El Plan Estratégico de Etica Pública

Por Juan Bolívar Díaz

La Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, creada mediante el decreto 101-05 emitido por el presidente Leonel Fernández el 16 de febrero pasado, se anotó un crédito esta semana con la presentación de su Plan Estratégico de Etica Pública, Prevención y Sanción de la corrupción.

Se trata de un magnífico plan de trabajo, fruto de varios meses de labor de la comisión que encabeza el doctor José Joaquín Bidó Medina, uno de los hombres que ennoblece la política nacional, y de la que forman parte otros distinguidos juristas y actuales funcionarios Francisco Domínguez Brito y César Pina Toribio.

Crédito especial en la elaboración del documento corresponde a la unidad técnica de la Comisión, coordinada por el licenciado Gustavo Montalvo e integrada por los también funcionarios Octavio Líster y Julio Aníbal Fernández, así como por Celso Marranzini, Ramón Tejada Holguín y Cristóbal Cardoza, en representación de la Sociedad Civil.

Lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación dejaron en un segundo plano el contenido del Plan Estratégico, opacado por el discurso del presidente Leonel Fernández dedicado a responder el calificativo de estado fallido que otorgara al país la revista norteamericana Foreign Policy.

Es posible que en esa subestimación del documento influyera la extendida sensación de que nos sobran los diagnósticos, proyectos y planes, así como consensos, reglamentos, decretos y leyes para enfrentar los problemas nacionales, pero que no pasan de buenos propósitos, de libros y folletos que nutren la bibliografía nacional.

El marco conceptual del Plan parte del reconocimiento del grave peso que tiene la corrupción en la vida pública nacional, que ha trascendido nuestra geografía al punto de que Transparencia Internacional nos ha colocado en lugar relevante de su Indice de Percepción de la Corrupción. Se nos recuerda que en la campaña electoral de 1996 el presidente Fernández estimó el costo anual de la corrupción pública en 30 mil millones de pesos, suma casi similar al Presupuesto Nacional de aquel año.

El Plan recorre los compromisos nacionales en materia de lucha anticorrupción, resaltando la suscripción de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996, pasando a enumerar las 25 consideraciones en que se fundamenta.

Los objetivos de largo plazo parten de la necesidad de “consolidar una cultura ciudadana que incremente capital social y establezca reglas de juego transparentes, compartidas, legitimadas y referenciadas por el conjunto de la población como la oportunidad común para crecer comunitaria e individualmente”. Se plantea la prevención y la sanción de la corrupción como política de Estado.

Para el corto y mediano plazo la Comisión propone 9 pilares de acción, comenzando por el fortalecimiento del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, la puesta en marcha de la ley 120-01 que instituye el Código de Etica del Servidor Público, y la eficiencia del régimen de presentación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos.

El tercer pilar plantea la aplicación de la ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, señalando como meta inmediata un decreto presidencial que reinstale el principio del concurso como norma general e inalterable para garantizar la carrera y profesionalización administrativa.

Un pilar fundamental es el cuarto que preconiza compras y contrataciones transparentes, teniendo como meta inmediata la promulgación de un decreto presidencial, ya redactado por la misma Comisión de Etica, que establecería un nuevo Sistema Nacional de Compras y Contrataciones del Estado.

Otros pilares proponen metas para lograr una gestión, control y administración financiera eficaz, para la “vigencia real” de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, así como para promover una “política limpia y competitiva” mediante una revisión del financiamiento de los partidos políticos.

Los dos pilares finales no son de menos importancia: plantean el “relanzamiento” de la reforma judicial, con un “mapa de transparencia y eficacia judicial”, y la instauración de un régimen de rendición de cuentas del Estado.

Este primer aporte específico de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción es un documento trascendente, con especificidades concretas, que debe ser ponderado por la opinión pública.

Como la Comisión es uno de sus esfuerzos anticorrupción, debe esperarse que el gobierno del presidente Fernández sea el primero en acoger las acciones concretas sugeridas. Ya desaprovechó el escenario del lanzamiento del Plan Estratégico, que debió engalanarse con la promulgación de los decretos sobre compras y contrataciones y para garantizar la carrera y profesionalización administrativa del Estado.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz