Es difícil sustituir los carro-conchos con mayoría del pasaje, y el metro 6%

A1El drama del transporte de la gran urbe de Santo Domingo es cada año peor, a pesar de la enorme inversión en un metro que a 9 años de operación apenas moviliza el 6% de los pasajeros, mientras el 90% sigue dependiendo de carros, minibuses y motores

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Causó gran sorpresa el anuncio de la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, de que sacarán los “carro-conchos” de las nueve avenidas principales del Gran Santo Domingo, cuando ese medio suple gran parte de la demanda de una población de 3 millones 775 mil 455 al 2017.

Otra información reciente evidencia que la inversión en el metro de Santo Domingo sigue siendo un fiasco, cuando a 9 años del inicio de sus operaciones y cinco de su segunda línea, sólo cubre el 6% de la demanda de transporte público en la capital, sin concluir la línea 2-B a casi 2 años que “la puso en operación” el presidente Danilo Medina.

Un persistente fracaso

            Ya en los años cincuenta, cuando la capital dominicana llegaba a los 500 mil pobladores, el transporte público se realizaba mayoritariamente en los llamados “carros de concho”. El estudio en que se fundamentó la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  63-17, titulado Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo 2012, estableció que los conchos, microbuses, minibuses y motocicletas  movían más del 91% de los pasajeros capitalinos.

Las estadísticas se ese diagnóstico parece que siguen siendo la referencia, pues fueron avaladas en un foro sobre seguridad vial el año pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hace 6 años los conchos fueron estimados en 16 mil 500 (ahora más de 20 mil) y junto con 2 mil 800 micro y minibuses, movilizaban el 80.5% de los pasajeros de la gran urbe que abarca el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Le seguía el peligroso “moto-concho”, en motocicletas, que cubría el 10.6%, los 160 autobuses de la OMSA el 3.6%, el metro estaba en 3.3%, y 90 autobuses privados el 2%. No se precisaba el porcentaje que se movía en conchos, pero los expertos aseguran que alrededor de la mitad. Desde entonces lo que más ha crecido es el moto-concho, tanto que la directora del INTRANT los cuantificó el mes pasado en la mitad de más de 2 millones de motocicletas.

Hace más de cinco décadas que se viene anunciando la sustitución de los carro-conchos, lo que requiere una gran inversión en vehículos de transporte colectivo, como autobuses, y nada se ha avanzado, registrándose un persistente fracaso en las inversiones públicas al efecto, incluyendo la del metro, y el sector privado ha preferido concentrarse en las rutas interurbanas, donde no hay control del costo de los pasajes.

Un anuncio precipitado

            Lo mínimo que se puede estimar del anuncio de la exclusión de los conchos de nueve principales avenidas es que fue precipitado, porque primero tendrían que invertir en muchos cientos de autobuses, y luego ver cómo controlar a una masa de 20 mil operadores que defenderán su medio de vida. El marco regulatorio y su cumplimiento son tan débiles que no se ha podido evitar que esos mismos operadores ocupen un carril en cuadras enteras de alto tráfico en las principales avenidas, aún del polígono central.

Pero si por ineficiencia fuera, la mayor ofensiva debería hacerse contra el moto-concho que tiene un costo escandaloso en muertes y lesionados y que contribuye en gran medida a que el país sea el segundo en el mundo en tasa de mortalidad por accidentes  vehiculares. La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Alexandra Izquierdo,  informó en octubre que 18  mil 800 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito entre el 2007 y 2016, y todas las estadísticas  indican que casi dos terceras partes en motocicletas. El presidente de la Fundación Red de la Dignidad, ingeniero Mario Holguín sostuvo en el foro sobre seguridad vial que el país gasta anualmente por los accidentes de tránsito tanto como el 4% del PIB que se destina a educación.

El moto-concho es una de las más claras expresiones de la pobre calidad del empleo en el país, de la informalidad en que el 59 por ciento se gana la vida. Tal vez sea exagerado estimarlos en el 50% de las motocicletas, pero es seguro que son más de medio millón y que resultará de alto costo social desplazarlos para juntarlo al otro medio millón en que se calculan los que no tienen oportunidad de estudiar ni trabajar.

El pobre metro capitalino

            Hace dos semanas muchos ponderaron como gran éxito que el metro de Santo Domingo transportara 75.6 millones de pasajeros en el 2017, pero resulta que esa cifra apenas representa el 6.4 por ciento de la demanda del Gran Santo Domingo, que dividida entre 360 días promedia 212 mil 500 pasajeros diariamente.  Cuando el diagnóstico del 2012 la población era de 3 millones 339 mil, y se estimó una demanda de 3 millones de pasajes, que ahora serían 3 millones 300 mil, guardando proporción al incremento poblacional. La ONE proyecta la población al 2017 en 3 millones 775 mil 455.

Es dramático que tras una inversión que se estima en más de 2 mil millones de dólares, en las dos líneas del metro y la extensión en curso de la segunda, ese vehículo apenas transporte poco más de la mitad de los que mueve el moto-concho. Asumiendo que sus 212 mil 500 pasajeros diarios son en ida y vuelta, entonces los beneficiarios del metro serían sólo 106 mil 250 personas, el 2.81% de la población de la urbe que se divide en 2 millones 753 mil 219 en la provincia Santo Domingo y 1 millón 22 mil 236 en el DN.

Para esos 106 mil que se benefician, a un precio promedio subsidiado de 20 pesos, el metro es una bendición caída del cielo. Pero con lo que ha costado se habría podido colectivizar el transporte y renovado los autobuses en una solución de carriles exclusivos y trenes aéreos, abaratando para todos un transporte público que consume entre 15 y 20% de los salarios del 67% de los empleados, trabajadores formales o informales.

Un tren demasiado lento

            No puede haber duda de que el metro de Santo Domingo ha sido un tren demasiado lento como solución del transporte capitalino. Se inició al comenzar el 2005 y su primera línea arrancó en enero del 2009, sirviendo al 3% de los pasajeros. Con la segunda línea, abierta en abril del 2013, los duplicó al 6.l % en el 2015, ínfimo en relación a las expectativas creadas y la inversión, y en dos años sólo avanzó hasta el 6.4% actual, ahora con mayor población.

La ineficiencia ha sido fruto de la improvisación, comenzando por la primera línea que se trazó de norte a sur, de mucho menos tráfico humano que de este-oeste que se ha pretendido cubrir con la segunda, pero ésta no penetró a ninguno de los barrios de gran población del este y oeste capitalino. Eso se alcanzaría con la línea 2-B, o tercera, que uniría a Los Alcarrizos con Los Minas. Se debe esperar que entonces los usuarios del metro superen al moto-concho.

La utilidad ya sería mucho mayor si hubiesen implementado las “rutas alimentadoras” del metro, con un sistema de relevo que abarataría el costo para los usuarios, muchos de los cuales siguen utilizando el sistema obsoleto porque no pueden pagar dos o tres veces. El informe sobre la utilidad del metro el año pasado muestra claramente que está concentrada entre 7 y 10 de la mañana y entre 5 y 9 de la noche, llegando a transportar hasta 15 mil pasajeros a primera hora de la mañana, cuando incluso los vagones ya son insuficientes, pero se cae a una cuarta  parte el resto del tiempo.

El metro de Santo Domingo se inscribió entre los sueños del “Nueva York Chiquito” del presidente Leonel Fernández. Cuando lo anunció por primera vez en el 2004, al inicio de su segundo período de gobierno, la mayor parte de los expertos lo consideraron una solución muy costosa y recomendaron otras de menor costo y más rápidas. El Consejo Económico y Social que él mismo había creado, recomendó seguir los criterios de los expertos, lo que el mandatario pareció acoger, pero en enero del 2005 lo inició sin más discusiones.

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La línea 2-B que “manejó” Danilo

Cuando Leonel Fernández salió del poder en el 2012 dejó por la mitad la prolongación de la línea 2 de su metro, denominada 2-B, pero su sucesor Danilo Medina la ha conducido lentamente y cinco años y medio después no la ha terminado, aunque hace 21 meses, en mayo del 2016 durante su campaña electoral reeleccionista él mismo, con gran comitiva y mucha propaganda, “manejó” un tren prestado de la línea 2 y se anunció su próxima puesta en servicio.

El ingeniero Diandino Peña, hasta mayo del año pasado, director de la OPREP y de la construcción del metro, reclamó varias veces los recursos para concluir la obra. Dijo que ya habían invertido en la línea 2-B unos 385 millones de dólares, pero que el Congreso no había aprobado un préstamo por otros 60 millones para la compra de los vehículos, que tan pronto llegaran podrían completar y operar la ruta complementaria. Pero advirtió que no sabía cuánto tiempo tomaría la entrega, después que los contrataran.

Mientras tanto, la enorme inversión del metro todavía no se justifica y nadie precisa cuál ha sido su costo, incluyendo el pago de los intereses del financiamiento y el tiempo perdido mientras el tránsito y el transporte urbano capitalinos son cada día más caóticos.-

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Sigue un cuadro

                                             Metro de Santo Domingo      

2015                            2016                            2017

Total  de pasajeros                   66.2 millones               74.1 millones               76.5 millones

Pasajeros  por mes                  5,5 millones                  6.1 millones                 6.3 millones

Pasajeros por día                     183,989                       205,833                       212,500

Beneficiarios (ida y vuelta)     91,995                         102,916                       106,250

Porcentaje del pasaje                    6.1%                           6.3%                            6.4%

Porcentaje de la población            2.6%                           2.7%                           2.8%

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Hay que extirpar el continuismo

A1Por Juan Bolívar Díaz

Que un reformista balaguerista de la vieja guardia escriba un artículo proclamando que todo el que llegue a la presidencia de la República debe aferrarse al cargo hasta la muerte a cualquier precio, no puede ocasionar sorpresa, pues él mismo se encargó de recordar que su líder histórico ocupó el cargo durante siete ocasiones y persiguió una octava a los 94 años, ciego y sin poder caminar.

No le importa cómo Balaguer logró ser tantas veces  presidente, desde la primera vez ganada por haber sido uno de los más fieles y dedicados cortesanos de la más férrea tiranía de la historia continental. Tampoco que volviera al poder en hombros de los 42 mil soldados norteamericanos que invadieron el país en 1965 para evitar el imperio de la Constitución. Mucho menos importa que se reeligiera en 1970 y 1974 en un clima de persecución e intolerancia que imposibilitara la competencia democrática. Ni siquiera importa que sus “triunfos electorales”, como los de 1990 y 1994, tuvieran que ser entrecomillados aún por alguno de sus serviles.

Lo que no puede pasar desapercibido es que alguien pagara cientos de miles de pesos para reproducir en páginas de periódicos  un artículo donde se proclama que si a un presidente, como Rafael Correa en Ecuador, después de agotar dos períodos constitucionales se le impide volver a ser postulado,  “simplemente no existe, no vive, no respira, técnicamente es un cadáver”.

El articulista llega al extremo de reivindicar la obsesión por el poder de los sultanes del imperio Otomano, y su “ley del fratricidio” que daba facultad al gobernante para asesinar a hermanos y parientes que pudieran disputarle el trono, citando a Mehmet III que en el siglo XV hizo estrangular preventivamente a 19 hermanos, a 20 hermanas y hasta a las concubinas que pudieran quedar embarazadas.

Y no se queda en el caso de Correa, sino que se extiende a los de mandatarios regionales que han sido objeto de persecución por vinculárseles a la corrupción, citando a Lula da Silva, Cristina Kirchner, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli y hasta Alvaro Uribe.

El mensaje del articulista y quienes pagan su reproducción va dirigido, obviamente, al presidente Danilo Medina, en momentos en que hay grupos empeñados en encontrarle un “bajadero” para que pueda optar otra vez por la presidencia en el 2020, aunque se lo prohíbe su propia Constitución, la que resultó de una estigmatizada reforma que le permitió la reelección en el 2016.

No es cierto que todos los que llegan al poder utilizan los recursos estatales  para prolongarse indefinidamente, al menos en la etapa de la actual civilización política, y en el intento de construcción democrática. Por el contrario, el 90 por ciento de los presidentes electos no han pasado de dos periodos y una gran proporción de uno solo. Y algunos son tan paradigmáticos como Nelson Mandela.

En Estados Unidos, donde la democracia ha alcanzado mayor estabilidad, sólo un presidente llegó a tres períodos, en circunstancias de una guerra mundial.  En Europa grandes estadistas demócratas como Charles de Gaulle, Willy Brandt y Konrad Adenauer, se retiraron a tiempo y en plenitud de facultades y hoy son leyendas democráticas. En España lo hicieron Felipe González y José Aznar. Más cerca de nosotros, Luis Muñoz Marín, Rómulo Bethancourt y Oscar Arias.

Pretendieron permanecer eternamente en el poder, en el país no sólo Balaguer, sino también Trujillo, Horacio, Lilís, Báez, Santana y más recientemente Leonel. En América Latina sobran los eternos amantes del poder, que han frenado el desarrollo democrático y muchas veces sembrado tragedias.

En nuestro país lo que necesitamos es siquiera dos o tres décadas sin reelección, para ver si podemos extirpar el negativo continuismo histórico, fortalecer las instituciones democráticas y afrontar los graves problemas ancestrales que el afán continuista relega sistemáticamente.-

Pero Arias dijo que no, que nadie es indispensable en una democracia; que no puede pensar en los próximos cuatro años para su país, sino por lo menos en los 40 venideros; que “una de las principales obligaciones de un líder político es propiciar nuevos liderazgos”; que “hay que darle espacio a los que vienen”; que hay muchas formas de trabajar por el pueblo; porque “el que sólo sirve para Presidente, ni siquiera para Presidente sirve”.

Discurso de Juan Bolívar Díaz, al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Tecnológica de Santiago Santo Domingo, 10 de Febrero del 2018

Honorable doctor Príamo Rodríguez Castillo, Canciller del Sistema Corporativo Universidad Tecnológica de Santiago

Honorables miembros de las Juntas del Senado y Universitaria de la Universidad Tecnológica de Santiago

Honorable Rectora de los Recintos Santo Domingo, licenciada María Elena Cruz

Honorables integrantes del Claustro, académicos, docentes y administrativos,

Distinguidos graduandos, estudiantes y familiares

  

Con la venia de todas y todos quiero comenzar agradeciendo el honor que me confiere ésta acreditada casa de estudios al conferirme su doctorado honoris causa por los aportes realizados desde la comunicación y el periodismo. Más significativo porque coincide justamente con mi cincuenta aniversario de un ejercicio profesional comprometido con la esencia de la comunicación social, que es cultivar amplios huertos para que el pan, la cultura y la esperanza sean comunes a todos los seres humanos, promover la convivencia en libertad, con dignidad y justicia, confiriendo voz a los que no la tienen, para que puedan participar del patrimonio social.

Es otro privilegio poder dirigirme a esta nueva pléyade de profesionales de UTESA, en su gran mayoría provenientes de las clases medias y medias bajas, cuyo ascenso integral será fundamental para crear una sociedad menos desigual, más prospera y segura para todos y todas.

Yo emergí a la vida universitaria como miembro de la generación de los sesentas que enarbolaba las banderas de la libertad, tratando de rescatar la sociedad dominicana de la ignominia de 31 años de tiranía que sufrieron nuestros padres. Fueron años de convulsiones políticas y sociales cuando se liberaron las mayores energías de nuestra historia y el pueblo se hizo protagonista.

Los años sesenta y la década siguiente fueron esplendorosos para la libertad en todo el universo. Cayeron los últimos vestigios del colonialismo y decenas de países emergieron a la comunidad de naciones. En Estados Unidos Martin Luther King y la población afroamericana derribaban la segregación racial, mientras Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano emprendían el largo camino hacia la libertad, combatiendo el abominable apartheid.

Estábamos en plena guerra fría, cuando las promesas, luego fallidas, del comunismo y el socialismo contribuian a generar el Estado del Bienestar en toda Europa, y los trabajadores organizados obtenían resonantes victorias que se extendían a todos los continentes. Florecían los escenarios del multilateralismo, donde las grandes naciones del capitalismo pretendían humanizarse negociando solidaridad con el tercer mundo.

Fueron los años en que se expandió la libertad por todo el mundo y los jóvenes establecieron nuevos paradigmas, sacudiendo a naciones tan establecidas como Francia, Alemania, España y Estados Unidos, y produciendo grandes convulsiones en Cuba, en Venezuela, Argentina y México, que destrozaban dictaduras y creaban nuevas ilusiones. Los añejos muros de la iglesia Católica eran sacudidos al conjuro del Concilio Vaticano Segundo, con los mayores esfuerzos de aggiornamento desde las reformas protestantes del siglo 16.

El grito libertario que descendió de la sierra maestra en Cuba  se expandía por el continente imantando las aulas universitarias y los espacios laborales. Pero nos tocó a nosotros pagar los platos rotos por la revolución cubana, con la invasión norteamericana de 1965 que no sólo estranguló el protagonismo popular, sino que retrasó por mucho tiempo el desarrollo institucional democrático.

Pagamos nosotros el precio de la guerra fría como ningún otro país del continente, con una neo-dictadura de 12 años que no llegó a una reedición de la tiranía por la resistencia que interpuso la generación de los sesenta. Incluyendo la de los periodistas que logramos mantener la libertad de información y opinión, pese al asesinato político, centenares de presos y millares de exiliados, sin libertad de asociación política ni sindical, y con el control de todos los poderes del Estado en manos del heredero del trujillismo.

Las frustraciones de los ideales socialistas en todas sus tonalidades, patentizadas con la caída del Muro de Berlín, portaron nuevas promesas de libertad para los países donde el comunismo  impuso una férrea dominación político-social y se llegó a teorizar sobre el fin de las ideologías y el advenimiento de la felicidad universal. Pero en un par de décadas, lo que logró la humanidad fue un gran retroceso de la justicia y la equidad, al compás de la imposición de un neoliberalismo económico que comenzó a desmontar el Estado de Bienestar y relegó los escenarios del multilateralismo, con un mundo unipolar. La crisis del 2008 demostró las graves debilidades del sistema,  y tuvo que ser saldada provisionalmente a costa de las clases medias del mundo.

El universo al que ustedes llegan como profesionales, estimados graduandos, está plagado de graves contradicciones,  por los abusos de la unipolaridad y una enorme concentración de la riqueza. La destrucción de países y las muertes de cientos de miles sembrada por las bombas y las armas occidentales en el medio oriente y el norte de Africa, especialmente en Irak, Libia, Siria, Afganistán, Egipto, Pakistán, y Palestina, han desestabilizado naciones, generando un terrible terrorismo en esos países y movimientos migratorios de millones de personas, con cientos de miles tocando las puertas de Europa.

El mar mediterráneo se ha poblado de cadáveres, con más de 25 mil ahogados tratando de buscarse la vida, mientras cientos de miles han sido rescatados. La peor carga le ha tocado a Turquía, con más de 2 millones de refugiados, El Líbano, con un millón 200 mil y Jordania con 700 mil. Casi dos  millones han logrado llegar por mar a Europa entre el 2008 y 2017, creando  pánico y fortaleciendo la xenofobia y hasta reviviendo el nazismo, con resultados tan absurdos como la huida del Reino Unido de la Unión Europea.

A su vez el progresivo rechazo de los inmigrantes, promueve discriminación, guetos y resentimiento, caldos de cultivo de fanatismos  fundamentalistas y actos terroristas inconcebibles, demostrativos de que ya no hay seguridad para nadie. Nos conmueven los agresiones terroristas contra ciudades occidentales, pero en Siria, Palestina e Irak, son miles los niños y mujeres muertos por bombardeos rusos y norteamericanos. Son también víctimas del terror, 303 civiles muertos por los rusos y 1,180 por los norteamericanos, sólo entre enero y febrero del 2017.

La otra cara de la iniquidad es la enorme concentración de la riqueza en el mundo. El último informe de la acreditada organización internacional Oxfam, presentado mientras se reunía en Davos el mes pasado el Foro Económico Mundial, indica que el 82 por ciento de la riqueza generada en el mundo el año pasado, se quedó en el uno por ciento de la población. Mientras la mitad más pobre no se benefició en absoluto. La concentración es vertiginosa, tanto que desde el 2015 el uno por ciento de la población, unos 72 millones de personas, tenían la misma cantidad de riqueza que el 99 por ciento restante, es decir que 7 mil 128 millones de seres humanos. Y este año sólo 8 personas controlaban la mitad de la riqueza universal.  Y hay dos mil millones de personas, el 29 por ciento de la humanidad, que padecen hambre.

No vayan a creer que la desigualdad es sólo con relación al tercer mundo. El destacado economista Thomas Piketty revela que en Estados Unidos los ingresos del 50 por ciento más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1por ciento más rico han aumentado un 300 por ciento en el mismo periodo.

En América Latina y el Caribe la concentración es por igual obscena, pues el 10 por ciento más rico concentra el 68 por ciento de la riqueza, mientras que el 50 por ciento más pobre solo accede al 3.5 por ciento. El 16 por ciento de los trabajadores asalariados y el 28 por ciento de los empleados por cuenta propia se encuentran en situación de pobreza.

Dice el informe de Oxfam que entre el 2016 y 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo mil millonario cada dos días.

No se vayan a indigestar con estas cifras. Falta todavía el retrato social dominicano, con un 20 por ciento de la población controlando más de la mitad del ingreso. Y aquí la obscenidad es mayor porque desde el 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnosticó que este fue el país latinoamericano de mayor crecimiento económico en los últimos cincuenta años, pero a la vez el que más desaprovechó ese crecimiento para traducirlo en desarrollo humano.

Poco ha cambiado 13 años después, a no ser que se acentuó el Nueva York chiquito del polígono central de Santo Domingo, pero la pobreza campea por todo el resto del país. En el 2018, la mitad de la población todavía no tiene agua potable corriente dentro de sus viviendas, y la mitad de los que tienen la instalación, no la reciben permanentemente. Los apagones afectan a la mitad de la población, con duración entre 1 y 12 horas por día. Nuestras ciudades carecen de alcantarillados sanitarios y la mitad de las viviendas son indignas.

Ustedes van a ejercer una profesión en un país verdaderamente pobre, donde el 59 por ciento de los que trabajan están en actividades informales. Ahí está ese millón 300  mil motoconchistas, que según una investigación que acaba de publicar el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, se ganan la vida acarreando precariamente a la población más pobre. Se estimó que son el 51 por ciento de los 2,6 millones de motocicletas, y aportan el 63 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito.

La situación de los empleados formales es demostrativa de la pobreza generalizada,  pues casi tres cuartas partes recibe hasta el equivalente del doble del salario mínimo cotizable a la seguridad social, que en septiembre estaba en 11 mil 137 pesos, es decir que el 73.3 por ciento ganaba menos de 22 mil 275 pesos. Sólo el salario mínimo de las grandes empresas sobre pasa el costo de la canasta familiar, estimada en diciembre pasado por el Banco Central en 13 mil 725 pesos, mientras los de turismo y zonas francas (de 10 mil y 9 mil pesos) quedan en las dos terceras partes.

Es dramático que el costo promedio de las canastas familiares haya  alcanzado en diciembre pasado (según el Banco Central) los 30 mil pesos, pero el promedio de los salarios formales que cotizan a la seguridad social apenas llega a 21 mil 93 pesos, el 70 por ciento, (Boletín 57 de la Superintendencia de Pensiones, septiembre del 2017). Muchos trabajadores apelan al pluriempleo para solventar los gastos familiares, que sólo en transporte se llevan hasta el 20 por ciento. Hace un siglo los trabajadores del mundo conquistaban la jornada laboral de 8 horas. Hoy para muchos es de 12 y 14 horas, lo que contribuye a la desintegración familiar.

Ustedes llegan a profesionales con una deuda que ya sobrepasa los 4 mil dólares, es decir de unos 200 mil pesos per cápita, puesto que la deuda consolidada del Estado ya pasó de los 40 mil millones de dólares, y seguirá creciendo para sustentar un desarrollo ficticio, que tendrán que pagar las nuevas generaciones.

Encuentran un país de mucho potencial, pero mal administrado desde sus orígenes. Pese a que encabezamos el crecimiento económico latinoamericano desde hace muchos años, la generalidad de las evaluaciones internacionales nos colocan en las peores posiciones, en calidad de la educación, en inversión en salud, con alta mortalidad materno-infantil, en trabajo infantil, embarazo de adolescentes, donde somos líderes, al igual que en muertes por accidentes de tránsito, en corrupción, en desconfianza en los políticos, en la policía y la justicia, en mayor proporción de empleados públicos por habitantes, en gastos legislativo y en falta de ética empresarial.

Asumo que habrán leído sobre el reciente informe de Oxfam RD que estima en 96 mil 872 millones de pesos lo que se llevará la corrupción, el clientelismo, la malversación y la ineficiencia gubernamental este año 2018. Y lo peor de todo, el grado máximo de impunidad que sopla desde todos los puntos cardinales de la delincuencia y el abuso del patrimonio público.

Debo decirles, estimados graduandos, que ustedes son privilegiados, pues se cuentan entre el 50 por ciento de los jóvenes que lograron concluir el bachillerato y el 20 por ciento que alcanza una profesión universitaria. Sepan que uno de cada tres muchachos entre 15 y 35 años, carecen de empleo, y que el 22.5 por ciento de los jóvenes, unos 500 mil, no han tenido oportunidad de estudiar ni de trabajar, cuyo incremento en los próximos años complicará el grave problema de la inseguridad ciudadana.

Perdonen  si les he abrumado con estos diagnósticos de nuestro mundo y nuestro tiempo. Pero sepan que ignorar la realidad es la peor inversión. Si alguna vez van a contribuir a transformarla, tienen que partir de su conocimiento. El desafío que enfrentan las nuevas generaciones en esta media isla es indescriptible. La relativa estabilidad y el crecimiento económico que hemos registrado en las últimas décadas tienen relación con la cantidad de dominicanos y dominicanas que tuvieron que emigrar.

Entre 1970 y 2015, Estados Unidos otorgó un millón 304 mil 989 permisos de residencia a ciudadanos dominicanos, y los indocumentados se estimaban el año pasado entre 114 y 148 mil, lo que implica más del millón 400 mil. Agréguenles más de 150 mil en España, y los que están regados en otros cien países del mundo, que totalizarían alrededor de 2 millones. Esa migración redujo la presión por los limitados empleos que genera nuestra economía. Y por el otro lado, sin las remesas de la diáspora estaríamos en bancarrota. El Banco Central las estimó en el 2017 en 5 mil 911 millones de dólares.

Aunque el discurso general es dramáticamente anti inmigrante, la realidad es que las estadísticas indican que nuestra emigración triplica las cifras de la inmigración, y que ambas están vinculadas. Por ejemplo, mientras los haitianos dominan el trabajo agrícola y de la construcción en el país, los dominicanos han sido fundamentales en esos mismos sectores en Puerto Rico, lo que debe atribuirse a nuestros bajos salarios e inseguridad social y laboral.

¿Cuáles son sus desafíos? El primero es profundizar en el reconocimiento de la realidad y reconocer que los cambios tecnológicos y sociales les demandan una formación continua. Yo, como la mayoría de ustedes, vengo del mundo de la pobreza, de un batey azucarero, y por experiencia personal puedo testimoniarles que sólo estudiando seriamente, manteniéndonos actualizados, trabajando duramente, podemos vencer las desventajas de haber nacido en sectores de escasos recursos.

Es indescriptible la velocidad con que las tecnologías nos dejan atrás en todos los campos delo saber humano, desde la informática, la genética, la biología evolutiva y la neurociencia, construyendo enormes posibilidades de desarrollo, pero que al mismo tiempo se encaminan a desembocar en mayores desigualdades entre sectores sociales, pueblos y naciones. La robotización tiende a sustituir el trabajo humano, sembrando interrogantes sobre la sostenibilidad de nuestro mundo.

Las nuevas generaciones  tienen que cultivar las nuevas tecnologías, y aprovechar sus ventajas, pero sin caer en la adición a los teléfonos inteligentes, que si bien nos proporcionan acceso a las fuentes de información, tienden a aislar a los jóvenes, muchos de los cuales ya no interactúan con los suyos, con sus compañeros y compañeras, y se van convirtiendo en autómatas, listos para la rueda de la explotación y la miseria. Nada puede sustituir una caricia, el toque pluridimensional de una mirada electrificada por el amor. El  mundo virtual puede devenir en una huida de la realidad.

Tienen que hacer un esfuerzo por encontrarse con ustedes mismos, con su identidad cultural y racial y dejar de invertir tiempo y recursos tratando de esconder su condición de negros y mulatos, que eso somos en 85 por ciento. Pueblo que no se reconoce en sus raíces, será siempre dependiente y nunca alcanzará el desarrollo de todas sus potencialidades.

Deben saber que las puertas de la migración se están cerrando por todas partes, y que en los próximos 50 años no podremos exportar otros dos millones de dominicanos y dominicanas. Es grave que el 42 por ciento de la población, y hasta el 60 por ciento de los jóvenes entre 18 y 25 años, tenga intención de irse del país como estableció el Barómetro de las Américas 2017. Es aquí donde tendremos que fajarnos, aquí, el único lugar donde no somos extranjeros. Y eso implica que tenemos que marchar, muchas marchas para extirpar la corrupción y la impunidad y para superar la pobreza y las exclusiones y para edificar las instituciones que sobrelleven el peso del desarrollo integral y la sostenibilidad de la nación.

Tenemos que mantenernos en movimiento, marchar sin cansarnos, en profundo abrazo social, que no hay botes salvavidas individuales suficientes para la mayoría. El amor y la solidaridad siguen siendo el aliciente de la vida, aún de este mundo que apenas empieza  a entender que tiene que preservarse de los cambios climáticos y las devastaciones. Aunque tengamos a los Donald Trump y los Kin Jon-Un que apuestan a quién tiene el botón de mando más grande para iniciar la destrucción del planeta.

El mundo no se va a acabar como se predice desde hace tantos años. Se acaba para los que nos agotamos, por eso la única receta infalible es, como los peces en el agua, mantenernos en movimiento, que quien se estanca se muere. Como nos legó el poeta universal León Felipe: que no hagan callos las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Sensibles a todos los vientos y bajo todos los cielos, poetas nunca cantemos la vida de un solo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros”.-

El PLD seguiría evadiendo las reformas políticas básicas

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El dejar a los legisladores decidir sobre la ley de partidos refleja la división interna del Partido de la Liberación Dominicana, misma que seguiría impidiendo su aprobación, mientras evaden las reformas poítico-electorales discutidas durante dos décadas

 Por Juan Bolívar Díaz

            El fracaso del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en lograr consenso sobre el proyecto de Ley de Partidos, refleja la fuerte división que lo sacude, con un revés para el grupo dominante del presidente Danilo Medina que, aún teniendo mayoría absoluta  en ese organismo, no pudo imponer el padrón electoral abierto que ha pretendido.

Pero al mismo tiempo, luce casi imposible que las reformas políticas en discusión hace dos décadas  vayan a ser aprobadas por los peledeístas sin la voluntad expresa del presidente Danilo Medina, a no ser que éste reconozca las dificultades de su continuidad en el poder más allá del 2020 y se proponga legar al país el constitucional “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Fracasa el Comité Político

Si algo deja claro la decisión del Comité Político (CP) del PLD  del lunes 5 de febrero, es que el máximo y poderoso organismo no ha podido superar el profundo antagonismo que sacude al partido gobernante y evadió el bulto transfiriendo a sus legisladores el empeño del grupo gobernante de imponer el padrón electoral universal en la elección de los candidatos de todos los partidos, que conlleva la búsqueda de mayores posibilidades de continuidad en el poder.

El CP reconoció el fracaso de su resolución del 2 de octubre de constituir una comisión de juristas para que dijeran si es constitucional impone r a todos los partidos un solo método de  elección de sus candidaturas, lo que ya en el 2005 la Suprema Corte de Justicia dictaminó inconstitucional sobre una ley al efecto del 2004. Dejaron pasar 4 meses sin constituir la comisión pero desde que se decidió se veía muy difícil de materializar, por la pugna de poderes entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, por demás presidente del partido y ya lanzado en abierta campaña por la candidatura presidencial del 2020, lo  que los danilistas ven con aprehensión y abierto rechazo.

Que la casi dos tercereas partes del CP alineada con el presidente Medina no haya impuesto  su voluntad es, hasta cierto punto, un revés para ellos, indicativo de la profundidad de la lucha por el poder y la conciencia de que podrían poner en juego la unidad del partido en que han basado su dominio político de 18 años, con el interregno 2000-04.

Pero es también un reconocimiento de que  divididos ninguno de los dos grupos peledeistas  beligerantes tiene posibilidad de reunir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar leyes orgánicas, como la de partidos y la del régimen electoral, Remitirlo a la decisión de los propios legisladores no cambiará la situación, porque los danilistas tropiezan con la negativa de casi todos los legisladores de oposición , y los leonelistas no se atreverán a concertar con los opositores a espaldas del primer mandatario, lo que  mantendrá las reformas en un limbo.

Es que el poder no se cede

No debería sorprender que la propuesta de dejar el tema de la elección  primaria a los legisladores proviniera de José Ramón Fadul, una de las cabezas del llamado “Grupo Otán”  integrado por prominentes dirigentes de la vieja guardia peledeísta, que hace años hacen profesión casi religiosa del fundamentalismo político de que “el poder no se cede”, Ese grupo no sólo se opone y alienta toda resistencia a la ley de partidos, sino también a la reforma del Régimen Electoral, imperante desde que ellos mismos aprobaran y promulgaran en el 2010 su propia Constitución.

Esa Constitución, en la que influyeron los vuelos internacionalistas y modernizantes  del expresidente Fernández, creó nuevos órganos electorales y proclamó un “Estado Social y Democrático de Derecho”, con nuevos ordenamientos políticos y electorales que obligan a una reforma legislativa que los aterrice. Pero no hubo voluntad para hacerlo, como correspondía, antes de las elecciones congresuales y municipales del 2010, ni de  las presidenciales del 2012 y 2016.

A dos años de los próximos comicios municipales y a 27 meses de los presidenciales, no hay la menor señal de que el peledeísmo vaya a cambiar las ventajas que otorga el desenfreno y la ausencia de regulaciones de la competencia por el poder de que adolece el país, considerado como el peor en la región en esa materia. De hecho instituir las primarias abiertas sería otro factor a favor de quienes ostenten el poder, porque disponen de más recursos para solventar una doble campaña de búsqueda de votos en el universo de los electores, primero para elegir los candidatos y luego para la elección del presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades municipales.

Factor de distracción

            No faltan quienes sustentan que, al margen del interés presidencial por las primarias abiertas el intento de imponer el padrón abierto, mantenido más de un año, es una forma de obstruir los aspectos fundamentales de la ley de partidos y de las reformas al régimen electoral, que incluyen mecanismos democráticos para elegir dirigentes y candidatos, límites a la extensión  de las campañas interna y nacional, así como al gasto de precandidatos y candidatos, limitar y transparentar los ingresos y gastos de partidos y  candidatos, instituir mecanismos de control y sanción del abuso de los recursos estatales y del dinero lavado, con las sanciones disuasivas correspondientes.

De hecho, ya en los principales partidos hay precandidatos a la presidencia en actividades proselitistas y  gastando dinero con miras a las elecciones del 2020, como Hipólito Mejía y Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, abiertamente Leonel Fernández en el PLD, y  subrepticiamente el presidente Medina y varios de sus ministros, con abundante propaganda  política pagada con recursos públicos. Esta misma semana se publicaron tres páginas pagadas en los periódicos promoviendo la obra del mandatario, y el Ministerio de Obras Públicas pagó patrocinios en la transmisiones del beisbol y en el uniforme del equipo nacional que participó en la Serie del Caribe.

En otras palabras, que ya las campañas internas para definir candidaturas comenzaron otra vez sin que se haya aprobado la ley que las regularía. Aún aprobando la Ley de Partidos en la legislatura que comienza el 27 de febrero, en el mejor de los casos se llegaría a mitad del año y luego vendría la discusión y aprobación de los reglamentos, mientras seguirían corriendo las campañas internas. De ahí que hay quienes postulan que la distracción de la ley de partidos, obstruye la reforma más trascendente políticamente, que es la del Régimen Electoral, que normaría  la disputa por el poder estatal.

Enfocar al presidente DM

La mayoría de los partidos de oposición han venido reclamando en bloque la aprobación de las reformas electorales y oponiéndose al padrón abierto en las primarias, considerándolo como contra reforma que agravaría el tráfico de dinero en la lucha política interna y nacional, incentivando el lavado en la competencia por las candidaturas, y los intereses grupales y personales que han debilitado el sistema partidista. El pasado lunes la presidenta del partido Opción Democrática, Minou Tavaerez Mirabal, adelantó que el bloque opositor de 11 partidos prepara un nuevo comunicado y acciones para presionar por las reformas electorales.

Si bien es cierto que el presidente Medina no tiene una avenida abierta para el continuismo, por la prohibición constitucional y las dificultades internas y a nivel nacional de volver a reformar la Constitución, nadie cree que los legisladores de su partido se asociarán con la oposición para decidir algo que vaya en dirección contraria, sin provocar una grave confrontación política que pondría en juego la unidad del PLD.

De ahí que la presión por las reformas electorales, tanto de los partidos, como de las organizaciones sociales y de la opinión pública, debería dirigirse directamente al presidente Danilo Medina, sobre todo apelando a su condición de máximo responsable del Estado, quien debería reclamar el mérito de auspiciar las reformas políticas ampliamente demandadas por la sociedad.

La próxima comparecencia de Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de este mes para rendir las memorias del 2017, sería una nueva oportunidad para hacer honor a la majestad de la primera magistratura del Estado y asumir un compromiso claro y definitivo con las reformas. Ese día estará obligado a romper el silencio que guarda sobre asuntos cardinales, tanto del orden político, como económico, social  e institucional.

En la cancha del PLD

La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político, que es lo que han reclamado sin éxito instituciones como la Finjus y Participación Ciudadana y la mayoría del liderazgo político.

Tras veinte años desde que en 1998 se elaboró el primer anteproyecto de Ley de partidos, por amplio consenso en la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, creada por el presidente Leonel Fernández, retomado y ampliado en la Comisión Nacional para Reforma del Estado instituida por el presidente Hipólto Mejía, la pieza ha sido introducida al Congreso en más de una decena de legislaturas. La evasión ha sido la normativa aunque fue objeto del “Pacto de las Corbatas Azules” del 2009, entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, y en la campaña electoral del 2012  los candidatos presidenciales se comprometieron a aprobarla “tan pronto pasaran las elecciones” de ese año.

Perimidos en la legislatura que concluyó el mes pasado, ya la Junta Central Electoral  anunció que reintroducirá sus proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, que ha presentado sistemáticamente desde el 2011, tras ser elaborados por una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos, en consulta con los partidos y tomando en cuenta los consensos anteriores.

Es significativo que se haya decidido introducir los proyectos por vía del Senado donde el PLD tiene 28 de los 32 votos. La pelota queda en su propia cancha y ahí se verá si hay alguna voluntad para aprobarlo, sin convertirlo en una mojiganga política como ya hizo la Cámara de Diputados en el 2015, considerado tan burlesco, que tuvieron que recogerlo.-

Preguntas que ameritan respuestas

A1Por Juan Bolívar Díaz

1.- Ahora que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desistió del propósito de imponer el padrón universal para la elección de los candidatos de todos los partidos, se impone  preguntar si finalmente será aprobada la Ley de Partidos que se viene discutiendo desde hace justamente 20 años.

La decisión implica un revés para el sector peledeísta del presidente Danilo Medina, que trató durante un año de imponer el padrón abierto y ahora falta por verse si los legisladores harán uso de la facultad que se les ha reconocido para votar en conciencia, o si seguirán dándole vueltas a la noria para evadir los asuntos de fondo del proyecto, como los límites al gasto y al tiempo de las campañas, la rendición de cuentas financieras, la cuota de las mujeres en los cargos directivos,  y reales sanciones a la compra de votos y abusos de recursos estatales.

El asunto de la Ley de Partidos ya harta, pero todavía hay que vigilar para que no se apruebe una mojiganga, como ya hizo la Cámara de Diputados en marzo del 2015, que fue un relajo tan grande que se ganó un rechazo universal y tuvieron que dar marcha atrás.

2.- ¿Será verdead que la Procuraduría General de la República no había tenido suficiente tiempo para reclamar al sistema financiero los movimientos de las cuentas de las empresas de Angel Rondón y demás implicados en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht?

Por ahí debió comenzar la investigación a Rondón hace 13 meses cuando la justicia norteamericana lo identificó  como la correa de transmisión  de sobornos de la constructora brasileña por 92 millones de dólares, en lo que constituyó el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia. Eso si hubiese habido interés de saber la verdad y no temor de tropezarse conn ella. Pasarán otros meses, que de seguro se le concederán y la Procuraduría seguirá dando palos de invidentes, sin reclamar a l Odebrecht que cumpla el acuerdo de impunidad que se le otorgó, según el cual tenía que identificar en 60 días los sobornados, con cuentas, montos y obras, sus cómplices y todos los mecanismos de pago y traspaso de dinero.

3- ¿Cuándo será que los “organismos de inteligencia” del Estado pondrá en juego toda su capacidad investigativa para determinar y procesar judicialmente a los responsables del cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron por el puerto de Manzanillo?

Hace tres semanas que fue incautado el cargamento y sometidos a la justicia los tripulantes de la embarcación que lo trajo, pero no hay que ser un sabueso para preguntar y determinar para quién venía consignada la carga, y quién la iba a recibir, porque se necesitaban varios camiones tanqueros para retirarla, y en ese pequeño puerto no hay tantas operaciones como para que no se sepa quién es quién. ¿O es que cien mil galones de gasoil pueden tirarse en un puerto y ocultarse hasta que el propietario los retire sigilosamente?

Todo parece indicar que se trata de un negocio de buen patrocinio, como el de aquellos jóvenes contrabandistas  de Santiago atrapados por Aduanas con la masa en la mano, o como aquella incautación olvidada de mil kilos de cocaína en un avión privado que saldría del aeropuerto Joaquín Balaguer hace como ocho años. Nunca se pudo saber quién era el propietario de la nave.

4.- Y ¿será verdad que los “organismos de inteligencia” no pueden desmantelar y procesar a la mafia de traficantes que durante los últimos años trae cientos de mujeres haitianas embarazadas para que den a luz en el país  a cuenta del Estado?

La dirección de un hospital capitalino secreteó que muchas de esas parturientas no saben nada de español y que dan la misma dirección de presunta residencia. Pero la pregunta del millón es cómo entran al país tantas parturientas, y si vendrán con visas de 250 dólares.  La convicción general es que hay una trata de embarazadas que deja pingues beneficios, cargando su costo al Estado dominicano.-

 

 

Otras graves paradojas

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Por Juan Bolívar Díaz

Cualquiera que se ponga a hurgar en la cotidianidad nacional tropezará con una inmensa cantidad de paradojas, mucha de ellas tan graves que obligan a rememorar al escritor y político Juan Isidro Jiménez Grullón y su planteamiento de que la República Dominicana es una ficción.

La más relevante de los últimos tiempos es que mientras por todo el continente la Odebrecht está a la defensiva, cancelados sus contratos y demandada por los Estados víctimas de sus maquinaciones, no sólo de sobornos, sino también de sobrevaluaciones de obras, aquí es al revés: la constructora ha demandado al Estado a un arbitraje internacional en Nueva York para que se le pague 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina.

Cuando nueve de cada diez dominicanos ya estaba convencidos de que en la contratación original de las plantas por 2,040 millones de dólares, ya había una gran sobrevaluación, un informe técnico recogido por la comisión presidencial que evaluó la contratación concluyó en que más bien estaban subvaluadas. Odebrecht se lo tomó en serio y quiere llevar el costo de las plantas sobre los 2 mil 700 millones de dólares, otro escándalo internacional. No deja de ser paradójico que aquí estemos construyendo plantas de carbón, cuando las existentes se están desmontand0o en gran parte del mundo.

Otra paradoja relacionada con Odebrecht es que el Procurador General Jean Alain Rodríguez ha pedido cuatro meses adicionales para reunir las pruebas de los sobornos de esa empresa, cuando se acerca al año el acuerdo que relevó de toda responsabilidad penal a la constructora a cambio de que entregara toda la documentación e información que posea sobre sus actividades delictivas en el país, en un plazo de 60 días

Se enumeraba concretamente que Odebrecht identificaría a los funcionarios sobornados, coautores y cómplices, las obras adjudicadas mediante sobornos, las personas o entidades que facilitaron los sobornos, los montos entregados y mecanismos financieros, incluyendo las cuentas bancarias, registros contables…Odebrecht demanda al Estado, pero la Procuraduría no anula el acuerdo, como estaba previsto en caso de incumplimiento.

En lo político sobran también las paradojas: el PRD y medio PLD que pretenden imponer el padrón abierto para elección primaria simultánea todos los candidatos  de todos los partidos, a cargo de la Junta Central Electoral, pero quieren quitar el voto preferencial para el nivel municipal por considerar que sería imposible de materializar al tratarse de 3,900 cargos. Aunque en la elección nacional habría que contarle sus votos a un candidato por cargo y partido, en la primaria serían el triple.

Una paradoja más: con todos los déficits en la distribución de la energía, que han implicado miles de millones de dólares de subsidio durante los últimos 15 años, en ese mismo período la estatal Edesur ha pagado 300 mil dólares mensuales, equivalentes a 3.6 millones anuales y a 54 millones de dólares en ese lapso por el alquiler de un edificio. Se ha renovado tres veces el contrato original, cuando desde el principio se debió tomar un préstamo -ese sí justificado- para construir las oficinas. Con esa suma las tres distribuidoras estatales de energía tendrían edificio propio. Ahora siguen pagando.

Y la final: Con casi tres décadas de discurso anti haitiano, rebosante de odio y discriminación, con tanto canto soberanista, se sigue denunciando el incremento de la inmigración de los vecinos. Aunque la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012 demostró que el mayor flujo se produjo en los cinco años anteriores, cuando los adalides del ultra nacionalismo controlaban la dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras.

Más paradójico todavía es que se sigue proclamando que esos haitianos “despojan” a los dominicanos de los empleos, como si ellos mismos se auto contrataran, para no encarar la responsabilidad de los gobiernos, los empresarios y hasta las personas individuales que prefieren que hayan muchos disponibles, para sobreexplotarlos, con bajos salarios, sin seguridad social ni prestaciones laborales.-

                                               

La continuidad de Maduro bloquea la solución de la crisis de Venezuela

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El adelanto de la elección presidencial al 8 de abril previendo mayor desguañangue económico, se constituye en círculo vicioso al bloquear la posibilidad de participación de la oposición, lo que profundizaría la crisis y el aislamiento de Venezuela  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El diálogo entre el gobierno de Venezuela y su oposición política que se efectúa en Santo Domingo desde marzo del 2016 pende de un hilo, zarandeado por el adelanto de la elección presidencial para el 8 de abril y el desconocimiento de las principales organizaciones políticas y su coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con una crisis económico-social que se agrava cada día Nicolás Maduro intenta atribuirse otros seis años de gobierno adelantándose al mayor desguañangue que se vaticina para este año, pero dejando pocas posibilidades de participación decorosa a sus opositores, lo que implica un círculo vicioso de ilegitimidad y aislamiento internacional.

Casi dos años de “diálogo”

            Desde marzo del 2016 se celebran rondas de negociación en Santo Domingo entre representantes del gobierno y la oposición venezolana, y desde entonces todo lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es adoptar decisiones políticas que contradicen el mínimo espíritu de concertación y de búsqueda de acuerdos políticos. Primero fue con la mediación  de los expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana.

En septiembre pasado Fernández y Torrijos fueron relevados sin explicaciones por el presidente Danilo Medina, quien paree haber tomado la mediación como un desafío personal, dedicándole mucho tiempo, lanzando un salvavidas agradecido al gobierno venezolano por su generosidad petrolera, cuando casi toda la región, Estados Unidos y Europa aislaban progresivamente el régimen. Pero  todavía no han logrado acuerdos mínimos para paliar la crisis.

Tras las últimas rondas de negociaciones en los dos últimos meses, las delegaciones de las dos partes volvieron a Caracas el miércoles con las manos vacías, aunque la gubernamental ha querido vender la idea de que ya lograron un “preacuerdo”, porque se firmó un acta de la última sesión donde se consignan algunos avances; los opositores lo niegan diciendo que faltan asuntos medulares, como las garantías para una elección competitiva y transparente, rechazando que eso pueda ocurrir en dos meses. Sin buscar consenso en la mesa del diálogo, la Asamblea Constituyente de Maduro y un dependiente Consejo Nacional Electoral, procedieron esta semana a fijar la elección presidencial para el 8 de abril.

A Dios rogando y golpeando

            La crisis política venezolana tomó un rumbo abismal a partir del 6 de diciembre del 2015, cuando la oposición, agrupada en la MUD ganó dos terceras partes de los diputados para integrar la Asamblea Nacional, y de inmediato los líderes opositores anunciaron que apelarían al referendo revocatorio constitucional del mandato de seis años  que había ganado Nicolás Maduro el 14 de abril del 2013, cuando obtuvo el 50.6 por ciento de la votación, contra 49.4 del opositor Henríque  Capriles de la MUD.

En marzo del 2016 se inició la mediación de Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández. Durante meses los órganos electorales controlados por el gobierno obstruyeron toda posibilidad del referéndum, y evadieron celebrar las elecciones de gobernadores y municipales que correspondían a fines de ese año, mientras la oposición optaba por la confrontación en las calles, que alcanzó su punto de ebullición a mediados del 2017, con más de 100 días de violencia callejera, con muertos, heridos y presos políticos, y posteriormente una hégira hacia el exterior de cientos de miles, impulsados por el deterioro económico y la escasez de productos básicos, incluyendo alimentos y medicinas.

El régimen de Maduro hizo patente el antiquísimo predicamento de “A Dios rogando y con el mazo dando”, pues en medio de la confrontación violenta y sin ofrecer garantías mínimas de imparcialidad, y desconociendo el intento de diálogo, convocó a una elección de Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio del 2017, a la que no concurrieron los partidos opositores. El objetivo era reformular la Constitución, pero en la práctica sustituyó la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ya después de la segunda etapa del intento de diálogo, con el presidente Medina a la cabeza, el régimen celebró las elecciones de gobernadores y municipales sin concertación política, ha desconocido a los principales partidos de oposición, privando a la MUD del derecho a postular como coalición, y finalmente adelanta unilateralmente  la elección presidencial.

Una oposición sin rumbo

Resulta patético que mientras la crisis económica y social, con grave inseguridad por una de las más altas tasas de homicidio del mundo,  alcanzaba niveles insostenibles, y el régimen quedaba casi aislado mundialmente,  la oposición venezolana haya dado múltiples muestras de ineficiencia y de incapacidad para cohesionarse. Primero desafiaron temerariamente al régimen y éste logró conjurar el zarandeo de las calles y algún éxito en dividirla o neutralizarla, incentivando las ambiciones de unos y reprimiendo a otros.

Con evidente inconsistencia y disensiones la oposición ha estado en la segunda etapa del diálogo en Santo Domingo, dando lugar a abusos como el cometido por el gobierno al atribuirle a sus delegados haberle suministrado la información que le permitió localizar y ejecutar al policía rebelde Oscar Pérez y cinco compañeros el 15 de enero pasado, sin atender a su documentada decisión de entregarse. Esa maledicencia debió ser suficiente para, por lo menos, suspender el diálogo por algunas semanas, pero siguieron adelante, y ante tantas debilidades, el gobierno prosiguió golpeándola y tomando decisiones fundamentales de forma unilateral.

La oposición parece resistir las últimas embestidas, lo que ha dejado en un hilo el diálogo que impulsa el gobierno dominicano, con el retiro de los cancilleres “acompañantes”  de México y Chile. Centrados ahora en la fecha de la elección presidencial, que estaba prevista para el último trimestre del año, Maduro bien pudiera ceder por un par de meses y en vez de abril llevarla a junio. Pero habrá que ver si el interés electoral de algunos opositores los lleva a concurrir sin suficientes garantías para todos, sin un consejo electoral independiente ni arbitraje internacional. Están pendientes también los reclamos de restitución de los poderes de la Asamblea Nacional y liberación de presos políticos, aunque en esta materia logró para Navidad algunas concesiones, cuando una treintena fueron excarcelados.

En un círculo vicioso

El régimen de Nicolás Maduro, sin el carisma de Hugo Chávez, ni la bonanza petrolera, ha evolucionado a la dictadura en la medida en que la crisis económica lo ha puesto en jaque, con dos años seguidos de descrecimiento económico de 14 y 15 por ciento, proyectado al 16 por ciento este año. La inflación, del 2 mil 400 por ciento el año pasado, es proyectada por el FMI para este 2018 a un increíble 13 mil por ciento, por los elevados déficits, la desconfianza y el aislamiento internacional.

El desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad marcan la pauta de los venezolanos, excesivamente dependientes durante décadas de la riqueza petrolera, con las mayores reservas  de hidrocarburos del mundo, y aunque los precios del petróleo han repuntado sobre los 64 dólares el barril, no se espera que vuelvan a los niveles que sustentaron las políticas asistencialistas y las relaciones internacionales del chavismo, con varios años entre 80 y 139.83 dólares, máximo a que llegaron en el 2008, y se mantuvieron sobre los 100 dólares en el periodo 2011-14, para bajar hasta 27.76 en el 2016. La falta de inversión y renovación de la industria ha conllevado una caída de la producción a niveles de 1990.

Con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes (más de 26 mil en el 2017), Venezuela es también uno de los países, sin guerra, más violentos del mundo.

El régimen queda cada vez más aislado, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la activa desaprobación del “Grupo de Lima”, que incluye a los 18 países más grandes del continente, fuera de Bolivia y Ecuador, y hasta a antiguos socios de Unasur,  y con arrebatos como la expulsión del embajador de España. Y Venezuela luce atrapada entre la ambición continuista de Maduro, la incoherencia de la oposición y la crisis económico-social. Una reedición cuestionada del régimen no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistiría otros seis años.-

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La última de Maduro

 “Ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos. Y nosotros vamos a ir a las elecciones, con o sin ustedes”, dijo ayer el presidente Maduro durante el acto en el que fue proclamado como candidato presidencial del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigiéndose a la oposición y aludiendo al diálogo en Sano Domingo.

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Las tierras del CEA siguen generando conflictos, ahora las del ingenio Haina

9874598745Una coalición del Consejo de Desarrollo de Haina, con  organizaciones sociales, apoyada por el ayuntamiento y legisladores pone difícil la aprobación en el Congreso de la venta de 168 mil metros cuadrados, que reclaman para obras comunitarias  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Se ha fortalecido en las últimas semanas la oposición de la comunidad de Haina a la venta de los terrenos donde operó la factoría de lo que fuera el mayor ingenio azucarero de la región, contratada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con un consorcio agroindustrial a 1,200 pesos el metro cuadrado, que consideran debajo de su actual valor.

La oposición de la comunidad, que esta semana marchó por las calles, pone difícil a la Cámara de Diputados sellar una venta que ya el Senado aprobó sin vistas públicas, cuyos orígenes datan del 2010, más aún cuando los compradores, tienen arrendados esos terrenos desde el 2002, involucrando los tres últimos gobiernos.

Tirados al medio de la calle

            La falta de información y transparencia podría jugarle una mala pasada tanto al CEA como a los compradores, la Terminal Granelera del Caribe (TEGRA), integrada por un consorcio agroindustrial, pues los dirigentes  del Consejo de Desarrollo Integral de Haina, y los comunitarios están convencidos de que los terrenos incluyen áreas habitadas por miles de personas, aunque sin precisiones. Pero creen que las 14 parcelas que abarcan el distrito catastral 8 del municipio Bajos de Haina, no están claramente deslindadas.

Tanto en los ámbitos del CEA como de la empresa compradora, se asegura que existe el deslinde y que no incluye ninguno de los barrios del municipio de 124 mil habitantes para el censo del 2010, uno de los de mayor densidad poblacional e industrial del país, que alberga uno de los dos mayores puertos nacionales, la refinería de petróleo, tres plantas eléctricas en operación, dos zonas francas y un parque industrial.

Aunque el contrato data del 2010 y fue aprobado por el Senado en diciembre del 2014, los dirigentes sociales dicen que se enteraron cuando fue puesto en la agenda de  la Cámara de Diputados. Desde entonces crece la oposición que esta semana incluyó una marcha de miles de residentes. Además del Consejo de Desarrollo se han unido en la protesta el alcalde municipal y el Consejo de Regidores, sindicatos, asociaciones de comerciantes, la coordinadora de las juntas de vecinos, el Consejo de Pastores Evangélicos y la Asociación de Profesores. Legisladores y dirigentes políticos locales han acogido los reclamos comunitarios, demandando por lo menos información que disipe los temores.

El valor de los terrenos

Entre los argumentos que sustentan la oposición se cuenta la convicción de que los terrenos donde operó durante décadas la factoría industrial del ingenio Haina, con extensos almacenes, tanque de agua y una franja de acceso al muelle, valen más de los 1,200 pesos el metro cuadrado en que están contratadas las 8 parcelas que totalizan 168 mil metros.

Luis Carrasco, un abogado, comerciante y experto en bienes raíces, quien trabaja para dos conocidas inmobiliarias, está en la coalición que denuncia la venta. Entrevistado  por Teleantillas estimó el valor del terreno donde están estuvo la molienda azucarera, con  sus almacenes y acceso al puerto en unos 150 dólares el metro cuadrado, lo que lo elevaría a unos 7,200 pesos. Estimaciones más conservadoras hablan de entre 80 y 100 dólares.

El valor sería menor en agosto del 2011 cuando el presidente Leonel Fernández autorizó la venta, y llamó la atención que en el poder se fijara el precio de 1,200 pesos por metro,  o todavía en el 2012 cuando el director del CEA, Enrique Martínez Reyes, firmó el contrato, enviado al Congreso en el 2014 por el presidente Danilo Medina.  La TEGRA tenía arrendados los terrenos desde el 2002, por autorización del presidente Hipólito Mejía, a razón de 300 mil dólares anuales, con un incremento de 2.3 por ciento por año.

A la firma del contrato la TEGRA pagó 129.2 millones de los 202.5 millones de pesos de la venta, y se comprometió a otros dos pagos de 36.6 millones de pesos en el 2012 y 2013.  El contrato consigna que en caso de no aprobación congresual la vendedora se obliga a devolver lo cobrado.

Para obras comunitarias

            Además de los temores de que las parcelas en venta incluyan zonas habitadas, como ya ha ocurrido en otras operaciones inmobiliarias del CEA, y en el barrio Los Tres Brazos por la CORDE, y de la convicción de que están subvaloradas, la comunidad de Haina tiene otra causa pendiente con TEGRA: contaminación ambiental certificada por Angel Brea, el director provincial de Medio Ambiente. El olor ambiental es nauseabundo y derrames de materias primas, aguas con desechos industriales y polvillo, son focos de atracción de insectos, comprobables a simple vista.

El abogado Víctor Manuel Báez, quien presidente el Consejo de Desarrollo Integral de Haina, viene denunciando la situación hace tiempo y la comunidad es sensible a los altos niveles de contaminación que se han detectado en Haina, tanto  que hasta el 2013 el Instituto Blacksmith de Nueva York, que vela por un planeta limpio, la mantuvo inscrita entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Ese año la sacó de las primeras, tras  esfuerzos de sectores industriales, pero aún prevalece alta contaminación en la zona.

Para Báez lo que procede es que esos terrenos sean destinados a obras comunitarias que requiere Haina, como un hospital un instituto politécnico y área de esparcimiento, como parques. Esa aspiración choca con los intereses creados por más de 15 años por TEGRA, que importa por el puerto local materia prima para la producción avícola y porcina de varias empresas accionistas, producción de aceite y otros renglones. Sus costos de desembarque son más baratos por la rapidez con que una correa transporta la materia prima de los barcos a los viejos almacenes del CEA, con nuevos techos. La empresa dice que ha invertido unos 40 millones de dólares. Alicia Ortega recogió abundante información en su Informe del pasado lunes.

Un gran reparto patrimonial      

Lo que resulta obvio es que este arrendamiento y posterior venta forma parte del reparto del patrimonio del CEA, que en 1987 registraba 3.7 millones de tareas que en su mayoría han sido vendidas subvaloradas, donadas u ocupadas por particulares. No se tomó en cuenta a las comunidades. Por ejemplo en Boca Chica, donde todavía hace poco se vendían parcelas urbanas por decenas de miles de metros cuadrados, no aparecen terrenos cerca de la comunidad para construir un hospital.

En septiembre del 2016 el presidente Medina creó una comisión especial, presidida por el dirigente del PLD Bautista Rojas Gómez, para evaluar las ventas del CEA en plazo de un año, pero al cumplirse solicitó una prórroga por similar período, pues no han podido pasar del examen de la mitad de 42 mil transacciones de ventas y donaciones, que en su mayoría favorecieron a grandes empresas, políticos, legisladores, militares y policías.

El año pasado se denunció que el CEA ha necesitado vender terrenos a cualquier precio para cubrir sus déficits, con una nómina que montaba a 1,684 empleados, en su gran mayoría botellas políticas. En el 2016 sus operaciones inmobiliarias sumaron 536 millones de pesos, pero los gastos de nómina fueron 548 millones de pesos, más 121 millones por “otros gastos personales”.

Tragedias recurrentes

Las irregularidades en las transacciones inmobiliarias del CEA pasan por todos los gobiernos, aunque se han agravado progresivamente, como la corrupción general. Hace una década la asignación de las mismas tierras a una empresa española que arrendó un ingenio de San Pedro de Macorís y a otra nacional, generó enfrentamientos con dos muertos.

Pero el caso más emblemático fue el ocurrido el 14 de febrero del 2017, cuando un individuo desesperado porque había pagado por unos terrenos que ya el CEA había vendido a otro, irrumpió en una cabina radiofónica y mató a balazos a dos comentaristas de un popular programa, también en Macorís. El victimario fue perseguido por la policía y luego se dijo que se había suicidado, aunque fueron públicas las sospechas de que lo ultimaron posra que no testificara.

Con todo, una comisión presidida por el Consultor Jurídico de la Presidencia comprobó que el matador había sido timado por ejecutivos del CEA, pero fuera del relevo del director y del encargado de la inmobiliaria, nada más ha ocurrido. La impunidad es norma nacional en todos los renglones.

Otra tragedia ocurrió el 24 de septiembre pasado, cuando varios centenares de agentes policiales irrumpieron en el barrio Cerros de las Américas, erigido por ocupantes de terrenos del CEA desde hace más de una década, para desbaratar viviendas a las 3 de la madrugada de un domingo y día de festividad religiosa. Un teniente de la fuerza aérea, residente allí, Mateo Ogando, fue muerto en el operativo, y otros tres residentes, incluyendo a una menor, resultaron baleados. Todavía se espera que se informe qué juez o autoridad dispuso ese desalojo de madrugada, y quién es el interesado en las tierras, con mayor valor ahora por la cercana construcción de la “Ciudad Juan Bosch”,-                

La cultura del continuismo

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     Por Juan Bolívar Díaz

            Son muchos los que preguntan por qué es tan arraigada entre los dominicanos la cultura del continuismo político que se extiende a otros ámbitos en la historia nacional, afectando al sindicalismo, sin dejar de expresarse hasta en el beisbol, donde figuras legendarias han rehuido el retiro hasta que virtualmente les han dado el portazo en las organizaciones deportivas.

El mayor ejemplo del retiro todavía en momentos de gloria, sin dar pena al someterse a la decadencia, fue David Ortiz. Andan por ahí notables empresarios que reconocieron el imperio del relevo, organizaron sucesiones empresariales y familiares, y ahora se permiten el disfrute que no pudieron tener en los años de responsabilidades.

El continuismo propiamente dicho, se manifiesta en el poder político, y no sólo en los que alcanzan la presidencia de la nación, sino también en el liderazgo de los partidos grandes y pequeños, donde predomina el criterio de que “el poder no se cede” y se cierran al placer de convertirse en líderes propulsores de renovación generacional.

Pero es en la presidencia de la República donde el continuismo alcanza el paroxismo. Es la razón por la que casi todos los dominicanos que concluyen un período de gobierno, han intentado la continuidad a cualquier precio, con las excepciones de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, por haber sido fruto de un partido liderado por un firme antireelecionista, el doctor Francisco Peña Gómez. Hipólito Mejía se erigió presidente bajo la herencia mítica dejada por Peña Gómez, y cambió el curso de su partido y el precepto constitucional que prohibía la reelección,  para ser el único en la historia nacional en fracasar en el intento.

La cultura continuista explica que sólo 7 presidentes hayan gobernado 111 años, dos tercios de la vida republicana, excluyendo los 8 años de dominación norteamericana del 1916-24, y contando los dos períodos que agota Danilo Medina. Trujillo y Lilís bajo signos de la tiranía se anotaron 44 años, en las cuasi dictaduras de Santana, Báez y Balaguer se fueron 47 años, y Leonel y Danilo están agotando 20 bajo rígido control de casi todos los poderes del Estado.

Hay quienes postulan que el continuismo es de la naturaleza humana, pero cuando se pasa balance sólo en contados países, generalmente sin instituciones democráticas, algunos han gobernado 8 períodos como Trujillo, 7 como Balaguer (incluyendo el breve 1961-62 y el reducido 1994-96),  cinco como Báez, o tres como Lilís y Leonel. Y no son pocos los que ya abogan porque Danilo busque su tercero, o los que creen que lo intentará, aunque tenga que atropellar otra vez la Constitución de la República.

En la región centroamericana apenas tres o cuatro han conseguido un segundo período de más de sesenta que han gobernado en el último medio siglo. Aparte de los dominicanos, sólo Daniel Ortega en Nicaragua,  Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, logrado tres períodos  en todo el continente, con dominio casi absoluto de los poderes del Estado. Alberto Fujimori se impuso para un tercero en Perú pero tuvo que huir pocas semanas después.

Lo relevante es que la inmensa mayoría sólo gobierna un período y se retiran o los retiran felices, incluso abandonando la actividad política. Entre nosotros eso parece imposible. También porque la cultura continuista está arraigada en la población general, que devota de los que llegan al poder, contribuyendo a que se conviertan en imprescindibles redentores, líderes salvadores, constructores del progreso de un país que sigue entre los diez  más pobres del continente, no sólo en riqueza, sino de instituciones democráticas.

La pregunta que más bulle en los dominicanos en este comienzo de año es si Danilo Medina se está preparando para romper ese maleficio y retirarse en el 2020 acatando el imperio de su propia Constitución, o si quedará atrapado en la cultura del continuismo a cualquier precio.-

 

 

La Marcha Verde debe seguir sin cansarse ni sobrestimarse

La Marcha Verde afronta el desafío de seguir acumulando fuerza con metas realistas, consciente de que doblegar la corrupción y la impunidad no es cuestión de meses, controlando a los que se desesperan y a quienes subestiman el poder gubernamental  

Por Juan Bolívar Díaz

El movimiento Marcha Verde (MV), reconocido como el acontecimiento político-social más impactante del año pasado, tiene su primer desafío del 2018 el próximo domingo 28 con una concentración ante el Palacio Nacional llamada a demostrar que, al cumplir su primer aniversario,  no se ha extinguido como anhelan y pregonan los voceros del gobierno.

Para entonces los líderes del movimiento contra la corrupción y por el fin de la impunidad tendrán que presentar demandas concretas con metas alcanzables progresivamente y fomentar la conciencia de que vencer las resistencias de un sistema político profundamente corrompido no es cuestión de meses, probablemente años, aún con la incorporación de múltiples segmentos sociales.

La convocatoria al Palacio

Una asamblea nacional de la MV impuso una meta muy alta para comenzar el 2018, después de una pausa de meses en sus exitosas movilizaciones por gran parte del país, como es la de reunir una significativa concurrencia ante la sede del gobierno que se da por hecho que tendrá un cerco policíaco militar capaz de disuadir a una proporción de los inconformes.

Hubiese sido mejor inversión repetir la marcha con que arrancó el movimiento el 22 de enero del 2017, la cual partió de la confluencia de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez hasta el Altar de la Patria, pasando por el costado norte del Palacio Nacional, para demostrar que ahora son muchos más los que sustentan la lucha contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Pero predominaron los “más vigorosos” que ya para la marcha del 16 de julio querían ir hacia la sede del gobierno, y luego proponían una ruta de 12 kilómetros, a la Plaza de la bandera en la avenida Luperón, inalcanzable para las mayorías.

La concentración del 28 está prevista para la confluencia de la avenida México y 30 de Marzo, con tribuna de espalda al Palacio, conscientes de que las autoridades establecerán límites que tendrá que acatar una movilización ciudadana pacífica y ordenada, que convoca hasta a los niños, y le obligará a invertir recursos humanos para evitar y evadir provocaciones que degeneren en algún incidente para buscar su descrédito. El gobierno, que ha evadido confrontar abiertamente el movimiento no puede exponerse a una represión que potencie la protesta, pero sus bocinas intentarán meter miedo para reducir la participación.

Seguir acumulando fuerza

No hay dudas de que la MV logrará una gran concurrencia el 28, cuando deberá presentar la agenda para el 2018, que diseñó en los foros regionales de noviembre y diciembre pasados.  Lo que correspondería es proseguir la acumulación de fuerza manteniendo las características que le han dado impacto, de movimiento ciudadano pacífico y ordenado, de amplio espectro social, apartidista, de un gran liderazgo horizontal, sin protagonismos individualistas,  que convoca a todos los preocupados por el nivel que ha alcanzado la corrupción y la impunidad que la incentiva.

Los que pretenden milagros a corto plazo se muestran insatisfechos de los resultados del primer año de la MV, aunque la mayoría de sus líderes están conscientes del impacto logrado, posicionando la preocupación por la corrupción y la impunidad en el primer plano del debate nacional en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y en las tertulias cotidianas. La concentración evangélica del día de año nuevo y la pastoral de los obispos dominicanos de esta semana podrían ser fruto de la esencia de la movilización ciudadana. La orden de los Jesuitas difundió un video exhortando a proseguir la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es obvio que el  gobierno y sus sustentadores han apostado a que la población se canse de marchar, guardando silencio frente a la movilización y sus demandas, pero no han podido dejar traslucir sus temores de que alcance mayores dimensiones, sobre todo cuando tiene pendiente en lo inmediato documentación de las acusaciones por el escándalo Odebrecht y salida de la incierta situación de las polémicas plantas de carbón, cuya finalización está afectada por la demanda de  708 millones de dólares adicionales para una obra considerada sobrevaluada desde su inicio.

Hay quienes se desesperan y preguntan si la MV podrá alcanzar su objetivo fundamental. Y la respuesta es que lo peor es darse por vencido o pretender que toda una cultura de corrupción puede ser desarraigada en cuestión de meses. El éxito de la lucha por la aplicación de la ley del 4% del PIB para la educación fue fruto de la persistencia de la movilización ciudadana durante varios años y era más fácil que poner límites a la corrupción y la impunidad.

Un programa aglutinante

La MV tendría que darse un programa que  siga convocando la ciudadanía, acentuando didácticamente la iniquidad de la corrupción y sus perjuicios, sobre todo para los sectores sociales excluidos y los más carenciados, que no han predominado en el movimiento de perfil de clases medias.            Es fundamental proponerse metas alcanzables que no generen frustración, y aún si no se consiguen, que  mantengan la indignación. Las propuestas que luzcan ambiciosas, en vez de sumar, desalientan a las mayorías adormecidas en los últimos tiempos por políticas de desmovilización y de cooptación de la dirigencia social, tanto en los niveles populares, como en los sindicales, gremios profesionales y empresariales, medios de comunicación, periodistas, artistas e intelectuales.

Como la MV no es un partido que pretenda el poder para transformar el país, sus metas tienen que estar vinculadas al combate de la corrupción y la proscripción de la impunidad, tanto de corto como mediano y largo plazo, enfatizando un calendario de prioridades.

En lo inmediato debería exigir que el 7 de febrero, al término del plazo de 8 meses, para fundamentar acusaciones por los sobornos del escándalo Odebrecht, la Procuraduría General presente las investigaciones realizadas en el país, independientemente de los vagos testimonios obtenidos en Brasil. También para que procese a todos los implicados, que presente la correspondiente investigación de las denuncias de sobrevaluaciones de las obras y del financiamiento político y que no se pague un peso más por las plantas de carbón.

Otras demandas inmediatas deben dirigirse al presidente Danilo Medina para que desbloquee la aprobación de las urgentes leyes del Régimen Electoral y de partidos, enfatizando los aspectos llamados a reducir la corrupción, como el alto costo de las campañas electorales sin controles ni sanciones, que auspician el abuso de los recursos estatales, la incursión de dinero mal habido, el rentismo empresarial y el culto al clientelismo que manipula la conciencia de los pobres.     De mediano y largo plazo

            En los próximos meses empieza la renovación de órganos como el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, que deben tener la atención de la MV por cuanto inciden en el control de la corrupción política y derechos ciudadanos. Sin descuidar el seguimiento firme al rosario de decenas de escándalos de corrupción pendientes de esclarecimiento y sanciones,

            El programa de la MV tendría que implicar metas de mediano y largo plazo, como las reformas institucionales para dar vigencia a la independencia de los poderes del Estado, especialmente de la justicia y el ministerio público, y para constituir los órganos de control del Estado, desde la Suprema Corte y la Junta Central Electoral, hasta el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional,  Cámara de Cuentas y Defensoría del Pueblo. Y para que el Congreso cumpla su función fiscalizadora, sin barrilitos ni cofrecitos.

Estas metas son de mediano y largo plazo por cuanto implican una reforma constitucional que no saldrá de un Congreso controlado plenamente por el mismo partido gobernante, pero son fundamentales para la regeneración institucional y el control de la corrupción y de la persistente impunidad. Todo eso es más aglutinante que la petición de renuncia y/o de juicio político al presidente Medina, cuando éste tiene bajo absoluto control todos los órganos del Estado.

Ni subestimar ni sobrestimar

            Los sectores incidentes en la MV tienen que tener en cuenta que el PLD ni su gobierno cederán nada si nl se ven obligados, para lo cual al movimiento y a la oposición política partidista les falta acumular mucho más fuerza, evadiendo la confrontación con acciones que, como un paro general que algunos acarician, sólo servirían para alejar sectores que apenas empiezan a caminar.

Algunos recuerdan las paralizaciones de los ochenta y noventa, pero olvidan que las promovían los sectores sindicales y populares, y estuvieron siempre acompañadas de coerción al comercio y los transportistas, con obstrucción de calles y carreteras, quemando gomas y árboles, y que nunca lograron cambios significativos.  Métodos que desnaturalizarían los pacifistas de la MV que han movido hasta a las monjas con todo y hábitos y a sectores empresariales.

A atletas que apenas comienzan a caminar no se les puede proponer que salten obstáculos o emprendan maratones, sin riesgos de que se sienten o se lesionen. La dirección de la MV ha tenido éxito en contener a los más entusiastas que sobrestiman sus propias fuerzas y subestiman las de un gobierno con amplio control político y social. También a quienes pretenden convertirla en partido político, desconociendo que ahí mismo empezaría a dividirse y reducirse, porque en ella participan militantes de una decena de grupos partidistas que no han pido concertar y menos unirse.

La coyuntura electoral

Los dirigentes de MV tienen también que seguir conteniendo las corrientes anti partidos, propias de coyunturas revolucionarias donde las masas se imponen a todo costo, lo que está lejos de la realidad. Su éxito dependerá de la persistencia en sus objetivos, como fue el caso del movimiento  por el 4% del PIB para la educación, que logró imponer su meta en la campaña electoral del 2012, por su capacidad para negociar con los partidos, incluyendo al de gobierno.

A menos que se produzca un desbordamiento de masas o un abrupto descalabro económico, que no están en el horizonte del corto plazo, el punto de inflexión para la Marcha Verde será la coyuntura electoral del 2020. Si llega con mayor fuerza  podría obligar a los gobernantes a acoger sus reclamos, o a los partidos opositores a levantarlos en un amplio frente. Si ninguna de estas dos alternativas operan, entonces, y sólo entonces, pudiera nacer alguna opción política nueva.     Pero que nadie sueñe con programas revolucionarios ni ambiciosos, pues la coyuntura nacional ni la internacional parecen ni remotamente propiciarlos. Un proyecto de transición democrática que revierta el deterioro institucional, con respeto de la Constitución y la leyes, que contenga la corrupción, la impunidad y la carrera insostenible de endeudamiento y que mejore las políticas sociales y promueva equidad, sería una revolución en las circunstancias actuales.-