A un año de las elecciones Congresionales

Por Juan Bolívar Díaz

           A un año ya de las próximas elecciones congresionales y municipales, señaladas para el 16 de mayo del 2002, la Junta Central Electoral (JCE) tendrá que apurar el paso si quiere poner en vigencia el nuevo sistema de circunscripciones, dispuesto por la reforma electoral de 1997.

            El tiempo comienza a achicarse para el calendario de trabajo electoral, hasta el punto que ya hay quienes creen que lo de las circunscripciones tendrán que ser separado de otras reformas electorales pendientes para evadir la dilación que podría tener en el Congreso Nacional.

            Más aún teniéndose en cuenta que hay importantes núcleos de legisladores con tendencias a una reforma constitucional para suprimir las próximas elecciones, remitiéndolas para celebrarse en el mismo año de las presidenciales del 2004, mediante el cuestionado expediente de la prolongación del período.

Otro proceso lento

            En diciembre de 1997 el presidente Leonel Fernández promulgó la Ley Electoral 275-97 que introdujo varias modificaciones al código que rige el sistema de elecciones. Las más importantes eran la que estableció el financiamiento estatal a los partidos políticos, una cuota del 25 por ciento de las candidaturas para las mujeres, el voto por circunscripciones, y el sufragio de los dominicanos residentes en el exterior.

            El Partido Revolucionario dominicano y especialmente su líder José Francisco Peña Gómez llevaron la voz cantante en el proceso, para el cual hubo de ser preciso una concertación con la consabida mediación del Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra.

            Redactadas las reformas y aprobadas por los partidos reconocidos, la JCE envió el proyecto al Congreso, que lo sancionó y el Ejecutivo cumplió con la debida promulgación. Desde el año siguiente se cumplió la parte que más interesaba a los partidos políticos: el artículo 49 que establece en favor de ellos el medio por ciento de los ingresos nacionales en los años que haya comicios y el cuarto por ciento en los demás.

            Hay que consignar que de acuerdo al presupuesto de este año, el cuarto por ciento significa unos 150 millones de pesos, que será el doble para el próximo año, cuando están programados los comicios congresionales y municipales.

            La cuota de las mujeres, establecida en el artículo 68, se cumplió a medias en los comicios de 1998, precisamente porque los partidos aprovecharon la prelación para privilegiar a los hombres. Pese a la cuota, que entonces era sólo del 25 por ciento (elevada el año pasado al 33), las mujeres apenas alcanzaron al 7 por ciento del Senado, el 16 por ciento de la Cámara de Diputados, y al 2 por ciento de las sindicaturas. Apenas se cumplió en los puestos inferiores, con las regidoras.

            Sin embargo, esos mismos partidos han sido muy lentos en las gestiones para dar vigencia a los artículos comprendidos entre el 79 y el 85 de la Ley Electoral que se refieren a las circunscripciones y al sufragio en el exterior. Las primeras quedaron consagradas para los comicios de año próximo y el voto en el exterior, que sólo será para elegir presidente, a partir del 2004.

            Desde que pasaron las elecciones presidenciales hace un año la JCE proclamó que su atención se centraría en organizar las circunscripciones y el voto en el exterior. Se dividieron las tareas y comenzaron las consultas con los partidos, en lo que llevan unos 8 meses, teniendo aún pendientes las decisiones fundamentales.

            Por momentos ha sido más que evidente que los partidos no están interesados en ninguna de las dos reivindicaciones, especialmente el PRD que fue quien más las motorizó. Este último, en mayor medida que los demás, ha sido extremadamente lento en responder los requerimientos de la JCE.

            Pese a las resistencias, en lo de las circunscripciones se ha avanzado un poco, no así en el proceso para poner en práctica el voto en el exterior, que está trancado en medio de las mutuas desconfianzas de los partidos políticos, y ya hay quienes comienzan a decir que en tres años no podrá organizarse y que será imposible por las grandes concentraciones de la emigración dominicana, como las de Nueva York, New Jersey, Miami, Madrid, San Juan y Caracas.

            Desde luego, el pesimismo es mayor porque algunos muy optimistas creen que todos los dominicanos que residen en el exterior están desvelados esperando que les den luz verde para correr en tropel a los consulados a inscribirse en el padrón de electores para luego dejar de trabajar y meterse en un “colegio cerrado” si el 16 de mayo cae en día laborable.

Acuerdos y desacuerdos

            En lo referente a las circunscripciones electorales, los partidos y la JCE han logrado consenso en cuanto a la división del Distrito Nacional, en 9, pero llevan meses discutiendo las de Santiago, Puerto Plata, La Vega, Duarte, San Juan de la Maguana y San Cristóbal.

            En algunas de esas ciudades se impugna hasta que votantes pobres caigan en las mismas circunscripciones de gente muy rica, “que podrían elegirse para siempre sin dificultades”, al decir de alguien.

            Aunque todavía la JCE no ha emitido la resolución correspondiente, ha logrado consenso con los partidos en cuanto a que las circunscripciones serán plurinominales, es decir con más de un diputado y regidor, para mantener las proporciones y evitar el arrase. También en cuanto a que las boletas serán desbloqueadas, es decir que los electores serán quienes señalen diputado y regidor preferido, no importa el orden de la lista de candidatos.

            Acuerdo hay también en que se votará por el senador separado de los diputados, y por el síndico separado de los regidores, lo que implica cuatro elecciones. Luego los electores tendrán opción, no obligación, a indicar un diputado y un regidor preferidos.

               Pero aún persisten algunos alegatos e intentos de escamoteos del derecho del elector a escoger sus diputados y regidores. Los perredeistas siguen siendo ahora los más aferrados a la práctica del orden de preferencia, con la que las cúpulas emiten certificados de elección a quienes encabezan las listas.

            La última propuesta del PRD sugería un candidato privilegiado por cada partido y en cada circunscripción a quien se destinarían los votos de todos los electores que no hicieran uso del derecho a la preferencia.

            Se atribuye también al PRD, a través de la Secretaría de la Mujer, de haber motorizado al sector femenino de todos los partidos para que fuera a fines del pasado mes a la JCE a alegar que la eliminación del privilegio de prelación en el listado impediría cumplir la cuota de candidaturas en favor de las mujeres. Empero esta semana lasmujeres dieron marcha atrás y volvieron a la JCE para admitir el voto preferencial, aunque pidiendo que se alternaran mujeres y hombres en las listas.

            Queda todavía otro desacuerdo increíble. Los delegados de los partidos no han podido ponerse de acuerdo en cuanto al orden en que deben aparecer los candidatos, aún renunciando a la prelación. Unos han querido mantenerlos numerados, para engañar a incautos, otros han pedido que sean ordenados por el abecedario. Asombrosamente se ha rechazado el orden alfabético, que se usan universalmente cuando se quiere evitar confusiones de preferencias.

Tiempo para instrucción

            El mayor inconveniente que representa el voto preferencial es de tiempo, el que se necesitará para instruir a los electores y el que conllevará el cómputo. De hecho, ello supone un doble conteo. En una primera fase para establecer cuantos legisladores, síndicos y regidores ha ganado cada partido y una segunda para identificar los candidatos a diputados y regidores ganadores. Senadores, síndicos y vicesíndicos son uninominales.

            La Junta Central Electoral también requerirá de mucho tiempo para montar por todos los medios de comunicación una campaña de instrucción para que los electores asimilen la nueva forma de votación, con dos boletas y cuatro elecciones, más las dos selecciones de preferencias.

            Se teme que de pasar el tiempo los mismos partidos comiencen a alegar que no se puede poner en práctica el nuevo sistema, porque habría mucha confusión y votos nulos.

            Los jueces electorales están conscientes de que el tiempo corre y se proponen adoptar resoluciones, aún en los aspectos que no hay acuerdos. Hay quienes creen que la JCE tendrá que prescindir del Congreso Nacional y refugiarse en los artículos 3 y 6 de la Ley electoral, que le autorizan a adoptar cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de la misma.

Parece difícil que puedan confiar en que las cámaras legislativas despachen con prontitud una nueva reforma electoral, habida cuenta de que en ambas cámaras hay fuertes tendencias a adelantar una reforma constitucional para unir de nuevo en el mismo año las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, mediante el expediente de la prolongación de los actuales legisladores y munícipes.

Dificultades para organizar las elecciones del próximo año, serían un magnífico pretexto para que algunos crean fortalecido su notorio interés, especialmente en las bancas perredeistas, donde hay una apreciable cantidad que no podrán ser repostulados, ya que los estatutos de ese partido prohiben más de dos nominaciones consecutivas al mismo cargo.

Las incertidumbres sobre el nuevo sistema de votación y hasta en torno a las elecciones del próximo año podrían aumentar ahora que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, proclamó en Samaná un “bateo y corrido” para reformar la constitución a fin de reducir el porcentaje para ganar en primera vuelta y para el “ajuste de la legislación electoral a las necesidades de los perredeistas.

Gómez Mazara fue sumamente minucioso en su discurso y resaltó que el PRD necesita su actual mayoríapa4ra mantener su gobierno, proclamando la primacía de los perredeistas en todos los órdenes y por encima de todo.

En otras palabras, que el país podría caer una vez más en la incertidumbre en torno a unos comicios, recurrencia que al parecer no tiene fin, a pesar de los avances institucionales y de los últimos cinco años cuando se han celebrado tres elecciones limpias y sin ninguna impugnación.

Hasta poco antes de las elecciones presidenciales del año pasado hubo gente que apostó a que no se celebrarían elecciones limpias y a que el poder se impondría sobre todo, como en la larga historia de la República. Un notable dirigente llegó a afirmar que hasta el crímen era instrumento utilizable para mantener el poder.

Sin embargo, la nación mostró más madurez de la que muchos suponían, se superaron las dificultades, se celebraron las elecciones, y quedaron mal parados los que apostaron desde el poder al entorpecimiento.-

 

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