Desafío del Congreso al Pacto Constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

            Si el Congreso Nacional termina rechazando el Pacto para la Reforma Constitucional suscrito y defendido por los partidos mayoritarios y el presidente Hipólito Mejía le propinará un golpe sin precedente al liderazgo político nacional, con repercusiones en el sistema partidista y en el proceso democrático nacional.

            Peor aún si la mayoría perredeísta, renegando de uno de los principios básicos de su partido, restablece la reelección presidencial, a pesar de las veces que el primer mandatario ha dicho que está en contra, llegando al grado de abogar por la prohibición de la repostulación de por vida, como en la Constitución de 1963.

            Los legisladores y funcionarios perredeístas que abogan por la reelección ponen en entredicho la palabra del agrónomo Mejía, a quien algunos advierten en un doble juego al mejor estilo balaguerista, porque nadie va a creer en la inocencia de tal traición al compromiso programático de 6 décadas.

Tropiezos del pacto

            El pacto para la reforma constitucional suscrito hace dos meses por los máximos dirigentes de los partidos Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano y de la Liberación Dominicana, fue cocido con aceleración. Como si se le acabara el tiempo, el gobierno lució acelerado en entregar al Congreso el proyecto de Constitución elaborado por la comisión Especial creada por decreto.

El no haber comprometido al Congreso, en la persona de los presidentes de ambas cámaras legislativas, como sugirió el movimiento Participación Ciudadana por consideraciones institucionales, se convertiría en una nueva piedra de contradicción, cuando eso era lo que más sobraba en el ambiente político.

Para agravar el desafortunado lanzamiento del pacto, el Consultor Jurídico entregó al Congreso el paquete de la Comisión Especial sin incluir el proyecto de ley correspondiente a los cuatro puntos de transacción incluidos en el acuerdo, para reducir el porcentaje para la elección presidencial en primera vuelta, eliminar los colegios electorales cerrados, instituir la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano (designados por decreto) y consagrar la Asamblea constituyente por elección popular.

            Tuvieron la Comisión de Seguimiento del Pacto y dirigentes de oposición que reclamar para que se cumpliera el elemental trámite, una semana más tarde, cuando ya los legisladores perredeistas habían iniciado un fuego que no ha cesado dos meses después.

            La rebelión de la mayoría de los senadores del PRD no se ha amortiguado ni ha tenido consideración del hecho de que el acuerdo fuera un compromiso de los tres partidos mayoritarios y del Presidente de la República, ni de que haya tenido el apoyo de gran parte de las instituciones sociales y de la opinión pública.

            Esa actitud no tiene precedente. Los contestatarios reclaman una autonomía en materia constitucional que nunca han tenido ni siquiera para reformas de menor trascendencia, donde predominó el consenso entre los sectores políticos y sociales. Por ejemplo, en el código laboral, la seguridad social, las leyes generales de educación y salud y las reformas tributarias.

            Las reformas fiscales aprobadas a principio de año fueron elaboradas sólo por el Poder Ejecutivo, sin previa consulta con el Legislativo ni con los partidos de oposición, y fueron aprobadas aun cuando el PLD le formuló severas objeciones. Los perredeístas no pretendieron desafiar al Ejecutivo.

            De hecho, el Congreso Nacional todavía no ha rechazado ni un solo proyecto de ley del Ejecutivo, como tampoco ninguno de los numerosos contratos de préstamos, aunque muchos no han tenido el consenso reunido por el pacto para la reforma constitucional.

Hasta lo absurdo

            La rebelión de los senadores perredeístas ha sido tan rabiosa que no solo desafía lo pactado por su propia dirección política y el Presidente de la República, sino que ha pretendido el absurdo de consagrar una reelección presidencial que el incumbente del Ejecutivo insiste en rechazar.

            El martes 13 de noviembre corrió el rumor de que el Senado aprobaría un proyecto de ley de reforma constitucional distinto al pactado, incluyendo el restablecimiento de la reelección presidencial. La cosa fue tan fuerte que enterado el presidente Mejía se presentó sin previo aviso al mismo Senado para reiterar su respaldo al pacto y su rechazo a la reelección presidencial.

            El país se enfrentaba a uno de los más grandes absurdos en la larga historia nacional y latinoamericana del continuismo en el poder. Decenas de reformas constitucionales se han hecho en estas naciones para restablecer la reelección, prohibida aquí y allá tantas veces para buscar el fortalecimiento democrático. Pero siempre se hizo instigada o auspiciada por el mandatario de turno.

            La situación es tan absurda que muchos han dudado de la sinceridad de la palabra de Hipólito Mejía. Algunos incluso después de su iniciativa del martes pasado, bien celebrada por la mayoría de la opinión pública. No han faltado quienes consideren que los perredeístas podrían estar empeñados en abrirle la reelección a otro partido. El PLD debe estar lamentando que no tuvieran tanta voluntad reeleccionista en el pasado período gubernamental.

            La situación se agrava aún más por el hecho de que algunos dirigentes y senadores perredeistas han considerado públicamente que “es inevitable” el restablecimiento de la reelección presidencial. Y porque algunos funcionarios, como Hernani Salazar, director de una de las oficinas constructoras del gobierno, han aparecido últimamente empeñados en “resolver los problemas” de algunos legisladores, incluso de oposición.

            Salazar, como el secretario de Agricultura Eligio Jáquez y el presidente del Senado Andrés Bautista, que han abogado públicamente por la reelección, son considerados entre los “hombres básicos del presidente Mejía”. Al menos fueron fundamentales en su carrera hacia el poder y son sus subordinados políticos, y como funcionarios los dos primeros.

Sólo Hipólito lo salva

Después de la presentación del primer mandatario en la reunión privada que celebraban los senadores antes de su sesión del martes, ha de esperarse que por lo menos abandonen el proyecto reeleccionista. Y ni hablar del sueño imposible de la autoprolongación del período, que según denunciara esta semana Monseñor Agripino Núñez Collado, en visita al mismo congreso, todavía está en el ánimo de algunos “termocefálicos”.

En cuanto al Pacto para la Reforma Constitucional, los indicadores son de que sólo una actitud aún más firme de Hipólito Mejía podría salvarlo. Tendría que reclamar su aprobación a nombre de la gobernabilidad, del respeto al consenso y a la palabra empeñada. Si no quiere recordar los programas de gobierno y las declaraciones de principio del PRD y los planteamientos de sus dos grandes líderes.

Es obvio que también hay legisladores de los partidos de oposición envueltos en el desafío al pacto del liderazgo político. Pero son los perredeístas los que dirigen la rebelión, además de que en el Senado son el 80 por ciento y la mitad de los diputados. Ellos serán los responsables de la reforma constitucional que salga.

También podría resultar que se apruebe una ley de reforma en el Senado y quede empantanada en la Cámara de Diputados, dado que la legislatura está en la etapa final. O que incluso convocada la Asamblea Revisora no se reúnan los dos tercios necesarios para modificar la constitución. Quedarían frustrados los esfuerzos perredeístas por revocar la mayoría de votos para la elección presidencial que la alianza PRSC-PLD le impuso en 1994 para cerrarle el paso a José Francisco Peña Gómez. –

Larga historia de antireeleccionismo

            El PRD nació en La Habana, Cuba, en 1939, y desde entonces sostuvo el antireeleccionismo como fundamento programático y de principio. Fue una herencia de la revolución mexicana de la segunda década del siglo veinte, que proclamó el precepto de “sufragio efectivo, no reelección”, combatiendo el continuismo del general Porfirio Díaz.

            Los fundadores del PRD tenían una razón propia para ser antireeleccionistas. Ellos se organizaron para combatir la tiranía de Trujillo, que para entonces todavía no había agotado ni su primer tercio.

            En todos los programas de gobierno perredeista ha figurado el principio de la no reelección. Y cuando ese partido llegó por primera vez al poder, en 1963, fue precisamente una asamblea constituyente electa al efecto y dominada por ellos la que proclamó la constitución más avanzada de la historia nacional. Fue radical contra la reelección, prohibiéndola por siempre, no solo al presidente sino también al vicepresidente.

            Por la vigencia de esa constitución se proclamó la insurrección popular de 1965, llamada “revolución constitucionalista”, que originó una guerra civil y la intervención militar norteamericana para impedir la restauración del régimen legítimo.

            De regreso al gobierno en 1978, el PRD se encontró con la constitución balaguerista de 1966 que permitía la continuidad en el poder. Pero el principio antireeleccionista se mantuvo y ni Antonio Guzmán ni Salvador Jorge Blanco pudieron ser repostulados, aunque los partidarios del primero hicieron esfuerzos.

            Fue el liderazgo de José Francisco Peña Gómez y su apego a los principios originarios del partido blanco lo que impidió la repostulación de sus compañeros de partido. De manera que el desaparecido dirigente político impuso la coherencia y demostró que los principios no son cuestión de oportunidad, cosa que están olvidando rápidamente muchos de quienes se dicen sus “fieles seguidores”.

            Fue también Peña Gómez quien más teorizó sobre la asamblea constituyente por elección popular y con amplia participación social. Entre otras cosas para hacer más difícil el proceso de revisión de la carta magna y evitar que las mayorías coyunturales la acomoden a intereses oportunistas.-

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