voluntad política de poner la casa en orden en corto plazo se podrían realizar ajustes para garantizar derechos, de al menos el 1% del PIB, equivalente a $43 mil 750 millones. A lo largo del informe se muestran los indicadores de corrupción, malversación, duplicidades e ineficiencias que consumen más del 10% del presupuesto nacional, determinando la necesidad de remediarlos.

Como es convicción general también recomienda reformular la base tributaria para hacerla menos regresiva con mayores gravámenes a la propiedad inmobiliaria y a la renta, partiendo de que RD tiene una de las más bajas presiones tributarias de la región latinoamericana, después de Guatemala y Paraguay, estimada en 13.9 del PIB, cuando el promedio es de 22.8%. También que está entre los 5 países que más dependen de los impuestos a los bienes y servicios, con un 29% menos que la región en impuestos directos, al patrimonio y la renta. Así mismo urge la revisión de los sistemas de incentivos.

La corrupción y dispendio

“Ningún gobierno con tantos casos de corrupción y ejemplos de dispendio de recursos públicos puede presentar ante la sociedad una propuesta legítima de reforma impositiva, en el marco de un pacto fiscal”, plantea el estudio de Oxfam, dirigido  por el economista Rafael Jóvine y con Airon Fernández Gil de investigador asociado. Citan las evaluaciones de Transparencia Internacional que sitúan al país entre los 10 de mayor corrupción en América Latina y el Caribe, y el segundo donde más creció en el 2018, según el Latinobarómetro.

Plantean que los casos de desfalcos al fisco recogidos en el período 1998-18 arrojan un estimado anual de $41 mil 629 millones. Y cuando recogen múltiples tipos y casos de malversación, dispendio, clientelismo y gastos irregulares, estiman que envuelven $154 mil 760  millones, de los cuales podrían reorientarse $ 43 mil 750 millones, que desglosan en gastos discrecionales, potencialmente clientelistas, asignaciones directas a despachos de ministros y directores, y a casi 60 instituciones públicas que duplican funciones o no rinden cuentas, así como en incremento de recursos sin justificar al Congreso Nacional y 10 ministerios.

Estos estimados son más conservadores que los presentados en el 2017 en un estudio auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo que plantea hasta un 3.8% del PIB, que este año serían unos 165 mil millones de pesos, en gasto ineficiente y malversación. Miguel Ceara Hatton, director de la secretaría de Políticas Públicas del PRM los estima en 2.8% del PIB, unos $122 mil millones en el 2019. Ya en la campaña electoral del 2016 plantearon que se ahorrarían gran parte de esa suma para reorientar las políticas sociales y la inversión pública.

Líderes en empleo público

El estudio de Oxfam ataca una de las bases fundamentales del clientelismo político dominicano, la macrocefalia del Estado, con el tercer escalón en el liderato latinoamericano, con un registro de 61 mil 911 empleados públicos por cada millón de habitantes, sólo superado por Panamá y Uruguay. Es 38.6% superior al promedio de 15 países de la región analizados y 35% más que los cinco centroamericanos evaluados.

Sostienen que nada ha crecido tanto como el empleo público, al 5.2% de promedio anual, cuando en las otras categorías ocupacionales aumenta apenas en 1.8%. Que el gasto en remuneraciones de empleados públicos pasó del doble en seis años, de $89 mil 142 millones en el 2012, a $189 mil 459 millones en el 2018. Que para ajustar la proporción de empleados públicos al promedio regional en RD habría que sacar de la nómina a 178 mil 618 personas. Eso implicaría un ahorro anual de $71 mil 800 millones.

 Por supuesto que ningún gobierno podría emprender un ahorro de tal magnitud, pero si producir en primer lugar un congelamiento, y reducir progresivamente la macrocefalia, incluso con reubicación de empleados en actividades reproductivas y de servicios. Para eso cualquier nuevo gobierno tendría que producir “el milagro” de planificar y ejecutar para el desarrollo, lo que obligaría a reducir el clientelismo y a racionalizar el gasto, aplicando innumerables leyes y normativas ya existentes, o auspiciando otras, incluyendo una de sostenibilidad y racionalidad fiscal.

Mientras tanto hay que agradecer a Oxfam la “Autopsia Fiscal” que acaba de entregar a la sociedad dominicana, en un momento oportuno, en el que se deberían esperar propuestas para resolver los desafíos del desarrollo, la equidad y la sostenibilidad.-   

Justicia para esos campesinos

Por Juan Bolívar Díaz

Es justo celebrar que el gobierno decidiera escuchar el clamor de los campesinos de El Seibo que marcharon a pie hasta Santo Domingo hace dos semanas buscando la  justicia que les ha sido negada sistemáticamente en los últimos años, al punto de haber sido desalojados de predios que cultivaban hace décadas, aunque nunca tuvieran en sus manos un título de propiedad.

Celebremos que alguien se conmovió en el Palacio Nacional y el ministro administrativo de la Presidencia inició un diálogo con representantes de toda una comunidad de cientos de  familias de San Francisco Vicentillo y La Culebra, municipio de El Seibo que disputan unas 20 mil tareas con un terrateniente de la zona, con poderes tan altos que el año pasado auspició la destrucción de las casas, sembradíos y bienes de tantos agricultores.

Un informe oficial indica que el ministro José Ramón Peralta dedicó el martes más de una hora a escuchar los reclamos “creando las bases para una posible solución a la problemática” y que el gobierno tratará de hacerlo en el marco de la ley y de la dignidad de las personas involucradas.

Fue lo que debieron hacer las autoridades antes que decenas de esos campesinos vinieran a acampar en las inmediaciones del Palacio Nacional, clamando porque el presidente Danilo Medina cumpliera la promesa que les habría hecho el 10 de junio del año pasado, cuando visitó la zona, de que una comisión trabajaría para la titulación definitiva de los predios en conflicto. El reclamo ha ganado amplio apoyo de la comunidad seibana, incluyendo a sacerdotes y pastores.

La negligencia frente a un problema social que motiva amplia solidaridad humana permitió el desalojo  ejecutado el 6 de septiembre del 2018, que ha dejado en brutal desamparo a tantas familias que no tienen otro medio de sustento.

Pero abriguemos ahora optimismo de que se hará justicia a estas familias, que enarbolan el decreto 486 emitido en 1975 por el presidente Joaquín Balaguer, donde declara de utilidad pública al menos una parte de los terrenos donde ellos se habían asentado, que según su parecer eran comuneros, pero que reclama el cubanoamericano Pedro Guillermo Varona, quien aduce títulos de propiedad sobre gran parte del área, lo que avala la Asociación de Hacendados. .  

Es inconcebible que las autoridades del Instituto Agrario Dominicano no hayan precisado públicamente la situación legal y social de los terrenos, guardando silencio durante tanto tiempo, al igual que el  presunto propietario.   

Es lamentable que esperaran que los campesinos peregrinos de El Seibo ganaran tanta solidaridad y simpatías en la opinión pública para buscar una solución humana y digna, que en cualquier caso tiene que implicar el amparo público. Alguien tiene que verificar el origen de la presencia de los campesinos en los terrenos y de los reclamos del terrateniente. Y si éste tiene razón sobre parte de esos terrenos, como se ha alegado, que el Estado le ofrezca la compensación que corresponda, dando siempre prioridad a los campesinos. Seguramente el costo será menor que lo que cobran en un solo día la corrupción y la malversación de los fondos públicos, tan ampliamente documentado por el reciente informe de Oxfam.

El Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria ha implorado por una solución justa y humana al conflicto, en este año en que se conmemora medio siglo de una carta pastoral de Monseñor Juan Félix Pepén, quien fuera un ilustre y sensible primer obispo de Higuey, donde abogaba por los derechos de los agricultores de la región, víctimas de la voracidad de los más poderosos.

Basado en la doctrina social de la Iglesia Católica, monseñor Pepén ratificaba la preocupación por la suerte de los campesinos, “porque quien carece de lo necesario para una vida digna, no está en condiciones de ser un buen cristiano”. Exhortaba a los campesinos a unirse para defender sus derechos, mientras pedía a los gobernantes, legisladores y personas de buena voluntad que se apresuraran al estudio del problema rural dominicano para encontrar soluciones que aseguren el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Esperemos que el presidente Danilo Medina haga ese esfuerzo, sería una forma de honrar la memoria de su recién fallecido padre, Juan Pablo Medina, a quien èl mismo definió como gran trabajador, de profundas convicciones cristianas, que lo llevó a conocer las necesidades de los campesinos dominicanos.-  

Análisis referentes a la crisis del PLD (2017-19)

Por Juan Bolívar Díaz

FotoAcento.com.do/Archivo/Danilo Medina y Leonel Fernández.
  1.  9 de Diciembre 2017: El PLD entra en su peor crisis, sin árbitros ni organismos operantes

https://acento.com.do/2017/politica/8516308-pld-entra-peor-crisis-sin-arbitros-organismos-operantes.-analisis -juan-bolívar-díaz

  • 17 de Marzo 2019: Danilistas cosechan primer tropiezo en el viejo camino del reeleccionismo

3)  14 de abril: Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política

4) 2 de junio 2018: La división en el PLD sigue bloqueando la Ley de Partidos

5) 16 de junio 2019: Leonel le cierra el paso a Danilo, pero lo lastran Bautista y Díaz Rúa

6) 15 de septiembre 2018: Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD

7) 3 de noviembre 2018 : Falta mucho para que el PLD logre salir de su agobiante Torre de Babel

https://hoy.com.do/falta-mucho-para-que-el-pld-logre-salir-de-su-agobiante-torre-de-babel/

8) 2 de febrero 2019:  El PLD en la hora de los hornos; DM y LF se entienden o se dividen

https://acento.com.do/2019/politica/8647900-pld-la-hora-los-hornos-dm-lf-se-entienden-se-dividen-analisis-juan-bolivar-diaz/

9) 1 de junio 2019: El PLD sigue en la incertidumbre sin que surja la brecha reeleccionista

10) 29 de junio 2019: Con la militarización del Congreso el reeleccionismo ya cobra su costo

11) 13 de junio 2019: El continuismo danilista desafía a toda la sociedad dominicana

12) 20 de junio 2019: Parece que la reforma constitucional está congelada por la falta de votos

13) 27 de julio 2019 : La sociedad frenó el continuismo y probó que el poder no es absoluto

14) 14 de septiembre 2019: Un desafío definitivo de Danilo a Leonel que podría generar la división del PLD

   Todos estos trabajos fueron publicados originalmente en el períodico Hoy.

Encuestas confirman que Abinader corre delante, tras la división del PLD

Dos encuestas realizadas después de la división del PLD y la emergencia del nuevo partido del expresidente Leonel Fernández, confirman la percepción de que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, corre delante para la elección presidencial del 2020

Por Juan Bolívar Díaz

La percepción de que la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) abriría perspectivas de un cambio de gobierno para los comicios del año próximo ha sido ratificada en dos encuestas realizadas después que el expresidente de la nación y de la organización gobernante renunciara a la misma y conformara una nueva formación política.

 Una amplia encuesta realizada por una firma internacional por encargo de empresarios  arroja ventajas de entre 12 y 16 puntos para el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, superando por 23 y 22 puntos a Gonzalo Castillo y Leonel Fernández en una segunda vuelta. Proporciones similares registra otra encuesta encargada por ese partido.    

Divididos en tres polos

 La encuesta de 33 preguntas, encargada por empresarios que no han sido identificados, confirma que tras la división del PLD, se han conformado tres polos de competencia electoral con las candidaturas de Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, con el primero corriendo con notable ventaja. La investigación fue realizada del 24 al 26 de octubre con una muestra nacional representativa, siguiendo los estándares internacionales.

A la pregunta de por quién votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy, Abinader registró 38.5%, Castillo 25.6 y Fernández 17.4, seguidos de Ramfis Domínguez Trujillo 2.5, David Collado 0.8 y Guillermo Moreno 0.6%.  El 13.7% dijo que no sabe o no respondió y 1% dijo que por ninguno. La respuesta a quién le gustaría a usted que ganara fue Abinader 40%, Castillo 26, Fernández 21, Collado 4, Domínguez 3 y Moreno 2%.

Reducidos a 4 candidatos, las respuestas a la pregunta por quién votaría hoy otorgan 40.6% a Abinader, 25.5 para Castillo, Leonel 21.7, y ahí David Collado, quien no ha sido postulado a la presidencia, pero fue incluido en múltiples escenarios, alcanza 9%. Con sólo tres opciones las preferencias marcan 44.4 para Abinader, 28.3 para Castillo y Fernández queda en 24.3%. Al preguntarse quién cree que ganará la presidencia, 42% opinó que Abinader, 30 Castillo y 14 Fernández.

Fuentes bien informadas dijeron que los resultados de esta encuesta son conocidos por  los diversos candidatos. Un alto dirigente del PRM confirmó que procedía de ámbitos empresariales y aseguró que una encuesta propia, realizada casi en las mismas fechas por el Centro Económico del Cibao, arroja resultados muy similares.

Abinader en segunda vuelta

La encuesta de circulación restringida marca una ventaja de 23 y 22 puntos para el candidato del PRM en una segunda vuelta, con 59 a 36 % de preferencia si se enfrenta al del PLD, y 57 a 35% si fuera contra Leonel Fernández de La Fuerza del Pueblo (LFP). Si la segunda vuelta fuera entre Castillo y Fernández, el primero ganaría 46 a 36%, Castillo a Collado 46 a 37,  y Collado ganaría a Fernández por 44 a 40%, pero en estos últimos tres casos hasta16% dice que no votaría por ninguno.

Cuando se preguntó por alianzas, la ventaja de Abiander se reduce a 37%, Castillo 26, Fernández 23 y Collado 20. El perremeista  encabeza también, con 13 puntos de ventaja, ante la pregunta  quién cree usted que haría mejor trabajo. Igual saca ventaja en la medición del rechazo, pues sólo 7% dijo que jamás votaría por él, 21 por Castillo, 37 por Fernández, 14.5 por Domínguez Trujillo, 2.5 por Moreno y 0.6% no votaría por Collado.

Los efectos de la división del PLD quedan manifiestos en las respuestas sobre las simpatías partidarias, al registrar un empate técnico 38 a 36.8 con el PRM. Se preguntó por el PTD o Fuerza del Pueblo, y sólo registró 6.9%, obviamente porque todavía no se había definido como el nuevo partido de Leonel Fernández. El Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, registraron simpatías reducidas a 2.6 y 1.7%.   

La decadencia del PLD se manifestó también en que un 72% favoreció que a partir del 2020 gobierne otro partido y un 69% que mostró acuerdo con que se necesita cambio en la forma de hacer política y gobernar el país.

 Un resultado previsible

En ningún círculo político o de analistas se muestra sorpresa cuando se le refieren los resultados de la primera encuesta conocida tras la división del PLD, e incluso un dirigente peledeísta recordó que varios de ellos habían advertido que de producirse la escisión, hasta  podrían perder el poder. Felucho Jiménez dijo y repitió en enero y julio que “o nos entendemos o e/ pa/ fuera que vamos” Desde luego, faltan 7 meses para las elecciones presidenciales, y tres meses y medio para las municipales de febrero, y la generalidad espera que el poder gubernamental ayudará suficientemente a recuperar buena parte de lo perdido

 Para muchos la división del PLD ha sido más profunda de lo que estimaban, partiendo  del resultado de las primarias, donde Gonzalo Castillo, beneficiario de todo el poder del gobierno, apenas superó a Leonel Fernández por 1.4%. Los que pensaban que pocos seguirían a un Leonel derrotado en las primarias, han quedado sorprendidos por la cantidad de dirigentes y hasta candidatos electos que han renunciado al partido para seguir al expresidente. 27 de los 36 diputados que seguían a Fernández, el 75%, ya renunciaron al PLD para constituir un nuevo bloque legislativo, que le impide al gobierno contar con mayoría en la cámara baja, lo que no había ocurrido desde el 2006.  

Algunos cifran esperanzas de reducir a Leonel en la posibilidad de que no pueda presentar su candidatura, en virtud de las disposiciones de las nuevas leyes de Partido y del Régimen Electoral que impiden a quien pierda la elección primaria en un partido, ser postulado por otro al mismo certamen electoral. Los leonelistas asumen que no se le aplica o que lograrán eliminarlo ante el Tribunal Superior Electoral y en última instancia ante el Tribunal Constitucional, en virtud de la supremacía del derecho constitucional a elegir y ser elegido.

Las perspectivas del PRM

 A diferencia del PLD, el PRM comenzará su campaña electoral unificado, y con la plena incorporación de los que perdieron la primaria, y habiendo cerrado pactos con otros cinco partidos reconocidos, en tanto se prepara para lanzar en noviembre los lineamientos básicos para una amplia coalición político-social, confluyendo con grupos y activistas sociales que buscan capitalizar el descontento y las expectativas que se expresaron en el movimiento Marcha Verde.

 Su candidato presidencial, Luis Abinader, ya obtuvo en el 2016 el 35% de la votación, cuando el partido apenas tenía un año y meses de reconstituido, tras la división del PRD, y apenas contaba el uno por ciento (ahora el 20%) del financiamiento estatal a los partidos. Esa votación fue significativa también porque la lograron luchando contra todo el Estado que se lanzó a imponer la reelección del presidente Danilo Medina, quien entonces mantenía alto nivel de aprobación. Ahora el candidato del PLD arranca con poco arraigo y con el partido dividido.

Pese a sus buenas perspectivas, el PRM tendría que lograr  respaldo suficiente, tanto del resto de los partidos de oposición, incluyendo al polo que representa la candidatura de Leonel Fernández, y de la sociedad en general, para contener la irrupción del gobierno en la campaña electoral y el abuso de los recursos del Estado.

 En su segundo informe de observación electoral 2020, el movimiento cívico Participación Ciudadana llamó al liderazgo nacional, político, económico, social y religioso a concertar avances democráticos para el 2020, y planteó que la JCE tiene “el desafío de frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista, incluyendo el nombramiento  como coordinadores a los más altos funcionarios públicos. Si no hace esto no podrá garantizar unas elecciones ni siquiera mínimamente democráticas y equitativas”.

Acuerdos para candidaturas

En lo inmediato el PRM  tiene que explicar en detalles el alcance de los acuerdos que se discuten entre muy diversos partidos de oposición, incluyendo a los que ahora respaldan la candidatura presidencial de Leonel Fernández, para acuerdos puntuales en  torno a candidaturas para senadores y alcaldes, que habían comenzado mucho antes de que se produjera la división del PLD. Es obvio que no se trata de una “alianza de Abinader y Leonel” como quieren vender los voceros peledeístas y los más radicales antileonelistas, ya que ambos se disputan el poder.

El PRM no puede darse el lujo de aparecer aliado al expresidente Fernández, a quien como gran parte de la oposición, ha considerado fundador del dominio del PLD sobre todas las instancias del Estado, del clientelismo, el rentismo y la corrupción como forma de mantener el control del Estado. Pero además no tiene necesidad de arriesgar su posición de alternativa al cansancio generado por el peledeísmo, aunque tácticamente concentre su atención en el candidato del PLD y del presidente Danilo Medina.

Eso no es incompatible con algunos acuerdos puntuales en candidaturas a senadores para evitar que los privilegiados financiamientos y barrilitos con que cuentan los actuales, casi todos buscando reelegirse, dejen al PLD con el control del Senado, con lo que aún si perdiera el Poder Ejecutivo, podría condicionar a un nuevo gobierno. La diversidad en el Senado es una apuesta fundamental para los cambios que pregonan los perremeístas.

Tienen que explicar claramente cómo se vienen tejiendo acuerdos entre una docena de partidos, agrupados en Juntos Podemos, entre los cuales cuatro han pasado ahora a apoyar la candidatura presidencial de Leonel Fernández, que implicarían intercambios de apoyos provinciales o municipales los otros niveles de elección. También se barajan acuerdos puntuales para candidatos a senadores y alcaldes entre los cinco aliados a la candidatura presidencial de Abinader, el Partido Reformista, que también pasó a apoyar a Leonel, y otros como Alianza País, que postula a Guillermo Moreno para presidente de la República.-        

Descanse en paz José Michelén

Por Juan Bolívar Díaz

Acaba de morir en Miami José Michelén Stefan, ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos, empresario y político, uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Salvador Jorge Blanco, creador de su “Avanzada Electoral”, ambos víctimas de la ignominia política del “genial estadista” Joaquín Balaguer, cuando retornó al poder en 1986, ciego y casi paralítico, y se sentó a destruir a su antecesor para erigirse nuevamente como insustituible en esta sociedad del más atrasado caudillismo.

 Para muchos, Michelén, como Jorge Blanco, es referente de la mayor corrupción en la historia nacional, lo que no deja de ser una terrible e irónica iniquidad, porque ellos, al igual que otro perseguido de la época, Fulgencio Espinal, nunca acumularon riqueza en el gobierno, ni la legaron a sus descendientes y vivieron hasta su muerte como profesionales de clase media.

Me apenó mucho leer en un chat de internet que Michelén había huido del país en 1987 en una avioneta de su propiedad y que había muerto en la pobreza tras fracasar en los negocios. Les pedí a los usuarios de ese medio que lo dejaran descansar en paz y les di mi testimonio personal de que tras salir del país él había vivido de la herencia paterna y después  de modestas consultorías. Nunca le formularon un expediente ante la justicia, pero arrastró la pena y la frustración hasta su reciente final, y en los últimos tiempos apenas se dejaba ver.

Quiero ampliar ese testimonio, porque yo quedé vinculado a Michelén Stefan al casarme en 1984 con Ada Wiscovitch Carlo, financista nacida en Puerto Rico, quien fuera su primera esposa y madre de sus tres primeros hijos José Yude, Jennifer (Pía) y Julio José. Eran niños de entre 13 y 10 años, a los que interioricé con tanto amor como a Adita, y de los que me siento orgulloso, especialmente cuando ellos y sus hijos me llaman Papa Juan, y porque se desarrollaron y son excelentes seres humanos, profesionales y empresarios emprendedores.

Debo advertir que las ignominias me alcanzaron cuando un negociante de la comunicación, vinculado a la quiebra de Banínter con 2 mil 765 millones de pesos, pasó años tratando de vincularme a la supuesta riqueza robada por José Michelén, aunque él sabía perfectamente que el divorcio de mi esposa y José había ocurrido en 1981, un año antes de que se iniciara el gobierno de Jorge Blanco y tres antes de nuestro matrimonio.

A los Michelén Stefen sólo les debo el respeto y la consideración que he recibido de ellos, que ha sido recíproco con la madre doña Clara y las hermanas. Pero por ellos y los tres hijos que he compartido debo testimoniar que José Michelén Stefan nunca tuvo avioneta, ni helicóptero, ni automóvil o vivienda de lujo y que vivió modestamente en Madrid y Miami.

Su hijo mayor financió sus estudios universitarios en Nueva York trabajando de noche como camarero en restaurantes y comenzó una exitosa carrera empresarial dejando jirones del pelo en una de las grandes empresas de Wall Street, donde llegó a manejar los mercados de Brasil y Argentina, y sobrevivió a los atentados del 11 de septiembre del 2001, porque aquel día estaba en Buenos Aires, ya que tenía oficina en una de las torres derribadas.

Julio José es también un gran emprendedor con una empresa de mercadeo, y Jennifer, a quien nunca le he querido llamar Pia, acompaña a su esposo peruano Jorge Miró Quesada en una muy exitosa propia empresa internacional de consultoría bancaria, viviendo en Miami desde que contrajo matrimonio. Los tres han forjado cada peso, dólar o euro con su esfuerzo, integridad y consistencia. Me siento orgulloso de su éxito y de que no se dejaran atrapar por las ignominias y el drama paterno.

Es posible que José Michelén incurriera en prácticas de clientelismo, rentismo o favoritismo que tanto han empañado la gestión gubernamental, pero nunca pude advertir que se llevara ni proporcionara a su familia algo del patrimonio público. Su pecado, como el de Jorge Blanco y Fulgencio, fue no haberse defendido cuando fue preciso. Por cierto que los tres murieron con nivel socio-económico menor al que tenían cuando llegaron a la política.

La vida de José Michelén Stefan fue un drama, profesional heredero de genes empresariales,  nunca superó los efectos de la ignominia de que fue víctima. En un país donde se cuentan por miles los que sí se enriquecen del patrimonio público y lo exhiben impunemente. Mi condolencia a toda la familia y a su viuda Janet García Godoy y al hijo de ambos, Juan José. –