La quiebra del Baninter es una tragedia nacional

Por Juan Bolívar Díaz

Ya ha costado al Banco Central el 50 por ciento del presupuesto nacional del 2003. Fue develada y generó la acción judicial en medio de presiones internacionales                                             

            La quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER) constituye uno de los escándalos financieros más graves del mundo, sino el peor, guardando las proporciones de la economía nacional y sus repercusioens se sentirán ominosamente durante años sobre el cuerpo y el alma de la nación, cuyas putrefacciones han quedado a la vista de todos.

            Estimado en más de 55 mil millones de pesos, el fraude bancario equivale al 67 por ciento del presupuesto nacional de este año y al 15 por ciento del producto nacional bruto y hasta el 8 de mayo pasado había implicado una emisión del Banco Central por un monto del 50 por ciento del presupuesto del gobierno central para el 2003.

            El develamiento del escándalo se produjo tras cinco semanas de indagatorias del Banco Central y de infructuosas negociaciones con los ejecutivos del banco quebrado que persistieron en sobreestimar su fuerza mediática. Influyeron presiones de los organismos internacionales y hasta del gobierno de los Estados Unidos, según trasciende en fuentes de primera categoría.

Proporciones del escándalo

            Aunque en contados dos periódicos y dos canales de televisión se había venido avanzando informaciones que daban cuenta de un escándalo financiero de grandes proporciones, la nación fue conmovida esta semana con el develamiento de la quiebra del Baninter.

            Muchos dominicanos y dominicanas, como residentes extranjeros, no acaban de salir del asombro cuando se enteran que un banco que reportaba activos por alrededor de 26 mil millones de pesos, en realidad tenía tres veces más, unos 77 mil millones, operando una doble contabilidad o un banco paralelo y clandestino.

            El informe oficial del Bano Central arroja un déficit de 55 mil 845 millones de pesos, lo que equivale a más de dos terceras partes del monto del presupuesto nacional del año en curso y alrededor del 15 por ciento del producto interno bruto.

            Desde septiembre pasado cuando comenzó a darle redescuentos y facilidades al Baninter, en intento por salvarlo de la ruina, y hasta el 8 de mayo, el Banco Central ha emitido 41 mil 367 millones de pesos, equivalentes al 50 por ciento del presupuesto nacional de este año.

            De ese monto 33 mil 106.8 millones han sido en certificados de inversión o participación, y 8 mil 260 millones en excedente monetario, o dinero inorgánico, lo que explica en gran parte la devaluación del 40 por ciento sufrida por el peso dominicano en el mismo período y la inflación consiguiente que en el primer trimestre del año fue del 9 por ciento.

            Aunque el criterio general es que han sido los masivos retiros del público los que quebraron al Baninter, lo determinante fueron las inversiones aventureras en empresas ineficientes, particularmente en una inmensa red de comunicación social que implica por lo menos a 4 diarios, 8 canales de televisión, unas 76 emisoras radiofónicas y decenas de empresas de telecable a nivel nacional.

            Entre enero y marzo los préstamos a sus propias empresas y de asociados que en algunos casos parecen más bien prestanombres, sumaron 10 mil 56 millones de pesos, mientras el auxilio del Banco Central se elevaba a 11 mil millones de pesos. En el mismo período se borraron de libros deudas de sus propias empresas por 16 mil 766 millones de pesos.

Presión internacional

            El escándalo fue descubierto cuando autoridades del Banco Central y del Banco del Progreso comenzaron a asumir el Baninter con el anuncio de fusión del 24 de marzo. Ya el 7 de abril se informó que tal fusión era imposible y la Junta Monetaria dispuso la intervención de la entidad quebrada.

            Desde el principio se produjo tensión entre dos líneas: la técnica, integrada básicamente por los funcionarios del Banco Central, que fueron siempre conscientes de que era imposible ocultar la magnitud del escándalo y que demandaba llegar hasta las últimas consecuencias.

             La otra la encarnaban elementos políticos que pretendían arreglos por debajo de la mesa y hasta aprovechamiento del aparato mediático involucrado, lo que llegaría a mterializarse el pasado fin de semana en la transmisión de un mítin reeleccionista celebrado en Barahona y en el montaje en el Canal 27 de un panel sobre la reelección moderado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara.

El haber solicitado la asistencia del Fondo Monetario Internacional y luego del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial determinó que la balanza se inclinara para el lado técnico y se procediera a develar el escándalo y a actuar judicialmente.

De tres diferentes fuentes, dos de ellas gubernamentales, se recibió la confidencia de que hasta el gobierno de Estados Unidos y el BID sugerían la conveniencia de que se esclareciera el escándalo financiero antes de que el presidente Hipólito Mejía llegara a Washington para su encuentro del próximo martes 20 con el presidente George Bush y posiblemente también con funcionarios de los organismos financieros.

            El sábado 10 y el domingo 11 de mayo el presidente Mejía y su equipo económico conocieron el informe completo de las investigaciones en largas sesiones en el Banco Central. Y allí se tomaron las decisiones de denunciar la situación el lunes 12 en el Palacio Nacional y de proceder judicialmente contra los principales ejecutivos del Baninter.

Sobre estiman el poder mediático

Hay indicios de que el presidente del grupo Baninter, Ramón Báez Figueroa, sobre estimó su poder mediático lo que lo llevó a negociar con veladas amenazas, de tipo político y hasta sobre el sistema financiero.

Según reveló el gobernador del Banco Central en conversación con directivos de medios de comunicación, estaba dispuesto a entregar casi todas sus empresas deficitarias y altamente endeudadas. Pero pretendía reservarse las dos de mayor valor en el mercado: el Listín Diario y la de televisión por cable Aster. Y reclamaba además un compromiso de descargo judicial.

El valor del mercado de todas las empresas no pasaría de la tercera parte del “hueco” del Baninter, lo que implicaba que el Banco Central, o lo que es lo mismo, la sociedad dominicana, tendría que cargar con el grueso del costo mientras los accionistas y ejecutivos de la entidad quebrada quedarían libres de cargos.

La sobre estimación del poder mediático se manifestó tan pronto el gobierno develó el escándalo la noche del lunes 12. Al día siguiente para los medios del grupo Baninter la noticia era una amenaza a la libertad de prensa, no el monumental descalabro bancario revelado a la nación en discurso desde el mismo Palacio nacional.

Llegaron a calificar al presidente Mejía de pichón de dictador y en la primera página del Listín Diario apareció hasta la foto del tirano Rafael Leonidas Trujillo, mientras en los medios electrónicos se desataba una chantajista ofensiva antigubernamental, entonces denunciando la reelección que en los días anteriores se prometía respaldar.

            Como era lógico, el pulseo lo perdieron los principales responsables del descomunal fraude bancario, cuando las autoridades ordenaron su prisión y procesamiento, así como la intervención administrativa de sus empresas amparándose en la ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

El artículo 9 de la misma establece: “Al investigarse una infracción sobre el lavado de activos o de incremento patrimonial derivado de actividades delictivas, la Autoridad Judicial Competente ordenará en cualquier momento, sin necesidad de notificación ni audiencia previa, una orden de incautación o inmovilización provisional, con el fin de preservar la disponibilidad de bienes, productos o instrumentos relacionados con la infracción, hasta tanto intervenga una sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”.

El poder mediático era grande pero no pudo encontrar eco ni respaldo, porque la estupefacción nacional era mayúscula ante las dimensiones del escándalo financiero y el costo a pagar por la ciudadanía.

Trauma económico y moral

            El escándalo financiero del Baninter impactó emocionalmente sobre la población dominicana, no sólo por sus dimensiones e implicaciones económicas, sino también por las institucionales y morales.

            El escándalo de Banesto, que llevó al español Mario Conde a la cárcel con sentencia de 20 años de prisión, implicó 600 mil millones de pesetas, que entonces, hace justo 10 años, equivalían a unos 60 mil millones de pesos dominicanos, muy poco más del hueco de Baninter. Si se establecen la diferencia entre las dos economías, se verá que el escándalo dominicano es decenas de veces mayor. No se conoce de un solo escándalo financiero que haya implicado tan alta proporción del producto bruto interno de una nación.

            Los costos que implica para la economía nacional se traducirán en el futuro inmediato en mayor depreciación del peso e inflación, y probablemente habrá que contratar nuevos endeudamientos para cargar intereses durante una o dos décadas.

            La sociedad dominicana está trumatizada por el hecho de que lo que se creía que era el tercer banco nacional, era en realidad el primero por efecto de un clandestinaje que pudo mantener durante 14 años, pasando por tres gobiernos y numerosas superintendencias de bancos. Burlaba también las auditorías de reconocidas firmas internacionales.

            Pero los ejecutivos del Baninter eran reconocidos por todos los sectores de la sociedad, a la que permeaban con donativos, patrocinios y atenciones que para algunos observadores siempre fueron desproporcionados y sospechosos.

             Pudieron obtener la complicidad, colaboración o el silencio de funcionarios de tres gobiernos, incluyendo a presidentes, de jerarcas militares, policiales y religiosos, líderes políticos y legisladores, comentaristas de televisión y periodistas, y dirigentes de entidades sociales de diversa índole.

               Según las revelaciones y explicaciones del descalabro Baninter pudo pactar operaciones ilegales como la realizada con el presidente de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos por 90 millones de dólares, que incluyó el compromiso de lograr la modificación de un discutido proyecto de ley.

             “Esto es demasiado abrumador, más allá de lo que se puede cargar”, fue el comentario de una reconocida socióloga dominicana, profesora universitaria en Estados Unidos. Mientras un destacado intelectual de Santiago expresó con evidente sarcasmo que a las reuniones de su ámbito de reflexión en aquella ciudad había que invitar a un siquiatra para que los ayudara a sobrellevar la carga emocional.-

 

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