El Gobierno se esfuerza en contener la marcha contra la impunidad

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Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno desplegó esta semana lo que pareció una ofensiva para distanciarse de la corrupción que se le endilga y responder el clamor nacional contra la impunidad, al reanudar las investigaciones sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano por 93.7 millones de dólares y sobre las irregularidades en la venta del barrio Los Tres Brazos.

La Procuraduría General también presentó querella contra algunos de los involucrados en la mafia extorsionadora que provocó el suicidio de un contratista en plena Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mientras la Dirección General de Contrataciones Públicas anunciaba la anulación de licitaciones en dos organismos estatales.

Abandona la pasividad. El Gobierno no se ha detenido tras las imputaciones a 14 personas por el escándalo de sobornos de la Odebrecht y esta semana lanzó una ofensiva procurando distanciarse de la pasividad y la impunidad con que había visto pasar numerosos actos de corrupción que han rebosado la paciencia ciudadana.

El éxito de la última marcha verde, efectuada hace dos semanas en San Pedro de Macorís, demostró que hace falta mucho más para contener la indignación ciudadana, por lo que se ha pasado a dilucidar varios de los casos acumulados en el rosario de corrupción nacional.
Ninguno más parecido al de Odebrecht que los sobornos por la compra de los 8 aviones Súper Tucano, también en Brasil, a un costo de 93.7 millones de dólares, por igual confesados ante la justicia estadounidense por la empresa Embraer, que habría pagado coimas de 205 millones de dólares, 3.5 millones en la República Dominicana, y el resto en Arabia Saudita y Mozambique.

Otros dos escándalos, enrostrados sistemáticamente al Gobierno del presidente Danilo Medina, fueron reactivados por la Justicia en esta semana: el de la mafia extorsionadora que operaba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el de la venta de los terrenos del barrio Los tres Brazos, en Santo Domingo Este, pertenecientes a la otrora poderosa Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Ningún caso completado. Ninguno de los tres casos abordados esta semana por la Procuraduría General de la República ha podido culminar en imputaciones satisfactorias y más bien ha parecido que se juega al olvido.

El revuelo de las denuncias de sobrevaluaciones y sobornos para la compra y aprobación del contrato de los Tucano comenzó desde que se planteó la adquisición cerrada en el 2008.

En mayo de 2016 el diario Wall Street Journal ofreció los detalles del soborno a militares y legisladores por los 3.5 millones de dólares. Desde febrero de 2016 la Procuraduría General asumió la investigación robustecida con la confesión de la Embraer en octubre.

Hasta el momento el Ministerio Público solo ha imputado al exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio y al coronel Carlos Piccini Núñez, así como al empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández.

Ningún legislador ni político ha sido imputado, aunque desde el principio se vocean nombres y apellidos, en una compra por 94 millones de dólares, cuyo financiamiento fue denunciado en el Congreso Nacional antes de su aprobación.

Como en el caso Odebrecht, la percepción generalizada es que en los Tucano no solo hubo sobornos, sino también sobrevaluación, comparando los precios a que otros países, como Colombia, habían pagado el mismo tipo de aeronave.

Otra similitud es que en este también ha habido selectividad en las imputaciones, pues han resultado ilesos los ejecutivos de otras dos empresas identificadas como las mayores correas de las transferencias al país del dinero, teniendo en común apellidos tan sonoros como Balaguer y Rojas Tabar. Con nuevos interrogatorios, la Procuraduría General de la República procuraría completar un expediente creíble. Hasta ahora solo el coronel Piccini Núñez está preso y es señalado como un “chivito expiatorio”.

Expedientes en OISOE. Tres de los escándalos de corrupción del actual Gobierno han sido los que afectaron a la OISOE, la CORDE y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Los dos primeros fueron de los abordados esta semana. El de la OISOE es el más avanzado, ya que el lunes la Procuraduría Especializada para Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó acusación formal ante juez contra cuatro involucrados.
Aquí también se denuncia selectividad, pues se atribuye a cuatro funcionarios medios la operación de una red de extorsiones para contrataciones y pagos de obras, que hizo explosión en septiembre de 2015 con el suicidio en plenas oficinas de la OISOE del contratista David Rodríguez, quien dejó una nota acusatoria.

Luego el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) presentó otros 52 expedientes sujetos a la misma extorsión. Muy pocos han aceptado que no hubiese al menos complicidad en los mandos superiores de la institución.

La PGR tiene otro expediente pendiente de la OISOE, bajo la misma administración, por haber casi duplicado el costo de la remodelación del hospital Darío Contreras, originalmente contratada por 886 millones de pesos y que concluyó en 2014 en 1,700 millones de pesos.

La enorme sobrevaluación fue certificada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, revalorada por la Dirección General de Contrataciones Públicas que remitió el expediente a la PGR hace año y medio.

Las sobrevaluaciones de hasta 100 por ciento han sido sistemáticas en la OISOE, señalándose los casos de los parqueos del Palacio de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la administración del ahora senador Félix Bautista.

Los casos más difíciles. Para responder los cuestionamientos que han generado la indignación de la Marcha Verde, la PGR tiene todavía mucho terreno por cubrir, especialmente en las investigaciones de las denuncias de sobrevaluaciones. Comenzando mayo el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, presentaron una denuncia para que se investigue el financiamiento de campañas electorales por Odebrecht.

El documento se basó en las revelaciones de los interrogatorios en Brasil y recogió la ruta de la operación Lava Jato hasta la República Dominicana, documentando transferencias por 4 millones 396 mil dólares de empresas offshore de Odebrecht a la firma Cine&Art 2013 establecida en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, el asesor de las campañas electorales de Danilo Medina. Hasta el momento no ha habido respuesta.

Pero a la PGR no le ha interesado investigar las denuncias de financiamientos de campañas. En mayo del 2015 un grupo de 17 diputados del Partido Revolucionario Moderno depositó una instancia para que los interrogaran sobre la voceada compra de votos para la reforma constitucional que permitiría la reelección de Medina.

Luego en marzo de 2016 el mismo partido sometió otra denuncia para que investigaran las relaciones de la empresa de Joao Santana Polis Caribe con el Estado. Silencio en ambos casos.

Errores y omisiones de la Procuraduría en el manejo del escándalo Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
PAISES EN SOBRECARGO

La dependencia de los papeles de Brasil ha sido casi total en el rol de la Procuraduría General de la República (PGR) para sancionar los sobornos, sobrevaluaciones de obras, estimadas sobre US$1,200 millones, financiamientos electorales y abuso del territorio nacional por Odebrecht para la mayor operación de corrupción transnacional.

Desaprovechó el generoso pacto con la empresa transgresora sin reclamar el interrogatorio de sus ejecutivos que operaron en el país para documentar las implicaciones, quedando a expensas de generalidades fácilmente destructibles por la defensa y con una instancia de poco peso documental y errores garrafales.
Datos generales en Brasil. Los más optimistas se aferran a la esperanza de que en los 8 meses que tiene de plazo, la PGR encuentre suficientes pruebas documentales o testimonios concretos para que jueces de la Suprema Corte de Justicia puedan condenar a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht en el país, muy escasos en la instancia con que solicitó su privación de libertad.

Los pesimistas y desconfiados, que parecen mayoría, creen que la instancia es lo más que pudieron lograr las autoridades judiciales y políticas para tratar de contener el clamor nacional e internacional por el fin de la impunidad sin mayores complicaciones políticas, aún al interior del Gobierno. Se quedaron en generalidades y acusaciones indirectas, sin afirmaciones categóricas ni montos, y apenas sobre los sobornos que habrían mediado para la contratación de 17 obras por casi 6 mil millones de dólares en el período 2001-14.
El Ministerio Público dominicano no ha reclamado interrogar en Brasil a los ejecutivos de la Odebrecht que operaron en el país, como lo hizo el de Perú, que el 16 de mayo pasado interrogó en Curitiba al presidente del consorcio Marcelo Odebrecht buscando detalles sobre financiamientos políticos que involucran a tres expresidentes.

El interrogatorio a los ejecutivos Marcos Vasconcelos, Ernesto Sa Viera y Luis da Rocha, que aparecen refiriendo que Angel Rondón habría sobornado a varios funcionarios y legisladores dominicanos, sería fundamental para obtener precisiones. Por igual a los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio, Hilberto Alves da Silva y Eduardo Soares, que han testimoniado financiamiento de campañas electorales dominicanas a través de Joao Santana.

A expensas del exterior. La realidad es que durante meses la PGR pareció depender del “listado de sobornados” que le entregaría la Justicia brasileña, y eso no ha ocurrido, porque era imposible que allá pidieran los detalles de montos, sistemas de pagos, fechas o intermediarios de las implicaciones en los 12 países que incluyó el escándalo de sobrevaluaciones de obras públicas, mediante el soborno y el financiamiento electoral.
El pacto firmado con Odebrecht establecía la obligación de sus ejecutivos de entregar toda la información y documentación de sus delitos, en un plazo de 60 días luego reducido a 30, pero eso no ha ocurrido ni parece que se le esté exigiendo, ya que la PGR aduce ahora que lo comprometido era lo confesado ante la Justicia brasileña.

A presiones internacionales se atribuye el que las autoridades hayan procedido a imputar a 14 personas, repartiendo responsabilidades políticas y a que lo hicieran aparatosamente, filtrando implicados y avisando fechas y horas para dar “una demostración de firmeza” y de paso distraer la atención de quienes reclaman el fin de la impunidad. Espectáculo fue también el traslado de la mayoría de los imputados en un autobús turístico de amplios ventanales, y en horario avisado que permitió concentración de testigos.

Lo peor fue el aparataje que acompañó los arrestos, tratándose de personas con responsabilidades públicas que habían accedido a responder ante las autoridades investigativas y manifestaban disposición a los procedimientos judiciales, varios encausados con indicios tan débiles que no resistirían un habeas corpus.

Estiman sobrevaluaciones. Fue un grupo periodístico peruano de investigaciones que develó hace meses la ruta del Lava Jato en República Dominicana, identificando un entramado de empresas, que mediante 16 transferencias aportaron 4 millones 396 mil dólares a la firma CineArt 2013, creada en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, que se cree estaban destinados a financiamiento político, entre octubre de 2013 y julio de 2014.

Esta semana el consorcio internacional de investigación periodística Convoca Investiga Lava Jato, publicó una evaluación de más de 50 obras construidas por Odebrecht en siete países, estimando que tuvieron costos adicionales a lo originalmente contratado por más de 6 mil millones de dólares, en muchos casos investigados como sobrevaluaciones. El mayor volumen ocurrió en Perú con 1,932 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,778 millones y República Dominicana 1,217 millones de dólares.
Convoca, entre cuyos socios está el importante diario Folha, de Sao Paulo, identifica a

Leonel Fernández como el presidente que más contratos otorgó a Odebrecht, con 12, seguido del difunto mandatario venezolano Hugo Chávez y el panameño Ricardo Martinelli ambos con 11. Este último fue detenido esta semana en Miami requerido por las autoridades judiciales de Panamá.

Justo en Venezuela, República Dominicana y Panamá fue donde Odebrecht confesó los mayores montos pagados en sobornos, por 98 millones de dólares, 92 y 59 millones respectivamente. Ejecutivos de la constructora han dicho que el patrón de sobrevaluaciones era el 22 por ciento. Los 1,217 millones que Convoca atribuye a las sobrevaluaciones de las 17 obras en el país equivalen al 20.4 por ciento. Los estimados son fruto del análisis de una base de datos compartida por 20 periodistas de siete países. Sus resultados se pueden comprobar en la dirección electrónica “investigalavajato.convoca.pe”

Errores inconcebibles. Hay que leer detenidamente las 326 páginas de la instancia acusatoria de la PGR para detectar múltiples errores de diversa magnitud, algunos tan sonados como el haber convertido en 100 millones de pesos dos depósitos por 500 mil pesos cada uno en una cuenta del imputado Roberto Rodríguez. La “aclaración” después, ridiculizada por la defensa fue que se trató de un “error mecanográfico”, aunque figura en dos cuadros, en números y letras, y se argumenta sobre su magnitud.

Los redactores llegan al extremo de confundir revaluaciones de propiedades inmobiliarias de una declaración jurada a otra con intento de ocultar su patrimonio, cuando en esos casos fue de actualizar su valor siempre elevándolos, con lo que les suben el “enriquecimiento ilícito”. Le atribuyen a dos legisladores 7 y 8 automóviles de lujo, registrados en la DGII, como no declarados, ignorando la práctica generalizada de vender exoneraciones, que durante años permanecen a nombre del beneficiario.

Es significativo que la hija de Angel Rondón, Angelina Rondón Marte, 37 años, no esté imputada, aunque se le identifica como accionista de sus empresas receptoras de dinero de Odebrecht y se especifica que recibió depósitos bancarios por 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares, totalizando más de 1,170 millones de pesos. Esta suma supera el patrimonio que la misma instancia atribuye a 12 de los imputados, exceptuando a Rondón y Díaz Rúa. Tampoco fue imputado el primo, Kelly Rondón, gerente administrativo de Conamsa, que recibió 23 millones de dólares de Odebrecht. Se le atribuye haber colocado más de 50 millones de pesos en cuentas bancarias, entre 2007 y 2017.

Mientras a César Sánchez le imputan haber elevado su patrimonio en 7 millones de pesos en cuatro años, a Tommy Galán por 12 millones en seis años como senador, a Temístocles Montás en 35 millones de pesos, tras 17 años de ministro. A Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos parece que no les encontraron patrimonio. Y abundan los datos falsos en muchas imputaciones, incluyendo las de Andrés Bautista, cuyo abogado, Carlos Salcedo, destrozó en la audiencia, como la de atribuirle aprobaciones congresuales cuando ya no estaba en el Senado. Y muchos dislates más que no caben en este espacio.

Sin efectos los sobornos 2012-15 y el financiamiento de campañas

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque evadiendo explicar los sobornos de Odebrecht en el período 2012-15 y los  testimonios sobre financiamiento de campañas electorales, el gobierno de Medina intenta matar tres pájaros de un tiro: la Marcha Verde, el leonelismo y, el PRM

           La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido selectiva en dar crédito a los expedientes de la justicia brasileña sobre los sobornos de Odebrecht en el país en el período 2002-12,  para dictar 14 órdenes de prisión, pero ignora los del 2012-15, aunque en este se realizaron las dos terceras partes de las transferencias en dólares.

Se trataría de una gran manipulación política para matar tres pájaros de un solo tiro, lo primero sería contener la ola de indignación nacional manifiesta en la Marcha Verde, y las presiones internacionales, liquidar la competencia interna del leonelismo, y desacreditar y dejar a la defensiva  al principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM)

Una tremenda dicotomía

            Ha llamado la atención el aparataje con que el gobierno procedió al encarcelamiento de diez de los 14 imputados por la recepción de los sobornos confesados por la Odebrecht para obtener contratos de obras en la República Dominicana por 92 millones de dólares y la radicalidad de mantenerlos en prisión en su mayoría sin pruebas sostenibles, y casi todos por contrataciones en los períodos gubernamentales de Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

Para imputar a seis exfuncionarios y legisladores del período de Mejía (2000-04) y a otros tantos del doble de Fernández (2004-12), la PGR se fundamentó en interrogatorios a ejecutivos de la constructora realizados por la justicia de Brasil, aunque en la generalidad de los casos sólo hay referencias y presunciones de que recibieron sobornos a través del representante de Odebrecht Angel Rondón. En ningún caso se indica suma específica.

La PGR sostiene que hubo sobornos en la contratación de 17 obras, identificadas con sus respectivos montos, desde la primera, el  Acueducto de la Línea Noroeste por 161.7 millones de dólares, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, por 2010. 7 millones de dólares, la mayor inversión del  gobierno del presidente Danilo Medina.

Tras el impacto generado por la inclusión de las plantas de carbón de Medina, la PGR emitió un comunicado indicando que en esta obra los sobornos no se produjeron en su licitación y contratación, sino en la aprobación de su financiamiento por el Congreso Nacional, apelando al testimonio atribuido a “un empleado de Odebrecht”, según el cual un senador y un diputado habrían recibido las coimas, pero ahorrándose identificarlos.

2/3 en período de Danilo

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que desde que comenzaron a ser señalados los presuntos sobornados, es la ausencia de los funcionarios y dirigentes del Congreso involucrados en las obras realizadas en el período de gobierno del actual jefe del Ministerio Público, lo que se agravó al conocerse el texto de la misma instancia de la PGR.

El documento da cuenta de 101 transferencias de 5 empresas offshore de Odebrecht, a 2 empresas, todas identificadas, de Angel Rondón, imputado como el sobornador, por un monto de 81 millones 279 mil dólares, entre el 2007 y 2015, de los cuales 53 millones 859 mil, las dos terceras partes, ingresaron entre el 16 de agosto del 2012 y el 13 de enero de, 2015, es decir en los primeros 29 meses del gobierno de Medina y los otros 27.4 millones de dólares fueron transferidos en los 8 años seguidos de gobierno de Leonel Fernández,  a un promedio de 285 mil dólares mensuales, mientras en el meses de Medina el promedio alcanzó a 1 millón 859 mil dólares, es decir 6.5 veces mayor.

Visto por años, la bolsa de sobornos creció enorme y ascendentemente en el período 2011-14. En 2011 fue de 10.2 millones de dólares, 11.4 en el 12,  para elevarse a 15.8 en el 13, y duplicarse a 31.8 millones de dólares en el 2014. La última transferencia fue de 1.1 millón, en enero del 2015, cuando ya la caían presos en Brasil los jefes de Odebrecht.

Catalina o el lodazal

Si las millonarias transferencias a Rondón, es la base que sustenta las acusaciones de sobornos en el país, resulta difícil entender que salgan limpias las obras y los ejecutivos del actual gobierno que. según la PGR, totalizan 2 mil 297.3 millones de dólares, el 38.5% de la inversión en los 17 contratos. Sobre todo cuando uno solo de ellos, el de las plantas de Punta Catalina, está valorado en 2040 millones de dólares. En el período hay otros dos contratos para obras viales por 287 millones de dólares. Hay curiosidad por saber el destino de los 31.8 millones de dólares transferidos por Odebrech en el 2014 de las Catalina.

Después de conocida su instancia, donde consta que en todos los contratos hubo sobornos, la PGR precisó en un comunicado que en Catalina no se hizo en la licitación y ejecución -sujetas a la investigación de una comisión ahora herida por la imputación de uno de sus miembros-, sino en la aprobación congresual del financiamiento, basándose en que “un empleado de Odebrecht” atribuyó soborno a un senador y un diputado. Como el financiamiento entró por el Senado, como casi todos los proyectos de Odebrecht, habría que concluir que uno solo de los 32 senadores, entonces 30 del partido gobernante y dos aliados, logró convencerlos a todos, y lo mismo habría hecho el diputado, pero éste fue un mago mayor, porque hubo de convencer a más de un centenar de diputados.

Es resaltante que la PGR no identificara a esos dos magos del ritmo, que serían los responsables del lodazal al que aludió el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, afirmando que él no se enlodó, aunque ha conducido la inmensa mayoría de las aprobaciones senatoriales de las contrataciones de Odebrecht, “bajando línea” a sus copartidarios. Si todo es cierto, habría que convenir en que el gobierno y los líderes del PLD viven no sobre un lodazal, sino sobre un inmenso pantano, porque con 30 de 32 senadores no podían  aprobar su más importante obra sin los sobornos extranjeros.

Contraste con el PRM

Tampoco se enlodaron otros que, como Cristina Lizardo y Abel Martínez, . presidieron aprobaciones en ambas cámaras legislativas, casi siempre declaradas de urgencia, sin estudios de comisión y sin dar tiempo a que los legisladores leyeran legajos de hasta 2 mil páginas como el de Catalina, puesto que ninguno de ellos están imputados.

Los del antiguo PRD, del período de Hipólito Mejía, 2000-04 no tuvieron igual suerte, ya que el entonces presidente del senado, Andrés Bautista, resultó imputado hasta por contratos que se aprobaron después que salió del cargo, entre las múltiples incoherencias y dislates de la instancia de la PGR, como la de mostrar enriquecimiento ilícito del imputado Roberto Rodríguez, por dos depósitos bancarios de 500 mil pesos, presentados como de 50 millones de pesos cada uno, lo que no fue un error mecanográfico, como se ha dicho luego, ya que se argumentó y hasta se consignó una fecha falsa.

También fue imputado el presidente de la Cámara de Diputados de ese período, Alfredo Pacheco, que como Bautista es ahora dirigente del principal partido de oposición el PRM.  Es significativo que en ese cuatrienio, donde se aprobaron sólo dos proyectos de Odebrecht por el 5 por ciento del total de las contrataciones y sólo ejecutaron el primero, encontraron 6 funcionarios y legisladores sobornados, la misma cantidad que en los períodos del PLD que contrataron el 95 por ciento. Y aunque las transferencias de Odebretch sacadas por la PGR de las confesiones en Brasil comenzaron en el 2007.

Danilo a la ofensiva

            Es obvio que con las imputaciones y las coerciones dispuestas por el juez de instrucción Francisco Ortega, no ha ganado sólo la PGR, sino especialmente el gobierno a quien se debe administrativa y políticamente el procurador Jean Alain Rodríguez. El presidente Danilo Medina pasó a la ofensiva, tras casi seis meses a la defensiva.

Todo el aparataje de los apresamientos, la repartición de culpas con imputaciones pobremente fundamentadas, como desnudaron los abogados defensores, sacrificando hasta al ministro Temístocles Montás, uno de los mayores arquitectos del PLD, tiene como objetivos contener la Marcha Verde, distraer las crecientes presiones internacionales por la evasión, atribuir las responsabilidades a la oposición interna del leonelismo, y a la externa del PRM, como advirtió el exsubsecretario de Estado de EU Roger Noriega en el Miami Herald, para tratar de  revocar el deterioro de la legitimidad y popularidad y abrir espacio al continuismo. De paso quedan fuera de balance dos de los precandidatos del PLD en el 2012, Montás y Radhamés Segura.

Ls crónicas cuentan que el presidente Medina siguió por televisión el espectáculo de los apresamientos y que en los días de las audiencias judiciales las ctividades del Palacio Nacional lucían detenidas. Mientras tanto, para nada se exige que la ODEBRECHT entregue la cacareada lista de sobornados que justificó el acuerdo que libera de cargos a sus ejecutivos y le permite seguir construyendo en el país, por encima de la ley, lo que constituye otro fraude y un pacto de mutuas consideraciones. Entre enero y mayo la Constructora recibió más de 12 mil millones de pesos por las obras que ejecuta. Aunque se admitió que las plantas de Catalina siguen con problemas del financiamiento internacional.

Por demás el espectáculo desvía la atención de otros tres aspectos fundamentales del escándalo Odebrecht, sobre los cuales hay abundantes y válidos testimonio, como las sobrevaluaciones de las obras, el financiamiento de campañas electorales y el uso del país como plataforma final del más grande entramado de corrupción internacional.-

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TRANSFERENCIAS DE 5 EMPRESAS DE ODEBRECHT A 2 DE ANGEL RONDÓN

              (EN DOLARES, 2007-2015)

Año———–monto———porcentaje    

2007 —– $1,213,900 —— 1.49%

2008—– $ 3,467,400——-4.26%

2009——$4,431,900——- 5.46%

2010——$1,653,300——- 2.03%

2011—- $10,222,500——12.58%

2012—- $11,460,900——14.10%

2013—- $15,845,400——19.50%

2014—-$ 31,839,400——39.17%

2015—-$   1,145,100——  1.41%

TOTAL$81,279,800—– 100.00%

Elaborado con informaciones de La Instancia de la Procuraduría General

               

Ni están todos los que son ni son todos los que están

Por Juan Bolívar Díaz

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FUENTE: Elaborado en base a los detalles de la instacia incriminatoria de la Procuraduría General de la República

Le falta mucho al expediente de la Procuraduría sobre el escándalo de Odebrecht para que pueda contener la impunidad,  con un tufo político cargado hacia la oposición mientras evade el financiamiento electoral y el lodazal reconocidos por Temístocles y Reinaldo Pared

El expediente con que la Procuraduría General de la República imputa a 14 personas es un intento por repartir responsabilidades y contener la indignación por el escándalo Odebrecht cargando el dado a la oposición política que aprobó sólo dos de los 17 contratos, apenas el 5% de la inversión, aunque reconoce que hubo sobornos en todos los casos.

En la mayoría de las imputaciones se presume enriquecimiento ilícito de poca monta derivado de las declaraciones juradas de bienes, pero sin aportar testimonios ni pruebas de que recibieron sobornos, resaltando la documentación incriminatoria de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y sin el menor esfuerzo por dilucidar el financiamiento de campañas electorales.

Muy pocas sorpresas

El expediente, que  pudo haber sido hecho en enero cuando ya la mayoría de los imputados eran se;alados en los ámbitos gubernamentales, donde argumentaban que sería caótico procesar a todos los sobornados por Odebrecht, no presenta la prometida lista con nombres y montos. Las mayores sorpresas fueron las inclusiones del ministro Temístocles Montás y del experto en energía Bernardo Castellanos. Todos los demás estaban destinados al sacrificio, antes de que se conociera ningún documento de las investigaciones en Brasil. Mencionaban también al secretario general del PRM, Jesús Vásquez, pero parece suficiente que incluyeran a su presidente Andrés Bautista y al secretario general del DN Alfredo Pacheco, y a otros cuatro vinculados. Como también se voceó, dejaron sin imputar a una hija de Rondón y al yerno de Díaz Rúa, aunque ambos aparecen con cargos específicos en el extenso documento de 336 páginas.

Más allá de Angel Rondón, a quien Odebrecht identificó desde enero como distribuidor de los 92 millones de dólares de sobornos en el país, y de Víctor Díaz Rúa, quien firmó la mayoría de los contratos, sólo Temístocles Montás es identificado como receptor de dinero de Odebrecht para financiamiento político, y facilitador de aprobaciones congresuales, lo que contradice su imagen de peledeista ortodoxos, frugal y de poca acumulación de bienes.

Montás reconoce que recibió contribuciones de Rondón, para campañas electorales del PLD, pero no como contrapartida, pues no negocio, ni firmó ni aprobó proyectos ni su financiamiento, señalando a los que sí lo hicieron. De sus declaraciones juradas de bienes se le resalta un incremento de 4.9 a 39.9 millones de pesos, entre el 2004  y 2016. La PGR sólo  le  atribuye el salario inicial de 75 mil pesos, ignorando que desde 2010 subió a 300 mil, y que recibía otros  262 mil mensuales como miembro del Consejo del INDOTEL.

Angel  Rondón y Díaz Rúa

Las imputaciones más documentadas son las de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Al primero se le documenta como el gran sobornador, que recibió 81.2 millones de dólares de cinco firmas de Odebrecht, a sus empresas Loshan y Conamsa entre el 2007-15, con la movilización bancaria de 844.2 millones de pesos y 80.6 millones de dólares, entre  2007-17. Ya en enero aceptó haber recibido 92 millones de dólares, pero aduce  que como pago de comisiones por representación de la constructora. Le atribuyen 40 empresas. A su hija Angelina Rondón, la señalan como accionista de sus empresas y receptora de 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares entre 2007-14. Pero ella no es imputada, como tampoco el primo Kelly M. Rondón, implicado como  gerente administrativo de Conamsa.

El expediente es abundante sobre Díaz Rúa, firmante de la mayoría de los contratos con Odebrecht, por 2 mil 370.8 millones de dólares, como director de INAPA y Ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Leonel Fernández. De sus declaraciones de bienes le resaltan un incremento de 63.5 millones de pesos en el 2004, a 153 en el 2006 y a 414 millones de pesos en el 2008. El exrepresentante de la empresa brasileña en el país, Marcos Vasconcelos, le imputa sobornos  de 6.6 y 3.2 millones de dólares, y de haber cobrado comisiones de 1.25% de valores contratados, en asociación con su abogado Conrado Pittaluga, imputado  por la PGR.  También le atribuyen haber logrado la aprobación irregular, de urgencia, de contratos y adendas de los mismos. Su  yerno, Leonardo Guzmán Font, aparece como asesor financiero de Pittaluga y comisario de cuentas y receptor de pagos por 400 mil dólares, pero no es imputado.

Sin sobornos específicos

            A la mayoría de los imputados no se les señalan sobornos específicos, pero sí les presumen enriquecimiento ilícito partiendo de sus declaraciones juradas de bienes, algunas incompletas y violatorias de la ley. Entre los más comprometidos aparecen Radhamés Segura, administrador de la CDEE (2004-09) en el gobierno de Fernández, y el director de Inapa en el  de Hipólito Mejía, y luego legislador  Roberto Rodríguez, firmante y ejecutor de la mayor parte del primer contrato con Odebrecht, el del Acueducto del Noroeste. Le documentan dos depósitos de 50 millones de pesos cada uno en una cuenta bancaria en días sucesivos de abril del 2006 y de haber elevado su patrimonio de 17 millones de pesos en 2006, a 65 millones en 2016.

A Segura se le responsabiliza de haber elevado en 187 millones de dólares el costo de la hidroeléctrica de Pinalito, que contratada por 131 millones, terminaría en 361 millones de dólares, tras múltiples adendas. También de irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica Palomino en el 2005, por 225 millones de dólares que concluiría en 592.8 millones de dólares. Con incremento patrimonial de 28.2 a 73 millones de pesos del 2004-08.

A Andrés Bautista, presidente del Senado 2001-06 le presume enriquecimiento ilícito por haber adquirido inmuebles por 43.6 millones de pesos entre el 1995 y 2008. Lo relacionan sin aportar pruebas con la aprobación de la presa de Pinalito en el gobierno de Mejía y los financiamientos de Palomino en el de Fernández. Le señalan participación accionaria en 12 empresas, sin especificar montos.

Al senador Tommy galán le atribuyen enriquecimiento ilícito, con incremento patrimonial de 10.8 millones a 49.9 millones de pesos entre 2006-16 y no haber declarado acciones en 5 empresas, en tres con menos del 5%.Al senador Julio César Valentín incremento de patrimonio de 10.8 millones a 49.9 (2006/16) Le documentan en la DGII 8 vehículos de lujo, aunque sólo incluye uno en su declaración jurada. Al diputado  Alfredo Pacheco, quien presidió la cámara por dos a;os le registran un incremento patrimonial de 5.1 a 30 millones de pesos entre 2006-16 y le imputan no haber declarados dos solares valorados en 43 millones de pesos.

La hediondez política

El tufo político del expediente de la PGR queda de manifiesto cuando se advierte que la mitad de los imputados son del antiguo PRD, 6 del ahora PRM, cuando ese partido gobernó del 2000-04, período en que se firmaron y aprobaron sólo 2 de los 17 proyectos, por un monto de 293.4 millones de dólares, apenas el 5% del total. En cuadro anexo, como otros dos elaborado en base al expediente de la PGR, Pinalito aparece con valor de 361.2 millones de dólares, aunque lo aprobado por los perredeistas fue 131.7. Tocó al gobierno de Fernández ejecutarla por completo.

Los imputados del gobierno de Mejía  eran 8, incluyendo al director de la empresa estatal de generación hidroeléctrica Rafael Suero Miliano, excluido después de aparecer en la  orden judicial de arresto del 26 de mayo. El experto energético Bernardo Castellanos, un persistente crítico de las plantas de Medina, aparece acusado de recibir soborno sin especificación, por su aval técnico a la presa de Pinalito, innecesario, porque esta tenía avales técnicos de estudios financiados por Japón y Estados Unidos.

La hediondez política aumenta al comprobarse en el mismo expediente que las transferencias de la Odebrecht a Rondón comenzaron en el 2007 con 1.2 millones de dólares, 3.4 en el 2008  y 4.4 en 2009. Los peledeistas controlan el gobierno desde el 2004 y por completo el Congreso desde el 2006, pero sólo tienen 5 imputados, gracias a lo que dijo su secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared de que “crucé por el lodazal y no me enlodé”. Pero en el lodazal fue que cogieron velocidad las transferencias de Odebrecht para sobornos, que en el 2011 subieron a 10.2 millones de dólares, a  11.4 en el 12, a 15.8 en el 13, y hasta 31.8 millones de dólares en el 2014, para apagarse en 1.1 en el 2015, cuando ya la justicia brasileña había desnudado el escándalo.

Se puede advertir que las transferencias alcanzaron casi tres años del gobierno del presidente Medina, y el período de contratación de sus plantas de carbón por 2 mil 40 millones de dólares. Aunque el expediente indica que todas las obras “fueron adjudicadas u otorgadas mediante sobornos”, luego la propia PGR ha precisado que en las plantas de carbón fue sólo en la aprobación. Tal vez crean que volvieron a ser los opositores o los leonelistas.

Camino a la impunidad

            Si en algo es acertado el expediente de la PGR es en haber documentado la corrupción de Odebrecht en sus transferencias a Rondón, pero tal como se advirtió, la justicia de Brasil no tenía la distribución detallada de los sobornos, lo que deberían aportar los ejecutivos de la constructora en el país, de acuerdo al pacto de impunidad que se les concedió y que les permite seguir operando aquí. Pero la PGR parece haber olvidado ese compromiso.

La mayoría de los 14 imputados podrían quedar libres si no se aportan indicios o pruebas mayores que el incremento de patrimonios que no llegan a un millón de dólares, en años, y que podrían ser justificados con ingresos no ponderados, como ya ha indicado Temístocles Montás, o de actividades como las agropecuarias de Andrés Bautista. Tal vez podrían ser condenados por falsedad en las declaraciones juradas, las que miles de funcionarios no han hecho.

La desconfianza en las instituciones determina que la opinión prevaleciente rechace la temeraria opinión del Procurador Jean Alain Rodríguez, de que los sobornados “están todos los que son y son todos los que están”. Pero el espectáculo ha sido montado con el objetivo de reducir la indignación nacional.-

La Procuraduría General manipula su generoso acuerdo con Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
PROCURADURIA

Al entrar en el sexto mes del escándalo, nada se ha avanzado en los cuatro aspectos básicos: los sobornados, la cuantía de las sobrevaluaciones de obras, el financiamiento de campañas electorales y la confesión de que en 2014 la Odebrecht trasladó al país su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que gestionaba la corrupción transnacional.

El compromiso pactado. Aunque desconocía mandatos de la Ley de Compras y Contrataciones y de la Ley de Sobornos, tanto la PGR como sus abogados justificaron el generoso pacto que permite a la Odebrecht seguir operando en el país, sobre la base de que la empresa brasileña se comprometía a adelantar toda la información sobre sus prácticas corruptoras. Tras su homologación el 19 de abril por el juez Danilo Amador Ogando, el procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que “a pesar de que contemplaba un plazo de 60 días para entregar esa información, la empresa se ha comprometido a entregarla en menos de 30 días, es decir que el día 19 de mayo tendremos los nombres de los sobornados para poder proceder como manda la ley, caiga quien caiga, y sin excepciones de colores de partidos y de Gobierno”.

No faltaron objeciones a tan generoso acuerdo, sobre todo tomándose en cuenta que las autoridades judiciales brasileñas ya se habían comprometido con varios procuradores reunidos al efecto a hacer públicas todas sus investigaciones al comenzar junio, es decir menos de dos semanas después del compromiso de Odebrecht.

Ya el 20 de abril el Ministerio Público de Brasil anunció que había enviado la documentación a la República Dominicana, aunque todavía cinco días después la PGR negaba que la hubiese recibido. Mientras los medios de comunicación descontaban los días que faltaban para que se cumpliera lo pactado con la empresa transnacional.

La sorpresa fue que al cumplirse el plazo, el 18 de mayo, la PGR anunció el recibimiento de la documentación brasileña, y la presentó como cumplimiento del pacto. Por escrito dijo “que tal y como se anunció hace un mes, ayer miércoles llegaron las informaciones de Brasil sobre el caso Odebrecht”, agregando que así “se está cumpliendo en tiempo y forma el acuerdo realizado con la empresa Odebrecht”.

Mentira y renuncia de PGR. Independientemente de lo que dijeron el procurador y sus abogados para justificar el acuerdo, lo pactado es que la Odebrecht entregaría toda la información local que posee, no lo que pudo reunir la justicia brasileña, donde no habría interés en los detalles de cómo operaron los sobornos en cada uno de los 12 países involucrados. Esos detalles fueron los contemplados en el artículo 1 del acuerdo, que se cita en recuadro anexo. Un ministro dominicano, que no firmó ni ejecutó contratos, aparece señalado en un testimonio judicial en Brasil como receptor de ayuda para campaña electoral, pero sin indicarse monto.

Si era por lo que la justicia brasileña haría público en junio, no se justificaba el trato generoso a la Odebrecht por dos semanas de antelación. Pero decir que eso fue lo que se pactó en el acuerdo es una ofensa a los que saben leer. La PGR parece renunciar a exigir a Odebrecht los detalles sus operaciones corruptas, como indica el acuerdo homologado por el juez Quevedo, derivando esa responsabilidad a lo que quiera o pueda testimoniar su intermediario ejecutivo Angel Rondón. Fuentes informadas adelantan un trato generoso con este, excluyendo del expediente a una hija con responsabilidad en una empresa implicada.

Tal era el compromiso, que un párrafo del artículo 3 del acuerdo establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito”.

Nada de sobrevaluaciones. Aunque la misma confesión de Odebrecht indica que por sus sobornos derivó beneficios de 163 millones de dólares en RD, lo que implica sobrevaluaciones, el acuerdo se limita al cobro y en plazo de ocho años, de la multa por los sobornos, y entrado el sexto mes del escándalo, ahora es que se anuncia que en junio la Cámara de Cuentas podría iniciar auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en el país, exceptuando las que aún están en ejecución, que incluyen las plantas de carbón por 2 mil millones de dólares. Hace apenas un mes que la PGR pidió esas auditorías.

Es criterio generalizado, como consignó el economista Pedro Silverio, vicerrector académico de la Universidad Católica Madre y Maestra, que soborno implica sobrevaluación. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, uno de los ejecutivos de las “Operaciones Estructuradas” de Odebrech, preso y encausado, testimonió ante los fiscales que para sobornar la empresa aplicaba una tasa de 22 por ciento sobre el valor de sus obras.

Si esa tasa se aplicó a todas las obras contratadas en el país entre el 2001| y 2014, con un monto alrededor de 6 mil millones de dólares, incluidas las plantas de carbón en 2013, la sobrevaluación pasaría de mil millones de dólares, más de once veces la sumatoria de sobornos confesados. En un cotejo de 8 de los 18 contratos otorgados en el país a la constructora brasileña, se estableció que las obras concluyeron con adendas sobre 34.5 por ciento de lo originalmente acordado.

Financiamiento de campañas. Las autoridades dominicanas solo se refieren a los sobornos, ignorando otros componentes graves del escándalo de Odebrecht, como el financiamiento de las campañas electorales. Y las manipulaciones se centran en la morbosidad de saber quiénes recibieron sobornos, hasta esto banalizado y convertido en chercha degradadora por diligentes voceros que esta semana pusieron en circulación cuatro listas de sobornados, hasta falsificando un documento oficial de la justicia brasileña, sustituyéndole una página para incluir 26 nombres de dominicanos, incluyendo reputados periodistas y un empresario.

Si la PGR da crédito a los sobornos en los testimonios ante la justicia brasileña, debería hacer lo mismo sobre el financiamiento de campañas electorales, y ahí están los de los directores del Departamento de Operaciones Estructuradas, Heriberto de Souza Silva, Fernando Miglaccio y Luiz Eduardo De Rocha Soares. Los tres han explicado cómo financiaban campañas electorales en Brasil, El Salvador, Venezuela, Panamá, Angola y República Dominicana, a través de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.

No han faltado detalles como el uso de la offshore Shellbil Finance” para transferir dinero de Odebrecht a las cuentas de Santana y Moura, apresados en abril de 2016, cuando asesoraban la campaña reelecionista del presidente Danilo Medina.

Cuatro entidades sociales pusieron en manos de la PGR una denuncia de la tortuosa ruta que siguieron 16 transferencias por 4 millones 396,796 dólares, entre 2013 y 2014, de la cuenta Heritage en Suiza, pasando por diferentes empresas peruanas ligadas a Odebrecht para terminar en la cuenta de Cine&Art 2013, registrada en Santo Domingo por asociados de Santana.

RD paraíso de corrupción. El cuarto elemento del escándalo es el testimonio de los ejecutivos de Odebrecht de que cuando las investigaciones brasileñas apretaron en el 2014, trasladaron sus “Operaciones Estructuradas” a la República Dominicana.

En su testimonio, ya publicado por la Fiscalía brasileña, Fernando Migliaccio detalla cómo en una reunión con él y Heriberto da Silva, en julio de 2014, el jefe supremo Marcelo Odebrecht instruyó para que los de las Operaciones Estructuradas salieran de Brasil, que “orientó para que eligieran el lugar a donde se mudarían, pero que fuera de inmediato”, y optaron por República Dominicana, aunque Migliaccio se mudó a Miami, de donde viajaba al país cada semana.

Eso podría explicar por qué una cuenta de Joao Santana en el Heritage Bank de Suiza, tenía acumulados 21.6 millones de dólares en 2015, incluso con 10 transferencias de 500 mil dólares cada una procedentes de República Dominicana, según reveló el 19 de marzo el reconocido diario brasileño O Globo, citando documentos.

Ninguna autoridad judicial, ni política o gubernamental, se ha referido a este aspecto cardinal del escándalo de corrupción transnacional más grande de la historia que llegó a utilizar el país como plataforma operativa. Tal vez por el poder que tenía aquí el asesor presidencial Joao Santana, hasta el día en que fue requerido por Brasil para ser recibido con esposas, encarcelado y ya condenado a 8 años de cárcel, lo que ni siquiera se ha deplorado aquí, en el paraíso de la corrupción y la impunidad.

Con Venezuela en el corazón

Por más vueltas que se le dé, no hay forma de justificar el silencio ante el rumbo ya abiertamente dictatorial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y mucho menos para los dominicanos que tenemos una antigua deuda de gratitud y solidaridad con el pueblo venezolano, que se inicia con el exilio del fundador de la República Juan Pablo Duarte, y luego de muchos otros patriotas, especialmente durante la larga tiranía de Trujillo, cuando se llegó al extremo del atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt, cuya firmeza fue determinante para el aislamiento y liquidación del trujillismo.

Catorce venezolanos, el mayor contingente no dominicano, ofrendaron sus vidas en las expediciones contra la tiranía en 1959. Venezuela fue solidaria cuando la invasión de Estados Unidos en 1965 y defendió la incipiente democracia dominicana ante el intento golpista del 1978. Fue solidario el Pacto de San José, del presidente Carlos Andrés Pérez, renovado y ampliado por el presidente Hugo Chávez. Más de cincuenta mil dominicanos encontraron acogida migratoria tras el apogeo petrolero iniciado en los setenta.

Obligados estamos a ser solidarios con miles de venezolanos que en los últimos años han llegado al país, expatriados por las calamidades políticas y económicas por las que ahora atraviesan. Pero también estamos en el deber de contribuir activamente a lograr una salida a la grave crisis institucional y política que puede derivar en una guerra civil.

La realidad insoslayable es que los venezolanos llevan dos meses de confrontación callejera, con un balance de 55 muertos y cientos de heridos y apresados, y que en los últimos años otros tantos han perdido la libertad o se han visto compelidos al exilio. La crisis alcanzó su máxima expresión cuando la Suprema Corte despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales, con una sentencia tan insólita que tuvo que ser revocada de inmediato.

En medio de una creciente descomposición económica, con devaluación e inflación de tres dígitos, desabastecimiento, creciente desempleo y pobreza, y una de las más altas tasas de homicidio y delincuencia del continente, el régimen de Nicolás Maduro hace aguas, y en vez de conciliar con la oposición política, aumenta la represión y la agresividad.

No se puede ignorar que la crisis tiene raíces profundas, abonadas por sectores políticos y empresariales, ahora enfrentados al Gobierno de Maduro, que durante décadas fueron extractores y malversadores de la riqueza venezolana, cuya legendaria corrupción y desacierto determinó el colapso del sistema político y dejó a esa riquísima nación atada al modelo petrolero que se ha desplomado con la caída de los precios.

El chavismo fue una esperanza de rescate y en su primera fase implicó importantes reivindicaciones sociales, pero sin desatar el nudo petrolero, hasta aterrizar en el actual desastre económico, social y político. Hugo Chávez fue autoritario y caudillista, pero no se le puede negar su tremendo carisma, por lo cual ganó unas siete consultas populares, a hasta con dos tercios de los votos, en lo que residía su fuerza e invulnerabilidad.

Nicolás Maduro fue su heredero político y apenas superó en un punto porcentual al candidato de la oposición en las presidenciales del 2013, y dos años después ya perdió abrumadoramente el respaldo popular, cuando la oposición consiguió dos tercios de los escaños legislativos. Es lo que explica que el Gobierno, con el control de las cortes judiciales y del organismo electoral haya evadido las elecciones de alcaldes y gobernadores que debieron celebrarse al final del año pasado y el referéndum que reclamó la oposición.

El proyecto de una nueva asamblea constituyente, atando de antemano un tercio de sus integrantes, en medio de esta crisis, sin el mínimo intento de concertación con una oposición que las urnas certificaron mayoritaria, es un intento de distracción que solo conduce a la violencia y la disolución institucional. Desde fuera hay que contribuir a reencauzar el sistema político, abogando por el respeto a la institucionalidad democrática, y los dominicanos, incluyendo al Gobierno, tienen que abandonar el silencio y una neutralidad ya insostenible. Nadie que crea en los valores democráticos puede ignorar la realidad ni olvidar la solidaridad venezolana cuando los dominicanos la necesitaron.

Rumbo a la insostenibilidad fiscal Con US10 millones de deuda por díaRumbo a la insostenibilidad fiscal Con US10 millones de deuda por día

Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno Sigue celebrando el alto crecimiento fundado en un endeudamiento que supera el 50% del producto interno bruto y demanda casi un cuarto de los ingresos fiscales sólo para pagar los intereses de una deuda sobre 36 mil millones de dólares                                                                         

            Atrapado por la creciente crispación social derivada de los escándalos de corrupción y su correlativa  impunidad,  el gobierno se refugia en la persistencia de un alto crecimiento económico, fundamentado en un endeudamiento que ya supera el 50 por ciento del PIB y preocupa a los organismos internacionales, economistas y empresarios dominicanos.

En las estadísticas oficiales la deuda nacional creció el año pasado 288 millones de dólares por mes, casi 10 millones por día, lo que implica que cada dominicano,  hasta los indigentes,  se  endeudó en un dólar diario, hasta deber por lo menos 3 mil 400 dólares ó 161 mil pesos, mientras el gobierno ignora las advertencias y elude enfrentar el derrotero.

Preocupación en incremento

            Crece la preocupación entre los economistas, sectores empresariales y hasta en los organismos internacionales por el persistente rumbo a la insostenibilidad fiscal que registra la economía nacional sin que las autoridades  acepten la necesidad de buscar un pacto fiscal, que ante la galopante crispación por la corrupción y la impunidad ya algunos amplían a un nuevo contrato social para restablecer la confianza en las instituciones.

Ya en marzo el directorio del Fondo Monetario Internacional cuantificó la deuda nacional al 2016 en 49.7 por ciento del PIB, con múltiples recomendaciones reiterativas de la necesidad de un reajuste o pacto fiscal, precedido de un pacto eléctrico, para contener el deterioro de las finanzas, ampliar la base tributaria, elevar la eficiencia del gasto público, con responsabilidad y disciplina fiscal y “con graduación de la asistencia social”.

La publicación del Banco Central dando cuenta de un persistente alto crecimiento, del 5.2 por ciento, en el primer trimestre del año, con bajísima inflación, tasa de desocupación de 5.9 por ciento  y crecimiento del empleo superior al mundo desarrollado, alienta la ilusión de que la nación va viento en popa y se pueden seguir aplazando los correctivos, que implicarían necesariamente contención del dispendio, la corrupción, y el clientelismo en que el partido gobernante ha fundado una amplia dominación.

Esta semana la representante en RD del Banco Interamericano de Desarrollo, Flora  Montealegre, al responder cuestionamientos sobre las advertencias del FMI, expresó que el país no debe seguirse endeudando para pagar intereses y debería “asegurarse de que la deuda que se coja a partir de ahora sea para aportar a los niveles de inversión enfocada en el desarrollo”.

Coinciden 5 economistas

Las preocupaciones por el rumbo de  la economía nacional son tan generalizadas que cinco economistas de posiciones diversas, que ellos mismos reconocieron,  coincidieron la semana pasada en advertir la necesidad de cambios económicos fundamentales, al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde  advirtieron los riegos de  los persistentes déficits fiscales, financiados con endeudamiento, de una economía cuyo crecimiento se centra en pocos sectores, donde se promueve más el consumo que la producción y la exportación, con problemas de competitividad. Un cuadro anexo indica que los créditos a la producción cayeron del 26.7% en el 2000, al 11.5 por ciento en el 2016, mientras los destinados al consumo, en el mismo período, se triplicaron  de 13 a 40 por ciento.

Jacqueline Mora, Pedro Silverio, Miguel Ceara Hatton, José Luis de Ramón y Ernesto Selman coincidieron con las recomendaciones del FMI y en la necesidad de poner límites a la carrera de endeudamiento, concluyendo el pacto eléctrico en discusión desde hace más de dos años, para abordar  un pacto fiscal que provea los recursos que el Estado requiere para atender las necesidades del desarrollo nacional.

Advirtieron que hasta el ministro de Economía, Isidoro Santana, coincidía con ellos, ya que dos días antes había planteado que el endeudamiento amenaza la sostenibilidad fiscal, y obliga a un pacto fiscal. Ya lo había reconocido meses atrás, como su antecesor  y ahora ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, quien en el mismo escenario del Grupo Corripio, sostuvo el 6 de noviembre del 2013 que “el gobierno se dio cuenta que el endeudamiento público está muy alto y comenzará a sembrar las bases para reducirlo a partir del 2015”, aunque desde entonces aumentó su velocidad. Otros, como el ministro de Hacienda Donald Guerrero, estiman que el nivel de la deuda es manejable por el gobierno.

Los cinco economistas coincidieron también en advertir  pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema político para responder las demandas, por lo que Silverio llegó a reclamar “un nuevo contrato social fundado en la ética y la transparencia”.

Deuda sobre 50% del PIB

            En abril pasado el Ministerio de Hacienda y el Banco Central publicaron la deuda consolidada del Estado 2000-16, cuantificándola en 34 mil 102.7 millones de dólares. Resalta que se multiplicó casi 8 veces en el período, 2.5 veces entre 2000-04, bajó a 1.4 veces en el cuatrienio 2004-08 y subió  1.6 veces entre 2008 y 12.

Según el informe oficial, durante los tres primeros años de gobierno del presidente Danilo Medina, (2013-15) la deuda creció en 2 mil 375.4 millones de dólares, promediando 791.8 millones por año, pero en el cuarto, del 2015 al 16, se aceleró en 3 mil 459.7 millones de dólares, lo que implica que el promedio anual se incrementó casi cuatro veces en relación a los tres primeros. El último año el endeudamiento tomó un ritmo de 288.3 millones por mes y casi 10 millones de dólares por día.

Para el gobierno, la deuda consolidada del Estado representa el 47.6 por ciento del PIB, con una subestimación de 2.1 con relación al último informe del FMI que la estimó en 49.7 por ciento. El incremento del endeudamiento guarda proporción con los déficits fiscales sostenidos de los últimos 9 años, ascendentes a 665 mil 765 millones de pesos, con promedio anual de 73 mil 973 millones. En el período 2000-07, los déficits sólo sumaron 32 mil 315 millones de pesos, con promedio anual de 4 mil 39 pesos. El mayor fue  8 mil 86 millones en el 2004, consecuencia de la crisis bancaria. En cuadros anexos, elaborados en base a informaciones del Ministerio de Hacienda,  se puede observar la evolución histórica de los ingresos fiscales, del gasto y del déficit,

Cálculos peores de la deuda

Los datos oficiales indican que cada dominicano, aun los más desposeídos, tiene una deuda aproximada de 3 mil 400 dólares, que a la tasa de 47.4 pesos implicaría más de 161 mil pesos. La cuenta sería mayor atendiendo al cálculo de economistas, que elevan la deuda consolidada hasta más de 38 mil millones de dólares.

Existe una deuda flotante, no registrada, que incluye normalmente varios cientos de millones de dólares a los generadores de electricidad y otros tantos adelantados a contratistas mediante garantías de préstamos, y la mayoría de los organismos del Estado acumulan deudas con suplidores, contratistas, seguridad social y otros renglones. Esta semana el director nacional de Salud reveló que los hospitales tienen deudas acumuladas  de casi 3 mil 900 millones de pesos. Cientos de contratistas asociados en un “Comité Codiano”  reclaman pagos atrasados  por 3 mil 500 millones de pesos. El director del Instituto de la Vivienda estimó en 760 millones de pesos su deuda a febrero pasado.

El  mayor endeudamiento lo calcula el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), dirigido por Ernesto Selman, a quien no se puede acusar de opositor interesado, puesto que confiesa su membrecía en el Comité Central del partido gobernante, lo que no le ha mellado la profesionalidad. Según cuadro anexo, la deuda consolidada sería de 38.6 mil millones de dólares, 54 por ciento del PIB.

El experto fiscal José Rijo, quien sigue rigurosamente la fiscalidad nacional también está convencido de que la deuda total es superior a la reconocida oficialmente, si se le adicionan las “cuentas por pagar” de los organismos estatales, y que podría alcanzar el 53 por ciento del PIB. Mientras el economista Eduardo Tejera la cuantifica a marzo pasado en 36 mil 994 millones de dólares y 52 por ciento del PIB.

En cualquier caso sólo el pago de los intereses obliga al Estado a destinar entre 23 y 25 por ciento de los ingresos fiscales, que si bien se multiplicaron más de diez veces desde el 2000, se han quedado muy por debajo del crecimiento del gasto que creció más de 13 veces, y de la empleomanía estatal, que pasó de 361 mil a 603 mil con crecimiento del 67 por ciento.

Nuevos factores externos en el juego, como el alza de las tasas de intereses y las incertidumbres internacionales explican el incremento de la preocupación por la sostenibilidad en el corto y mediano plazo de una economía demasiado dependiente del exterior.-

Las reformas políticas necesarias

A1Por Juan Bolívar DíazFue satisfactorio dialogar el miércoles en Uno+Uno con el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que pondera los proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, quien fue enfático en sostener que esta vez va en serio la reforma del sistema político electoral que se viene discutiendo durante dos décadas.El senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, reconoce que es a los partidos a quien más conviene establecer normativas para garantizar su democracia interna y la institucionalidad democrática nacional, cuya crisis está siendo patentizada por el auge de las protestas sociales y políticas encarnadas principalmente en la Marcha Verde.

Aunque se ponderan por separado dos proyectos de leyes sometidos por la Junta Central Electoral, Victoria Yeb coincide con quienes creen que deberían ser unificados, ya que muchas de las normativas democráticas que se demandan se refieren tanto al régimen de partidos como al electoral. Eso implicaría reconocer que las reformas no se imponen solamente en el accionar del sistema partidista, sino también en las garantías para una plena democracia. Lo referente a los partidos seria sólo un capítulo del código electoral.

Los planteamientos de Arístides Victoria renuevan la esperanza de que por lo menos los legisladores comprendan la responsabilidad que les enfrenta a un vigoroso movimiento social exigiendo el fin a la corrupción y la impunidad, lo que implica reformas que rebasan el ámbito electoral y se internan en la institucionalidad general, particularmente en la independencia y operatividad de las cortes judiciales y los organismos de control.

La circunstancia de que el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a la renovación del Tribunal Superior Electoral y parcialmente la Suprema Corte de Justicia, programándose para fin de año la del Tribunal Constitucional, es una oportunidad para que los gobernantes den claras señalas de receptividad frente al inmenso clamor nacional.
Victoria Yeb desestima la “reforma posible”, enarbolada por los que plantean que el poder acumulado no se cede, y se inscribe entre los que hablan de la “reforma necesaria”.

Asumiendo la sinceridad de su planteamiento, habría que formular votos porque se extienda a los demás comisionados y a las cúpulas políticas aferradas al pragmatismo salvaje, que se imponen a un poder legislativo tan débil como el judicial.

En el Congreso, como en los partidos, son muchos los que entienden la necesidad de profundas reformas para garantizar la elección democrática de dirigentes y candidatos, la transparencia y rendición de cuentas de los partidos y a la instauración de mecanismos que garanticen la plena libertad ciudadana para elegir sus autoridades y representantes.

Saben de sobra que urge reducir el alto costo de la política en el país, con rígidas limitaciones al tiempo, el financiamiento y el gasto de campañas, para reducir la corrupción y el abuso de los bienes y recursos del Estado y de todo género de dinero ilegítimo, que los principios de equidad que pregona la Constitución obligan a prohibir y sancionar el abuso de los poderes estatales en las campañas electorales, con límites a la propaganda gubernamental, al tradicional desbordamiento del gasto fiscal, a los repartos clientelistas, a las inauguraciones de obras, a menudo sin terminar, y al incremento del empleo en los organismos estatales.

Una reforma no puede ser para restringir derechos adquiridos, como el del voto preferencial, sino para ampliarlos a fin de que el elector pueda escoger senador y diputados por separado, y por igual alcaldes y regidores, más aún cuando desde el 2020 las elecciones municipales antecederán por varias semanas las presidenciales y legislativas.

Las demandas son viejas, pero nunca como ahora la sociedad dominicana las había formulado con tanto vigor, esperando respuestas rápidas y efectivas.

Identificadas las reformas electorales fundamentales

Por Juan Bolívar Díaz
reforma

Una vez más los actores políticos dominicanos discuten las reformas fundamentales para garantizar la democracia interna de los partidos y en los procesos electorales que fortalezcan la institucionalidad y hagan prevalecer los derechos ciudadanos por encima de los poderes y recursos del Estado y de la concentración económica.

Casi siempre los partidos que controlan el Gobierno son los más renuentes al establecimiento de normativas por ser los más beneficiarios de uno de los regímenes electorales menos regulados, a pesar de numerosos consensos y acuerdos pactados, lo que ha contribuido a la degeneración y desguañangue del sistema partidista.

Muchos intentos fallidos. Se cuentan muchos intentos fallidos de actualizar la legislación electoral dominicana, considerada entre las de menos regulaciones en América Latina, desde que en 1993 se produjo un consenso entre los partidos y organizaciones sociales, auspiciado por la Fundación Siglo 21 y el Proyecto Iniciativas Democráticas, parcialmente rescatado por la reforma político-constitucional a que obligó la crisis derivada del fraude electoral de 1994.

El Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández dispuso la elaboración de una Ley de Partidos, que materializó en 1999 su Comisión para Reforma y Modernización del Estado, siendo ratificada en el 2001 por el Consejo para la Reforma del Estado del presidente Hipólito Mejía. Con variantes, el proyecto ha sido introducido al Congreso por legisladores en unas cinco ocasiones y otras tres por la Junta Central Electoral (JCE). Fue objeto de un acuerdo PLD-PRD en el llamado pacto de las corbatas azules del 2009 y de un pacto firmado por los candidatos presidenciales en el 2012.

Los proyectos de Ley de Partidos y Ley del Régimen Electoral que ahora se discuten en el Congreso fueron elaborados por una misión técnica contratada por la JCE con la Organización de Estados Americanos, en el 2011, en interés de adaptar la legislación electoral al nuevo marco dispuesto por la Constitución proclamada en enero del 2010. Partieron de los múltiples consensos previos y nuevas consultas a partidos y organizaciones sociales. Pero pasaron las elecciones del 2012 y 2016 sin ser aprobados. Fueron reintroducidos en el 2013 y en febrero pasado.

Con mayores expectativas. Los proyectos están ahora en manos de una comisión bicameral, creada en abril con participación de todos los partidos representados en el Congreso, que expresan mayores expectativas de que esta vez salgan adelante. Han escuchado a la JCE, a los partidos políticos y las organizaciones sociales más interesadas en las reformas políticas y en vistas públicas abiertas.

Los tres partidos que dominaron el escenario político del último medio siglo han sido renuentes a actualizar las normativas electorales cuando han estado en el Gobierno, porque les reducirían las ventajas y abusos del poder derivadas de las limitadas regulaciones. Se complicó a partir del poder concentrado por el PLD desde su retorno al Gobierno en 2004 y las elecciones congresuales y municipales del 2006, y más aún con la reforma constitucional que generó la elección de nuevos integrantes de los órganos judiciales y electorales desde el 2010.

En abril del 2015 la Cámara de Diputados, bajo control del PLD, aprobó de urgencia un proyecto de Ley de Partidos que evadía las reformas que habían sido objeto de consenso en medio de un rechazo social y político generalizado, y con irregularidades procesales que le ganaron una declaración de inconstitucional.

Las expectativas son mayores ahora por la crisis política generada por los escándalos de corrupción, especialmente el de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, con su consecuencia de la Marcha Verde que ha sacudido al Gobierno y la sociedad. Muchos actores políticos, aún de los gobernantes, parecen aceptar que las reformas políticas son fundamentales para reducir la corrupción y la impunidad y contener la calentada temperatura social.

Capítulos fundamentales. Con frecuencia se buscan pretextos para no actualizar la legislación electoral, como las diferencias sobre las elecciones primarias, el voto preferencial y la equidad de género, ahora se agrega si votar debe ser obligatorio o voluntario, tratando de evadir los capítulos fundamentales que son:
-Garantizar la democracia interna en los partidos, en su dirección y en la elección de candidatos y en la participación femenina.
-Transparentar y limitar las fuentes de financiamiento y las contribuciones, prohibiendo las de empresas públicas y privadas, gobiernos e instituciones internacionales.
-Restringir el gasto, las jurisdicciones de propaganda y los períodos de las campañas, electorales tanto internas como nacionales.
-Prohibir efectivamente todo abuso de los recursos y poderes del Estado, incluyendo los repartos clientelistas, barrilitos, cofrecitos, el incremento del gasto social, del déficit fiscal y los empleos públicos en los períodos de campaña, con licencia para los altos funcionarios que dirijan campañas o sean candidatos, así como suspensión de inauguraciones, las compras y alquiler de cédulas.
-Establecer un régimen de sanciones efectivas a las violaciones, que tendría que implicar suspensiones del financiamiento público y de candidaturas en los casos de graves, violaciones a las normativas, con un procurador especial para delitos electorales.
-Absoluta independencia partidaria de los integrantes de la JCE, las juntas electorales municipales, el procurador especial y el Tribunal Superior Electoral.

Síntesis Participación Ciudadana. Los principales partidos, tanto el de Gobierno como de la oposición, han presentado propuestas de actualización de la legislación electoral, lo mismo que las instituciones sociales que por su naturaleza y objetivos más se interesan en la temática como la Fundación Institucionalidad y Justicia y el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC). Este último presentó ante la comisión bicameral un análisis resumen de los dos proyectos, y sus propuestas adicionales, la mayoría concordantes con las de la Finjus.

El documento de PC, ya editado en un folleto y en su página de Internet, considera bien avanzado el proyecto de la JCE sobre Ley de Partidos, pero considera que el del Régimen Electoral se queda corto, con un extenso articulado sobre mecanismos operativos tradicionales, que no se discute, y al que propone múltiples adiciones, como se puede apreciar en los resúmenes anexos.

Para dirimir las diferencias sobre las elecciones primarias, PC plantea que puedan hacerse el mismo día o en fechas diferentes, pero dentro de un plazo y con campañas controladas limitadas a 90 días, con padrón propio, previamente registrado, o el universal de la JCE, pero siempre bajo supervisión. Defiende el principio de la igualdad de género y el voto preferencial no solo para diputados, sino también para regidores, y el derecho ciudadano a elegir por separado los diputados del senador y los regidores del alcalde. Es decir ampliar el derecho a preferir, a elegir de los ciudadanos, no restringirlo, como plantean algunos, como el Foro que agrupa a los partidos pequeños y emergentes, a quienes el voto preferencial les impide que les garanticen curules en las alianzas, contando con las cúpulas partidarias y no con los electores.

RD: todas las posibilidades

Por Juan Bolívar Díaz

14_05_2017 HOY_DOMINGO_140517_ Opinión9 A

Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.

Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.

No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario administrativo de la Presidencia, luego secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el Metro de Santo Domingo, con inversión de unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos, pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.

El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “El Métrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.

Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.

Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que solo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.

Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.

Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.

Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de Gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vinculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario, que Alicia Ortega advirtió sería “sobre el Metro y su trayectoria empresarial”, a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.

Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.