El gobierno no pega una

Por Juan Bolívar Díaz

La compra de acciones a la Unión Fenosa genera rechazos aquí y en España, mientras la Venezuela de Hugo Chávez llega casi al rompimiento de relaciones                                               

            El gobierno del presidente Hipólito Mejía sigue atrapado en una cadena de infortunios en la que nada parece salirle bien, ni siquiera en el viaje a España, donde le abrumaron con recriminaciones de supuesta falta de seguridad para las inversiones, por la compra de las acciones de Unión Fenosa en la distribuidoras de energía, mientras la opinión pública nacional rechazaba la operación.

            La decisión del gobierno venezolano de retirar a su embajador en Santo Domingo y suspender las ventas de petróleo al país, implica revés en la política exterior y mayores dificultades para el flujo del petróleo que conllevarían nuevas cargas financieras y de precios.

            El retiro esta semana del proyecto para gravar las exportaciones con un 5 por ciento, implica otro tropiezo, además de que deja abierto un hueco de 2 mil 800 millones de pesos en el presupuesto del año que declina, que por el momento no se sabe cómo podrá ser tapado.

Le aguaron la fiesta

            La propaganda gubernamental reivindica que el presidente Hipólito Mejía es uno de los dos únicos gobernantes del mundo en ser recibido este año por la realeza y el gobierno de España. Hospedado en la antigua mansión de Francisco Franco, condecorado y agasajado, el mandatario dominicano tenía razón para satisfacciones.

            Antes de viajar el sábado 13 a Madrid, el agrónomo Mejía había precipitado negociaciones un tanto forzadas con la poderosa empresa española Unión Fenosa, al objeto de dejar zanjadas las diferencias que habían emergido públicamente en los últimos tiempos, acompañdas de amenazas de intervención.

            Ya la diplomacia española había dejado claramente sentado su respaldo irrestricto a la empresa y los reclamos de seguridad para sus inversiones. En un encuentro anterior, el presidente del gobierno español, José María Aznar, también había acudido en defensa de los intereses de sus empresarios.

            Pero una vez anunciado el acuerdo con Unión Fenosa, nadie borró ni amortiguó las recriminaciones que se habían guardado al presidente dominicano. Se le echó en cara la falta de seguridad jurídica para las inversiones que estaría predominando en el país. Lo hizo el rey Juan Carlos, el presidente Aznar y el presidente de la confederación de organizaciones empresariales. En tres escenarios diferentes.

            Aunque los españoles tienen aquí otro caso pendiente, por deudas de 15 millones de dólares a recolectoras de basura, lo que desató el vendabal fueron las presiones para liquidar la participación de Unión Fenosa en la distribución de energía, revocando parcialmente la capitalización ejecutada por el pasado gobierno, rechazada por Mejía desde que era candidato.

            Tan a la defensiva quedó el presidente en su estadía en Madrid, que empresarios como Jose Luis Corripio y Elena Viyella, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, tuvieron que salir a defender las garantías que se ofrece aquí a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, testimoniando sus propias experiencias.

¿Una jugada electorera?

            No deja de resultar irónico y contradictorio que mientras en España recriminaban al presidente dominicano por la operación con Unión Fenosa, en el país gran parte de la opinión pública rechazaba la compra de las acciones.

            En general se ha considerado muy alto el costo que tendrá para el Estado, la readquisición de las acciones de Unión Fenosa en las Distribuidoras del Norte y del Sur, que rondará los 700 millones de dólares cuando se concluya en 12 años con una tasa de 12 por ciento anual.

            La operación parece ventajosa en cuanto a que sólo implica en lo inmediato un desembolso de 15 millones de dólares, pero deja un nuevo endeudamiento llamado a agravar la situación financiera de las distribuidoras de energía, ya que han quedado pignorados los ingresos más seguros de los usuarios de electricidad.

            En otras palabras, que buscando una solución coyuntural o inmediatista, se condena el sistema a mayores dificultades. Con el agravante de que esa atadura financiera dificultará que alguna otra empresa quiera invertir para recapitalizar las dos empresas nuevamente en manos del Estado.

            Más que por el valor a pagar a Unión Fenosa, los cuestionamientos se refieren a la carga que constituirán esas dos empresas para el Estado. De ahí que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, llegara a considerar que se trata de una “decisión electorera.”

            La convicción generalizada entre comentaristas y dirigentes políticos es que el gobierno quería dar una demostración de fuerza y al mismo tiempo ganar apoyo resolviendo el problema de los apagones. Hasta agentes del reeleccionismo alentaron esa consideración, que sin embargo luce de poco sustento.

            En caso de que esa haya sido la intención, puede ser que una vez más el tiro esté condenado a salir por la culata, y que se trate de un nuevo y deseseperado aventurerismo político.

            La mejor muestra fue el recrudecimiento de los apagones que siguió esta semana al anuncio del acuerdo con la Unión Fenosa, cuando el suministro se redujo en más de 500 megavatios. Los generadores reclamaron que en el acuerdo no se habla de unos 100 millones de dólares que les deben las dos distribuidoras reestatizadas. El superintendente de energía llegó a hablar de revisar el flamante acuerdo, lo que reavivaría las querellas españolas.

La pregunta del millón es de dónde va a sacar el gobierno los recursos para pagar las deudas de esas distribuidoras y para mantener a flote el sistema durante los 8 meses que distan para las elecciones. El hueco de 2,800 millones de pesos dejados por la suspensión del impuesto a las exportaciones es sólo hasta diciembre. Habría que duplicarlo para mayo.

Con el Fondo Monetario Internacional vigilando los compromisos fiscales y con un programa de aumento de la tarifa del 3 por ciento cada mes, el gobierno no parece haber hecho una buena inversión con la Unión Fenosa. Porque ya no tendrá chivo expiatorio para los apagones.

La crisis con Chávez

            Más allá del desenfado y las desconsideraciones inexcusables del presidente Hugo Chávez, el que las relaciones entre los dos gobiernos hayan llegado casi al punto del rompimiento, es otro revés para el régimen del presidente Mejía, sobre todo por las implicaciones del caso.

            Un desacuerdo de esa magnitud con cualquier gobierno amigo es un tropiezo político, indicativo de pocas habilidades en el manejo de las relaciones exteriores. Pero en este caso está de por medio el suministro petrolero y el Acuerdo de San José que desde 1979 han sostenido Venezuela y México, para aligerar la carga del petróleo sobre los países centroamericanos y del Caribe.

            El anuncio esta semana del retiro del embajador venezolano, probablemente hasta que pasen las elecciones, lo que implica una expectativa de no continuidad del régimen, y de la suspensión del suministro petrolero, causó impacto en el país.

              Se asume que en lo inmediato implica compras al contado del petróleo, en mercados más distantes y a mayores costos. A mediano plazo habría que agregar la pérdida del márgen del financiamiento para obras de desarrollo que prevé el Acuerdo de San José. Sobre una base de denuncias no documentadas, la actitud del gobierno venezolano se corresponde con el temperamento del presidente Chávez, un experto en abrirse frente por todos los confines. Y configura una grave ofensa a una nación hermana, la que al fin de cuenta paga su petróleo.

            Pero el acontecimiento se anota como un revés para el gobierno del presidente Mejía, quien en la primera mitad de su período sostuvo cordiales relaciones con Chávez, pero que subestimó las quejas de éste por el laborantismo en el país del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez y de empresarios de esa nacionalidad.

            Es obvio que nadie podía esperar una actitud tan radical y desconsiderada del presidente venezolano. Pero aparentemente tampoco se hicieron suficientes esfuerzos ante sus denuncias, bien o mal fundadas, adecuadamente canalizadas o poco diplomáticas.

Otros factores negativos

            El que se haya acordado retirar el proyecto de impuesto a las exportaciones, debería ser en sí mismo positivo para el gobierno, pero es negativo el hueco financiero que deja. Además de que implica que la resistencia empresarial le dobló el pulso. No se puede olvidar que la Asociación de Hoteles llegó al grado de desafiar al régimen, pidiendo públicamente a sus miembros que no pagaran el gravamen.

            Debilita la imagen del gobierno por cuanto sus voceros, incluyendo al presidente, pasaron más de dos meses defendiendo ese proyecto, para al final reconocer que no es viable, incluso que había sido sobreestimado.

            A los factores adversos al gobierno hay que agregar la condena salida del Diálogo Nacional a los pronunciamientos políticos reeleccionistas que han formulado mandos militares de la categoría del Jefe del Ejército, sumada a las preocupaciones sobre la Junta Central Electoral, que sectores políticos de oposición exageran.

            Y finalmente, el Colegio Médico Dominicano se lanzó a paros hospitalarios en demanda de reajuste salarial, sueldos y subvenciones a los centros de salud atrasados, lo que podría iniciar una nueva tanda de protestas y paralizaciones en el sector público.

            El alivio gubernamental de la semana fue que la tasa de cambio se redujo en un par de pesos por dólar y que el petróleo de referencia para el país siguió en baja en el mercado internacional, llegando a 27 dólares, una reducción de 4 a 5 dólares sobre los precios que habían predominado en los últimos meses.-