Sigue pendiente un pacto político para restablecer la credibilidad

ELECCION JULa elección del Tribunal Electoral y 4 jueces de la Suprema Corte debería ser el primer paso del presidente Medina para un pacto político que incluya las reformas electorales y el combate a la corrupción para responder la indignación ciudadana

                                               Por Juan Bolívar Díaz     

Con absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de dar un paso trascendental para recuperar confianza y convocar a un pacto político que incluya las reformas electorales e institucionales para combatir la corrupción y la impunidad y satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Ya ni el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escapa del desconcierto y la confrontación que marcan una crisis política y aumenta allí la consciencia de la necesidad de enmendar el desorden institucional para intentar restablecer la confianza en las instituciones y evadir el peligro de desestabilización económica y social.

Reconocer la realidad

Lo primero que se impone al liderazgo político nacional, especialmente a los gobernantes, es reconocer que hay una creciente indignación nacional por los niveles de corrupción e impunidad, que repercuten en la inseguridad ciudadana y la pérdida de confianza en las instituciones, manifestada en el Movimiento Verde que ha sacudido muchos años de indiferencia y permisividad.

Más allá de la prepotencia política se debe reconocer que la insatisfacción ya no es sólo privativa de las clases medias, y que los sectores populares se van incorporando a la movilización, que abarca al liderazgo religioso y amplios segmentos empresariales, muchos de ellos expresando preocupación de que la creciente insatisfacción derive en desestabilización económico-social. La potencialidad de la protesta ciudadana ha determinado que sectores conservadores expresen temores de que pueda descarrilarse.

No pueden ignorar los alcances del mensaje emitido el 7 de julio por la Conferencia del Episcopado Dominicano, al término de su 55 asamblea plenaria, donde se expresa satisfacción porque “cada vez más la ciudadanía se empodere y tome parte más activa en la lucha contra la corrupción”. Coincidieron con el movimiento popular en reclamar esfuerzos por institucionalizar la justicia para sancionar la corrupción y proscribir la impunidad.

Ya antes la mayoría de los obispos, incluyendo al metropolitano de Santo Domingo, se había manifestado en la misma dirección en los últimos seis meses cuando el Movimiento Verde ha tomado las calles por todo el país. Lo mismo ha hecho el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y otros agrupamientos religiosos y empresariales.

El descrédito de la PGR

Si el gobierno alentó esperanzas de que la instancia de imputación presentada contra 14 personas por la Procuraduría General de la República (PGR) aplacaría la indignación, debería reconocer que en la opinión pública ha tenido un nuevo tropiezo, y que por donde quiera se huele el tufo de impunidad que ha rodeado la investigación en el país del escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras públicas y financiamiento de campañas electorales por la constructora brasileña Odebrecht.

Esta semana, mientras en Perú caía preso un expresidente y en Brasil otro era condenado por corrupción, aquí hubieron de ser excarcelados casi todos los imputados, y los solos razonamientos de la jueza de mayor crédito en el país, Miriam Germán, dejó en el mayor descrédito la investigación de la PGR, desplazando de la atención pública el voto de los otros cuatro integrantes de la Cámara de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.

En el descrédito quedó también el montaje mediático que acompañó los apresamientos bajo imputaciones que en su mayoría no resisten el análisis de ningún juez, con cuestionamientos a la negligente investigación nacional, dependiendo de generalidades registradas por la justicia brasileña. En la opinión pública independiente existe la convicción de que se ha vuelto al comienzo del escándalo que ya pasó de medio año y en la necesidad de reclamar a Odebrecht que entregue toda la información a que se comprometió en el “acuerdo de impunidad” que firmó con la PGR.

Repercusiones en el PLD

El escándalo de Odebrecht ha desestabilizado el PLD, cuyos organismos no han podido emitir un documento formalizando posición sobre la crisis, porque el encono se anida entre sus dirigentes, incluso más allá de la ya vieja confrontación entre sus líderes Danilo Medina y Leonel Fernández por el control de la poderosa maquinaria política. Tras las imputaciones el Comité Político no ha podido sesionar.

La crisis ha sido reconocida públicamente  por dirigentes de sectores vinculados al expresidente Fernández, y a los imputados que, como Temístocles Montás y Radhamés Segura han visto afectadas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del 2020. Hasta funcionarios gubernamentales reconocen discretamente que la crisis ha impactado seriamente el partido morado.

Fernando Fernández, un miembro del Comité Central que hasta el año pasado fue director de Aduanas y cercano colaborador del presidente Medina, expresó en un twiter y lo reiteró ayer en Uno+Uno, que los intentos continuistas del mandatario “han convertido en desechables hasta a los miembros del Comité Político”, tres de ellos imputados en lo que otros señalan “como chivos expiatorios de un financiamiento político de Odebrecht del que ni el presidente escapó”. Por eso algunos convienen en que si no es posible imputar a todos los responsables, lo menos que puede esperarse es una catarsis colectiva del liderazgo del PLD y de los otros partidos, que se traduzca en un serio compromiso de reformas políticas e institucionales.

La elección de jueces

El CNM ya está a días de escoger los nuevos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y 4 de renovación en la Suprema Corte de Justicia, por lo que la circunstancia parece propicia para dar pasos a la concertación política. El presidente Medina, con la gran mayoría de los ocho votos del organismo, tiene la posibilidad de imponer una renovación o ratificar el secuestro político del Tribunal Electoral, ejecutado por su antecesor Leonel Fernández.

Las expectativas son de que, como ocurrió a fines del año pasado con la Junta Central Electoral, Medina acatará las señales coyunturales y desechará la tentación de ratificar los actuales incondicionales, o de escoger otros también signados por la parcialidad y el compromiso partidista, dando paso a algún nivel de consenso.

En las actuales circunstancias no es posible desconocer el clamor nacional que propugna por jueces independientes y probos, del que es portador  no sólo el Movimiento Verde, sino también el bloque de partidos opositores, la misma Conferencia del Episcopado, el empresariado y los más diversos sectores sociales, así como los editoriales de los periódicos y los espacios de opinión no comprometidos con el gobierno.

Pero como eso solo no revocará el descontento nacional ni satisfará el clamor ciudadano, el presidente Medina debería marcar esa elección como un comienzo y hacerse protagonista de la necesidad de una ley de partidos y una ley del Régimen Electoral que abaraten el costo de la política, cierren la amplia avenida de la corrupción y el abuso de los poderes estatales, que renueve la democracia interna y garantice elecciones equitativas. Nada perdería él mandatario personalmente y podría ganar espacio para otros respiros y pactos que, como el fiscal, son imprescindibles ya a corto plazo para la estabilidad económico-social.

Avances en concertación

Aunque todavía tímidamente, en la Comisión Bicameral que ha abordado la concertación del proyecto de Ley de Partidos se han producido importantes avances, acordando  mecanismos para hacer prevalecer la democracia interna en los partidos, rendir cuentas del financiamiento público y hacer más transparente, con algunas limitaciones, las contribuciones privadas. También se ha logrado consenso en limitar el tiempo de las campañas internas por las candidaturas, restringiéndolas a actividades bajo techo y casa por casa, así como en la creación de un departamento en la Junta Central Electoral para fiscalizar las finanzas de los partidos.

Pero la comisión, con amplia participación partidaria y consultas a la sociedad civil, no podrá alcanzar el objetivo de aprobar la ley en la actual legislatura, a la que restan apenas ocho días laborables. Aún no logran consenso sobre asuntos nodales como los topes de gasto en las campañas internas, el padrón a utilizarse  para las elecciones de candidatos y y si serán simultáneas en todos los partidos. Ya acordaron que las organizaría la JCE, lo que podría ser muy difícil por el cómputo al mismo tiempo de los votos de precandidatos de los cuatro partidos  mayoritarios, que a razón de hasta 3 por cada uno de los 4 mil 66 cargos electivos, implicaría casi 50 mil. El cómputo de las elecciones del 2016 concluyó cuatro semanas después, con un solo candidato por partido.

El consenso tampoco se ha podido alcanzar sobre la equidad de género en las candidaturas, que se ha demandado elevar siquiera del 33 al 40 por ciento y extenderla a los cargos directivos de los partidos. Y mucho más esfuerzos de consensos  demandará la exigente y más compleja Ley del Régimen Electoral que pauta la competencia por el control del Estado.-

Tremenda lección de dignidad

Por Juan Bolívar Díaz

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Yo sé que este voto puede echarme un montón de descalificaciones, rumores, insultos, twitters alevosos, por iniciativa propia o por encargo, pero mal juez sería yo si dejara de actuar conforme a la Constitución y las leyes, y conforme a mi conciencia, frente a una situación que considero vulnera derechos fundamentales. En mi ejercicio como juez tengo como prenda más preciosa un pequeño espacio en el cual soy mi propia dueña, y que no se lo cedo a nadie. Uno de mis dioses particulares dijo que el corazón humano es un campo de batalla donde se enfrentan la libertad y el miedo. Creo que para el juez la frontera más lejana debe ser la del miedo”.

Aunque la he tratado desde que ingresó al servicio judicial, hace casi 4 décadas, y conozco su coraje, debo confesar que me conmovió la justificación del voto disidente razonado de la jueza presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, sobre la apelación a las medidas de coerción impuestas a los imputados por el escándalo Odebrecht. Fue una lección de dignidad, valentía, honradez y auto respeto, en una sociedad donde tantos se doblegan, se inhiben o se venden, ante las presiones del poder político y económico.

Ella, amante de la justicia, combatiente de la corrupción, con precedentes de importantes votos solitarios contra la impunidad, no desea que lo de Odebrecht se inscriba en ese derrotero, pero eso no le permite  inclinarse ante los designios ni el chanchullo político: “En la etapa actual de este proceso, y con lo aportado para las medidas de coerción, se aprecia una dificultad probatoria, que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio a fondo, donde las pruebas deben ser tales que no dejen lugar a dudas razonables”.

La majestad, la serenidad y seguridad de la exposición han llegado al alma y el cerebro de las personas honradas y muchos han entendido lo que es obvio desde que estalló el escándalo, que ni el sistema político, ni el gobierno, ni el sistema judicial quieren encontrarse con la verdad y que buscan ganar tiempo con imputaciones signadas como auténtico pasaporte a la impunidad.

Miriam Germán deja sentado “que a cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte de este proceso, le atormenta al aspecto probatorio”, que no pueden sustentarse en la abundancia del yo creo, me parece, de la instancia de La Procuraduría General de la República (PGR), porque lo general indagado en Brasil habría que aterrizarlo aquí, dando seguimiento al curso de los 83 millones de dólares contenidos en las 102 transferencias plenamente documentadas de 5 empresas off shore de Odebrecht a 2 de Angel Rondón.

Se necesitaba la voz autorizada de una auténtica jueza para que muchos vieran lo que es obvio desde el principio, cuando la PGR sorprendió dando plazos para que les entregaran los documentos del delito, en vez de salir a buscarlos, esperando que desde Brasil les llegara una lista que era obvio que allí no iban a procurar, teniendo suficiente con los cientos de brasileños imputados y habida cuenta de que los delitos se multiplicaron en 12 países. Es aquí donde habría que buscarlos y se dijo que para ello se firmó un pacto de impunidad con Odebrecht. Pero luego se niegan a reclamar su cumplimiento.

Lo de la PGR ha sido más que un engaño y mentiras, hasta negar lo que testimonian los medios televisivos y digitales, que grabó y distribuyó los videos del espectáculo de los apresamientos, tratando de marear a una ciudadanía harta de impunidad. Nuestro análisis en HOY del 17 de junio recogió 20  errores y omisiones de Procuraduría.

La instancia de la PGR deja claro que el 75 por ciento del dinero de los sobornos de  Odebrecht ingresó en el gobierno del Procurador Jean Alain Rodríguez, el 40.6 por ciento sólo en el 2014, pero no hay imputados por estos. Porque aunque ha dicho que un senador y un diputado, por ningún lado aparecen identificados. Y esa es la explicación de una instancia que reparte responsabilidades, al grado de que hay tantos imputados entre quienes manejaron el 5 por ciento de lo contratado con Odebrecht, y antes que llegaran las transferencias, como entre  quienes manejaron después el 95 por ciento. El tufo de la impunidad se percibe hasta en la Fosa de Milwaukee y en el Canal del Viento de Jamaica.-

 

 

 

 

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¿Dónde fueron a parar los US$62 millones de Odebrecht del 2012-15?

 

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El informe de la Comisión Presidencial sobre las plantas de carbón de Catalina deja constancias de irregularidades, pero sin sobrevaluación ni sobornos, remitiendo entonces al financiamiento de campañas electorales o a pedir perdón por calumnias  

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el informe de la Comisión Presidencial (CP) sobre la licitación y contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina deja constancia de múltiples irregularidades y formula importantes recomendaciones, le tira la toalla que esperaba el gobierno para librarse de las denuncias de sobornos y sobrevaluaciones.

Ya con las plantas incontaminadas, hay que remitirse al tercer renglón de las  operaciones encubiertas de Odebrecht, el financiamiento de campañas electorales, a no ser que la misma empresa se auto calumniara e incriminara con su confesión de que transfirió  al país 62.2 millones de dólares entre el 2012 y enero del 2015, pagando enorme multa.

¿Y los cuartos dónde están?

La recordación del popularizado eslogan bancario de los años 70 ¿y los cuartos dónde están? cobra vigencia y congela las sonrisas de celebración de funcionarios y voceros gubernamentales por el informe de la CP que concluye en que no hubo  sobrevaluación ni sobornos en la licitación y contratación de las plantas eléctricas.

Esas conclusiones remiten al tercer renglón de las operaciones encubiertas confesadas por Odebrech en 12 países, relevantemente en República Dominicana, el financiamiento de campañas electorales como mecanismo para conseguir contrataciones por miles de millones de dólares, aquí unos 6 mil.

Una de las pocas cosas que documenta con detalles la instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) que imputa a 14 personas por los sobornos de Odebrecht, son las transferencias de cinco cuentas bancarias offshore de la constructora a dos de su agente Angel Rondón, por 83,2 millones de dólares entre el 2007 y 2015, pero 62.2 millones de dólares (75 %),  entre enero del 2012 y enero del 2015, justo el período en que se optó por esas plantas, se licitaron y contrataron, según la PGR por 2010 millones de dólares, además de dos carreteras por 286,6 millones de dólares,

Se justifica preguntar dónde se fueron tantos millones, y especialmente los 33.8 millones de dólares transferidos en el 2014,a no ser que Odebrecht se auto incriminara y aceptara una multa por 2 mil 600 millones de dólares por sus prácticas mafiosas, y que toda la trama que se le atribuye sea una fantasía, al menos en este país de las maravillas,

Catalina no tiene imputado

La CP relata (puntos 58-59) que pidió a la PGR confirmar la inclusión de las plantas entre las obras que según su instancia de imputación “fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos”. La respuesta fue que de ninguno de los documentos suministrados por Brasil se infiere que se pagaran sobornos para su  adjudicación ni contratación. Pero refiere la nota la nota de prensa con que intentó subsanar la inclusión, según la cual “un empleado de la Odebrecht” habría dicho que un senador y un diputado fueron sobornados “para la aprobación del financiamiento por el Congreso Nacional”.

Pero resulta que la instancia oficial de la PGR no cita ese testimonio específico, ni imputa a ningún legislador por ese delito. Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Ruddy González son, de los imputados, los que estaban en el Congreso en el tiempo de Catalina (2010-16). Los otros dos, los dirigentes del opositor PRM Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, no estaban en ese período legislativo pero, en cambio, sí aparecen imputados por proyectos específicos anteriores, la aprobación del Acueducto Línea Noroeste, y las presas de Pinalito y Palomino.

Por eso llama la atención que a los peledeístas Valentín y Galán y al aliado perredeista González, no se les especifique implicación en el financiamiento de Catalina, que involucraba 2 mil millones de dólares. Vale recordar  que en el 2015 cuando el bloque de los diputados perredeístas y la mayoría leonelista en ambas cámaras decidieron apoyar la reforma constitucional para la reelección del presidente  Danilo Medina, Ruddy González y Tommy Galán fueron señalados por varios colegas como los gestores del generoso apoyo.

Los dos magos del ritmo

            Como en el 2014, cuando se aprobó el financiamiento de las plantas, con el Banco de Desarrollo del Brasil y un pool de bancos europeos por unos 1,400 millones de dólares, las transferencias de Odebrecht fueron por 33.8 millones de dólares, el senador y el diputado no identificados por la PGR debieron haber recibido una buena parte para poder “convencer” a 32 senadores del partido gobernante y a dos tercios de los 190 diputados de financiar una obra que era la “joya de la corona” de su mismo gobierno. Se les reputaría como los nuevos magos del ritmo, que habrían creado el lodazal sobre el cual dijo haber saltado el secretario general del PLD y presidente del Senado Reinaldo Pared.

Una nueva mirada más profunda a la instancia de la PGR no avala su tardía afirmación de que en las plantas el soborno fue sólo para el financiamiento, y es que a Galán sólo le documentan un incremento patrimonial de12.3 millones, pero de pesos, entre 2006-16. A Valentín le señalan 34.5 millones de pesos, incluyendo los 29 millones que aportó su segunda esposa, y a González apenas un apartamento de 5 millones de pesos.

En esos tres casos, como en la gran mayoría de los 14 imputados, ls PGR no ha aportado hasta ahora una sola prueba contundente que los condene ante un tribunal de verdad. Y no es porque no hubiera dinero, corrieron 62 millones 290 mil 800 dólares, entre el 2012 y enero del 2015, cuando fue la última transferencia de Odebrecht a Rondón, “el hombre del maletín”, según la misma instancia de la PGR. A 47.50 por dólar, eso totaliza 2,958 millones 813 mil pesos. Demasiado dinero para los dos legisladores anónimos.

Condecoren a Odebrecht        

Al paso que va el proceso, nadie deberá sorprenderse que dentro de un año todo haya quedado en la impunidad, especialmente si baja la presión social por sanciones de la corrupción. Y el país hasta le deberá una condecoración a Odebrecht, porque aquí no hubo complicidad con su entramado de sobrevaluaciones, (que aún no ha investigado la Contraloría General ni la Cámara de Cuentas) ni de los sobornos confesados por 92 millones de dólares, y menos de financiamiento electoral, aunque sus expertos asesores Joao Santana y Mónica Moura despachaban directamente con el presidente Medina.

Por de pronto, Medina consiguió que su Comisión dijera que no encontró sobrevaluación ni indicios de sobornos en su obra cumbre, saturada de irregularidades y sospechas desde que él deshizo la licitación que había iniciado su antecesor, tan pronto ascendió al poder en el 2012, un mes después de haber viajado a Brasil, donde se reunió con ejecutivos de Odebrecht y la presidenta Dilma Rousseff, quien dijo públicamente que lo ayudarían a resolver el problema energético del país.

La misma CP quedó con escaso crédito desde que el mandatario puso a presidirla a monseñor Agripino Núñez, hasta entonces miembro del consejo directivo de la empresa nacional asociada a Odebrecht en la contratación que investigaría, así como a César Sánchez, exadminsitrador de la CDEEE, que terminaría imputado por soborno, y al economista consultor del gobierno Jaime Aristy.

Constan irregularidades

Los más independientes de la CP habrían hecho esfuerzos al menos por dejar constancias de irregularidades, incluyendo recomendaciones como mejorar la ley de contrataciones, y advirtiendo que el Estado no debe aceptar costos adicionales a lo contratado, que se debe establecer la responsabilidad en el retraso de la construcción,  lo que implica pérdidas mensuales de US$25 millones (que ya sumarían 300 millones) que deberían reclamar en compensación. También que ya han estado pagando sobre un exceso de US$245 millones, porque los hitos se establecen en base al precio original de 2,040.7 millones, en vez de los US$1,945 millones finalmente contratados, a los que debe descontarse 150 millones avanzados en el 2014.

El informe de la CP se empeña en consignar irregularidades en todo el proceso de licitación, desde haber construido sobre terrenos privados, dos decretos de declaración de emergencia, injustificados, al extenderse por tres años, la violación de la ley de contrataciones en la integración de un comité de licitaciones dependiente de la gerencia contratante, y haber auspiciado que la consultora Stanley virtualmente sustituyera al Comité de Licitación, con un papel excesivamente protagónico, misma que luego pasaría a ser contratada para dar seguimiento técnico a la obra.

Consigna los esfuerzos de en aras del interés público de los economistas Isidoro Santana y Ramón Flores, quienes aunque eran asesores de la Presidencia de la República, renuncian al Comité de Licitación cuando les niegan acceso a la evaluación técnica que otorga la obra a Odebrecht, y señalaron su sospecha de que se buscaba favorecerla, y que todo lo que les dieron por evaluación técnica cupo en una sola hoja de power point.

Señalan que se negó dar oportunidad a más de un ofertante, tras la evaluación técnica, cuando lucía legítimo al interés nacional, aduciendo que no estaba en las bases de convocatoria, pero fabricaron un “competidor virtual” tampoco previsto, resultando una planta en Estados Unidos a precio similar a las Catalina. Pero esta era encarecida por el valor del terreno, de los salarios, del transporte, e impuestos aquí exonerados.-

La corrupción se lleva por año entre $30 mil y 51 mil millones

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El Gobierno se esfuerza en contener la marcha contra la impunidad

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Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno desplegó esta semana lo que pareció una ofensiva para distanciarse de la corrupción que se le endilga y responder el clamor nacional contra la impunidad, al reanudar las investigaciones sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano por 93.7 millones de dólares y sobre las irregularidades en la venta del barrio Los Tres Brazos.

La Procuraduría General también presentó querella contra algunos de los involucrados en la mafia extorsionadora que provocó el suicidio de un contratista en plena Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mientras la Dirección General de Contrataciones Públicas anunciaba la anulación de licitaciones en dos organismos estatales.

Abandona la pasividad. El Gobierno no se ha detenido tras las imputaciones a 14 personas por el escándalo de sobornos de la Odebrecht y esta semana lanzó una ofensiva procurando distanciarse de la pasividad y la impunidad con que había visto pasar numerosos actos de corrupción que han rebosado la paciencia ciudadana.

El éxito de la última marcha verde, efectuada hace dos semanas en San Pedro de Macorís, demostró que hace falta mucho más para contener la indignación ciudadana, por lo que se ha pasado a dilucidar varios de los casos acumulados en el rosario de corrupción nacional.
Ninguno más parecido al de Odebrecht que los sobornos por la compra de los 8 aviones Súper Tucano, también en Brasil, a un costo de 93.7 millones de dólares, por igual confesados ante la justicia estadounidense por la empresa Embraer, que habría pagado coimas de 205 millones de dólares, 3.5 millones en la República Dominicana, y el resto en Arabia Saudita y Mozambique.

Otros dos escándalos, enrostrados sistemáticamente al Gobierno del presidente Danilo Medina, fueron reactivados por la Justicia en esta semana: el de la mafia extorsionadora que operaba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el de la venta de los terrenos del barrio Los tres Brazos, en Santo Domingo Este, pertenecientes a la otrora poderosa Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Ningún caso completado. Ninguno de los tres casos abordados esta semana por la Procuraduría General de la República ha podido culminar en imputaciones satisfactorias y más bien ha parecido que se juega al olvido.

El revuelo de las denuncias de sobrevaluaciones y sobornos para la compra y aprobación del contrato de los Tucano comenzó desde que se planteó la adquisición cerrada en el 2008.

En mayo de 2016 el diario Wall Street Journal ofreció los detalles del soborno a militares y legisladores por los 3.5 millones de dólares. Desde febrero de 2016 la Procuraduría General asumió la investigación robustecida con la confesión de la Embraer en octubre.

Hasta el momento el Ministerio Público solo ha imputado al exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio y al coronel Carlos Piccini Núñez, así como al empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández.

Ningún legislador ni político ha sido imputado, aunque desde el principio se vocean nombres y apellidos, en una compra por 94 millones de dólares, cuyo financiamiento fue denunciado en el Congreso Nacional antes de su aprobación.

Como en el caso Odebrecht, la percepción generalizada es que en los Tucano no solo hubo sobornos, sino también sobrevaluación, comparando los precios a que otros países, como Colombia, habían pagado el mismo tipo de aeronave.

Otra similitud es que en este también ha habido selectividad en las imputaciones, pues han resultado ilesos los ejecutivos de otras dos empresas identificadas como las mayores correas de las transferencias al país del dinero, teniendo en común apellidos tan sonoros como Balaguer y Rojas Tabar. Con nuevos interrogatorios, la Procuraduría General de la República procuraría completar un expediente creíble. Hasta ahora solo el coronel Piccini Núñez está preso y es señalado como un “chivito expiatorio”.

Expedientes en OISOE. Tres de los escándalos de corrupción del actual Gobierno han sido los que afectaron a la OISOE, la CORDE y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Los dos primeros fueron de los abordados esta semana. El de la OISOE es el más avanzado, ya que el lunes la Procuraduría Especializada para Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó acusación formal ante juez contra cuatro involucrados.
Aquí también se denuncia selectividad, pues se atribuye a cuatro funcionarios medios la operación de una red de extorsiones para contrataciones y pagos de obras, que hizo explosión en septiembre de 2015 con el suicidio en plenas oficinas de la OISOE del contratista David Rodríguez, quien dejó una nota acusatoria.

Luego el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) presentó otros 52 expedientes sujetos a la misma extorsión. Muy pocos han aceptado que no hubiese al menos complicidad en los mandos superiores de la institución.

La PGR tiene otro expediente pendiente de la OISOE, bajo la misma administración, por haber casi duplicado el costo de la remodelación del hospital Darío Contreras, originalmente contratada por 886 millones de pesos y que concluyó en 2014 en 1,700 millones de pesos.

La enorme sobrevaluación fue certificada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, revalorada por la Dirección General de Contrataciones Públicas que remitió el expediente a la PGR hace año y medio.

Las sobrevaluaciones de hasta 100 por ciento han sido sistemáticas en la OISOE, señalándose los casos de los parqueos del Palacio de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la administración del ahora senador Félix Bautista.

Los casos más difíciles. Para responder los cuestionamientos que han generado la indignación de la Marcha Verde, la PGR tiene todavía mucho terreno por cubrir, especialmente en las investigaciones de las denuncias de sobrevaluaciones. Comenzando mayo el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, presentaron una denuncia para que se investigue el financiamiento de campañas electorales por Odebrecht.

El documento se basó en las revelaciones de los interrogatorios en Brasil y recogió la ruta de la operación Lava Jato hasta la República Dominicana, documentando transferencias por 4 millones 396 mil dólares de empresas offshore de Odebrecht a la firma Cine&Art 2013 establecida en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, el asesor de las campañas electorales de Danilo Medina. Hasta el momento no ha habido respuesta.

Pero a la PGR no le ha interesado investigar las denuncias de financiamientos de campañas. En mayo del 2015 un grupo de 17 diputados del Partido Revolucionario Moderno depositó una instancia para que los interrogaran sobre la voceada compra de votos para la reforma constitucional que permitiría la reelección de Medina.

Luego en marzo de 2016 el mismo partido sometió otra denuncia para que investigaran las relaciones de la empresa de Joao Santana Polis Caribe con el Estado. Silencio en ambos casos.

Errores y omisiones de la Procuraduría en el manejo del escándalo Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
PAISES EN SOBRECARGO

La dependencia de los papeles de Brasil ha sido casi total en el rol de la Procuraduría General de la República (PGR) para sancionar los sobornos, sobrevaluaciones de obras, estimadas sobre US$1,200 millones, financiamientos electorales y abuso del territorio nacional por Odebrecht para la mayor operación de corrupción transnacional.

Desaprovechó el generoso pacto con la empresa transgresora sin reclamar el interrogatorio de sus ejecutivos que operaron en el país para documentar las implicaciones, quedando a expensas de generalidades fácilmente destructibles por la defensa y con una instancia de poco peso documental y errores garrafales.
Datos generales en Brasil. Los más optimistas se aferran a la esperanza de que en los 8 meses que tiene de plazo, la PGR encuentre suficientes pruebas documentales o testimonios concretos para que jueces de la Suprema Corte de Justicia puedan condenar a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht en el país, muy escasos en la instancia con que solicitó su privación de libertad.

Los pesimistas y desconfiados, que parecen mayoría, creen que la instancia es lo más que pudieron lograr las autoridades judiciales y políticas para tratar de contener el clamor nacional e internacional por el fin de la impunidad sin mayores complicaciones políticas, aún al interior del Gobierno. Se quedaron en generalidades y acusaciones indirectas, sin afirmaciones categóricas ni montos, y apenas sobre los sobornos que habrían mediado para la contratación de 17 obras por casi 6 mil millones de dólares en el período 2001-14.
El Ministerio Público dominicano no ha reclamado interrogar en Brasil a los ejecutivos de la Odebrecht que operaron en el país, como lo hizo el de Perú, que el 16 de mayo pasado interrogó en Curitiba al presidente del consorcio Marcelo Odebrecht buscando detalles sobre financiamientos políticos que involucran a tres expresidentes.

El interrogatorio a los ejecutivos Marcos Vasconcelos, Ernesto Sa Viera y Luis da Rocha, que aparecen refiriendo que Angel Rondón habría sobornado a varios funcionarios y legisladores dominicanos, sería fundamental para obtener precisiones. Por igual a los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio, Hilberto Alves da Silva y Eduardo Soares, que han testimoniado financiamiento de campañas electorales dominicanas a través de Joao Santana.

A expensas del exterior. La realidad es que durante meses la PGR pareció depender del “listado de sobornados” que le entregaría la Justicia brasileña, y eso no ha ocurrido, porque era imposible que allá pidieran los detalles de montos, sistemas de pagos, fechas o intermediarios de las implicaciones en los 12 países que incluyó el escándalo de sobrevaluaciones de obras públicas, mediante el soborno y el financiamiento electoral.
El pacto firmado con Odebrecht establecía la obligación de sus ejecutivos de entregar toda la información y documentación de sus delitos, en un plazo de 60 días luego reducido a 30, pero eso no ha ocurrido ni parece que se le esté exigiendo, ya que la PGR aduce ahora que lo comprometido era lo confesado ante la Justicia brasileña.

A presiones internacionales se atribuye el que las autoridades hayan procedido a imputar a 14 personas, repartiendo responsabilidades políticas y a que lo hicieran aparatosamente, filtrando implicados y avisando fechas y horas para dar “una demostración de firmeza” y de paso distraer la atención de quienes reclaman el fin de la impunidad. Espectáculo fue también el traslado de la mayoría de los imputados en un autobús turístico de amplios ventanales, y en horario avisado que permitió concentración de testigos.

Lo peor fue el aparataje que acompañó los arrestos, tratándose de personas con responsabilidades públicas que habían accedido a responder ante las autoridades investigativas y manifestaban disposición a los procedimientos judiciales, varios encausados con indicios tan débiles que no resistirían un habeas corpus.

Estiman sobrevaluaciones. Fue un grupo periodístico peruano de investigaciones que develó hace meses la ruta del Lava Jato en República Dominicana, identificando un entramado de empresas, que mediante 16 transferencias aportaron 4 millones 396 mil dólares a la firma CineArt 2013, creada en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, que se cree estaban destinados a financiamiento político, entre octubre de 2013 y julio de 2014.

Esta semana el consorcio internacional de investigación periodística Convoca Investiga Lava Jato, publicó una evaluación de más de 50 obras construidas por Odebrecht en siete países, estimando que tuvieron costos adicionales a lo originalmente contratado por más de 6 mil millones de dólares, en muchos casos investigados como sobrevaluaciones. El mayor volumen ocurrió en Perú con 1,932 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,778 millones y República Dominicana 1,217 millones de dólares.
Convoca, entre cuyos socios está el importante diario Folha, de Sao Paulo, identifica a

Leonel Fernández como el presidente que más contratos otorgó a Odebrecht, con 12, seguido del difunto mandatario venezolano Hugo Chávez y el panameño Ricardo Martinelli ambos con 11. Este último fue detenido esta semana en Miami requerido por las autoridades judiciales de Panamá.

Justo en Venezuela, República Dominicana y Panamá fue donde Odebrecht confesó los mayores montos pagados en sobornos, por 98 millones de dólares, 92 y 59 millones respectivamente. Ejecutivos de la constructora han dicho que el patrón de sobrevaluaciones era el 22 por ciento. Los 1,217 millones que Convoca atribuye a las sobrevaluaciones de las 17 obras en el país equivalen al 20.4 por ciento. Los estimados son fruto del análisis de una base de datos compartida por 20 periodistas de siete países. Sus resultados se pueden comprobar en la dirección electrónica “investigalavajato.convoca.pe”

Errores inconcebibles. Hay que leer detenidamente las 326 páginas de la instancia acusatoria de la PGR para detectar múltiples errores de diversa magnitud, algunos tan sonados como el haber convertido en 100 millones de pesos dos depósitos por 500 mil pesos cada uno en una cuenta del imputado Roberto Rodríguez. La “aclaración” después, ridiculizada por la defensa fue que se trató de un “error mecanográfico”, aunque figura en dos cuadros, en números y letras, y se argumenta sobre su magnitud.

Los redactores llegan al extremo de confundir revaluaciones de propiedades inmobiliarias de una declaración jurada a otra con intento de ocultar su patrimonio, cuando en esos casos fue de actualizar su valor siempre elevándolos, con lo que les suben el “enriquecimiento ilícito”. Le atribuyen a dos legisladores 7 y 8 automóviles de lujo, registrados en la DGII, como no declarados, ignorando la práctica generalizada de vender exoneraciones, que durante años permanecen a nombre del beneficiario.

Es significativo que la hija de Angel Rondón, Angelina Rondón Marte, 37 años, no esté imputada, aunque se le identifica como accionista de sus empresas receptoras de dinero de Odebrecht y se especifica que recibió depósitos bancarios por 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares, totalizando más de 1,170 millones de pesos. Esta suma supera el patrimonio que la misma instancia atribuye a 12 de los imputados, exceptuando a Rondón y Díaz Rúa. Tampoco fue imputado el primo, Kelly Rondón, gerente administrativo de Conamsa, que recibió 23 millones de dólares de Odebrecht. Se le atribuye haber colocado más de 50 millones de pesos en cuentas bancarias, entre 2007 y 2017.

Mientras a César Sánchez le imputan haber elevado su patrimonio en 7 millones de pesos en cuatro años, a Tommy Galán por 12 millones en seis años como senador, a Temístocles Montás en 35 millones de pesos, tras 17 años de ministro. A Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos parece que no les encontraron patrimonio. Y abundan los datos falsos en muchas imputaciones, incluyendo las de Andrés Bautista, cuyo abogado, Carlos Salcedo, destrozó en la audiencia, como la de atribuirle aprobaciones congresuales cuando ya no estaba en el Senado. Y muchos dislates más que no caben en este espacio.

Sin efectos los sobornos 2012-15 y el financiamiento de campañas

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque evadiendo explicar los sobornos de Odebrecht en el período 2012-15 y los  testimonios sobre financiamiento de campañas electorales, el gobierno de Medina intenta matar tres pájaros de un tiro: la Marcha Verde, el leonelismo y, el PRM

           La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido selectiva en dar crédito a los expedientes de la justicia brasileña sobre los sobornos de Odebrecht en el país en el período 2002-12,  para dictar 14 órdenes de prisión, pero ignora los del 2012-15, aunque en este se realizaron las dos terceras partes de las transferencias en dólares.

Se trataría de una gran manipulación política para matar tres pájaros de un solo tiro, lo primero sería contener la ola de indignación nacional manifiesta en la Marcha Verde, y las presiones internacionales, liquidar la competencia interna del leonelismo, y desacreditar y dejar a la defensiva  al principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM)

Una tremenda dicotomía

            Ha llamado la atención el aparataje con que el gobierno procedió al encarcelamiento de diez de los 14 imputados por la recepción de los sobornos confesados por la Odebrecht para obtener contratos de obras en la República Dominicana por 92 millones de dólares y la radicalidad de mantenerlos en prisión en su mayoría sin pruebas sostenibles, y casi todos por contrataciones en los períodos gubernamentales de Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

Para imputar a seis exfuncionarios y legisladores del período de Mejía (2000-04) y a otros tantos del doble de Fernández (2004-12), la PGR se fundamentó en interrogatorios a ejecutivos de la constructora realizados por la justicia de Brasil, aunque en la generalidad de los casos sólo hay referencias y presunciones de que recibieron sobornos a través del representante de Odebrecht Angel Rondón. En ningún caso se indica suma específica.

La PGR sostiene que hubo sobornos en la contratación de 17 obras, identificadas con sus respectivos montos, desde la primera, el  Acueducto de la Línea Noroeste por 161.7 millones de dólares, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, por 2010. 7 millones de dólares, la mayor inversión del  gobierno del presidente Danilo Medina.

Tras el impacto generado por la inclusión de las plantas de carbón de Medina, la PGR emitió un comunicado indicando que en esta obra los sobornos no se produjeron en su licitación y contratación, sino en la aprobación de su financiamiento por el Congreso Nacional, apelando al testimonio atribuido a “un empleado de Odebrecht”, según el cual un senador y un diputado habrían recibido las coimas, pero ahorrándose identificarlos.

2/3 en período de Danilo

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que desde que comenzaron a ser señalados los presuntos sobornados, es la ausencia de los funcionarios y dirigentes del Congreso involucrados en las obras realizadas en el período de gobierno del actual jefe del Ministerio Público, lo que se agravó al conocerse el texto de la misma instancia de la PGR.

El documento da cuenta de 101 transferencias de 5 empresas offshore de Odebrecht, a 2 empresas, todas identificadas, de Angel Rondón, imputado como el sobornador, por un monto de 81 millones 279 mil dólares, entre el 2007 y 2015, de los cuales 53 millones 859 mil, las dos terceras partes, ingresaron entre el 16 de agosto del 2012 y el 13 de enero de, 2015, es decir en los primeros 29 meses del gobierno de Medina y los otros 27.4 millones de dólares fueron transferidos en los 8 años seguidos de gobierno de Leonel Fernández,  a un promedio de 285 mil dólares mensuales, mientras en el meses de Medina el promedio alcanzó a 1 millón 859 mil dólares, es decir 6.5 veces mayor.

Visto por años, la bolsa de sobornos creció enorme y ascendentemente en el período 2011-14. En 2011 fue de 10.2 millones de dólares, 11.4 en el 12,  para elevarse a 15.8 en el 13, y duplicarse a 31.8 millones de dólares en el 2014. La última transferencia fue de 1.1 millón, en enero del 2015, cuando ya la caían presos en Brasil los jefes de Odebrecht.

Catalina o el lodazal

Si las millonarias transferencias a Rondón, es la base que sustenta las acusaciones de sobornos en el país, resulta difícil entender que salgan limpias las obras y los ejecutivos del actual gobierno que. según la PGR, totalizan 2 mil 297.3 millones de dólares, el 38.5% de la inversión en los 17 contratos. Sobre todo cuando uno solo de ellos, el de las plantas de Punta Catalina, está valorado en 2040 millones de dólares. En el período hay otros dos contratos para obras viales por 287 millones de dólares. Hay curiosidad por saber el destino de los 31.8 millones de dólares transferidos por Odebrech en el 2014 de las Catalina.

Después de conocida su instancia, donde consta que en todos los contratos hubo sobornos, la PGR precisó en un comunicado que en Catalina no se hizo en la licitación y ejecución -sujetas a la investigación de una comisión ahora herida por la imputación de uno de sus miembros-, sino en la aprobación congresual del financiamiento, basándose en que “un empleado de Odebrecht” atribuyó soborno a un senador y un diputado. Como el financiamiento entró por el Senado, como casi todos los proyectos de Odebrecht, habría que concluir que uno solo de los 32 senadores, entonces 30 del partido gobernante y dos aliados, logró convencerlos a todos, y lo mismo habría hecho el diputado, pero éste fue un mago mayor, porque hubo de convencer a más de un centenar de diputados.

Es resaltante que la PGR no identificara a esos dos magos del ritmo, que serían los responsables del lodazal al que aludió el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, afirmando que él no se enlodó, aunque ha conducido la inmensa mayoría de las aprobaciones senatoriales de las contrataciones de Odebrecht, “bajando línea” a sus copartidarios. Si todo es cierto, habría que convenir en que el gobierno y los líderes del PLD viven no sobre un lodazal, sino sobre un inmenso pantano, porque con 30 de 32 senadores no podían  aprobar su más importante obra sin los sobornos extranjeros.

Contraste con el PRM

Tampoco se enlodaron otros que, como Cristina Lizardo y Abel Martínez, . presidieron aprobaciones en ambas cámaras legislativas, casi siempre declaradas de urgencia, sin estudios de comisión y sin dar tiempo a que los legisladores leyeran legajos de hasta 2 mil páginas como el de Catalina, puesto que ninguno de ellos están imputados.

Los del antiguo PRD, del período de Hipólito Mejía, 2000-04 no tuvieron igual suerte, ya que el entonces presidente del senado, Andrés Bautista, resultó imputado hasta por contratos que se aprobaron después que salió del cargo, entre las múltiples incoherencias y dislates de la instancia de la PGR, como la de mostrar enriquecimiento ilícito del imputado Roberto Rodríguez, por dos depósitos bancarios de 500 mil pesos, presentados como de 50 millones de pesos cada uno, lo que no fue un error mecanográfico, como se ha dicho luego, ya que se argumentó y hasta se consignó una fecha falsa.

También fue imputado el presidente de la Cámara de Diputados de ese período, Alfredo Pacheco, que como Bautista es ahora dirigente del principal partido de oposición el PRM.  Es significativo que en ese cuatrienio, donde se aprobaron sólo dos proyectos de Odebrecht por el 5 por ciento del total de las contrataciones y sólo ejecutaron el primero, encontraron 6 funcionarios y legisladores sobornados, la misma cantidad que en los períodos del PLD que contrataron el 95 por ciento. Y aunque las transferencias de Odebretch sacadas por la PGR de las confesiones en Brasil comenzaron en el 2007.

Danilo a la ofensiva

            Es obvio que con las imputaciones y las coerciones dispuestas por el juez de instrucción Francisco Ortega, no ha ganado sólo la PGR, sino especialmente el gobierno a quien se debe administrativa y políticamente el procurador Jean Alain Rodríguez. El presidente Danilo Medina pasó a la ofensiva, tras casi seis meses a la defensiva.

Todo el aparataje de los apresamientos, la repartición de culpas con imputaciones pobremente fundamentadas, como desnudaron los abogados defensores, sacrificando hasta al ministro Temístocles Montás, uno de los mayores arquitectos del PLD, tiene como objetivos contener la Marcha Verde, distraer las crecientes presiones internacionales por la evasión, atribuir las responsabilidades a la oposición interna del leonelismo, y a la externa del PRM, como advirtió el exsubsecretario de Estado de EU Roger Noriega en el Miami Herald, para tratar de  revocar el deterioro de la legitimidad y popularidad y abrir espacio al continuismo. De paso quedan fuera de balance dos de los precandidatos del PLD en el 2012, Montás y Radhamés Segura.

Ls crónicas cuentan que el presidente Medina siguió por televisión el espectáculo de los apresamientos y que en los días de las audiencias judiciales las ctividades del Palacio Nacional lucían detenidas. Mientras tanto, para nada se exige que la ODEBRECHT entregue la cacareada lista de sobornados que justificó el acuerdo que libera de cargos a sus ejecutivos y le permite seguir construyendo en el país, por encima de la ley, lo que constituye otro fraude y un pacto de mutuas consideraciones. Entre enero y mayo la Constructora recibió más de 12 mil millones de pesos por las obras que ejecuta. Aunque se admitió que las plantas de Catalina siguen con problemas del financiamiento internacional.

Por demás el espectáculo desvía la atención de otros tres aspectos fundamentales del escándalo Odebrecht, sobre los cuales hay abundantes y válidos testimonio, como las sobrevaluaciones de las obras, el financiamiento de campañas electorales y el uso del país como plataforma final del más grande entramado de corrupción internacional.-

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TRANSFERENCIAS DE 5 EMPRESAS DE ODEBRECHT A 2 DE ANGEL RONDÓN

              (EN DOLARES, 2007-2015)

Año———–monto———porcentaje    

2007 —– $1,213,900 —— 1.49%

2008—– $ 3,467,400——-4.26%

2009——$4,431,900——- 5.46%

2010——$1,653,300——- 2.03%

2011—- $10,222,500——12.58%

2012—- $11,460,900——14.10%

2013—- $15,845,400——19.50%

2014—-$ 31,839,400——39.17%

2015—-$   1,145,100——  1.41%

TOTAL$81,279,800—– 100.00%

Elaborado con informaciones de La Instancia de la Procuraduría General

               

Ni están todos los que son ni son todos los que están

Por Juan Bolívar Díaz

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FUENTE: Elaborado en base a los detalles de la instacia incriminatoria de la Procuraduría General de la República

Le falta mucho al expediente de la Procuraduría sobre el escándalo de Odebrecht para que pueda contener la impunidad,  con un tufo político cargado hacia la oposición mientras evade el financiamiento electoral y el lodazal reconocidos por Temístocles y Reinaldo Pared

El expediente con que la Procuraduría General de la República imputa a 14 personas es un intento por repartir responsabilidades y contener la indignación por el escándalo Odebrecht cargando el dado a la oposición política que aprobó sólo dos de los 17 contratos, apenas el 5% de la inversión, aunque reconoce que hubo sobornos en todos los casos.

En la mayoría de las imputaciones se presume enriquecimiento ilícito de poca monta derivado de las declaraciones juradas de bienes, pero sin aportar testimonios ni pruebas de que recibieron sobornos, resaltando la documentación incriminatoria de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y sin el menor esfuerzo por dilucidar el financiamiento de campañas electorales.

Muy pocas sorpresas

El expediente, que  pudo haber sido hecho en enero cuando ya la mayoría de los imputados eran se;alados en los ámbitos gubernamentales, donde argumentaban que sería caótico procesar a todos los sobornados por Odebrecht, no presenta la prometida lista con nombres y montos. Las mayores sorpresas fueron las inclusiones del ministro Temístocles Montás y del experto en energía Bernardo Castellanos. Todos los demás estaban destinados al sacrificio, antes de que se conociera ningún documento de las investigaciones en Brasil. Mencionaban también al secretario general del PRM, Jesús Vásquez, pero parece suficiente que incluyeran a su presidente Andrés Bautista y al secretario general del DN Alfredo Pacheco, y a otros cuatro vinculados. Como también se voceó, dejaron sin imputar a una hija de Rondón y al yerno de Díaz Rúa, aunque ambos aparecen con cargos específicos en el extenso documento de 336 páginas.

Más allá de Angel Rondón, a quien Odebrecht identificó desde enero como distribuidor de los 92 millones de dólares de sobornos en el país, y de Víctor Díaz Rúa, quien firmó la mayoría de los contratos, sólo Temístocles Montás es identificado como receptor de dinero de Odebrecht para financiamiento político, y facilitador de aprobaciones congresuales, lo que contradice su imagen de peledeista ortodoxos, frugal y de poca acumulación de bienes.

Montás reconoce que recibió contribuciones de Rondón, para campañas electorales del PLD, pero no como contrapartida, pues no negocio, ni firmó ni aprobó proyectos ni su financiamiento, señalando a los que sí lo hicieron. De sus declaraciones juradas de bienes se le resalta un incremento de 4.9 a 39.9 millones de pesos, entre el 2004  y 2016. La PGR sólo  le  atribuye el salario inicial de 75 mil pesos, ignorando que desde 2010 subió a 300 mil, y que recibía otros  262 mil mensuales como miembro del Consejo del INDOTEL.

Angel  Rondón y Díaz Rúa

Las imputaciones más documentadas son las de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Al primero se le documenta como el gran sobornador, que recibió 81.2 millones de dólares de cinco firmas de Odebrecht, a sus empresas Loshan y Conamsa entre el 2007-15, con la movilización bancaria de 844.2 millones de pesos y 80.6 millones de dólares, entre  2007-17. Ya en enero aceptó haber recibido 92 millones de dólares, pero aduce  que como pago de comisiones por representación de la constructora. Le atribuyen 40 empresas. A su hija Angelina Rondón, la señalan como accionista de sus empresas y receptora de 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares entre 2007-14. Pero ella no es imputada, como tampoco el primo Kelly M. Rondón, implicado como  gerente administrativo de Conamsa.

El expediente es abundante sobre Díaz Rúa, firmante de la mayoría de los contratos con Odebrecht, por 2 mil 370.8 millones de dólares, como director de INAPA y Ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Leonel Fernández. De sus declaraciones de bienes le resaltan un incremento de 63.5 millones de pesos en el 2004, a 153 en el 2006 y a 414 millones de pesos en el 2008. El exrepresentante de la empresa brasileña en el país, Marcos Vasconcelos, le imputa sobornos  de 6.6 y 3.2 millones de dólares, y de haber cobrado comisiones de 1.25% de valores contratados, en asociación con su abogado Conrado Pittaluga, imputado  por la PGR.  También le atribuyen haber logrado la aprobación irregular, de urgencia, de contratos y adendas de los mismos. Su  yerno, Leonardo Guzmán Font, aparece como asesor financiero de Pittaluga y comisario de cuentas y receptor de pagos por 400 mil dólares, pero no es imputado.

Sin sobornos específicos

            A la mayoría de los imputados no se les señalan sobornos específicos, pero sí les presumen enriquecimiento ilícito partiendo de sus declaraciones juradas de bienes, algunas incompletas y violatorias de la ley. Entre los más comprometidos aparecen Radhamés Segura, administrador de la CDEE (2004-09) en el gobierno de Fernández, y el director de Inapa en el  de Hipólito Mejía, y luego legislador  Roberto Rodríguez, firmante y ejecutor de la mayor parte del primer contrato con Odebrecht, el del Acueducto del Noroeste. Le documentan dos depósitos de 50 millones de pesos cada uno en una cuenta bancaria en días sucesivos de abril del 2006 y de haber elevado su patrimonio de 17 millones de pesos en 2006, a 65 millones en 2016.

A Segura se le responsabiliza de haber elevado en 187 millones de dólares el costo de la hidroeléctrica de Pinalito, que contratada por 131 millones, terminaría en 361 millones de dólares, tras múltiples adendas. También de irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica Palomino en el 2005, por 225 millones de dólares que concluiría en 592.8 millones de dólares. Con incremento patrimonial de 28.2 a 73 millones de pesos del 2004-08.

A Andrés Bautista, presidente del Senado 2001-06 le presume enriquecimiento ilícito por haber adquirido inmuebles por 43.6 millones de pesos entre el 1995 y 2008. Lo relacionan sin aportar pruebas con la aprobación de la presa de Pinalito en el gobierno de Mejía y los financiamientos de Palomino en el de Fernández. Le señalan participación accionaria en 12 empresas, sin especificar montos.

Al senador Tommy galán le atribuyen enriquecimiento ilícito, con incremento patrimonial de 10.8 millones a 49.9 millones de pesos entre 2006-16 y no haber declarado acciones en 5 empresas, en tres con menos del 5%.Al senador Julio César Valentín incremento de patrimonio de 10.8 millones a 49.9 (2006/16) Le documentan en la DGII 8 vehículos de lujo, aunque sólo incluye uno en su declaración jurada. Al diputado  Alfredo Pacheco, quien presidió la cámara por dos a;os le registran un incremento patrimonial de 5.1 a 30 millones de pesos entre 2006-16 y le imputan no haber declarados dos solares valorados en 43 millones de pesos.

La hediondez política

El tufo político del expediente de la PGR queda de manifiesto cuando se advierte que la mitad de los imputados son del antiguo PRD, 6 del ahora PRM, cuando ese partido gobernó del 2000-04, período en que se firmaron y aprobaron sólo 2 de los 17 proyectos, por un monto de 293.4 millones de dólares, apenas el 5% del total. En cuadro anexo, como otros dos elaborado en base al expediente de la PGR, Pinalito aparece con valor de 361.2 millones de dólares, aunque lo aprobado por los perredeistas fue 131.7. Tocó al gobierno de Fernández ejecutarla por completo.

Los imputados del gobierno de Mejía  eran 8, incluyendo al director de la empresa estatal de generación hidroeléctrica Rafael Suero Miliano, excluido después de aparecer en la  orden judicial de arresto del 26 de mayo. El experto energético Bernardo Castellanos, un persistente crítico de las plantas de Medina, aparece acusado de recibir soborno sin especificación, por su aval técnico a la presa de Pinalito, innecesario, porque esta tenía avales técnicos de estudios financiados por Japón y Estados Unidos.

La hediondez política aumenta al comprobarse en el mismo expediente que las transferencias de la Odebrecht a Rondón comenzaron en el 2007 con 1.2 millones de dólares, 3.4 en el 2008  y 4.4 en 2009. Los peledeistas controlan el gobierno desde el 2004 y por completo el Congreso desde el 2006, pero sólo tienen 5 imputados, gracias a lo que dijo su secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared de que “crucé por el lodazal y no me enlodé”. Pero en el lodazal fue que cogieron velocidad las transferencias de Odebrecht para sobornos, que en el 2011 subieron a 10.2 millones de dólares, a  11.4 en el 12, a 15.8 en el 13, y hasta 31.8 millones de dólares en el 2014, para apagarse en 1.1 en el 2015, cuando ya la justicia brasileña había desnudado el escándalo.

Se puede advertir que las transferencias alcanzaron casi tres años del gobierno del presidente Medina, y el período de contratación de sus plantas de carbón por 2 mil 40 millones de dólares. Aunque el expediente indica que todas las obras “fueron adjudicadas u otorgadas mediante sobornos”, luego la propia PGR ha precisado que en las plantas de carbón fue sólo en la aprobación. Tal vez crean que volvieron a ser los opositores o los leonelistas.

Camino a la impunidad

            Si en algo es acertado el expediente de la PGR es en haber documentado la corrupción de Odebrecht en sus transferencias a Rondón, pero tal como se advirtió, la justicia de Brasil no tenía la distribución detallada de los sobornos, lo que deberían aportar los ejecutivos de la constructora en el país, de acuerdo al pacto de impunidad que se les concedió y que les permite seguir operando aquí. Pero la PGR parece haber olvidado ese compromiso.

La mayoría de los 14 imputados podrían quedar libres si no se aportan indicios o pruebas mayores que el incremento de patrimonios que no llegan a un millón de dólares, en años, y que podrían ser justificados con ingresos no ponderados, como ya ha indicado Temístocles Montás, o de actividades como las agropecuarias de Andrés Bautista. Tal vez podrían ser condenados por falsedad en las declaraciones juradas, las que miles de funcionarios no han hecho.

La desconfianza en las instituciones determina que la opinión prevaleciente rechace la temeraria opinión del Procurador Jean Alain Rodríguez, de que los sobornados “están todos los que son y son todos los que están”. Pero el espectáculo ha sido montado con el objetivo de reducir la indignación nacional.-

La Procuraduría General manipula su generoso acuerdo con Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
PROCURADURIA

Al entrar en el sexto mes del escándalo, nada se ha avanzado en los cuatro aspectos básicos: los sobornados, la cuantía de las sobrevaluaciones de obras, el financiamiento de campañas electorales y la confesión de que en 2014 la Odebrecht trasladó al país su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que gestionaba la corrupción transnacional.

El compromiso pactado. Aunque desconocía mandatos de la Ley de Compras y Contrataciones y de la Ley de Sobornos, tanto la PGR como sus abogados justificaron el generoso pacto que permite a la Odebrecht seguir operando en el país, sobre la base de que la empresa brasileña se comprometía a adelantar toda la información sobre sus prácticas corruptoras. Tras su homologación el 19 de abril por el juez Danilo Amador Ogando, el procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que “a pesar de que contemplaba un plazo de 60 días para entregar esa información, la empresa se ha comprometido a entregarla en menos de 30 días, es decir que el día 19 de mayo tendremos los nombres de los sobornados para poder proceder como manda la ley, caiga quien caiga, y sin excepciones de colores de partidos y de Gobierno”.

No faltaron objeciones a tan generoso acuerdo, sobre todo tomándose en cuenta que las autoridades judiciales brasileñas ya se habían comprometido con varios procuradores reunidos al efecto a hacer públicas todas sus investigaciones al comenzar junio, es decir menos de dos semanas después del compromiso de Odebrecht.

Ya el 20 de abril el Ministerio Público de Brasil anunció que había enviado la documentación a la República Dominicana, aunque todavía cinco días después la PGR negaba que la hubiese recibido. Mientras los medios de comunicación descontaban los días que faltaban para que se cumpliera lo pactado con la empresa transnacional.

La sorpresa fue que al cumplirse el plazo, el 18 de mayo, la PGR anunció el recibimiento de la documentación brasileña, y la presentó como cumplimiento del pacto. Por escrito dijo “que tal y como se anunció hace un mes, ayer miércoles llegaron las informaciones de Brasil sobre el caso Odebrecht”, agregando que así “se está cumpliendo en tiempo y forma el acuerdo realizado con la empresa Odebrecht”.

Mentira y renuncia de PGR. Independientemente de lo que dijeron el procurador y sus abogados para justificar el acuerdo, lo pactado es que la Odebrecht entregaría toda la información local que posee, no lo que pudo reunir la justicia brasileña, donde no habría interés en los detalles de cómo operaron los sobornos en cada uno de los 12 países involucrados. Esos detalles fueron los contemplados en el artículo 1 del acuerdo, que se cita en recuadro anexo. Un ministro dominicano, que no firmó ni ejecutó contratos, aparece señalado en un testimonio judicial en Brasil como receptor de ayuda para campaña electoral, pero sin indicarse monto.

Si era por lo que la justicia brasileña haría público en junio, no se justificaba el trato generoso a la Odebrecht por dos semanas de antelación. Pero decir que eso fue lo que se pactó en el acuerdo es una ofensa a los que saben leer. La PGR parece renunciar a exigir a Odebrecht los detalles sus operaciones corruptas, como indica el acuerdo homologado por el juez Quevedo, derivando esa responsabilidad a lo que quiera o pueda testimoniar su intermediario ejecutivo Angel Rondón. Fuentes informadas adelantan un trato generoso con este, excluyendo del expediente a una hija con responsabilidad en una empresa implicada.

Tal era el compromiso, que un párrafo del artículo 3 del acuerdo establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito”.

Nada de sobrevaluaciones. Aunque la misma confesión de Odebrecht indica que por sus sobornos derivó beneficios de 163 millones de dólares en RD, lo que implica sobrevaluaciones, el acuerdo se limita al cobro y en plazo de ocho años, de la multa por los sobornos, y entrado el sexto mes del escándalo, ahora es que se anuncia que en junio la Cámara de Cuentas podría iniciar auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en el país, exceptuando las que aún están en ejecución, que incluyen las plantas de carbón por 2 mil millones de dólares. Hace apenas un mes que la PGR pidió esas auditorías.

Es criterio generalizado, como consignó el economista Pedro Silverio, vicerrector académico de la Universidad Católica Madre y Maestra, que soborno implica sobrevaluación. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, uno de los ejecutivos de las “Operaciones Estructuradas” de Odebrech, preso y encausado, testimonió ante los fiscales que para sobornar la empresa aplicaba una tasa de 22 por ciento sobre el valor de sus obras.

Si esa tasa se aplicó a todas las obras contratadas en el país entre el 2001| y 2014, con un monto alrededor de 6 mil millones de dólares, incluidas las plantas de carbón en 2013, la sobrevaluación pasaría de mil millones de dólares, más de once veces la sumatoria de sobornos confesados. En un cotejo de 8 de los 18 contratos otorgados en el país a la constructora brasileña, se estableció que las obras concluyeron con adendas sobre 34.5 por ciento de lo originalmente acordado.

Financiamiento de campañas. Las autoridades dominicanas solo se refieren a los sobornos, ignorando otros componentes graves del escándalo de Odebrecht, como el financiamiento de las campañas electorales. Y las manipulaciones se centran en la morbosidad de saber quiénes recibieron sobornos, hasta esto banalizado y convertido en chercha degradadora por diligentes voceros que esta semana pusieron en circulación cuatro listas de sobornados, hasta falsificando un documento oficial de la justicia brasileña, sustituyéndole una página para incluir 26 nombres de dominicanos, incluyendo reputados periodistas y un empresario.

Si la PGR da crédito a los sobornos en los testimonios ante la justicia brasileña, debería hacer lo mismo sobre el financiamiento de campañas electorales, y ahí están los de los directores del Departamento de Operaciones Estructuradas, Heriberto de Souza Silva, Fernando Miglaccio y Luiz Eduardo De Rocha Soares. Los tres han explicado cómo financiaban campañas electorales en Brasil, El Salvador, Venezuela, Panamá, Angola y República Dominicana, a través de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.

No han faltado detalles como el uso de la offshore Shellbil Finance” para transferir dinero de Odebrecht a las cuentas de Santana y Moura, apresados en abril de 2016, cuando asesoraban la campaña reelecionista del presidente Danilo Medina.

Cuatro entidades sociales pusieron en manos de la PGR una denuncia de la tortuosa ruta que siguieron 16 transferencias por 4 millones 396,796 dólares, entre 2013 y 2014, de la cuenta Heritage en Suiza, pasando por diferentes empresas peruanas ligadas a Odebrecht para terminar en la cuenta de Cine&Art 2013, registrada en Santo Domingo por asociados de Santana.

RD paraíso de corrupción. El cuarto elemento del escándalo es el testimonio de los ejecutivos de Odebrecht de que cuando las investigaciones brasileñas apretaron en el 2014, trasladaron sus “Operaciones Estructuradas” a la República Dominicana.

En su testimonio, ya publicado por la Fiscalía brasileña, Fernando Migliaccio detalla cómo en una reunión con él y Heriberto da Silva, en julio de 2014, el jefe supremo Marcelo Odebrecht instruyó para que los de las Operaciones Estructuradas salieran de Brasil, que “orientó para que eligieran el lugar a donde se mudarían, pero que fuera de inmediato”, y optaron por República Dominicana, aunque Migliaccio se mudó a Miami, de donde viajaba al país cada semana.

Eso podría explicar por qué una cuenta de Joao Santana en el Heritage Bank de Suiza, tenía acumulados 21.6 millones de dólares en 2015, incluso con 10 transferencias de 500 mil dólares cada una procedentes de República Dominicana, según reveló el 19 de marzo el reconocido diario brasileño O Globo, citando documentos.

Ninguna autoridad judicial, ni política o gubernamental, se ha referido a este aspecto cardinal del escándalo de corrupción transnacional más grande de la historia que llegó a utilizar el país como plataforma operativa. Tal vez por el poder que tenía aquí el asesor presidencial Joao Santana, hasta el día en que fue requerido por Brasil para ser recibido con esposas, encarcelado y ya condenado a 8 años de cárcel, lo que ni siquiera se ha deplorado aquí, en el paraíso de la corrupción y la impunidad.

Con Venezuela en el corazón

Por más vueltas que se le dé, no hay forma de justificar el silencio ante el rumbo ya abiertamente dictatorial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y mucho menos para los dominicanos que tenemos una antigua deuda de gratitud y solidaridad con el pueblo venezolano, que se inicia con el exilio del fundador de la República Juan Pablo Duarte, y luego de muchos otros patriotas, especialmente durante la larga tiranía de Trujillo, cuando se llegó al extremo del atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt, cuya firmeza fue determinante para el aislamiento y liquidación del trujillismo.

Catorce venezolanos, el mayor contingente no dominicano, ofrendaron sus vidas en las expediciones contra la tiranía en 1959. Venezuela fue solidaria cuando la invasión de Estados Unidos en 1965 y defendió la incipiente democracia dominicana ante el intento golpista del 1978. Fue solidario el Pacto de San José, del presidente Carlos Andrés Pérez, renovado y ampliado por el presidente Hugo Chávez. Más de cincuenta mil dominicanos encontraron acogida migratoria tras el apogeo petrolero iniciado en los setenta.

Obligados estamos a ser solidarios con miles de venezolanos que en los últimos años han llegado al país, expatriados por las calamidades políticas y económicas por las que ahora atraviesan. Pero también estamos en el deber de contribuir activamente a lograr una salida a la grave crisis institucional y política que puede derivar en una guerra civil.

La realidad insoslayable es que los venezolanos llevan dos meses de confrontación callejera, con un balance de 55 muertos y cientos de heridos y apresados, y que en los últimos años otros tantos han perdido la libertad o se han visto compelidos al exilio. La crisis alcanzó su máxima expresión cuando la Suprema Corte despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales, con una sentencia tan insólita que tuvo que ser revocada de inmediato.

En medio de una creciente descomposición económica, con devaluación e inflación de tres dígitos, desabastecimiento, creciente desempleo y pobreza, y una de las más altas tasas de homicidio y delincuencia del continente, el régimen de Nicolás Maduro hace aguas, y en vez de conciliar con la oposición política, aumenta la represión y la agresividad.

No se puede ignorar que la crisis tiene raíces profundas, abonadas por sectores políticos y empresariales, ahora enfrentados al Gobierno de Maduro, que durante décadas fueron extractores y malversadores de la riqueza venezolana, cuya legendaria corrupción y desacierto determinó el colapso del sistema político y dejó a esa riquísima nación atada al modelo petrolero que se ha desplomado con la caída de los precios.

El chavismo fue una esperanza de rescate y en su primera fase implicó importantes reivindicaciones sociales, pero sin desatar el nudo petrolero, hasta aterrizar en el actual desastre económico, social y político. Hugo Chávez fue autoritario y caudillista, pero no se le puede negar su tremendo carisma, por lo cual ganó unas siete consultas populares, a hasta con dos tercios de los votos, en lo que residía su fuerza e invulnerabilidad.

Nicolás Maduro fue su heredero político y apenas superó en un punto porcentual al candidato de la oposición en las presidenciales del 2013, y dos años después ya perdió abrumadoramente el respaldo popular, cuando la oposición consiguió dos tercios de los escaños legislativos. Es lo que explica que el Gobierno, con el control de las cortes judiciales y del organismo electoral haya evadido las elecciones de alcaldes y gobernadores que debieron celebrarse al final del año pasado y el referéndum que reclamó la oposición.

El proyecto de una nueva asamblea constituyente, atando de antemano un tercio de sus integrantes, en medio de esta crisis, sin el mínimo intento de concertación con una oposición que las urnas certificaron mayoritaria, es un intento de distracción que solo conduce a la violencia y la disolución institucional. Desde fuera hay que contribuir a reencauzar el sistema político, abogando por el respeto a la institucionalidad democrática, y los dominicanos, incluyendo al Gobierno, tienen que abandonar el silencio y una neutralidad ya insostenible. Nadie que crea en los valores democráticos puede ignorar la realidad ni olvidar la solidaridad venezolana cuando los dominicanos la necesitaron.