Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática

29_12_2018 HOY_SABADO_291218_ El País11 AAunque fundamentado en un ya alarmante endeudamiento público, el crecimiento económico con estabilidad salva la gestión gubernamental de un año signado por la crisis del partido oficial con el continuismo amenazando la precaria institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento económico otra vez sobre el 6 por ciento, con estabilidad cambiaria y muy baja inflación es el aspecto más positivo del 2018 en la República Dominicana, aunque una vez más se fundamenta en un alarmante incremento de la deuda pública, que ya llega a ser estimada sobre el 60 por ciento del producto bruto interno.

En términos democráticos e institucionales el año marca una deriva determinada por una profunda confrontación en el partido gobernante y una vez más los pujos continuistas que condicionan la gestión gubernamental, sin el menor avance en la lucha contra el flagelo de la corrupción y la impunidad generalizada y con deterioro de la salubridad y la seguridad social.

Los elementos positivos

El crecimiento económico, que este año repuntó sobre el 6 por ciento, tras un  2017 en que se había reducido por debajo de 5, sigue siendo lo más positivo de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, con estabilidad cambiaria y de precios, con una inflación alrededor del 2 por ciento.

Hay consenso entre los economistas en que el crecimiento sigue impulsado por la demanda interna y por la locomotora norteamericana, con incremento en el turismo y las remesas, que aportan más de 12 mil millones de dólares, para compensar parcialmente los fuertes déficits comerciales. Este “año de las exportaciones” registra un modesto crecimiento de estas estimado en 9 por ciento, pero se cree que las importaciones ascenderán en mayor proporción, por el  incremento de la factura petrolera que al tercer trimestre alcanzó los 700 millones de dólares.

Otro elemento positivo del año lo constituyó la expansión del sistema de vigilancia y asistencia 911 a una treintena de comunidades, como la mayor inversión para contener la delincuencia que en dos ocasiones obligó a las autoridades a reforzar la policía con efectivos militares. Se hicieron esfuerzos también por controlar el flujo de inmigrantes haitianos, aunque viciado por la prevalencia de un discurso de odio y estigmatización de una mano de obra que sigue sosteniendo dos renglones fundamentales, la agricultura y la construcción, pública y privada.

El gobierno se anotó dos reconocimientos, primero al sacar el país de la veintena de naciones que durante décadas persistieron en desconocer diplomáticamente la realidad de la República Popular China y por haber auspiciado una renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional con un 75 por ciento de consenso, mejorando el comportamiento de las anteriores decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura y reduciendo la politización de las altas cortes.

Crecimiento con esteroides

Lo malo del crecimiento económico nacional es que siguió fundado en un galopante endeudamiento externo e interno por el déficit fiscal de toda una década. Es significativo que el 2018 comenzó con una colocación de bonos internacionales por 1,800 millones de dólares y termina con una aprobación congresual por más del doble, autorizando bonos por 190 mil millones de pesos, equivalentes a 3,800 millones de dólares.

El economista Pavel Isa Contreras acuñó la frase de crecimiento económico con esteroides en agosto, cuando junto a sus colegas Apolinar Veloz y Ernesto Selman convino en señalar como insostenible el ritmo de incremento de la deuda estatal. Veloz, hasta hace meses funcionario del  Fondo Monetario Internacional, cuantifica la deuda consolidada de todo el Estado en casi 50 mil millones de dólares al término del año.

Como se puede ver en el cuadro anexo, Apolinar Veloz, quien también ha sido gerente general del Banco Central, además de sumar la deuda del sector público no financiero de 33.6 millones de dólares y la del sector bancario público de 12.8 millones, para totalizar 46.4. millones de dólares, le agrega las del sector eléctrico público, de los ayuntamientos, de fideicomisos, de red viales y los 708 millones de dólares que reclama la Odebrecht por las plantas de Punta Catalina, para totalizar 49 mil 927 millones de dólares, equivalentes al 64.92 por ciento del producto bruto.

Eso implica que cada dominicano (10.5 millones) enfrenta  una factura por 4 mil 755 millones de dólares,  237 mil pesos. El monto total de la deuda estatal se incrementa sobre los 3 mil millones de dólares anuales, sin que el gobierno se haya acogido a las recomendaciones nacionales y de organismos internacionales sobre lo inaplazable de un pacto fiscal que, por demás, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012.

El fantasma continuista

Como es constante en la historia nacional, el fantasma de la reelección presidencial planeó a lo largo del año sobre la institucionalidad democrática, lo que junto a la prematura lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) marcó el debate nacional, distrayendo la opinión pública y condicionando las actuaciones y programas gubernamentales.

Cuando se esperaba que el presidente Danilo Medina reconociera que la Constitución que ya él modificó tres años antes para viabilizar su reelección le prohíbe volver a ser candidato, el mandatario remitió para marzo o junio próximo fijar su posición al respecto. El miércoles dijo en un agasajo a periodistas digitales que podría ser en junio y no en marzo como la generalidad esperaba. Ya este año el Tribunal Constitucional rechazó un recurso que pretendía una declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria que le impide a Medina volver a postularse a la presidencia. El dictamen indica que no se puede asumir que la Constitución sea inconstitucional.

Ahora en diciembre se conoció otro recurso que pretende habilitar la repostulación de Medina, a través del Tribunal Superior Electoral, bajo el mismo argumento de que la prohibición le viola sus derechos constitucionales, implementada por uno de los partidos minoritarios de menor vigencia, el Partido Demócrata Popular. Una benevolente sonrisa fue la respuesta de un versado especialista ante la remota posibilidad de que este tribunal pretenda pasar por encima del encargado de juzgar la constitucionalidad de los actos públicos.

Presidencialismo infinito

El presidente ha mantenido silencio, aunque en su presencia altos funcionarios y dirigentes políticos aprovechan los actos públicos para formular reclamos continuistas y se difundieron en las redes sociales y medios electrónicos media docena de spots promocionales de la reelección, con idéntica manufactura y línea gráfica profesional.

El activismo auto promocional del gobierno implicaba hasta octubre una inversión publicitaria diaria de unos 10 millones de pesos, de acuerdo con un monitoreo profesional privado de la publicidad. Mientras el mandatario acentuaba sus “visitas sorpresas”, donde distribuye los recursos que le niega a los ayuntamientos, a la justicia, y a la salubridad pública, que este año registró un inconcebible incremento de las muertes neo-natales, a ritmo 9.4 por día y crecimiento del 30 por ciento en relación al mismo período del 2017. Los municipios recibieron el 3 por ciento de los ingresos fiscales, aunque su ley orgánica les destina el 10.

Con una docena de duplicaciones, bajo dependencia directa de la presidencia, que incluyen programas sociales y hasta municipales, el resultado es el debilitamiento institucional y el fortalecimiento del acendrado presidencialismo nacional. Por todo eso se mantiene la incertidumbre sobre si el presidente Medina logrará “por algún medio”, imponer su continuidad en el poder en el 2020.

Pobre Ley de Partidos

La tendencia del presidente Medina en el PLD procuró a toda costa imponer en la ley de partidos el padrón abierto como mecanismo para elegir candidaturas y sus senadores llegaron a aprobarlo como obligatorio y de ejecución simultánea para todos los partidos, lo que no pasó en la Cámara de Diputados, aunque posteriormente se le encontró “un bajadero” para que su mayoría en el órgano superior de su partido pudiera hacerlo propio.

Tras 20 años de debates se terminó aprobando una Ley de Partidos que incorpora importantes demandas como la transparencia del financiamiento, mayor equidad de género, y límites a los tiempos y gastos de campaña. Pero quedó también con débil régimen de sanciones que la hace vulnerable y con planteamientos de dudosa constitucionalidad, como prohibir la postulación a cargos electivos de quienes no estén inscritos en un partido, penalizar (esa si severa) con cárcel a quien “difunda informaciones que afecten la imagen de algún candidato”, y prohibir las alianzas a nuevos partidos, mientras mantuvo un régimen muy desigual de distribución del financiamiento público.

El debate sobre la Ley de Partidos expuso todo el año la encarnizada lucha interna en el PLD y terminó disolviendo la concertación que durante más de dos años habían mantenido una docena de partidos políticos, encabezados por el mayor de la oposición, el Revolucionario Moderno, que a principios de año logró estrenar con éxito su nuevo padrón de miembros, con el cual renovó sus dirigentes en todos los niveles nacionales. Esa fractura fue contradictoria con los planteamientos dentro del mismo PRM y desde múltiples instancias partidistas y sociales, de la necesidad de una gran coalición para rescatar la devaluada institucionalidad democrática.

Los interminables debates partidistas habrían contribuido al incremento de la desconfianza en los partidos y en las instituciones democráticas, que por primera vez caen por debajo del 50 por ciento en encuestas y al manifiesto deseo de irse del país expresado por la mitad de los dominicanos, y hasta el 60 por ciento de los jóvenes de 18 a 25 años.-

 

 

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