Es política la ofensiva de Interior y Policía

Por Juan Bolívar Díaz

La ofensiva desatada por la secretaría de Interior y Policía contra los ayuntamientos, en su gran mayoría controlados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tiene una obvia intencionalidad política, aunque en algún caso pueda ser justificada en el interés de mejorar el ordenamiento institucional de la nación.

Pudiera tener justificación y hasta base jurídica la decisión de desmantelar las policías municipales, al prohibirle el uso de uniformes, insignias y armas, pero constituye una agresión el despojo a los ayuntamientos de equipos pesados suministrados por el pasado gobierno, y un exceso el desarme de los legendarios alcaldes pedáneos.

En cualquier caso, las decisiones de Interior y Policía han provocado el primer enfrentamiento político de este período gubernamental, el cual podría resultar en una reactivación del principal partido de la oposición necesitado de incentivos externos que le permitan situar en segundo plano sus problemas internos.

UN EMPEÑO LEGÍTIMO

La gestión del doctor Franklin Almeyda como titular de la secretaría de Interior y Policía se ha caracterizado por un empeño en asumir las funciones que corresponden a esa dependencia, según su ley orgánica, especialmente en cuanto a la Policía Nacional, y en la gestión para prevenir y combatir la creciente delincuencia.

Como demostración de su visión sobre el papel de Interior y Policía, el destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se presentó al almuerzo semanal de los medios de comunicación Corripio acompañado del jefe de la Policía Nacional y del director general de Migración. Y allí abundó sobre la responsabilidad de esa secretaría en el mantenimiento del orden y la seguridad interna del país.

En ese marco se debería inscribir la resolución que prohibe el uso de uniformes, insignias y armas por las policías municipales, cuya existencia no está específicamente pautada por ley alguna, aunque pudieran basarse en las facultades de los ayuntamientos y salas capitulares para organizar y regular las actividades comunitarias.

Pero Almeyda fue unilateral y radical, y no consultó para nada a los ayuntamientos que tienen policías municipales, algunos como los de Santo Domingo y Santiago, desde finales de los años 80, sin que esos cuerpos se hayan constituido en factores de perturbación ni preocupación.

De hecho esos cuerpos sólo existen en 47 de los 130 municipios. Y los integran apenas unas decenas de miembros, en misión casi simbólica, pues su presencia se limita a los locales municipales y parques. Se afirma que el más numeroso, el del Distrito Nacional, cuenta con 150 agentes. La mayoría entre 12 y 25 miembros.

Hay argumentos para justificar la policía municipal, como para aducir que carecen de fundamento jurídico, lo que no se puede discutir es que datan de dos décadas y que tienen precedente en muchas partes del mundo, donde los municipios controlan todos los cuerpos policiales. De hecho la tendencia moderna es a la “policía comunitaria”, para acercarla más a la unidad fundamental del cuerpo social.

De un diálogo entre las autoridades de Interior y Policía y las municipales podría salir un acuerdo que salve el interés regulador de la secretaría y la autonomía de los municipios. Como argumento a favor de estos está el que si cualquier empresa puede crear su cuerpo de vigilantes, uniformarlos y armarlos, con más razón pudieran hacerlo los ayuntamientos. La secretaría de Interior puede regularlos, como hace con los vigilantes privados.

EL DESPOJO DE EQUIPOS

Lo que no resiste análisis alguno es la política de despojar a decenas de ayuntamientos de los equipos pesados que les suministró el gobierno de Hipólito Mejía, puesta en vigencia sin ninguna resolución previa, de facto, y en algunos casos con violencia.

Por lo menos en San Francisco de Macorís, el 12 de octubre, y en Hato Mayor el 1 de noviembre, se ha producido violencia cuando autoridades municipales, respaldadas por pobladores, han resistido la disposición de incautar camiones tanques, palas mecánicas y otros equipos pesados. En el primer caso murió un agente policial en medio de un tiroteo, en el segundo fue baleado un agente municipal. En otros lugares ha habido tensión especialmente cuando la incautación fue decisión de gobernadores y activistas políticos gubernamentales.

Primero se dijo que era a los gobernadores provinciales a quienes correspondía el uso de esos equipos, porque así lo había dispuesto en principio el pasado gobierno, que en sus últimas semanas los habría transferido a los cabildos, dado que el PRD controla más de un centenar de los 130. Posteriormente el doctor Franklin Almeyda alegó que es a los consejos provinciales de desarrollo a quien corresponden los equipos y a quienes se les están transfiriendo.

Es cierto que en muchos casos se trata de equipos que en principio el gobierno de Mejía destinó a las gobernaciones provinciales, con claras intenciones políticas, tan sectarias que desconocían autoridades municipales de su propio partido.

Se trataba de una política que conspiraba contra la institucionalidad municipal. Fracasado el proyecto reeleccionista, también por razones políticas, el gobierno rectificó y destinó los equipos a donde debieron ir desde el primer momento, a los ayuntamientos. Sería una rectificación interesada y tardía, pero en la dirección correcta.

Sobre esa base no se puede ahora justificar que esos equipos vuelvan al destino equivocado, porque implicaría avalar aquella decisión política con otra de la misma catadura. Con el agravante de que aquella vez fue un traspaso que ningún gobernador protestó ni la opinión pública registró. Ahora es un despojo.

¿CONSEJOS PROVINCIALES?

Cuando Almeyda dijo que es a los consejos provinciales de desarrollo a quienes están destinando los equipos pesados incautados a los ayuntamientos, estaba dando vida a una instancia natimuerta, que sólo ha tenido existencia en la letra del decreto 685-00 emitido por el presidente Hipólito Mejía el 1 de septiembre del 2000.

Ese decreto fue concebido dentro de una visión de descentralización del gobierno que rescataba el viejo Consejo Nacional de Desarrollo, al que el presidente Joaquín Balaguer dio vida en los años sesenta y setenta. Y lo ampliaba a consejos de Desarrollo Regionales, Provinciales, Municipales y Sectoriales. Pero fue obvio que los progenitores no pusieron empeño en poner en vigencia todas esas instancias participativas que apenas se ensayaron en tres o cuatro provincias y una decena de municipios. Todos esos consejos tienen una función normativa, de planificación, consulta y seguimiento. Son instancias participativas, a ser integradas por autoridades y dirigentes sociales. Solo los Consejos Municipales, a ser integrados en torno a los ayuntamientos, tienen como misión “Ejecutar los proyectos que integran su programa anual de inversiones públicas”.

El artículo 39 del decreto señala específicamente las atribuciones de los Consejos Provinciales de Desarrollo, en 9 acápites y ninguno habla de realizar ni ejecutar obras. Sí de discutir y analizar estrategias de desarrollo, promover la participación comunitaria, identificar y señalar prioridad a los proyectos provinciales, fomentar planes reguladores y proyectos de desarrollo, y dar seguimiento a su ejecución, presentar informes y coordinar actividades.

Como está bien claro que los gobernadores provinciales nunca han manejado tractores ni palas mecánicas, se ha dado vida artificial a los Consejos Provinciales de Desarrollo, pero aparte de que tampoco tienen esa misión, en la práctica no existen.

La ofensiva de Interior y Policía muestra también su sello político cuando dispone desarmar a los alcaldes pedáneos que datan casi desde la fundación de la República, medida que podría haberse justificado si estuviera fundada, por ejemplo, en que esas armas eran ingrediente importante de la creciente delincuencia.

UNA AYUDITA AL PRD

La ofensiva contra los ayuntamientos, a la que se suman rumores de intenciones de desprenderles los cuerpos de bomberos y los letreros que han aparecido pidiendo la disolución del Congreso Nacional han tenido en los últimos días el efecto de poner en pie de lucha al perredeismo.

Dirigentes de diversos niveles, los presidentes de las cámaras legislativas, senadores y diputados del PRD han salido a la palestra para denunciar planes políticos en su contra y advertir su disposición de lucha.

Eso en momentos en que el partido blanco tendría que evaluar y discutir los resultados de la amplia consulta realizada el mes pasado entre sus militantes para conocer su criterio sobre la derrota electoral de este año y sobre los fundamentos ideológicos y programáticos.

Al PRD le vendría como anillo al dedo una profundización del enfrenamiento con el gobierno, especialmente si las posiciones de éste no tienen fundamento válido, porque de esa forma se declara víctima y concentra su atención en el adversario externo, pasando por encima de las divergencias internas que le afectan.

En ámbitos políticos se ha recordado en estos días la ofensiva peledeísta de 1998-99 para reducir el poder legislativo y municipal del PRD, que incluyó el asalto a la Liga Municipal Dominicana, que sólo sirvió para fortalecer el caciquismo de Amable Aristy Castro y que contribuyó a dinamizar al entonces, como ahora, principal partido de oposición.

Los días por venir permitirían determinar si la ofensiva contra los municipios se incrementa o se reduce. Hay quienes creen que el PLD no tropezará dos veces consecutivas con la misma piedra. Pero otros estiman que el sentimiento de rechazo al perredeísmo está en los tuétanos del peledeísmo y genera autoritarismos y errores políticos.-