Reformas políticas urgentes

Por Juan Bolívar Díaz

            Una de las prioridades fundamentales en materia de reformas políticas en el país es una ley de partidos políticos que paute las elecciones primarias y establezca límites a la extensión y gastos de las campañas electorales, como forma de abaratar el costo de la política y preservar la democracia de los vicios de la corrupción.

            Resulta indiscutible que el país vive en campaña electoral permanente, con un gasto cada vez más desbordado, que a la vez incentiva la corrupción administrativa, el tráfico de tono género, incluyendo el lavado de dinero, y las ventajas de los más afortunados, es desmedro de los políticos más honrados y comprometidos con las transformaciones que demanda la nación.

Apenas pasaron los comicios congresionales y municipales de mayo pasado, cuando se iniciaron las luchas por las candidaturas presidenciales para el 2008. Y esas luchas no son un simple ejercicio de exposición de proyectos, ideas y programas, sino que se convierten en una gran empresa, con agentes vendedores y cobradores, nómina fija, enormes gastos de publicidad y para comprar adherentes en el propio partido y en un sistema comunicativo que se pudre progresivamente en proporciones alarmantes.

            Cada vez será más frecuente que las candidaturas a los cargos electivos se definan en función de la capacidad financiera de los individuos, de sus habilidades para buscársela sin importar principios ni valores y del poder económico de sus patrocinadores y relacionados.

            De esa manera la democracia seguirá degradándose y convirtiéndose en una actividad de mero tráfico empresarial y la corrupción, en todas sus expresiones, seguirá desbordada, socavando los cimientos mismos de la institucionalidad y arrastrando a la nación a la encerrona del colapso partidario, que suele desembocar en la incertidumbre y la desestabilización.

            Es obvio que esas flaquezas están afectando la democracia no sólo en el país sino en muchos otros de América Latina y del resto del mundo. Pero en otras partes se hacen esfuerzos por contrarrestarlas con legislaciones que tiendan a contener los desbordamientos. Tal es el caso de México, donde en los últimos años se ha legislado para limitar la inversión publicitaria de los candidatos y el financiamiento a los partidos.

            Estados Unidos hace tiempo que estableció esos límites, gracias a lo cual no se mide el potencial de los candidatos por la generosidad con que “resuelven”ni por las dimensiones de su cartera. Hay que hacer liderazgo en los partidos, en el Congreso, las gobernaciones o los distritos.

            La tentación es mayor cuando se trata de naciones donde significativas proporciones de la población buscan un ascensor que los conduzca velozmente a la riqueza, por lo que es más urgente que se establezcan mecanismos preventivos y de contención.

            Otras reformas que deberán contribuir a preservar la democracia dominicana incluyen una urgentísima congelación del número de diputados y regidores, así como de la división territorial. Y ojalá al sistema político se le metiera un haz de iluminación y decidiera también convertir el sistema legislativo en unicameral.

            Estas últimas reformas son de orden constitucional y deberían discutirse el día en que definitivamente nos aboquemos a una revisión integral de la Constitución de la República. Claro que será muy difícil que los mismos agentes políticos enquistados en el Congreso aprueben ese tipo de iniciativa, aún cuando puedan ser promovidas por los más iluminados de sus dirigentes y miembros.

            Por eso la importancia de que el liderazgo social esté representado en una reforma constitucional, mediante un mecanismo de elección democrática como el que acordó en el 2001 la Comisión Especial que elaboró un proyecto de consenso que instituiría una asamblea constituyente.

Mientras acopiamos fuerzas y voluntades para esas reformas, por lo menos es fundamental que integremos la Junta Central Electoral con personalidades capaces de ejercer contención en el sistema partidista, aplicando las limitadas leyes de que disponemos, que de hecho establecen límites por lo menos a los períodos de campaña.

La ley electoral también deja margen para iniciar una mayor vigilancia de los ingresos y gastos de los partidos y candidatos. El párrafo II de su artículo 52 indica que “La Junta Central Electoral solicitará a la Contraloría General de la República, que audite los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes”.

            En nuestra actual realidad tal planteamiento parece utópico, pero es fundamental para preservar el sistema partidista y la democracia dominicana. Ojalá los dirigentes políticos lo comprendieran antes de que sea demasiado tarde.-

 

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