Se acentúa el presidencialismo en el régimen de Danilo Medina

Casi mudo y sordo el presidente Danilo Medina se aferra al histórico y endémico presidencialismo que ha impedido la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho, como disponen la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo 

                             Por Juan Bolívar Díaz

            Sin responder los cuestionamientos de la la sociedad ni de los comunicadores sociales el presidente Danilo Medina impone cada vez más un régimen unipersonal que subordina los demás poderes e instituciones del Estado y cumple las leyes a la  conveniencia coyuntural, aún las aprobadas por el Congreso bajo control de su partido.

Más que nunca ha quedado claro que el mandatario llega al extremo de doblegar el Congreso Nacional pretendiendo imponer a todos los partidos la elección de candidaturas con el padrón universal para abrirse posibilidades de continuidad al frente del Estado o garantizársela a través de un escogido.

Solo Danilo Medina

            Sólo el extremo presidencialismo puede explicar que la Comisión Bicameral que durante dos legislaturas consecutivas ha avanzado en lograr consenso en torno al proyecto de ley de partidos que se discute durante casi dos décadas, esté paralizada y en ridículo, sin poder cumplir su mandato ni dar justificación ante el Congreso y la nación.

Está a la vista de todos que ni siquiera en su propio Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hay consenso para imponer a todo el sistema partidista un único método de elección de candidatos que impera apenas en un puñado de naciones, y no sólo lo rechaza un importante sector partidario encabezado por el expresidente Leonel Fernández, sino también casi todos sus aliados agrupados en un Comité Permanente de Partidos.

Cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) está concluyendo la elaboración de su propio padrón de militantes, parece más que grotesco que se pretenda imponerle que quienes no estén en el mismo tengan igual derecho a elegir las candidaturas de esa agrupación, constituida con apego al artículo 216 de la Constitución que garantiza la libertad de asociación política.

El voto universal dejaría sin sentido el artículo ya consensuado del proyecto de ley que condiciona la entrega del financiamiento estatal al registro del padrón de miembros de cada partido y su actualización cada año. Eso aparte de lo difícil que sería el cómputo simultáneo de los votos de la elección primaria de candidatos municipales, que podrían alcanzar a 12 mil por partidos, tres por cada cargo, dada la experiencia del procesamiento del voto preferencial a poco más de un millar de candidatos a diputados.

Doblegado el Congreso

            En realidad el Congreso ha quedado doblegado por la voluntad presidencial después que el Comité Político del PLD fracasó tres veces en ponerse de acuerdo sobre las primarias abiertas, la última vez el 2 de octubre, cuando se anunció que escogerían una comisión de juristas para que determine si sería inconstitucional imponer a los partidos el voto universal en la elección de sus candidatos.

Como en muchos otros temas del debate nacional, el presidente Medina no ha expresado ni defendido su preferencia por el padrón abierto, lo que nadie duda porque sus colaboradores políticos han sido bien explícitos y sólo su interés explica el congelamiento del Comité Político de su partido y ahora de la Comisión Bicameral  del Congreso.

Pero más de seis semanas después que decidieran la comisión de constitucionalistas, no han podido ponerse de acuerdo para escogerlos y esta semana el secretario general del partido anunció que en vez de los cinco anunciados, serán siete, lo que todavía podría tomar tiempo y más aun para que se pongan de acuerdo. Todo eso indica que caerá otra legislatura a mediados de enero sin que el Congreso pueda decidir. Eso explicaría el comunicado expedido esta semana por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, reclamando la aprobación de la Ley de partidos co.mo fundamental para la institucionalidad democrática, apoyado luego por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.

El próximo paso sería que la comisión de juristas se sobreponga al dictamen de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley 286-04 del 2004 que instituyó la votación obligatoria y simultánea con padrón abierto para las elecciones primarias. De nada ha valido que se recuerde que la Corte actuó en función constitucional y que la Constitución del 2010 del  mismo PLD y de la gran mayoría de sus actuales legisladores se consignó un artículo transitorio consignando que le nuevo Tribunal Constitucional no podrá revisar las sentencias previas.

Restricciones presupuestarias

El presidencialismo subordina también al Poder Judicial y al Municipal restringiéndole su financiamiento, aún desconociendo las leyes que pretenden evitarlo asignándole una proporción mínima de los ingresos fiscales, del 2.66% para la justicia, y  10% de los ingresos para los ayuntamientos.

Las carencias del Poder Judicial han sido exhibidas reiteradas veces en los últimos años, al punto que en la provincia Santo Domingo varios tribunales operan en furgones implementados como “salas judiciales”. Las asociaciones de jueces y algunos a título individual han reclamado inútilmente el cumplimiento de la ley. Igual en el Ministerio Público cada vez con mayores apremios investigativos.

Esta misma semana el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, que no se ha caracterizado por muchas exigencias a sus compañeros de partido que controlan el Poder Ejecutivo, respondió preguntas de reporteros diciendo que el incremento a la justicia en el Presupuesto para el 2018, que acaba de ser aprobado,  “no alcanza ni para arroz y habichuelas”. Recientemente el presidente de la Cámara de Cuentas, otro organismo básico del Estado, dijo que no habían podido auditar las escandalosas construcciones de Odebrecht por falta de recursos. Hace sólo días el alcalde de Santiago anunció que apelará al tribunal contencioso administrativo para que se le entregue la proporción presupuestaria de ley.

Concentra el presupuesto

            Si se observan los cuadros anexos, cortesía del economista José Rijo, se puede advertir que progresivamente la presidencia de la República aumenta su participación en el presupuesto nacional, mientras restringe la de justicia y los cabildos. Para el 2018 al Poder Judicial sólo se le asigna el 1.2% de los ingresos nacionales, cuando la ley 194-04 dispone el 2.66% y a la Procuraduría General el 1% en vez del 1.43% . Es decir que se le quita casi el 50% al sector.

Lo de los 158 municipios y 232 distritos municipales del país es todavía peor, por cuanto en vez del 10% que manda la Ley 166-03, sólo se le asigna el 2.8% de los ingresos para el próximo año, es decir que el Ejecutivo se queda con más de las dos terceras partes. Pero cuando se ve el récord de los últimos tres años, en el caso de la justicia al menos se mantiene la proporción, pero en los municipios se reduce del 3.5 al 3.3 y al 2.8% de los ingresos. Ha sido una constante desde que se aprobó la ley en el 2003, cuando se le llegó a asignar el 6%.

El pretexto es que los ingresos nacionales son insuficientes, pero sin embargo, el presupuesto de la Presidencia de la República se ha mantenido entre el 10 y el 11% de los ingresos cada año. Para el 2018 se le aumenta en 4,208 millones de pesos, mientras al Poder Judicial y la Procuraduría se le incrementa en 1,697 millones de pesos. El próximo año la Presidencia de la República tiene asignados 61, 974 millones de pesos, mientras los dos organismos judiciales sólo 13 mil 338 millones de pesos.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

(En millones de pesos)

 

2016                2017                2018                Ley 166-03

Ayuntamientos                        16,995             17,850             17,006

% de los ingresos                      3.5%                3.3%                2.8%                    10%

% del PIB                                  0.5%                0.5%                0.4%

 

Acendrado presidencialismo

            El presidente Danilo Medina ha gobernado por más de cinco años con el control absoluto del Congreso, casi total de los órganos judiciales y de la mayoría de los municipios, pero también de múltiples instituciones privadas, subordinando también organizaciones profesionales, sindicales y academias, y neutralizando empresariales, medios de comunicación y entidades sociales de todo género.

Prueba de su vocación por controlarlo todo fue que para ls reciente elección de los dirigentes del Colegio Médico el propio Medina presidió una reunión en el Palacio Nacional con los funcionarios del sector salud, donde se decidió llevar una candidatura y darle todo el apoyo gubernamental. El secretario general del PLD llegó a levantarle la mano en público al candidato Clemente Terrero, pese a lo cual perdió 20 a 70%. Hace dos años el candidato oficialista a presidir el Colegio de Abogados perdió las elecciones, y cuatro meses después el que ganó con respaldo de la oposición política fue persuadido de juramentarse en el PLD.

El exagerado presidencialismo dominicano está diagnosticado hace décadas. Hasta en los gobiernos tiránicos y absolutistas como el de Trujillo, o cuasi dictatoriales, como el  ni Balaguer, los mandatarios “no era malos, sino sus colaboradores”. Una serie de cuatro encuestas de alto nivel académico sobre Cultura Política Democrática, entre 1994 y 2004,  estableció que hasta un 86%  creía que el buen presidente “debe ser como un padre a quien hay que acudir para que resuelva los problemas”.

Por eso será que Danilo Medina lleva 189 “visitas sorpresas”, repartiendo el dinero que le niega por encima de la ley a los ayuntamientos y el 5%. de los ingresos instituido para los municipios donde hay explotación minera, como la del oro. Ese presidencialismo explica que todos los que llegan a la presidencia de la nación sean proclamados como lideres insustituibles.-

Los desastres tecnológicos en la JCE

      Por Juan Bolívar Díaz

Si este país no fuera el paraíso de la impunidad y la malversación de los recursos públicos, no se estuviera cuestionando ahora las responsabilidades por el desastre de la inversión de casi 40 millones de dólares en la tecnología con que se pretendió la automatización del proceso electoral del año pasado, cosechando un rotundo fracaso.

Es que hubo otro escándalo peor, que involucró una suma mucho mayor, de 62.6 millones de dólares, firmado por la JCE antes de las elecciones del 2008 con el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), revestido de graves irregularidades desde su licitación hasta su pago, y los equipos comprados en gran proporción terminaron abandonados en un almacén, El fracaso fue tan evidente que no pudieron procesar los datos biométricos de la ciudadanía. Y la indolencia es tan grande que todavía nadie en la JCE ha dado una explicación pública de por qué tuvimos los dominicanos que someternos de nuevo al registro biométrico antes de los comicios del 2016.Y peor aún, casi nadie la exigió.

El pleno de la JCE hizo lo correcto al remitir a la Cámara de Cuentas el informe de su Dirección de Informática que ratifica el tollo tecnológico en que concluyó el proceso electoral del año pasado con la alta inversión que pretendió la automatización del registro de concurrentes, el cómputo y la transmisión de los resultados de las elecciones. Ese  informe agrega dos novedades, la primera que el procesamiento de los resultados quedó en manos de la empresa suplidora, no del departamento informático de la JCE como es de ley, y segundo, que no recomienda volver a utilizar los equipos comprados.

Sin embargo, como en la actual JCE hay personas que conocen el desastre tecnológico anterior, debieron aprovechar para pedir una auditoría de las dos compras que en conjunto superan los 100 millones de dólares, casi 5 mil millones de pesos, pero podríamos quedar satisfechos si se investiga a fondo siquiera la última, si establecen responsabilidades y de ponen en marcha los procedimientos judiciales que correspondan.

Atrás queda también el manejo financiero irresponsable de la JCE que Roberto Rosario manipuló como llanero solitario, por encima del pleno, despilfarrando hasta dejar al 2016 una deuda de 2,400 millones de pesos, que gastó sin apropiación presupuestal, ni  autorización de la Contraloría General. Solo por eso debería ser procesado.

El tollo del año pasado fue advertido repetidas veces por el movimiento cívico Participación Ciudadana, que en tres de sus seis informes de observación electoral reclamó transparencia y racionalidad en la aplicación de la automatización. Ya en febrero, tres meses antes de las elecciones solicitó formalmente a la JCE una auditoría de los equipos comprados, y que se realizara un conteo paralelo manual por muestreo. En su tercero y cuarto informe fue agregando detalles, incluyendo la tardía contratación de equipos a 6 semanas de los comicios y la falta de entrenamiento del personal. El quinto informe (del día de la votación) y el sexto y final documentan el tollo tecnológico que ahora reconoce la dirección de Informática de la propia JCE, el cual también registran los informes de las misiones internacionales de observación electoral.

El primer desastre tecnológico, propulsado por Roberto Rosario cuando presidía la Cámara Administrativa de la JCE, es una historia larga cuyos detalles no caben en este espacio. Las irregularidades, desde la licitación, fueron documentadas por dos auditorías, la primera de la Cámara de Cuentas en el 2006 y la otra de un consorcio de auditores privados, entre los cuales estaba Pellerano y Herrera en el 2008.

Entre las irregularidades documentadas se cuenta que se otorgó el contrato a una empresa cuya experiencia era en recogida de basura e instalación de semáforos, la cual se comprometió a gestionar un financiamiento que luego no aportó; que entre la licitación y la firma del contrato hubo un incremento de costo de 4 millones de dólares; que la JCE comprometió deuda externa sin aprobación congresual. Y finalmente los equipos fueron un fiasco. Todo eso y más lo denunció Participación Ciudadana, y fue lo que le generó la hostilidad de Roberto Rosario desde la JCE.

Ante la nueva denuncia, cabe preguntar, una vez más, quién le pone el cascabel al gato.-

 

Parece muy difícil otra reelección de Danilo, que divide hasta el PLD

La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda postularse a otra reelección,  ya en abierta discusión, genera tanto rechazo que hasta dividiría a su partido, por lo que el vocero político José Ramón Peralta aseguró que el mandatario no está en eso                                   

Por Juan Bolívar Díaz

El debate de una nueva postulación del presidente Danilo Medina para su reelección, todavía a dos años y medio, ha generado tanto rechazo público y privado y hasta en su propio partido, que su virtual vocero político el ministro administrativo José Ramón Peralta tuvo que salir a asegurar que el mandatario no está en eso.

Con la aprobación de Medina en picada en las encuestas, con serias dificultades financieras y en su obra cumbre de las plantas de carbón, y sin poder imponer las primarias abiertas, que serían utilizadas como referendo para justificar otra postulación, el debate parece más temerario que imprudente.

El Día de la Constitución

            La conmemoración festiva del Día de la Constitución en San Cristóbal el lunes 6 impulsó el prematuro debate sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar a una tercera elección consecutiva, aún con el precepto constitucional que la limita a dos períodos y nunca más y un mandato transitorio que se lo prohíbe a él expresamente por el acuerdo en su partido para posibilitar la reforma constitucional del 2015 que permitió su continuidad el año pasado.

El tema lleva ya meses (ver “La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina”, HOY, 16 de septiembre), pero esta semana cobró mayor vigor, propulsado, entre otros, por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien encendió las tribunas cuando expresó su convicción de que el presidente Medina buscará otro período con o hasta sin reforma constitucional, en este caso elevando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la base de la igualdad de derechos.

El Gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, echó leña al debate cuando en la celebración de la Constitución planteó la necesidad de otra reforma constitucional para posibilitar la nueva repostulación del actual mandatario. Allí mismo, el senador provincial Tommy Galán, expresó su disposición a revisar la Constitución, pero no sólo para la reelección, sino también para otros asuntos.

Sin conocer los pronunciamientos locales, el párroco Juan José Zaro, quien ofició un tedeum por el aniversario de la Constitución dominicana, criticó que ésta haya sido modificada 39 veces “para satisfacer intereses particulares como el de la reelección”. Y aprovechó para clamar contra la corrupción y la impunidad.

Dividiría hasta el PLD

Tanto en público, como en privado crece el rechazo al debate sobre otra reforma constitucional para la reelección, aunque no son pocos los que creen que si el presidente se lo propone con los recursos del Estado logrará vencer tanto la resistencia en su propio partido, como la externa, como ha sido constante en la historia nacional. Sobre todo porque estiman muy débil la oposición política, y subestiman la fuerza desatada en el país por la Marcha Verde, a lo que se atribuye gran parte de la caída de la valoración del gobierno de Medina, de 12 puntos este año en Gallup-HOY y 24 puntos en el Latinobarómetro del 2016 al 2017, para quedar en 51y 52%, respectivamente.

Han proliferado las advertencias de que un nuevo proyecto reeleccionista, que desconocería los acuerdos del 2015 en el Comité Político del PLD para “blindar la Constitución”, dividiría profundamente el partido gobernante. Fue la reacción esta semana del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, miembro del organismo, quien agregó que dividiría también a la sociedad dominicana, que no está preparada para un tercer mandato consecutivo.

Igual advertencia formuló esta semana el politólogo  y consultor político Daniel Pou,  y recientemente el exgobernador de Santiago y miembro del Comité Central del PLD José Izquierdo. El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, también consideró que el debate busca dividir el PLD, estimándolo “traído por los moños” por sus enemigos, aunque el mismo día la directora de la Oficina Nacional de Estadística y aliada política Alexandra Izquierdo no solo planteó la reforma constitucional, sino también que se deje abierta la reelección sin límites.

Avalancha de rechazos

El pronunciamiento de Subero Isa provocó una avalancha de rechazos, incluso de dos jueces del Tribunal Constitucional, Jottin Cury y Wilson Gómez, quienes no dudaron en señalar la prevalencia de la Constitución como ley de leyes. Los diputados oficialistas Henry Merán, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa estimaron que la Constitución es muy clara sobre el debate y que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución. En eso coincidió el  experto constitucionalista Namphi Rodríguez, desde su Fundación Prensa & Derecho.

Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, adscrita al empresariado, emitió el martes un comunicado donde considera “inoportuno tanto el debate con ese propósito, como la propia reforma”, y advierte que un proceso de reforma constitucional sólo para la reelección presidencial “podría desembocar en situaciones que no contribuirán al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica”.

Las reacciones a los pronunciamientos reeleccionistas en los medios de comunicación y las redes sociales fueron tan fuertes que se cebaron en Subero Isa, sin distinguir lo que señaló como una posibilidad, no necesariamente su preferencia personal, aún después que aclaró que no aboga por la reelección y que sólo señaló percepciones.

Peralta pone frenos

            El rechazo en la opinión pública fue tan fuerte que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, salió el jueves a contener los reeleccionistas, asegurando que “el Presidente Danilo Medina ni el Gobierno están en reelección; su enfoque y prioridad consisten en seguir trabajando en procura de la mejoría del pueblo”, Indicó que la coyuntura es diferente a la del 2016, porque todos los proyectos en ejecución terminarán antes de la próxima elección del 2020.

Peralta, quien ha aparecido como extraoficial vocero político de la presidencia, dijo en febrero del 2015, apenas tres meses antes de la última reforma constitucional reeleccionista, que “el Gobierno no está enfocado en hacer cosas populistas, sino que está trabajando para tratar de hacer el mejor gobierno posible”, y señaló que en su oportunidad el presidente se referiría  al asunto.

Al parecer todavía el presidente Medina no ha considerado necesario referirse directamente al tema, aunque el 12 de junio pasado, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y presidente de la Refinería de Petróleo, dijo que el mandatario le había autorizado a asegurar que no buscará una nueva reelección. El 12 de agosto el super  Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo afirmó tajantemente que el presidente Medina sólo gobernará hasta el 16 de agosto del 2020.

Se impone el realismo

El frenazo emitido por Peralta se imponía dado la pendiente de rechazo en que se metió el proyecto y las circunstancias políticas y gubernamentales. La encuesta Gallup-HOY de la semana pasada mostró un panorama cambiante, tanto a lo interno del PLD como en el ámbito nacional, que sería imprudente no tomar en cuenta.

Resaltó una cierta recuperación electoral del expresidente Leonel Fernández, ante la imposibilidad constitucional de Medina, al ser señalado como el líder del PLD tanto por el universo encuestado como por los que se dijeron peledeistas, con diferencia de 45 a 30 y 45 a 34 por ciento sobre Danilo, mientras tanto la Gallup como Latinobarómetro y otra reciente de Mrk Penn-Sin, marcan pesimismo sobre la situación general del país.

Así mismo, la división interna del PLD ha imposibilitado que Medina imponga su mayoría en el Comité Político para imponer las elecciones con padrón abierto para las candidaturas, y así abrir la posibilidad de utilizar ese mecanismo como referéndum para, con todo el poder estatal, lograr una amplia votación interna por Danilo que viabilice en el PLD la posibilidad de volver a reformar la Constitución para postular al gran líder nacional.

Por otro lado, la obra cumbre del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, está en una nebulosa, tras el reclamo de 708 millones de pesos adicionales que ha formulado la constructora Odebrecht, con la notificación de que no serían terminadas hasta el 2019. Podría retrasarse mucho más si el Gobierno mantiene su resistencia a pagar más de lo contratado, compelido por una opinión pública que la cree ya sobrevaluada por corrupción. El miércoles el ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que ya la Odebrecht había bajado de 500 millones de dólares su reclamo, en medio de versiones de que el Gobierno contacta abogados para un arbitraje internacional, que según expertos tomaría un mínimo de dos años, con peligro de no terminar la obra en el período de Medina.-

           

La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda postularse a otra reelección,  ya en abierta discusión, genera tanto rechazo que hasta dividiría a su partido, por lo que el vocero político José Ramón Peralta aseguró que el mandatario no está en eso                                   Por Juan Bolívar Díaz

El debate de una nueva postulación del presidente Danilo Medina para su reelección, todavía a dos años y medio, ha generado tanto rechazo público y privado y hasta en su propio partido, que su virtual vocero político el ministro administrativo José Ramón Peralta tuvo que salir a asegurar que el mandatario no está en eso.

Con la aprobación de Medina en picada en las encuestas, con serias dificultades financieras y en su obra cumbre de las plantas de carbón, y sin poder imponer las primarias abiertas, que serían utilizadas como referendo para justificar otra postulación, el debate parece más temerario que imprudente.

El Día de la Constitución

            La conmemoración festiva del Día de la Constitución en San Cristóbal el lunes 6 impulsó el prematuro debate sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar a una tercera elección consecutiva, aún con el precepto constitucional que la limita a dos períodos y nunca más y un mandato transitorio que se lo prohíbe a él expresamente por el acuerdo en su partido para posibilitar la reforma constitucional del 2015 que permitió su continuidad el año pasado.

El tema lleva ya meses (ver “La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina”, HOY, 16 de septiembre), pero esta semana cobró mayor vigor, propulsado, entre otros, por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien encendió las tribunas cuando expresó su convicción de que el presidente Medina buscará otro período con o hasta sin reforma constitucional, en este caso elevando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la base de la igualdad de derechos.

El Gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, echó leña al debate cuando en la celebración de la Constitución planteó la necesidad de otra reforma constitucional para posibilitar la nueva repostulación del actual mandatario. Allí mismo, el senador provincial Tommy Galán, expresó su disposición a revisar la Constitución, pero no sólo para la reelección, sino también para otros asuntos.

Sin conocer los pronunciamientos locales, el párroco Juan José Zaro, quien ofició un tedeum por el aniversario de la Constitución dominicana, criticó que ésta haya sido modificada 39 veces “para satisfacer intereses particulares como el de la reelección”. Y aprovechó para clamar contra la corrupción y la impunidad.

Dividiría hasta el PLD

Tanto en público, como en privado crece el rechazo al debate sobre otra reforma constitucional para la reelección, aunque no son pocos los que creen que si el presidente se lo propone con los recursos del Estado logrará vencer tanto la resistencia en su propio partido, como la externa, como ha sido constante en la historia nacional. Sobre todo porque estiman muy débil la oposición política, y subestiman la fuerza desatada en el país por la Marcha Verde, a lo que se atribuye gran parte de la caída de la valoración del gobierno de Medina, de 12 puntos este año en Gallup-HOY y 24 puntos en el Latinobarómetro del 2016 al 2017, para quedar en 51y 52%, respectivamente.

Han proliferado las advertencias de que un nuevo proyecto reeleccionista, que desconocería los acuerdos del 2015 en el Comité Político del PLD para “blindar la Constitución”, dividiría profundamente el partido gobernante. Fue la reacción esta semana del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, miembro del organismo, quien agregó que dividiría también a la sociedad dominicana, que no está preparada para un tercer mandato consecutivo.

Igual advertencia formuló esta semana el politólogo  y consultor político Daniel Pou,  y recientemente el exgobernador de Santiago y miembro del Comité Central del PLD José Izquierdo. El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, también consideró que el debate busca dividir el PLD, estimándolo “traído por los moños” por sus enemigos, aunque el mismo día la directora de la Oficina Nacional de Estadística y aliada política Alexandra Izquierdo no solo planteó la reforma constitucional, sino también que se deje abierta la reelección sin límites.

Avalancha de rechazos

El pronunciamiento de Subero Isa provocó una avalancha de rechazos, incluso de dos jueces del Tribunal Constitucional, Jottin Cury y Wilson Gómez, quienes no dudaron en señalar la prevalencia de la Constitución como ley de leyes. Los diputados oficialistas Henry Merán, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa estimaron que la Constitución es muy clara sobre el debate y que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución. En eso coincidió el  experto constitucionalista Namphi Rodríguez, desde su Fundación Prensa & Derecho.

Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, adscrita al empresariado, emitió el martes un comunicado donde considera “inoportuno tanto el debate con ese propósito, como la propia reforma”, y advierte que un proceso de reforma constitucional sólo para la reelección presidencial “podría desembocar en situaciones que no contribuirán al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica”.

Las reacciones a los pronunciamientos reeleccionistas en los medios de comunicación y las redes sociales fueron tan fuertes que se cebaron en Subero Isa, sin distinguir lo que señaló como una posibilidad, no necesariamente su preferencia personal, aún después que aclaró que no aboga por la reelección y que sólo señaló percepciones.

Peralta pone frenos

            El rechazo en la opinión pública fue tan fuerte que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, salió el jueves a contener los reeleccionistas, asegurando que “el Presidente Danilo Medina ni el Gobierno están en reelección; su enfoque y prioridad consisten en seguir trabajando en procura de la mejoría del pueblo”, Indicó que la coyuntura es diferente a la del 2016, porque todos los proyectos en ejecución terminarán antes de la próxima elección del 2020.

Peralta, quien ha aparecido como extraoficial vocero político de la presidencia, dijo en febrero del 2015, apenas tres meses antes de la última reforma constitucional reeleccionista, que “el Gobierno no está enfocado en hacer cosas populistas, sino que está trabajando para tratar de hacer el mejor gobierno posible”, y señaló que en su oportunidad el presidente se referiría  al asunto.

Al parecer todavía el presidente Medina no ha considerado necesario referirse directamente al tema, aunque el 12 de junio pasado, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y presidente de la Refinería de Petróleo, dijo que el mandatario le había autorizado a asegurar que no buscará una nueva reelección. El 12 de agosto el super  Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo afirmó tajantemente que el presidente Medina sólo gobernará hasta el 16 de agosto del 2020.

Se impone el realismo

El frenazo emitido por Peralta se imponía dado la pendiente de rechazo en que se metió el proyecto y las circunstancias políticas y gubernamentales. La encuesta Gallup-HOY de la semana pasada mostró un panorama cambiante, tanto a lo interno del PLD como en el ámbito nacional, que sería imprudente no tomar en cuenta.

Resaltó una cierta recuperación electoral del expresidente Leonel Fernández, ante la imposibilidad constitucional de Medina, al ser señalado como el líder del PLD tanto por el universo encuestado como por los que se dijeron peledeistas, con diferencia de 45 a 30 y 45 a 34 por ciento sobre Danilo, mientras tanto la Gallup como Latinobarómetro y otra reciente de Mrk Penn-Sin, marcan pesimismo sobre la situación general del país.

Así mismo, la división interna del PLD ha imposibilitado que Medina imponga su mayoría en el Comité Político para imponer las elecciones con padrón abierto para las candidaturas, y así abrir la posibilidad de utilizar ese mecanismo como referéndum para, con todo el poder estatal, lograr una amplia votación interna por Danilo que viabilice en el PLD la posibilidad de volver a reformar la Constitución para postular al gran líder nacional.

Por otro lado, la obra cumbre del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, está en una nebulosa, tras el reclamo de 708 millones de pesos adicionales que ha formulado la constructora Odebrecht, con la notificación de que no serían terminadas hasta el 2019. Podría retrasarse mucho más si el Gobierno mantiene su resistencia a pagar más de lo contratado, compelido por una opinión pública que la cree ya sobrevaluada por corrupción. El miércoles el ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que ya la Odebrecht había bajado de 500 millones de dólares su reclamo, en medio de versiones de que el Gobierno contacta abogados para un arbitraje internacional, que según expertos tomaría un mínimo de dos años, con peligro de no terminar la obra en el período de Medina.-

           

Buen aporte al periodismo

A1    Por Juan Bolívar Díaz

El Análisis del Desarrollo Mediático en la República Dominicana publicado la semana pasada por el Colegio Dominicano de Periodistas, auspiciado por el Programa  Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la Unesco, constituye un importante aporte para la comprensión de los factores que degradan progresivamente el ejercicio del periodismo en el país.

Recogido en un libro de 200 páginas, se fundamenta en estudios anteriores, en una encuesta sectorial que abarcó a 331 periodistas, una encuesta nacional de credibilidad con una muestra de 1,200 hogares y entrevistas a ejecutivos, así como grupos focales, bajo la coordinación del reconocido periodista y profesor Adalberto Grullón, y con un amplio y representativo consejo consultivo.

Periodistas, propietarios, ejecutivos de los medios, académicos y dirigentes gremiales, deben echarle una mirada profunda a este estudio para tratar de entender las serias limitaciones con que se ejerce el periodismo en el país, derivadas básicamente de muy pobres condiciones salariales y laborales que han reducido el margen de independencia de los periodistas y generado su cooptación por los poderes públicos.

El problema comienza por lo que pareciera una ventaja, el enorme aparato mediático dominicano, desproporcionado para ser sustentado por la publicidad de un mercado de consumidores de 10 millones y medio de personas, la mitad de escaso  poder de compra. Son 8 periódicos diarios, 46 canales de televisión, 379  radioemisoras comerciales y 92 comunitarias y 90 compañías de televisión por cable, cada una de las cuales oferta decenas o cientos de canales nacionales e internacionales. Más cientos de periódicos y blocks digitales

El estudio no cuantifica la cantidad de programas de radio y televisión diarios o semanales producidos a nivel nacional, ni las revistas y otros impresos que también compiten por un pastel publicitario que se divide en miles de fragmentos, pero que se concentra en pocos medios, especialmente de la televisión, que capta el 70 por ciento, dejando a la mayoría cada vez más débil y expuesta a las manipulaciones y cooptaciones del poder político y económico, en detrimento de la hipoteca social del periodismo.

Directamente vinculado al minifundio mediático está el bajo salario promedio de los periodistas, de apenas 25 mil 730 pesos mensuales, estimado en apenas algo más del 50 por ciento del prevaleciente en América Latina y el Caribe. Consecuencia directa es que 53% de los periodistas tienen al menos dos empleos, de los cuales sólo el 23% en  otro medio de comunicación como segunda fuente de ingreso y se ven forzados a jornadas laborales muy extensas que degradan sus vidas y la calidad de su trabajo. El 27.8% al menos 10 horas, y el 27.4% entre 10 y 15 horas diarias. Resalta que todavía el 43% carece de estudios universitarios de comunicación, y 11 por ciento apenas completó la educación secundaria.

En esas circunstancias  los periodistas han sido presa fácil de los políticos y funcionarios que los ponen en nómina, una parte sin mayor compromiso de horario, con salarios que en promedio duplican los de las empresas periodísticas. Como una alta proporción vive de programas propios de radio y televisión y de publicaciones digitales, se convierten en vendedores de publicidad, en detrimento de su independencia, sobre todo porque también tienen que cobrarla. La confusión ética y la dependencia son innegables.

No es sorprendente entonces la baja valoración de la profesión por parte de la sociedad, registrada en el estudio. El 60% cree que el periodismo dominicano no se ejerce con independencia, el 69% que no guarda distancia de las fuentes informativas y el 70% que no está libre de la corrupción.

La situación del periodismo nacional es muy preocupante. El estudio formula recomendaciones, pero es obvio que no hay soluciones fáciles. Pero por lo menos debería obligar a reflexiones y debates en los gremios, las academias y las empresas.-

        

Gallup-HOY: perdida la batalla corrupción-Odebrecht-Catalina

                                                 Por Juan Bolívar Díaz

            La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana evidencia que el Gobierno del Presidente Danilo Medina tiene perdida la batalla frente a la corrupción y en particular en torno al escándalo Odebrecht y la contratación de las plantas de Punta Catalina con opiniones negativas de hasta más del 90 por ciento de la población.

En perspectivas de candidatura presidencial la situación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue incierta por la prohibición de la reelección, por lo que Leonel Fernández se mantiene como alternativa, pero el que aparece  mejor situado es Luis Abinader para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Rechazo a la corrupción

Si algo aparece absolutamente claro en la última encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es que la ciudadanía dominicana está tomando consciencia sobre la corrupción hasta el punto que el 89% la considera en niveles alarmantes y aparece como segundo problema nacional para el 35%, después de la delincuencia que lidera para el 71%.

Así mismo el 72% desaprobó la gestión gubernamental en torno a la delincuencia y 68 sobre la corrupción administrativa, mientras el 53% cree que ahora hay más corrupción que en el primer período del presidente Medina y otro 26 la estima igual, lo que implica que 79% no advierte que la hayan combatido eficientemente, aunque un 43 opina que han hecho esfuerzos por disminiunirla, contra un 53% en sentido contrario. El 67% estima  negativa la actuación frente a la inmigración, en tanto un 58% desaprueba la Presidencia por la corrupción.

La sociedad está impactada por los grandes escándalos de corrupción que se han presentado en los últimos tiempos, especialmente el de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, señalado por el 74%, seguido de los expedientes de Félix Bautista, los aviones Tucano y las tragedias de la Oficina de Ingnieros Supervisores de Obras del Estado y la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses.

Hasta hace poco, la preocupación por la corrupción fue asunto secundario, expresada por las élites sociales y clases medias, pero se  ha extendido en todos los niveles y hasta entre simpatizantes del partido gobernante. Fue causa y consecuencia de la aparición del Movimiento o Marcha Verde que se ha etendido este año por todo el país.

Odebrecht y plantas Catalina         

La investigación de Gallup evidencia que todo el aparato propagandístico del gobierno, especialmente para defender las plantas de carbón de Punta Catalina, no ha podido contener la convicción generalizada de que están salpicadas por la corrupción. El 68% estima que hubo irregularidades, 90%  en la licitación y 78 en la adjudicación, y peor  aún un elevado 91% consideró que están sobrevaluadas.

En torno a la investigación del escándalo de sobornos y sobrevaluaciones de la Odebrecht el 57% no se muestra satisfecho con la gestión del Ministerio Público mientras un elevadísimo 93% estima que faltan otros en el expediente de acusaciones que generaron medidas de coerción a fines de mayo pasado.

Con tan elevada proporción que cree que las plantas Catalina están sobrevaluadas, el gobierno tendrá mayores dificultades para salir del impasse que mantiene con la constructora Odebrecht, la cual ha reclamado otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no el año próximocomo se había programado, sino ya para el 2019. Aunque el reclamo trascendió a fines de agosto, dos meses después permanece en denso silencio, como ha sido la pauta desde el inicio de la mega obra que aprentemente perseguirá al presidente Medina hasta más allá de su mandato. Es significativo que el 78% considera que no se apega a la verdad el informe de la comisión presidencial que investigó la contratación de las plantas.

En cuanto a la elaboración del expediente a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht, el plazo de 8 meses para formalizar acusaciones vence a fines de enero próximo y hay pocas expectativas de que presenten pruebas suficientes más allá de las generalidades que indicó la jueza Miriam Germán, y mucho menos de que se amplíen las indagatorias a otros presuntos responsables. Hace dos semanas el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que por falta de dinero, no se había avanzado en las auditorías para determinaar si hubo sobrevaluaciones en las obras contratadas con Odebrecht, lo que causó estupor en la opinión pública.

Cae la valoración de Danilo

            La encuesta efectuada en la segunda mitad de Octubre registra una considerable caída de la valoración del presidente Danilo Medina, ahora con 51%, 12 puntos menos que los 63 que registraba en la anterior, de febrero pasado. Cuando se pregunta por sus cinco años de gobiero sube al 55%. En dos encuestas del 2015 su valoración estaba en 82%, y en el 2014 entre 87 y 91%.

Resulta significativo que se mantiene un acendrado pesimismo en la percepción sobre la economía nacional que registran las encuestas. El 79% considera que  el país va por mal camino, 5 puntos más que el 74 registrado en febrero, con un 74 %, las tres cuartas partes de la población, opinando que la situación económica es mala o muy mala, 2 puntos menos que en febrero, y el 52% califica de mala o muy mala su eonomía  personal.

El 37% de la población estima que el país se mantiene estancado, pero otro 24% dice que se está atrasando, y sólo el 36 por ciento lo aprecia en progreso, no obstante que el gobierno martillea por todos sus medios una optimista visión de progreso, de superación de la pobreza y auge del empleo y un alto crecimento económico en promedio de 6 por ciento, aunque reducido a menos del 5 este año.

Un factor que pudiera estar incidiendo es la percepción, para el 63% de que la ineguridad está en incremento, dado el hecho de que la delincuencia es señalada como el principal problema nacional.

Abinader bien situado

En términos políticos, Luis Abinader es quien aparece mejor situado en las preferencias electorales de cara al 2020, aunque para los comicios faltan años y medio.  En el universo de los encuestados es el que mayor porcentaje logra con 29, mientras Danilo Medina alcanza 21, afectado por la porohibición de la reelección  presidencial, y Leonel Fernández el 17%.

Abinader nás que duplica en prefrerencias generales a su contrincante para la candidatura presidencial del PRM Hipólito Mejía. Pero cuando se le preguntó a quienes se confesaron smiembros o simpatizantes de ese partido, la diferencia fue abismal, 69 a 14%, mucho mayor que el 70 a 29 con que se definió la primaria que en el 2015 eligió candidato al economista Abinader.

En el PLD se advierte una cierta recuperación del expresiente Leonel Fernández, quien en el univeso de la encuesta queda sólo 5 puntos por debajo de Medina, 22 a 17%, y entre los simpatizntes o miembros del PLD 35 a 25 %, pero con el mandatario sin poder postularse, Fernández aparece muy por encima del resto, y quien le sigue es su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, con registros de 6% en el universo y también entre los peledeistas. El resto de los mencionados como preferidos no pasa del 2 por ciento en ambos escenarios.

Ito Bisonó asciende en el universo de los encuestados superando en simpatías a Quique Antún apenas con 7 y 6%, pero entre los reformistas social cristianos Antún lo triplica 31 a 10%. –

 

 

 

 

Gran oportunidad para el PRM

Por Juan Bolívar Díaz

Desde su fundación hace tres años sobre las ruinas del edificio político que durante décadas fuera el Partido Revolucionario Dominicano, se ha estado esperando que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se constituya en un nueva esperanza que impulse el rescate del partidarismo y la actividad política democrática en el país y represente una nueva opción de poder.

En las encuestas de los últimos años Los partidos políticos y el Congreso Nacional aparecen sistemáticamente como las instituciones de menor credibilidad, con 23 y 15 por ciento en el Latinobarómetro de este año, y en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial la confianza de los dominicanos en la política ocupa el escalón 136 entre 137 países del mundo, sólo peor en Brasil.

Lo más relevante es que nuestros partidos y dirigentes políticos siguen tratando de ignorar las señales que le viene dando la ciudadanía, sin dar los pasos precisos para contener el deterioro, como ha quedado mostrado durante casi un cuarto de siglo que se discute la necesidad de una profunda reforma electoral que revitalice el partidarismo y rescate la actividad política. En el debate sobre la ley de partidos ha quedado de manifiesto que el liderazgo político ni siquiera confía que tenga capacidad para presentar padrones de militantes, por lo que algunos quieren imponer a toda costa la votación universal de los ciudadanos en la elección de candidatos a todos los niveles.

El PRM figura entre las organizaciones que propugna porque sean los miembros de cada partido los que elijan sus candidatos en votaciones primarias democráticas y está culminando un proceso de empadronamiento para de inmediato renovar su dirección nacional el 26 del mes en curso. Después volverían a abrirlo para ampliar la membrecía antes de escoger candidaturas para los comicios del 2020.

Cuando corrían rumores sobre supuestos intentos por frenar el proceso, la dirección ejecutiva de ese partido reafirmó el cierre del plazo de inscripción en el país el 31 de octubre y en el exterior el 6 de noviembre. Ahora enfrentan el desafío de elegir democráticamente sus dirigentes, lo que no ocurre en los grandes partidos desde hace casi dos décadas.

Los perremeistas están obligados a dar ejemplo de responsabilidad, organización y democracia interna, si quieren realmente constituirse en una alternativa para amplios segmentos de una ciudadanía que ha perdido la fe en sus organizaciones políticas. Ellos constituyen la principal alternativa al desgastado partido gobernante, y el año pasado lograron un 35 por ciento de los votos presidenciales, cuando apenas se habían constituido y en desventajas competitivas descomunales.

Hay quienes critican que más de un dirigente aspire y luche por la candidatura presidencial, lo que debería ser visto como expresión de democracia, pero se constituye en un elemento de desconfianza  por el canibalismo y la falta de respeto a los procedimientos democráticos que ha caracterizado la política nacional de las últimas dos décadas.

´Sería un paso trascendente que el PRM tenga éxito en sus propósitos de empadronamiento y elección de dirigentes. Pero es preciso mucho más, por ejemplo, que ese partido y sus legisladores demuestren fehacientemente que quieren cambiar el salvajismo político. Ahora mismo tienen otra oportunidad si respaldan el establecimiento de un límite de 100 mil dólares para los automóviles que exoneran a los congresistas.

No es sólo el privilegio de la exoneración de impuestos, sino el negocio ilegal, corrupción, de vender las exoneraciones, de defender el derecho a lucrarse a costa del fisco, para que otros puedan importar Lamborghini Huracán de 206 mil dólares, casi 10 millones de pesos; Ford GT de 250 mil dólares; Porche de 599 mil dólares; o hasta un Ferrari Enzo de 3.2 millones de dólares, o 152 millones de pesos.

El partido que empiece a predicar con el ejemplo, comenzará el rescate de la política y se convertirá en una institución respetable. A ver si se animan los perremeístas.-

 

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La corrupción y el despilfarro atrapan al gobierno y al país

El informe de Oxfam que estima la malversación en 90 mil millones de pesos éste año debería disparar todas las alarmas y reivindicar el mandato legal del pacto fiscal para contener los déficits y el endeudamiento que ya alcanza 570 millones de pesos por día

                             Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el ministro de Hacienda lo estimara exagerado, el informe de Oxfam Internacional de que el gobierno malgasta este año más de 90 mil millones de pesos en corrupción, clientelismo y dispendio fue recibido con preocupación y renueva la necesidad de dar vigencia al pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

El informe reactiva la preocupación por la sostenibilidad económica del país, sobre todo a la luz del proyecto de presupuesto para el 2018 que replica un enorme déficit fiscal  cubierto con endeudamiento que en el último año crece a ritmo de 12 millones de dólares por día, equivalentes a 571 millones de pesos.

Contradictorio  crecimiento

            En la introducción del estudio “Se buscan recursos para garantizar derechos”, Raúl del Río de Blas, director para RD de Oxfam, una prestigiosa institución que opera en más de 90 países, comienza por resaltar que a pesar del sostenido crecimiento económico de los últimos 30 años, el país no ha podido reducir significativamente los nieles de pobreza y desigualdad que afectan a una amplia mayoría de la población.

De ahí que desarrollaran un amplio proceso de investigación y análisis del gasto público y de determinadas partidas del presupuesto nacional, determinando que “existe un amplio espacio de reorientación presupuestaria para garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males endémicos para la gobernabilidad democrática, como son la corrupción, el uso clientelar de la nómina pública o la duplicidad de funciones de entidades gubernamentales”.

Entre sus objetivos señala elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, ante el pendiente Pacto Fiscal dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012, llamando a restablecer la confianza de la población y su actitud para contribuir fiscalmente. RD ocupa el tercer lugar en la región en la escala de justificación de la evasión de impuestos, y el segundo que menos recauda, 13.1% del PIB en 2016.

La debilidad de las instituciones del Estado y la desconfianza en la clase política son señaladas como obstáculos para el pacto fiscal que debió estar en vigencia desde el 2016, y que sigue relegado por el gobierno, aunque  la conclusión esta semana del pacto eléctrico, arduamente negociado durante  casi tres años, concentrará la atención en el fiscal. El tercero, el pacto por la educación, está en vigencia hace dos años.

Costo de la malversación

El estudio analiza cinco renglones para establecer lo que se podría ahorrar el Estado dominicano con políticas de eficiencia, honradez y racionalidad: la nómina púbica, la corrupción, entidades que sobran, gasto clientelar y otros, donde se incluye el subsidio eléctrico. Para el año en curso el dispendio en esos renglones es cuantificado en 90 mil 920 millones de pesos, que subirían a 96 mil 872 en el 2018 y alcanzarían a 117 mil en el 2020.

El renglón de mayor malversación es el de las botellas, o uso político de la nómina pública, estimada para este año en 39 mil 250 millones de pesos, 1.1% del PIB. Resalta que RD es el sexto país de AL y el Caribe en mayor proporción de empleados públicos por habitante, con 58 mil 313 por cada millón, aunque el promedio regional de 48 mil 351, y que es 28% mayor en relación con los países centroamericanos.  Señala que la Presidencia de la República tiene más empleos que 9 ministerios juntos, con incremento del 62% del 2016 al 17, que el Despacho de la Primera Dama suma tantos empleos como los ministerios de la Mujer y de Administración Pública juntos, y que el Inespre, con casi 2 mil empleados, tiene más personal que los sumados por cuatro ministerios.

La corrupción es estimada sólo en 0.7 por ciento del PIB, montando 26 mil 292 millones de pesos. Ese estimado es conservador, ya que el mismo informe indica que el Fondo Monetario Internacional la estima a nivel mundial en promedio del 2% del PIB, y la RD figura entre los países de mayor corrupción en los índices del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

Por la duplicidad de funciones u organismos que sobran, la malversación alcanzaría este año 12  mil 821 millones de pesos. Se agregan otros 5 mil 123 millones de pesos en gasto “potencialmente clientelar”, y 7 mil 434 en otros, como el subsidio eléctrico. Señala una serie de entidades que sobran y concluye en que su eliminación podría ahorrar 31 mil millones de pesos por año.

Déficit y endeudamiento

El informe de Oxfam, elaborado por los economistas Rafael  Jóvine y Rosa Cañete, llegó en una coyuntura apropiada al estar pendiente la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos para el próximo año, bastante relegado en el debate público por los escándalos de corrupción y la distracción del proyecto de ley de partidos. Esta semana los dos mayores partidos de oposición, el Revolucionario Moderno y el Reformista Social Cristiano, insistieron por separado en denunciar la pieza como ratificadora del rumbo fiscal insostenible.

Para el PRM el gobierno prosigue el modelo aplicado desde el 2008, de presupuesto deficitario, altamente clientelar, mala distribución, centrado en el gasto corriente en detrimento del capital, sin variación proporcional en lo institucional, bajo nivel en los servicios sociales, sobreestimación de los ingresos y aumento en el financiamiento bruto,

El PRSC puso acento en el carácter altamente deficitario del proyecto de presupuesto, el cual conllevaría un déficit de 4 mil 265 millones de dólares, sosteniendo que requerirá un financiamiento real de 9 mil 419 millones de dólares en el 2018.

Por su parte el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, rescató la preocupación del sector por los déficits  y el galopante  endeudamiento, señalando que este “se está tornando en algo que debemos ponerle atención”.

La deuda pública se incrementó en el 2016 en 3,459.7 millones de dólares, según el registro oficial, lo que implicaba 288.3 millones por mes y 9.61 millones de dólares diarios. Pero de abril del 2016 a igual mes del 2017 el crecimiento se elevó a 4 mil 326 millones de dólares. Eso significa 12 millones de dólares cada día, equivalentes a 571 millones de pesos. La deuda consolidada del Estado alcanza ya el 50% del PIB, lo que ha generado reiteradas advertencias, incluyendo las del FMI.

El difícil proyecto de Faride

          La joven diputada del PRM Faride Raful se montó sobre la ola de preocupaciones por el dispendio y la sostenibilidad fiscal cuando esta semana sometió al Congreso un proyecto de ley “de reorganización de la administración pública” que pretende disolver 57 instituciones, comisiones u organismos públicos considerados inoperantes o redundantes, lo que ahorraría unos 15 mil 700 millones de pesos anuales. Aunque ella misma adujo que han sido identificados más de un centenar que deberían ser disueltos.

Los más significativos de esos organismos, aparecen señalados también en el informe de Oxfam y han sido objeto de cuestionamientos durante años. Son expresiones concretas del reparto clientelar y rentista en que se ha fundado el partidarismo político. El proyecto de la abogada Raful es más que nada un llamado de atención, pues ella misma debe ser consciente de que la mayoría oficialista del Congreso no aprobaría ni la décima parte de su  propuesta.

El aferramiento a ese reparto es lo que determina que el gobierno no haya querido convocar al pacto fiscal, consciente de que sectores políticos y la mayoría de las instituciones sociales, llamadas a ser parte de la concertación, comenzarían por reclamar la disolución de las agencias de repartición, como paso preliminar para hablar de las mayores cargas fiscales que requiere el desarrollo nacional. Fue lo que ocurrió en el 2012 al comienzo del gobierno de Danilo Medina, que rápidamente revocó el propósito.

La evasión del mandato legal del pacto fiscal se ha convertido en una trampa para el gobierno, necesitado de mayores recursos, que los intenta mejorando la gestión recaudatoria, obviamente insuficiente. La salida ha sido el incremento del déficit fiscal financiado con endeudamiento progresivo que atrapa también al país y cuestiona la sostenibilidad fiscal. El informe de Oxfam es otra campanada, pero pocos creen que será tomado en cuenta.-

     

Tabla 12

 

Estimación de ahorro fiscal si se elimina malgasto, 2017-2010

En millones de RD$ y porcentaje del PIB
2017 2018 2019 2020 Promedio 2018-2020 Peso ponderado
               
Botellas/uso político nómina pública Absoluto 39,250 47,041 55,597 64,981   55,873   52.52%
% del PIB 1.1% 1.2% 1.3% 1.4%    
                   
CORRUPCIÓN Absoluto 26,292 27,344 28,437 29,575   28,452   26.74%
 % del PIB 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%    
                   
ENTIDADES QUE SOBRAN Absoluto 12,821 13,334 13.868 14,422   13,875   13.04%
 % del PIB 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%    
                   
GASTOS POTENCIALMENTE CLIENTELARES: PUBLICIDAD + VIÁTICOS + «5% USO DISCRECIONAL PRESIDENTE» Absoluto 5,123 5,328 5,541 5,763   5,544   5.21%
   % del PIB 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%    
                   
TRANSFERENCIAS AL SECTOR ELÉCTRICO Absoluto 7,434 3,826 1,771 2,331   2,643   2.48%
 % del PIB 0.2% 0.10% 0.04% 0.05%    
                   
Totales por año Absoluto 90,920 96.872.5 105,214 117,072   106,386   100%
 % del PIB 2.5% 2.5% 2.4% 2.5%    
Fuente: elaborado con base en las estadísticas presupuestarias y supuestos considerados. 2017-2020
 PIB nominal (proyección oficial) 3,620,231 3,953,292 4,316,995 4,714,158

          

 

De parrandas y juergas judiciales

Por Juan Bolívar Díaz

            Los que durante más de un mes abogamos, por diversos medios de comunicación porque se estableciera el paradero del convicto por asesinato Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito, tenemos que celebrar que finalmente la Procuraduría General de la República  haya podido establecer lo que era de dominio público: que no estaba muerto, sino que anda de parranda.

La circunstancia es propicia para que, así como todos los medios llevan dos semana entretenidos con los múltiples detalles  de la espectacular desaparición de Quirinito, ahora concentren atención en demandar a la misma Procuraduría General que presente todos los detalles de la juerga policíaco-judicial del 24 de septiembre que costó la vida al teniente de la fuerza aérea George Alberto Mateo Aquino.

Lo de Quirinito está en vías de esclarecimiento, aunque eso no sea garantía de que la justicia castigará a todos los responsables de la parranda. Quedan aún muchas dudas sobre cómo fue posible un concierto tan amplio de voluntades judiciales para ayudar a un convicto de asesinato, condenado definitivamente a 30 años de prisión, si todo fue por dinero  o en cumplimiento de una voluntad superior, o en pago de una deuda familiar con el meritísimo tío conocido como Quirino, que dejó a la defensiva al expresidenteLeonel Fernández.  .

Lo establecido es que el atento juez de ejecución de la pena, de San Cristóbal, trasladó al convicto a una cárcel de San Francisco de Macorís, donde piadosos  procuradores fiscales  solicitaron que le dieran el prisión domiciliaria para que se tratara un cáncer. Otra jueza generosamente aceptó que la garante de la condicionalidad fuera la propia esposa del interesado. Ha trascendido que “se basó” en un certificado médico expedido diez días después. Y un médico legista “certificó la muerte” de Castillo Paniagua, no por el cáncer, sino a causa de un infarto. Aunque luego no se ha podido establecer dónde está la sepultura y se ignora si la esposa, abogada y “garante” está siendo procesada por complicidad. Hubo antes otro trato exquisito cuando al prisionero le permitieron salir de la cárcel para contraer un matrimonio que debió efectuarse en el recinto..

El asesinato del teniente Mateo Ogando no genera tanta morbosidad como la parranda de Quirinito, pero es igualmente escandaloso. Las connotaciones parecen indicar  que es otra tragedia derivada de la repartición de los terrenos de lo que fuera el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), como la que el 14 de febrero originó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en pleno trabajo en San Pedro de Macorís y el alegado “suicidio” del matador de aquellos, una víctima de estafa que perdió todo juicio.

Fue una juerga policíaco-judicial, o quién sabe si también política. Tiene que haber muchos intereses en juego, para que un contingente policial realizara un desalojo de decenas de viviendas, alrededor de las tres de la madrugada de un domingo, sin previa notificación ni disposición judicial, ni acompañamiento  judicial.

Pudiera estar vinculado a la plusvalía de los predios de Cerros de las Américas, por su proximidad al gigantesco proyecto Ciudad Juan Bosch. El teniente, como muchas otras personas, con más de una docena de años ocupando esos predios, se levantó sobresaltado cuando las maquinarias demolían sus viviendas y sus reclamos originaron una balacera que le costó la vida y heridas a varios.

Tres semanas después se ignora quién fue el responsable de ese asesinato. Ni el reclamante del terreno, ni ningún detalle legal justificativo. Se cree que pudiera ser una empresa a la que el CEA le “vendió”  en el 2001 más de 13 millones 696 mil 987 metros cuadrados por 821 millones de pesos, de los cuales sólo adelantaría 20 millones, y que pagaría el resto con las ventas de la urbanización “Ciudad Ecológica de las Américas”, hasta ahora sólo soñada. Nadie se sorprenda si esos terrenos han sido revendidos o puestos en una nueva asociación lucrativa.

A ver si alguien se anima a exigir una explicación de esta sangrienta juerga, y si la Procuraduría General se adelanta esta vez al clamor de justicia, haciendo una pausa sobre sus investigaciones de la tragedia macorisana y la de Los Tres Brazos, para quedarnos sólo en terrenos del CEA.-

Leonel lanza su proyecto ante intento de liquidarlo

reLa lucha en el PLD por cerrar toda posibilidad de retorno al poder de Leonel Fernández se sobrepone a la institucionalidad democrática y si logran imponer la elección de candidatos con padrón abierto, terminarán desguañangando los partidos

                                               Por Juan Bolívar Díaz               

            Lo que tiene en dificultades al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es una sórdida y adelantada lucha por el predominio de la corriente gobernante empeñada en cerrar definitivamente las posibilidades de que el expresidente Leonel Fernández obtenga la candidatura presidencial para el 2020 y pueda retornar al poder.

Aunque el presidente Danilo Medina tiene el control de una gran mayoría del Comité Político de su partido, un conjunto de factores políticos e institucionales le dificultan imponer las elecciones primarias con padrón electoral abierto como es su preferencia, por lo que Fernández aprovecha para lanzar mover su proyecto “RD-2044”.

Prolongada indecisión

            Una vez más el Comité Político del PLD no pudo lograr acuerdo sobre lo que para algunos es fundamental en el proyecto de ley de partidos, obligar a todos a elegir sus candidatos con el padrón general de ciudadanos. Como es característica en ese partido, no hubo confrontación abierta, pero quedaron bien claras las diferencias y los protagonistas. También que alrededor de dos terceras partes de los 34 titulares del organismo respaldan la posición del presidente Danilo Medina, que es ahora quien reparte los sobrecitos, como diría su antecesor.

Pero a pesar de una proporción tan alta a favor de la posición oficial, no se decidió otra cosa que reenviar el caso ante una novedosa instancia, un consejo de unos cinco expertos constitucionalistas que dirían si la obligatoriedad del padrón abierto estaría acorde con la Constitución de la República.

Como la desconfianza ya es pauta, ahora muchos se preguntan quién tendrá la última palabra en la integración de ese consejo de sabios constitucionalistas, con el problema de que varios de los más reconocidos en esa materia están ya en funciones oficiales, como Olivo Rodríguez Huerta embajador en España, y otros, como Eduardo Jorge Prats, son consultores de organismos estatales. Habrá quienes no se sentirían cómodos en una tarea difícil con el gobierno tratando de ignorar una sentencia de inconstitucionalidad sobre la materia en disputa.

Como no se ha indicado plazos, para la constitución del consejo ni para que evacuen sus conclusiones, el reenvío parece sin tiempo limitado, quedando en el aire el trabajo de la Comisión Congresual Bicameral que estudia el proyecto, en teoría sujeta a los plazos reglamentarios hace tiempo vencidos. De hecho esa comisión está en receso hace más de un mes, subordinada a la voluntad de la cúpula del partido gobernante. Pero al fin de cuentas el proyecto de ley de partidos se ha discutido a lo largo de los  cuatro períodos que el PLD ha agotado en el poder, además del de Hipólito Mejía, en un interregno.

Cerco muy generalizado

            Dentro del danilismo hay quienes quisieran pasarle el rolo al temido “vengativo Leonel Fernández”, pero el repartidor Medina no se caracteriza por dejarse dominar de la emotividad y debe reconocer  que el escenario nacional no favorece su posición, porque se ha generalizado el rechazo a las primarias obligatorias con padrón abierto.

De hecho cada semana son más los sectores que se pronuncian al respecto, muchos sin entender por qué se ha podido convertir en fundamental tal obligatoriedad, cuando en apenas un puñado de naciones democráticas se ha impuesto tal mecanismo de elección de candidaturas. Ante una pregunta en el telediario Uno+Uno, Felucho Jiménez reconoció haber sido portador de la sugerencia de que se aprobaran las primarias dejando a cada partido escoger el tipo de padrón, en cualquier caso con verificación de la Junta Central Electoral. Adujo que lo rechazaron. De hecho el proyecto de ley establece, y eso fue consensuado, que cada partido tendrá que someter su padrón a la JCE y actualizarlo en febrero de cada año.

El padrón abierto no tiene el apoyo completo de ningún partido, pues divide tanto al PLD como al PRD, que es el segundo que oficialmente lo ha apoyado. La oposición encabezada por el PRM y el PRSC, ha militado en contra, advirtiendo que su imposición implicaría una crisis institucional y que lo llevarían a los órganos constitucionales. El Foro Permanente de Partidos, que agrupa a una docena de aliados del PLD, también ha rechazado la imposición, lo mismo que las instituciones sociales y hasta empresariales.

Pero el mayor obstáculo que frena los ímpetus es que ya la Suprema Corte declaró inconstitucional en el 2005 la “Ley de Primarias” 286-04 que establecía  la elección simultánea de los candidatos de todos los partidos, bajo responsabilidad de la JCE y con  padrón abierto. Y la sentencia 023-2017, del 27 de septiuembr4e pasado, sobre un conflicto en el PRSC planteó que lo “legal, lógico y democrático” es que sean los delegados de cada partido quienes escojan sus candidatos, validándolo en “la facultad de libre autodeterminación de los partidos” establecida en el artículo 216 de la Constitución.

Ultimo chance de Leonel

            Leonel Fernández advirtió los riesgos institucionales del padrón abierto en la reunión del Comité Político, fundándoseo básicamente en lo constitucional y evadiendo confrontar la posición del grupo gobernante. Más confrontativo ha sido el doctor Franklin Almeyda, de los principales fundadores del PLD. Mientras legisladores y dirigentes que hablan bajo reservas, advierten que la propuesta se sazona con ingredientes antileonelistas.

Un activo diputado confió que “Leonel sabe que no puede dejarse atrapar ni vencer como cuando la reforma constitucional que permitió repostular  y reeligir a Danilo, porque sería el final de su liderazgo”. Es la razón por la que la noche siguiente a la infructífera reunión de la cúpula, el expresidente estaba en Barahona, con sus files, promoviendo su proyecto “República Dominicana 2044”, año hasta el cual debería gobernar el partido morado para completar la obra de salvación nacional, según lo proclamó el mismo Leonel en el 2010.

La oficina de prensa de Leonel Fernández distribuyó una información del acto de martes 3 en Barahona, indicando que asistieron  representantes de los sectores empresariales, académicos, comunitarios, políticos y funcionarios provinciales y municipales. Agregó que allí se presentó todo “un vasto conjunto de infraestructuras” contempladas para la provincia de Barahona en el “proyecto RD-2044”. La promoción de la precandidatura de Fernández comenzó hace meses en reuniones similares y en las redes sociales. El ex senador Bautista Rojas y el ex procurador general Radhamés Jiménez, aparecen entre los principales animadores.

Liquidarían los partidos     

En privado, un veterano izquierdista aconsejaba que no se hiciera tanta oposición al establecimiento de las primarias obligatorias simultáneas, con padrón abierto, “para ver si esos partidos corruptos se acaban de joder”, convencido de que potenciarían a los lúmpenes y traficantes para determinar candidatos en todos los niveles, desde la presidencia a las regidurías.

La compra de votos que se practica hace tiempo en la elección general se extendería a la primaria, o de candidatos. En congresuales y municipales, donde se pueden definir candidatos por cientos y hasta decenas de votos, los traficantes de toda laya y los administradores estatales podrían comprar miles de votos para vencer a sus propios compañeros de partido.

Mil votos a mil pesos, solo costarían un millón de pesos, suma apenas inicial para buscar una candidatura a regidor. Y el mercado de compra estaría en dos tercios del padrón que en el 2020 andaría sobre 7 millones. El promedio de votantes en las Congresuales y municipales separadas apenas pasaba del 50 por ciento.

Si se trata de candidaturas presidenciales las  complicaciones serían mucho mayores, pues 100 mil votos comprados a mil pesos sólo costarían  100 millones de pesos, lo que gastan algunos candidatos a senadores y a alcaldes. Con la adición de que el control de los poseedores de tarjetas de los programas sociales del gobierno sería otra fuente de obtención de votos, que podrían ser no sólo para el precandidato favorito en el propio partido, sino también para el preferido en el contrincante.

Agréguese el caos en que devendría el cómputo de los votos de cada uno de unos 48 mil precandidatos en cuatro boletas separadas por los partidos mayoritarios. En el 2016, la JCE pasó dos semanas para computar los votos preferenciales para 190 diputados, con menos de 2 mil  candidaturas.-

El indoblegable Randolfo Núñez

Por Juan Bolívar Díaz
2587Como a todos los heroicos soldados de la Revolución Constitucionalista, al coronel Randolfo Núñez Vargas la vida se le va agotando más de medio siglo después de esa gesta, sobreviviendo modestamente, pero con la dignidad y la honorabilidad que le han caracterizado en todas sus circunstancias. En las últimas semanas libra intensa batalla contra un mal renal que lo ha colocado a la defensiva y en retaguardia, vigilado estrechamente por Mariana Brito, su compañera de toda la vida.Lo conocí y aquilaté a partir de 1966 cuando llegó al México donde yo estudiaba, exiliado como agregado militar a la embajada dominicana, como ocurrió en diferentes países con Francisco Alberto Caamaño Deñó, Montes Arache, Peña Taveras, Héctor Lachapelle y otros de los más relevantes soldados que reivindicaron el honor de las Fuerzas Armadas con la restauración del orden constitucional y se jugaron la vida enfrentando la descomunal invasión militar norteamericana.

El entonces capitán Núñez Vargas se quedaría exiliado en México hasta 1973 y después otros dos años en Guatemala, y en ambos países fue ejemplo de decoro como militar y diplomático. Se vinculó a los dominicanos que cursábamos estudios de grado y postgrado en la capital azteca, a los que procuró ayudar en todo lo que podía, y más tarde a los exiliados que llegaron en los años 1969-71.

Randolfo fue para muchos una revelación. No concebíamos tanta integridad y generosidad en un oficial militar, ni tanto empeño en superarse, aún en circunstancias de adversidad. Como le gustaba la literatura y la escritura alguna vez intenté llevármelo para la escuela de periodismo donde yo fui docente al volver a México a finales de 1970, entonces yo también auto exiliado. Pero se transó por un diplomado en mercadeo.

En el apartamento de Randolfo y Mariana estudiantes y exiliados encontrábamos de todo, incluyendo el contacto con intelectuales y personalidades de diversos ámbitos, como la pareja de sociólogos haitianos Gerard Pierre-Charles y Susy Castor, catedráticos de la UNAM, que nos enseñarían a reivindicar la fraternidad en la isla.

Núñez Vargas era solo teniente del Ejército en abril de 1965, pero de servicio en el Palacio Nacional, lo que le permitió convertirse en clave para la captura de ese bastión fundamental y la destitución del espurio gobierno golpista horas después de la proclama constitucionalista. Sus doblegados superiores, salvados luego por la invasión extranjera, nunca le perdonaron y por eso lo marginaron y extrañaron del país al final de la contienda.

De retorno en 1975, evadió ser reintegrado a las fuerzas armadas al servicio del general Beauchamps Javier y de la Cruzada del Amor de doña Emma Balaguer. Y cuando el propio presidente Balaguer le manifestó su disposición de ayudarlo “en lo que quisiera”, el orgulloso militar respondió que todo lo que quería era su reintegración plena al Ejército en el que se había formado. El mandatario adujo que tenía enemigos que se oponían, aconsejándole: no sea terco capitán Núñez. Fue retirado con un sueldo de 278 pesos.

Tras la transición democrática fue designado en la Dirección General de Migración, donde sería subdirector con asiento en Santiago, director de Extranjería y fundador de una escuela donde se formaron más de un millar de agentes. Algunas veces me tocó asistir de expositor ante su alumnado. Hace algunos años se le revaluó su pensión con el grado de coronel y 21 mil pesos, mucho menor que la de cientos que nunca han servido al Estado, pero de lo que su dignidad no le permite quejarse.

En su natal Bonao lleva varios años retirado de funciones públicas, no así de sus otras grandes pasiones, el cultivo de seres humanos, de plantas frutales y florales, nacionales y exóticas, y la defensa del medioambiente. Allí Colombo y yo lo hemos sorprendido varias veces para recordar los años fraternales del México lindo y querido y para hacerle un “saludo militar” al grito de ¡salve soldado de la patria!