Por Juan Bolívar Díaz

Un informe hecho público esta semana por el economista y consultor José Rijo demuestra que la Cámara de Cuentas definitivamente no cuenta o por lo menos que no se puede contar con ella para la función fiscalizadora que le atribuyen el artículo 79 de la Constitución y su ley orgánica número 10-04, con la que hace tres años se pretendió actualizar y potenciar ese organismo.

La Cámara de Cuentas fue incluida en un plan para la modernización del Congreso Nacional que contó con un financiamiento de más de 20 millones de dólares, básicamente del Banco Interamericano de Desarrollo. Como en tantas otras instituciones estatales, la modernidad se ha quedado en un edificio con mayores comodidades, con la limpieza e higiene que faltan en nuestras escuelas y hospitales.

En el Congreso también está muy lejos de materializarse la modernización, si se toma en cuenta la confusión de roles que se registra entre los senadores atribuyéndose funciones del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que financian inconstitucionalmente, con fondos del Presupuesto Nacional, el cultivo clientelista con el que tendrán una vergonzosa ventaja frente a cualquiera que les dispute la reelección.

Cuando fue diputado, José Rijo fue de los que impulsó el proyecto de modernización y ahora como consultor realizó un análisis del informe entregado al Congreso Nacional por la Cámara de Cuentas sobre la gestión estatal del año pasado. Su conclusión no podría ser más devastadora: “que el Congreso Nacional debe desaprobar este Informe de la Cámara de Cuentas para el Año Fiscal 2006, en virtud de los errores, omisiones, irregularidades y violaciones a la Constitución y las leyes, según dicho informe;   además que los responsables no han sido identificados para ser sujetos de las sanciones previstas en la ley”.

Rijo hace múltiples revelaciones al analizar el informe del 2006, pero es casi seguro que lo mismo ocurriría con el del 2005 y de años anteriores. La responsabilidad es compartida por el Congreso Nacional que tampoco analiza nada, renunciando complacientemente a su papel fiscalizador del Poder Ejecutivo, lo que también es tradicional, pero que era uno de los atrasos institucionales que se buscaba superar con el proyecto de modernización. Hay quienes sostienen que hace varios años que el Congreso no cumple con aprobar el informe anual de la Cámara de Cuentas.

La Ley 10-04 atribuye a ese organismo la responsabilidad de auditar o analizar la ejecución del presupuesto anual de la nación, así como de los ayuntamientos y las entidades autónomas y descentralizadas, “mediante auditorías financieras y de gestión, estudios e investigaciones especiales”, cuyos resultados debe enviar al Congreso.

Señala el Informe numerosas violaciones a la ley de presupuesto, incluyendo ejecuciones menores y superiores a las asignadas, sin ser amparadas por las transferencias legales correspondientes. También establece diferencias en los montos que debieron pagarse de deuda pública, sin que la Cámara indique la menor responsabilidad ni explicación.

Por ejemplo, la Cámara de Cuentas consigna que la Oficina Supervisora de Obras del Estado gastó 1, 876.9 millones de pesos adicionales a su presupuesto, mientras la Secretaría de Educación sólo ejecutó el 92 por ciento de lo que tenía asignado. En ningún caso señala justificativo ni responsabilidad.

Resalta Rijo que una alta proporción de las entidades estatales y oneges subvencionadas ni siquiera rindieron el informe correspondiente de su gestión del 2006, sin la menor consecuencia. Sólo lo hizo el 58 por ciento de las 65 instituciones autónomas, descentralizadas y empresas estatales registradas en la Cámara de Cuentas. Y de éstas, un 37.9 por ciento presentan errores y omisiones. Algunas tan significativas como que el Banco Central formuló un presupuesto de 662 mil 399 millones de pesos, pero ejecutó 779 mil 717, una variación del 18 por ciento.

La proporción de los 153 ayuntamientos y 211 juntas de distrito que rindieron cuentas fue casi la misma, 59.6 por ciento, registrándose una reducción de la cantidad de estos que tienen sus cuentas actualizadas. La carencia de informes es más grave en cuanto a las 3 mil 645 onegés subvencionadas. Sólo el 7.4 por ciento remitió las informaciones pertinentes, y   de ellas sólo el 2.7 por ciento lo hizo en el tiempo reglamentario.

Para colmo la propia Cámara de Cuentas violó el artículo 28 de   su ley orgánica al no incluir en su informe la auditoría correspondiente a su ejecución del 2006.