La Encuesta Nacional de Inmigrantes destroza el discurso ultra nacionalista

Programa Nacional de Regularización de ExtranjerosLa ENI-2017 vuelve a romper el mito de la invasión, al situar la inmigración haitiana en casi 500 mil personas, el 5 por ciento de la población nacional, aunque creciendo,  y evidencia que decenas de miles de sus descendientes nacidos aquí están en apátridia 

                                                Juan Bolívar Díaz

            La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), cuyos resultados fueron publicados esta semana, guarda proporción con la primera del 2012, rompiendo el mito de la invasión haitiana que sustenta el discurso xenófobo de los ultra nacionalistas, que ahora tratan de restar méritos a una  investigación científica.

            El estudio de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), avalado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, evidencia también que decenas de miles de descendientes de inmigrantes nacidos en el país, han quedado en la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que amortigua los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.    

Son menos de medio millón

            Los primeros resultados de la ENI-2017 guardan bastante coherencia con la primera, efectuada en el 2012, volviendo a destrozar el discurso ultranacionalista que ha fijado en el imaginario de gran proporción de los dominicanos la idea de que “estamos siendo invadidos por los haitianos”, con exageraciones de hasta dos millones.

            Según la investigación, el total de los inmigrantes en el país al año pasado sería de 570 mil 933 personas, equivalentes al 5.6% de la población nacional, de los cuales 497 mil 825 provienen de Haití, representando el 4.89 por ciento de 10 millones 189 mil 895  residentes en el país. En relación a la ENI-2012, cuando representaban 4.72%, se registra un crecimiento absoluto de 48 mil 301 haitianos, equivalente al 9.20% en cinco años. 

            Pero contrario a la creencia generalizada, el incremento de los últimos cinco años es menor al que se registró en el quinquenio anterior a la primera ENI del 2012. El 62% de los inmigrantes registrados entonces había llegado al país en el período 2006-12, y el 80.7 desde el 2000. Resalta que 176, 875, el 38.6 %,  ingresaron ó entre el 2010 y 2012. Mientras en los dos años anteriores a la última encuesta, 2015-17,  el incremento fue de 131,594 inmigrantes, ahora sólo el 26.4% del total, con reducción de 45 mil 281, ó 26%. 

            Al igual que en la encuesta anterior, la ENI-2017 muestra que la inmigración haitiana tiene una gran movilidad, porque aún cuando sigue en incremento, también una parte de los anteriores se van se regreso o son deportados, lo que ocurrió con decenas de miles en el 2014, al vencer el plazo para acogerse al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).El mayor incremento histórico tuvo efecto en los dos años que siguieron al terremoto que devastó a Haití en el 2010.

Con pocas variaciones

            Cuando se comparan los resultados de la ENI-2017 con la del 2012 se comprueba que hay pocas variaciones, no sólo en los totales, sino también en la distribución geográfica y por actividades económicas. Los haitianos eran 87.3 % y ahora el 87.2% de los inmigrantes. El 77.9% se dedicaba a tres actividades: agropecuaria 35.7%, construcción 25.9 y comercio el 16.3%.Cinco años después la variación del total es sólo de 1.5%, totalizando 76.4%, con mínima reducción de los dedicados al agro, ahora 33.8%, y casi igual en la construcción, 26.3% y sin variación en el comercio.

            Como es normal en todos los movimientos migratorios, en los provenientes de Haití dominan los jóvenes, en 76%. y los hombres en 61.6%. La mayor concentración está en el gran Santo Domingo, con 35.7%, Casi lo mismo, 35%, se ubica en la gran región del Cibao, dividida en norte, sur, nordeste y noroeste. 

            La gran variante registrada por la ENI-2017 se refiere a los llegados de Venezuela, que desplazaron a Estados Unidos que con 13 mil 514, constituía la segunda fuente de inmigrantes al país. Los venezolanos pasaron de 3 mil 434 a 25 mil 872, para un incremento de 653% en los últimos cinco años. Los procedentes de Estados Unidos se redujeron ahora en 3 mil 498, un 25.9%.

            En lo referente a los descendientes de haitianos nacidos en el país resalta que sólo 6.6% carece de alguna instrucción, con 48.3% en el nivel primario o násico, 35.7% en el secundario y 7.6% con el universitario, y 951 alcanzaron postgrado, maestría o doctorado. 

 Documenta la apatridia 

            Aunque las autoridades nacionales niegan sistemáticamente que en el país haya apátridas, como sostienen organismos internacionales y entidades nacionales que defienden derechos humanos, la ENI-2017 indica que más de cien mil personas han quedado en un limbo, equivalente a la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que trató de enmendar la desnacionalización masiva producida por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

            Esta investigación documenta que en el país residen 253 mil 255 hijos de haitianos, o por lo menos de uno de los dos progenitores, nacidos en territorio nacional, con un incremento de 43 mil 343, un 8.6% en relación a la del 2012. Si estos últimos nacieron desde el 2012 de inmigrantes indocumentados, ya no tienen apelación para que los documenten como dominicanos, ya que la Constitución del 2010 los excluyó.

            La inmensa mayoría de los 209 mil 912 restantes nacieron antes de la prohibición constitucional y deben ser considerados entre los excluidos por la sentencia 168-13, retrospectivamente hasta 1929, y que luego la ley 169-14 trata devolverle la ciudadanía a los que ya habían sido registrados, y daba oportunidad de acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), a los que nunca fueron inscritos.

            Tras la promulgación de la Ley 169-14, hace cuatro años, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado con más de 55 mil personas, indicándoles que podían pasar por las oficialías civiles para recuperar sus actas de nacimiento y cédulas de identidad. Pero hasta enero pasado, sólo 21 mil 850 lo habían logrado, y los que  pudieron inscribirse en el PNRE fueron sólo 8 mil 755. Ambos suman 30 mil 645, faltando 179 mil 267, cuyo estatus queda indefinido, pero que seguirán en el país, serían apátridas y, peor aún, transmitirán esa condición a sus descendientes que nazcan aquí, pues no podrán declararlos como dominicanos. Eso seguirá pesando contra la nación en los organismos internacionales y constituye un desafío para el gobierno que auspició la ENI.  

También cuestiona el PNRE

            La ENI-2017 también cuestiona el programa de regularización de extranjeros, que da tumbos desde hace 4 años, y aunque 250 mil 241 fueron aceptados con el estatus provisional de inmigrantes, hasta julio pasado sólo 230 mil 65 habían recibido el carnet provisional. Un ínfimo 3%, 7 mil 834, habían podido llenar todos los requisitos para obtener el estatus definitivo de inmigrante regularizado.

            Al comenzar este año la Dirección General de Migración suavizó los  requerimientos, para facilitar la regularización, que todavía aún genera tumultos en las oficinas habilitadas. La realidad es que funcionarios, políticos y ciudadanos no acaban de entender el objetivo de la regularización y en gran proporción no colaboran y niegan a los inmigrantes las certificaciones de empleo, de vivienda, de arraigo  y otros. 

            En cualquier caso, si los inmigrantes haitianos son ahora 497 mil 825, según la ENI-2017, quiere decir que hay un excedente de 267 mil 760, un 116 por ciento por encima de los habilitados provisionalmente para ser regularizados.    

El grito de los nacionalistas    

            Frente a l desmitificación que contiene la ENI-2017, los ultranacionalistas han procedido a restarle validez, llegando a configurar una “conspiración” del gobierno, que la auspició y la presentó, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ejecutada por la Oficina Nacional de Estadística, al igual que la ENI-2012 realizada durante la gestión presidencial de Leonel Fetrnández. Entonces los ultranacionlistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras. Y en ese período ingresó el 62% de los inmigrantes haitianos que registró la encuesta.     

            El ex director de Migración, José RicardoTaveras,  reaccionó esta semana diciendo que sólo en Santiago hay 500 mil haitianos, aunque la población del municipio es de un millón de habitantes y millón y medio en toda la provincia, lo que implica que habría un haitiano por cada dos o tres santiaguenses, un absurdo. 

            Pero es que durante años, y aún después de la ENI-2012, se ha insistido en que los haitianos en el país pasan del millón y hasta de dos millones. El mismo presidente Danilo Medina dijo en una cumbre de la CELAC en Jamaica, en el 2014,0 que el país acogía a más de un millón de haitianos. Y el juez constitucional Víctor J. Castellanos dijo en marzo durante una conferencia en Montecristi que pasan del millón y medio. 

            La ficha técnicas de la encuesta indica que abarcó 73 mil viviendas, distribuidas en 912 unidades primarias de muestreo científico, con 223 mil 528 personas entrevistadas por técnicos de la ONE, de las cuales 24 mil 547 eran inmigrantes. Tuvo la asistencia técnica del Programa de Población de las Naciones Unidas y el patrocinio económico de la Unión Europea. Si con todo eso no merece crédito, entonces hay que descalificar todas las encuestas de opinión que abarcan de mil a 2 mil personas aquí y en todo el mundo.-   

Comparación de los resultados ENI-2012 y ENI-2017

 

ENI-2012

ENI-2017

Variación  Absoluta

Porcentaje %

Población total 

9,716,940

10,189,895

472,955

4.87%

Población nativa 

9,192,308

9,618,962

426,654

4.64%

Población de inmigrantes 

524,632

570,933

48,301

9.20%

Nacidos en Haití

458,233

497,825

39,592

8.64%

Descendientes de haitianos nacidos en RD 

209,912

253,255

43,343

20.64%

Población de inmigrantes más sus descendientes 

768,783

847,979

79,196

10.30%

Llegados  desde Haití en los dos años anteriores 

176,878

131,594

-45,284

-25.60%

Inmigrantes Venezolanos 

3,424

25,872

22,438

653.40%

      Elaborado por JBD en base a los datos oficiales  de las ENI-2012 y ENI-2017

 

Otro desafío a la Procuraduría

A1

Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política

A1Al aprobar el proyecto de ley de partidos con padrón abierto el Senado danilista escoge la confrontación con casi todo el sistema político y las entidades sociales, con riesgo de profundizar la división del PLD y dificultar la gobernabilidad nacional

Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque era una guerra anunciada, no dejó de impactar que el Senado aprobara en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos con obligación de voto universal para escoger las candidaturas a cargos electivos, rechazando la oposición de casi todo el sistema partidista y de las instituciones sociales interesadas en la institucionalidad democrática.

La mayoría senatorial del presidente Danilo Medina expone al país a quedarse una vez más sin las normativas electorales y hace temer mecanismos de corrosión y corrupción política para que pase en la Cámara de Diputados y aún así a un extenso y peligroso proceso de impugnaciones constitucionales ya anunciado.

El gobierno contra todos

            La decisión de los dos tercios de los senadores de imponer a todos los partidos el padrón universal abierto para la elección de candidaturas adoptada en primera lectura el miércoles, abre una guerra de quienes controlan el gobierno contra casi todo el sistema político y social, que de ser ratificada en segunda vuelta la próxima semana, dividiría hasta al propio partido gobernante, seis de cuyos senadores y los dos de oposición, se oponen firmemente a un método ya declarado inconstitucional en el 2005.

Han ignorado la oposición del sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza el actual presidente de la organización y presidente de la República en tres períodos, Leonel Fernández, del bloque de los 11 partidos de oposición y del Foro Permanente de Partidos Políticos donde participan casi todos los aliados electorales del peledeísmo. El único en respaldarlo ha sido el aliado Partido Revolucionario Dominicano.

Han despreciado también las opiniones de la mayoría de los politólogos y juristas y de las instituciones sociales más interesadas en el fortalecimiento institucional, como la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana,  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de  Industriales de Herrera y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que dos días antes, en reunión con el presidente de la Cámara de Diputados  había pedido concertación política para dejar que cada partido escoja el sistema de elección de candidatos que prefiera, como establecen sus estatutos.

Hasta el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, ha advertido de las inconveniencias de esa imposición, por razones constitucionales y organizativas, y  tras la aprobación senatorial pidió que la fórmula que se apruebe “sea de paz y consenso”.

Sólo interés presidencial

            El camino de confrontación escogido es más grave por cuanto los observadores lo atribuyen al único interés del presidente de la República, tanto que muchos temen que sólo por esa razón terminará pasando en segunda lectura en el Senado y en la Cámara de Diputados y luego hasta en el Tribunal Constitucional. Se le asocia al proyecto  de abrir espacios, a otra reforma constitucional para la reelección, como advirtió el obispo Víctor Masalles, o para un delfín que impida el temido retorno al poder de Leonel Fernández.

Como Danilo Medina no responde cuestionamientos de la prensa ni políticos o sociales, se ignora cuál es su posición definitiva, pero se entiende que “tira la piedra y esconde la mano”, y podría estar interesado en dar un golpe de efecto con su control senatorial en momentos en que las encuestas lo han presentado a la deriva y con el ex presidente Fernández recuperando terreno perdido.

Más necesario aún cuando la OEA acaba de publicar una opinión consultiva de la Comisión Europea donde se niega  que los límites a los períodos gubernamentales violen derechos humanos y desaprueba las reformas constitucionales para permanecer en el poder. También cuando la Embajada de Estados Unidos ha reactualizado un artículo del 2016 donde se aboga por limitar los mandatos presidenciales para preservar la institucionalidad democrática.

Medina parece arriesgarlo todo, pues la persistencia en imponer el padrón abierto podría desatar resistencias más allá del asunto en juego y hacerlo perder el tiempo cuando entra en la segunda mitad del periodo, con inmensos límites fiscales que le impiden responder a los grandes desafíos sociales.

Fuerte reto a la oposición

Se da por hecho que la mayoría senatorial ratificará en segunda lectura su proyecto de Ley de Partidos, y que el desafío tendrá lugar en la Cámara de Diputados, donde la oposición deberá emplearse a fondo para evitar que una parte de sus miembros sean “conquistados” por el poder gubernamental.

Los dos tercios de los 190 diputados, necesarios para aprobar leyes orgánicas como lo es la de partidos, serían 127. Al danilismo se le atribuyen 76 de los 106 del PLD,  más 14 del PRD y 5 de otros aliados y 1 reformista para totalizar 96, lo que implica casi un empate con los 94 diputados restantes de partidos opuestos al padrón abierto, 50 de los cuales están en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluidos varios del PRD que emigraron.

Para aprobar su proyecto, al PLD-Danilo le faltarían  unos 31 votos, casi los mismos 30 que se le atribuyen a Leonel Fernández. Otros cálculos los reducen a 27, la tercera parte de los que “conquistaron” para la reforma constitucional del 2015, razón por la cual muchos creen que volverían a lograrlo, lo que constituye un desafío definitivo al leonelismo y a los partidos de oposición, especialmente al PRM y al Partido Reformista con sus 11 votos.

Los propagandistas del danilismo cuentan con un grupo de los diputados seguidores de Hipólito Mejía, porque este favorecía las primarias abiertas, aunque ha dicho que acata la decisión mayoritaria de su partido. Si no lo hacen declararían un cisma corrosivo en el mayor partido opositor.  El dinero, los contratos y otros favores del Estado pudieran “conquistar” la treintena de votos, pero a un costo moral alto, generador de más crispación que la que dejó la reforma constitucional del 2015, y mayor ingobernabilidad, ya que ahora no habría acuerdo interno en el PLD.

El problema constitucional

Las perspectivas apuntan a que la ley de partidos seguirá dando tumbos en el Congreso, 20 años después que se redactara el primer proyecto y a 15 años que llegara al poder legislativo. Porque si el gobierno logra imponer el padrón abierto, la oposición ya adelanta que apelaría al Tribunal Constitucional, buscando revalidar la declaratoria de inconstitucionalidad que liquidó ley del 2004 que estableció las primarias abiertas y simultáneas bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral. Por más rápido que la  despachen, una instancia de esa categoría llevaría meses y elevaría la confrontación política con recelos de que el poder presidencial siga doblegando la institucionalidad democrática.

Las  reacciones a la primera aprobación senatorial han sido premonitorias, por el retiro de los 6 senadores que siguen a Leonel y los dos del PRM, mientras el pre-candidato de este partido a la candidatura presidencial Luis Abinader la catalogó como “una insensatez que provocaría niveles de crispación e inestabilidad innecesarios”. El  vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, dijo por Teleantillas que si se impone el padrón abierto, sería una locura política que convertiría los partidos en corporaciones.

El tráfico de dinero en las campañas se incrementaría y generaría la disolución de los partidos por las luchas internas entre precandidatos que tendrían una cantera de votos a “conquistar” en más de la mitad de quienes no votarían para elegir candidatos. En las elecciones presidenciales la abstención histórica es del 29 por ciento, pero en las congresuales y municipales apenas el 50 por ciento. La riqueza de cualquier origen y el clientelismo estatal serían definitivos en las escogencias de candidatos, y la JCE tendría que montar al menos tres elecciones en medio año y cuatro si hay doble vuelta en la presidencial..

Las reformas en el limbo

Hay quienes creen que la ofensiva senatorial danilista es un elemento de distracción y que en última instancia se conformarían con que el proyecto quede empantanado, ya que la oposición tampoco reúne los dos tercios necesarios para aprobar esta ley orgánica. De esa forma evadirían la regulación de los partidos y sus elecciones primarias, lo que les permitiría seguir sirviéndose con la cuchara grande en todo el proceso electoral,

Se asume que la confrontación que bloquearía la ley de partidos impediría también las más importante y trascendente Ley del Régimen Electoral, especialmente en lo concerniente a las sanciones de los abusos del Estado en las campañas electorales que tanto han ayudado a los triunfos peledeístas, especialmente en las dos elecciones de Danilo Medina, a partir del 2012, cuando dispararon el déficit fiscal del gobierno central a los 150 mil millones de pesos.

Tanto el bloque de partidos de oposición, como las entidades de la sociedad civil han demandado que las dos leyes se aprobaran juntas,, o que se privilegiara la más importante, del Régimen Electoral, pero los peledeístas las han mantenido separadas, privilegiando la de partidos. Y de hecho, ya se está acabando el tiempo para que la ley  regule las campañas por las candidaturas del 2020, que ya están en marcha.-

¡Que pena Lula, que pena!

A1Por Juan Bolívar Díaz

Ya para muchos y para la historia quedará la sensación de que el carismático expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido víctima de un linchamiento político, por las debilidades de las pruebas de corrupción por la que se le condenó, apenas el testimonio de un imputado que negoció una “delación premiada”. Incluso es posible que esta condena con mínimo fundamento reste mérito al histórico papel de los fiscales brasileños que han documentado la corrupción del empresariado y los políticos, extendida por el continente.

Es muy probable, que en el caso de Lula las motivaciones políticas, el interés de liquidar su posible retornase al poder hayan predominado sobre la justicia. Aún asumiendo el testimonio de que el apartamento de  Sao Paolo fuera comprado para Lula, han faltado elementos probatorios exigidos en toda buena justicia, aún en caso de los peores y reincidentes delincuentes. No ha aparecido un título de propiedad, ni prueba de que Lula o sus familiares lo hayan habitado.

El caso es más triste cuando se recuerda que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue destituida en juicio político del Congreso en el 2016, año y medio después de ser reelecta,sin acusación . No la acusaron de corrupción, sino de haber maquillado cifras fiscales, cosa común en el mundo. En ambos casos parece haber predominado el interés de poderosos sectores que querían destruir el mito Lula y sus perspectivas. Fue sustituida por Michel Temer, sobre quien pesan graves indicios de corrupción, pero sigue en el poder.

Más amargo que comprobar los pujos de los grupos dominantes preocupados por la caída del gran crecimiento  de los esplendorosos años del poder de Lula, es saber que éste, como Dilma y gran parte del liderazgo de su partido, son responsables del desastre de corrupción en que devino Brasil, ampliamente documentado en el mensalao, em los contratos multimillonarios de Petrobras y en el entramado de Odebrecht exportado a  una docena de países, incluyendo la República Dominicana, su sede alternativa.

Ningún argumento político ni conmiseración ante los humildes orígenes de Lula y Dilma pueden convencernos de que ellos desconocían los niveles de corrupción que quedaron patentes desde que en noviembre del 2012 recibió una primera condena de 12 años de cárcel José Dirceu, quien fuera jefe del gabinete de Lula y presidente del Partido de los Trabajadores. En este caso abundaron las pruebas de que él dirigía el Mensalao de Petrobras, por lo que luego en el 2016 sus condenas se extendieron a 30 años de cárcel.

Hasta prueba en contrario, Lula ni Dilma se enriquecieron, pero es difícil creer que eran tan distraídos para no enterarse cómo se financiaba a los partidos, líderes políticos y congresistas de todos los colores, porque estúpidos no son. Al menos pecaron de corrupción pasiva, sin olvidar que ambos estuvieron vinculados a operaciones de Odebrecht y premiaron al presidente Danilo Medina con Joao Santana y Mónica Moura los asesores operadores del financiamiento político de la constructora, ampliamente documentado.

Lula vino al país promoviendo las contrataciones de Odebrecht y Dilma apoyó las plantas de Punta Catalina, adjudicadas bajo compromiso de financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que no pudo cumplir por los escándalos que la salpicaron.

Un informe de la comisión del congreso peruano que investigó las operaciones de Odebrecht documentó que tres empresas asociadas transfirieron 4.5 millones de dólares en 16 depósitos a la firma Cine&Art 2013, creada en Santo Domingo por los hijos de Joao y Mónica. Hace un año cuatro entidades sociales entregaron a la Procuraduría hasta el número de la cuenta bancaria de los depósitos, sin ninguna reacción.

Yo figuré entre tantos que ponderaron la gestión de Lula, que concluyó con aprobación del 80%, la substancia social que regeneró de la pobreza a unos 30 millones de brasileños. Lo aprecié personalmente cuando compartimos tres días como oradores invitados a un seminario en Berlín en 1997 y en Teleantillas donde lo entrevistamos por casi una hora. Pero no puedo tapar el sol con mis preferencias. Si no se corrompió personalmente, Lula patrocinó la corrupción en la política brasileña y más allá. Y eso merece por lo menos una sanción moral, si no se presentan pruebas contundentes.

Me quedo con la memoria de Nelson Mandela y José Mujica, a quienes el poder no logró obnubilar. ¡Que pena Lula, el limpiabotas, el obrero superado, que pena!

Las perspectivas apuntan a un posible cambio político en comicios del 2020

07_04_2018 HOY_SABADO_070418_ El País11 AUn frente electoral con un programa de transición democrática pudiera aprovechar la dura división interna del partido gobernante, el desgaste del gobierno y la creciente insatisfacción ciudadana para por lo menos reducir la concentración del poder estatal

                             Por Juan Bolívar Díaz         

            En los ámbitos de la oposición política se baraja la posibilidad de un frente electoral  para enfrentar los poderes casi absolutos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2020, en base a un programa para el rescate de las instituciones democráticas  y un nuevo modelo de desarrollo económico social.

La profunda división interna en el partido gobernante, llamada a profundizarse por  los pujos continuistas de los danilistas, la progresiva reducción de la aprobación de la gestión del presidente Danilo Medina y el incremento de la insatisfacción ciudadana alientan la posibilidad de vencer o reducir el dominio del Estado de cuatro períodos.

Indicadores del desgaste

Las últimas encuestas y la percepción general indican un deterioro del absoluto dominio que ha ejercido el PLD sobre los poderes del Estado y la sociedad dominicana, con una caída de la aprobación del gobierno de Medina (45-47% en Gallup) al mismo tiempo que se incrementa la insatisfacción ciudadana por la falta de soluciones a la corrupción e impunidad, la inseguridad ciudadana, el desproporcionado endeudamiento del Estado, el escaso empleo y de baja calidadd y la precariedad de los servicios básicos.

La crisis en que se ha sumido el PLD apuntan a un mayor deterioro por la confrontación entre los liderazgos de Danilo Medina y Leonel Fernández por la persistencia del sector dominante en abrir un espacio para otra modiuficación de la Constitución, q rrue rechaza entre el 67 y 71% de la población, según las encuestas Gallup y Asisa de marzo pasado, mientras las encuestas marcan una recuoeración del expresidente.

El deterioro financiero del Estado tuvo efectos el año pasado en una notable reducción del crecimiento económico, mientras aumentan los temores de que el país seencamina a la insostenibilidad con una deuda que según el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles rebasó en marzo los 42mil millones dedólares y el 55% del  producto bruto, habiendo crecido 843% en menos de dos décadas.

Las perspectivas del caso Odebrecht, pendiente deefectiva investigación y sanción, los retrasos y problemas por los que atraviesa la obra emblemática de las plantas de carbón no apuntan en dirección de satisfacer las expectativas de la población que se ha expresado de forma contundente en el movimiento Marcha Verde que, aunque algo adormecido seguiría constituyendo un elemento detonante, tanto como elaccionar de los partidos.

Ningún cambio será fácil

Nadie cree que será fácil destronar al PLD del dominio político que ha ejercido en casi dos décadas de gobierno, con un intervalo de 4 años del presidente perredeísta Hipólito Mejía. Su profunda vocación de poder le puede llevar a superar sus luchas intestinas si aumentan los indicadores del desgaste que  marcan .las encuestas. Aunque esta vez, como nunca antes la confrontación política se ha convertido en personal, con enconos y agravios que impulsan temores al retorno de Fernández al poder dificultando soluciones.

El danilismo que ahora hegemoniza el poder peledeísta se enfrenta a un Leonel Fernández ya con meses en campaña de retorno, y que tiene a su favor el pacto de unidad mediante  el cual él cedió hace tres años por la unidad del partido y que permitió la reelección de Medina, ahora con mucho mayores dificultades para justificar una nueva reforma a su propia Constitución., aunque es amplia  la convicción de que el reeleccionismo siempre se impone, lo que no fue cierto con Balaguer en 1978, Mejìa en el 2000 y con Fernández en el 2012. Un sagaz dirigente peledeísta, del poderoso Comité Político, y para nada favorecedor de Fernández, opinó a título confidencial que para salvar de nuevo la unidad partidaria, éste sería el candidato del 2020.

Podrán ponerse de acuerdo por amor al poder, pero eso llegaría a la convención del 2019 y el deterioro político tenderá a crecer. Aúnasì, si evitan la división los peledeístas podrán apelar a los recursos del clientelismo y los abusos del Estado que han caracterizado su  reinado electoral, con un inmenso aparato mediático, control de organismos decisorios, y recursos multimillonarios acumulados. Por esa razón seguirán barajando los proyectos de reformas electorales y de ley de partidos.

Alientan unidad opositora

Conscientes de los poderes peledeístas y por las experiencias, en diversos ámbitos políticos y sociales se alienta la posibilidad de promover un frenteamplio opositor para los comicios del 2020, y plantean adelantar las gestiones para un consenso programático que aliente optimismo aprovechando la lucha interna que paraliza al PLD, en  baja en las preferencias. La encuestaAsisa lo dejó esta semana en 52%, todavìa alto por la debilidad de una oposición que no acaba de recomponerse tras el alentado desguañangue del viejo Partido Revolucionario Dominicano, cooptado por el poder peledeísta.

En la oposición el principal propulsor del frente unido ha sido el presidente de Al País, Guillermo Morenoconmedia docena de artículos en su página de los lunes en el Diario Libre. Plantea la discusión de un programa básico que de substancia y aliente un cambio que no sea simplemente de gestores de la actual descomposición del Estado.

Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRD) han planteado también el proyecto de unidad. Con el mismose objetivo salió recientemente a la luz pública elMovimiento Ciudadano de Rescate Democrático (MIRD), encabezado por profesionales de la calidad experto fiscal José Rijo. El experto en turismo Juan Lladó ha insistido y hasta ha publicado un amplio proyecto de programa. Se sabe de varios grupos de clases medias que “reflexionan” sobre la necesidad de concertaciòn para un cambio político, al igual quesociòlogos como Cèsar Pèrez y Wilfredo Lozano.

De hecho, traslas elecciones del 2016, que culminaron en un proceso profundamente desigual, con inconmensurabkle abuso del poder estatal, la decena de partidos de oposición vienen concertando para exigir las reformas políticas y electorales que se discuten hace dos décadas, aunque un par de ellos pudieran volver a aliarse al PLD, sobre todo si Fernández resulta su candideato.

Un programa fundamental

            Los analistas entienden que si bin es fundamental un programa, no puede ser muy mbicioso si su primer objetivo es vencer el enorme poder del PLD. “Es casi un proyecto de trasición democrática, portdor de un nuevo modelo de desarrollo que reùna las energías y decisión de amplios sectores sociales, incluyendo del empresariado, o que por lo menos neutralicen su apoyo a los gobernantes.

Las encuestas marcan las preocupa iones fundamentales que tienen que abordarse: la corrupciòn, impunidad y el clientelismo, la inseguridad ciudadana, el desempleo y los bajos salarios, deterioro de los servicios básicos, como salud, reforma de la seguridad social, transporte, vivienda, saneamiento ambiental y calidad de la educación. Deberá priorizar las reformas institucionales, polìtica y electorales para restablecer la independencia de los poderes y garantizar el ejercicio polìtico.

Un programa para rescatar el concierto nacional deberà reivindicar la Ley de EstrategiaNacional deDesarrollo y su pacto fiscal y reales controles financieros para contener el endeudamiento y garantizar sostenibilidad, corregir la malversación y el derroche y hacer menos regresiva la tributación, y generar un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos y promueva las exportaciones.

Así mismodeberá atraerse a la sociedad civil, recogiendo sus reivindicaciones y propiciando la pendiente Ley de Participaciòn Social, partiendo del reconocimiento dela poca confianza y credibilidad que tiene actualmente el partidarismo polìtico,documentada por las encuestas de los últimos meses: Latinobrómetro(15%), Barómetro de la Américas (20%),  Penn-SIN (15% de los jóvenes), Gallup-HOY (15.5%). Asisa deesta semana indica que desde el 2014 los que se declaran miembros de partidos cayeron del 31 al 14%, yque los independientes crecieron del 4 al 29%.

Un frente como el chileno

Hay muchas experiencias en el mundo de concertación parni a vencer un dominio polìtico absolutista, y entre losmàs relevantes siempre se recuerda el que permitiò superar la dictradur de Pinochet en Chile, que reuniò a todo el epectro opositor, desde la dercha a la izquierda, incluso a partidos que contribuyeron al sangriento derrocamiento del gobierno de popular de Salvador Allende. Esa concertción se ha mantenido durante màs de dos dècadas escogiendo candidatos comunes mediante primarias democráticas.

En el país no ha habido tanta vocaciòn ni urgencia para una concertaciòn, pero el cansancio y el deterioro del Estado social y democrático de derechos parece demandarla, y los dirigentes polìticos tendràn que aprender que no vale la pena concurrir una y otra vez al real “matacero electoral” que denunciaba el PLD en sus origenes.

Tendrìan que entender que todos no pueden sercandidatos presidenciales  paraquedarse por debajo del 2 % del sufragio, por lo meos hasta que se institucionalicen mecanimos que garanticen competencia más equitativa. Que muchos de ellos serían estrellas en el Congreso o a la cabeza de municipios desde los cuales podrìan constituir nuevas opciones de poder.-

Rechacemos el discurso del odio

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Por Juan Bolívar Díaz

El discurso cargado de odio y xenofobia que grupos minúsculos de fanáticos y comunicadores irresponsables difunden hace varios años ha calado tanto en algunos sectores que ya hasta consideran herético que los oradores de las Siete Palabras del Viernes Santo hayan reclamado una actitud compasiva y respetuosa hacia los inmigrantes de la vecina y desafortunada nación haitiana.

El fanatismo y la irracionalidad llegan al extremo de que, aunque se dicen cristianos, reniegan del supremo mandato del cristianismo, de amor y solidaridad entre los seres humanos, y desconocen los numerosos pronunciamientos del Papa Francisco, de los obispos dominicanos y de su Pastoral para los Inmigrantes y Refugiados, que insisten en el respeto a los derechos humanos y la necesidad de promover encuentros y concertaciones para la convivencia y el bienestar de los dos pueblos de la isla.

Debemos celebrar que varios de los oradores, como el vicario de la pastoral de adolescencia y juventud, Miguel Ángel Amarante, y el párroco de la Iglesia Santo Cura de Ars, Nelson Acevedo, aprovecharan el gran escenario para rechazar con firmeza y sin temor el discurso del odio y la xenofobia y el tráfico y la explotación de seres humanos, reclamando respeto para los inmigrantes, sin dejar de reconocer las imprescindibles regulaciones y limitaciones. No hicieron más que seguir las decenas de llamamientos del Papa Francisco sobre la misericordia y solidaridad y tratamiento de seres humanos con que deben ser acogidos los inmigrantes y refugiados.

Los que impugnan a esos sacerdotes, olvidan ex profeso la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos en ocasión de su visita “Ad Límina Apostolorum” del 28 de mayo del 2015: “La atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”. Y refiriéndose a los desnacionalizados descendientes de extranjeros nacidos en el país: “Es necesario seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”.

Esa firmeza debe ser imitada por las autoridades y todos los participantes en el debate nacional, para asumir las relaciones con los haitianos “con una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza”, como también expresó el Papa Francisco el 16 de enero del 2017.

El discurso constructivo incluye el abogar sistemáticamente por la adopción y aplicación de las normativas necesarias para limitar el excesivo flujo de haitianos, incentivado por el mismo Estado y los empresarios que se lucran con una mano de obra excedente, de baja retribución, sin seguridad social ni capacidad para reclamar límites de horarios o de días laborables, y que degrada el salario nacional.

Debemos reclamar al gobierno que prohíba la contratación de obreros en las obras públicas y que se cumpla el límite del 20% de trabajadores extranjeros al menos en la agricultura y la construcción financiada o con incentivos, que reduzca los 56 funcionarios consulares y 46 diplomáticos designados en Haití, mucho de ellos dedicados a tráficos indecorosos, y que controle el tráfico humano por la frontera.

Hay que exigir a los empleadores que faciliten la regularización de los trabajadores que necesiten, y luego sancionar severamente a quienes empleen indocumentados, promover que dejemos de buscar haitianos y haitianas para trabajo doméstico, vigilantes y chiriperos. Todo esto para establecer una racional política de control migratorio.

Lo que no debemos es proseguir el sendero del odio que acaba de reproducir en Pedernales el tenebroso ku-klux-klan, cuando encapuchados quemaron casuchas de haitianos. El mismo odio que ha generado primitivismos en la línea noroeste y el nordeste y que hace tres años colgó en un parque de Santiago a un joven limpiabotas haitiano, sin que hasta ahora ninguna autoridad haya expresado siquiera una sanción verbal.

Un absurdo anular la Ley 169-14

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Por Juan Bolívar Díaz
Desde el pasado fin de semana circula en ámbitos judiciales, gubernamentales y diplomáticos la versión de que el Tribunal Constitucional (TC) se apresta a declarar inconstitucional la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad dominicana a gran parte de las personas dejadas en la apatridia por su sentencia 168-13 que había ocasionado el más grave escándalo internacional que haya afectado a la nación.Ha trascendido que la mayoría de los miembros del tribunal se inclinan por la anulación y tendrían redactado un proyecto para consideración del pleno, donde se sabe que no alcanzarán unanimidad debido a que sus integrantes Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez consignaron votos disidentes cuando el 22 de septiembre del 2013 se emitió la sentencia de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes indocumentados que habían sido documentados como dominicanos durante décadas.

Una fuente judicial vinculada al TC confirmó la versión, al igual que otra relacionada con organismos internacionales, y una tercera de alto nivel gubernamental no sólo la validó sino que además aseguró que en la casa presidencial habría consternación por la posibilidad de la ocurrencia, porque devolvería al Estado dominicano al torbellino nacional e internacional que comenzó a conjurar con la esa ley.

Para quienes insisten en confundir la desnacionalización de los nacidos en el país con la regularización de los inmigrantes, conviene recordar que la Ley 169-14, promulgada por el presidente Danilo Medina el 23 de mayo del 2014 dice en su artículo primero que “tiene por objeto exclusivo establecer: a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.

El texto legal dispuso que la Junta Central Electoral “procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior” y que luego “los acreditará como nacionales dominicanos”.

Para los del grupo b), los nacidos en el país en similares circunstancias pero que nunca llegaron a ser registrados como ciudadanos, se instituyó que se inscribieran en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y que dos años después tuvieran derecho a optar por la naturalización ordinaria.

Esa ley fue un imperativo de justicia y sentido humanitario para corregir un despojo retroactivo, que afectó a decenas de miles de personas, rechazado a unanimidad por los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Debe ser la ley más consensuada en la historia de la nación, para la cual el presidente Medina consultó y logró el respaldo de los líderes políticos de la oposición, de las iglesias y sectores sociales, y los organismos internacionales, siendo aprobada a unanimidad por las cámaras legislativas.
Su anulación sería un acto de soberbia y grave desafío a un gran acuerdo nacional de imperativo humanitario y diplomático que sacó al Estado dominicano del candelero en que había quedado.

Aunque persisten reclamos a favor de los del grupo b, en gran proporción sumido en la apatridia, con absurdos tan graves que en una misma familia unos hijos quedaron como dominicanos y otros como extranjeros.

El daño que ocasionaría a la nación la anulación de esa ley es incalculable y crearía un grave problema al gobierno del presidente Medina, con distracción de energías en la segunda mitad de su mandato constitucional. El propósito es tan difícil de creer que ya hay quienes lo atribuyen a las querellas que sacuden al propio partido gobernante. En cualquier caso la advertencia pública es válida, porque ya el TC llegó al extremo de desconocer la adscripción de la nación dominicana a las competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque su propia ley orgánica la consigna, y después de hasta haber firmado acuerdos de cooperación con la misma.

Danilo deberá concentrarse para contener la caída de su valoración

24_03_2018 HOY_SABADO_240318_ El País12 BLa encuesta Gallup-HOY muestra una persistente reducción de su aceptación del 82 al 47% en dos años y medio, una caída de 43%, y que la población no le cree que haya mejorado la economía ni reducido la pobreza, como persiste en afirmar    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El análisis de los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicados esta semana indica que la popularidad del presidente Danilo Medina sigue en picada, con descenso de la valoración de su gestión, y evidencia las serias dificultades con que tropieza el proyecto reeleccionista en discusión, con rechazo de dos terceras partes  a reformar la Constitución.

Resulta relevante que Luis Abinader corre virtualmente solo para la candidatura presidencial del principal partido opositor, y que su aceptación se acerca a la de Medina, quien pierde terreno ante Leonel Fernández, resaltando que una alta proporción aún no tiene claras preferencias a casi dos años de las elecciones presidenciales.

Los segundos períodos

            La Gallup-HOY parece ratificar la percepción de que los segundos períodos de gobierno consecutivos resultan malos en el país, por cansancio o porque el poder obnubila y crea distancia de la ciudadanía. A la mitad de su primer periodo, en agosto del 2014, Gallup-HOY le registro una aprobación histórica del 91%. En Julio del 2015 al aceptar su segunda postulación consecutiva estaba en 82%, pero ya en febrero del 2017 se había reducido a 62%, la proporción con que fue reelecto en el 2016,  y en octubre bajó al 51%, a razón de 1.4% menos por mes el año pasado.

En la investigación realizada del 5 al 11 de este marzo, sólo el 45.5% evaluó como bueno o muy bueno el desempeño de Medina, en sus primeros cinco años de gobierno, pero a la pregunta de si aprueba o desaprueba su gestión, independientemente de su posición política, la aprobación alcanzó 47%.

Resalta que la encuesta fue realizada apenas una semana después del discurso del mandatario ante la asamblea nacional, y a través de más de 400 medios de comunicación electrónicos y digitales, donde presentó una situación optimista de sus realizaciones con gran despliegue publicitario y de su amplio aparato mediático propio, pero el 63% de los encuestados dijo que no lo escuchó, pese a lo cual 73% opinó que no tocó todos los temas que debía, coincidiendo con las críticas de la oposición y analistas independientes.

Una avalancha muy negativa

            Varios otros resultados de la encuesta Gallup-HOY muestran una avalancha muy negativa para el presidente Medina. Comenzando porque la población niega los grandes logros económicos y de reducción de la pobreza que él sostuvo en su discurso del 27 de febrero. El 79% considera mala o muy mala la situación de la economía nacional, 5 puntos más que en la de octubre. Y sólo el 9% la consideró buena o muy buena. El 78% opinó que el país va mal o muy mal, contra el 18% que lo estimó bien o muy bien. Con el agravante de que 45% cree que estará peor al término del período gubernamental.

Aunque el presidente, sus funcionarios y propagandistas sostienen que han sacado de la pobreza a un millón 200 mil personas y creado más de 600 mil empleos, 120 mil sólo el año pasado, y que el país es casi de clase media, el 46% de los encuestados estima que ahora hay más pobres y otro 27% que sigue igual para totalizar 73%, mientras apenas 25% considera que hay menos pobreza. Y a la pregunta de cómo está la familia en relación a dos años atrás, 35% responde que peor y 36 por ciento igual, totalizando 71%.

La opinión sobre la situación económica personal de los encuestados también fue mayoritariamente negativa, para el 56%, cuatro puntos más que en octubre pasado. Mientras apenas 17% dijo que es buena o muy buena. Y peor cuando se preguntó para quién gobierna Danilo Medina, pues 46% dijo que para los dirigentes y miembros de su partido, y sólo 29% para beneficio de todo el pueblo.

No reforma constitucional

            En términos políticos los  resultados de la Gallup-HOY también resultan negativos para el presidente Medina y los que promueven su reelección. Justo dos tercios, el 67%, rechaza otra reforma de la Constitución para posibilitar una tercera postulación consecutiva, y sólo el 30% la favorece. Contrasta con el resultado de febrero del 2015, de la misma encuestadora, que arrojó un 61% a favor de dos períodos consecutivos y 70% favoreció la reforma constitucional para que Medina pudiera buscar el segundo.

Las preferencias electorales por Danilo también han caído y debe asumirse que en parte por la  institución de dos períodos y “jamás” en la constitución que él mismo auspició hace sólo tres años para repetir en el cargo. A la pregunta de a quién le gustaría que sea el próximo Presidente, quedó empatado justamente en 14.8% con su archirrival Leonel Fernández, quien aparece en recuperación, y cuatro puntos por debajo de Luis Abinader, quien lidera con 18.8%.

También empató técnicamente con Fernández, 20 a 19%, cuando se preguntó a los encuestados quién debería ser el candidato presidencial del PLD en el 2020. Danilo le sacó una ventaja de 5 puntos, 31 a 26%, cuando se hizo la misma pregunta a los que se identificaron con el PLD, mientras la vicepresidenta y esposa de Fernández obtenía el 6%.

Es notable que el presidente Medina sólo obtuviera un 17% de simpatía, entre los dirigentes políticos, superando apenas por 4 puntos el 13% de Luis Abinader y a Leonel Fernández, que queda en tercer lugar con 10%, e Hipólito Mejía 6%.

Abinader sigue en ascenso

            El dirigente político que sale mejor parado, por segunda Gallup-HOY consecutiva, es Luis Abinader, quien encabeza en preferencias para próximo presidente, con 4 puntos por encima de los dos líderes del PLD y con enorme ventaja para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno en el 2020. Aunque en octubre su ventaja sobre Danilo era de 8 puntos 29 a 21 %, y de 11 sobre Leonel.

Donde Abinader luce bien cómodo es en la disputa de la candidatura presidencial del PRM, seguido de lejos por el expresidente de la República Hipólito Mejía. En la respuesta a quién le gustaría que fuera el próximo presidente, le triplica 19 a 6%, en simpatía 14 a 6%. Frente a un listado de potenciales candidatos del PRM, Abinader obtiene 49% y Mejía 17, y ahí queda bien parado con 15% el alcalde capitalino David Collado.

Pero donde Abinader mantiene enorme ventaja es cuando se preguntó quién cree que debe ser el candidato presidencial para el 2020 a los que se identificaron con el PRM, obteniendo 67 a 9% sobre Hipólito. En la encuesta de octubre fue 69 a 14%, lo que indica que el primero mantiene estabilidad y el segundo está en retroceso, mientras Collado apenas consigue el 1.5% de las preferencias de los perremeistas.

Guillermo Moreno sigue siendo el alternativo que más preferencias registra en la serie Gallup-HOY. Esta vez consigue el 7%, un punto más que Hipólito, en la respuestas a quien le gustaría que sea Presidente en el 2020.

Mucha incertidumbre aún

Esta encuesta registra un alto nivel de incertidumbre de cara a las próximas presidenciales,  sobre todo en el universo de los electores y en particular en cuanto a la candidatura del PLD. Ni hablar del Partido Reformista sobre el cual el 84% de los encuestados no respondió o dijo no saber. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano respondió igual el 67%, y 50% sobre el del PRM y 46% sobre el del PLD.

En el partido gobernante la incertidumbre estaría en alta proporción determinada por las incógnita de si los reeleccinistas lograrán reformar la Constitución o imponer otro mecanismo para postular de nuevo al presidente Medina, empatado ahora con Fernández en el universo de los encuestados para candidato de su partido. Y en la lista cerrada, sin Medina, la esposa de Leonel, Margarita Cedeño, empata técnicamente con su esposo 27 a 26%.

Llama la atención que en los últimos meses los gobiernistas no han publicado encuestas y que éstas han escaseado en el mercado, como si se temieran los resultados

tras la avalancha de insatisfacciones que se han expresado en el movimiento ciudadano Marcha Verde.

El Gallup no será la única a publicarse, pero tiene la mayor tradición de credibilidad y continuidad. Por el momento el balance es que Danilo Medina está en retroceso, en la valoración como gobernante y en las preferencias electorales con la reelección cada vez en mayor dificultad; Leonel Fernández en recuperación para la candidatura del PLD; Margarita Cedeño sigue teniendo buen posicionamiento, aunque discriminada por mujer y esposa;  y Luis Abinader prosigue su fortalecimiento, como alternativa de oposición, sin competencia interna.-

           

 

El valor de los pactos y palabras

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Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que tantos incentivan al presidente Danilo Medina, para que prosiga la senda del viejo camino continuista prolongador de miserias institucionales, como si algún mandatario lo necesitara,  y cuando muchos otros dan por irremediable que el poder es una droga que no se cede ni abandona, conviene apelar al valor de los pactos y las palabras empeñadas con cara seria y discursos ante el pueblo dominicano.

Se que estos párrafos apenas lograrán una sonrisa de conmiseración de aquellos que los considerarán sueños de idealistas o necio reclamo de opositores impenitentes, pero prefiero correr ese riesgo y aferrarme al Danilo Medina que traté en los años 2007-12, cuando luchó valientemente contra el viejo camino lacerante  de la institucionalidad democrática que encarnaba entonces su compañero Leonel Fernández, sobre todo después que en el 2008 proclamó “me venció el Estado”. Lo sentí tan humilde que me permití darle consejos estimulantes de la perseverancia y la racionalidad que lo llevó al poder en el 2012.

Creo que ha llegado el momento de apelar al compromiso que contrajo a nivel personal y nacional de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. Si Danilo concluye su obra gubernamental dentro de dos años, como es su compromiso institucional, podría reivindicar el valor de su palabra y terminar con algunos logros importantes, sobre todo su inversión en educación, aunque con serias deficiencias institucionales, pocas soluciones estructurales, en corrupción y profundización del clientelismo.

Pero desconocer los pactos y las palabras que lo atan a este último período gubernamental conllevaría un alto costo de ruptura democrática institucional, comenzando por su propio partido, de una mayor corrupción política, de imposición, con riesgos de desatar fuerzas adormecidas y cosechar un tropiezo como el de Joaquín Balaguer en 1978 o el de Hipólito Mejía en el 2004.

Desconocer su propia Constitución, la del 2015 que él auspició para buscarse un segundo y último período de gobierno, degradará a Medina al nivel de los más ambiciosos de nuestra historia, dejando su palabra profundamente devaluada. Ya el 17 de junio de ese año, en un discurso a la nación, aceptó que estaba cambiando su posición, pero bajo el compromiso de que si era reelecto en el 2016, “no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República”.

Así quedó consignado en la vigésima disposición transitoria de su Constitución: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período  constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”, Reiteró ese compromiso en la campaña electoral y al comienzo del actual período.

Me cuento entre quienes mantienen la esperanza de que Danilo Medina no renegará otra vez de las convicciones que expresó reiteradamente entre el 2007 y el 2015,  y que no pretende desconocer el gran pacto nacional de la Constitución, ni el que suscribió en el Comité Político de su partido. No puede desconocer su propia Constitución ni volver a modificarla con los mismos actores y para exclusivo beneficio personal.

Si alguna duda tenía el ciudadano Danilo Medina debe quedar edificado con el resultado de la acreditada encuesta Gallup-Hoy publicada esta semana, donde dos tercios de la población, el 67 por ciento,  manifiesta oposición a que modifique la Constitución para seguir reeligiéndose. Vale recordarle que la misma encuesta recogió un 61 por ciento favorable a la reforma que se ejecuto hace tres años, como apareció en HOY del 9 de febrero del 2015.

Si es cuestión de honor cumplir la palabra repetidas veces empeñada, hay que recordarle al ciudadano Medina que es mil veces superior la obligación de acatar los supremos mandatos de la Constitución, y en este caso la suya. Si ningún pretexto.

Y que me perdonen los pragmáticos y realistas.-

 

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Danilistas cosechan primer tropiezo en el viejo camino del reeleccionismo

A1Resultó fallido el globo de ensayo de recurrir al Tribunal constitucional para anular la prohibición constitucional de una tercera postulación del presidente Medina, pero queda pendiente si intentar otra reforma constitucional que dividiría hasta su partido                                    

Por Juan Bolívar Díaz

            Los mismos que motorizaron el globo de ensayo de la instancia para que el Tribunal Constitucional eliminara el veto constitucional a una tercera postulación del presidente Danilo Medina, precipitaron su retiro por  el escándalo político en que se constituyó y los  reparos jurídicos que la descalificaron de forma contundente en apenas dos días.

Los pronunciamientos que siguieron al triunfalista discurso presidencial del 27 de febrero han generalizado la convicción de que fue puesto en marcha una vez  más el histórico proyecto reeleccionista que castra la institucionalidad democrática nacional, aunque todavía hay quienes creen que Medina no volverá a renegar de sus compromisos.

Una doble sorpresa

            Al comenzar la semana resonaban las opiniones de la diputada  Lucía Medina, proclamando que la Constitución no prohíbe la reelección de su hermano Danilo y que sólo él decidirá si busca otro período,  y  del vocero de la presidencia Roberto Marchena, quien sostuvo que es el pueblo quien quiere la reelección, que sólo Medina garantiza la permanencia del PLD en el poder  y la continuidad de su magna obra, aunque aduciendo que el mandatario sólo está enfocado en gobernar.

Dominaba  el fuerte intercambio entre Marchena y Franklin Almeyda, promotor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, cuando el lunes 12 trascendió  que el abogado y exdiputado reformista Fredermido Ferreras Díaz había incoado ante el TC un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria de la carta magna que prohíbe otra reelección a Medina, sometida el 15 de febrero, generando de inmediato un rechazo general de juristas, legisladores, dirigentes políticos e instituciones sociales.

El rechazo fue tan contundente que antes de que se conociera el texto, Ferreras retiró su instancia y dio por cerrado el capítulo, alegando que fue una iniciativa personal, pero dijo a El Caribe que recibió al menos tres llamadas de las alturas “pidiéndome  por favor, si yo podía dejar eso sin efecto, y le he dicho que no, que esto no es para favorecer a Danilo”. Ferreras fue diputado reformista por cuatro años en los noventa y luego se ha movido entre los beneficiarios de los gobiernos del PLD, primero el de Fernández y ahora con Danilo, al igual que Modesto Guzmán, director del Instituto Postal, a quien se le vincula.  Aceptó el martes ir al telediario de Teleantillas para motivar la instancia pero en la tarde la retiró y no acudió a la entrevista la mañana siguiente.

Demoledora respuesta

            Todo ocurrió rápido, incluso el extenso comunicado de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) que descuartizó el recurso,  la tarde del mismo lunes 12, bajo la firma de su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños Guzmán. Rechaza la instancia y también  otra reforma constitucional para el continuismo en cuatro partes: orden constitucional y presidencialismo, la vía jurisdiccional y la inconstitucionalidad del transitorio, alternabilidad democrática y poder, y “Reflexiones finales”.

Tras referirse a 39 reformas constitucionales la mayoría para viabilizar la reelección, señala que “el Poder Ejecutivo no puede formar parte de las pinceladas negativas que han existido en nuestro orden político y normativo, sino mantener el respeto a los principios jurídicos que fortalecen la calidad democrática del Estado dominicano”. En la segunda parte cita el artículo 267 de la Constitución indicativo de que su reforma “sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares”, lo que incluye al TC.

FINJUS considera  que no es saludable la vía jurisdiccional  contra una normativa constitucional que  busca “garantizar la primacía del orden dentro del propio sistema democrático, y así fijar límites al poder político”. Y más adelante postula que presumir  la existencia de un sentimiento popular  sustentado en intereses políticos de turno, trasladándolo  al orden jurisdiccional para violentar los principios constitucionales, “lacera toda la trayectoria de consolidación del Estado de Derecho, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional  y respeto a la legalidad durante los últimos años”.

La reforma constitucional

            En sus reflexiones finales, la FINJUS, una institución del empresariado que trabajó  en la ley de los procedimientos constitucionales y del TC, plantea que “la reforma constitucional no puede ser un instrumento de estrategia política del gobierno de turno para permanecer en el poder” y que abogar por ella de manera continua  condiciona el poder reformador a “los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes sustenten el poderío político”.

La generalidad de las opiniones jurídicas  que han negado la posibilidad de “declarar inconstitucional una parte de la Constitución”,  señalan  que el único camino que tendría el presidente Medina para otra postulación es reformar de nuevo la Constitución para eliminar la vigésima disposición transitoria  de la carta magna vigente, que él mismo auspició en el 2015 para viabilizar su segunda elección consecutiva, hasta entonces prohibida.

             Esa reforma fue pactada en el Comité Político del PLD el 28 de mayo del 2015 para salvar la unidad partidaria. A cambio se acordó el transitorio que establece que en caso de que el presidente  resultare reeelecto para el período 2016-20 “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Lo presentó en la asamblea revisora el secretario general Reinaldo Pared

Con Leonel Fernández y sus fieles en campaña desde hace meses por la candidatura presidencial del 2020, y aduciendo que ya cedieron dos veces en favor de Medina, en el 2012 cuando  “reunieron 2.2 millones de firmas para repostular a Leonel”, y 4 años después para reformar la Constitución, será difícil convencerlos para un tercer período, desconociendo los acuerdos del 2015, sin poner en riesgo la unidad partidaria.

Viejo pero difícil camino

            El viejo camino del continuismo político luce cuesta arriba para Danilo Medina, pero hasta en sectores no complacientes se cree que lo alcanzará cifrado en la debilidad y división de la oposición, pero otros le atribuyen suficiente frialdad para no exponerse a un tercer período consecutivo, lo que sólo ha sido posible  bajo la tiranía de Trujillo y la  dictadura de doce años de Balaguer, en otro  contexto nacional e internacional.

Es cierto que en el 2015 Medina pudo “conquistar” bloques enteros de candidatos, como los perredeístas de Miguel Vargas y la mitad de los reformistas y de los leonelistas, pero una reedición de lo que fue denunciado como un mercado de compra de votos podría lograr “el milagro” de unificar y fortalecer una oposición que de alguna forma viene adelantando acciones comunes contra el continuismo y los abusos electorales. Hasta se podrían retroalimentar con los leonelistas.

En las instituciones sociales, incluyendo la amplia insatisfacción registrada en la Marcha Verde, y hasta en sectores de poder económico,  habría ahora mayor rechazo a una continuidad corrompida, en un escenario de camino  a la insostenibilidad fiscal y agotamiento del modelo de crecimiento basado en el endeudamiento. La posición de la FINJUS alerta sobre la seguridad jurídica y el Estado de derechos.

Al mismo Danilo Medina le sería más difícil volver a engullirse el “tiburón podrido de la reelección” que denunció en el 2008, cuando en el 2012 disertó sobre el carácter antidemocrático del continuismo diciendo que sólo quería un período, y que en discurso del 17 de junio del 2015 dijo a la nación que al apoyar la enmienda para su reelección “estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que, después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto, en mayo del 2016, no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República”.

Salida alternativa de DM                     

            Los que dentro y fuera del PLD creen que el presidente Medina no buscará el tercer período, asumen que tiene como alternativa al temido retorno de su antagonista Leonel Fernández, la promoción de un tercer candidato, preferiblemente de su confianza, lo que se inscribe en la reunión que celebró a principio del mes con aspirantes, y en la que habrían participado los ministros Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Andrés Navarro, Gonzalo Castillo y Carlos Amarante, además del secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y del exministro Temístocles Montás, de arraigo en el partido, pero disminuido tras ser imputado en el escándalo Odebrecht.

Ninguno de ellos ha alcanzado más de un 3 por ciento de preferencias en las encuestas, cuando se les menciona como precandidatos, muy lejos de Leonel  y su esposa Margarita Cedeño, y cualquiera iría cuesta arriba contra el ex.presidente, quien mantiene un fuerte liderazgo nacional e internacional y en un partido que él curtió en el poder y a quien miles de peledeístas deben sus riquezas, o su prosperidad personal y familiar.

Een el Comitn aras de abrir alternativas se aprobaría, ahora en el Senado bajo control danilista, el padrón electoral abierto en la elección de candidatos,  para con el poder económico del Estado y los programas sociales, superar la fuerza interna del leonelismo. Para eso no se puede esperar mucho tiempo y que Fernández siga reactivando sus fieles, pero persistirán las dificultades para obtener las dos terceras partes de los diputados,  necesarias para aprobar esa ley orgánica.-

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Del acuerdo del 2015 ´

en el Comité Político del PLD:

* Modificar el artículo 124 de la Constitución y agregarle un artículo transitorio para que, si gana ahora, DM no pueda ser candidato en el 2020.

* Modificar los artículos 270, 271 y 273 de la Constitución para fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para futuras reformas.

* Acoger que las decisiones del Comité Político del PLD sean por consenso y en su defecto por las tres cuartas partes de su matrícula.

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