El reto de la ley de Seguridad Social

Por Juan Bolívar Díaz

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A casi 5 años de promulgada la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el gobierno y el liderazgo empresarial y sindical confrontan el desafío de concertar una serie de decisiones para darle plena vigencia, no solamente en el renglón fundamental del Seguro Familiar de Salud (SFS).

La reunión cumbre propuesta por el presidente Leonel Fernández podría ser un medio para el mandatario asumir el liderazgo de esta trascendente reivindicación social y poner plazos a los sectores involucrados para que adopten las previsiones fundamentales para el cumplimiento de una ley que se concertó durante años.

El escenario institucional y más eficiente para las discusiones es el Consejo Nacional de Seguridad Social, organismo tripartito donde están representados los más diversos estamentos del sistema y porque cualquier otro implicaría una mayor pérdida de tiempo.

Ley que no se cumple

A tres meses de cumplirse 5 años de la promulgación de la ley, el 14 de mayo del 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la mayor parte de sus previsiones no han sido cumplidas, aunque el debate está centrado en el renglón contributivo del Seguro Familiar de Salud.

Donde más se ha avanzado es en el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, que es el renglón de más fácil inicio, porque sus prestaciones son de largo plazo. Iniciado en junio del 2003, se acerca ya a tres años de cotizaciones, habiendo acumulado fondos que se estiman en más de 22 mil millones de pesos.

Empero sólo se ha arrancado en el régimen contributivo, que se refiere a los empleados, sin que se hubiese dado ningún paso para los regímenes subsidiados -para desempleados e indigentes- y contributivo subsidiado, diseñado para los trabajadores informales.

También se iniciaron las contribuciones empresariales para el Seguro de Riesgos Laborales, donde ya el gobierno acumula atrasos que el sector empresarial estimó esta semana en el Almuerzo de los Medios de Comunicación Corripio en 2 mil 536 millones de pesos. Indicaron que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) tiene en cuentas bancarias 1,515 millones de pesos, debido a que el servicio ha sido poco reclamado, en gran medida por desconocimiento de los empleados públicos y privados.

El régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud se inició limitadamente hace más de dos años en la Región Suroeste y se ha extendido a la Región Este, pero aún en esas zonas no abarca ni a la mitad de la población. Sólo 296 mil personas han sido incorporadas, según estadísticas de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, lo que equivale apenas al 6% de los 4 millones 800 mil potenciales beneficiarios.

Los 724 millones de pesos previstos en el presupuesto de gastos para el año en curso no alcanzan ni siquiera para ejecutar un Plan Básico de Salud destinado a la limitada proporción incorporada.

El Régimen Contributivo

El debate se ha centrado en las dificultades para implementar el Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud que abarcaría a 3 millones 900 mil personas con empleo, 43% de la población nacional, aunque de estas se estima que el 69%, equivalente a 2 millones 710 mil personas, tienen un seguro de salud, por medio del IDSS o de instituciones privadas.

La Superintendencia de Salud estima que 3 millones 73 mil 952 personas, el 33.8% de la población dominicana, incluyendo las incluidas en el Régimen Subsidiado, tiene algún género de seguro médico.

La ejecución del Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud daría un golpe de efecto positivo al sistema, habida cuenta de que es el más viable a corto plazo, ya que las empresas y el Estado y sus respectivos empleados tienen hábito de contribuir para planes de seguros médicos.

Este plan que debió entrar en vigencia hace casi tres años, ha sufrido unos ocho aplazamientos y todavía no se han ejecutado una serie de pasos previos. En enero pasado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) señaló 15 pasos previos por cumplirse distribuidos en iguales cantidades para las materias operativa, normativa y financiera.

Sin embargo se pondría “a tiro de hit” si superan tres aspectos considerados fundamentales, que son la revisión de la sostenibilidad financiera, la actualización del IDSS, incluyendo el problema de la doble afiliación, y el establecimiento de las tarifas de los servicios profesionales.

En octubre del 2002 el Consejo Nacional de la Seguridad Social llegó a aprobar un Plan Básico de Salud que se estimó viable, pero la crisis financiera del año siguiente lo desequilibró, sin que hasta la fecha haya sido actualizado, aunque la Superintendencia de Salud ha presentado numerosos proyectos que no han satisfecho por lo menos al sector empleador.

El IDSS sigue entrampado en sus deficiencias históricas, que incluyen déficits y excesiva burocratización, sin que se hayan apreciado suficientes esfuerzos para adecuarlo al nuevo sistema. El sector empresarial dijo esta semana que hace seis meses se llegó a firmar un acuerdo para resolver el problema de la doble afiliación, pero luego el sector sindical pidió su reconsideración y hasta la fecha nada se ha movido.

El CONEP estima que los afiliados al IDSS son 701 mil y la Superintendencia de Salud calcula 618 mil. Según los empresarios al quitarle al seguro estatal las dobles afiliaciones, poco menos de 200 mil, le quedarían 500 mil clientes, que al sumársele cónyuges e hijos pasarían del millón, lo que en vez de reducir, aumentaría el universo del IDSS.

Tanto el sector sindical como el profesional, básicamente el Colegio Médico, reclaman que la doble afiliación, eliminada expresamente en el artículo 141 de la ley 87-01, se mantenga cinco años a partir de la entrada en vigencia del Régimen Contributivo. La ley da cinco años pero a partir de dos meses antes de su vigencia, que la Suprema Corte de Justicia estableció en mayo del 2001, por lo que el plazo se vence dentro de tres meses. La misma ley daba un plazo, ya vencido, de dos años para que los seguros médicos privados mantuvieran los empleados públicos acogidos a sus servicios.

El tercer aspecto fundamental, el de las tarifas de servicios, tropieza con resistencias de los sectores profesionales y de las clínicas privadas.

Escenario de consenso

Más que sustituir el escenario de negociación, lo que haría falta es que alguien con suficiente liderazgo presionara a los sectores sobre los que descansa la seguridad social para que transen diferencias y hagan cumplir la ley.

Lo ideal sería que el mismo presidente Leonel Fernández reivindicara la trascendencia de la ley 87-01 y la asumiera como prioridad de gobierno, convirtiéndose él mismo en su impulsor ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. También podría asumirla a través del vicepresidente Rafael Alburquerque, a quien ya el año pasado encargó darle seguimiento, o en última instancia encargando al Secretario de Trabajo, José Ramón Fadul, quien es presidente ex oficio del Consejo.

Tal vez por la magnitud de recursos que reclama la plena vigencia de la ley, esta no ha lucido como prioridad del actual gobierno, como tampoco lo fue del anterior a pesar de las ponderaciones que acompañaron su promulgación.

El mes pasado el presidente Fernández anunció su propósito de convocar una reunión cumbre para impulsar el sistema de seguridad social. Surgida la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, se consideró que la cumbre tendría por marco el Consejo Económico, Social e Institucional o el Diálogo Nacional. Empero sectores empresariales y organizaciones sociales han planteado que debe emplearse el mecanismo institucional, es decir el Consejo Nacional de Seguridad Social, donde están representados los sectores que tienen que transar.

El Consejo Económico, Social e Institucional está integrado sólo por organizaciones sociales. El Diálogo Nacional es más amplio, pero incluye muchas instituciones que incluso desconocen la ley, lo que implicaría pérdida de tiempo.

En última instancia, si el gobierno quiere que sea Monseñor Núñez Collado quien asuma el liderazgo o la promoción del consenso, éste podría actuar como “facilitador” o mediador en el mismo Consejo de Seguridad Social.

Tal vez en el organismo haga falta alguien que obligue a transar, que ponga urgencia y sacuda la rutina de las reuniones. Es inconcebible, por ejemplo, que casi a 5 años de promulgada la ley se siga debatiendo el problema de la doble afiliación. Sería más razonable que colegio médico y sindicatos pidieran un año de gracia a favor del IDSS, pero no que sigan tratando de ignorar la ley.

En vez de aferrarse en ese aspecto a un cumplimiento a rajatabla de la ley, a lo mejor los empresarios tendrían que admitir que es preferible un aplazamiento limitado a un desconocimiento perpetuado. Parece que es necesario que alguien obligue a buscar soluciones.

En cualquier caso, ha quedado demostrado que la ley 87-01 es compleja y que los intereses en juego son múltiples. Hasta en sociedades de más fuerte institucionalidad, como Estados Unidos, se ha evidenciado que no es fácil modificar el sistema de seguridad social, y ni siquiera los planes de salud. Cuando Bill Clinton llegó al poder en 1993 pregonando un compromiso al respecto, encargó esa reforma a su esposa Hillary y algún tiempo después hubo de relevarla, ante la realidad de que se encaminaba al fracaso.-

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