¿Cómo resarcir tanto dolor?

Por Juan Bolívar Díaz
31_05_2015 HOY_DOMINGO_310515_ Opinión13 A

Los “Resultados de la Auditoría al Registro Civil en los años 1929-2007″ presentados el martes 26 de mayo por la Junta Central Electoral (JCE), constituyen una confesión de la magnitud de la injusticia, de la iniquidad y crueldad desatada desde el 2007 contra decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, en alto porcentaje de origen haitiano.

Es seguro que en medio de la crisis del partido de Gobierno ha pasado desapercibido un informe tan revelador de la magnitud y la injusticia del genocidio civil que puso en marcha la propia JCE a partir del 2007 cuando comenzó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento y la emisión de cédulas de identidad a miles de personas por su origen extranjero, por simple resolución administrativa y en flagrante violación de la Ley del Registro Civil, que restringe tal decisión a un dictamen judicial y en casos individuales.

El informe presentado por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se puede resumir en que atendiendo a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional “inventariamos 116,506 libros, que tienen 1 millones 748,568 folios”… “De todas las especificaciones de actas, encontramos que 53,827 libros, que a su vez recogen 10 millones 321,799 folios, dieron lugar a expedientes de personas a revisar”, por lo que “Al final se pudo comprobar que del total de folios auditados, los hallazgos en el Registro Civil, que identificaban los expedientes, o las actas con posibles irregularidades, en el período establecido (1929-2007), apenas representaron el 0.58%, en tanto que el resto, el 99.42% no evidenció la inconsistencia de estos últimos”.

Con alborozo, el informe consigna que “El hecho de que alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción, de conformidad con la ley, demuestra el nivel de profesionalidad con que se manejó el personal de la JCE, libre de prejuicio y comprometido solo con el deber”. Se anuncia que a partir de esta misma semana esperaban completar el procedimiento burocrático para poner las actas a disposición de los afectados.

Para no dejar la menor duda de la barbaridad, el informe precisa que “apenas 132 expedientes de los trabajados darán lugar a un apoderamiento de la justicia”, porque no se correspondían con la ley o que son fruto de falsedad o alteración documental, como efectivamente instituye la Ley 659 del Registro Civil.

Todo lo indicado quiere decir que durante los últimos ocho años se les negó sus documentos a unas 53 mil personas bajo sospecha de que no les correspondía, a causa del fraude de 132. Es decir que la inconsistencia o ilegalidad del 0.58 por ciento privó durante tanto tiempo al 99.42 por ciento de los “sospechosos” de derechos tan fundamentales como a obtener actas de nacimiento, cédula de identidad y electoral, pasaporte para viajar fuera del país, a casarse o divorciarse, inscribirse en una universidad, realizar transacciones inmobiliarias y financieras y muchos otros actos de la vida civil.

Pero no vayan a creer que los afectados son solo esos 53 mil, porque un porcentaje de estos han tenido hijos que no han podido registrar en el lapso de 8 años. Nadie puede precisar cuántos serán, pero con dos per cápita ya estaríamos hablando de 159 mil personas afectadas, con la agravante de que ahora habrá que rescatar a los hijos de las listas de los “deportables” por no haber sido nunca inscritos como dominicanos, o del registro de extranjeros si se acogieron al Plan de Naturalización. A no ser que pretendamos dejar a los padres como dominicanos y a los hijos como extranjeros, lo que ya ha sido denunciado por muchos de los discriminados.

A cualquiera se le ocurriría preguntar por qué la JCE ignoró la Ley 169-14 y no fue transcribiendo las 53 mil actas en la medida en que comprobaba su procedencia, y esperó concluir el último folio, con miles de personas clamando por sus documentos. ¿Cómo ha sido posible tanta desidia y crueldad? ¿Por qué no se siguió el mandato de la Ley 659, lo que implicaba investigar primero y sancionar después a quienes procediera? ¿Cómo y quién resarcirá o indemnizará este inmenso dolor, daño, perjuicio y agravio colectivo?

 

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