El cemento ha sido la prioridad nacional

Por Juan Bolívar Díaz

Pese al discurso de modernidad que caracteriza al presidente Leonel Fernández, el proyecto de Presupuesto para el 2011 vuelve a quedar rozando el 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para educación, 1.63 por ciento en las últimas cuatro décadas, que es menos de la tercera parte del 5.5 por ciento que invertirá este año la región latinoamericana.

Muchos no logran entender por qué los dominicanos no pueden alcanzar la meta del 4 por ciento del PIB para la educación que incluso se estableció por ley hace trece años, pero la explicación está en la predilección de los gobernantes por las construcciones buscando perpetuarse en cemento y piedra y en las comisiones que dejan.

Rezago presupuestario.  Con un presupuesto de gastos públicos de 390 mil 475 millones de pesos para el 2011, la nación apenas dispondrá de 41 mil 568 millones para el sector educativo, una vez más rezagado en relación a la Ley General de Educación. Esa partida es apenas el 10.6 por ciento del total y equivale a poquito menos del 2 por ciento del producto interno bruto estimado.

La Acción para la Educación (EDUCA) estimó la partida en 1.98 por ciento del PIB, en tanto que la ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores María Teresa Cabrera la dejaba en 1.95, absolutamente insuficiente para la demanda de recursos que deben destinarse a la educación para alcanzar las metas de competitividad nacional y comenzar a superar la pobreza que afecta a más de un tercio de la población.

El propio ministro de Educación, Melanio Paredes, ha dicho por segundo año seguido que lo destinado al sector impide cumplir las metas que se había trazado esa cartera. El año pasado dijo que “los programas de expansión y mejoramiento de la calidad de la enseñanza” no podrían ejecutarse por insuficiencia presupuestal y llegó a reclamar públicamente entre 4 y 6 mil millones de pesos adicionales que no le fueron asignados. Ahora dice que a pesar de un incremento de 4 mil 500 millones de pesos tendrá que “desacelerar la ejecución de los programas iniciados este año e incluso desistir del reajuste salarial a los docentes”.

Educa pegó el grito sosteniendo que el 1.98 por ciento del PIB para educación es violatorio de la Ley General de Educación 66-97, que establece un mínimo del 4 por ciento. Pero también del Plan Decenal 2008-18 elaborado por este Gobierno, así como de los acuerdos de la Cumbre por la Unidad Nacional celebrada a principios del 2009. Esta elaboró un calendario de incremento que llevaría la asignación del 2011 al 3.42 por ciento del PIB, lo que hubiese implicado 71 mil 797 millones de pesos, es decir 30 mil 229 millones más que lo consignado.

Pírrico promedio de 1.63% .  En un artículo publicado en HOY (página 14-B del 1 de octubre pasado), el ministro Paredes incluyó un gráfico indicativo de que entre 1970 y 2008 el promedio de la inversión nacional en educación fue apenas de 1.63 por ciento del PIB, el cual  ha variado muy poco ya que en los últimos dos años supera en muy poco el 2 por ciento.

El pico más bajo se registró en 1991 cuando la inversión quedó en 0.56 por ciento del producto bruto, siendo presidente de la nación el afamado intelectual Joaquín Balaguer, y el más alto, de 2.70 en el 2002 cuando lo era el agrónomo Hipólito Mejía. El “presidente agricultor” Antonio Guzmán había elevado el promedio al 2.43% en 1979. Entre 1987 y 92  se mantuvo por debajo de 1.50, originando un deterioro tan grande de la educación que generó una reacción nacional. Se consensuó el Plan Decenal de Educación 1992-02 y todo un movimiento que llevó al consenso de una inversión  mínima del 4% del PIB o del 16% del monto del Presupuesto, consignada en la Ley General de Educación.

La República Dominicana se sitúa en los últimos escalones en inversión en educación en el continente y en el mundo. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó  el promedio de la región para este año en 5.1% del PIB, aunque uno de sus funcionarios dijo el mes pasado en Buenos Aires que podría llegar al 5.5. En cualquier caso la inversión nacional no alcanza el 40 por ciento del promedio regional.

En su primer período de gobierno, 1996-2000, el presidente Leonel Fernández logró elevar la inversión del 1.93 al 2.63 por ciento del PIB. Con la crisis financiera del 2003 descendió a 1.30, y en el período 2004-10 no ha pasado del 2.33 logrado el año pasado. El mandatario atribuyó reiteradamente al peso de la deuda externa la imposibilidad de destinar mayores recursos a la educación.

Si el argumento es válido las perspectivas son peores ya  que el endeudamiento estatal casi se ha duplicado en los últimos seis años, elevando la proporción de los ingresos que conlleva el pago de la deuda, 41 por ciento para el 2011.

Palacios y monumentos.  Lo que explica la contradicción entre crecimiento económico y educación es la vocación de constructores de los gobernantes, especialmente de los que más tiempo han gobernado el país en el último siglo, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández.

La cultura de lo monumental ha sido introvertida por la población y por eso se habla de palacios nacionales, de justicia, municipales y policiales aún en jurisdicciones de extrema pobreza. De lo que no hay dudas es que el país se ha “modernizado” en materia de urbanismo, desde las edificaciones públicas, las carreteras, aeropuertos, elevados y hasta un Metro, especialmente durante los gobiernos que menos han invertido en educación.

El gasto superfluo, de lo que se ve, sin prioridad, ha superado no sólo el de educación y salud, sino también el de energía eléctrica, acueductos y alcantarillados pluviales y sanitarios, constituyendo una cultura nacional. De ahí que muchas personas se compren un automóvil de lujo antes que una vivienda y que el país tenga un parque vehicular más caro que el de naciones ricas como Argentina, Chile o Uruguay.

La explicación hay que buscarla en la cultura política del continuismo en el poder. La inversión en obras materiales se puede exhibir en cuatro años y en educación requiere períodos más prolongados para demostrar sus frutos. Pero también las obras implican grandes tráficos en comisiones y sobreprecios que financian la costosa política nacional y explican la prosperidad de los agentes políticos.

 De nada han valido las leyes ni los consensos, los discursos y las promesas, por lo que dirigentes sociales se preguntan qué podrán hacer para convencer a los gobernantes de que la prioridad por la educación se demuestra primero que nada en los presupuestos, como planteó el ex presidente de España Felipe González, en el Congreso Iberoamericano de Educación recién celebrado en Buenos Aires.

Grave contradicción

El desprecio de los gobernantes dominicanos por la educación, especialmente de los más ilustrados, queda de manifiesto en el hecho de que mientras el país es el que menos recursos dedica a la formación de los recursos humanos, es al mismo tiempo el de mayor crecimiento económico en la región latinoamericana durante los últimos 50 años, como lo han resaltado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Según la CEPAL, en las últimas cinco décadas la República Dominicana registró un crecimiento económico promedio de 5.4 por ciento, 59 por ciento superior al 3.4 por ciento de América Latina en el mismo período. Aún en la llamada “década perdida” de los años ochenta, que impactó en el país con los duros ajustes económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico dominicano más que duplicó el promedio de la región, con tasa de 2.64% contra 1.02%.

A todos los analistas llama poderosamente la atención que la inversión en educación entre 1970 y 2008 promedie 1.63 por ciento, apenas el 30 por ciento del crecimiento de la economía, lo que demuestra que el liderazgo del Estado ha despreciado todos los planteamientos de que la educación es la base del desarrollo, y lo que es peor, ha ignorado la experiencia de las naciones que han dado el salto al progreso, en todos los casos privilegiándola  con tasas de inversión del 5 al 10 por ciento de su producto bruto.

El resultado no ha podido ser más catastrófico, pues los dominicanos tienen todavía un promedio educativo del sexto año de primaria y el país aparece en los últimos escalones de las evaluaciones internacionales sobre calidad de la educación. En el reporte sobre Competitividad del Foro Económico Mundial 2010-11, publicado el mes pasado, el país ocupa la posición 137, de 139 países evaluados, en calidad de la educación primaria. Ninguna de las universidades dominicanas aparece entre las 200 mejores del continente en las evaluaciones internacionales.

 

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