La RD vive un proceso de relajación institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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El debate sobre los alcances del Tribunal Constitucional (TC) en vez de afianzar el respeto por la Constitución proclamada hace un año,  parece reflejar un proceso de relajación institucional para crear las condiciones subjetivas que permitan imponer el continuismo presidencial.

Analistas políticos y sociales comienzan a advertir una peligrosa imposición del providencialismo presidencial que no respeta el principio de la separación de poderes y promueve actuaciones que ponen en peligro el Estado de derecho, como la imposición de  gravámenes al margen de la ley.

Proceso involutivo.  Cuando se creía que la nueva Constitución del presidente Leonel Fernández, viabilizada por un pacto con el ahora presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, abriría un período de fortalecimiento institucional se expresan preocupaciones sobre un nuevo avasallamiento del continuismo presidencial.

Las incertidumbres se manejan en los más altos niveles de los sectores económicos y eclesiásticos y en las peñas de los intelectuales y los profesionales, donde se advierte una tendencia a relativizarlo todo en aras del nuevo liderazgo providencial encarnado en el presidente Fernández.

Esta semana hasta la primera dama, doña Margarita Fernández, se lanzó al ruedo de la reelección, proclamando que es el pueblo quien la reclama “y siempre un buen gobernante debe seguir dirigiendo los destinos de una nación”, como si la Constitución  no la prohibiera expresamente, mientras funcionarios y legisladores recolectan firmas, pagadas con dinero, para pedir un referendo que avale el continuismo.

No se ha pasado por alto que fuera el propio gobernante que el mes pasado señalara el camino del referendo como vía para otra repostulación, con el agravante de que lo planteó como sustituto de una reforma constitucional, como si la consulta pudiera sobreponerse a la Carta Magna.

Pero no sólo está en juego el valor de la Constitución, sino también de la palabra del presidente Fernández, quien pactó con Vargas Maldonado para conseguir el apoyo necesario para la aprobación de su proyecto de Constitución. Y en ese pacto el dirigente opositor lo único que ha podido reivindicar es que prohibió la reelección continua, aunque libró al doctor Fernández y al ex presidente Hipólito Mejía (que ahora le disputa la candidatura presidencial del PRD) de la jubilación que le imponía la anterior Constitución al instituir una sola repostulación y “nunca jamás”.

La preocupación la expresan por lo bajo los líderes empresariales, pero la han hecho pública los religiosos, incluyendo a casi todos los obispos católicos, y politólogos y abogados como Rosario Espinal, Andrés L. Mateo, Rafael Toribio, Eduardo Jorge Prats, Servio Tulio Castaños, Santiago Sosa y Francisco Alvarez Valdez. Se resume en el artículo del jurista Carlos Salcedo en el periódico El Día del viernes, en el que advierte que se puede estar abriendo las compuertas del colapso institucional.

Pobre Constitución.  No ha cumplido aún el primer año y la Constitución ya ha sido objeto de  interpretaciones acomodaticias a intereses coyunturales y se han violado varios de los plazos señalados en su Capítulo II “De las Disposiciones Transitorias”.

El primero cuando se eligieron los nuevos titulares de la Junta Central Electoral (JCE) ignorando la séptima disposición transitoria que plantea que los anteriores permanecerían en sus cargo “hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”. Para crear los nuevos órganos, el Tribunal Superior Electoral y una diferente JCE, se requieren leyes orgánicas que aún no han sido aprobadas y el primero no ha sido constituido.

Luego se ignoró que la Constitución incluyó (artículo 112) el “presupuesto, planificación e inversión pública” entre las leyes orgánicas que requieren dos tercios de los votos para su aprobación. Y cuando descubrieron que la Carta Magna dio carácter constitucional a la disposición del 4 por ciento del producto interno bruto para la educación contenida en la Ley 66-97, el Congreso peledeísta resolvió con una nueva figura jurídica, la suspensión por un año de ese mandato.

También fueron violadas las disposiciones transitorias primera y quinta de la Constitución de la República que dan un plazo de seis meses para la creación y entrada en funciones del Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público.

Y ya se da por hecho que también se violará la segunda disposición que da un plazo de un año para poner en vigencia el Tribunal Constitucional, el cual vence el día 26, para lo que sólo quedan 5 días laborables en los cuales es imposible aprobar la ley orgánica, convocar el Consejo Nacional de la Magistratura  y elegir los jueces. Sólo cuatro si el presidente sale de viaje el festivo día 24.

¿Proceso de acondicionamiento?  Un agudo observador que por nada del mundo aceptaría ser identificado, señalaba esta semana que todas estas interpretaciones acomodaticias de la Constitución no pueden ser gratuitas y que podrían formar parte de un proceso para acondicionar a la sociedad para que pueda aceptar la que permitiría la repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar del artículo 124 de su propia Constitución.

Desde luego, todavía son muchos los que no creen que un mandatario con tanto talento y serenidad política y preocupado por su imagen internacional vaya a intentar retorcer la Constitución para buscar un cuarto período de Gobierno y tercero consecutivo.

Aunque otros responden que el virus del continuismo ha carcomido tradicionalmente el cerebro de casi todos los presidentes dominicanos, incluso a otros talentosos y serenos como Joaquín Balaguer.

Las incertidumbres son mayores por cuanto el debate involucra precisamente a los órganos que, como el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, podrían ser llamados a dictaminar si el doctor Fernández se puede repostular, pese a la prohibición constitucional, como formulan los activistas del continuismo, o sobre los alcances del referendo sugerido por el propio mandatario.

El relajamiento institucional ha incluido una tendencia a aumentar las recaudaciones fiscales con mecanismos extrajudiciales, algunos considerados inconstitucionales por las asociaciones empresariales, como la doble tributación dictada esta semana por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en materia de propiedad inmobiliaria, ya con gravámenes de carácter nacional. El año pasado el Gobierno impuso una violación de la Ley de Proindustria, con una modificación de facto del régimen impositivo de las importaciones.  La sensación que se va apoderando de la ciudadanía es que aquí no valen la Constitución ni las leyes y menos los pactos políticos aún proclamados por televisión de cara a la nación, porque el pragmatismo y el salvajismo político validan todas las conveniencias partidistas y hasta individuales, bajo el viejo predicamento de que el poder no se cede ni se transfiere, ni siquiera a los compañeros de partido.

El conflictivo Tribunal Constitucional

Pero la más flagrante violación de la Constitución ha sido la aprobación por el Senado de una Ley Orgánica del TC que cercena las atribuciones que a este le otorgan los artículos 184-185 y 277, modificando a última hora el proyecto preparado por una comisión de juristas y enviado por el presidente Fernández. El deseo de complacer tardíamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia que en el momento correcto, cuando se discutía la Constitución, se opuso tenazmente a la supremacía del TC, no justifica el costo de una interpretación retorcida de lo que los mismos actores aprobaron hace un año.

Tampoco se justificaría el costo de la interpretación constitucional que permitiría llevar al TC algunos de los jueces que quedan jubilados de la Suprema Corte por haber pasado los 75 años de edad, cuando el artículo 187 indica que para ser miembro del TC se requieren las mismas condiciones. Esto lo ratificaba el proyecto de ley, pero también fue modificado en el Senado.

Cuando las objeciones de casi todos los expertos constitucionalistas, incluyendo a funcionarios del Gobierno, de bloques legislativos y de la opinión pública han evidenciado las dificultades de la Cámara de Diputados para ratificar lo aprobado por el Senado, se produjo una tardía propuesta de transacción del presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, que hubiese sido razonable para la reforma constitucional.

El relajamiento institucional hizo otro “striptease” esta semana cuando el presidente quiso mediar, pero sustituyendo el Poder Legislativo. Primero convocó a los actores del debate a su fundación privada para un coloquio que debió hacerse en salones del Congreso que es el apoderado del proyecto. Y aunque allí predominaron las objeciones de los constitucionalistas, el mandatario creó una nueva comisión “para que asesore al Congreso”, en una obvia confusión de roles constitucionales, puesto que es a los legisladores a quienes concierne escoger sus asesores.

 

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