Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

Por Juan Bolívar Díaz
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Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.

 

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