Por Juan Bolívar Díaz

Tal vez porque los años ya hacen mella hasta en el alma o porque esta es la campaña electoral más larga de cuantas he vivido como periodista, o porque nunca había sentido tanta presión para acallarme o descalificarme, estoy necesitando un descanso que espero tomar tan pronto transcurra la elección presidencial, pero mientras tanto tengo que tomarme siquiera un descansito este fin de semana.

 Estas campañas electorales tan extensas, virulentas, primitivas y salvajes terminan dividiendo profundamente la sociedad dominicana, a las familias, a los vecinos y los compañeros y compañeras de trabajo y actividades sociales, dejando ronchas, decepciones y agravios que se erigen en muros divisorios que impiden la convivencia y la intercolaboración.

Al cansancio del escándalo, del derroche y la inequidad se une la decepción porque una vez más hemos llegado a una elección sin haber establecido las normativas que ya son comunes en cualquier democracia, hasta en las de mediana intensidad, para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, para evitar que la acumulación de dinero de cualquier origen, y que el abuso de los recursos del Estado sean decisivos en la elección de las máximas autoridades.

 Agradezco las muestras de solidaridad recibidas desde que trascendió que me objetaban como observador de Participación Ciudadana por antecedentes penales relacionados con la ley sobre tráfico y consumo de drogas. Desde el primer momento lo tomé de relajo, convencido de que era un error. No señalaban mi nombre, pero aludían a los numerados 17 y 748 del primer listado impreso de observadores presentado por PC a la Junta Central Electoral (JCE) y yo ocupaba el primero de esos números. No me han dado ninguna explicación, pero alguien dijo que en la numeración de Excel subí al número 18, y que el aludido es otro ciudadano de igual apellido.

 Creció mi convicción de que era un error y que no pretendían vincularme con drogas, aunque pudieron haberme encontrado entre la “decena de observadores registrados en el Sistema de Investigación Criminal” (SIC), según indica el comunicado publicado por la JCE.

 Y había razón para incluirme en ese fichaje que maneja un departamento de la Procuraduría General de la República y que se nutre de simples sometimientos judiciales, no importa que carezcan del mínimo mérito ante un juez. Ya mi propia esposa pasó un tiempo, sin saberlo, en ese fichaje porque alguien demandó a la institución financiera de la que era directora. Esa demanda no prosperó ni hubo juicio, pero allí siguió hasta que circunstancialmente se enteró años después y tuvo que gestionar para que la sacaran. Yo sí tengo un antecedente, pues en un viciado juicio al vapor en 1996 fui condenado por el teniente Juan María Severino a 6 meses de cárcel y al pago de 2 millones de pesos, por haber denunciado el fraude electoral de 1994 en mi libro Trauma Electoral.

Aquel adefesio judicial fue anulado por la Suprema Corte de Justicia tras dos años de recursos judiciales. El primero en denunciar y apelar aquel atropello político fue el entones Procurador Fiscal del DN, doctor Julio César Castaños Espaillat, que luego sería presidente de la JCE. Y por eso se ganó una demanda por “abuso de poder”, dejada luego sin efecto, pero duró en el SIC hasta el 2006.

He oído que podrían ser miles los ciudadanos fichados en ese instrumento, sin fundamento, sin que lo sepan y en violación a sus derechos. Pero lo peor es que una institución como la JCE pueda violar los derechos de múltiples ciudadanos y vetarlos para observar las elecciones porque aparezcan en ese fichaje o porque alguna vez fueron sometidos a la justicia.

 Como bien documentó el sociólogo Faustino Collado en carta a la JCE, se trata de una grosera violación a los artículos 21, 22, 23, 24 y 39 de la Constitución, y al principio de la presunción de inocencia hasta condena de un tribunal. Eso sí que no es un simple error y debe ser rechazado.-