Un acuerdo contra la impunidad

A1Por Juan Bolívar Díaz

El hecho de que el economista y empresario Luis Abinader sea un declarado aspirante a la Presidencia de la República no le quita mérito a su novedosa propuesta de un acuerdo nacional para combatir la corrupción y la impunidad, lo que hemos reclamado desde que a fines del año pasado estallara el enorme escándalo transnacional de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de la constructora brasileña Odebrecht.

Hemos insistido en que, hasta como catarsis, correspondía al presidente Danilo Medina reconocer las graves implicaciones nacionales del escándalo y llamar al liderazgo político y social a buscar consenso para una reforma política e institucional que afronte la corrupción. Porque aunque el país aparecía en el tercer escalón de 12 en el nivel de los sobornos, proporcionalmente estaba en el primero, y porque Odebrecht confesó que cuando empezó su persecución en Brasil, mudó a República Dominicana su departamento de corrupción,
Pusimos como ejemplo al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien reaccionó de inmediato a las implicaciones de su país y se dirigió a la nación y a su Congreso para pedir urgentes medidas de prevención y sanción, creó una comisión de dirigentes sociales para formular recomendaciones a plazo perentorio y comenzó de inmediato a ponerlas en práctica.

Para los gobernantes dominicanos aquí no pasó nada, aunque múltiples indicios señalan lo contrario como, por ejemplo, que el arquetipo del financiamiento electoral de Odebrecht a las campañas electorales en múltiples países, Joao Santana, fue asesor de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina, y que al momento de su imputación por la justicia brasileña, despachaba en el Palacio Nacional.

Después de Odebrecht hemos tenido por lo menos otro escándalo de corrupción por mes: la venta del barrio Los Tres Brazos, las matanza por terrenos del CEA en San Pedro de Macorís y en Los Cerros de las Américas, el triste expediente de los aviones Tucano, el fiasco tecnológico de la Junta Central Electoral y la mafia del gas propano.
Lo del gas no ha sido suficientemente dilucidado, pero es escandaloso que ahora se nos diga que los importadores del combustible se quedaban con 2 mil 500 o 3 mil millones de pesos por año, por complacientes resoluciones oficiales.

Se trata de que en el 2011 el Ministerio de Industria y Comercio había fijado en 135.50 dólares por tonelada el componente flete de la fórmula de paridad de importación del GLP, que otra resolución 7 de enero del 2013 lo elevó a 185.50, estableciendo de inmediato que en julio de ese mismo año sería de 205.50 y en enero del 2014 se incrementaría a 215.50, para reducirse en enero del 2015 a 205.50 dólares por tonelada. Pero en diciembre de ese mismo año la resolución 315 BIS lo elevaba a 225.50 dólares.

Nadie ha explicado cómo fue posible tan vertiginoso escalamiento de precios en beneficio de los importadores del gas licuado. Basta con que ahora se diga que revertirán hasta 3 mil millones de pesos anuales, que otros cálculos duplican. Nadie sale responsable ni cómplice de ese inmenso enriquecimiento. Eso es la impunidad que inmensas multitudes vienen denunciando en las calles y plazas de todo el país.

Luis Abinader, como lo han hecho con menos difusión otros líderes de la oposición, relevantemente Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal, Max Puig, Eduardo Estrella y Guillermo Caram. Abinader ha tenido el mérito no sólo de diagnosticar la corrupción y la impunidad, sino también de proponer reformas administrativas, legales y hasta constitucionales para ponerles límites.

Hay pocas expectativas de que encontrará oídos receptivos. Pero ahí están las propuestas. Ojalá que los medios de comunicación promuevan su discusión, porque de seguro el gobierno seguirá en la política de sordo y mudo. Lo más probable es que las voces partidarias se limiten a descalificarlas tildándolas de propaganda política.

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