No, un gobierno tramposo no

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque muchos no lo crean estoy absolutamente convencido de que es por olvido que el gobierno del presidente Leonel Fernández no ha cumplido la sentencia dictada hace casi un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso de las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bósico, dominicanas de ascendencia haitiana. El próximo sábado 7 de octubre se cumple el plazo de un año otorgado al país para cumplir la sentencia que requirió del Estado dominicano una reforma del sistema del registro de nacimiento, garantizar la educación a todos los niños y niñas residentes en el país, independientemente de su ascendencia u origen, realizar un acto público de desagravio a las niñas discriminadas, pagar una indemnización de 22 mil dólares y publicar la sentencia.

Para los que no recuerdan el caso, la condena se originó en un proceso llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y derivada por ésta a la Corte Interamericana, por habérsele negado la nacionalidad a las niñas Yean y Bósico, lo que les causó problemas para asistir a la escuela. En ambos casos eran niñas de ascendencia haitiana pero sus madres habían nacido en Yamasá, República Dominicana, habían vivido aquí siempre y en su tiempo no tuvieron problemas para que se les reconociera como dominicanas. Con más razón correspondía en el caso de sus hijas.

En el curso del proceso, que duró seis años, las autoridades dominicanas otorgaron el acta de nacimiento correspondiente a las dos niñas, pero tanto el Movimiento de Mujeres Domínico Haitiana como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, California, que impulsaron la instancia, decidieron mantenerla hasta el final, probablemente buscando establecer jurisprudencia.

La razón básica por la que creo que el incumplimiento de la sentencia se debe a un olvido, fruto de los múltiples problemas nacionales que han tenido que afrontar las actuales autoridades, es porque estoy convencido de que el régimen del doctor Leonel Fernández, un jurisconsulto con indiscutible vocación internacionalista, tiene deficiencias y hasta debilidades, pero no puede ser un gobierno tramposo.

Primero no podemos olvidar que fue el presidente Fernández, quien en su anterior gestión gubernamental, el 19 de febrero de 1999, aceptó de pleno derecho la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanas, lo que había quedado pendiente desde el 25 de diciembre de 1977 cuando el Estado dominicano suscribió la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Es decir, que no es posible que el jurista Fernández permita que se desafíe ahora la jurisdicción de una corte a la que él le reconoció calidad para dictaminar en materia contenciosa nacional.

Segundo, porque el 4 de junio pasado, durante una de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en esta capital, el canciller Carlos Morales Troncoso expresó la decisión del gobierno de cumplir la sentencia. Y lo hizo ante el secretario general José Miguel Insulza y los cancilleres de todos los países miembros del sistema interamericano, del cual la CIDH es instrumento fundamental.

Tercero, porque es casi seguro que esa promesa de acatamiento de la sentencia fue una condición previa para que la abogada dominicana Rhadys Abreu de Polanco fuera electa por esa misma asamblea como jueza titular de la CIDH.

Cuarto, porque salir ahora con un desacato no sólo dejaría mal empeñada la palabra y el crédito del gobierno, sino que pondría en penosa situación a la jueza Abreu de Polanco, quien por demás fue representante del Estado dominicano en el largo proceso del caso.

Y quinto, porque el desacato abriría una nueva campaña de denuncias internacionales contra el Estado dominicano, cosa que para nada necesita este gobierno empeñado en mejorar la situación del país en el concierto mundial, y que quedaría como tramposo al haberse comprometido a acatar la sentencia, y conseguido tener una jueza en la CIDH para luego desconocerla.

No, este gobierno tiene sus debilidades, pero tanto como tramposo no. Por eso seguro que esta semana dará los primeros pasos para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-

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