El interés nacional exige racionalidad ante la crisis

Por Juan Bolívar Díaz
26_07_2015 HOY_DOMINGO_260715_ El País14 A

La crisis en las relaciones domínico-haitianas alcanzó el nivel máximo antes de la ruptura diplomática que complicaría excesivamente el panorama, justo cuando el Gobierno dominicano debería iniciar la deportación de un excedente de inmigrantes que superaría las 300 mil personas, lo que podría abortar el proceso electoral en Haití.

Con un escenario internacional que sigue siendo muy desfavorable para el país, el interés nacional obliga a la mayor ponderación para buscar salidas diplomáticas, por encima de los grupos extremistas y de los intereses electorales, para evitar mayores daños a la imagen y los intereses de la República Dominicana

¿Podremos deportar 300 mil? El domingo 2 de agosto concluye el plazo de 45 días para iniciar las deportaciones de los inmigrantes que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), lo que se supone comenzaría el lunes 3, en medio de un escenario internacional muy desfavorable por el rechazo a la desnacionalización de descendientes de haitianos nacidos en el país.

Nadie puede asegurar cuántos quedan sujetos a la deportación, aunque el Gobierno los cifra en unos 133 mil, partiendo de los 458 mil venidos de Haití, que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), del 2012 vivían entonces en el país. Les descuenta un estimado de 8 por ciento que tendrían algún estatus regular y los reduce a 421 mil. Les resta los 288 mil que lograron iniciar la regularización y a quienes se dará una residencia provisional, aunque solo el 1.8 por ciento de ellos (unos 5 mil) llenaron todos los requisitos.

Pero el estimado oficial no toma en cuenta los que ingresaron entre el 2012 y 2015, que ningún estudio ha cuantificado, aunque se pueden hacer estimados partiendo de la misma ENI y de los resultados de los censos nacionales de población y otros estudios de la Oficina Nacional de Estadística, como se puede ver en el cuadro anexo, elaborado con informaciones proporcionadas por el director de Censos, doctor Francisco Cáceres.

En el Censo Nacional de Población 2010, los inmigrantes totalizaban 395,791, y la ENI dice que en 2012 eran 524,632, cifra conservadora si se toma en cuenta que en los dos años anteriores se habían incrementado en 39.1 por ciento. Si esa proporción (154,754) se suma a los del censo, serían 550,545, cinco por ciento más. A un crecimiento sobre el 16 por ciento anual, entre 2012 y 2015, habría que adicionarle 49 por ciento (256,072) a los 524 mil, para totalizar 780,704. Si se asume, de forma conservadora, que el incremento se redujo a la mitad, el 25 por ciento, en esos tres años, entonces los inmigrantes ahora serían 131,158 más, para totalizar 655,790. Si se le restan 10 por ciento con estatus regular anterior y los 288 mil admitidos ahora, quedarían como irregulares deportables 414 mil en el primer escenario y 302 mil en el conservador.

Acuerdo mínimo con Haití. Es difícil asumir que el país tenga capacidad para deportar entre 300 y 400 mil haitianos indocumentados, aún restándole unos 40 mil que ya se fueron más o menos voluntariamente, sin un protocolo negociado con el vecino, que no solo garantice estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, sino que guarden una progresividad asimilable para que no se produzca un temido estado de calamidad humana. Y si se equivocan deportando nacidos en el país, lo que el Gobierno ha dicho que no hará, la complicación sería mucho mayor.

Tampoco luce razonable una deportación tan masiva y en corto plazo, después de que en la última década los mismos gobernantes permitieron un incremento de la inmigración del 63 por ciento. Con la agravante de que en el mismo periodo se dedicaron a despojar de la nacionalidad a decenas de miles de los descendientes de inmigrantes que habiendo nacido en el país habían sido registrados como dominicanos.

El Gobierno dominicano ha quedado preso de las mil advertencias de deportación que se han formulado tras el inicio del PNRE y de la exacerbación del nacionalismo, pero está consciente, como lo recogió una consulta de la Cancillería dominicana realizada en junio, de los riesgos que implica para Haití en medio de un proceso electoral que tiene después para elegir nuevo presidente. Si el panorama se descompuso con las salidas voluntarias, se complicaría mucho más con las deportaciones sin el amparo de un protocolo negociado, que podría lograrse validando el acordado en el año 1999.

De hecho, las extremas resistencias manifestadas por Haití en las últimas semanas tienen que ver con la campaña electoral en curso, y se teme que grupos de poder pudieran abortar el proceso, pretextando la necesidad de unirse en torno al gobernante para “enfrentar la agresión dominicana”.

El escenario internacional. A la espera del informe de la comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó las dos naciones en conflicto, el escenario internacional sigue siendo bien adverso para el país, por el daño ocasionado por el pecado original de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que es lo que se sigue cuestionando en amplios segmentos del mundo. Aunque la diplomacia dominicana ha hecho esfuerzos, no ha podido disipar las impugnaciones internacionales.

No ha contribuido a despejar el veto externo la lentitud con que se ha implementado la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los desnacionalizados, aún después que se publicara la lista de 55 mil revalidados. Los defensores de los afectados testimoniaron a la misión de la OEA que apenas el 10 por ciento de los que aparecían en la lista estaban logrando sus documentos. El que solo pudieran acogerse a la regularización 8 mil de los del Grupo B de la Ley 169-14, es decir los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que nunca fueron reconocidos, quedando la mayoría en riesgo de deportación, es de los elementos básicos que mantiene vivo el rechazo internacional.

Tampoco ha ayudado el encendido discurso nacionalista y de soberanía a ultranza que desconoce tratados internacionales y menos aún que cuatro ministros del Gobierno, incluidos los de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores, impugnaran al secretario general de la OEA en base a una tergiversación de declaraciones para presentarlo como favorable al invento de un pretendido plan de fusión de las dos naciones de la isla, cuando en realidad expresaba interés de contribuir al entendimiento entre dos países ubicados en una pequeña isla, pero dijo que “con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”.

Esta semana siguieron apareciendo editoriales en periódicos como el New York Post y una carta dirigida al presidente Barak Obama firmada por 108 profesores de leyes de unas 80 universidades y academias norteamericanas, requiriéndole que intervenga para hacer valer los derechos de los desnacionalizados en el país.

Crecientes preocupaciones

El agravamiento de las relaciones con Haití ha generado crecientes preocupaciones en sectores empresariales temerosos de que los ímpetus de radicales nacionalistas que han ganado espacio en la opinión pública y el Gobierno, puedan aislar el país y generar dificultades a las exportaciones y al turismo dominicano. Tan solo las exportaciones a Haití se cifran anualmente en mil millones de dólares de manera formal y otros 500 millones en el intercambio informal, siendo el único país con que la República Dominicana tiene ventajas comerciales, y de diez a uno.

Esas exportaciones que implican unos 66 mil millones de pesos al año, son fundamentales para decenas de empresas industriales grandes, medianas y pequeñas, para cientos de productores agropecuarios y para comunidades fronterizas. En Haití operan numerosas empresas dominicanas, especialmente en la construcción. Y fue significativo que en medio del desconcierto, los promotores del Plan de Inversiones bilaterales Quisqueya fueran al Congreso Nacional a presentar un proyecto que anuncia inversiones en la frontera por 2 mil millones de dólares.

No han faltado sectores políticos y sociales que ya expresan temores de que el Gobierno esté tratando de extremar el nacionalismo soberanista para mantener desviada la atención de los problemas nacionales y obtener beneficio electoral. No se entiende que en menos de un mes la política del Gobierno pasara de pedir una reunión del Consejo Permanente de la OEA, solicitar y obtener la sede de la próxima asamblea general de la entidad hemisférica del 2016 y anunciar que se retira de su ámbito de negociaciones, impugnando sin base al secretario general Luis Almagro.

El antihaitianismo fue utilizado como mecanismo de cohesión interna por los regímenes de Trujillo y Balaguer y desde el inicio mismo de la República, cuando Pedro Santana reclamó y logró poderes extraordinarios, bajo el argumento de que eran precisos para garantizar la sobrevivencia de la nación frente a los haitianos, aunque pocos años después él mismo la anexara a España.

 

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