Por Juan Bolívar Díaz

            Cuando se anunció que el presidente Hipólito Mejía emprendería un viaje de diez días por España, Marruecos y Africa del norte, a partir del 16 de mayo próximo, hubo quienes pusieron en duda la información. Se creyó que era imposible que el mandatario saliera del país el mismo día de una elección. Pero la información fue ratificada y entonces no faltaron quienes vieran en el hecho un signo claro del avance institucional de la nación.

            A pesar del pesimismo que frecuentemente nos induce a creer que somos el último rincón del mundo y carecemos de virtudes sociales y capacidades organizativas, el país avanza a pasos firmes al fortalecimiento de su sistema electoral y al mejoramiento de la democracia representativa.

            Hay resistencias ciertamente, y hasta intentos de regresión, en un sistema partidario y social donde el engaño, la demagogia, el clientelismio y el rentismo político y las prácticas autoritarias tienen profundas raíces culturales. Pero a contrapelo de eso avanzamos.

            Anteriormente un presidente no se iba por diez días del país sin tener amarrado hasta el último cabo de la estructura política. No se le ocurría en mediod e un proceso electoral, por temor a lo que pudiera pasar. Y es que cada torneo electoral constituía un desafío a la capacidad de convivencia nacional, y al aguante ante la trampería y la imposición.

            No hace más que unos años todavía que los procesos electorales eran tan inciertos y llenos de riesgos abismales que ponían en juego la estabilidad económica y generaban contracción de los agentes del desarrollo. Ahora, por el contrario, las campañas electorales son para muchos sectores productivos incentivo a la actividad económica.

            Estamos convocados a las urnas el próximo día 16 y la realidad es que la ciudadanía no está asaltada por la duda de la trampa, ni de la asonada ni de la rebelión. Con las dos votaciones de 1996 y las del 98 y 2000, esta será la quinta elección consecutiva sin trauma. Esperamos que, al igual que en las cuatro anteriores no se produzca ni una sola impugnación de mesa electoral. Y que quien gane, ganó y quien pierda perdió.

            Más aún en la actual campaña electoral se han producido nuevas expresiones de la madurez democrática nacional. Por un lado la reducción de la violencia a algunas escaramuzas, porque todavía quedan quienes disfrutan escandalizando. Y por otro es cada vez es menos ostensible el uso de los recursos estatales en la campaña electoral.

            No nos atrevemos a afirmar que no se abusa en absoluto. Creo que falta mucho para llegar a ese estadio. Alguien podría aducir que es menos ostensible el abuso de lo público porque se hace con más eficiencia. Pero creo que la realidad es que estamos haciendo conciencia de que la competencia electoral democrática tiene que respetar las reglas del juego, entre las cuales resalta la igualdad de condiciones entre los competidores.

            Todavía el presidente aprovecha la recta final de la campaña para inaugurar obras públicas, que es una forma subliminal de hacer campaña. Y alguna vez hasta eso debe ser superado en aras de la igualdad entre los competidores.

            Pero ya no anda con el ejército, la polícía y los ministros repartiendo cheques, levantando las banderas de su partido y pronunciando discursos en las plazas públicas a favor de sus candidatos.

            El mérito no es exclusivo del ciudadano Hipólito Mejía. Diría que es fruto de las luchas de la sociedad por adecentar la actividad electoral. Y que el mandatario simplemente se está inclinando ante la sensibilidad nacional, tal vez más que nada porque ya en los dos últimos torneos electorales se demostró que el abuso de los recursos públicos no necesariamente es rentable. Señales inequívocas de que avanzamos.

            Falta mucho por mejorar y para ello será necesaria una nueva reforma a la ley electoral, y especialmente la aprobación de una ley de partidos políticos, anunciada por el presidente de la Junta Central Electoral, para regular la recepción de financiamiento, público y privado, la extensión de la campaña electoral y la regulación de la propaganda, con mecanismos específicos de control y sanción.

            Urge establecer reales controles sobre las finanzas de los partidos y candidatos, para que sean más transparentes y se disminuya el rentismo que se deriva de los aportes individuales y empresariales que a menudo se constituyen en reales inversiones de las que se espera luego alta rentabilidad.

            La prohibición de propaganda y manifestaciones electorales en las vías públicas y los medios de comunicación fuera del período de 90 días de la campaña electoral, es otro objetivo fundamental para reducir el dispendio y el rentismo, así como el clientelismo que pasa de las campañas al ejercicio de las funciones públicas.

            Avanzamos a este 16 de mayo con una mejor y más firme organización y arbitraje electoral, por lo que no debemos abrigar la menor inquietud sobre el resultado, a no ser que los colegios electorales cerrados y las decepciones de la política pueden seguir incrementando el abstencionismo.

            Nos falta muchísimo por avanzar. Sobre todo en relación a las expectativas de los grupos y personas privilegiadas por su amplia visión social y democrática y apego a los principios fundamentales de la convivencia. Pero tenemos que reconocer y celebrar cada metro que avanzamos para tener mayor claridad de los kilómetros que nos quedan por delante.-