Un gobierno atrapado y desgastado que sobrevive por el endeudamiento

18_08_2018 HOY_SABADO_180818_ El País12 B

El gobierno de Danilo Medina consumió a la defensiva la mitad de su último período, agobiado por el escándalo Odebrecht, tratando de abrir brechas al continuismo, dependiendo del endeudamiento y sin responder ninguno de los grandes desafíos nacionales

                                                Por Juan Bolivar Díaz

Las graves implicaciones del escándalo Odebrecht cayeron como rayo y petrificaron el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando apenas iniciaba su segundo período gubernamental, sin haber podido salir de la defensiva al agotar la primera mitad, sacudido por la indignación de amplios núcleos poblacionales que reclaman poner fin a la impunidad.

El balance de los 6 años de la gestión de Medina arroja un crecimiento económico motorizado por un incremento insostenible de la deuda estatal, con fortalecimiento del presidencialismo y debilitamiento de las instituciones, y sin haber podido resolver ninguno de los graves problemas del país, excepto la construcción de aulas escolares.

La maldición de Odebrecht

El entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrech petrificó el gobierno del presidente Medina, quien no ha podido salir de la defensiva ni librarse de su implicación, por sus tres viajes a Brasil antes de asumir la presidencia en el 2012, por el asesoramiento político de Joao Santana, agente electoral de la constructora con la que se firmó el cuestionado contrato para las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 40 millones de dólares.

Para colmo de males, la Odebrech reclama otros 802 millones de dólares para concluir las plantas desde el principio denunciadas como sobrevaluadas y que registran más de un año de atraso dilatando los efectos positivos que se cifraban para afrontar el grave problema energético nacional. Mientras han acaparado una alta proporción de la inversión pública basada en un endeudamiento que alcanza niveles de advertida insostenibilidad.

El manejo político y judicial del escándalo Odebrecht ha disparado la indignación manifiesta en el movimiento Marcha Verde, al  ignorarse que los ejecutivos de la constructora testimoniaron que cuando la justicia los persiguió en Brasil, trasladaron sus operaciones mafiosas a República Dominicana, por considerarla un lugar seguro. Durante el gobierno de Medina la empresa transfirió al país el 74 por ciento de los fondos destinados a sobornos, pero no hay procesados de ese período gubernamental.

La negligencia en auditar las obras de Odebrecht, pese a la confesión de que tenían un patrón del 22 por ciento de sobrevaluación, la negativa a investigar  el financiamiento de campañas electorales, la reducción a la mitad de los imputados originales por los sobornos y la documentación de que se otorgaron contratos sin licitación a las empresas de Joao Santana por casi mil 400 millones de pesos, han alimentado la hoguera en que se consume el gobierno.

Crecimiento con esteroides

El crecimiento económico con promedio alrededor del 6 por ciento durante los 6 años del actual gobierno es enarbolado como uno de sus mayores éxitos, tanto que cundió el pánico cl año pasado cuando quedó en 4.6 por ciento. Pero tal como sostuvo el economista Pavel Isa, se trata de un “crecimiento con esteroides”, no derivado de un incremento significativo de la producción y la productividad, sino en base al más acelerado endeudamiento.

El gobierno de Danilo Medina quedará como el de mayor endeudamiento de la historia nacional, con un aumento del 64 por ciento de la deuda pública consolidada registrada, que se eleva al 82 por ciento, cuando se computa la deuda pública flotante o no registrada, como hace el economista Apolinar Veloz, exgerente general delo Banco Central y hasta hace meses funcionario del Fondo Monetario Internacional.

Un cuadro anexo, entregado por Veloz en el Almuerzo del Grupo Comunicaciones Corripio hace 10 días, eleva la deuda total del Estado a 46 mil 689 millones de dólares, equivalentes a un escandaloso 60.64 por ciento del producto interno bruto. Incluye 33,604 millones de dólares del sector público no financiero, más 11 mil 848 del sector bancario público, 570 millones de dólares del sector eléctrico público, entre otros. La deuda de cada dominicano asciende a 4 mil 465 dólares, equivalentes a 222 mil pesos.

Altos déficits crónicos

El gobierno no ha podido superar los crónicos déficits fiscales y de balanza comercial heredados de su antecesor, por no haber querido pagar el precio de la contención de la malversación y el clientelismo que demandan los pactos fiscal y eléctrico, por demás dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Según un estudio de Oxfam por esos renglones y la corrupción se perderían este año 96 mil millones de pesos.

El déficit fiscal acumulado en los 6 años supera los 409 mil millones de pesos, financiado con deudas, en gran proporción para pagar intereses de la deuda anterior. El déficit de la balanza comercial pasó de 8 mil millones de dólares el año pasado, en una economía que se salva por las remesas de los dominicanos que han tenido que ganarse vida en el exterior, sobre 6 mil millones de dólares este año, además de los 7 mil millones de dólares aportados por un turismo cada vez más dependiente del capital externo, con el 80 por ciento de las habitaciones. hoteleras.

Adscrito a la política clientelar y de reparto, con políticas sociales que no promueven el alejamiento de la pobreza, informalidad laboral que ya se documenta en el 59 por ciento del empleo, con salarios mínimos que promedian 11 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre se aproxima a los 15 mil pesos. el régimen se ha negado a atender el reclamo de cambiar un modelo de desarrollo concentrado por otro que promueva la producción, la productividad y mayor equidad. Se aduce un relativo mayor apoyo a las micros y medianas empresas y a los productores agropecuarios, pero que no se traduce en incremento significativo de las exportaciones ni en expansión de la formalidad. Solo somos competitivos en el mercado haitiano y con Estados Unidos de un superávit comercial de 4 mil millones de dólares en el 2004, acumulamos un déficit de 31 mil millones, catorce años después.

Auge del presidencialismo

Otra característica del gobierno de Medina ha sido un notable incremento del presidencialismo, con una mayor concentración del poder, sustituyendo o duplicando instituciones y organismos estatales, en vez de atender el reclamo de reducir los inoperantes. Las “visitas sorpresas” del presidente reemplazaron la planificación para convertirse en un mecanismo de promoción del nuevo salvador providencialista.

Requeriría un extenso espacio para documentar la concentración de recursos y repartos de la Presidencia de la República, pero debería bastar con la cantidad de dinero dejada de entregar desde el 2013 al 2018, inclusive, a los gobiernos municipales, estimada en 184 mil millones de pesos por el experto municipalista Domingo Matías. La ley de Municipios 166-03 destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos, pero ya sólo entregan el 3 por ciento. El año pasado, con ingresos de 537 mil 886 millones, debieron entregarle 53 mil 788 millones de pesos, pero sólo les dieron 17 mil 55 millones, apenas 32 por ciento de lo que les correspondía.

El dinero tampoco alcanza para lo que dispone la ley para la justicia, ni a los municipios donde hay explotaciones mineras, pero el presidente Medina reparte cada fin de semana en poblaciones y campos. Y ya la presidencia tiene su propio programa para equipos municipales que entrega a discreción, sustituyendo de paso a la inoperante Liga Municipal Dominicana. Hace poco se conoció la circular que concentra en la secretaría Administrativa de la Presidencia todo lo que tiene que ver con China, como si no existieran la cancillería y el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

El rosario de programas dependientes de la presidencia rebasa toda racionalidad y viola numerosas leyes, generando duplicidades y rompiendo la institucionalidad, en cuyo renglón el país cayó al escalón 129 de 137 naciones evaluadas en el Indice de Competitividad Global 2017-18, del Foro Económico Mundial.

Los desafíos acumulados

Las perspectivas indican que el gobierno de Medina completará sus ocho años sin haber afrontado definitivamente ninguno de los graves problemas nacionales, aunque ha concentrado esfuerzos en la educación, gracias a la inversión del 4 por ciento del PIB, pero con poco éxito en calidad, sin variaciones significativa de los curriculos en la tanda extendida; habrá adelantado mucho en el 911, pero sin detener el incremento de la inseguridad; y mejorará el tránsito, al entrar en operación la prolongación al este de la segunda línea del metro, que recibió en etapa final hace 6 años y apenas la acaba de terminar, porque priorizó su teleférico, de mucho menor impacto en la demanda de transporte.

En salud podrá reivindicar la remodelación, ampliación y equipaje de 56 hospitales, que mantuvo semi-paralizados durante 5-6 años, generando graves problemas, a los que habría que atribuir el increíble incremento de las muertes de neonatales, que entre enero y julio han sumado mil 965, casi 10 por dia, 431 más que en el mismo período del 2017, un 28 por ciento más. El sistema de la seguridad social se cae a pedazos, sin que las autoridades reaccionen. Es notable la reducción de la inversión en vivienda, aunque promueva los proyectos de ciudades Juan Bosch, junto al sector privado.

Todavía podría tener mejores resultados en los dos años que le restan, pero las fuerzas espirituales del gobierno están demasiado concentradas en la política, atrapadas en la maldición del continuismo, con los vientos tan en contra como los tuvo Leonel Fernández en sus dos últimos intentos por seguir gobernando. La fatiga que se registra en el país no augura un camino fácil para el continuismo, y para lograrlo el costo podría resultar traumático.

Deuda-consolidada-del-Estado-al-2018

Regresión de la transferencia de fondos desde el nivel central a los gobiernos locales

Caminante, se hace camino al andar

16_08_2018 HOY_JUEVES_160818_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

“Yo he andado muchos caminos/he abierto muchas veredas/he navegado en cien mares/y atracado en cien riberas…”

Lo más emocionante de la inolvidable marcha verde del domingo 12 fue el entusiasmo con que la inmensa multitud de caminantes cogió velocidad cuando un aguacero hizo acto de  presencia y fue recibido bajo el grito “que llueva, que llueva, contra la corrupción”. En la memoria de los mayores flotaron caminatas, como aquellas de 1964-65 desde la Universidad contra el gobierno golpista, que se equivocaba lanzando chorros de agua desde carros bombas diseñados para otros climas, pretendiendo dispersar estudiantes bajo los ardorosos rayos del sol caribeño. Cuando asomaban empezábamos a danzar bajo la consigna “que la tiren, que la tiren”.

Agua fresca para aplacar la insolencia del sol a media mañana de julio y la firmeza de una multitud que se ensanchaba en cada esquina, con la determinación y la convicción de quienes “no conocen la priesa/ ni aún en los días de fiesta/ donde hay vino, beben vino/donde no hay vino, agua fresca”, asumiendo que hay que marchar sin cansancio, porque no hay avance social ni conquista que no cueste desgarrones del alma, que para obligar a un sistema político a reducir la corrupción y escuchar el clamor popular, se requiere mucho coraje, enorme determinación, persistencia infinita, multitudes que presionen y hagan entrar en pánico a los protagonistas del robo y la malversación.

Es bien reciente la experiencia de la lucha por el 4 por ciento para la educación. Al frente de la Marcha Verde caminan los mismos protagonistas de aquellas jornadas. Comenzamos a exigir priorizar la inversión en educación a finales de los ochenta, cuando los maestros eran mendigos y en las escuelas no había ni tizas ni borradores y el atraso sentó su imperio sobre nuestros niños y jóvenes. Vino el primer Plan Decenal en el 92 y seguíamos sin recursos. Aprobamos la Ley de Educación en el 97 instituyendo el anhelado 4 por ciento, y tuvimos que marchar durante 15 años más, entonces bajo paraguas amarillos, integrados hasta a las escenografías televisivas.

En la campaña electoral del 2012 el empoderamiento ciudadano obligó a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de cumplir la ley, hasta el del mismo partido que durante tres períodos de gobierno había ignorado tan justa demanda. Gracias a todo eso ahora enarbolan como máxima realización la construcción de miles de aulas, estancias infantiles, jornada escolar extendida, desayuno y almuerzo en las escuelas y dignificación de la condición de los docentes.

Era mucho más fácil convencer de lo que ya se había generalizado en el mundo, y en América Latina, donde el promedio destinado a educación era del 5.5 por ciento del PIB. Eso no quiere decir que necesitemos otros 15 años de marcha, porque ahora el empoderamiento ciudadano es muchas veces superior. La mayor marcha por el 4% congregó en el 2011 apenas 10 mil personas, la del domingo la superó más de veinte veces.

Hay que seguir marchando sin detenernos, mantener la salud física y mental y vencer la resistencia de quienes llegan al extremo de coger nuestro dinero para intentar tapar las portadas de todos los diarios en un vano intento de ocultar las imágenes que las redes sociales y la televisión habían mandado a millones de dominicanos y dominicanas y a todas partes del mundo.

La próxima coyuntura electoral será para el movimiento verde lo que fue la del 2012 para el 4 por ciento, si no nos cansamos de marchar, cada mes en alguna ciudad, que en Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Moca, San Pedro, Azua, Cotuí, reproduzcan las multitudinarias marchas del año pasado. Si seguimos sumando miles de todos los sectores y condiciones sociales, como el domingo, alguien tendrá que demostrar un firme compromiso contra la corrupción y la impunidad para conseguir legitimidad de gobierno.

No venceremos con las armas ni el disturbio, ni podremos tumbar el gobierno, pero sí obligar a un cambio de curso para ahorrarnos los 96 mil millones de pesos que Oxfam documentó como costo para este año de la corrupción, la malversación y el clientelismo. Luchar sin desesperación, pero con firmeza por rescatar las instituciones judiciales, el ministerio público, y los organismos de control y fiscalización secuestrados por la política del enriquecimiento infinito y la perpetuidad del dominio político.

Marchemos cantando a Antonio Machado: “Son buenas gentes que viven/
laboran, pasan y sueñan/y en un día como tantos/descansan bajo la tierra”., convencidos de que “caminante, no hay camino/se hace camino al andar/ que son tus huellas el camino y nada más/caminante no hay camino, sino estelas en la mar…”.

Una Ley de Partidos con aciertos pero de altos riesgos democráticos

El Pais/ El Presidente del Sanado Reynaldo  Pared Perez,dirige la votaciones y los partiicpante del la asamblea para la aprov-ar la ley de los Partido Politico en El Congreso Nacional .Hoy/Jpse Francisco ,-

La Ley de Partidos aprobada por el Congreso contiene importantes normativas democráticas demandadas, pero conlleva serios riesgos al reavivar el continuismo danilista y ya paga el costo de la disolución de la concertación opositora de los últimos 27 meses

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La Ley de Partidos aprobada esta semana por las Cámaras Legislativas contiene la mayoría de las demandas consensuadas durante años, incluyendo límites de campañas y de gastos, transparencia y mayor equidad de género, aunque fue hecha a la medida del interés hegemónico del presidente Danilo Medina.

La ley pendiente de promulgación conlleva fuertes riesgos de ser declarada inconstitucional, de implementación y financiamiento de elecciones primarias, con el efecto inmediato de revivir los pujos continuistas del danilismo, que sale así de su mala racha, y se lleva de paso la concertación que durante 27 meses habían mantenido 11 partidos de oposición.

Muchos aspectos positivos

La revisión del texto de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas arroja un balance  positivo en relación a la mayoría de las demandas y consensos que acompañaron el extenso e intenso debate, especialmente en la limitación del período y las campañas para las candidaturas electivas, que tendrán que ser a lo interno de los partidos, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas y también sin publicidad de radio y televisión, lo que implicaría reducción de costos.

Son relevantes las previsiones para controlar el financiamiento político a costa del Estado o de actividades ilícitas, prohibiendo el patrocinio de empresas, aún nacionales, pues sólo instituye contribuciones individuales, con obligación de colocar en internet un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos. También la institución, dependiente de la Junta Central Electoral (JCE) de una “Unidad de Control Financiero” de los partidos.

Otras demandas atendidas en el texto son la elevación de la cuota en las candidaturas, al menos del 40 por ciento para mujeres y hombres, y la obligación de los partidos de “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de géneros en todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Se obliga a los partidos a mantener un padrón de sus miembros, actualizado cada año ante la JCE.

El maco en el sancocho

            El eterno “maco en el sancocho” de la Ley de Partidos aún por promulgar, está en el párrafo III del artículo 45 que faculta a sus organismos superiores para decidir “el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de elección de candidatos o candidatas”, en detrimento de la democracia interna y por encima de los estatutos de los partidos. El párrafo I indica que “Las primarias (sin especificar si abiertas o cerradas), convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades” para escoger las candidaturas.

Esos dos párrafos, demandados por la tendencia peledeísta del presidente Medina, fueron la concesión de los Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para destrabar la aprobación de la ley. Durante más de un año el danilismo fracasó en su intento de imponer el padrón abierto obligatorio para todos los partidos y luego en que se indicara padrón abierto o cerrado. Por fin sonsiguió que la ley facultara a las cúpulas para decidir, lo que le daría ventaja en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La ley tiene otras limitaciones, como mantener la poco equitativa distribución del financiamiento estatal a los partidos, pero otra más controversial es poner a cargo de la JCE la organización y escrutinio de las primarias simultáneas, abiertas o cerradas, en la que podrían competir más de 12 mil aspirantes por partido para las candidaturas a los 4 mil 106 cargos de elección popular, a los que habría que computar sus votos individuales en cinco días y proclamarlos en otros cinco.

La JCE y entidades sociales han advertido las dificultades y riesgos de las primarias simultáneas, y un costo sobre 5 mil millones de pesos. La previsión de la ley es que se pague con la asignación estatal a los partidos, que en los comicios del 2016 fue de 419 millones de pesos a cada uno de los tres mayoritarios, que en el 2020 pudieran ascender a unos 550 millones, ahora para cuatro. Si sólo dos de ellos escogen primarias, no cubrirían más de la quinta parte del costo.

La opción del PRM y PRSC

            Es obvio que el PRM y el PRSC, los dos mayoritarios de oposición, corrieron el riesgo calculado de aparecer cediendo a la imposición del presidente Medina, “para salvar la ley de partidos”. El primero ha dicho que flexibilizó su posición por considerar fundamental esa legislatura y defiende que logró la mayor parte de las demandas de más de dos décadas, ya que el primer proyecto fue consensuado en 1998, aunque vino a llegar al Congreso en el 2002.

El PRSC dice también que favoreció el consenso en la Cámara de Diputados y que el Senado ratificó al vapor, aunque modificaba substancialmente el proyecto que éste había aprobado en mayo último. Pero uno de su decena de diputados, Pedro Botello, declaró que “no estaba de acuerdo con esa Ley de Partidos, pero nos pusieron una bota en el cuello”, aludiendo a una denunciada extorsión del poder en el conflicto por el control del partido.

El PRM ha apostado por los beneficios de la ley aprobada y la esperanza de que abra perspectivas a la pendiente reforma de la Ley del Régimen Electoral, más importante para fines de la equidad en las campañas electorales, y la reducción de la tradicional irrupción del Estado en beneficio de quienes lo controlan, como en los últimos tres comicios por parte del PLD.

Los riesgos del PLD  

Está pendiente ver si la promulgación de la Ley resuelve la crisis que ha dividido al PLD y si el expresidente Leonel Fernández dará la pelea al danilismo o capitulará como en el 2015, y si sus seguidores se mantienen tan firmes como para encaminar las impugnaciones de inconstitucionalidad de las primarias abiertas, como fue declarada a una ley del 2004, y si esta vez prosperará, pero en lo inmediato, eso prolonga la confrontación y la incertidumbre.

Tras la aprobación, Leonel dijo que no teme a primarias abiertas, porque fue tres veces electo por el pueblo, y según todas las encuestas tendría razón frente a cualquier otro candidato a la nominación del PLD, en caso de que Danilo no pueda por el impedimento constitucional que afronta. Pero, como el mismo Leonel sabe por experiencia propia, “quien reparte los sobrecitos es el líder” y tiene muchas ventajas. Si él pelea y resiste el nivel de irrupción del Estado que se necesitaría para que un tercero lo venciera, los riesgos son altos para la integridad del PLD.

Los efectos secundarios

Los primeros efectos secundarios, desde que el PRM y el PRSC dieran visa a la posibilidad de las primarias abiertas, han sido de euforia en el danilismo que se lanzó a imponer como tendencia en las redes sociales la posibilidad de abrir espacio a la reelección. De inmediato tres de los 35 miembros del Comité Político del PLD renovaron las expectativas de que Medina pueda ser candidato y permanecer en el poder.

            Gonzalo Castillo. Ministro de Obras Públicas, dijo al respecto  que “en la segunda mitad del 2019 es que debemos ver qué es lo que el pueblo dominicano quiere”. El director de Etica del gobierno, Lidio Cadet, actualizando su condición de exsacerdote, expresó sobre la posibilidad de que Danilo siga, que “Dios decidirá a través de su pueblo”, añadiendo que “en este proceso cósmico tu nunca puedes descartar nada”.

Los perremeistas parecen convencidos de que prevalecerá la prohibición constitucional y el presidente Medina no podrá variarla, aunque en múltiples ámbitos, incluyendo gran parte de los analistas y comentaristas, se cree que lo intentará buscando reformar la Constitución o logrando que el Tribunal Constitucional declare violatorio de su derecho el transitorio de la carta magna que le prohíbe expresamente volver a ser candidato. Hay quienes no descartan que Medina les remitiera una promesa confidencial de que no buscará reelegirse.

Un efecto secundario adicional ha sido la ruptura de la concertación que el PRM y el PRSC mantuvieron durante 27 meses, desde la semana antes de las elecciones, con otros 9 partidos de oposición que pretenden cambios profundos en la competencia electoral y temen que el Medina los retorne al escenario del 2016. Esa reacción, expresada el viernes en un comunicado, también pone freno a las gestiones iniciadas desde sectores sociales por un amplio frente político-social por la democracia.

El danilismo se ha animado al llegar a la mitad de su segundo período de gobierno y sexto año consecutivo, con una victoria que les permite creer que han superado una mala racha en momentos en que les amenaza de nuevo el movimiento popular de la Marcha Verde.-

            Aspectos relevantes de la Ley de Partidos

Demandas atendidas:

  • Limita las precampañas electorales a 3 meses y sólo internas, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas, y sin propaganda por radio ni televisión
  • Sólo el Estado, sus rentas propias y personas individuales podrán financiar partidos y candidatos, con transparencia de un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos
  • Instituye una Unidad de Control financiero de los partidos, dependiente de la JCE
  • Eleva a un mínimo del 40% la participación femenina y masculina en las candidaturas y obliga a mecanismos para establecer igualdad genérica en los cargos partidistas
  • Establece que al menos 10% de las candidaturas serán para menores de 35 años
  • Declara ilícitos todos los abusos del Estado, incluyendo sacar rentabilidad electoral de actividades oficiales, como las inauguraciones, en períodos de campañas
  • Dispone mantener actualizado cada año ante la JCE el padrón de miembros de los partidos y pone límites al transfugismo

Deficiencias principales:

  • Privilegia a las cúpulas directivas, en detrimento de los estatutos y la democracia interna en los mecanismos para elegir las candidaturas
  • El sistema de sanciones por violaciones a la ley no es muy disuasorio, con multas de 50 a 200 salarios mínimos oficiales (de $5,100), es decir entre 255,000 y $1,200,000 pesos
  • Mantiene la muy desigual distribución del financiamiento estatal, con 80% para los partidos que saquen más del 5% del voto y con escalas mínimas
  • Reduce del 25 al 10% lo destinado a educación del financiamiento estatal a los partidos
  • Los topes de gastos por precandidatos son muy elevados, hasta $70 para las candidaturas presidenciales ($510 millones) y $60 y $50 por electores para las congresuales y alcaldes
  • Carga a la JCE con la organización de primarias con costos superiores al financiamiento estatal, y con camisa de fuerza para emitir resultados individuales en 5 días

 

 

 

 

 

Periodistas: nos cogió la noche

09_08_2018 HOY_JUEVES_090818_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

            Recientes publicaciones aseguran que el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) trata de lograr apoyo para una reforma que haga efectiva la protección de la profesión del periodismo asediada por la incursión de mercenarios y hasta sicarios de la palabra hablada y escrita y por la corrupción que circula por el sistema sanguíneo nacional en medio de un panorama caracterizado por la ausencia de ética de la comunicación.

Hay razones para temer que a los periodistas dominicanos se nos hizo un poco tarde para las legítimas regulaciones del ejercicio profesional, no para limitar la libertad de prensa como aún entienden algunos confundidos de buena fe y muchos que limitan a una absoluta libertad de empresa.

El debate es viejo y hasta desfasado. Es falso que la profesión de periodista no pudiera ser protegida sin lesionar la libertad de expresión, que es fundamental para todos los seres humanos y cuya defensa era el primer mandato de la Ley 148 del 30 de junio de 1983. Es tan irrenunciable el derecho a la libertad de prensa, como el derecho a la libre enseñanza. A nadie se le puede prohibir enseñar, pero para ejercer como maestro hoy día se requiere una carrera universitaria y hasta postgrados, tanto en las escuelas públicas como en las privadas.

Cuando en 1970 el Primer Congreso Nacional de la Prensa postuló la profesionalización del periodismo y la creación de un colegio profesional, con un código de ética y un instituto de protección social, lo que perseguíamos era fortalecer la libertad de prensa consustancial con el derecho de todos a la información. El único requisito para el acceso a la profesión era a futuro la formación universitaria, porque en lo inmediato se reconocía a todos los que la ejercían, puesto que no se buscaba excluir, sino promover el estudio de la comunicación social.

El colegio periodístico dominicano era casi simbólico, un simple registro de los profesionales, sin ninguna obligación de participación, en vez del exequátur que requerían otras profesiones, precisamente para evadir posibles controles estatales o políticos. El derecho a la libre opinión quedaba santificado en todos los medios de comunicación, en forma de artículos, comentarios o entrevistas. Los cargos ejecutivos eran libres. Lo esencial era elevar el ejercicio del periodismo al nivel de profesión para reducir sus vulnerabilidades.

Gente que disfrutaba del privilegio de utilizar las ondas radiofónicos y los canales televisivos, entregados por los gobiernos, con múltiples regulaciones para impedir que otros los utilizaran para la libre expresión, estigmatizaron a los que reclamábamos la formación universitaria para ejercer la profesión de periodista.

Hubo quienes vieron un peligro en la postulación de un código de ética y consideraron absurdo que se grabara con medio por ciento la facturación publicitaria de los medios informativos, que iría destinado a crear un fondo de pensiones para que los periodistas se garantizaran un retiro sin tener que alienar su independencia. Esa migaja se podía conceder con un simple incremento del 5 por ciento de las tarifas, y las empresas salían ganando.

La ley 148 fue desconocida unilateralmente por la mayoría de las empresas periodísticas, aunque su texto fue fruto de una concertación en la que participaron sus propietarios y directores. Los dos años que me tocó dirigir el CDP, 1989-91, los pasamos en los tribunales, teniendo de abogados honoríficos a los doctores Leonel Fernández Reyna y Abel Rodríguez del Orbe. Inmediatamente después, otros dirigentes se transaron por una legislación incolora, inodora e insípida, la Ley 10-91, de “cumplimiento voluntario”, al mejor estilo dominicano.

Mucho me temo que a los periodistas dominicanos no sólo se nos hizo tarde, para dignificar y proteger nuestra profesión, es que nos cogió la noche de la descomposición y la corrupción, de la ausencia de ética que confunde el periodismo con el servicio a los poderes públicos y privados. Hoy una alta proporción de los periodistas deriva la mayor parte de sus ingresos de las nóminas y los anuncios estatales. Para colmo, las nuevas tecnologías han hecho más vulnerables las empresas periodísticas, traduciéndose en una profunda crisis de la profesión.

Perdimos aquella batalla, y no es que de haberla ganado hubiésemos quedado inmunizados para lo que vendría, pero tal vez con algunos anti-virus. Las consecuencias las pagamos todos, profesionales, directores, propietarios periodísticos y la sociedad..-

 

 

La oposición debería dejar que el PLD resuelva solo la crisis que lo consume

04_08_2018 HOY_SABADO_040818_ El País12 B

Sólo con un amplio acuerdo para una reforma integral del Régimen Electoral, que cierre el paso a los abusos del Estado en las campañas electorales, se podría justificar que los partidos opositores le facilitaran al presidente Medina el control total del PLD

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La facción peledeísta del presidente Danilo Medina logró el apoyo del vocero reformista para imponer en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sean los organismos superiores de cada partido los que decidan cómo elegir sus candidaturas, pero en el pleno necesitarían votos leonelistas o del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para instituirlo.

Sólo con un acuerdo que implique al sistema partidista para una reforma que incluya la Ley del Régimen Electoral para establecer la transparencia y la equidad en la competencia, sin el abuso del Estado, podría justificarse que la oposición le facilite al presidente Danilo Medina predominar en la elección de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

 

El danilismo gana una

Gracias al apoyo del vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro, el grupo del presidente Medina salió adelante el jueves consiguiendo que el informe de la Comisión Especial para la Ley de Partidos consigne que serían los máximos organismos, identificados, los que tendrían la facultad de decir el tipo de sistema de elección y de padrón para la elección de las candidaturas de los partidos.

El danilismo necesitaba una victoria, hasta ahora limitada, después de haber fracasado en sus dos propuestas anteriores, la primera que pretendía imponer el padrón abierto a todos los partidos, y la segunda que buscaba que se consignara en la ley que el padrón pudiera ser abierto o cerrado. Ahora busca que en la ley quede consignado que es el Comité Central quien tendría la decisión y nadie duda que en ese organismo, como en el Comité Político del PLD, predominan los actuales detentadores del poder, por encima de los seguidores de Leonel Fernández, que disputa la candidatura presidencial del 2020.

Primero en una subcomisión y luego en Comisión Especial que estudia el proyecto de Ley de Partidos, la fórmula danilista se impuso por lo mínimo, 3 a 2, y 7 a 6. En la primera por los votos de Miriam Cabral, del PLD, de Radhamés González, del aliado PRD, y de Máximo Castro del PRSC. En contra votaron Henry Merán, presidente de la Comisión, leonelista, y Alfredo  Pacheco, vocero del PRM. Ya en la Comisión el reformista volvió a marcar la diferencia, junto a Cabral y Gonzáles, a quienes se adicionaron Gustavo Sánchez, Radhamés Camacho, Plutarco Pérez y Dilepcio Núñez. Allí se sumaron en contra Víctor de Aza, del PRM, Fidel Santana, del Fre4nte Amplio, y los leonelistas Hamlet Melo y Adalgisa Pujols.

Más difícil en el pleno

La victoria en la Comisión Especial no implica que el danilismo haya salido adelante ya con su interés de sobreponer la ley a sus estatutos, que en su artículo 41 establecen que las candidaturas se eligen con el “padrón interno del partido”. Si logran que los 9 diputados reformistas voten a su favor, todavía le faltaría una veintena de votos que tendrían que buscarlos entre los leonelistas y los perremeístas.

La contrapropuesta del PRM a la última formulación del danilismo, es que “cada partido escoja el método de elección”, sin especificar organismos. De esa forma evaden inclinarse en favor de cualquiera de las dos facciones del PLD, pues los leonelistas quieren que se consigne que el método para elegir las candidaturas sea “de acuerdo a los estatutos de cada partido”.  Para modificarlos se requiere la convocatoria de un Congreso del partido, mecanismo complejo que podría abrir de par en par las puertas a la división.

Los perremeistas no pueden inclinar la balanza hacia Leonel sin los votos de los danilistas, pero sí hacia Danilo sin los votos de los leonelistas. no sólo votando a su favor, sino también ausentándose. El artículo 112 de la Constitución establece que para aprobar las leyes orgánicas, se requiere “el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”. La posición adoptada por el máximo organismo del PRD en abril del 2017 fue que la elección sea con el padrón de cada partido, que ya flexibilizó a la propuesta de que cada entidad política decida, sin especificar órgano.  

Solo con reforma integral

Sólo en el marco de una reforma política integral, que privilegie la Ley del Régimen Electoral que es de mayor importancia que la Ley de Partidos, podrían los perremeistas justificar que inclinaran la balanza en la lucha interna de los peledeístas hacia la posición de quien encarna actualmente el reparto estatal. Tendrían que haber olvidado los extremos abusos del Estado con que se reeligió el presidente Medina en el 2016, cuando encargó su campaña a 39 altos funcionarios, desde los ministros hasta los directores de organismos estatales, sobrecargando las nóminas con decenas de miles de empleados temporeros, activistas de campaña, duplicando la publicidad del Estado y acaparando hasta en 80 por ciento la publicidad política.

La sola aprobación de la Ley de Partidos no vale los riesgos de fortalecer la posición de quien “reparte los sobrecitos”, como acuñó Leonel Fernández. Para el PRM la oportunidad es propicia para hacer propia del partido la propuesta de comienzo del año de su precandidato Luis Abinader de que el presidente Medina auspicie una gran concertación para canalizar la reforma integral del sistema electoral. Con ello sintonizaría con las instituciones de la sociedad civil organizada que llevan años requiriendo lo mismo.

Incluso la Ley de Partidos que buscan los peledeístas, como quedó evidente en el proyecto aprobado por el Senado, contiene hasta contra-reformas como la de permitir el financiamiento electoral de empresas extranjeras, y queda muy corta en relación a las “Propuestas desde la Oposición”, sostenidas desde enero por 11 partidos opositores. La sociedad civil también ha rechazado el proyecto aprobado, por carecer de suficiente transparencia, límites del gasto y sanciones eficientes.

El concierto de oposición

Una razón poderosa para que el PRMmida sus pasos frente al proyecto danilista es que el mismo ha tenido el rechazo de la mayoría de los 11 partidos de oposición, que no han aprobado ni siquiera “la flexibilización” de la posición perremeísta. Provocar la disolución o alejarse de la concertación opositora opera en sentido contrario a la línea estratégica marcada por los principales dirigentes del PRM de pretender un “amplio frente opositor para vencer la maquinaria de control peledeísta en el 2020”.

Sería un gran desacierto desbaratar una concertación que comenzó dos semanas antes de los comicios el 2016, mantenida durante dos años y tres meses. Afectaría también los esfuerzos en pro de un “amplio frente político-social” por el rescate de la democracia, que han planteado  grupos ciudadanos, como Conciencia Social, encabezado por personalidades como Enmanuel Esquea, Federico Lalane, Eulogio Santaella y Leopoldo Franco; el Movimiento Independiente Rescate Democrático, promovido por profesionales como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla, o el Congreso Cívico que a nivel nacional integran antiguos militantes de la izquierda.

Múltiples articulistas independientes también vienen sosteniendo que sólo una amplia concertación político-social puede generar las sinergias necesarias para superar el inmenso control del Estado y social que mantiene el PLD, o por lo menos para reducirlo. Inclinar el voto del mayor partido de oposición al interés del presidente Medina afianzaría la amplia convicción de que él terminará por imponer a cualquier precio una nueva repostulación y reelección. Porque los mismos dos tercios necesarios para pasar la ley orgánica, serían suficientes para reformar la Constitución.

—————————————————————————————————

No apagarle el fuego al peledeismo

La más elemental estrategia opositora descartaría contribuir a apagar el fuego que consume al PLD, poniéndolo en riesgo de fuerte división, con posiciones que ya pasan de la confrontación política a la personal, y que afectan la imagen de ese partido y la del gobierno, incluyendo la del presidente Medina, que pese a todo mantiene aprobación cercana al 50%.

Sufragar en aras de que el presidente Medina derrote a Leonel es el camino más corto a la reunificación de esa maquinaria de poder. Porque una vez que eso ocurra, el terror de perder las ventajas del gobierno, el presidencialismo, los repartos del patrimonio público y promesas de apoyos electorales tendrían más fuerza reunificadora, que en el contexto de que Fernández resulte el candidato. Para que esto ocurra tendrán que doblarle el pulso al mandatario y su poderoso grupo, y el apoyo del Estado a esa candidatura sería menos entusiasta.

En cualquier caso, la vocación de poder del peledeísmo podría lograr la reunificación, pero para la oposición, a la que se acusa de pocas garras, sería más difícil enfrentarse al presidente de la nación. Dejarle a los peledeístas resolver ellos sus contradicciones es la más apropiada estrategia. Que se vayan con sus estatutos o se fajen a modificarlos, en lo que se consumirían durante meses.

Al PRM le conviene trazar una línea definitiva y fuete de oposición, ya tiene un padrón que se demostró eficiente, y hasta le convendría no quedar atado a unas primarias en noviembre del 2019, y celebrarla mucho antes, para definir candidaturas que superen la distracción y riesgos de fragmentación que conllevan las largas luchas por las nominaciones. Así podrían concentrarse más temprano en edificar una ilusión de cambio político que no han podido lograr aunque la sociedad muestra las fatigas de la prolongación en el poder de la corporación peledeísta.-

———————————————————————————————————-

 

Los jóvenes deben empoderarse

02_08_2018 HOY_JUEVES_020818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La poca participación de la juventud dominicana en las actividades sociales y políticas es un elemento altamente preocupante  para el futuro de un país que como el nuestro precisa de tantas transformaciones y energías constructivas para superar sus atavismos primitivos, ofrecer mayores oportunidades a los sectores sociales mayoritarios de bajos niveles educativos y de vida, y para insertarse en un mundo cada vez más competitivo.

Las investigaciones sociales y las observaciones indican que los jóvenes dominicanos están cada vez más ausentes de las actividades comunitarias, de las asociaciones estudiantiles y sindicales, de las organizaciones no gubernamentales y de las iniciativas políticas, tal vez con la excepción del movimiento verde, donde han participado segmentos juveniles de clases medias, y no tanto de los segmentos populares.

Un estudio del que ha informado esta semana el periódico El Caribe, de la Asociación Internacional para Evaluación del Logro Educativo ha mostrado que el 88 por ciento de los estudiantes dominicanos de 14  años, en una muestra de 3 mil 937 de 141 escuelas, muestran los niveles más bajos entre 24 países evaluados en conocimiento y comprensión sobre las instituciones, la democracia, ciudadanía e institucionalidad.

Resulta alarmante que sólo el 1 por ciento alcanzó el nivel A de la evaluación, el 11 por ciento el nivel B y el 30 el nivel C, y que hasta un 73 por ciento justica la dictadura si traen orden y seguridad, que el 56 por ciento justifica las prácticas clientelares y corruptivas y el 55 por ciento los gobiernos autoritarios.

Las franjas adultas se quejan frecuentemente de la ausencia de los jóvenes en las actividades sociales y políticas, sin buscar explicaciones, que en gran medida no son de su responsabilidad, sino del deterioro en que cayó la educación nacional con décadas de atraso, por el abandono de la educación cívica, la frustrante desintegración familiar y por el bombardeo consumista que han recibido por todos los medios de comunicación, incentivando la evasión y los botes salvavidas individuales.

La tercera parte de nuestros jóvenes no tienen acceso a un empleo y otro tercio apenas logra ingresos de sobrevivencia, la mitad abandona la educación escolar en el nivel secundario y casi una cuarta parte ni estudia ni trabaja, conformando una perspectiva de pobreza y de incremento de la delincuencia y la inseguridad.

Es indiscutible que ese panorama requiere cambios estructurales, políticos y sociales profundos, pero que serán imposibles si los jóvenes mismos no se empoderan y se fajan a unir esfuerzos por lograrlos. Ninguna sociedad se transforma ni alcanza  niveles importantes de bienestar integral sin la decidida participación de la juventud.

Las investigaciones sociales, como Barómetro de las Américas y Latinobarómetro arrojan datos extremadamente preocupantes sobre la escasa confianza de los jóvenes dominicanos en su porvenir, con tasas de hasta 60 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años que sueñan con irse del país, y 48 por ciento en la de 26 a 35 años. Muchos de ellos deslumbrados por el mejoramiento de la calidad de vida de gran proporción del más del millón y medio que emigraron en las últimas seis décadas.

Esos sueños terminarán en pesadilla para una alta proporción, porque las fronteras migratorias se están cerrando progresivamente tanto en Estados Unidos como en Europa, donde fue a parar gran parte de nuestra diáspora. Y los nuevos destinos de Sudamérica no tienen mucha capacidad para absorber las demandas. Habrá que convencer a nuestros jóvenes que es aquí donde tendrán que guayar la yuca y que eso no será posible leyendo y enviando mensajitos por las redes sociales, ni mucho menos  en la evasión del colmadón, de las drogas y el alcohol.

La situación es para declararnos en emergencia. Urge que los adultos abran mayores espacios a la participación de los jóvenes  en todos los sectores, y que los exhortemos a empoderarse, a asumir las riendas de este pobre país tan precisado de nuevas energías.-

Ahora hay más motivos para proseguir la Marcha Verde contra la impunidad

28_07_2018 HOY_SABADO_280718_ El País12 B

Los pírricos resultados de las investigaciones del escándalo Odebrecht a 19 meses de su estallido y la persistencia de altos niveles de corrupción justifican ahora más que nunca la movilización de la ciudadanía, convocada a otra marcha el 12 de agosto en Santo Domingo

Por Juan Bolívar Díaz

La convocatoria de otra movilización del movimiento Marcha Verde (MV) para el domingo 12 de agosto es un desafío a los sectores sociales que hace año y medio levantaron banderas contra la corrupción y la impunidad, cuya mayor expresión ha sido el escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras y financiamiento electoral de la empresa Odebrecht.

         La MV perdió vigor el 28 de enero pasado cuando realizó una concentración ante el Palacio Nacional con una asistencia mucho menor a la caminata del 16 de julio del 2017 que movilizó una multitud estimada sobre las 150 mil personas, pero sus promotores estiman que ahora hay tanta o más razones para marchar, por la persistencia de la impunidad.

“La marcha del millón”

La convocada para dentro de dos semanas ha sido ambiciosamente denominada “la marcha del millón”, aunque sus promotores reconocen que es imposible movilizar esa cantidad de personas, y matizan hablando de “un millón de voluntades y de corazones”, pero están convencidos de que ahora se dan más condiciones objetivas para la lucha contra la impunidad después de la burla en que ha devenido la investigación del escándalo Odebrecht que detonó la protesta con una primera manifestación multitudinaria el 22 de enero del año pasado.

El recorrido se orienta otra vez hacia el Centro de los Héroes, donde el 16 de julio del 2017 logró una concurrencia estimada entre 150 y 200 mil personas, catalogada como la mayor de la historia de la movilización social dominicana, con participación sin precedente de sectores sociales que nunca se habían manifestado en las calles. Pero decayó el 28 de enero último cuando los sectores más militantes impusieron una concentración junto al Palacio Nacional que no tuvo aprobación de las mayorías.

Los promotores han mantenido la MV con diversas actividades, las últimas un concierto ante la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado día 8 y los campamentos mantenidos por varias semanas en ese mismo lugar y luego en Santiago, que fueron escenario de variadas manifestaciones. En el ínterin hubo expresiones de disensiones internas, especialmente de los núcleos más radicales que no lograron hacer prevalecer como objetivo la meta de hacer saltar del gobierno al presidente Danilo Medina, lo que la mayoría de los dirigentes consideraron poco realista. Estos estiman que un mayor deterioro de la imagen del gobierno y la pírrica indagatoria del escándalo Odebrecht, cuya última expresión ha sido el rechazo a investigar los contratos con los asesores políticos Joao Santana y Mónica Moura, estimulan la protesta.

Resultados muy irritantes

            A más de año y medio del estallido del mayor escándalo transnacional de corrupción, en víspera de la Navidad del 2016, que embarró altamente a la República Dominicana, los resultados de las investigaciones locales han sido considerados pírricos, en relación con los de otros países donde presidentes, expresidentes, un vicepresidente y ministros han sido apresados y/o procesados. Aquí el ministerio público sólo se ha ocupado tímidamente del aspecto sobornos, de lo confesado por los ejecutivos de la constructora Odebrecht, ignorando las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales, de mayores implicaciones económicas  y políticas.

En las imputaciones por los sobornos, presentadas por la PGR en mayo del  2016, aparecieron 14 implicados, doce funcionarios y políticos más el intermediario de Odebrecht Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga. El Procurador general Jean Alain Rodríguez proclamó entonces que “están todos los que son y son todos los que están”. Pero al formalizar acusaciones judiciales un año después, la docena se redujo a cuatro y se agregó al exsenador y dirigente del principal partido opositor Jesús Vásquez, excluyendo a tres que son del miembros del Comité Político del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exfuncionario Radhamés Segura y el senador Julio César Valentín.

Es más relevante que a 19 meses de las confesiones de Odebrecht todavía no han sido auditadas las obras contratadas en el país por 5 mil 957 millones de dólares. Los testimonios de los ejecutivos de la constructora indican un patrón de sobrevaluaciones del 22%, que en el caso dominicano alcanzarían a 1,119 millones de dólares, 12 veces el monto de los sobornos confesados. Un consorcio internacional de investigaciones periodísticas estimó que en RD las sobrevaluaciones habrían ascendido a 1,217 millones de dólares.

El componente político

            Sobre las sobrevaluaciones, la PGR ha argumentado que solicitó a la Cámara de Cuentas, las correspondientes auditorias, la que en principio dijo que no podía realizarlas  “por falta de fondos”, pero los testimonios sobre el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, a través de sus asesores Joao Santana y Mónica Moura, han sido totalmente ignorados. La última expresión es la reciente negativa de la Cámara de Diputados a investigar los certificados de la Contraloría General de la República, presentados por cuatro diputados opositores encabezados por Faride Raful, que muestran contratos por más de 1,300 millones de pesos, de dos organismos de la Presidencia con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 de los esposos Santana Moura mientras daban asesoría política al presidente Danilo Medina

Los certificados publicados implican posibles violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y abuso de recursos públicos para pagar asesoría electoral, pero desde mayo del año pasado la PGR fue apoderada de documentos que muestran el envío desde Lima de 4 millones 396 mil 796 dólares, en una triangulación de empresas de Odebrecht en Perú a una cuenta bancaria de CineArt2013, en 16 transferencias a un banco dominicano entre 2013 y 2014, en pleno período de la asesoría política y de marketing de los Santana-Moura.

El esfuerzo de la PGR ha sido concentrado sólo en los sobornos confesados por 92 millones de dólares, mediatizado por el “pacto de impunidad” suscrito con la Odebrecht, con un cómodo compromiso de pago escalonado a ocho años, de 184 millones de dólares, el doble de las coimas. Pero ese acuerdo ignoró que la misma empresa también confesó que mediante los sobornos había derivado utilidades por 165 millones de dólares. Y todavía se espera la lista de los sobornados que repetidas veces se dijo entregaría Odebrecht. Lo entregado es una clara burla de los términos del acuerdo homologado por un juez.

No se vale el cansancio

La fortaleza de la MV fue consecuencia de la indignación generada por el cúmulo de escándalos de corrupción, que tuvo como detonante el de Odebrecht, pero que ya acumulaba otros como los 130 millones de dólares en pagarés vendidos por la empresa Sun Land, los sobornos y sobrevaluaciones en la compra de los aviones Tucano, las extorsiones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, además de los expedientes de Félix Bautista y las denuncias de gran escala contra los altos funcionarios Víctor Díaz Rúa y Diandino Peña.

Todavía en Septiembre pasado, en el último Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, RD era situada en los últimos escalones en los renglones relacionados con la corrupción entre 137 países. En favoritismo de los funcionarios públicos quedó en penúltimo lugar, el 136, el 135 en desvío de los fondos públicos, en el 133 en eficientes políticas antimonopolios, 132 en comportamiento ético-empresarial, 131 en eficiencia del gasto y en el 130 en independencia de la justicia.

No hay motivo para que la ciudadanía reduzca su presión para contener el desbordamiento de la corrupción y reclamar el fin de la impunidad. Pero muchos de los que se lanzaron a las calles creían que verían rápidamente resultados positivos, ignorando la resistencia de quienes se benefician personal y políticamente de la malversación en todas sus expresiones. Otros sobrevaluaron las fuerzas desatadas pretendiendo metas que excluían en vez de incentivar la acumulación de fuerzas.

La Lucha para lograr la inversión del 4 por ciento del PIB para la educación comenzó a principio de los años noventa y se consagró en la Ley General de Educación del 1997, pero no fue hasta el 2012 que se logró su aplicación, tras varios años de fuerte presión de la sociedad organizada, que incluyeron la marcha de unas 10 mil personas, muy lejos de las multitudinarias de ahora contra la corrupción y la impunidad.

Un esfuerzo gubernamental

Podría parecer exageración, pero hay quienes atribuyen las imputaciones formuladas por la PGR el jueves a 11 personas, incluyendo funcionarios, por el escándalo de la venta del barrio de Los Tres Brazos al temor gubernamental de que se reanuden las multitudinarias marchas verdes.  Los cargos incluyen implican a la actual directora nacional de Registro de Títulos y al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Leoncio Almánzar.

El escándalo se produjo a fines del 2016, cuando los programas matinales de tres canales de televisión, el periódico El Día y la cadena de emisoras católicas transmitieron un programa en vivo desde el barrio de la parte oriental de la ciudad. Habían vendido el barrio con todas sus infraestructuras de escuelas, acueducto, centro de salud, calles y las construcciones particulares de 14 mil familias por 80 millones de pesos, que luego fueron reducidos a 65 millones. La CORDE sólo recibió 15 millones de pesos, de los cuales pagó 11.3 millones para el deslinde que correspondía a la empresa compradora, para un balance final recibido de 3.3 millones de pesos. Con el absurdo de que recibió a cambio otros tres inmuebles que nunca pudo asumir porque estaban registrados a nombre de abogados de los mismos compradores.

La mayor parte de los cargos presentados el jueves por la PGR ya figuraron en la investigación que hizo en solo un mes una comisión especial designada por el presidente Medina, encabezada por su consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Fue entregada a la Procuraduría a fines de enero del 2017, es decir hace año y medio, y nunca se habló del asunto aunque el caso figuraba en la galería de escándalos de corrupción.

 

————————————————————————————–

Contrastes del escándalo Odebrecht

*República Dominicana fue el tercer país en volumen de los sobornos confesados por Odebrecht, después de Brasil y Venezuela, con 92 millones de dólares. Pero el mayor en términos proporcionales, tanto de población como de montos contratados.

* El país fue sede del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (o de sobornos), a partir del 2014, cuando la justicia brasileña empezó a descifrar su entramado de corrupción, porque lo consideraban un lugar seguro, según testimonios de sus ejecutivos.

* Joao Santana y Mónica Moura fue certificados por Odebrecht como sus brazos para la asesoría de campañas electorales que luego se cobraban con contrataciones,  y llegaron a despachar en el Palacio Nacional, y aquí estaban cuando fueron requeridos y apresados por la trama, pero aquí eso no ha tenido consecuencias.

* Los sobornos certificados por la PGR, por US$83.2 millones llegaron entre 2007 y 2015, el 72% durante el gobierno de Danilo Medina, pero no hay imputaciones de ese período.

*Tres de los cinco acusados por los sobornos son actualmente de la oposición, dos legisladores y un ejecutivo del período en que se contrató el 5% del monto con Odebrecht.

* Un solo senador del partido de gobierno está acusado de sobornos para aprobar contratos y adendas con Odebrecht aunque su bancada era de 24 y luego 31 de los 32 miembros.

* Danilo Medina hizo tres viajes a Brasil, como ministro de la presidencia, como candidato y como presidente electo, donde entró en contactos con los presidentes Lula y Dilma, que luego abogarían por su reelección.

 

 

El predominio de la imposición

26_07_2018 HOY_JUEVES_260718_ Opinión10 A      

Por Juan Bolívar Díaz

La imposición sin reparar en el nivel de violencia que fuere necesario, el arrebato y el despojo quedaron marcados como huella indeleble desde la conquista española de esta isla y más de cinco siglos después, siguen marcando el comportamiento político y social de las élites de la sociedad dominicana, incapaces de aceptar las consecuencias de los resultados del debate de las ideas y de los procedimientos democráticos.

Se trata de toda una cultura según la cual el poder no se cede y hay que mantenerlo sin reparar en el costo, en cualquier nivel organizativo de la sociedad, sobre todo cuando se trata de las máximas instancias de la administración del Estado, por lo que todos los presidentes tan pronto se afianzan en el poder, llegan a la conclusión de que lo imperativo es quedarse ejerciéndolo hasta que la muerte los separe. En consecuencia, no hay juego democrático ni respeto a los textos que lo proclaman, no importa que sean reglamentos, leyes o Constitución.

Esa cultura de la imposición es la que ha impedido por dos décadas la aprobación de una ley que paute el comportamiento democrático en las agrupaciones políticas, aún a su interior, es decir entre sus propios miembros, lo que parece haber llegado al paroxismo en los últimos tiempos, pues gran parte de nuestro máximo liderazgo confiesa sin ruborizarse que no son capaces ni siquiera de establecer el listado o empadronamiento de sus miembros ni mucho menos de regirse por procedimientos democráticos. Y no les da pena ni vergüenza pretender administrar el Estado y regir toda la sociedad, lo que se debe asumir muchas veces más complejo.

De ahí los esfuerzos inauditos por una ley que decline a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de organizar la elección de las candidaturas nacionales, sin la menor racionalidad para entender que se trataría de un proceso casi imposible de materializar en una sola jornada, pues implicaría a decenas de miles de personas. No pueden explicar porqué razón la JCE no ha podido computar sin traumas los votos preferenciales a unos 1,500 candidatos a las 190 curules de diputados. Y muchos que se han opuesto al voto preferencial por los regidores, porque lo consideran inmanejable con un solo candidato por partido, pretenden que se le cuente a tres o cuatro precandidatos por partido, y hasta con métodos diversos, padrón abierto o cerrado, semi-abierto o mediante asamblea de delegados, al mismo tiempo, en los mismos colegios y con los mismos ciudadanos.

No termina el debate sobre padrón para las elecciones primarias, porque el grupo que hegemoniza el poder ha querido imponer a todos el abierto, sin tener consenso ni siquiera en su propio partido, al borde de la división. Después del fracaso de innumerables maniobras, e intento de cooptación, han propuesto que la ley establezca tanto el padrón abierto como el cerrado, para sobreponerla a los estatutos que en todos los partidos, establecen que son sus militantes o miembros quienes escogen sus candidatos, como sus dirigentes, con el voto democrático de todos, o a través de asambleas constituidas por delegados.

Es el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos estatutos establecen en su artículo 43 que todos sus candidatos se escogen “mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto”, y bajo responsabilidad de una comisión de sus miembros. A la última propuesta del grupo que controla el Estado, el mayor partido opositor respondió formulando que cada partido escoja libremente el método y padrón de elección que prefiera.

Pero la ley sigue empantanada, porque la parte dominante del PLD quiere ahora que se agregue que la decisión sea de los organismos, bajo su control, y la contestataria que “según los estatutos”, cuando en limpia lógica y respeto institucional, debería ser el mismo resultado. Esto así porque en ninguna institución social o política, se puede asumir honradamente que un órgano o un dirigente actúe contrario a lo claramente establecido en sus estatutos. Parece demasiado esperar en una nación cuya Constitución sigue siendo un simple pedazo de papel a 174 años de su proclamación. Los contestatarios de ocasión temen que si no se precisa que es “de acuerdo a los estatutos”, estos se puedan vulnerar. Se acaba, una vez más la legislatura y los detentadores del poder siguen maquinando para ver si logran imponer el padrón abierto que les permita mayores posibilidades de eternizarse, aún al costo de aplastar a sus antiguos compañeros.-

El presidente DM está en mala racha, de escándalos, gestión política y fiscal

21_07_2018 HOY_SABADO_210718_ El País11 A

Danilo Medina luce cada vez más empantanado en el escándalo Odebrecht, los apremios fiscales suturados a golpe de endeudamiento, falso combate a la inseguridad, mayor mortalidad infantil, crisis de la seguridad social y sin poder dar salida a la Ley de Partidos 

 

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Acercándose a la mitad de su período, el gobierno del presidente Danilo Medina atraviesa una de sus peores rachas, cada vez más enredado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, con apuros fiscales, llevando la deuda pública al borde de la insostenibilidad para financiar sus infortunadas plantas de carbón, mientras el peso se reduce a dos centavos de un dólar escaso.

Con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana sin poder superar su peor crisis, la posición del mandatario sigue obstruyendo la aprobación de la Ley de Partidos, mientras entra en crisis la seguridad social y se reporta un escandaloso incremento en el año de la mortalidad infantil, que avala los cuestionamientos a la gestión de la salud pública.

El pantano de Odebrecht

            Todo parece indicar que el escándalo Odebrecht, que ha marchitado la primera mitad de su último período gubernamental, seguirá persiguiendo al presidente Danilo Medina sin respuesta a los indicadores que lo salpican y en medio del descrédito por la pobre investigación de su Ministerio Público.

El gobierno quedó atrapado con las revelaciones de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con documentos de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestran contrataciones públicas con los asesores de las campañas electorales que ejecutivos de la Odebrecht confesaron haber financiado, entre ellas las del presidente Medina. El secretario administrativo de la Presidencia y su director de Comunicaciones trataron de disminuir el nivel del escándalo, admitiendo que a Joao Santana y Mónica Moura se le pagaron 430 millones de pesos por asesorías y marketing político.

Los registros de 11 contratos, entregados por la CGR a requerimiento de los diputados demuestran que lo contratado con las empresas Polis Cribe y Cine&Art 2013, de Joao Santana y Mónica Moura, sobrepasaron los 1,300 millones de pesos, que comenzaron el primer día del gobierno de Medina en agosto del 2012, y se extendían hasta diciembre del 2016. Los libramientos 7231, 7236 y 7587 de la Contraloría autorizaron pagos hasta enero del 2017, estos tres por 24 millones 451 mil pesos, 11 meses después la pareja dejó la asesoría a Medina en febrero del 2016, para ser condenados en Brasil por su implicación en el escándalo Odebrecht.

Nada que transparentar

Tanto en la respuesta de funcionarios palaciegos como en la reacción de la mayoría peledeísta que controla la Cámara de Diputados, resalta su negativa a dilucidar el contenido de los papeles certificados por la CGR y a aceptar el requerimiento de los cuatro legisladores de crear una comisión que investigue contratos “para asesoría en marketing, comunicación y planificación de campaña” un asunto que salpica al propio presidente Medina, al tratarse de los asesores políticos de sus dos campañas electorales. La admisión de pagos por 430.5 millones de pesos, debería obligar a una minuciosa rendición de cuentas, al implicar posible violación de la ley de Compras y Contrataciones y uso político de fondos públicos.

Al menos podrían haber detallado cómo y por qué sólo pagaron esa suma, cuando contrataron fueron por más de 1,300 millones de pesos, incluyendo 4 en años sucesivos a razón  a razón de 100 mil dólares mensuales. Más aún porque una relación de erogaciones del Ministerio de Educación indica que allí también pagaron a la empresa Cine&Arte 2013, una de las dos involucradas,16 millones 800 mil pesos en noviembre del 2014. Los documentos de la CGR deberían ser respondidos también con documentos y no con afirmaciones descalificativas.

Con su negativa a investigar la Cámara de Diputados, desaprovechó la oportunidad para demostrar que los documentos eran falsos como afirmó su presidente Rubén Maldonado, y renunció al deber de fiscalización de los gastos públicos que le ordena la Constitución, ratificando la pobreza institucional y la precariedad de la democracia dominicana.

La espina de las plantas

            Los papeles de la Contraloría pusieron en apuros al gobierno, cuando trata de completar el financiamiento de las cuestionadas plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina para concluirlas al margen del reclamo de otros 708 millones de dólares que le ha formulado Odebrecht. A eso se atribuye, en parte, la colocación de bonos por 1,300 millones de dólares de la semana pasada, que a la vez alivia la escasez de divisas racionadas para administrar la devaluación del peso que ya llega a 50 por dólar, la que esta semana generó una exigencia pública de la Asociación de Industriales de Herrera al Banco Central para que los empresarios puedan cumplir sus compromisos internacionales.

Tras los nuevos bonos, HOY dio cuenta el sábado 14 que el gobierno de Medina ha emitido más de 12 mil millones de dólares desde el 2013, mientras el exgobernador del Banco Central daba cuenta de que la deuda pública estatal consolidada alcanza 43 mil 400 millones de dólares, 52 por ciento del producto nacional, reiterando sus advertencias de que va camino a la insostenibilidad. El economista Apolinar Veloz, hasta hace poco funcionario del Fondo Monetario Internacional, la cuantificó en 46 mil millones en una entrevista el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, al sumarle deudas no registradas con suplidores y constructores.

Las perspectivas apuntan a la continuación del endeudamiento, en su mayoría para cubrir gastos corrientes, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió que el presupuesto para el 2019, en proceso de elaboración, contendrá menos recursos para proyectos prioritarios, cuando la inversión de capital apenas alcanza el 15 por ciento del presupuesto. En los lineamientos presupuestarios para el próximo año recién presentados al presidente Medina por el ministro Donald Guerrero, sigue ausente el pacto fiscal postulado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gobierno ha evadido, según dio cuenta el Diario Libre al comenzar la semana.

Traspiés eléctrico en China

            El gobierno tuvo otro revés esta misma semana cuando se reprodujo aquí una información publicada en un portal internacional de que el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, José Rafael Santana, firmó un acuerdo para la instalación de una planta eléctrica de 1,200 megavatios, que incluiría facilidades del puerto de Manzanillo, en Montecristi, con la empresa china Huayang Investment Holdings. El mismo día el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo,  y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, negaron calidad a Santana para firmar tal acuerdo.

Cuando se esperaba que el funcionario sería destituido, al día siguiente Bichara precisó que lo que se firmó fue un “memorándum de entendimiento no vinculante”, como unos 26 suscritos en los últimos meses con otras empresas interesadas en el negocio eléctrico en el país. Ese tipo de “acuerdos de intención” son de carácter confidencial y por tanto no publicable. Pero este se firmó en una ceremonia en el “Salón del Pueblo” de la capital de China, Beijing, con la concurrencia de varios funcionarios dominicanos y chinos.

Desde luego nadie informó quién cubrió los gastos para esa “carta de intención”, mientras se especulaba sobre la precipitación con que el gobierno procura beneficios económicos, por lo menos de inversión, de su reciente reconocimiento diplomático de la República Popular China.

Una reacción de Danilo

El presidente Medina, negado sistemáticamente a responder cuestionamientos o preguntas, tuvo una reacción de enojo esta semana cuando recriminó a los que criticaron los vicios de construcción develados por los aguaceros en dos grandes hospitales capitalinos, en especial el Moscoso Puello, en cuya remodelación se gastaron más de 400 millones de pesos.

El sector salud está revuelto desde hace meses, con declaraciones de colapso por parte de los gremios como el Colegio Médico Dominicano, con el agravante de que el sistema de seguridad social ha sido sumido en una crisis, con sus organismos inoperantes, al punto que tras un coro de quejas y demandas, contra las aseguradoras de de Riesgos de Salud, esta semana el Ministro de Salud Pública reaccionó proponiendo una mesa de diálogo para buscar soluciones.

Mientras tanto, las muertes de recién nacidos se elevaron en el primer semestre de este año en un alarmante 29.4 por ciento, al totalizar 1,659, con 377 más que las 1,282 ocurridas en el mismo período del año pasado, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 26. Las muertes maternas del mismo período se redujeron de 88 a 93.

Tampoco en la política

En el rumbo político tampoco ha tenido suerte el presidente Medina, aunque en las últimas semanas han aparecido en las redes cinco spots de promoción de su reelección, con la misma línea gráfica, y el viernes se publicaron fotografías de afiches reeleccionistas con la foto del mandatario, todos de igual impresión, durante una inauguración oficial.

Hace dos semanas se aprovechó un congreso en el país de la Federación Interamericana de Abogados para atribuirle a un supuesto “Comité de Derecho Electoral” haber dictaminado “a unanimidad” que el transitorio de la Constitución que prohíbe otra repostulación de Medina, viola sus derechos, lo que fue rápidamente desautorizado por el presidente de la entidad con sede en Washington, quien dijo que ni siquiera tienen tal comité.

La última propuesta del danilismo para viabilizar la controversial Ley de Partidos, que pedía consagrar tanto el padrón abierto como el cerrado para elegir candidatos, habría sido respondida por el Partido Revolucionario Moderno con que cada partido quede en libertad de escoger el método de elección, pero parece que eso tampoco satisface al danilismo que quiere una ley que le economice los riesgos de convocar un congreso  para modificar los estatutos del PLD que establecen el padrón interno. Mientras tanto, el próximo miércoles concluirá otra legislatura sin aprobarse la Ley de Partidos.-

 

Este Estado es una mojiganga

o1

Por Juan Bolívar Díaz

            El intento de reducir a 430 millones de pesos los más de mil 300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en diversos países, no puede reducir la gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la Contraloría General de la República a requerimiento de 4 diputados del Partido Revolucionario Moderno.

La revelación de la diputada Faride Raful y los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio público y se niega a la menor rendición de cuentas. De ahí el desplante con que fue recibida la propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el Secretario Administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura sólo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les siguiera pagando después que ambos delincuentes internacionales tuvieran que abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.

La extensa carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas,  queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los diputados. No se refieren a once contratos entregados por la Contraloría, que ellos suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los esposos Santana-Moura, para “asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas”, que fue precisamente lo que estos hicieron para las campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y 2016, hasta su apresamiento el 22 de febrero de ese año, a tres meses de las elecciones.

Las copias de los registros de esas contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos, o alternativamente de Juana Vélez, Consultora Jurídica del organismo. La Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Sólo la Secretaría habría firmado contratos por mil 255 millones de pesos, casi el triple de lo admitido como pagado.

Por su parte la DICOM aparece como responsable de 3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total de mil 346 millones de pesos contratados, según los registros de la Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo documentando si fueron modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una falsificación, que sería delito penal.

Aunque sólo pagaran fueran 430 millones de pesos, se trata de contrataciones grado a grado, que ignoran las regulaciones de la Ley de Compras y Contrataciones, sin concursos licitaciones o sorteos, a extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por “coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el día mismo de su juramentación. Y que el último alcanzara hasta 7 meses después de su segunda elección. Por demás queda aclarar si hubo pagos adicionales por otros organismos estatales, como por ejemplo el de 16 millones 800 mil pesos a Cine&Art 2013, que aparece en una relación de pagos del Ministerio de Educación en noviembre del 2014.

En cualquier democracia de mediana intensidad, el Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga de Estado como la que sufrimos.-