Por Juan Bolívar Díaz

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Lo único que ha operado con éxito de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, seis años después de su promulgación es lo referente a los fondos de pensiones, que son propiedad de los trabajadores por lo que no deben ser subordinados a ningún proyecto gubernamental.

Es obvio que esos fondos deben ser invertidos en actividades reproductivas para aumentar su rendimiento y evitar su erosión inflación, pero la ley crea un  mecanismo para protegerlos de la voracidad privada y de las políticas gubernamentales que socavaron el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y el Banco de los Trabajadores.

El 92 por ciento de los casi 40 mil millones de pesos acumulados están en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones que los han invertido en certificados del Banco Central y el 8 por ciento restante han sido invertidos en proyectos privados que han calificado para recibirlos.

Propuestas gubernamentales

 El presidente de la República formuló, por tercera vez, propuestas para invertir los fondos de pensiones que sobrepasan ya los 39 mil millones de pesos, señalando específicamente un proyecto de 20 mil viviendas para trabajadores, construcción de carreteras y prisiones, y en certificados o bonos del Banco Central.

 Con anterioridad el doctor Leonel Fernández había planteado su inversión en obras viales y en un programa de reestructuración industrial en el marco de competencia que plantea el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica.

 En medios de comunicación se han dado por “instrucciones” esas propuestas ignorando que el primer mandatario no tiene facultad para disponer de esos fondos, cuya inversión tiene que pasar un riguroso procedimiento hasta ser aprobados por una Comisión Clasificadora de Riesgos instituida por la ley de seguridad Social.

 La inversión en viviendas es uno de los sectores a los que más se han dedicado en otros países los fondos de los planes de pensiones, atendiendo a su utilidad social y a las posibilidades de recuperación, no así en obras públicas cuyo retorno depende del capricho de las políticas gubernamentales, a menuda determinadas por intereses coyunturales.

 Aún obras públicas, como carreteras, mediante la modalidad de concesiones al capital privado, han terminado en estruendosos fracasos, como ocurrió en México en las décadas de los ochenta y noventa, cuando los costos fueron tan elevados que determinaron quiebras por 15 mil millones de pesos que al final tuvieron que ser asumidos por el Estado.

 En el caso específico de construcción de cárceles, no se advierte que puedan ser inversiones reproductivas generadoras de recursos para retribuirla, lo que implica que quedarían dependiendo de los recursos estatales. Aún la reestructuración industrial representa grandes riesgos, por lo que su aprobación dependería de las garantías que ofrezcan los interesados.

 En cuanto a la inversión directa en certificados y bonos del Banco Central, el sector empresarial ha reiterado su oposición, favoreciendo que vayan a los bancos privados.

La ciudad Juan Bosch

 El artículo 96 de la ley 87-01 indica que las administradoras de fondos de pensiones “deberán priorizar la colocación de recursos en aquellas actividades que optimicen el impacto en la generación de empleos, construcción de viviendas y promoción de actividades industriales y agropecuarias, entre otros”.

 El proyecto denominado ciudad Juan Bosch, de 20 mil viviendas para trabajadores, propuesto por el presidente Fernández pudiera calificar para inversión de los fondos de pensiones, dependiendo fundamentalmente de los constructores y administradores.

 Denominarlo con el nombre del fundador del partido de gobierno ya le da una connotación política. Tampoco ayuda su ubicación en un lugar muy apartado del municipio Santo Domingo, más allá de San Isidro, lejos de los centros laborales con las consiguientes dificultades de transporte. Se inscribe en la política de concentración de la inversión y contradice el carácter nacional de esos fondos.

 Más racional sería distribuir esas viviendas en los múltiples entornos de los parques industriales y de zonas francas, o de centros turísticos como Punta Cana y Bávaro, donde los trabajadores carecen de viviendas y tienen que desplazarse a largas distancias, con las consiguientes pérdidas de tiempo, recursos y congestionamientos de tránsito.

 Los evaluadores tendrían que tomar en cuenta la pobre experiencia del Estado dominicano en la recuperación de las inversiones en viviendas, con costos superiores a las construidas por el sector privado, distribuidas con facilidades y criterios políticos y administradas por entidades como el Banco Nacional de la Vivienda o el Instituto Nacional de la Vivienda víctimas de la inflación burocrática.

 Las debilidades institucionales de la nación y las tristes experiencias del Instituto de Seguros Sociales y del Banco de los Trabajadores, el primero incapacitado de cumplir eficientemente sus funciones, y el otro quebrado, obligan a una vigilancia estricta y a sobrados escrúpulos con los fondos de pensiones. En ambos casos los gobiernos incumplieron sus responsabilidades de pago y los politizaron.

Después de tantos años de esfuerzos por crear un eficiente sistema de seguridad social, y con las dificultades que han impedido los planes de salud tras seis años de promulgada la ley, es mayor el desafío de cuidar los fondos de pensiones que despertarán la voracidad estatal y privada en la medida en que sigan aumentando.

Mecanismo de aprobación

 El artículo 99 de la a Ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social instituye una Comisión Clasificadora de Riesgos indicando que “determinará el grado de riesgo actual de cada tipo de instrumento financiero, la diversificación de las inversiones entre los tipos genéricos y los límites máximos de inversión por tipo de instrumento”.

 La comisión está integrada por los tres superintendentes de Pensiones, de Bancos y Seguros, el gobernador del Banco Central, el presidente de la Comisión de Valores y un representante técnico de los afiliados, lo que significa que el sector gubernamental es mayoritario.

El representante de los trabajadores es actualmente José Gómez Cerda, uno de los más reputados sindicalistas dominicanos, pero las decisiones se adoptan por mayoría absoluta y con la presencia mínima de tres de sus miembros.

La reglamentación ha determinado que para aprobar una inversión la entidad interesada tiene que tener el visto bueno de una o más administradora de fondos de pensiones. Luego contratar una clasificadora de riesgos reconocida, cuya aprobación tiene que ser sometida al veredicto de la Superintendencia de Valores. Sólo entonces pasa a la aprobación definitiva de la Comisión Clasificadora de Riesgos.

Dónde están los fondos

El 92 por ciento de los fondos de pensiones pagados por los trabajadores y sus empleadores están depositados en la banca comercial, que a su vez los ha invertido en certificados del Banco Central. Se atribuye al sector empresarial haber impedido que fueran invertidos directamente por las aseguradoras de fondos de pensión, lo que habría generado mayores beneficios al patrimonio de los trabajadores.

El restante 8 por ciento, unos 3 mil millones de pesos han sido invertidos en proyectos privados y del Banco Nacional de la Vivienda, tras llenar el proceso de aprobación. Un leasing del Banco Popular Dominicano, el banco de medianas empresas (ADEMI) y dos industrias, Induveca y la antigua Mercasid, son los receptores de los financiamientos.

Pero la Comisión Clasificadora de Riesgos ha sido exigente y no aprobó tres préstamos que obtuvieron el visto bueno de la Superintendencia de Valores. Uno de ellos por mil millones de pesos estaba destinado a la generadora de electricidad Itabo, otro por 1,250 millones iría a inversiones de una empresa hotelera y el tercero, por mil millones de pesos estaba destinado a un plan de viviendas para maestros. Este último no fue aprobado porque los maestros tienen su propio plan de retiro y no han estado pagando a la Superintendencia de Pensiones.

La caída de las tasas de intereses del sistema financiero, comenzando por las de los certificados del Banco Central, ha reducido en los últimos dos años las utilidades generadas por los fondos de pensiones, por lo cual se estima urgente encontrar nuevos instrumentos de inversión. Pero hasta en funcionarios públicos prevalece   la renuencia a hacerlos depender de organismos estatales.-