El 2002 deja mal parado al gobierno y su partido

Por Juan Bolívar Díaz

Tras su resonante victoria electoral en mayo, la segunda mitad del año marcó un considerable deterioro económico y político

             El año que concluye marcó un deterioro de la imagen del gobierno del presidente Hipólito Mejía, sacudido por la crisis de la economía internacional, problemas energéticos, escándalos de corrupción y por dispersión e incoherencia en su propio seno y en relación a su Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

            El apabullante triunfo del partido de gobierno en los comicios congresionales y municipales de mayo pareció desvanecerse rápidamente en una segunda mitad del año que fue de conflictos políticos y deterioro económico, con la mayor devaluación de la última década que ha iniciado un proceso inflacionario, poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica de los últimos años.

            Una limitadísima reforma constitucional y la elección unilateral de los jueces electorales por parte del Congreso Nacional crearon un infructífero ambiente de confrontación política que rebasó el límite de los partidos e involucró a las instituciones más activas de la sociedad civil.

Dos mitades desiguales        

            Dividido el año por la mitad, el balance es muy desigual para el gobierno perredeísta. En la primera todavía no hizo impacto local la crisis que sacude a la economía internacional y que ha puesto a las naciones latinoamericanas a nivel de la “década pérdida” de los ochenta, con un decrecimiento económico, aumento del desempleo y la pobreza y graves sacudimientos en la mayoría.

            Altos niveles de inversión, fruto de endeudamiento externo e interno, particularmente de los bonos soberanos colocados el año anterior, permitieron al gobierno concluir cientos de obras en todo el país, en lo que pareció una justa política de descentralización, registrándose entre enero y junio un crecimiento del 6 por ciento en el producto bruto interno, con una inflación de 3 por ciento.

            En el primer mes del año el gobierno estrenó nuevo jefe de la Policía Nacional, y con el general Jaime Marte Martínez se registraron varios meses de reducción de la delincuencia y de las ejecuciones extrajudiciales que en forma de “intercambios de disparos” habían mantenido el país como fuerte violador de derechos humanos en los informes de los organismos internacionales.

            Con una campaña electoral relativamente pacífica y sin mayores usos visibles de los recursos estatales, el partido de gobierno cosechó un resultado apabullante al triunfar en 29 de las 32 provincias, y en más del 90 por ciento de los municipios, aunque no alcanzó el control de la Cámara de Diputados.

            Las irregularidades electorales registradas en Santiago, dentro de un resultado muy estrecho, dejaron sombras sobre los comicios, pero objetivamente pudieron inscribirse entre los más libres en la historia de la nación y de la región latinoamericana.           

            Al comenzar el año el presidente Mejía se la lució cuando apeló a la Suprema Corte de Justicia para que dictaminara sobre la constitucionalidad de la ley que había convocado la una Asamblea Revisora de la Constitución, como forma de contener el protagonismo de sus propios legisladores. La Corte anuló la ley y el inicio de la campaña electoral contuvo a los nuevos constitucionalistas.

            El primer mandatario viajó plácidamente a Belice, Ecuador, México, Costa Rica, Italia, España y Marruecos, mientras su partido se reafirmaba como la mayor fuerza política nacional, repitiendo los éxitos de las dos eleccionales nacionales anteriores. Los viajes del mandatario segirían en la seguntad mitad del año, incluyendo a varias ciudades de Estados Unidos, Canadá, Japón y Taiwán, en lo que ya se estima una frecuencia exagerada.

Con la partida de Balaguer    

La mala fortuna del gobierno comenzó justamente al iniciarse el segundo semestre, con la enfermedad y muerte (el 14 de Julio) del expresidente Joaquín Balaguer, quien se había constituído en el gran aliado del presidente Mejía.

El final del inmenso caudillo inició un proceso de renovación del liderazgo en su partido, que ha transcurrido sin mayores sobresaltos, pero se reflejó negativamente para los intereses políticos del gobierno, al menos en el Congreso Nacional.

Baste recordar que uno de sus últimos actos fue facilitar la restauración de la reelección presidencial y disponer que sus legisladores aprobaran la reducción del porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta. Esto último quedó anulado por el interés partidario, tan pronto murió el caudillo

En julio fue la reforma constitucional, convertida en un “parto de los montes”, luego de 19 meses de incertidumbres y amenazas, que llegaron a incluir la eliminación de la inamovilidad de los jueces y hasta la prolongación del período de los legisladores.

En agosto se registró el secuestro del empresario santiagués Fernando Capellán Díaz, lo que inició un ciclo que afectaría posteriormente a las familias Najri, Dumé y Polanco, sembrando inseguridad y sensación de desbordamiento de la delincuencia.

Los meses del verano marcaron un agudo deterioro del servicio energético y en septiembre fue el discurso presidencial que anunció la eliminación del subsidio a la electricidad y el aumento de la tarifa energética, en promedio alrededor del 40 por ciento, que activaría la inflación y llevaría al máximo el disgusto de la población, sin que se materializara la promesa de que desaparecerían los apagones.

Fue justamente a partir de agosto que se incrementó el deterioro del valor del peso, llevándolo en menos de 90 días de 18 a 24 por dólar, hasta que en la segunda semana de diciembre se logró un retroceso al 21 por dólar, que todavía está por verse si resulta ratificado.

Confrontación política

La confrontación política, la exclusión y la aplanadora grupal, incluso dentro del partido de gobierno, caracterizó el proceso de reforma constitucional, acelerado tan pronto pasaron los comicios de mayo.

Fue montado sobre el desconocimiento del pacto para la reforma constitucional que habían firmado en septiembre del 2001 los tres partidos mayoritarios y el presidente Hipólito Mejía, e incluyó presiones y abusos políticos, incluyendo la “conquista” de diez legisladores del opositor Partido de la Liberación Dominicana.

La matrícula de 34 diputados perredeístas que habían rechazado la restauración constitucional de la reelección presidencial se vio reducida a una decena, en medio de denuncias, en el propio partido de gobierno, de compras de conciencia y chantajes.

La reforma constitucional quedó en un fiasco, al haber sido limitada a eliminar los colegios electorales cerrados (algo que “se caía de la mata”) y a restablecer la reelección presidencial, pese a que el primer mandatario y líder de sus propulsores juraba y rejuraba que de ninguna forma se repostularía.

Al final, hasta los que dedicaron enormes recursos a promvoer la reelección han tenido que retroceder, dejaron herida la unidad del PRD, renegaron de los principios partidarios y se enfrentaron a las organizaciones más activas de la sociedad civil. Una confrontación inútil.

El otro escenario de enfrentamiento político fue montado para la elección de la Junta Electoral, en septiembre, cuando la aplanadora senatorial del PPH-PRD insistió en desconocer los reclamos de los partidos de oposición y la sociedad civil por una integración plural del organismo. Hasta el senador perredeísta Ramón Alburquerque admitiría que llevaron al tribunal dos funcionarios del gobierno.

En medio del desconcierto y las incertidumbres el presidente Mejía hubo de convocar un diálogo político en octubre, que semanas después originó un nuevo pacto para ampliar el número de jueces y dividir las funciones de la Junta Central Electoral, sin que se lograra poner fin a los arrebatos senatoriales. Ni siquiera en medio de la corrida cambiaria y cuando se buscaba consenso para otra emisión de bonos soberanos.

Escándalos de corrupción

Ya cuando comenzó el año la percepción de la opinión pública, y la reflejaron las encuestas, era de que la corrupción estaba en crecimiento. El 21 de enero lo denunció el obispo de Higuey, Monseñor Ramón de la Rosa, en presencia del presidente Mejía.

Numerosos funcionarios de nivel medio del gobierno quedaron embarrados en denuncias de corrupción a lo largo del año. Aunque el mayor escándalo fue el protagonizado por el jefe de la avanza de seguridad del presidente, el coronel Pepe Goico Guerrero. También el involucramiento de funcionarios gubernamentales, sin identificar, por un piloto detenido en Miami con un cargamento de drogas.

El cónsul y luego diputado Radhamés García quedó preso en junio, agarrado in fraganti con un tráfico de chinos desde Haití. El vicecónsul Freddy peña Méndez fue arrestado con un cargamento de 43 kilos de cocaína. Sin que faltaran funcionarios involucrados en asesinatos con características de ajustes de cuentas, en robos de cheques gubernamentales y otros delitos.

Otro gran escándalo lo constituyó la denuncia del sicario Carlos Everst involucrando a oficiales de la Policía en el asesinato del senador Darío Gómez. El manejo del caso dejó muchas incógnitas en la opinión pública.

Opacadas las realizaciones

Con el presidente Mejía en innumerables polémicas y boches, con un Senado beligerante y excluyente, con retrocesos en la estabildiad macroeconómica, aumento de la corrupción y de la inseguridad, el panorama el balance del año es poco halagueño para el gobierno y para la sociedad dominicana.

Opacadas han quedado muchas realizaciones, incluyendo una mejoría en las políticas sociales, el inicio de la reforma de la seguridad social, la aprobación del código monetario y financiero tras diez años en el Congreso, y la promulgación de la nueva ley sobre lavado de dinero.

El mismo pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, recién firmado con el empresariado, clara muestra de concertación gubernamental, queda como una promesa, a la luz de las dificultades para cumplir el acuerdo para superar el enfrentamiento por los jueces electorales.

La imagen de pugnacidad y arrogancia que proyectan líderes y legisladores del partido de gobierno, en especial del PPH, la confrontación infructífera y la política de exclusión han impedido que la opinión pública evalúe con justicia el peso de los factores exógenos en los problemas de la economía nacional.

Ya las encuestas de agosto-septiembre proyectaban el deterioro de la imagen del gobierno. Las próximas podrían ser devastadoras, como parece haber sido para el gobierno del PRD este año 2002 que dice adios.-

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