Otro escándalo a reparar

Por Juan Bolívar Díaz
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La última investigación publicada por el movimiento cívico Participación Ciudadana, que devela un tráfico con las exoneraciones para vehículos de las que disfrutan los legisladores, constituye otro escandaloso abuso de poder que debería movilizar conciencias y voluntades nacionales para repararlo, aunque hay razones para temer que en este, como en otros tantos, el deterioro proseguirá su agitado curso.

En primer lugar llama la atención el volumen de dinero que se ha exonerado por impuestos a los legisladores, ascendente a 1,022 millones de pesos entre el 2002 y octubre del 2009, para la importación de 678 vehículos por un valor en puerto de 1,993 millones de pesos, lo que promedia un costo de 2 millones 939 mil pesos por unidad. En el bienio 2008-2009, las exoneraciones sumaron 549 millones de pesos.

En segundo lugar, hay que advertir que se trata de un irritante privilegio en beneficio de un sector de altos ingresos, que ha venido siendo ampliado en los últimos años, precisamente cuando desde hace dos décadas supuestamente se viene desmontando el régimen de exenciones impositivas. Si un humilde maestro de escuela tiene que pagar impuestos por un automóvil utilitario, no se puede justificar que se les otorgue a quienes se encuentran en la franja privilegiada del uno por ciento de mayores ingresos. En tercer lugar, y no menos importante, es que esas exoneraciones se otorgan a los mismos encargados de aprobar las leyes, lo que contraviene el fundamental principio constitucional de que nadie puede legislar en beneficio propio.

Participación Ciudadana resaltó que la ley que originalmente amparó las auto exenciones de los legisladores, la número 50 de 1966,  ha sido objeto de varias modificaciones.

En principio era para un automóvil cuyo valor no excediera los 3 mil dólares y sólo cada cuatro años y sin posibilidad de reventa en ese período, a menos que pagaran los impuestos correspondientes. Ya ahora se otorgan cada dos años y sin límite de precios ni para comercializarlos en el mercado.

La liberalización de las exoneraciones ha permitido la importación de vehículos de hasta 400 mil dólares, como uno que se importó a nombre de un representante de Samaná, una de las provincias más pobres del país. Bajo el amparo de ese privilegio traen las marcas más exclusivas de automóviles fabricados especialmente para el jet set internacional.

Pero lo peor de todo es que en la mayoría de los casos no se trata de vehículos importados en realidad por los legisladores, sino que estos venden las exoneraciones en un real mercado, es decir que trafican, que sacan beneficio a costa del Estado, lo que no está contemplado en la legislación y mucho menos en el más elemental código de ética.

Sabemos que no todos los legisladores se prestan para esta práctica inmoral, pero los que no la practican deberían ser los primeros en tomar iniciativas para imponer límites,  aunque fracasen en el intento. Lo más doloroso es la normalidad con que contemplamos el tremendo deterioro de la ética en la cosa pública.

No hay duda que en cualquier nación de mediana intensidad democrática una denuncia como la que ha documentado Participación Ciudadana sacudiría la conciencia nacional y llevaría a todos los medios de comunicación y a las instituciones sociales a reclamar correcciones y sanciones.

Somos muchos los que nos preguntamos qué tendremos que hacer para empezar a cambiar el curso que lleva la anomia social dominicana. Y a decir verdad, predomina el pesimismo. Pero por lo menos junto con Participación Ciudadana hay que dejar constancia de indignación y rechazo.-

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