Austeridad y nada de malversación

     Por Juan Bolívar Díaz

La penosa triple crisis por la que atraviesa el país, de salud, económica y social, obliga al nuevo gobierno a llevar hasta las últimas consecuencias la austeridad y la reducción de la malversación y el festín de los escasos recursos de una nación que más allá de los eufemismos sigue siendo pobre. Si era irritante el nivel de dispendio, corrupción y reparto clientelista cuando la economía crecía hasta 6 y 7 por ciento anual, ahora es bochornoso, inmoral e inaceptable.  

Como muchos políticos y legisladores no acaban de entender que cientos de miles de dominicanos han perdido sus empleos y otros tantos los tienen suspendidos por los efectos de la pandemia del coronavirus, será necesario que la población se lo estruje entre boca y nariz para que comprendan que tenemos que economizar cada peso, suprimiendo botellas, peluches, barrilitos, cofrecitos, mafias empresariales, subsidios absurdos y reducir el inmenso costo de la política.

El gobierno viene dando muestras de austeridad y ya ha suprimido varios miles de botellones, de subdirectores, subadministradores, vicecónsules, presuntos diplomáticos y simple activistas políticos, también ha encarado mafias como las que monopolizaban las ventas de asfalto, con sobreprecios estimados hasta 60 millones de dólares anuales. 

Se anuncia el despido de 7 mil botellas y “peluches”, denominación de  los hijos de políticos y funcionarios que no hacen vida  militar y han abultado en términos alarmantes las nóminas de las fuerzas armadas, que dicho sea de paso, ya es tiempo de que sea transparentada por completo. Por ejemplo ya debería informarse cuántos generales y coroneles sin mando cobran en los institutos castrenses, están asignados a empresarios y políticos y los que se aprovechan de esos cargos para hacer todo género de negocios, lícitos e ilícitos. 

Los niveles de abuso de lo público llegaron a proporciones irritantes. Ya el gobierno dispuso la reducción y unificación de los consejos del sector eléctrico que durante décadas ha consumido hasta mil millones de dólares anuales en subsidios. Al unificar media docena de consejos directivos, han quedado sólo 9 consejeros  pagados, disminuyendo su costo de  103 a 37 millones de pesos mensuales. 

Gerentes de las deficitarias distribuidoras de energía disfrutaban de tarjetas de crédito para gastos personales de hasta 250 mil pesos y 10 mil dólares. El nuevo director de la Autoridad Aeroportuaria, Jean Luis Rodríguez,  se dio el lujo de anunciar que le basta con un salario sobre los 500 mil pesos mensuales y renuncia a cobrar 50 mil pesos por asistencia a cada reunión administrativa del mismo organismo, así como a una tarjeta de gastos personales de hasta 150 mil pesos y 10 mil dólares.

En ese escenario merece total apoyo la propuesta del presidente Abinader de reducir a la mitad el subsidio a los partidos políticos el próximo año, lo que implicaría un ahorro de 630 millones de pesos. No puede despacharse esa propuesta calificándola de populista,  cuando afectaría al propio partido gobernante, el Revolucionario Moderno, que junto al Partido de la Liberación Dominicana, únicos que obtuvieron sobre el 5% de los votos en las elecciones de este año, estaría llamado a recibir el 80 por ciento de ese subsidio. A cada uno le quitarían 252 millones de pesos.

La reducción a los partidos es más justificada,  porque a consecuencia de las fallidas  elecciones municipales de febrero, celebradas luego en marzo y las presidenciales y congresuales de julio, el subsidio a la actividad política, que en principio fue pautada para 3 mil 13 millones de pesos, terminó sobre los 4 mil. Con el financiamiento a la Junta Central Electoral el costo de la política en este desventurado año sobrepasó los 7 mil millones de pesos. Es indignante el chantaje de que la reducción del financiamiento político dejaría a los partidos a merced de los narcotraficantes. 

El gobierno tiene que avanzar todavía mucho más en la austeridad, en la supresión de  botellones, de barrilitos y cofrecitos, en el control de la corrupción y de la malversación, en la fusión de organismos redundantes, prohibiendo las tarjetas de crédito y los gastos de representación, como los regalos, canastas navideñas, la repartición de hasta 15 y 16 salarios anuales en  numerosas instituciones estatales, autónomas o no, en la contratación de seguros internacionales privilegiados, y en muchos otros capítulos ahora mismo bajo revisión.

Ojalá que los dirigentes políticos, todos los funcionarios, los empresarios sin escrúpulos y toda la ciudadanía registren que la hora demanda austeridad y sacrificios. Antes de que la población desesperada y los más conscientes se los hagan entender.-      

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