Por un proyecto de nación

Por Juan Bolívar Díaz

No es por accidente ni tampoco por coincidencia que en las últimas semanas se viene manifestando todo un movimiento de opinión pública encaminado a lograr que la educación ocupe el primer lugar, que le corresponde, en la escala de las inversiones y el gasto del Estado. Primero un foro promovido por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, luego se manifiesta todo un Movimiento socioeducativo Dominicano que mantiene en Internet un documento para la firma de todas las personas preocupadas.

Más adelante un comunicado de Acción Pro Educación, (EDUCA). Es que en estas semanas la Oficina Nacional de Planificación prepara el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el año venidero y hay que aprovechar la coyuntura para reclamar al Gobierno el cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97.

El próximo año, cuando esta ley va a cumplir su primera década, es circunstancia más que propicia para que por primera vez se cumpla su artículo 197 que establece que a la educación se le debe destinar cada año “un mínimo del 16 por ciento del gasto público total o un cuatro por ciento del producto bruto interno” (PIB) y sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes.

Aunque todos los gobiernos y líderes políticos nacionales plantean que la educación es la base fundamental del desarrollo y prometen darle prioridad, la realidad es que el gasto no ha pasado nunca del 3 por ciento del producto bruto, y que este año ha estado ligeramente por encima de 2, apenas el 9 por ciento del presupuesto.

“Nuestra inversión en educación, sea expresada como porcentaje del PIB o en dólares por estudiante es de las más bajas de la región.

Los resultados de nuestros estudiantes en las pocas evaluaciones internacionales en las que hemos participado son igualmente pobres.

Cada día es mayor la brecha entre la calidad de la educación en los colegios élites de los grandes centros urbanos y la de nuestras escuelas rurales”. La cita anterior es de EDUCA, fundación del empresariado para promover la educación, la cual llega a sostener que “Las deficiencias de nuestra educación son tan nocivas como la delincuencia y la criminalidad”, ya que impiden que muchos dominicanos puedan acceder a trabajos productivos, condenándolos a la pobreza.

Y porque es responsable de la falta de institucionalización, del creciente deterioro del orden cívico y moral, con sus consecuencias de corrupción, delincuencia y criminalidad.

“Nos encontramos ante la deprimente realidad de que nuestros resultados en cuanto a calidad, eficiencia y equidad de la Educación, siguen estando entre los peores de todos los países de la región”, sostiene.

En un artículo publicado en Areíto, HOY, el sábado 9 de septiembre, Ramón Flores da cuenta de una evaluación del Foro Económico Mundial sobre la capacidad competitiva de 115 países, donde la República Dominicana ocupa el último lugar en calidad de la escuela pública, el antepenúltimo (113) en calidad de la enseñanza de matemática y ciencia, y el 111 en calidad del sistema educativo en general.

El pasado miércoles el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Luis Henry Molina, dijo a HOY que sólo uno de cada diez niños que entran a la educación primaria completan el bachillerato.

De éstos sólo el 20 por ciento llega a carreras técnicas o universitarias, y de los cuales sólo cuatro terminan. Reveló que de 700 abogados que concursaron para el último curso de esa institución, sólo 40 pudieron pasar el examen de admisión.

La convicción general es que esta sociedad ha perdido el rumbo y está en serias dificultades para salir adelante en un mundo de competitividad. Que nuestros niveles de capacitación andan tan bajos que ameritan una verdadera revolución.

El Movimiento Socioeducativo reclama garantizar el derecho de todos los niños y niñas a la educación, la formación actualizada y adecuada de los maestros y educar para una cultura ciudadana de equidad y justicia social.

También dignificar la profesión docente con remuneración que permita a los maestros superar la pobreza y la mendicidad, extender la jornada escolar a 8 horas diarias, reducir el número de alumnos por aula y construir los locales necesarios en plazo de 5 años, con una política de edificaciones equipadas con materiales didácticos adecuados, entre otros aspectos. Como el presidente Leonel Fernández se cuenta entre los más entusiastas proclamadores de la educación como fundamento del desarrollo y expresa frecuentes preocupaciones por la globalización y la brecha digital, es razonable esperar que tome en cuenta este movimiento reivindicativo de la inversión educativa.

Que este Gobierno defina un proyecto de nación fundamentado en el desarrollo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, proclamando la revolución educativa fundamental para reducir la peor de las brechas que es la social. Ojalá que crezca este movimiento sin dar la más mínima tregua hasta conseguir el objetivo.

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