JCE bajo fuego injustificado

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/248/460x390/0/A2192EB6-2514-4E32-916E-58B2E4CD85E0.jpeg

Cuando las pasiones se serenen un poco habrá que darle crédito a los jueces electorales que autorizaron una prórroga de una o dos horas para que la alianza que integran los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano concluyera la presentación de sus candidaturas al vencerse el plazo legal.

Parece desproporcionado el escándalo de toda esta semana en torno a la Junta Central Electoral (JCE), y contrario a lo que se aduce, la ley permite inscribir las candidaturas en ese organismo o en las juntas electorales municipales.

Aunque ha extremado el caso, es natural que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) haya querido sacar beneficio político de la incapacidad para cumplir el plazo de sus opositores de la alianza nacional que integran los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

Apareció el escándalo

Los que echaban de menos las denuncias y objeciones en torno a la Junta Central Electoral y el proceso organizativo de los próximos comicios, ya pueden dormir tranquilos. El escándalo estalló con fuerza esta semana después que la alianza opositora del PRD y el PRSC fue incapaz de cumplir estrictamente el plazo para inscribir sus candidaturas ante el órgano de control electoral.

Un gran coro político y de comunicadores ha reaccionado escandalizado ante el hecho de que la JCE extendió el plazo legal para que la alianza opositora pudiera concluir la presentación de sus candidaturas. Algunos también objetan que el organismo nacional recibiera también las candidaturas municipales.

Lo peor del escándalo es que ha presentado a varios jueces electorales confrontados, antes de que el pleno se reuniera para debatir y conocer de las candidaturas, en el plazo de cinco días que ordena el artículo 74 de la ley electoral. Que se recibiera por secretaría una parte de las candidaturas después de la 12 de la noche del 17 de marzo, no impedía que el plenario las rechazara, si lo consideraba de lugar.

La reunión del plenario era el escenario natural para conocer cualquier objeción al respecto, proviniera de cualquiera de los partidos o de algunos de los jueces electorales en desacuerdo con la extensión del plazo. De manera que el juez Roberto Rosario pareció precipitado al denunciar públicamente la decisión administrativa antes de manifestar su oposición en el seno del organismo al que pertenece. Un juez no debe adelantar sus criterios al conocimiento de la causa.

En cualquier caso el ruido ha sido tan grande, incluida la instancia formal del PLD para que rechacen las candidaturas presentadas después de las 12 de la noche, que la JCE ha vuelto a aparecer dividida y bajo sospecha de favoritismo en beneficio de dos de los actores políticos fundamentales del sistema electoral dominicano.

Comentaristas y analistas habían expresado positiva sorpresa porque a menos de dos meses de las elecciones no habían asomado las objeciones y denuncias que han caracterizado los anteriores procesos electorales. Todavía ninguno de los partidos ha desempolvado el expediente de que cientos de miles han sido excluidos o dislocados en el padrón de electores, como se denunció sistemáticamente en los tres últimos procesos electorales, y en todos los casos quedó desmentido en las jornadas de votación.

La alternativa era peor

HOY y los demás diarios del sábado 18 dieron cuenta de que dirigentes de la alianza PRD-PRSC se presentaron a la JCE faltando sólo 15 minutos para vencer el plazo para la presentación de las candidaturas, 60 días antes de cada elección como establece el artículo 70 de la ley electoral.

Según las crónicas, los opositores sólo llevaban el 60 por ciento de sus candidaturas y aducían que problemas energéticos y de sistema informático les habían impedido concluir los listados, pero que los faltantes llegarían en breve tiempo, lo que ocurrió una o dos horas después de la medianoche.

Lo que ha trascendido en medio del escándalo es que el secretario de la JCE, Antonio Lockward, consultó a los jueces presentes en el local, el presidente Luis Arias y otros tres jueces electorales, Rafaelina Peralta, Luis Nelson Pantaleón González y Ramón Hernández Domínguez. Después se dijo que habían contactado por teléfono a Salvador Ramos y Rafael Díaz Vásquez y que estos estuvieron de acuerdo, y que lo intentaron con Roberto Rosario y José Luis Tavárez, pero que estos no respondieron sus teléfonos celulares. El noveno juez, Nelson Gómez estaba fuera del país, en tratamiento de la visión.

En tal circunstancia, lo torpe hubiese sido negar la prórroga y rechazar las candidaturas que llegaron después del plazo. Primero porque al menos en la sociedad dominicana las prórrogas de todos los plazos y hasta para el pago de grandes deudas son comunes administrativa y judicialmente, siempre que no tengan consecuencias perjudiciales para alguien.

Segundo, porque recibir las candidaturas, no equivalía a aprobarla, pues según la ley para eso tiene que reunirse el pleno de jueces en el plazo de 5 días. Sólo tenían que dejar constancia escrita de la hora exacta en que fue recibida cada candidatura para remitir la decisión al plenario que tiene que aprobarla o rechazarla.

Y en tercer lugar, porque precipitar la decisión era generar una crisis política al dejar sin el 40 por ciento de las candidaturas a dos de los tres partidos mayoritarios, por una razón burocrática, practicando una legalidad extrema que no se da ni siquiera en cuestiones fundamentales y de fondo. Por ejemplo en la prohibición de usar recursos estatales en las campañas, prevista en el artículo 47 de la ley electoral; o en la auditoría de los ingresos y gastos de los partidos que ordena el párrafo II del artículo 52; o en la igualdad de acceso a los medios de comunicación que proclama el artículo 94 de la misma ley.

Los aliancistas opositores no desconocieran el plazo y la prueba es que se presentaron antes de que venciera, excusándose en fallos técnicos en un país donde nadie garantiza ni siquiera la energía eléctrica. El pretexto podía ser falso, pero no era hora para que los jueces salieran a investigarlo.

Cualquier juez que se precie de tal tendría que recibir la propuesta en esa circunstancia, tomando en cuenta que la institución del plazo es de tipo organizativo, no para impedir que los partidos presenten candidaturas. Y en nada perjudicaba al proceso electoral que se completaran a las 12 de la noche o dos horas después.

Sobre la jurisdicción

En cuanto a si los partidos pueden inscribir las candidaturas municipales en la JCE, la ley electoral deja abierta esa posibilidad. El artículo 69 indica que “Las propuestas de candidatos serán formuladas por el organismo central o por los respectivos organismos provinciales, municipales o del Distrito Nacional, según los casos, de conformidad con las designaciones hechas por las convenciones correspondientes; y serán presentadas por medio de escrito que se entregará al Secretario de la JCE o de la correspondiente junta electoral”.

Si ese artículo deja dudas, todavía el 71 indica que a más tardar a las 10 de la mañana del día siguiente a la presentación “el Secretario de la JCE o de la junta electoral a quien le hubiese sido entregada, fijará copia en la tablilla de publicaciones y dará cuenta de ella al presidente de la junta, quien ordenará que sea comunicada dentro de las veinticuatro horas siguientes a las juntas de su dependencia…”

La ley también prevé la posibilidad de enmiendas a las propuestas. El artículo 72 indica que “Los defectos e irregularidades de que adolezcan las propuestas pueden ser corregidos en la misma secretaría de la junta a la cual hayan sido sometidas…hasta el momento en que la junta competente hubiese conocido de dichas propuestas.”

Si todavía quedan dudas el artículo 75 establece que “Admitida una candidatura, no podrá ser retirada ni rectificada…” La admisión o rechazo, según el artículo 73 es facultad de la junta a la que fuere sometida, que se reunirá “dentro de los 5 días que sigan a la presentación”. Es lo que fue convocado para ayer viernes 24.

Tanto de inscripciones después de las 12 de la noche del día límite, como de rectificaciones, incluyendo dobles candidaturas, hay precedentes de sobra en los procesos electorales dominicanos. De lo que no hay precedentes es que se deje a un partido sin candidaturas por razones meramente administrativas.

El costo político

De lo que no hay dudas es que ya la alianza PRD-PRSC ha pagado un costo político, de descrédito, por no haber tenido la capacidad de entregar todas sus propuestas dentro del plazo legal.

Es cierto que nunca antes se había dado una alianza tan compleja de dos partidos grandes en casi todos los 151 municipios con 166 circunscripciones, para cada una de las cuales hay una boleta electoral diferente. Pero la falta de institucionalidad y de mecanismos puramente democráticos y el desenfreno de ambiciones llevaron al PRD y el PRSC a discutir hasta último momento hasta por candidaturas a regidores.

Aunque según lo informado, con alianzas más fáciles, el PLD ha sometido una instancia a la JCE pidiendo que se le permita completar candidaturas de regidores en los municipios de Salcedo y Constanza. Según Diario libre del 23 de marzo tampoco presentó candidaturas en las provincias de La Romana y Monte Plata.

Sin duda el partido de gobierno ha sacado beneficio a la imprevisión de sus opositores, magnificándola y formalizando ante el pleno de la JCE una petición de rechazo, que de ser aceptada casi garantizaría al PLD el triunfo en la mayoría de los municipios en los comicios de mayo próximo.

El escándalo de la semana ha dejado de manifiesto, una vez más, la debilidad del sistema partidista dominicano. Dejar a los dos partidos mayoritarios sin el 40 por ciento de sus candidaturas en vez de contribuir al fortalecimiento del proceso democrático, lo afectaría, y generaría un clima que conspiraría contra el éxito de los comicios.

De cualquier forma, esta algarabía no se inscribe en dirección a fortalecer el débil entusiasmo ciudadano por unos comicios legislativos y municipales que en sus dos versiones anteriores han arrojado abstención del cincuenta por ciento de los electores.-

Sobre la jurisdicción

En cuanto a si los partidos pueden inscribir las candidaturas municipales en la JCE, la ley electoral deja abierta esa posibilidad. El artículo 69 indica que “Las propuestas de candidatos serán formuladas por el organismo central o por los respectivos organismos provinciales, municipales o del Distrito Nacional, según los casos, de conformidad con las designaciones hechas por las convenciones correspondientes; y serán presentadas por medio de escrito que se entregará al secretario de la JCE o de la correspondiente junta electoral”.

Si ese artículo deja dudas, todavía el 71 indica que a más tardar a las 10 de la mañana del día siguiente a la presentación “el Secretario de la JCE o de la junta electoral a quien le hubiese sido entregada, fijará copia en la tablilla de publicaciones y dará cuenta de ella al presidente de la junta, quien ordenará que sea comunicada dentro de las veinticuatro horas siguientes a las juntas de su dependencia…”

La ley también prevé la posibilidad de enmiendas a las propuestas. El artículo 72 indica que “Los defectos e irregularidades de que adolezcan las propuestas pueden ser corregidos en la misma secretaría de la junta a la cual hayan sido sometidas…hasta el momento en que la junta competente hubiese conocido de dichas propuestas.”

Si todavía quedan dudas el artículo 75 establece que “Admitida una candidatura, no podrá ser retirada ni rectificada…” La admisión o rechazo, según el artículo 73 es facultad de la junta a la que fuere sometida, que se reunirá “dentro de los 5 días que sigan a la presentación”. Es lo que fue convocado para ayer viernes 24.

Tanto de inscripciones después de las 12 de la noche del día límite, como de rectificaciones, incluyendo dobles candidaturas, hay precedentes de sobra en los procesos electorales dominicanos. De lo que no hay precedentes es que se deje a un partido sin candidaturas por razones meramente administrativas.

El costo político

De lo que no hay dudas es que ya la alianza PRD-PRSC ha pagado un costo político, de descrédito, por no haber tenido la capacidad de entregar todas sus propuestas dentro del plazo legal.

Es cierto que nunca antes se había dado una alianza tan compleja de dos partidos grandes en casi todos los 151 municipios con 166 circunscripciones, para cada una de las cuales hay una boleta electoral diferente. Pero la falta de institucionalidad y de mecanismos puramente democráticos y el desenfreno de ambiciones llevaron al PRD y el PRSC a discutir hasta último momento hasta por candidaturas a regidores.

Aunque según lo informado, con alianzas más fáciles, el PLD ha sometido una instancia a la JCE pidiendo que se le permita completar candidaturas de regidores en los municipios de Salcedo y Constanza. Según Diario libre del 23 de marzo tampoco presentó candidaturas en las provincias de La Romana y Monte Plata.

Sin duda el partido de gobierno ha sacado beneficio a la imprevisión de sus opositores, magnificándola y formalizando ante el pleno de la JCE una petición de rechazo, que de ser aceptada casi garantizaría al PLD el triunfo en la mayoría de los municipios en los comicios de mayo próximo.

El escándalo de la semana ha dejado de manifiesto, una vez más, la debilidad del sistema partidista dominicano. Dejar a los dos partidos mayoritarios sin el 40 por ciento de sus candidaturas en vez de contribuir al fortalecimiento del proceso democrático, lo afectaría, y generaría un clima que conspiraría contra el éxito de los comicios.

De cualquier forma, esta algarabía no se inscribe en dirección a fortalecer el débil entusiasmo ciudadano por unos comicios legislativos y municipales que en sus dos versiones anteriores han arrojado abstención del cincuenta por ciento de los elector.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz